Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03846-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03846-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03846-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
7 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Carrera Judicial y
Otro1
Temas: Derecho fundamental al debido proceso/alcance
Derecho fundamental de petición/alcance
Derecho fundamental al acceso a cargos públicos/alcance
Derecho fundamental a la igualdad/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) petición, iii) igualdad
y iv) acceso a cargos públicos
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 10 de SAMAI, Documento denominado
“AUTOQUEAVOCACONOCIMIENTOPORREMISIONDETUTELA(.pdf) NroActua 10”. Archivo aportado en
forma digital.
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
ANTECEDENTES
La solicitud
1. Yolanda Ramírez Cantillo, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra
la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque,
a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las
Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 20222 y CJR23-0025 de
16 de enero de 20233; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle
asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro
del respectivo concurso de méritos y ii) al no resolver de fondo el recurso de
reposición presentado el 22 de septiembre de 2022, ampliado con escrito radicado
el 15 de noviembre de la misma anualidad, respecto de las preguntas “[…] 7, 23,
28, 34, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 69, 70, 82, 90 y 112 […]”: vulneraron sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso, igualdad y “[…] acceso de carrera en
virtud del mérito […]”.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] El Consejo Superior de la Judicatura emitió el Acuerdo
PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 “Por medio del cual se adelanta el
proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los
cargos de funcionarios de la Rama Judicial […]”.
4. Expresó que, “[…] El 24 de julio de 2020 presenté la prueba de aptitudes,
conocimientos y psicotécnica dentro del enunciado proceso de selección […]”.
2
"Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial"
3 "Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Civil Municipal -
Juez de Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de ejecución de sentencias de la Rama
Judicial".
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Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
5. Manifestó que, el “[…] 2 de septiembre siguiente, a través de la Resolución
CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022, se publicaron los resultados de la prueba
de i) aptitudes y ii) conocimientos en la página web de la rama judicial. […]”.
6. Adujo que, “[…] En mi caso particular, obtuve como puntaje final 795.62, de
manera que quedaría eliminada del concurso de méritos por no obtener el mínimo
de 800 puntos. […]”.
7. Señaló que, “[…] Por lo anterior, presenté recurso de reposición contra la
Resolución CJR22-0351 de1 de septiembre de 2022 mediante escrito de 22 de
septiembre de 2022, ampliado con escrito radicado el 15 de noviembre de la misma
anualidad. […]”.
8. Refirió que, “[…] Existe plena certeza que aún sin revisar las preguntas
reclamadas a través del recurso y su adición, el número de respuestas de aptitudes
acertadas es de 26 y por tanto el resultado de la operación es el que muestro, 800.30
puntos. Para llegar a esta conclusión consulté con muchos concursantes y llegué a
la conclusión que en aptitudes mis respuestas correctas fueron 26. Con lo expuesto,
es claro que las entidades accionadas violaron mis derechos fundamentales
alegados […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: AMPARAR mis derechos fundamentales de petición, debido
proceso administrativo (garantías de defensa y contradicción), igualdad y acceso a
cargos públicos vulnerados y/o amenazados por las autoridades accionadas.
SEGUNDA: Como consecuencia, ORDENAR a las autoridades accionadas lo
siguiente:
2.1. RESPONDER de manera CLARA, CONGRUENTE Y DE FONDO los
argumentos de inconformidad plasmados por la suscrita mediante el recurso de
reposición interpuesto el 22 de septiembre de 2022 contra la Resolución CJR22-
0351 de 01 de septiembre de 2022 y complementado mediante memorial fechado
15 de noviembre de2022.
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Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
TERCERO: ORDENAR a las autoridades accionadas RESOLVER las objeciones
DE FONDO, DE MANERA CLARA Y COHERENTE con los argumentos que
presenté contra las preguntas 7, 23, 28, 34, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 69, 70, 82,
90 y 112, mediante el escrito de complementación radicado el 15 de noviembre de
2022, en iguales condiciones en que fue resuelto el recurso de reposición
interpuesto por el señor DIEGO ALEJANDRO BARACALDO AMAYA contra los
resultados del examen y decidido mediante Resolución CJR23- 0019 de 16 enero
de 2023.
CUARTA: ORDENAR a las autoridades accionadas que se pronuncien acerca de
la conducencia, pertinencia y utilidad de decretar las pruebas que solicité tanto en
el recurso de reposición como en el escrito de complementación.
QUINTO: ORDENAR a las autoridades accionadas que si, como consecuencia de
resolver los argumentos que presenté a través del recurso de reposición y del
escrito de complementación, determinan que se debe modificar el puntaje obtenido,
dando como resultado una puntuación superior a los 800 puntos, se reponga la
decisión contenida en la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 y se
concluya que sí aprobé el examen de aptitudes y conocimientos, permitiéndoseme
continuar con las demás etapas del concurso […]”.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 11 de agosto 2023: i) avocó
conocimiento, ii) admitió la acción de tutela; iii) ordenó notificar al Presidente del
Consejo Superior de la Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de
Carrera Judicial y a la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia; y iv) vinculó
a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm.
PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término
tres (3) días para rendir informe.
Intervención de las demandadas y de los terceros con interés legítimo
11. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera
Judicial solicitó negar la acción constitucional, toda vez que, “[…] no se ha vulnerado
ni afectado los derechos fundamentales invocados […]. Al respecto manifestó lo
siguiente:
“[…] De manera previa a desarrollar el caso concreto se hace necesario aclarar al
Despacho que si bien en el recuento factico de la presente acción, la tutelante refiere
la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 como el acto administrativo
mediante el cual se resolvió el recurso de reposición por ella interpuesto contra la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, dicha información no se ajusta
a la realidad de la participante dentro de la convocatoria, toda vez que fue mediante
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Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
la Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 que se resolvieron los recursos
presentados por los aspirantes al cargo aplicado por la actora, no obstante, a
continuación se exponen los argumentos planteados en apego a lo indicado en el
escrito de tutela […]”.
[…]
“[…] Toda vez que la pretensión de la accionante se encamina a que se resuelvan de
manera clara, congruente y de fondo los argumentos expuestos en el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de
2022, así como las objeciones realizadas a las preguntas 7, 23, 28, 34, 53, 55, 56,
58, 62, 63, 65, 69, 70, 82, 90 y 112 de la prueba de aptitudes y conocimientos, es del
caso precisar que mediante la Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 "Por
medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la
Resolución CJR22-0351 de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron
los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al
concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Civil Municipal - Juez de
Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de ejecución de
sentencias de la Rama Judicial", se atendieron de manera clara, completa y de fondo
la totalidad de los reparos formulados en el recurso presentado por la tutelante, tal
como más adelante se explicará […]”.
[…]
“[…] La Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los derechos
de la actora, pues se evidenció que las inconformidades presentadas frente al proceso
de calificación de la prueba de aptitudes y conocimientos y sobre preguntas
específicas del examen, fueron atendidas en los puntos 7, 9, 17, 18 y 35 de la
Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de 2023, con base en la información
proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico de la
prueba, en cumplimiento de los numerales 262 y 293 de las obligaciones generales y
específicas del contratista, establecidas en el del Contrato 096 de 2018 al cual ya se
hizo referencia […]
“[…] De este modo, cabe resaltar que los requerimientos efectuados por la accionante
de revisión manual de la hoja de respuestas, aciertos obtenidos, proceso de
calificación y exclusión de preguntas del examen por motivos de construcción,
redacción, formulación en su enunciado y opciones de respuesta, múltiples claves de
respuesta, en el marco del recurso de reposición interpuesto contra los resultados
obtenidos, fueron respondidos con la Resolución CJR23-0025 de 16 de enero de 2023
en el punto 7 denominado “Solicitudes de revisión - Lector óptico”, el punto 9
denominado “Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los
datos estadísticos - Fundamento de la fórmula de calificación - Teoría o modelo
estadístico utilizado para calificar - Valor de cada pregunta- Aciertos propios Método
para conocer aciertos a partir del puntaje”, el punto 17 denominado “Proceso de
construcción de la prueba - Controles de calidad - Diseño de la prueba Idoneidad y
pertinencia de las temáticas e ítems - Inexistencia de errores en el ensamblaje y
diagramación de la prueba”, el punto 18 denominado “Preguntas capciosas,
ambiguas, confusas - Solicita excluir preguntas - Informar si fue excluido algún ítem
– Recalificar” y el punto 35 denominado “Objeciones a preguntas de aptitudes y
conocimientos generales y específicas”, con la respectiva marcación dentro del Anexo
1 del referido acto administrativo, tal como se evidencia realizando la búsqueda por
nombres y apellidos y/o número de cédula de la aspirante en el siguiente link:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/132623650/CJR23-0025+-
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+ANEXO+1+-+Juez+Civil+Municipal.pdf/40900b7a-7ccd-4c40-91a1-6b19c196d258
[…]”.
12. La Universidad Nacional de Colombia solicitó declarar improcedente la solicitud
de amparo, toda vez que, “[…] la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para
atacar los actos administrativos que por su propia naturaleza se encuentran
amparados por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto de que la
administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las
prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada […]”.
Al respecto manifestó lo siguiente:
“[…] Dicho lo anterior, es preciso señalar que la acción de tutela no es el mecanismo
idóneo para controlar eventuales irregularidades por parte de la administración,
puesto que el aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios dispuestos para
dicho fin. Dentro de la normatividad vigente, existe un control jurisdiccional que
puede ser agotado por el aspirante y que, por su naturaleza, corresponde a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Así las cosas, debe advertirse que la acción de tutela tampoco resulta procedente
de manera excepcional dentro del presente asunto, ya que no se advierte un perjuicio
irremediable para el aspirante, que lo habilite a desplazar los mecanismos ordinarios,
dado que la norma también cuenta con un mecanismo ordinario, que puede adoptar
medidas de carácter inmediato, como serían las medidas cautelares previstas en la
Ley 1437 de 2011 […]”.
13.Los participantes de la convocatoria pública guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
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Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20186 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
16. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste
en determinar si se debe proteger los derechos fundamentales al debido proceso,
petición, al acceso a cargos públicos y a la igualdad de la actora, los cuales
considera vulnerados por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional
de Colombia, porque, a su juicio, i) la Unidad de Administración de Carrera Judicial,
al expedir las Resoluciones núms. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 20228 y
CJR23-0025 de 16 de enero de 20239; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al:
i) haberle asignado un puntaje que no correspondía dentro de las pruebas
realizadas dentro del respectivo concurso de méritos y ii) al no resolver de fondo el
recurso de reposición presentado el 22 de septiembre de 2022, ampliado con escrito
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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"Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial"
9 "Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Civil Municipal -
Juez de Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de ejecución de sentencias de la Rama
Judicial".
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radicado el 15 de noviembre de la misma anualidad, respecto de las preguntas “[…]
7, 23, 28, 34, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 69, 70, 82, 90 y 112 […]”.
17. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; ii)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición; iii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a cargos públicos;
iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, vi)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso, vii)
análisis del caso concreto y finalmente las viii) conclusiones de la Sala.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de petición
18.Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. […]”.
19.Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional10 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
20. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
21. Atendiendo a que, la Corte Constitucional11 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a
cargos públicos
22. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
11 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.
[…]
“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.
