Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03860-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03860-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03860-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03860-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL ACTOR NO
INDIVIDUALIZÓ LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS POR LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN DENTRO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL
OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA, NI ARGUMENTÓ LAS
RAZONES POR LA CUALES, A SU JUICIO, ESTOS DEBIERON SER
RESERVADOS Y NO DEBIAN TENER ACCESO EN LA PÁGINA WEB DE
CONSULTA DE PROCESOS.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, AL DEBIDO PROCESO, AL
BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y AL HABEAS DATA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la
FISCALÍA1 y la PROCURADURÍA2 GENERAL DE LA NACIÓN, las
SECCIONES TERCERA -SUBSECCIÓN “B”-3 y SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “B”-4 DEL CONSEJO DE ESTADO y su
SECRETARÍA GENERAL5.
1
En adelante la FISCALÍA.
2
En adelante la PROCURADURÍA.
3
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
4
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.
5
En adelante la SECRETARÍA GENERAL.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03860-00
Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la vida, los cuales, a
su juicio, le fueron vulnerados por la FISCALÍA, la
PROCURADURÍA, las SECCIONES TERCERA y SEGUNDA de esta
Corporación y la SECRETARÍA GENERAL, al haberse publicado la
información reservada que reposa dentro de la acción constitucional
identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-
2023-03427-01, por lo que solicita a esta Corporación que la misma
sea retirada de la página de consulta de procesos de la Rama Judicial.
I.2. Hechos
Indicó que el CONSEJO DE ESTADO público información reservada
en la página web de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la
Rama Judicial, contenida en la acción de tutela identificada con el
número único de radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03860-00
Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
relacionada con investigaciones penales las cuales, a su juicio, eran
privadas y solo podían ser conocidas por la FISCALÍA a través del
Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA-.
Señaló que la parte accionada ignoró el aviso de confidencialidad
incluido en los correos electrónicos allegados por la FISCALÍA y
sus seccionales, al proceso objeto de la presente solicitud de
amparo.
Manifestó que “[…] se puso en conocimiento además de una serie de
delitos que cometieron el fallador de primera y segunda instancia, sin
entender porque sus Señoría, puso en conocimiento de todo el que quiera
saberlo, de una serie de investigaciones penales que tiene RESERVA
SUMARIAL y su divulgación podría poner en riesgo mi vida y pone en riesgo
igualmente la investigación, penal pues es INFORMACIÓN RESERVADA
[…]”.
I.3. Pretensiones
El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
como violados, en los siguientes términos:
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
“[…] ordenar con la admisión de la presente acción de tutela, al
ACCIONADO CONSEJO DE ESTADO, retirar de la página de la RAMA
JUDICIAL
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRa
zonSocial información reservada contenida en el estado de la
acción de tutela, 11001031500020230342700, que reposa en
dicho sitio web, por cuanto esta información pone en riesgo mi vida
y la vida de terceros, además de poner en riesgo unas
investigaciones penales que cursan en la ACCIONADA, FISCALIA
GENERAL DE LA NACION Y QUE NO TIENEN NADA QUE VER CON
LA DEMANDA EN ESTUDIO, demanda de LA CUAL SE RADICÓ
DESESTIMIENTO, desde el día 14 de Julio de 2023, POR HECHO
CUMPLIDO Y NO SE HA DADO TARMITE A TAL SALICITUD y la
accionada continua recibiendo información PRIVDA Y PROTEJIDA
POR LA LEY Y PUBLICANDOLA.
[…]
De tal manera que se solicita, que en de forma inmediata se retire
esta información, sin que por esto no se ejerzan en contra de quien
ordenó este acto ACCIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS, POR LO
CUAL QUE SE SOLICITA QUE CON EL FALLO QUE SE EMITA SE
COMPULSEN COPIAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU
INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO […].
I.4. Defensa
I.4.1.- La SECCIÓN SEGUNDA a través del señor Consejero JORGE
EDISON PORTOCARRERO BANGUERA, que conoció en segunda
instancia de la acción de tutela identificada con el número único de
radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01, indicó que del escrito de
tutela presentado por el actor no se observa con claridad cuál es la
acción u omisión que presuntamente vulneró sus derechos
fundamentales, como tampoco mencionó en cuáles defectos incurrió
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
la parte accionada para que sea procedente la acción constitucional
de la referencia.
