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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03847-01

Fecha
18 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-03847-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 25 de agosto de 2023 por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela formulada por el señor Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez. En su lugar, SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-03847-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

18 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03847-01
Accionante: AURELIO DE JESÚS GARRIDO BOHÓRQUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia e igualdad / medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho /
defecto fáctico / desconocimiento del precedente /
pago de prestaciones sociales teniendo en cuenta los
honorarios pactados en cada una de las órdenes de
prestación de servicios

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el
apoderado judicial del señor Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez en
contra de la sentencia del 25 de agosto de 2023, mediante la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado rechazó por improcedente la
solicitud de amparo.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03847-01
Accionante: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad formulada por
la parte accionante, se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. El 11 de agosto de 2020 el señor Aurelio de Jesús Garrido
Bohórquez adelantó proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.,
con el fin de que se declarara la nulidad del oficio núm.
20201100007381 del 14 de enero de 2020, por medio del cual la
entidad negó el reconocimiento y pago de todos los derechos laborales
y prestacionales surgidos de la relación laboral subyacente.

1.2. La demanda correspondió al Juzgado Veinticuatro Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá que, a través de sentencia del 9 de mayo
de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

1.3. Inconforme con esta decisión, el apoderado judicial del señor
Garrido Bohórquez presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto
por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca a través de sentencia del 26 de mayo de 2023, en la
que revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar, dispuso lo siguiente:

«1. DECLÁRESE la nulidad parcial del oficio No. 20201100007381 de 14 de enero
de 2020, por medio del cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
le negó al demandante el reconocimiento de la relación laboral y las respectivas
consecuencias prestacionales.

3. Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento de derecho, CONDÉNASE a la SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., a reconocer y pagar al señor AURELIO

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Accionante: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

DE JESÚS GARRIDO BOHÓRQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.921.575, el valor de las prestaciones sociales ordinarias o comunes de carácter
legal devengadas por un empleado de planta que tuviera similar categoría y
funciones a las desempeñadas por el (profesional universitario área de la salud
código 237 grado 16), tales como: (i) las cesantías; (ii) los intereses a las cesantías;
(iii) la compensación en dinero de las vacaciones, y (iv) las primas de carácter legal
percibidas por los empleados públicos de la SISS-N-ESE en las condiciones
referidas; para el efecto, debe tener en cuenta como base de liquidación las sumas
pactadas y pagadas como honorarios en los diferentes contratos, durante los
períodos en los que se demostró la existencia de la relación laboral, esto es, el
comprendido entre 1.o de enero de 2017 y el 30 de julio de 2019, de conformidad
con los extremos temporales de la relación señalados en el acápite 12.1.

En todo caso, teniendo en cuenta la incidencia de la doble vinculación del actor en
el pago de la condena, la entidad demandada deberá pagar al señor Aurelio de Jesús
Garrido Bohórquez únicamente lo demostrado en este proceso, esto es, que laboró
en turnos de 12 horas por 36 de descanso para el Hospital de Suba. Así mismo,
deberá tener en cuenta la limitación señalada en el artículo 2. ° de la Ley 269 de
1996, es decir, que máximo podía laborar 12 horas diarias sin exceder de 66 horas a
la semana en las dos entidades, es decir, en el Hospital de Suba y el Instituto
Nacional de Cancerología.

4. CONDÉNASE a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E. a calcular si existen diferencias entre los aportes realizados mes a
mes por el señor AURELIO DE JESÚS GARRIDO BOHÓRQUEZ, ya identificado,
y los que se debieron efectuar en calidad de empleador, durante el periodo
comprendido el 1.o de enero de 2017 y el 30 de julio de 2019, conforme a los
extremos temporales de la relación señalados en el acápite 12.1 de este proveído,
teniendo en cuenta los honorarios pactados en cada uno de los contratos, debiendo
para ello cotizar al respectivo régimen la suma que resultare faltante por concepto
de aportes a pensión, siendo necesario que la parte actora acredite las cotizaciones
efectuadas, y en caso de que exista diferencia o no se hubieran efectuado, deberá
asumir el porcentaje correspondiente. Tales sumas deberán indexarse.

5. Las sumas resultantes de la condena impuesta a favor de la parte demandante se
actualizarán, aplicando para ello la siguiente fórmula:

(…)

6. DECLÁRASE que el tiempo laborado por el AURELIO DE JESÚS GARRIDO
BOHÓRQUEZ, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios suscritos
con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E., entre
el 1.o de enero de 2017 y el 30 de julio de 2019, se debe computar para efectos
pensionales.»