23. Atendiendo a que la Corte Constitucional12 ha entendido que entran dentro del
ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que han
cumplido con los requisitos para acceder a un cargo13, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos14, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos15, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
24.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
25.Atendiendo a que la Corte Constitucional16 ha entendido que el derecho a la
12 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
13 Sentencia T-309 de 1993.
14 Sentencia T-313 de 2006.
15 Sentencia T-451 de 2001.
16 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Análisis del caso concreto
26. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
27. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas
en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
28. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
28.1. Documentos anexos al escrito de tutela.
28.2. Informe rendido por el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial, junto con sus anexos.
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Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
28.3. Informe rendido por la Universidad Nacional de Colombia junto a sus anexos.
Solución del caso concreto
29. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de
Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia, porque, a su juicio, i) la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms.
CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 202217 y CJR23-0025 de 16 de enero de
202318; y ii) la Universidad Nacional de Colombia, al: i) haberle asignado un puntaje
que no correspondía dentro de las pruebas realizadas dentro del respectivo
concurso de méritos y ii) al no resolver de fondo el recurso de reposición presentado
el 22 de septiembre de 2022, ampliado con escrito radicado el 15 de noviembre de
la misma anualidad, respecto de las preguntas “[…] 7, 23, 28, 34, 53, 55, 56, 58, 62,
63, 65, 69, 70, 82, 90 y 112 […]”, vulneraron sus derechos fundamentales de
petición, debido proceso, acceso a cargos públicos e igualdad.
30. La Sala advierte que el recurso de reposición promovido por la actora contra la
Resolución núm. CJR22-0351 de 1.° de septiembre de 2022, efectivamente fue
resuelto a través de la Resolución núm. CJR23-0025 de 16 de enero de 2023,
expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura. Sin embargo, a juicio de la actora esta respuesta no atendió de
fondo y de manera congruente los argumentos expuestos en su respectivo recurso.
31. Al respecto, en relación con el requisito general de la inmediatez, la Sala
considera que éste se encuentra satisfecho, toda vez que la Resolución núm.
CJR23-0025 de 16 de enero de 2023, por medio de la cual se resolvieron los
recursos, fue expedida el 16 de enero de 2023; y la actora radicó la solicitud de
17
"Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial"
18 "Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Civil Municipal -
Juez de Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de ejecución de sentencias de la Rama
Judicial".
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
amparo el 17 de julio de 2023, es decir que, la acción de tutela fue promovida dentro
de un término razonable.
32. Cabe destacar, en cuanto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, que si
bien es cierto la actora solicita expresamente que se modifique, la Resolución núm.
CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 y sus anexos, la realidad es que dicha petición
surge porque a juicio de la actora, las accionadas no resolvieron de manera clara,
de fondo y congruente los cuestionamientos u objeciones que presentó frente a las
preguntas respecto de las preguntas “[…] 7, 23, 28, 34, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 65,
69, 70, 82, 90 y 112 […]”.
33.Significa lo anterior que el presente asunto está orientado a determinar si se violó
o no el núcleo esencial de los derechos fundamentales indicados supra, con ocasión
del recurso de reposición que promovió en contra de la Resolución CJR22- 0351 de
1° de septiembre de 2022, razón por la cual el medio de defensa ordinario resultaría
ineficaz para tal fin19.
34. De conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a abordar el estudio de fondo
de la presente acción de tutela en lo que concierne a las preguntas núms. 7, 23, 28,
34, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 65, 69, 70, 82, 90 y 112, es decir, analizará si las
autoridades demandadas desconocieron los derechos fundamentales de petición, de
debido proceso, acceso a cargos públicos e igualdad de la actora, con ocasión a la
falta de una respuesta congruente y de fondo al recurso de reposición promovido por
Yolanda Ramírez Cantillo en contra de la Resolución núm. CJR22-0351 de 1° de
septiembre de 2022.
35. Para tal efecto, a través de la siguiente tabla, la Sala confrontará lo manifestado
por la actora en el citado recurso de reposición y la respuesta remitida, mediante la
Resolución núm. CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 – Anexo núm. 2, por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura:
19 Frente al cumplimento del requisito general de subsidiariedad en casos análogos al presente, ver entre otras:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de 2023,
C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2023-01122-00.
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
Solicitudes de la actora de conformidad Respuesta de las accionadas
con la adición del recurso de conforme a la Resolución núm.
reposición CJR23-0025 de 16 de enero de 202320
“[…] La Pregunta siete (07): Para la UNAL, “[…] Pregunta No. 7 La opción A es la
la respuesta correcta al enunciado de la respuesta correcta porque la principal
pregunta siete (7) según la cual, una barrera que plantea el autor para lograr el
persona ha tomado la decisión de adoptar respeto de los demás pensamientos es
una postura de respeto ante el asumir que se tiene la verdad absoluta.
pensamiento de las demás, es la opción “A: Partir del reconocimiento de la posibilidad
“PONE EN DUDA SUS CONCEPCIONES de estar equivocado es un primer paso
SOBRE LA REALIDAD” Para la suscrita la necesario para lograr el respeto hacia el
respuesta correcta es la “B: ENTIENDE pensamiento ajeno. La opción B no
QUE LAS DEMÁS PERSONAS PUEDEN resuelve de manera adecuada el
PENSAR DISTINTO” De acuerdo con una enunciado y por ende es una respuesta
confrontación de las respuestas (la incorrecta porque aunque se pueda
valorada como correcta por la UNAL, como comprender que las demás personas
la marcada por la suscrita), del contexto y piensen distinto, se puede seguir
comprensión correcta del texto, es claro pensando que lo que uno piensa es la
que en ningún momento se parte de la verdad absoluta. La principal barrera que
duda propia sobre las concepciones de la plantea el autor para lograr el respeto de
realidad como presupuesto de respeto; por los demás pensamientos es asumir que
el contrario es claro que el entendimiento y se tiene la verdad absoluta. La opción C
la aceptación irrestricta de concepciones o no resuelve de manera adecuada el
pensamientos distintos de otras personas, enunciado y por ende es una respuesta
lejos de cualquier descalificación o incorrecta porque aunque pedir pruebas
exigencia de prueba indubitable, si es una en una discusión puede ser constructivo,
verdadera postura de respeto.. Por lo esto no es incompatible con la principal
anterior, esta pregunta está mal valorada y barrera que plantea el autor para lograr el
la respuesta correcta no es la que ha respeto de los demás pensamientos, que
determinado la UNAL, sino la presentada es asumir que se tiene la verdad absoluta.
por la suscrita y así deberá valorarse. Si no se atiende a este problema
Ahora bien, el hecho de que fundamental, cualquier estrategia de
estadísticamente mucha gente hubiere interacción fallaría para lograr el respeto
contestado esta pregunta marcando la al pensamiento ajeno. La opción D no
opción A, no la hace per se correcta, por lo resuelve de manera adecuada el
cual debe valorarse y analizarse mi enunciado y por ende es una respuesta
respuesta para darle valor de correcta incorrecta porque reconocer que los
frente al enunciado planteado. Por lo demás pueden equivocarse no implica
anterior, esta pregunta está mal valorada y que uno reconozca la posibilidad de que
la respuesta correcta no es la que ha lo que uno piensa no sea verdad. La
determinado la UNAL (A), sino la principal barrera que plantea el autor para
presentada por la suscrita (B) y así deberá lograr el respeto de los demás
valorarse […]”. pensamientos es asumir que se tiene la
verdad absoluta […]”.
“[…] La pregunta Veintitres (23): Para la Pregunta No. 23 La opción A no resuelve
UNAL, la respuesta correcta al enunciado de manera adecuada el enunciado y por
de la pregunta Veintitres (23), que trata de ende es una respuesta incorrecta porque
una investigación por el Arqueólogo P y el si bien la argumentación de Q sí es
Arqueólogo Q, es la “D: TANTO LA incorrecta, para la argumentación de P, si
20 “Por medio de la cual se resuelven los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351
de 1° de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Civil Municipal -
Juez de Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de ejecución de sentencias de la Rama
Judicial.”
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
ARGUMENTACIÓN DEL ARQUEOLOGO las herramientas de caza que se
P Y Q ES INCORRECTA” Para la suscrita encuentran son de tamaño pequeño y
la respuesta correcta es la “A: LA poco peso, no se puede concluir que el
ARGUMENTACIÓN DEL ARQUEÓLOGO grupo sea nómada, ya que pueden
P ES CORRECTA Y LA DEL pertenecer a otro grupo, pues no se
ARQUEÓLOGO Q INCORRECTA” De garantiza que las herramientas pequeñas
acuerdo con una confrontación de las y de poco peso sean de uso exclusivo de
respuestas (la valorada como correcta por este grupo, de acuerdo con la información
la UNAL, como la marcada por la suscrita), del contexto. La opción B no resuelve de
del contexto y comprensión correcta del manera adecuada el enunciado y por
texto, es claro que el texto propuesto en ende es una respuesta incorrecta porque
ningún momento plantea el elemento del para la argumentación de P, si las
hallazgo de vestigios de estructuras de herramientas de caza que se encuentran
resguardo como factor para determinar si son de tamaño pequeño y poco peso, no
el grupo era nómada o sedentario. En ello se puede concluir con total certeza que el
es correcto decir que la afirmación del grupo sea nómada y, para la
arqueólogo Q es incorrecta. Ahora bien, en argumentación de Q, si no se encontraron
relación con lo afirmado por el arqueólogo estructuras de resguardo, se puede
P no podríamos decir (como lo establece la concluir correctamente que el grupo no es
respuesta de la UNAL) que su afirmación sedentario; como los restos son, o de un
es incorrecta ya que el texto plantea grupo nómada o de uno sedentario, pero
precisamente que la existencia o hallazgo no son de un grupo sedentario, entonces
de herramientas pequeñas y de poco peso son de un grupo nómada, por lo cual SÍ
son un hecho indicativo de que el grupo era es posible determinar si el grupo era
nómada y así lo plantea el arqueólogo P. nómada o sedentario. La opción C no
Ahora bien, aunque el elemento de la resuelve de manera adecuada el
certeza plena no aparece en el enunciado, enunciado y por ende es una respuesta
es claro que frente al texto base cuya incorrecta porque si bien la
comprensión se propone, si es argumentación de P SÍ es incorrecta, para
determinante las características de las la argumentación de Q se debe
herramientas encontradas en la considerar que, si no se encontraron
clasificación de nómada o sedentaria más estructuras de resguardo, se puede
allá de una certeza absoluta. Por lo concluir correctamente que el grupo no es
anterior, esta pregunta está mal valorada y sedentario; como los restos son o de un
la respuesta correcta no es la que ha grupo nómada o de uno sedentario, pero
determinado la UNAL (D), sino la no son de un grupo sedentario, entonces
presentada por la suscrita (A) y así deberá son de un grupo nómada, por lo cual SÍ
valorarse […]”. es posible determinar si el grupo era
nómada o sedentario. La opción D es la
respuesta correcta porque de los
resultados de la investigación se puede
concluir que el grupo era nómada; sin
embargo, el argumento de P es incorrecto
porque esto se puede sustentar por el
hecho de no haber encontrado
estructuras de resguardo, más no por
haber encontrado herramientas de caza
de tamaño pequeño y poco peso, lo cual
es una condición necesaria pero no
suficiente para caracterizar a un grupo
como nómada, pues no se garantiza que
las herramientas pequeñas y de poco
peso sean de uso exclusivo de este
grupo.