Por lo anterior, solicitó denegar el amparo deprecado, toda vez que
no se evidencia la vulneración de algún derecho fundamental al actor.
I.4.2.- La SECRETARÍA GENERAL señaló que procedió a verificar
en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, SAMAI, cada uno de los memoriales presentados por
las entidades vinculadas en la acción de tutela identificada con el
número único de radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01 y
advirtió que de los diferentes pronunciamientos allegados por las
partes no se evidenciaron documentos con reserva legal y asimismo
que algunos solo tenían información relacionada con denuncias
penales interpuestas por el accionante.
Resaltó que cumplió la ordenó el Despacho sustanciador de primera
instancia dentro de la citada acción de tutela, consistente en la
publicación en la página web de todas las providencias emitidas en
su trámite.
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
Advirtió que atiende todas las solicitudes de reserva de documentos
y anonimización de datos de acuerdo con la ley y a las órdenes que
sobre el particular emiten los despachos en cada asunto, lo cual no
ocurrió en la acción constitucional identificada con el número único
de radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01.
Solicitó denegar las pretensiones de la acción constitucional de la
referencia, comoquiera que no incurrió en la vulneración de derecho
fundamental alguno al actor.
I.4.3.- La PROCURADURÍA solicitó su desvinculación de la presente
acción de tutela por carecer de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no hace parte de la Rama Judicial del poder público y
le corresponde a los jueces de la República contestar las pretensiones
de la demanda.
I.4.4.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO, pese
a ser notificadas en debida forma, guardaron silencio.
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
I.5.- Intervinientes
I.5.1.- La SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO6, a
través del señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, que
conoció en segunda instancia de la acción de tutela identificada con
el número único de radicado 11001-03-15-000-2022-05519-017,
realizó un recuento de las actuaciones impartidas dentro de esa
acción constitucional y advirtió que la misma no va dirigida contra su
Despacho.
I.5.2.- La INSPECCIÓN DISTRITAL DE POLICÍA 13B DE
TEUSAQUILLO - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO -
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.8, sostuvo que frente al
tratamiento de datos sigue las normas previstas para la gestión
documental a través de los aplicativos para el Registro del Código
Nacional de Policía y Convivencia -ARCO- y ORFEO.
Adujo que una vez revisado el aplicativo ARCO encontró que le dio
trámite a dos querellas presentadas por el actor, identificadas con los
números de expedientes 2022633490101436E y
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En adelante la SECCIÓN PRIMERA.
7
La cual a su vez dio origen a la solicitud de amparo de la refrencia.
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La INSPECCIÓN.
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
2022633490100686E, por el presunto comportamiento contrario a la
integridad urbanística en los que aquel voluntariamente suministró
sus datos personales a la Secretaría de Gobierno Distrital para que
ésta adelantara las quejas mediante el proceso verbal sumario.
Afirmó que las únicas publicaciones que realizó dentro de esos
procesos fueron para ponerle en conocimiento de las actuaciones del
proceso policivo, responder sus solicitudes y para el acceso a las
audiencias virtuales.
Resaltó que el actor ha presentado cinco acciones de tutela en su
contra las cuales fueron desestimadas al verificarse que no se
vulneró el debido proceso dentro del expediente núm.
2022633490100686E.
Puso de presente que es el accionante que ha atentado contra los
derechos fundamentales de los funcionarios de la Inspección de
Policía maltratándolos verbalmente mediante escritos injuriosos
reiterados y ajenos a la verdad procesal.
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Mencionó que la gestión documental y la publicidad de la información
obedece al principio de transparencia de las actuaciones
administrativas establecidas en la Ley 1712 de 6 de marzo de 20149
y los sistemas de gestión documental establecidos en la Secretaría
de Gobierno Distrital.