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2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante considera que la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un
desconocimiento del precedente, dado que omitió aplicar la regla
contenida en las sentencias CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016
del Consejo de Estado (de unificación jurisprudencial); del 2 de octubre
de 2019 con número de radicado 05001-23-33-000-2013-02059-01 de
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; y del 30
de enero de 2020 con número de radicado 50001-23-33-000-2012-
00106- 01 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, según la cual las prestaciones sociales que se reconocen en
virtud de la declaración laboral que se disfrazó por la administración
con los contratos de prestación de servicios, deben cuantificarse con
base en el salario devengado por un empleado de planta de la entidad.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicitó lo siguiente:

«PRIMERO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico lo relacionado con el parámetro de
liquidación de las prestaciones sociales reconocidas en la sentencia proferida por el H.
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “E”, el veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023), M.P. Jaime
Alberto Galeano Garzón, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 11001-3335-024-2020-00189-01.

SEGUNDO: Que se ordene al H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “E” que en un término no
mayor a treinta (30) días, se sirva proferir una nueva decisión dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por AURELIO DE JESÚS
GARRIDO BOHÓRQUEZ contra SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E., identificado con el radicado No. 11001- 3335-024-2020-00189-01, en el
que se respete el precedente jurisprudencial decantado por el H. CONSEJO DE ESTADO
en asuntos de primacía de la realidad, ordenando la liquidación de las prestaciones
sociales conforme al salario que percibe un empleado de planta.» (sic en toda la cita).

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4. INFORMES

Mediante auto del 25 de julio de 2023, el despacho sustanciador admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
como accionado y al Juzgado Veinticuatro Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte
E.S.E. como terceros interesados en las resultas del proceso.

4.1. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por conducto del magistrado
ponente de la providencia acusada, solicitó rechazar por improcedente
el amparo que por vía de tutela se invoca, toda vez que la parte
accionante pretende generar una tercera instancia para discutir asuntos
propios del proceso ordinario, los cuales ya fueron resueltos por el juez
natural en las instancias correspondientes.

De manera subsidiaria, deprecó que en el caso de declararse
procedente la presente acción constitucional, se sirvan a negar las
pretensiones de la demanda, dado que no se evidencia la vulneración
de ninguno de los derechos fundamentales invocados por el accionante,
ya que la sentencia objeto de censura fue proferida en virtud de las
normas jurídicas aplicables al caso y en el ejercicio de la autonomía del
juez competente para ello.

4.2. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, por conducto de la juez titular del despacho, allegó copia
digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 110010315000202303847-00.

4.3. No se rindieron más informes.

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5. PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 25
de agosto de 2023 declaró improcedente la solicitud de amparo al
establecer que la misma no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, dado que el objeto de la presente acción es
reabrir un debate terminado y concluido.

Al respecto, sostuvo que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de
tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia
que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene
por objeto verificar si la entidad accionada incurrió en la vulneración de
derechos fundamentales.

En ese sentido, argumentó que a pesar de que el actor acusó a la
autoridad judicial accionada de haber incurrido en un desconocimiento
del precedente al omitir la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016 de esta corporación, la misma carecía del requisito de relevancia
constitucional, toda vez que el actor no cumplió con la carga
argumentativa mínima para estructurar el defecto alegado, al no haber
indicado específicamente que las i) situaciones fácticas y los ii)
problemas jurídicos en ambos casos eran análogos o similares.

6. IMPUGNACIÓN

Contra la decisión precitada el accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la
acción de tutela.

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Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la
expedición de la providencia del 26 de mayo de 2023, por medio de la
cual revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número
110013335024202000189-01, incurrió en un desconocimiento del
precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad del accionante.

Previamente a lo anterior, se deberá establecer la procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada.

2. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio

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irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple
con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que
habilitan su interposición.

2.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.

2.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

2.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia de segunda

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instancia fue proferida el 26 de mayo de 2023 y la acción de tutela se
presentó el 17 de julio del 2023.

2.1.4. Finalmente, con respecto al requisito de relevancia
constitucional, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha
delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto
tiene una marcada importancia3. Así, en sentencia T-114 de 2002,
indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de
ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.