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
“[…] La pregunta Número Veintiocho (28): Pregunta No. 28 La opción A es la
Para la UNAL, la respuesta correcta al respuesta correcta porque si se considera
enunciado de la pregunta Veintiocho (28), como verdadera la afirmación “si se
que trata de la afirmación del Gerente de aumenta el presupuesto del proyecto, se
un proyecto, con relación a un presupuesto puede contratar más personas”, pero se
y contratación de trabajadores, es la “A: NO niega que se contraten más personas,
AUMENTÓ EL PRESUPUESTO, PERO entonces se puede concluir que no se
PODRÍA DISMINUIR LA TASA DE aumenta el presupuesto en virtud de la
DESEMPLEO”. La suscrita marcó como relación propuesta. Sin embargo, si se
correcta la “C: NO AUMENTÓ EL niega que se contratan más personas, no
PRESUPUESTO Y NO DISMINUYÓ LA se puede concluir que la tasa de
TASA DE DESEMPLEO”, respuesta que desempleo no vaya a disminuir. Esta
sigo sosteniendo es la correcta, habida disminución puede darse por factores
cuenta que estamos frente al Modus ajenos a la contratación en el proyecto. Tollendo Tollens, que al aplicarla al caso en Por tanto, si no se contratan más
particular, resulta siendo la respuesta C. Y personas, se puede afirmar que no se
es que no puede estar más alejada la aumenta el presupuesto, pero podría
respuesta de la verdad, pues, al analizar la disminuir la tasa de desempleo. La opción
definición del Modus Tollendo Tollens, B no resuelve de manera adecuada el
encontramos que este se trata de: enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque es suficiente con que
“El modus tollendo tollens (latín: "el modo se aumente el presupuesto para que se
que, al negar, niega", conocido como contraten más personas. Por tanto, si no
modus tollens, negación del consecuente o se contratan más personas, la única
ley de contraposición) es una forma de conclusión a la que se puede llegar es
argumento válida y una regla de inferencia que el presupuesto no aumenta. De
en lógica proposicional. Se puede resumir manera análoga, es suficiente con que se
como "Si P implica Q; y si Q no es verdad; contraten más personas para que la tasa
entonces P no puede ser verdad." El de desempleo disminuya. Sin embargo,
modus tollendo tollens es una aplicación de aún si no se contratan más personas, la
la verdad general de que, si una tasa de desempleo puede mantenerse
declaración es válida, también lo es su constante. La opción C no resuelve de
contraposición. El modus tollendo tollens manera adecuada el enunciado y por
puede establecerse formalmente como: ende es una respuesta incorrecta porque
donde P → Q significa "P implica Q", ¬Q si bien es cierto que solo se puede
significa "no es el caso de que Q" ("no Q"), concluir que no se aumenta el
¬P significa "no P". La regla es que cada presupuesto al no contratar más
vez que P → Q y ¬Q aparezcan por sí personas, la segunda afirmación es falsa.
mismas en una línea de una prueba lógica, Es suficiente con que se contraten más
¬P puede ser escrito válidamente en una personas para que la tasa de desempleo
línea subsiguiente. Un ejemplo simple de disminuya. Sin embargo, aún si no se
modus tollendo tollens es: Si el agua contratan más personas, la tasa de
hierve, entonces soltará vapor. No suelta desempleo puede mantenerse constante.
vapor. Por lo tanto, no está hirviendo el La opción D no resuelve de manera
agua. En este caso, es "el agua hierve", es adecuada el enunciado y por ende es una
"suelta vapor". Dado que, es decir, "no respuesta incorrecta porque no se está
suelta vapor", se puede concluir que, es teniendo en cuenta que se está negando
decir, "el agua no hierve".[1] Así pues, la contratación de más personas (y por lo
fíjese que de la definición anotada lo más tanto, no se puede concluir que el
acertado, para el caso en mientes, es que presupuesto aumenta), por lo que afirmar
se planteó la premisa:
Si aumentaba el que si se contratan más personas
presupuesto de un proyecto → contratarían disminuye la tasa de desempleo, es falso.
más trabajadores → podría disminuir la
tasa de desempleo, de lo que se deduce
que, si no contrataron más trabajadores →
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
no aumentó el presupuesto → no
disminuyó la tasa de desempleo, o, en el
orden de la premisa inicial: no aumentó el
presupuesto → no contrataron más
trabajadores → no disminuyó la tasa de
desempleo. El silogismo es que, si
aumentaba el presupuesto, contrataban
más trabajadores podría disminuir la tasa
de desempleo, y luego afirma que no
contrataron más trabajadores, lo que
conlleva a pensar que no aumentó el
presupuesto y consecuentemente, no
disminuyó la tasa de desempleo. Lo
anterior, nos lleva a la conclusión que la
respuesta clave brindada por la
universidad es ERRADA. La suscrita
escribió como respuesta correcta la C. “No
aumentó el presupuesto y no disminuyó la
tasa de desempleo”, que es la respuesta
LOGICA Y CORRECTA […]”.
“[…] IV - La pregunta Número Treinta y Pregunta No. 34 La opción A no resuelve
Cuatro (34) decía: La autoridad de transito de manera adecuada el enunciado y por
establece que en una vía todos los carriles ende es una respuesta incorrecta porque
para automóviles deben tener igual ancho. si se mantiene el 20 % del total de la
Se planea ampliar el ancho de una vía que ampliación destinado al carril de
consta inicialmente de (4) cuatro carriles bicicletas, entonces bastaría con que se
para automóviles. Si se propone ampliar el realizara una ampliación del 31,25 %, y
ancho de una vía en un 30%, destinado un no del 40 %, para que el carril de
20% de esta ampliación para la automóviles tenga un 25 % del 31,25 %,
movilización de bicicletas, y el porcentaje quedando el 6,25 % para el carril de las
restante para un nuevo carril de bicicletas. La opción B es la respuesta
automóviles, se estaría incumpliendo con correcta porque de la ampliación
el requerimiento de la autoridad de tránsito, propuesta, el 80 % estaría disponible para
porque: a. La ampliación total debe el nuevo carril de automóviles. Dicho
contemplar un mínimo del 40% del ancho porcentaje, en la ampliación del 30 %
inicial de la vía. b. Solo se destinaría un equivale a un 24 %, lo cual, de acuerdo
24% del ancho inicial de la vía para el carril con lo enunciado sobre los
de automóviles. c. Solo quedaría requerimientos mínimos establecidos por
disponible un 10% de ancho inicial de la vía la autoridad de tránsito, no es suficiente,
para el carril de automóviles. d. Se debe porque se debería cumplir con el 25 % de
destinar máximo el 5% del ancho inicial de ancho del carril para cumplir la condición
la vía para el carril de bicicletas. Para la de igualdad con los otros carriles. La
UNAL la respuesta correcta es la “B: SOLO opción C no resuelve de manera
SE DESTINARÍA UN 24% DEL ANCHO adecuada el enunciado y por ende es una
INICIAL DE LA VÍA PARA EL CARRIL DE respuesta incorrecta porque de la
AUTOMÓVILES”. Para la suscrita la ampliación propuesta, el 80 % estaría
correcta es la “C: SOLO QUEDARÍA disponible para el nuevo carril de
DISPONIBLE UN 10% DE ANCHO automóviles. Dicho porcentaje, en la
INICIAL DE LA VÍA PARA EL CARRIL DE ampliación del 30 % equivale a un 24 %,
AUTOMÓVILES”. Se considera errada la que es mayor que el 10 %. La opción D
clave de respuesta proporcionada por la no resuelve de manera adecuada el
Universidad, dado que al preguntarse por enunciado y por ende es una respuesta
qué se incumple con el requerimiento de la incorrecta porque de la vía, y se destina
autoridad de tránsito, en atención a que si un porcentaje máximo del 16,67 % del
la vía consta inicialmente de cuatro carriles área añadida y no del 5 % para el carril de
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
para automóviles, y es ampliada en un bicicletas, quedaría disponible el 25 % del
30%, es decir, sube 1 metro y 20 cm en área total para el nuevo carril de acuerdo
total, de los cuales se utilizará un 20% para con lo establecido por la autoridad de
bicicletas, es decir, 24 cm. Así las cosas, la tránsito y, por tanto, el carril de las
vía completa queda en 4,96 cm, de los bicicletas no necesariamente debe tener
cuales 96 cm equivalen al carril adicional y un porcentaje máximo del 5 % de la
a “un 24% del ancho inicial de la vía”. Si ampliación.
bien el enunciado de la respuesta es
correcto, lo cierto es que la opción
seleccionada por la UNAL no responde al
interrogante planteado, que versa sobre la
razón por la que se vulneró la regla de
mantener la equivalencia de medida en los
5 carriles, lo cual solo podía obedecer a
dos razones, a que: i) no se hizo la
ampliación en la medida mínima requerida
o a que ii) el área dispuesta para bicicletas
excedió lo que correspondía (supuestos
que si tienen en cuenta las respuestas a y
d). Por lo tanto, la Universidad Nacional
calificó como acertada una respuesta que,
a pesar de ser cierta, no responde lo
preguntado, con lo cual creó una ventaja
injustificada a favor de los participantes
que marcaron […]”.
“[…] V - La pregunta Número Cincuenta y “[…]Pregunta No. 53 Esta pregunta es
Tres (53): Para la UNAL, la respuesta pertinente porque para cualquier
correcta al enunciado de la pregunta operador jurídico y, en especial, para los
Cincuenta y Tres (53), que trata sobre las jueces y magistrados, es fundamental
normas que condicionan las demás conocer los diferentes tipos de normas
normas tienen un contenido abstracto y que integran un sistema jurídico con el
abierto, que constituyen cláusulas objeto de poder interpretarlas y aplicarlas.
generales que determinan los criterios de La opción A no resuelve de manera
interpretación, se denominan: es “D: adecuada el enunciado y por ende es una
VALORES” Para la suscrita la respuesta respuesta incorrecta porque las
correcta es la “C: PRINCIPIOS” directrices ordenan o permiten que se
alcance un estado de cosas o fin general
La forma en que está redactada la pregunta en la mayor medida de lo posible. La
admite dos respuestas o claves válidas. En opción B no resuelve de manera
efecto, la clave que se asume como válida adecuada el enunciado y por ende es una
por la Universidad es la d) “valores”, pero respuesta incorrecta porque las reglas
también es válida la clave c) “principios”, son normas que tienen un supuesto de
habida cuenta, que para la doctrina y el hecho formulado de forma cerrada y
Tribunal Constitucional propio, el principio ordenan una consecuencia jurídica
y el valor, es lo mismo, vale decir, son definitiva, es decir, cuando se cumplen
criterios de interpretación de la ley. determinadas condiciones, ordenan,
Ciertamente, en la Sentencia C-1287 de prohíben o permiten algo definitivamente.