Finalmente, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela,
toda vez que no tiene la competencia para retirar la información de
internet, por cuanto la presunta publicación de los documentos bajo
reserva fue realizada en el expediente identificado con el número
único de radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01 a cargo del
Consejo de Estado.
I.5.3.- El DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ y la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO, pese
a ser notificadas en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
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“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones”.
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que la PROCURADURÍA y la INSPECCIÓN
solicitaron su desvinculación de la presente acción de tutela, por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
Comoquiera que la PROCURADURÍA y la INSPECCIÓN actuaron
como parte demandada dentro de la acción de tutela identificada con
el número único de radicación 11001-03-15-000-2023-03427-01,
objeto del presente estudio, les asiste interés directo en las resultas
del proceso, razón por la cual la Sala denegará las solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 199110. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
Caso concreto
En el presente caso, el actor pretende que se retire de la página web
de consulta de procesos de la Rama Judicial por parte del CONSEJO
DE ESTADO, unas investigaciones penales que la FÍSCALIA
relacionó en sus contestaciones dentro de la acción constitucional
identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-
2023-03427-01, porque, a su juicio, es información reservada.
En ese orden de ideas, la Sala debe determinar si el CONSEJO DE
ESTADO vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor
y, asimismo, al buen nombre, a la honra y al habeas data, pese a
que el actor no los mencionó en el escrito de la acción de tutela,
como consecuencia de la presunta información publicada en la citada
acción constitucional.
De los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y
al habeas data.
La Corte Constitucional en la sentencia C-489 de 200211, frente a los
derechos al buen nombre y a la honra ha manifestado, lo siguiente:
11 Corte Constitucional, Sentencia de 26 de junio de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-489
de 2002.
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
“[…] La Constitución Política dispone, de manera expresa, en su
artículo 21, que se garantiza el derecho a la honra, y, del mismo
modo, en el inciso segundo del artículo 2, establece que entre los
deberes de las autoridades está el de proteger en su honra a todas
las personas residentes en Colombia. A su vez, en el artículo 42, se
declara el carácter inviolable de la honra, la dignidad y la intimidad
de la familia.
Por otra parte, el artículo 15 superior reconoce el derecho a la intimidad
personal y familiar, contempla de manera especial el derecho de todas
las personas a su buen nombre y establece el deber para el Estado de
respetar y hacer respetar esos derechos.
El derecho a la intimidad, está orientado a garantizar a las personas
una esfera de privacidad en su vida personal y familiar, al margen de
las intervenciones arbitrarias del Estado o de terceros. Comprende de
manera particular la protección frente a la divulgación no autorizada
de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad.
El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la
doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona
tienen los demás y que se configura como derecho frente al
detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones
ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas.
Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos
elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco
de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida
tanto por el Estado, como por la sociedad.[3] El derecho al buen
nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene
una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas
que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto
público que se tiene del individuo.[4]
Por su parte, el artículo 21 de la Carta contempla el derecho a
la honra, concepto este último que aunque en gran medida
asimilable al buen nombre, tiene sus propios perfiles y que la
Corte en la sentencia T-411 de 1995[5] definió como la
estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad
humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros
de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente
la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho “... que
debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor
intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí
mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de
las personas dentro de la colectividad”.
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
En la Sentencia C-063-1994 la Corte precisó el alcance que dentro del
derecho a la honra tiene el concepto del honor y señaló que “[a]unque
honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos,
existe una diferencia de uso entre ellos. El honor se refiere a la
conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en
cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como
ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia
de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el
sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que
se tiene de nosotros -honra-.”
En cualquier caso, la honra es un derecho fundamental de todas las
personas, que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto
demanda la protección del Estado a partir de esa consideración de la
dignidad de la persona humana. Al referirse al núcleo del derecho a la
honra, la Corte, en Sentencia T-322 de 1996[6], señaló que del mismo
hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo,
como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás
hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda
tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe
apreciarse de manera conjunta.
Por otra parte, en diversos instrumentos internacionales sobre
derechos humanos se encuentran previstos los derechos a la intimidad,
la honra y al buen nombre, así como la obligación que tienen los
Estados de brindarles protección.
