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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03852-00

Fecha
18 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03852-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Dianis María Corzo Pava, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - Como consecuencia, se dispone, (i) dejar sin efectos el ordinal quinto de la sentencia del 31 de marzo de 2023, proferida por el la Sección Tercera – Subsección B – del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de reparación directa con radicado 110013-33-60-32-2015-00788-00/01, en lo que se refiere a las pretensiones de la señora Dianis María Corzo Pava, y (ii) Ordenar a la referida autoridad judicial que, previo a verificar el con el Juzgado 32 Administrativo de Bogotá la correcta remisión del expediente completo, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia se sirva proferir una decisión de reemplazo en la que se revise y adopten los correctivos que procedan frente a la legitimación en la causa de Dianis María Corzo Pava, dentro del proceso de reparación directa No. 110013-33-60-32-2015-00788-00/01, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. TERCERO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03852-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
Accionante: Dianis María Corzo Pava
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – accede /
DEFECTO FÁCTICO - Configuración / No se valoraron de manera integral las pruebas
documentales allegadas.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por Dianis María Corzo Pava
contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
B.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda y sus fundamentos

1.- El 17 de julio de 2023, Dianis María Corzo Pava presentó demanda de tutela
contra la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Considera que tales
prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad accionada al proferir la sentencia
del 31 de marzo de 2023, al interior del proceso de reparación directa 2 que
promovió la actora junto con otros3 contra la Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Identificado con número de radicado 11001-33-36-032-2015-00788-01.
3 Alcides Agustín Corzo Arzuza, Yeison de Jesús, Miriam del Carmen, Iris Yohana, Daira Luz y Edwin Arturo

Corzo Pava.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
Accionante: Dianis María Corzo Pava
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se
contraen a que se ordene a la autoridad accionada4:

<< (…) que se declare que, si se acreditó mi legitimación en la causa y por tanto se
proceda a ordenar el pago de perjuicios morales causados por la muerte de mi
hermano, el señor ADRIEL ENRIQUE CORZO GARCÍA >>

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene que5:

4.- El 4 de diciembre de 2015, Alcides Agustín Corzo Arzuza, Dianis María Corzo
Pava, Yeison de Jesús Corzo Pava, Miriam del Carmen Corzo Pava, Iris Yohana
Corzo Pava, Daira Luz Corzo Pava y Edwin Arturo Corzo Pava, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, formularon demanda en contra de la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara
administrativamente responsable a la entidad demanda de los perjuicios
ocasionados por la ejecución extrajudicial de Adriel Enrique Corzo García.

5.- Mediante fallo de 16 de diciembre de 2021, el Juzgado 32 Administrativo del
Circuito de Bogotá resolvió negar las pretensiones de la demanda al considerar
que: (i) no existía prueba de la falla en el servicio en la que incurrió la entidad
demandada y (ii) la muerte de la víctima se generó en el marco de la labor legítima
del Ejército Nacional de lucha contra grupos al margen de la ley.

6.- Inconforme con la decisión adoptada el apoderado judicial de la parte actora
interpuso recurso de apelación.

7.- El 31 de marzo de 2023, la Sección Tercera - Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca: (i) revocó la sentencia que fue proferida por el
Juzgado 32 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; (ii) declaró patrimonial y
extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional por los perjuicios causados a los demandantes; (iii) accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda; y (iv) condenó a la entidad demandada a pagar,
por concepto de perjuicios morales, 200 SMLMV a cada uno de los siguientes
demandantes: Alcides Agustín Corzo Arzuza, Yeison de Jesús Corzo Pava, Miriam
del Carmen Corzo Pava, Iris Yohana Corzo Pava, Daira Luz Corzo Pava y Edwin
Arturo Corzo Pava.

8.- Además, al referirse al caso de Dianis María Corzo Pava indicó que si bien la
accionante manifestaba ser hermana de la víctima directa de los hechos objeto de
la demanda, una revisado el plenario, no fue posible encontrar el registro civil que

4 Expediente digital, folio 13 del escrito de demanda.
5 Expediente digital, folios 1 a 8 del escrito de demanda.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
Accionante: Dianis María Corzo Pava
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

debía da cuenta de su parentesco con Adriel Enrique Corzo García, razón por la
cual resolvió declarar su falta de legitimación en la causa por activa.