2001 con ponencia del magistrado MARCO La opción C no resuelve de manera
GERARDO MONROY CABRA, la Corte adecuada el enunciado y por ende es una
Constitucional señala con suprema respuesta incorrecta porque los principios
claridad, con sustento en la doctrina también son normas que condicionan las
especializada sobre la materia, que: i) tanto demás normas, pero con mayor grado de
los valores como los principios condicionan concreción y, por lo tanto, de aplicabilidad
las demás normas, y, ii) que la distinción concreta, alcanzando por sí mismos
entre valores principios, es de grado de proyección normativa. La opción D es la
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
abstracción y de apertura normativa, en el respuesta correcta porque tanto la
sentido que las normas que reconocen doctrina como la jurisprudencia
valores serían normas más abstractas y constitucional han definido los valores de
abiertas que las que consagran principios la forma expuesta en el enunciado […]”.
[…]”. Pregunta 50.
[…]
“[…]Por lo anterior, es claro que tanto los
valores como los principios cumplen los
supuestos del cuestionamiento, vale decir,
i) son normas que condicionan las demás
normas, ii) tienen un contenido abstracto y
abierto, iii) y están formuladas como
cláusulas generales que determinan
criterios interpretativos del resto del
ordenamiento, por lo que las claves de
respuesta d) universidad, y c suscrita,
serían correctas. En virtud de lo anterior,
solicito sea tenida como válida mi
respuesta o en su defecto sea excluida la
pregunta del examen […]”.
“[…]VII - La pregunta Número Cincuenta y “[…]Pregunta No. 56 Esta pregunta es
Seis (56) decía: pertinente porque el conocimiento de los
métodos y criterios de interpretación del
“(…) La Corte también considera que un derecho es un presupuesto ineludible de
entendimiento restrictivo y puramente la aplicación del derecho por parte de
técnico de la noción de acciones en el jueces y magistrados. La opción A no
artículo 60 superior comporta resultados resuelve de manera adecuada el
irrazonables, desde el punto de vista de la enunciado y por ende es una respuesta
finalidad misma perseguida por el incorrecta porque el criterio del
Constituyente. Esa interpretación podría precedente busca la aplicación de la ratio
conducir, en la práctica, a que algunas decidendi de las decisiones judiciales
empresas en donde el Estado tiene proferidas con antelación que sea
participación en el capital social, evitaran aplicable a un caso en particular. La
asumir la forma de sociedad de acciones, opción B es la respuesta correcta porque
a fin eludir el derecho de preferencia en los apartes transcritos la sentencia
previsto por el mencionado inciso segundo pretende determinar la finalidad que el
del artículo 60 de la Carta. creador de la norma se trazó al momento
de su promulgación. La opción C no
Tomado de la Corte Constitucional resuelve de manera adecuada el
Sentencia C-1260 de 2001 enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque el criterio gramatical de
En el aparte transcrito del texto de la la interpretación tiene por objeto las
sentencia sea aplica el criterio de palabras de las cuales se sirve el autor de
interpretación la norma para comunicarnos su
A. Del precedente. pensamiento, es decir, el lenguaje de las
B. Teleológico. normas. La opción D no resuelve de
C. Gramatical. manera adecuada el enunciado y por
D. Lógico. ende es una respuesta incorrecta porque
el criterio lógico busca la aplicación de la
La pregunta es confusa, debe excluirse lógica al proceso de interpretación de las
porque está hablando de la interpretación normas, a través del análisis de los
que se aplica y en la primera parte del texto argumentos y de las falacias […]”.
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
aplica una interpretación gramatical al
hacer alusión a las palabras restrictivo y
puramente técnico.
Igualmente en la segunda parte del texto,
esto es, a partir de “Esa interpretación” el
mismo texto indica que se está usando el
criterio de interpretación gramatical a que
se refiere el artículo 27 del Código Civil.
En conclusión, el texto habla más del
criterio gramatical que teleológico
La pregunta debe ser excluida por confusa
[…]”.
“[…] VII - La pregunta Número Cincuenta y “[…]Pregunta No. 58 Esta pregunta es
Ocho (58): Para la UNAL, la respuesta pertinente porque en el marco de la
correcta al enunciado de la pregunta argumentación jurídica aplicada a las
Cincuenta y Ocho (58), que trata sobre el decisiones judiciales es de suma
argumento de un abogado según el cual importancia identificar y no incurrir en
éste incurre en la falacia de: Es la “D: falacias, para evitar así cometer errores al
APELACIÓN A LA EMOCIÓN O argumentar o aceptar conclusiones sin
ARGUMENTO AD POPULUM” Para la buenas razones. La opción A no resuelve
suscrita la respuesta correcta es la “B: de manera adecuada el enunciado y por
GENERALIZACIÓN PRECIPITADA” De ende es una respuesta incorrecta porque
acuerdo con una confrontación de las la falacia de anfibología ocurre cuando se
respuestas (la valorada como correcta por argumenta a partir de premisas cuya
la UNAL, como la marcada por la suscrita), formulación es ambigua debido a su
se tiene que del texto analizado el abogado construcción gramatical. La opción B no
que presenta el argumento acude a dos resuelve de manera adecuada el
afirmaciones que son claves para enunciado y por ende es una respuesta
determinar que la falacia usada es la de incorrecta porque la falacia de
GENERALIZACIÓN PRECIPITADA y son generalización precipitada se comete
las siguientes: “(…) ninguna persona cuando sacamos conclusiones acerca de
considera que las medidas del gobierno todas las personas o cosas de una clase
para enfrentar la pandemia por la Covid - determinada con base en el conocimiento
19 son ilegales(…)” y “(…) todo el mundo solamente de uno (o de unos cuantos) de
las ha acogido con esperanza y los miembros de esa clase. La opción C
optimismo(…)” (Resaltado y subrayado no resuelve de manera adecuada el
fuera de texto), ambas expresiones son enunciado y por ende es una respuesta
propias del argumento de generalización incorrecta porque se incurre en petición
precipitada usado como falacia para de principio cuando, en el intento por
reforzar un argumento. De otra parte se establecer la conclusión, se plantea como
puede evidenciar que el argumento – premisa la conclusión misma, encubierta
contrario a lo que considera la respuesta de por otras palabras. La opción D es la
la UNAL, en ningún momento apela a la respuesta correcta porque la falacia de
emoción o al argumento ad populum para apelación a la emoción o apelación al
reforzar el dicho. Por lo anterior, esta pueblo es aquella en la que las premisas
pregunta está mal valorada y la respuesta movilizan el entusiasmo masivo o los
correcta no es la que ha determinado la sentimientos populares, con el objeto de
UNAL (D), sino la presentada por la ganar asentimiento para su conclusión.
suscrita (B) y así deberá valorarse […]”. En ella se afirma que la conclusión es
verdadera porque todo el mundo o un
grupo determinado de personas cree que
es verdadera (o bien que, porque nadie
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Núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2023 03846 00
Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
sostiene su verdad, entonces es falsa)
[…]”.
“[…] IX - La pregunta Número Sesenta y “[…]Pregunta No. 62 Esta pregunta es
Dos (62): Para la UNAL, la respuesta pertinente porque revisar los ajustes de
correcta al enunciado de la pregunta forma propuestos se propone elaborar
Sesenta y Dos (62), que trata sobre el una pregunta que interrogue sobre la
fundamento de la carga de la prueba es la naturaleza del significado de la carga de
“C: CARGA DEL EJERCICIO DE la prueba de acuerdo con el CGP, de
DERECHOS PROCESALES manera que las opciones de respuesta
CONSISTENTE EN LA COLABORACIÓN sean más precisas, al tiempo que se
CON LA JUSTICIA CIVIL, LA BÚSQUEDA puedan concretar y clarificar las
DE VERDAD Y DE UN ORDEN JUSTO EN justificaciones de las opciones de
EL PROCESO.” respuesta. Conviene señalar que,
mientras que en el enunciado se toma
Para la suscrita la respuesta correcta es la como referente el CGP, en las
(D: EL IMPERATIVO QUE LES SEÑALA A justificaciones de las opciones de
LAS PARTES SU OBLIGACIÓN DE respuesta se cita la sentencia C- 086 de
SUMINISTRAR LA PRUEBA DE LOS 2016 de la Corte Constitucional y la
HECHOS PARA LA FIJACIÓN DEL Doctrina. La opción A no resuelve de
LITIGIO Y ASEGURAR LA PREVALENCIA manera adecuada el enunciado y por
DEL DERECHO SUSTANCIAL” De ende es una respuesta incorrecta porque
acuerdo con una confrontación de las la naturaleza de la carga de la prueba es
respuestas (la valorada como correcta por más bien la de una carga procesal que
la UNAL, como la marcada por la suscrita), para las partes en el proceso “comportan
se tiene que la respuesta que o demandan una conducta de realización
supuestamente para la UNAL es correcta, facultativa, normalmente establecida en
circunscribe la carga de la prueba al interés del propio sujeto y cuya omisión
proceso CIVIL, cuando en realidad es trae aparejadas para él consecuencias
predicable a procesos de carácter laboral, desfavorables, como la preclusión de una
administrativo y otras especialidades, por oportunidad o un derecho procesal e
lo cual esta respuesta está definitivamente inclusive hasta la pérdida del derecho
mal y debe rectificarse esta calificación. sustancial debatido en el proceso”.
Además de lo anterior, la definición (Sentencia C-086-16). En cambio, la
adoptada como respuesta correcta no obligación procesal, es una prestación de
engloba de manera total el concepto de contenido patrimonial que se impone a las
carga de la prueba y limita ese concepto a partes en virtud del proceso y “obedece[n]
los procesos civiles. al concepto de responsabilidad procesal
derivada del abuso del derecho de acción
Por lo anterior, esta pregunta está mal o del derecho de defensa”. (Sentencia C-
valorada y la respuesta correcta no es la 086-16). La opción B no resuelve de
que ha determinado la UNAL (C), sino la manera adecuada el enunciado y por
presentada por la suscrita (D), y en todo ende es una respuesta incorrecta porque
caso deberá valorarse a mi favor […]”. la carga de la prueba simplemente
demanda de las partes en el proceso “una
conducta de realización facultativa,
normalmente establecida en interés del
propio sujeto y cuya omisión trae
aparejadas para él consecuencias
desfavorables, como la preclusión de una
oportunidad o un derecho procesal e
inclusive hasta la pérdida del derecho
sustancial debatido en el proceso”.
(Sentencia C-086-16). Por el contrario,
los deberes procesales “[s]e caracterizan
porque emanan, precisamente, de las
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Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
normas procesales, que son de derecho
público, y, por lo tanto, de imperativo
cumplimiento en términos del artículo 6°
del Código (artículo 6° del CGP)”.
(Sentencia C-086-16). En síntesis, los
deberes procesales son imperativos
legales que impone la ley y tienen como
fin la adecuada realización del proceso;
por consiguiente, la conducta “es exigible
cuando no puede ejecutarse el acto
debido por intermedio del juez o de otra
persona”. (DEVIS ECHANDIA, Hernando.
Teoría general de la prueba judicial.