En efecto, ha señalado que:

«(…) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».4

Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto
a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de un desconocimiento del precedente en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en
cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de los
derechos fundamentales alegados.

3
Corte Constitucional. Sentencia T 136 de 2015. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa.
4
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.

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2.2. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en los jueces van a
decidir los casos iguales de la misma forma5. En ese sentido, el
precedente judicial6 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho7.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido8. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”9.

5
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006,
T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
6
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional
precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a
un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos,
debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
7
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et
Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
8
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales10, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial11.

3. Caso concreto

De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala observa que la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la providencia del 26 de mayo de 2023, consideró,
en relación con la razón de inconformidad del accionante, lo siguiente:

«Así las cosas, se dispondrá que la SISSN-ESE pague al señor Aurelio de Jesús
Garrido Bohórquez el valor de las prestaciones sociales comunes u ordinarias que
“perciben los empleados públicos de la entidad demandada, las cuales se encuentran
a cargo directamente del empleador”, y devengadas por un empleado de planta que
tuviera similar categoría y funciones a las desempeñadas por el actor (profesional
universitario área de la salud código 237, grado 16), tales como: (i) las cesantías;
(ii) los intereses a las cesantías; (iii) la compensación en dinero de las vacaciones, y
(iv) las primas de carácter legal percibidas por los empleados públicos de la SISSN-
ESE, en las condiciones referidas.

10
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior
jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas
decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para
resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de 2007.
11
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Lo anterior, teniendo en cuenta como base de liquidación las sumas pactadas y
pagadas como honorarios en los diferentes contratos, durante los períodos en los que
se demostró la existencia de la relación laboral, esto es, el comprendido entre el 1.o
de enero de 2017 y el 30 de julio de 2019, sin interrupciones, de conformidad con
los extremos temporales de la relación señalados en el acápite 12.1.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta la incidencia de la doble vinculación del
accionante, en el pago de la condena la entidad demandada deberá reconocer lo
demostrado en este proceso, esto es, que el demandante laboró en turnos de 12 horas
por 36 de descanso. Así mismo, deberá tener en cuenta la limitación señalada en el
artículo 2.° de la Ley 269 de 1996, esto es, que máximo podía laborar 12 horas
diarias sin exceder de 66 horas a la semana en las dos entidades, es decir, en el
Hospital de Suba y el INC.

Lo anterior, toda vez que no se puede ordenar el pago de la condena como si el
accionante hubiese laborado en cumplimiento de la jornada ordinaria de un servidor
público, pues como se dijo, el señor Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez laboró por
el sistema de turnos de 12 x 36 en el Hospital de Suba, hoy SISSN-ESE.

(…)

12.7.5 La sala negará la pretensión relativa al reconocimiento de las diferencias
salariales existentes entre la asignación legal asignada a los bacteriólogos de planta
y los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, en la medida
que la configuración de la relación laboral encubierta no le otorga al demandante la
calidad de empleado público, y mucho menos implica que se deba realizar una
nivelación con el salario de los empleados de planta, tan solo concede el derecho a
percibir las prestaciones sociales dejadas de devengar, tal como lo ha sostenido el
Consejo de Estado en diferentes pronunciamientos, y recientemente en la sentencia
de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 , así:

“No obstante lo expuesto, la Sala debe recordar que, sin perjuicio de que pueda
declararse la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos
económicos laborales a quien fue vinculado bajo la apariencia del contrato de
prestación de servicios, este solo hecho de estar vinculado no le otorga la calidad
de empleado público, puesto que, como lo ha reiterado esta corporación, para ello
es necesario que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su
correspondiente posesión”» (Sic en toda la cita)

Conforme a lo expuesto, la Sala observa que la decisión del Tribunal de
ordenar el pago de las prestaciones teniendo en cuenta como base de
liquidación las sumas pactadas y pagadas como honorarios en los
diferentes contratos de prestación de servicios, obedeció a la aplicación
del criterio contemplado en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-

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Accionante: Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez

2021 del 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que, al efecto, sostuvo:

“141. Para el efecto y según la sentencia de unificación jurisprudencial CE- SUJ2-
005 del 25 de agosto de 2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las
prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los honorarios pactados en el
contrato de prestación de servicios”.