9.- Como fundamento de derecho de las pretensiones de la tutela, la parte actora
advirtió que la autoridad accionada incurrió en un defecto fáctico debido a que
concluyó de manera equivocada que el registro civil de nacimiento de la accionante
no fue aportado al proceso de reparación directa.

10.- Al respecto, adujo que el documento objeto de debate: (i) se aportó en la
demanda y (ii) fue practicado y decretado como prueba por el Juzgado 32
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

11.- Mediante auto de 25 de julio de 20236, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y vincular a la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional, así como a los señores Alcides Agustín Corzo
Arzuza, Yeison de Jesús, Miriam del Carmen, Iris Yohana, Daira Luz y Edwin
Arturo Corzo Pava, en calidad de terceros interesados.

12.- Además, se requirió al Juzgado 32 Administrativo del Circuito de Bogotá para
que remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el
número de radicado 11001-33-36-032-2015-00788-00/01.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B 7

13.- El 31 de julio de 2023, la autoridad judicial accionada solicitó negar el amparo
solicitado. Para ello manifestó que: “contrario a lo expuesto por la parte actora con
respecto al aludido defecto fáctico, las pruebas no fueron valoradas
superficialmente, y en efecto, aun cuando se enunció su incorporación en el
respectivo acápite de pruebas, y en sentencia de primera instancia se indicó que
conforma parte del acervo probatorio, en realidad, el registro civil de nacimiento de
la señora Dianis María Corzo Pava no fue aportado con los anexos de la
demanda”. Además, remitió copia del archivo electrónico 01 del expediente Rad.
11001-333-60-32-2015-00788-01, denominado “Demanda”, con el fin de demostrar
que allí no se encontraba la copia del registro civil de nacimiento de la accionante.

(ii) Accionante8

6 Notificada el 17 de marzo de 2023.
7 Contestación enviada a través de correo electrónico, consta de 3 folios.
8 Contestación enviada a través de correo electrónico el 13 de abril de 2023, consta de 10 folios.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
Accionante: Dianis María Corzo Pava
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

14.- El 1° de agosto de 2023, la parte actora, radicó un escrito en el que manifestó
que al revisar el expediente digital del medio de control de reparación directa
observó que en la página 29 del archivo 01 denominado “Demanda”, se colocó el
registro civil de defunción de su hermano Adriel Enrique Corzo García sobre su
registro civil de nacimiento, razón por la cual el documento no fue valorado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese sentido, indicó que, si bien el
folio 29 del archivo referido contenía dos documentos, al ampliar la imagen era
posible observar con claridad que en la esquina superior derecha aparece el
número “238”, que corresponde a los tres primeros números de su registro civil.

II. CONSIDERACIONES

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

15.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales9. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de
tutela.

16.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales 10 : (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v)
error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de

2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
10 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender

situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

17.- Los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas
metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el
escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial.
Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad
judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la
causa en la interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las
pruebas del caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que
corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de
manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los
trámites judiciales”11.

D. Análisis del caso concreto

18.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si los hechos
que se alegan en la presente causa cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de
acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de
establecer si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los yerros o
vicios alegados por la parte actora y si se justifica la adopción de medidas de
protección de los derechos fundamentales invocados.

E. Verificación de los requisitos generales de procedencia.

19.- En primer lugar, encuentra la Sala que, en el presente asunto, pueden tenerse
por cumplidos los requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial, establecidos en la jurisprudencia constitucional, así:

20.- Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de
evidente relevancia constitucional. Previa constatación de la suficiencia
argumentativa ofrecida en la demanda por haberse identificado los motivos de la
violación que se le atribuye al pronunciamiento judicial objeto de reproche, la Sala
considera que la cuestión que se debate en la presente oportunidad trasciende el
ámbito de la mera legalidad y posee indiscutible relevancia constitucional, en la
medida en que se persigue la efectiva protección del derecho fundamental al
debido proceso, pues al no encontrar acreditado el parentesco de la accionante con
la víctima directa de los hechos objeto del medio de control de reparación directa,
la providencia judicial impide, en forma definitiva, que el daño generado a Dianis
María Corzo Parra, sea objeto de reparación judicial, pese a que su existencia fue
reconocida por el Tribunal accionado, en el marco de una decisión que ha adquirido
firmeza y que supone la eventual configuración de un defecto.
11 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
Accionante: Dianis María Corzo Pava
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Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