Bogotá: Temis. 2006, p. 397. La opción C
es la respuesta correcta porque se
consagra legislativamente la carga de la
prueba en el CGP tomando en
consideración que “[e]n efecto, responde
a fines constitucionalmente legítimos:
ejercer los derechos con responsabilidad
y colaborar con el buen funcionamiento
de la administración de justicia, contribuir
al esclarecimiento de la verdad en el
marco de un proceso judicial, asegurar la
prevalencia del derecho sustancial y velar
por la vigencia de un orden justo”. “Es
también una carga adecuada para lograr
esos mismos cometidos, si se tiene en
cuenta que quien invoca un hecho lo hace
–lo debe hacer- sobre la base de un
conocimiento previo del mismo y por lo
general dispone de algunos elementos
mínimos para dar crédito a sus
afirmaciones, en especial cuando
pretende obtener algún beneficio de ellos;
igualmente, contribuye eficazmente con
el juez en su tarea de dilucidar la verdad,
garantizar la primacía del derecho
sustancial y resolver los litigios dentro de
un término razonable (celeridad)”.
(Sentencia C-086-16). La opción D no
resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque la noción de carga de la
prueba debe entenderse en su naturaleza
como una carga procesal que se destaca
“porque el sujeto a quien se la[s] impone
la ley conserva la facultad de cumplirla[s]
o no, sin que el Juez o persona alguna
pueda compelerlo coercitivamente a ello,
todo lo contrario de lo que sucede con las
obligaciones; de no, tal omisión le puede
acarrear consecuencias desfavorables.
Así, por ejemplo, probar los supuestos de
hecho para no recibir una sentencia
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adversa”. (Sentencia C-086-16). Como
consecuencia esta opción al involucrar
los términos “imperativo” y “obligación”
excluye cualquier posibilidad de tenerla
por correcta, porque ellos no son
compatibles jurídicamente. En efecto,
como conclusión se señala que las
obligaciones procesales “obedecen al
concepto de responsabilidad procesal
derivada del abuso del derecho de acción
o del derecho de defensa”. (Sentencia C-
086-16) […]”.
“[…] X - La pregunta Número Sesenta y “[…]Pregunta No. 63 Esta pregunta es
Tres (63): Para la UNAL, la respuesta pertinente porque el medio de prueba de
correcta al enunciado de la pregunta confesión, se puede obtener de diversas
Sesenta y Tres (63), que trata sobre la formas en la demanda, la contestación y
desestimación de la confesión, es la “C. otros actos procesales, así que es
VERSEN SOBRE HECHOS QUE fundamental para el administrador de
PRODUCEN CONSECUENCIAS justicia tener la suficiente claridad para
JURÍDICAS FAVORABLE AL determinar cuándo se está frente a la
CONFESANTE O ADVERSA A LA PARTE confesión. La valoración probatoria de los
CONTRARIA”. Para la suscrita la opción es diferentes medios de prueba practicados
la “B: RECAIGA SOBRE HECHOS en el curso de un proceso judicial es muy
RESPECTO DE LOS QUE ALGÚN compleja, especialmente con aquellos
CUERPO LEGAL EXIJA OTRO MEDIO DE medios indirectos como la confesión, por
PRUEBA”. Es correcto señalar la opción B, lo cual es necesario tener claridad para
porque es contrario al requisito de la aplicarlo. La opción A no resuelve de
confesión precisado en el numeral 3º. del manera adecuada el enunciado y por
artículo 191 del Código General del ende es una respuesta incorrecta porque
Proceso, en el que se indica que la este es uno de los requisitos de la
confesión requiere “Que recaiga sobre CONFESIÓN establecido en el C.G.P.,
hechos respecto de los cuales la ley NO Art. 191 Núm. 1 La opción B no resuelve
exija otro medio de prueba” (La negrilla es de manera adecuada el enunciado y por
mía). La opción C) también debe ser ende es una respuesta incorrecta porque
desestimada porque es contraria al este es uno de los requisitos de la
requisito del numeral 2º. del artículo en cita, CONFESIÓN establecido en el C.G.P.,
que indica “Que verse sobre hechos que Art. 191 Núm. 3. La opción C es la
produzcan consecuencias jurídicas respuesta correcta porque esta opción es
adversas al confesante o que favorezcan a diametralmente opuesta a la consagrada
la parte contraria”. Esta pregunta debe en el Art. 191 Núm. 2 del C.G.P., toda vez
calificarse como buena a mi favor, en razón que la confesión debe reportarle
de tener dos situaciones en las que el consecuencias adversas al confesante y
funcionario debe desestimar la confesión, no favorables, tal como está en la opción.
que son la opción B) que fue la que yo La opción D no resuelve de manera
marqué y la C) que es la respuesta adecuada el enunciado y por ende es una
señalada por la UNAL […]”. respuesta incorrecta porque esa opción
encierra los requisitos de la CONFESIÓN
establecido en el C.G.P., Art 191 Núm.
5,y por lo tanto debe estimarse como tal
[…]”.
“[…] XI - La pregunta Número Sesenta y “[…]Pregunta No. 65 Esta pregunta es
Cinco (65) dice: El Código General del pertinente porque el artículo 244.2 del
Proceso establece por regla general que CGP presume la autenticidad de todos los
todos los documentos que se aporten a un documentos aportados al proceso
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proceso están amparados en la presunción judicial, sin distinguir que el autor sea una
de autenticidad, sin embargo, en un autoridad pública o particular, parte o
proceso se allega por una de las partes un tercero, o que se aporten en original o en
documento consistente en un contrato copia, o que hayan sido firmados,
escrito, manuscrito y firmado por dos manuscritos o elaborados, o que lleven la
terceros, sobre el cual, quien lo aporto, voz o imagen de una persona. Sin
afirma que proviene de su contraparte. embargo, en virtud del principio de
Esta última expresamente lo desconoce. contradicción articulado a este medio de
Como consecuencia, el funcionario judicial prueba, en particular respecto de los
debe decidir sobre la procedencia y instrumentos dispositivos y
eficacia que este desconocimiento: A). representativos, le asiste el derecho a la
Únicamente procede respecto de los parte contraria de aquella que los aporta
documentos de naturaleza representativa al proceso, el desconocer su autenticidad,
B). Solo es viable respecto de los evento bajo el cual deberá adelantarse el
documentos de naturaleza dispositiva C). trámite señalado por el inciso 3° del
Para cualquier clase de documento, artículo 272 del CGP, el que a su vez
implica su valoración D). Conlleva a consagra el trámite previsto para la tacha
verificar el contenido de cualquier de documentos. De acuerdo con las
documento La universidad considera que normas citadas, es indispensable conocer
la respuesta correcta es la D, que indica cómo opera la forma de controvertir los
que para decidir sobre la procedencia y documentos en el CGP, en particular
eficacia del desconocimiento de un respecto de los instrumentos dispositivos
documento conlleva a verificar el contenido y representativos. La opción A no
de cualquier documento, mientras que la resuelve de manera adecuada el
suscrita considera que es la C, que enunciado y por ende es una respuesta
determina que es para cualquier clase de incorrecta porque tanto los instrumentos
documento e implica su valoración. Así lo de carácter dispositivo como
afirmo, porque en materia de representativo se pueden desconocer. En
desconocimiento lo que se discute es lo efecto, se sostiene al respecto que “[e]n
referente a la autenticidad del documento, el ámbito del Código General del
y cuando ello no se establece el documento Proceso, la valoración de los
carece de eficacia probatoria, entonces no «documentos declarativos», en original o
es la verificación del contenido de la pieza en copia, sigue la misma regla antes
documental, sino concierne a la eficacia o explicada (artículo 262). no obstante, la
no de la prueba, esto es, si al mismo se le situación es distinta cuando se trata de
puede o no otorgar valor probatorio alguno, instrumentos «dispositivos o
pues el desconocimiento no es medio apto representativos» (artículo 272- 1). Como
para alegar problemas de alteración o la normatividad presume la certeza, su
integralidad material del documento, que si valoración procede cuando no es
implica la verificación de su contenido, en desconocida. En el caso de rechazarse,
materia de desconocimiento lo que debe la apreciación requiere verificar su
analizar el juzgador es si el documento contenido mediante una articulación
objeto del mismo tiene o no validez (inciso 3º, ibídem). Por esto, «si no se
probatoria y ello se colige a partir de si se establece la autenticidad del documento
logró determinar la autenticidad del desconocido carecerá de eficacia
documento, esto es, si se pudo esclarecer probatoria» (inciso 5º, ejúsdem). (SC-
quien es el autor del mismo […]”. 4792-2020, 7 de diciembre de 2020). La
opción B no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque tanto los
instrumentos de carácter dispositivo
como representativo se pueden
desconocer. En efecto, se sostiene al
respecto que “[e]n el ámbito del Código
General del Proceso, la valoración de los
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«documentos declarativos», en original o
en copia, sigue la misma regla antes
explicada (artículo 262). no obstante, la
situación es distinta cuando se trata de
instrumentos «dispositivos o
representativos» (artículo 272- 1). Como
la normatividad presume la certeza, su
valoración procede cuando no es
desconocida. En el caso de rechazarse,
la apreciación requiere verificar su
contenido mediante una articulación
(inciso 3º, ibídem). Por esto, «si no se
establece la autenticidad del documento
desconocido carecerá de eficacia
probatoria» (inciso 5º, ejúsdem). (SC-
4792-2020, 7 de diciembre de 2020). La
opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
respuesta incorrecta porque “...la
situación es distinta cuando se trata de
instrumentos «dispositivos o
representativos» (artículo 272-1). Como
la normatividad presume la certeza, su
valoración procede cuando no es
desconocida. En el caso de rechazarse,
la apreciación requiere verificar su
contenido mediante una articulación
(inciso 3º, ibídem). Por esto, «si no se
establece la autenticidad del documento
desconocido carecerá de eficacia
probatoria» (inciso 5º, ejúsdem). (SC-
4792-2020, 7 de diciembre de 2020). La
opción D es la respuesta correcta porque
“...la situación es distinta cuando se trata
de instrumentos «dispositivos o
representativos» (artículo 272-1). Como
la normatividad presume la certeza, su
valoración procede cuando no es
desconocida. En el caso de rechazarse,
la apreciación requiere verificar su
contenido mediante una articulación
(inciso 3º, ibídem). Por esto, «si no se
establece la autenticidad del documento
desconocido carecerá de eficacia
probatoria» (inciso 5º, ejúsdem). (SC-
4792-2020, 7 de diciembre de 2020) […]”.
“[…] XII - La pregunta Número Sesenta y “[…]Pregunta No. 69 Esta pregunta es
Nueve (69): La pregunta Sesenta y Nueve pertinente teniendo en cuenta que los
(69) DEBE ANULARSE, PUES NINGUNA jueces deben comprender y aplicar de
DE LAS RESPUESTAS ERA CORRECTA. forma correcta en el proceso, la operancia
Se tiene que para la UNAL, la respuesta del principio dispositivo en materia de
correcta es la “B: CONTRARIO A fijación del objeto litigioso, el cual está
DERECHO AL QUEBRANTAR EL exclusivamente en cabeza de las partes.