En ese orden de ideas, se evidencia que la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca plasmó en la
sentencia cuestionada una tesis comprensiva de las pautas señaladas
en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 proferida
por la Sección Segunda de esta corporación, por lo que no implica una
omisión de la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto
de 2016 del Consejo de Estado, toda vez que precisamente establece
que el ingreso sobre el cual han de calcularse las prestaciones dejadas
de percibir corresponderá a los honorarios pactados.

En suma, la tesis de ordenar el pago y reconocimiento de las
prestaciones sociales ordinarias a partir del valor pactado como
honorarios en los contratos de prestación de servicio, se ha sostenido
en diversos pronunciamientos de esta Sala de Subsección, así12:

«Finalmente, en relación con el argumento de la apelación sobre la necesidad de
ordenar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales ordinarias a partir del
valor pactado como honorarios en los contratos de prestación de servicios, y no
respecto del salario que devenga un profesional especializado, 2028, grado 20 de la
planta de personal del DPS, como lo dispuso el a quo en su decisión, la Sala
considera que tal pretensión resulta próspera, por las siguientes razones:

En primer lugar, porque sin perjuicio de que se declare la existencia de la relación
laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado
bajo la apariencia del contrato de prestación de servicios, este solo hecho de estar
vinculado no le otorga la calidad de empleado público, pues, como lo ha reiterado

12
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas sentencia del
24 de agosto de 2023, núm. 25000-23-42-000-2015-04848-01 (5637-2019)

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esta corporación, para ello es necesario que se den los presupuestos de
nombramiento o elección y su correspondiente posesión.13

En segundo lugar, porque según la sentencia de unificación jurisprudencial CE-
SUJ2-005 del 25 de agosto de 2016, el ingreso sobre el cual han de calcularse las
prestaciones dejadas de percibir, corresponderá a los honorarios pactados en el
contrato de prestación de servicios.

Y, en tercer lugar, porque, aunque si se admitiera la posibilidad de liquidar las
prestaciones sociales del demandante sobre la base de los salarios correspondientes
a un empleado de planta, en este caso, un profesional especializado, 2028, grado 20,
lo cierto es que el señor Jaime Castiblanco Barbosa no reunía los requisitos
establecidos en la Resolución 01870 de 2008 para tal cargo; pues no acreditó en su
hoja de vida la consecución de un título de especialización, como lo exige la misma
denominación del puesto.»

Tampoco se evidencia contrariedad con las sentencias proferidas por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 2 de
octubre de 2019 y 30 de enero de 2020 con números de radicado
05001-23-33-000-2013-02059-01 y 50001-23-33-000-2012-00106-
01, respectivamente, por cuanto se dictaron en supuestos fácticos
diferentes a los que se analizaron en el asunto que ocupó la atención
de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

Así pues, el contexto descrito permite a la Sala colegir que el reproche
que plantea el accionante en esta sede constitucional tiene como
fundamento una divergencia de criterio en la apreciación de las pautas
jurisprudenciales vigentes para el momento en que fue proferida la
decisión acusada, motivo por el cual el desconocimiento del precedente
invocado no tiene vocación de prosperidad.

De esta manera, comoquiera que la decisión de la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contiene

13
Ver entre otras, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016,
radicado 2012-00020- 01(0316-14), C.P. Gerardo Arenas Monsalve; o la sentencia del 25 de enero de 2001,
expediente No. 1654-2000, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

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una carga argumentativa suficiente y razonable, sustentada en las
pruebas legalmente practicadas en el proceso en la que se observaron
las pautas jurisprudenciales fijadas actualmente por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, no es dable considerarla como
constitutiva de desconocimiento del precedente, pues, por el contrario,
corresponde al ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces,
conforme se deduce del contenido normativo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial.

Por lo tanto, es menester recordar que las discusiones adelantadas en
el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de la
tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional en una
instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para estudiar los
argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo probado
dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis que le
sirvieron de soporte.

De esta manera, se concluye que la posición jurídica asumida por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca constituye un ejercicio razonable de la actividad judicial,
lo que descarta que con la misma se vulneraran los derechos
fundamentales invocados por el accionante, razón por la cual se
revocará la sentencia del 25 de agosto de 2023 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, en la cual se declaró improcedente la
tutela para, en su lugar, negar el amparo constitucional solicitado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 25 de agosto de 2023
por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela formulada por el señor
Aurelio de Jesús Garrido Bohórquez. En su lugar,

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Aurelio de Jesús
Garrido Bohórquez contra la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
esta providencia.

TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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