21.- Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable. Frente
a esta particular exigencia, es claro que dentro del proceso contencioso
administrativo de reparación directa se agotaron todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa que la actora tenía a su disposición para procurar la
salvaguarda de los derechos fundamentales que considera transgredidos, pues el
defecto que advierte la parte actora, tuvo origen en el fallo proferido en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

22.- En este punto la Sala encuentra necesario precisar que, si bien el asunto no
ha sido puesto a su consideración a través de una solicitud de aclaración y/o
corrección de sentencia, en los términos de los artículos 285 y 286 del Código
General del Proceso, en las presentes circunstancias no resulta viable hacer esta
exigencia a la parte accionante, y mucho menos sustentar en ello la improcedencia
de la acción de tutela por falta de subsidiariedad teniendo en cuenta que esta vía
procesal no es idónea ni eficaz para corregir el yerro advertido por la parte actora.
Esto se debe a que la aclaración resulta procedente cuando el fallo contenga
“conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda”, y la corrección se
utiliza cuando en el proveído se haya incurrido en un “error puramente aritmético”;
situaciones que distan de los supuestos fácticos que motivan la solicitud de
amparo, pues la inconformidad con respecto al fallo no se concreta en el empleo de
un concepto o frase que generen duda ni mucho menos de un error aritmético, sino
que cuestiona de manera directa el análisis de fondo frente a la legitimación en la
causa de la accionante. Censura que, de prosperar, implicaría un cambio sustancial
sobre los derechos reconocidos a la demandante en el proceso ordinario. En ese
sentido las solicitudes de aclaración y/o corrección de sentencia no constituyen un
escenario jurídico en el que el juez ordinario pueda subsanar falencias en el
análisis y en esa medida cambiar el sentido de la decisión o modificar las
indemnizaciones reconocidas.

23.- Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.
En esta oportunidad, la Sala encuentra que el recurso de amparo constitucional fue
promovido dentro de un término razonable y proporcional al de la ocurrencia del
hecho que presuntamente originó la vulneración, pues este se formuló con menos
de 4 meses de diferencia luego de haberse proferido el fallo de 31 de marzo de
2023, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esto último, en vista de que
la decisión judicial censurada se notificó el 17 de abril de 202312, y la acción de
tutela se radicó por correo electrónico el 17 de julio de 2023.

12 Según información visible en el aplicativo SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
Accionante: Dianis María Corzo Pava
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

24.- Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga
incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas
iusfundamentales. Este presupuesto no es exigible en el presente asunto, dado
que los alegatos contenidos en el escrito de demanda son de índole sustantivo y,
por ende, no están enderezados a poner de manifiesto ningún tipo de irregularidad
desde el punto de vista procesal, aun cuando lo discutido tenga una incidencia
directa y trascendental en los efectos del proceso contencioso administrativo.

25.- Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los
hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos
y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese
posible. Para el caso concreto, se tiene que la accionante, identificó en su
respectivo escrito de demanda las razones puntuales por las que estima
vulneradas garantías de orden superior a raíz de la decisión adoptada dentro del
proceso de reparación directa, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Así
las cosas, puede afirmarse que logró identificar con claridad los hechos que
generaron la violación planteada por vía de tutela y los derechos que resultaron
transgredidos.

26.- Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela. Por último,
debe puntualizarse que, de los hechos expuestos en la demanda, no se trata de
una solicitud de amparo promovida contra una sentencia de tutela.

F. Verificación de la existencia de la causal específica de procedibilidad
atribuida en la acción de tutela contra la providencia judicial acusada en el
caso concreto.

27.- Al acreditarse, entonces, el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales le corresponde a
la Sala estudiar las causales específicas de procedibilidad de tutela contra
providencias judiciales.