PRINCIPIO DISPOSITIVO QUE LE La opción A no resuelve de manera
CONFIERE INICIATIVA EXCLUSIVA A adecuada el enunciado y por ende es una
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LAS PARTES PARA FIJAR EL OBJETO respuesta incorrecta porque se ha
DEL LITIGIO EN ESTA FASE DE establecido “que cuando ninguna de las
PROCESO.” Esta respuesta partes concurre a la audiencia inicial y no
presuntamente correcta para la UNAL, justifican su inasistencia dentro del
desconoce por completo el contenido término correspondiente, se tiene que
normativo del inciso segundo del numeral declarar la terminación del proceso, pues
4 del artículo 372 del código general del no habría manera de fijar el objeto del
proceso que reza: “(…) Cuando ninguna de litigio (inciso segundo del numeral 4º del
las partes concurra a la audiencia, esta no artículo 372 del Código General del
podrá celebrarse, y vencido el término sin Proceso), toda vez que ni el juez ni los
que se justifique la inasistencia, el juez, por apoderados pueden suplir esa función
medio de auto, declarará terminado el exclusiva de las partes. El juez orienta a
proceso.” De lo anterior se puede colegir las partes en la fijación del objeto del
que ninguna de las posibles respuestas era litigio, pero no está facultado para variar
correcta, toda vez que la que considera la los límites trazados por ellas, porque tal
Institución evaluadora, no es la razón y labor corresponde al ejercicio del principio
nada tiene que ver con el caso hipotético dispositivo que rige el proceso civil; y para
planteado, pues el Juez no solamente tiene ello basta con asentar los temas
la facultad sino el deber de fijar el litigio. controvertidos, entendiéndose que
Ahora bien, la inasistencia de las partes aquéllas están conformes con todos los
impedía la práctica de la diligencia por lo demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de
cual la respuesta correcta debió ser marzo de 2020). La opción B es la
CONTRARIO A DERECHO, PORQUE respuesta correcta porque el proceso
ANTE LA INASISTENCIA DE LAS establecido normativamente en el Código
PARTES EL JUEZ NO PODRÁ General del Proceso se caracteriza
ADELANTAR NINGUNA ACTUACIÓN, LO porque se adscribe al principio dispositivo
CUAL INCLUYE LA FIJACIÓN DEL en el que exclusivamente las partes
LITIGIO, opción que no se encontraba disponen o determinan la forma y el
enlistada en las opciones de respuesta. momento en que plantean su litigio ante
Por lo anterior, esta pregunta está mal el juez. Así las cosas, de la señalada
elaborada y las respuestas también lo cual disposición que las partes ejercen en
la anula […]”. torno a la oportunidad en que deben
presentar su problema ante el juzgador, y
de la correspondiente imposibilidad de
que éste de oficio intente componer el
litigio, se puede concluir que el objeto del
litigio también es delimitado o fijado
exclusivamente por las partes. Conforme
lo anterior, se ha establecido “que cuando
ninguna de las partes concurre a la
audiencia inicial y no justifican su
inasistencia dentro del término
correspondiente, se tiene que declarar la
terminación del proceso, pues no habría
manera de fijar el objeto del litigio (inciso
segundo del numeral 4º del artículo 372
del Código General del Proceso), toda
vez que ni el juez ni los apoderados
pueden suplir esa función exclusiva de las
partes. El juez orienta a las partes en la
fijación del objeto del litigio, pero no está
facultado para variar los límites trazados
por ellas, porque tal labor corresponde al
ejercicio del principio dispositivo que rige
el proceso civil; y para ello basta con
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asentar los temas controvertidos,
entendiéndose que aquéllas están
conformes con todos los demás.
(Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de
2020). La opción C no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por
ende es una respuesta incorrecta porque
vulnera el principio dispositivo aplicado a
la fijación del objeto de litigio, el cual no
corresponde al juez. En efecto “[l]a
fijación del objeto del litigio no está
concebida para que las partes “ratifiquen”
los hechos y pretensiones narrados en la
demanda y la contestación, ni para
resumirlos; pues entonces esa actuación
no cumpliría ninguna función importante y
no sería más que una pérdida de tiempo;
dado que esa “síntesis” debió hacerse
desde un principio en la narración de los
hechos de la demanda y podría realizarla
el juez con posterioridad. La fijación del
litigio cumple una función de depuración
de la información contenida en esas esas
narraciones para conservar lo que resulte
estrictamente necesario para conformar
el tema de la prueba, que siempre debe
estar dirigido a demostrar los supuestos
de hecho previstos en la proposición
normativa que rige el caso. Todo lo
demás no es más que información
irrelevante, que distrae la atención sobre
lo que merece ser debatido y probado. La
mayoría de costos innecesarios que
vulneran el principio de economía
procesal, en términos de tiempo y de
recursos, se generan por no fijar
adecuadamente el objeto del litigio”.
(Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de
2020). La opción D no resuelve de
manera adecuada el enunciado y por
ende es una respuesta incorrecta porque
vulnera el principio dispositivo aplicado a
la fijación del objeto de litigio, el cual no
corresponde al juez. En efecto “[l]a
fijación del objeto del litigio no está
concebida para que las partes “ratifiquen”
los hechos y pretensiones narrados en la
demanda y la contestación, ni para
resumirlos; pues entonces esa actuación
no cumpliría ninguna función importante y
no sería más que una pérdida de tiempo;
dado que esa “síntesis” debió hacerse
desde un principio en la narración de los
hechos de la demanda y podría realizarla
el juez con posterioridad. La fijación del
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litigio cumple una función de depuración
de la información contenida en esas esas
narraciones para conservar lo que resulte
estrictamente necesario para conformar
el tema de la prueba, que siempre debe
estar dirigido a demostrar los supuestos
de hecho previstos en la proposición
normativa que rige el caso. Todo lo
demás no es más que información
irrelevante, que distrae la atención sobre
lo que merece ser debatido y probado. La
mayoría de costos innecesarios que
vulneran el principio de economía
procesal, en términos de tiempo y de
recursos, se generan por no fijar
adecuadamente el objeto del litigio”.
(Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de
2020). El solo acceso a la administración
de justicia y a la contradicción en el
proceso, no autoriza la fijación del objeto
del litigio por parte del juez. En efecto, el
proceso establecido normativamente en
el Código General del Proceso se
caracteriza porque se adscribe al
principio dispositivo en el que
exclusivamente las partes disponen o
determinan la forma y el momento en que
plantean su litigio ante el juez. Así las
cosas, de la señalada disposición que las
partes ejercen en torno a la oportunidad
en que deben presentar su problema ante
el juzgador, y de la correspondiente
imposibilidad de que éste de oficio intente
componer el litigio, se puede concluir que
el objeto del litigio también es delimitado
o fijado exclusivamente por las partes.
Conforme lo anterior, se ha establecido
“que cuando ninguna de las partes
concurre a la audiencia inicial y no
justifican su inasistencia dentro del
término correspondiente, se tiene que
declarar la terminación del proceso, pues
no habría manera de fijar el objeto del
litigio (inciso segundo del numeral 4º del
artículo 372 del Código General del
Proceso), toda vez que ni el juez ni los
apoderados pueden suplir esa función
exclusiva de las partes. El juez orienta a
las partes en la fijación del objeto del
litigio, pero no está facultado para variar
los límites trazados por ellas, porque tal
labor corresponde al ejercicio del principio
dispositivo que rige el proceso civil; y para
ello basta con asentar los temas
controvertidos, entendiéndose que
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aquéllas están conformes con todos los
demás. (Sentencia SC780-2020, 10 de
marzo de 2020) […]”
“[…] XIII - La pregunta Número setenta “[…]Pregunta No. 70 Esta pregunta es
(70): Para la UNAL, la respuesta correcta pertinente porque el contexto planteado
al enunciado de la pregunta Setenta (70), es de frecuente ocurrencia en el
que trata sobre la opción que tiene un Juez desarrollo del régimen ordinario de las
en una audiencia por videoconferencia audiencias, frente a lo cual el
cuando a la parte demandante y su administrador de justicia debe tomar una
apoderado se les presenta problemas de decisión con fundamento jurídico. La
conectividad, una vez agotados los opción A es la respuesta correcta porque
interrogatorios, es la “A. CONTINUAR dentro del régimen ordinario de la
CON LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS tramitación de los procesos civiles,
DISPONIBLES A FIN DE EVACUAR LOS distinta al régimen temporal en época de
ASPECTOS PROCESALES”, pandemia, en las Actuaciones Judiciales
deberá procurarse el uso de las
La suscrita marcó como correcta la “D. tecnologías de la información y las
SUSPENDER LA AUDIENCIA Y FIJAR comunicaciones en la gestión y trámite de
NUEVA FECHA Y HORA PARA los procesos judiciales, con el fin de
EVACUAR ASPECTOS PROCESALES”, facilitar y agilizar el acceso a la justicia,
respuesta que es la correcta, y la sustento este último derecho constitucional. La
de la siguiente manera: Cuando la opción B no resuelve de manera
pregunta hace referencia al régimen adecuada el enunciado y por ende es una
ordinario de la tramitación de procesos, en respuesta incorrecta porque no se podría
la presente convocatoria, se entiende que imponer sanción a la parte y su
es en la jurisdicción civil y en apoderado, toda vez que la
consecuencia, nos remitimos al Código incomunicación por videoconferencia no
General del Proceso, obra procesal que en es atribuible a ellos, sino a cuestiones
lo pertinente en su artículo 372, precisa las técnicas ajenas a su competencia, por
reglas de la audiencia, entre las que evidente situación de caso fortuito o
cronológicamente se deben surtir: 1. fuerza mayor. La opción C no resuelve de
Oportunidad; 2. Intervinientes; 3. manera adecuada el enunciado y por
Inasistencia; 4. Consecuencia de la ende es una respuesta incorrecta porque
Inasistencia; 5. Decisión de excepciones continuar con la Audiencia prescindiendo
previas; 6.Conciliación; 7. Interrogatorio de del demandante y su apoderado vulnera
las partes, prácticas de otras pruebas y la igualdad de las partes, el acceso a la
fijación del litigio. 8. Control de legalidad 9. justicia y otros principios fundamentales
Sentencia, salvo que se requiera la constitucionales. La opción D no resuelve
práctica de otras pruebas, a continuación, de manera adecuada el enunciado y por
en la misma audiencia y oídas las partes ende es una respuesta incorrecta porque
hasta por veinte (20) minutos cada una, el esta decisión en el régimen ordinario en
juez dictará sentencia. 10. Decreto de trámite de los procesos civiles, afecta el
pruebas. 11. Fijación de audiencia de principio de economía procesal, la
instrucción y juzgamiento. Como puede celeridad de Administración de la justicia,
observarse, hasta cuando la parte y su entre otros principios del Derecho
apoderado tuvieron efectivamente buena Procesal, desconociendo que existen
conectividad no se había cumplió con las otros medios de comunicación […]”.
etapas de la audiencia que prevée el
Artículo 372 del C.G.P. y en consecuencia
al continuar la audiencia, a la parte con
problema de conectividad se le vulnera
derechos fundamentales como el debido
proceso, contradicción y Derecho a la
Defensa; pues aún faltaba la práctica de
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otras pruebas y fijación del litigio; Control
de legalidad y Sentencia […]”.
De lo anterior se puede colegir que si la
pregunta parte de la base de que existieron
problemas de conectividad, al responder la
pregunta se debe partir de la base que ello
incluye todos los medios tecnológicos
disponibles (llamada de voz por celular,
aplicación wathsapp o cualquier otro medio
tecnológico), y que según lo planteado ya
no se pudieron superar.