Así, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se establece que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia su domicilio y su correspondencia, ni de
ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias y ataques.”
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
estableció en su artículo 17:
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques
ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.
Igualmente, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, consagra:
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.
Y el artículo 14 del mismo pacto precisa, en su numeral 1, que “toda
persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas
en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta
en las condiciones que establezca la ley.” Y agrega, en el numeral 2
que “en ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras
responsabilidades legales en se hubiera incurrido.”
3.2. La protección de los derechos a la honra, al buen
nombre y a la intimidad.
Se tiene entonces que la intimidad, el buen nombre y la honra, son
derechos constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental,
lo cual comporta, no sólo que para su protección se puede actuar
directamente con base en la Constitución cuando a ello haya lugar, a
través de la acción de tutela, sino que, además, de las propias normas
constitucionales, se desprende la obligación para las autoridades de
proveer a su protección frente a los atentados arbitrarios de que sean
objeto.
Esto es, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado
adopte los mecanismos de protección que resulten adecuados para
garantizar la efectividad de los mencionados derechos, y ello implica la
necesidad de establecer diversos medios de protección, alternativos,
concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la
materia se haga por el legislador.
Dado su carácter de derechos fundamentales, tal como se acaba de
expresar, el buen nombre y la honra cuentan con un mecanismo de
protección de rango constitucional, como la acción de tutela. Tal
protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y comprensiva, y
pese a su carácter subsidiario, no se ve desplazada por otros medios
de defensa judicial, particularmente el penal, cuando no obstante que
una determinada conducta no constituya delito si implique una lesión
de los bienes jurídicos protegidos. Así, en Sentencia T-263 de 1998, la
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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA
Corte expresó que “[l]a vía penal sólo protege determinadas
vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al paso que la
protección que la Constitución Política depara a los mismos es total.
Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las
personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia,
sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su protección por vía
de la acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.”
También tienen origen constitucional la rectificación y la réplica como
medios de defensa a través de los cuales una persona puede tratar de
reparar o atenuar el daño que para su honra o a su buen nombre se
infiera de la difusión de informaciones inexactas o de manifestaciones
injuriosas o calumniosas.
Por otra parte, dada la significación de los bienes jurídicos de los que
se ha venido tratando, de manera tradicional el ordenamiento jurídico
colombiano, ha considerado que su protección amerita la actuación
del ius puniendi del Estado, mediante la tipificación de las conductas
que resultan contrarias a los mismos y la imposición de las
correspondientes sanciones penales.
En la medida en que el agravio a los mencionados derechos puede
manifestarse en un daño susceptible de estimación pecuniaria, también
se provee a su protección a través de los mecanismos mediante los
cuales es posible derivar la responsabilidad civil del agresor […]”.
(Destacado fuera del texto)
Frente al derecho al habeas data12, se encuentra una regulación
constitucional en el mencionado artículo 15 de la Constitución
Política, el cual dispone que las personas tienen derecho a conocer,
actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
12Ver al respecto las Sentencias del Consejo de Estado del, 22 de marzo de 2018. M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. 25000-23-37-000-2017-01765-01, 4 de abril de 2017.
M.P. César Palomino Cortés. Rad. 05001-23-33-000-2017-00160-01, del 18 de octubre de
2018. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Rad. 13001-23-33-000-2018-00226-01, del 3
de octubre de 2019. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad. 17001-23-33-000-2019-00384-
01, del 16 de agosto de 2017. M.P. César Palomino Cortés. Rad. 25000-23-36-000-2017-
01067-01 en relación con el derecho al habeas data.
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ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y
privadas.