28.- En el caso bajo estudio, la parte actora alega la configuración de un defecto
fáctico por no haber tenido en cuenta para la decisión su registro civil de
nacimiento, prueba que fue debidamente allegada como anexo de la demanda.

29.- En relación con la caracterización del defecto fáctico, la Corte Constitucional
ha señalado que dicho vicio se configura cuando el juez “(i) omite el decreto y
práctica de pruebas13 (ii) no valora el material probatorio allegado al proceso
judicial14 o (iii) hace una valoración defectuosa del acervo probatorio”15.

13La Corte ha considerado que se configura, cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de

pruebas, generando en consecuencia la indebida conducción al proceso “de ciertos hechos que resultan
indispensables para la solución del asunto jurídico debatido”. T-902 de 2005 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra).
14Esta hipótesis tiene lugar, cuando la autoridad judicial a pesar de que en el respectivo proceso existen

elementos probatorios, “omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos
7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
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Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

30.- Dado que en el presente asunto la parte actora alega la estructuración de la
segunda hipótesis de defecto fáctico, la Sala considera pertinente precisar que, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico por ausencia de
valoración probatoria y por no haber valorado integralmente el material probatorio
aportado, se presenta cuando “a pesar de que en el proceso existan elementos
probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en
cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto
resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del
asunto jurídico debatido variaría sustancialmente”16.

31.- De conformidad con los argumentos expuestos, se tiene que los elementos
que para que se configure el defecto fáctico por ausencia de valoración del material
probatorio es necesario que: (i) el funcionario judicial haya adoptado una decisión
carente de respaldo probatorio o que haya dejado de valorar una prueba que
resultaba determinante para la solución del problema jurídico sometido a su
consideración y (ii) la falta de valoración probatoria incida de manera definitiva
sobre el sentido de la decisión cuestionada.

32.- Valoradas las circunstancias fácticas que dieron lugar a la decisión acusada,
encuentra esta Sala que Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección B incurrió en el defecto específico que acaba de
caracterizarse, tal y como pasa a explicarse.

33.- En la sentencia del 23 de junio de 2022 que se censura, la autoridad
accionada indicó lo siguiente:

<< Revisado el expediente, la Sala advierte que los demandantes acreditaron su
parentesco con el occiso, a través de los registros civiles de nacimiento, así:

de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que, de haberse realizado su
análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente”. Corte Constitucional,
Sentencia T-393 de 2017.
15 Esta situación tiene lugar, cuando el operador jurídico decide separarse por completo de los hechos

debidamente probados, y resuelve a su arbitrio el asunto jurídico puesto a su consideración, o cuando aprecia
una prueba allegada al proceso que se encuentra viciada. Corte Constitucional, Sentencia T-235 de 2004.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-902 de 2005.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
Accionante: Dianis María Corzo Pava
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Respecto de la señora Dianis María Corzo Pava quien manifiesta ser hermana del
señor Alcides Corzo García, la sala advierte que, revisado el plenario, obra poder de
la señora Dianis María Corzo Pava, sin embargo, no se encontró el registro civil que
dé cuenta de su parentesco con la víctima. En consecuencia, se declarará su falta de
legitimación en la causa por activa>>.

34.- En razón a lo anterior, una vez realizada la lectura integral del fallo
cuestionado, así como la revisión del expediente digital allegado en préstamo, para
esta Sala de Subsección salta a la vista el error contenido en la sentencia
cuestionada al analizar la legitimación en la causa de la accionante.