Por lo anterior, es claro que en el caso
planteado al continuar el señor Juez la
audiencia, dicho acto está por fuera del
ordenamiento jurídico procesal y en
consecuencia, la respuesta correcta era la
“D: Suspender la audiencia y fijar nueva
fecha y hora para evacuar aspectos
procesales”, que fue la respuesta de la
suscrita […]”.
“[…] IVX - La pregunta Número Ochenta y “[…]Pregunta No. 82 Esta pregunta es
Dos (82): Para la UNAL, la respuesta pertinente porque es importante que los
correcta al enunciado de la pregunta aspirantes a jueces y magistrados estén
Ochenta y Dos (82), sobre el secreto familiarizados con las implicaciones del
profesional desde la perspectiva mandato constitucional que establece en
constitucional, es la “C. LA RELACIÓN su artículo 74 que “el secreto profesional
PERSONAL”. es inviolable”; durante el ejercicio
profesional de los aspirantes como jueces
Para la suscrita la respuesta correcta es la de tutela (jueces constitucionales),
“B. EL CARÁCTER DE LA deberán tener este insumo claro. La
INFORMACIÓN”. opción A no resuelve de manera
adecuada el enunciado y por ende es una
Respuesta que sigo sosteniendo es la respuesta incorrecta porque en general,
correcta, máxime cuando en el enunciado el carácter del solicitante no es relevante,
nada hace referencia a que exista una y por ello es oponible a terceros (“De lo
relación de índole personal entre el dicho se concluye que el secreto
profesional y el cliente. profesional ha sido consagrado en guarda
de la relación del profesional con la
Así se señala toda vez que de conformidad persona que solicita y obtiene sus
con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley servicios, quien necesariamente debe
1090 de 2006, el profesional en psicología hacerle conocer datos y elementos que
está obligado a guardar el secreto de otra manera no le serían confiados por
profesional en todo aquello que por el ella. Esa protección tiene efectos hacia el
ejercicio de su profesión haya recibido exterior de quienes han trabado la
información. relación profesional, es decir, se trata de
algo oponible a terceros” Sentencia C301
Por su parte el artículo 30 ibídem consigna de 2012 Corte Constitucional). La Ley
que, los registros de datos psicológicos, 1090 de 2010, que regula la profesión de
entrevistas y resultados de pruebas en Psicología, sólo contempla dos eventos
medios escritos, electromagnéticos o de en que el psicólogo puede revelar la
cualquier otro medio de almacenamiento información confiada: por autorización del
digital o electrónico, si son conservados paciente o cuando con la no revelación se
durante cierto tiempo, lo serán bajo la cause un daño evidente al paciente o a un
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responsabilidad personal del psicólogo en tercero (artículo 2, numeral 3). Dado que
condiciones de seguridad y secreto que el material va a ser usado en la
impidan que personas ajenas puedan tener elaboración de una cartilla de índole
acceso a ellos […]”. genérica, el daño eventual ocasionado
por la no revelación hacia un tercero no
[…] sería evidente. La opción B no resuelve
de manera adecuada el enunciado y por
“[…]Por lo anterior, es claro que en todo ende es una respuesta incorrecta porque
momento cuando se hace referencia al Para que se active el secreto profesional
secreto profesional, se funda en el carácter que se establece entre el psicólogo y su
de la información. De allí, que el secreto cliente no es relevante la información que
profesional tenga relación inescindible con se pretende obligar a divulgar, sino la
los derechos fundamentales al buen defensa de la relación personalísima que
nombre y a la intimidad de las personas y se establece entre el profesional y su
se conforma a partir de la información cliente. El profesional está obligado, por
íntima de estas con ocasión al uso del ende, a proteger toda la información que
servicio de un profesional, como el de los le sea confiada, sin que le sea dable
Psicólogos. Lo que ampara el secreto establecer diferenciaciones “El secreto
profesional es la naturaleza y el carácter de profesional nace de una relación de
la información bajo el conocimiento y confianza que surge entre el profesional y
custodia del profesional. Por lo anterior, su cliente a propósito de los asuntos
esta pregunta está mal valorada y la objeto de su relación: En el secreto
respuesta correcta no es la que ha profesional descansa parte muy
determinado la UNAL (C), sino la importante de la confianza que debe
presentada por la suscrita (B), y deberá surgir y permanecer entre el profesional y
valorarse a mi favor […]”. su cliente a propósito de los asuntos
objeto de su relación. Mal se podría
asegurar el éxito de la gestión confiada a
aquél si los temores de quien requiere sus
servicios le impiden conocer en su
integridad los pormenores de la situación
en que se ocupa… El secreto profesional
tiene como fundamentos esenciales la
tutela de la privacidad natural de la
persona y la protección de la honra, el
buen nombre y la buena fama del
depositante del secreto: Se reserva para
la privacidad o exclusividad, con un doble
fin: primero, para no dejar indefensa a la
persona, al despojarla de la introspección
necesaria para vivir dignamente, con su
privacidad natural. Y segundo, por la
honra, buen nombre y buena fama del
depositante del secreto, que deben
quedar incólumes. Se habla de reserva, lo
cual indica que el conocimiento se guarda
para algo específico, que debe ser
utilizado en la confidencialidad y
exclusividad propias del oficio. Se viola el
secreto cuando se divulga (…).”
Sentencia C301 de 2012 Corte
Constitucional). La opción C es la
respuesta correcta porque es el carácter
personalísimo de la relación lo que
determina la aplicación del secreto
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Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
profesional. “La Corte Constitucional ha
definido el secreto profesional como la
información reservada o confidencial que
se conoce por ejercicio de determinada
profesión o actividad. En este sentido, el
secreto profesional es un derecho – deber
del profesional, pues de verse compelido
a revelar lo que conoce perderá la
confianza de sus clientes, su prestigio y
su fuente de sustento. El secreto
profesional nace de una relación de
confianza que surge entre el profesional y
su cliente a propósito de los asuntos
objeto de su relación…” Sentencia C301
de 2012 Corte Constitucional. La opción
D no resuelve de manera adecuada el
enunciado y por ende es una respuesta
incorrecta porque Como puede colegirse
de las anteriores explicaciones, la
utilización eventual del material que
puede obtenerse con la divulgación del
secreto profesional no es lo que protege
la disposición constitucional […]”.
“[…] XVI - La pregunta Número noventa “[…]Pregunta No. 90 Esta pregunta es
(90) nos decía: 90. En un proceso de pertinente porque el Magistrado debe
Lesión Enorme de un inmueble comercial conocer cada uno de los eventos de
se ordena medida cautelar, sin que la parte procedencia e improcedencia de las
demandante inscribiera la medida cautelar acciones aplicables a los diferentes
en la Oficina de Instrumentos públicos contratos civiles, que por mandato legal,
correspondiente. Antes de notificar al se extiende a los mercantiles como las
demandado del auto admisorio de la compraventas de bienes inmuebles, y su
demanda, éste vende el inmueble a un desarrollo en los precedentes judiciales y
tercero de buena fe por un valor superior al en la doctrina probable de la Corte
inicial. En esta situación la rescisión del Suprema de Justicia. La opción A es la
contrato por lesión enorme es: A: respuesta correcta porque de
Improcedente, pues el inmueble comercial conformidad con el artículo 1951 del
fue enajenado por compra a una tercera Código Civil, se indican algunas reglas
persona de buena fe y el derecho a específicas para la lesión enorme, y se
solicitarla se extinguió. B: Improcedente, establece la consecuencia en caso de
porque está prohibida la acción de lesión enajenación o pérdida del bien por parte
enorme de inmuebles en materia comercial del comprador: “Artículo 1951.
C: Procedente porque la demanda se Improcedencia de la acción por pérdida o
instaura antes de que éste venda el venta. Perdida la cosa en poder del
inmueble D: Procedente, porque se vincula comprador, no habrá derecho por una ni
al tercero adquirente quien también se por otra parte para la rescisión del
benefició por el desequilibrio en el precio contrato. Lo mismo será si el comprador
Se considera errónea la clave de respuesta hubiere enajenado la cosa; salvo que la
proporcionada por la UNAL, dado que de haya vendido por más de lo que había
conformidad con el inciso segundo del pagado por ella, pues en tal caso podrá el
artículo 1951 del Código Civil, la acción de primer vendedor reclamar este exceso,
rescisión por lesión enorme se extingue pero sólo hasta concurrencia del justo
cuando el comprador enajena el bien. valor de la cosa, con deducción de una
Salvo que la transferencia que del mismo décima parte”. El tratadista José
se hace sea por mayor valor del pactado en Alejandro Bonivento Fernández, analiza
el contrato a rescindir. este artículo indicando que “de acuerdo
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con esta norma cabe distinguir: la pérdida
En ese orden de ideas y comoquiera que el de la cosa por destrucción y la
enunciado consagra precisamente la enajenación por parte del comprador.
salvedad dispuesta en el canon en cita, en Frente a lo primero: la pérdida de la cosa
torno a la extinción de la acción rescisoria, por destrucción excluye la acción
no puede decirse entonces que la rescisoria en atención a la imposibilidad
respuesta dada por la UNAL sea correcta, que se origina por el hecho de la
ni tampoco ninguna de las claves que destrucción misma que hace difícil la
fueron dispuestas como postulados de determinación del justo precio (…) Si el
respuesta para el enunciado en cita. Razón comprador ha enajenado la cosa, tal
por la que al no existir respuesta correcta como ocurre con la segunda distinción,
debe la UNAL invalidar la pregunta 90 y/o NO podrá darse la acción rescisoria. Tan
tener por cierta la respuesta contenida en sólo podrá exigir el vendedor lesionado
el literal “D”, que la escogida por la suscrita que el comprador le cubra el exceso
al momento de resolver el cuestionario; recibido de la enajenación, con deducción
pues al no existir respuesta correcta todas de una décima parte”. (Los principales
deben ser convalidadas […]”. contratos civiles y su paralelo con los
comerciales. José Alejandro Bonivento
Fernández. Tomo I. Librería Ediciones del
Profesional Ltda. Pág: 96) En igual
sentido se desarrolla la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia, en
sentencias como la del 15 de septiembre
de 1998, “es que resulta necesario
precisar, si bien producida la enajenación
NO hay derecho a pedir la rescisión del
contrato de conformidad con el artículo
1951 del Código Civil (…)”. La opción B
no resuelve de manera adecuada el
enunciado, y por ende, es una respuesta
incorrecta porque el artículo 822 del
Código de Comercio establece: “Artículo
822. Aplicación del derecho civil Los
principios que gobiernan la formación de
los actos y contratos y las obligaciones de
derecho civil, sus efectos, interpretación,
modo de extinguirse, anularse o
rescindirse, serán aplicables a las
obligaciones y negocios jurídicos
mercantiles, a menos que la ley
establezca otra cosa. La prueba en
derecho comercial se regirá por las reglas
establecidas en el Código de
Procedimiento Civil, salvo las reglas
especiales establecidas en la ley”. La
jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, ha interpretado y aplicado este
artículo, y respecto de las ventas
comerciales de inmuebles, ha señalado la
procedencia de la lesión enorme, tal
como lo refiere la Sentencia de casación
civil del 13 de diciembre de 1988: “(…) es
claro que, tratándose de contratos
mercantiles puede ocurrir que el precio
que reciba el vendedor sea inferior a la
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mitad del justo precio de la cosa vendida,
o que el comprador sufra tal lesión
cuando el justo precio de lo que se
compra resulte inferior a la mitad del
precio pagado por la cosa comprada”. La
opción C no resuelve de manera
adecuada el enunciado, y por ende, es
una respuesta incorrecta porque los
efectos de una demanda para que le sean
oponibles a la otra parte y produzca
efectos en su contra, debe estar
notificada debidamente de conformidad
con las sentencias de la Corte Suprema
de Justicia. En este sentido, la sentencia
de casación civil del 23 de febrero de
1981, precisó y analizó los efectos de
algunos actos procesales en la acción de
lesión enorme. La opción D no resuelve
de manera adecuada el enunciado, y por
ende, es una respuesta incorrecta porque
independientemente de la vinculación del
tercero adquirente, ya la acción rescisoria
se extinguió por la pérdida o enajenación
del inmueble. A este respecto, la doctrina
señala que las causales de extinción de la
acción rescisoria son: la pérdida o
enajenación del inmueble, por renuncia
con posterioridad a la celebración del
contrato, y por expiración del plazo de 4
años para promoverla (Los principales
contratos civiles y su paralelo con los
comerciales. José Alejandro Bonivento
Fernández. Tomo I. Librería Ediciones del
Profesional Ltda. Pág: 103) […]”.
“[…] XV – La pregunta Número Ciento “[…]Pregunta No. 112 Esta pregunta es
Doce ( 112): Para la UNAL, la respuesta pertinente porque se espera que el juez o
correcta al enunciado de la pregunta el magistrado, a partir de la claridad
Ciento Doce (112), que trata sobre el artista conceptual que tenga de las medidas
a quien el contratista le destruyó cautelares, analice los requisitos de
parcialmente su obra inconclusa, es la “C. procedibilidad del decreto y práctica de
SE PUEDE PERMITIR EL USO A LA SALA una medida cautelar innominada. La
Y RESTRINGIR EL ACCESO AL MURAL” opción A no resuelve de manera
adecuada el enunciado, y por ende, es
Analizada la pregunta y sus respuestas, una respuesta incorrecta porque el
estamos ante una pregunta con dos registro de cualquier obra ante la oficina
opciones de respuesta, esto es la “B: La de depósito de derechos de autor
Empresa impide la cautela con caución” y (Dirección Nacional de Derechos de
la tomada por la UNAL (C) que es la menos Autor) no es constitutivo de derechos, de
probable. conformidad con lo establecido en el
Artículo 9 de la Ley 23 de 1982. “(…) La
Mi sustento se fundamenta en el artículo protección que esta Ley otorga al autor,
590, numeral 1º., literal b), inciso 3º. del tiene como título originario la creación
Código General del Proceso, que dispone “ intelectual, sin que se requiera registro
El demandado podrá impedir la práctica de alguno. Las formalidades que en ella se
las medidas cautelares a que se refiere establecen son para la mayor seguridad
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este literal o solicitar que se levanten, si jurídica de los titulares de los derechos
presta caución por el valor de las que se protegen.” Adicionalmente, la obra
pretensiones para garantizar el aún no se encuentra concluida ni
cumplimiento de la eventual sentencia entregada por parte del artista a la
favorable al demandante o la empresa, y en ese orden de ideas, los
indemnización de los perjuicios por la derechos patrimoniales de autor respecto
imposibilidad de cumplirla. También podrá del mural no han sido transferidos o
solicitar que se sustituyan por otras cedidos por parte de éste a la empresa.
cautelas que ofrezcan suficiente La opción B no resuelve de manera
seguridad.”. adecuada el enunciado, y por ende, es
una respuesta incorrecta porque el artista
Así las cosas al ser la (B) la respuesta más en su calidad de autor de la obra tiene
probable por estar regulada en el pretensiones personalísimas, como lo es
ordenamiento jurídico y la respuesta de la la protección de los derechos morales de
UNAL la menos probable, la pregunta debe autor, específicamente, el derecho a la
ser calificada a mi favor […]”. integridad de la obra, dado su vínculo
emocional con la misma. Por lo cual, la
empresa como demandada, no puede
prestar caución, toda vez que no existen
pretensiones económicas por parte del
artista. Lo anterior, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 590 numeral
primero “(…) No podrá prestarse caución
cuando las medidas cautelares no estén
relacionadas con pretensiones
económicas.” Asimismo, la Decisión
Andina 351 de 1993, en su Artículo 11,
numeral C establece que: “El autor tiene
el derecho inalienable, inembargable,
imprescriptible e irrenunciable de (…)
Oponerse a toda deformación, mutilación
o modificación que atente contra el
decoro de la obra o la reputación del
autor.” La opción C es la respuesta
correcta porque el juez, partiendo de su
razonabilidad, puede decretar la práctica
de una medida cautelar innominada como
lo es el cerramiento del mural, sin impedir
a la empresa que continúe utilizando su
sala de juntas, siempre que con esta
medida evite la vulneración inminente de
la obra. Lo anterior, de conformidad con
el Artículo 590 numeral primero literal C,
que otorga la facultad al juez para
decretar cualquier otra medida (medidas
cautelares innominadas) que encuentre
razonable para la protección del derecho
objeto del litigio, impedir su infracción o
evitar las consecuencias derivadas de la
misma, así mismo, prevenir daños, hacer
cesar los que se hubieren causado o
asegurar la efectividad de la pretensión,
como por ejemplo la medida salomónica
de proteger la obra, sin afectar el uso de
la sala de juntas. De acuerdo con la Corte
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Suprema Justicia: “(…) Puestas las cosas
de esa manera, la hermenéutica que está
llamada a dársele al artículo 590, numeral
primero, literal (c) del Código General del
Proceso, sugiere, a modo de regla
general, la posibilidad de decretar dentro
de un proceso judicial declarativo
cualquier medida que el juez encuentre
razonable para la protección del derecho
objeto del litigio, impedir su infracción o
evitar las consecuencias derivadas de la
misma, prevenir daños, hacer cesar los
que se hubieren causado o asegurar la
efectividad de la pretensión, previa
petición de parte.” (…) “Del mismo modo,
las cautelas anticipatorias secundan el
propósito referido, en la medida en que
adelantan el disfrute de la pretensión
formulada por el demandante, una vez
constatada su apariencia de buen
derecho y una alta probabilidad de que su
denegación generaría en aquél un
menoscabo irremediable” (STC3028-
2020, Corte Suprema de Justicia). La
opción D no resuelve de manera
adecuada el enunciado, y por ende, es
una respuesta incorrecta porque el
cerramiento y vigilancia permanente de la
sala de juntas de una empresa, no se
encuentra prevista por el Código General
del Proceso como una medida cautelar
nominada. En sentido contrario, la Corte
Suprema de justicia afirma que “(…) son
medidas cautelares innominadas,
atípicas o genéricas, aquellas que, sin
estar previstas en la ley, facultan al juez
para que las individualice y puntualice en
el caso sometido a su conocimiento, a
instancia de aquél a quien favorezcan”.
“(…) Por eso para Ugo Rocco las medidas
cautelares genéricas o atípicas «son
aquellas disposiciones judiciales
caracterizadas porque se basan en un
criterio discrecional en virtud del cual es
valorada su oportunidad, urgencia y
contenido, y porque como corolario, no se
adecuan necesariamente a un tipo legal
sino a las necesidades de una situación,
personal u objeto y a un resultado
concreto, teniendo por finalidad en sede
cautelar bien el probable derecho de una
parte ante el fundado temor de que se
pueda causar, en forma presunta o cierta,
una lesión grave o de difícil reparación, o
bien el aseguramiento provisorio de los
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Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
efectos de la decisión sobre el fondo para
que no se haga ilusoria».” (STC3028-
2020, Corte Suprema de Justicia) […]”.
36. En este punto, la Sala encuentra que, a través de la Resolución núm. CJR23-
0025 de 16 de enero de 2023, en su anexo 2: “[…] “Por medio de la cual se resuelven
los recursos de reposición presentados contra la Resolución CJR22-0351 de 1° de
septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de
aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la
provisión del cargo de Juez Civil Municipal - Juez de Pequeñas Causas y
competencia múltiple - Juez Civil Municipal de ejecución de sentencias de la Rama
Judicial.” […]”, remitido por la Universidad Nacional de Colombia, y anexado por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial, resolvió uno a uno los requerimientos
de la actora en la adición del recurso de reposición que presentó el 9 de noviembre
de 2022.
37. La Sala evidenció del acervo probatorio allegado por la actora dentro de la
presente acción constitucional, que la Unidad de Administración de Carrera resolvió
la adición del recurso de reposición, pues allegó la Resolución núm. CJR23-0025
de 16 de enero de 2023; y la Universidad Nacional de Colombia, el anexo 2 –
Respuesta Objeciones, a partir de lo cual se advierte que sí dio una respuesta
congruente y de fondo la ampliación del recurso de reposición.
38. De conformidad con lo expuesto anteriormente, la Sala considera que no hay lugar
a amparar los derechos fundamentales invocados por la actora, toda vez que, las
entidades demandadas sí dieron una respuesta de fondo y concreta de la actora a
través del Anexo núm. 2 “[…] Se relaciona a continuación una a una las preguntas
que fueron objetadas por los recurrentes para el Cargo de Juez Civil Municipal -
Juez de Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de
ejecución de sentencias, indicando su pertinencia, la justificación de la clave
asignada, así como la razón de las opciones de respuesta no válidas, las cuales son
el producto de la estructura y elaboración de las preguntas […]”.
39. En ese orden de ideas, la Sala considera que no existe vulneración alguna a los
derechos fundamentales, invocados por la actora, en la medida en que la Unidad sí
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dio una respuesta congruente y de fondo a la adición del recurso de reposición de la
actora, de conformidad con el Anexo núm. 2 de la CJR23-0025 de 16 de enero de
2023.
40. Valga resaltar que la Resolución núm. CJR23-0025 de 16 de enero de 2023 y
sus anexos fueron publicados y notificadas a través de la página Web
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-
judicial/resultado-prueba-de-conocimientos-y-aptitudes; como lo establece el punto
5.2 del Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, mediante el cual “[…]
se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial […]”, norma que dispone
lo siguiente:
“[…] La notificación de las decisiones que conlleven dicha diligencia, se
realizarán mediante su fijación durante el término cinco (5) días hábiles, en el
Consejo Superior de la Judicatura. De igual manera se informará a través de la
página web de la Rama Judicial, www.ramajudicial.gov.co y en los Consejos
Seccionales de la Judicatura.
De la misma forma se notificarán todos los actos de carácter particular y
concreto que expidan, por delegación, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y la “Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”, en desarrollo del proceso
de selección, incluidos los que resuelven los recursos […]”.
41. Por lo anterior, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de amparo
porque no se aprecia que la repuesta a la adición del recurso de reposición de la
actora haya afectado el núcleo esencial de los derechos fundamentales indicados
supra.
Conclusiones de la Sala
42. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de amparo.
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Actora: Yolanda Ramírez Cantillo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por la actora contra las
entidades accionadas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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