35.- En este punto es necesario poner de presente que, en el folio 30 del archivo
digital 01 denominado “Demanda”, que hace parte del expediente digital remitido
por el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de Bogotá a esta Sala, se observa
que en efecto el Registro Civil de Nacimiento No. 23818609, perteneciente a la
accionante, hace parte de los anexos de la demanda del medio de control de
reparación directa. Sin embargo, al revisar el archivo enviado por la autoridad
judicial accionada, se tiene que, tal y como lo indicó la accionante, en el folio 29 del
expediente que fue entregado por el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de
Bogotá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al digitalizar el expediente
físico el registro de defunción de la víctima directa Adriel Enrique Corzo García
quedó superpuesto al registro civil de nacimiento de Dianis María Corzo Pava,
como se muestra en la siguiente imagen:

36.- Así las cosas, esta Sala considera que aun cuando el defecto alegado se
originó a causa de un error involuntario que tuvo lugar al momento digitalizar el
expediente físico que posteriormente se remitió al Tribunal accionado, la ausencia
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
Accionante: Dianis María Corzo Pava
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Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de valoración del registro civil de la accionante, implica la configuración de un
defecto fáctico por ausencia de valoración del material probatorio, debido a que el
error mencionado: (i) impidió a la autoridad judicial accionada advertir la existencia
de la prueba documental objeto de debate; (ii) generó que el funcionario judicial
haya adoptado la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa de la
accionante sin respaldo probatorio necesario para ello, al dejar de valorar una
prueba que resultaba determinante para la solución del problema jurídico sometido
a su consideración y (ii) la falta de valoración probatoria incidió de manera definitiva
en el sentido de la decisión cuestionada, pues a partir de esta, el Tribunal concluyó
que no era procedente condenar a la entidad demanda por los perjuicios morales
ocasionados a la entonces demandante.

37.- En ese contexto es importante reiterar que, aunque la configuración del
defecto alegado no se deriva de una actuación arbitraria del Tribunal accionado, su
corrección está vinculada a la necesidad de propiciar la adopción de una decisión
ajustada a la realidad y tiene como finalidad contribuir a concretar los propósitos de
lealtad y eficiencia en la administración de justicia, lo que su vez impone a esta
Sala el deber de garantizar que las decisiones adoptadas por el Tribunal se ajusten
a las pruebas que fueron aportadas y practicadas en el marco del proceso
contencioso administrativo. En ese sentido, se procederá a conceder el amparo
solicitado en la demanda de tutela de la referencia, respecto al presente aspecto
reclamado.

38.- Vale aclarar que este defecto se verifica, únicamente en relación a la
legitimación en la causa por activa de la accionante, razón por la cual las órdenes
que se emiten en el presente fallo no implican la realización de un nuevo estudio
sobre aspectos que ya fueron definidos por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el medio de control de reparación directa. Así, como tampoco
implica que la autoridad judicial accionada se encuentre obligada de forma
automática y sin realizar el análisis correspondiente a otorgar la misma
indemnización que fue reconocida a los otros demandantes en el medio de control
al cual se ha hecho referencia.

39.- En consecuencia, para hacer efectiva la orden de protección, la Sala
amparará los derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de
justicia invocados por la parte actora, de suerte que se ordenará a la Sección
Tercera – Subsección B – del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, previo
a verificar con el Juzgado 32 Administrativo de Bogotá la correcta remisión del
expediente completo, en el término de diez (10) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia se sirva proferir una decisión de reemplazo
en la que se revise y adopten los correctivos que procedan frente a la legitimación
en la causa de Dianis María Corzo Pava, dentro del proceso de reparación directa

10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
Accionante: Dianis María Corzo Pava
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

No. 110013-33-60-32-2015-00788-00/01, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión.

40.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. - AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia de Dianis María Corzo Pava, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - Como consecuencia, se dispone, (i) dejar sin efectos el ordinal
quinto de la sentencia del 31 de marzo de 2023, proferida por el la Sección Tercera
– Subsección B – del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de
reparación directa con radicado 110013-33-60-32-2015-00788-00/01, en lo que se
refiere a las pretensiones de la señora Dianis María Corzo Pava, y (ii) Ordenar a la
referida autoridad judicial que, previo a verificar el con el Juzgado 32 Administrativo
de Bogotá la correcta remisión del expediente completo, en el término de diez (10)
días contados a partir de la notificación de la presente providencia se sirva proferir
una decisión de reemplazo en la que se revise y adopten los correctivos que
procedan frente a la legitimación en la causa de Dianis María Corzo Pava, dentro
del proceso de reparación directa No. 110013-33-60-32-2015-00788-00/01, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE17
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

17 VF

11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03852-00
Accionante: Dianis María Corzo Pava
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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