En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-082 de 1995,
respecto de dicho derecho, señaló:
“[…] El contenido del habeas data se manifiesta por tres
facultades concretas (…): a) El derecho a conocer las
informaciones que a [las personas] se refieren; b) El derecho a
actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día,
agregándoles los hechos nuevos; c) El derecho a rectificar las
informaciones que no correspondan a la verdad.” (Sentencia SU-
082/95 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía) Para que exista una
vulneración del derecho al habeas data, la información contenida
en el archivo debe haber sido recogida de manera ilegal, sin el
consentimiento del titular del dato (i), ser errónea (ii) o recaer
sobre aspectos íntimos de la vida de su titular no susceptibles de
ser conocidos públicamente (iii).” (Sentencia T-176/95 M.P.Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz) El derecho al habeas data es,
entonces, un derecho claramente diferenciado del derecho a la
intimidad, cuyo núcleo esencial está integrado por el derecho a
la autodeterminación informativa que implica, como lo reconoce
el artículo 15 de la Carta Fundamental, la facultad que tienen
todas las personas de “conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas […]”.
Es evidente entonces que el derecho al habeas data es una garantía
constitucional autónoma e independiente del buen nombre. Sin
embargo, su afectación está directamente relacionada con la
vulneración del derecho a la dignidad humana, resultando necesario
que la información que se publica sobre las personas sea veraz y
conforme con la realidad.
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La jurisprudencia en materia de habeas data ha concluido que la
actividad de administración de datos personales debe someterse al
cumplimiento de los principios de finalidad13, necesidad14, utilidad15
y circulación restringida16, con el fin de fijar un límite al ejercicio de
las competencias de los administradores de bases de datos,
determinar el margen de su actuación y constituir una garantía para
las libertades de los sujetos concernidos por la información
administrada.
La Ley Estatutaria 1266 de 2008, mediante la cual se dictaron
disposiciones generales del hábeas data, entre otros, estableció en
su artículo 2° que la misma “[…] se aplica a todos los datos de
información personal registrados en un banco de datos, sean estos
administrados por entidades de naturaleza pública o privada […]”.
13 El principio de finalidad consiste en que tales actividades “deben obedecer a un fin
constitucionalmente legítimo (…) definido de forma clara, suficiente y previa. [Por lo cual,
está prohibida, por un lado] la recopilación de información personal sin que se establezca el
objetivo de su incorporación a la base de datos (…) y [por el otro] la recolección,
procesamiento y divulgación de información personal para un propósito diferente al
inicialmente previsto...” Sentencia SU-458 de 2012 y C-1011 de 2008.
14 El principio de necesidad se refiere a ¨la administración de la información personal
concernida debe ser aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines de la
base de datos”. Ibidem
15 El principio de utilidad es la administración de información personal, la cual debe “cumplir
una función determinada, acorde con el ejercicio legítimo de la administración de los [datos
personales. Por lo cual] queda proscrita la divulgación de datos que, al carecer de función,
no obedezca a una utilidad clara y suficientemente determinable”. Ibidem.
16 El principio de circulación restringida ordena que toda actividad de administración de
información personal esté sometida “a los límites específicos determinados por el objeto de
la base de datos (…) y por el principio de finalidad. [Por lo cual, está] prohibida la divulgación
indiscriminada de datos personales”. Ibidem
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Para efectos del derecho del hábeas data, la citada Ley Estatutaria
prevé que los datos contenidos en documentos públicos y sentencias
judiciales ejecutoriadas son públicos, salvo que estén amparados por
reserva legal. Textualmente señaló:
“[…] e) Dato personal. Es cualquier pieza de información
vinculada a una o varias personas determinadas o determinables
o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los
datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de
datos de la presente ley. Cuando en la presente ley se haga
referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal.
Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o
privados;
f) Dato público. Es el dato calificado como tal según los
mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos
aquellos que no sean semiprivados o privados, de
conformidad con la presente ley. Son públicos, entre
otros, los datos contenidos en documentos públicos,
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no
estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de
las personas;
g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene
naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o
divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto
sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el
dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios
a que se refiere el Título IV de la presente ley.
h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o
reservada sólo es relevante para el titular […]” (Destacado de la
Sala).
Posteriormente, el artículo 2º de la Ley Estatutaria 1581 de 17 de
octubre de 201217, relacionó los datos excluidos del régimen de
protección que estableció, entre los cuales se encuentran los
17 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
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regulados por la Ley 1266 de 2008, sin perjuicio de prever la
aplicación de los principios sobre protección y sus límites, dispuestos
por la misma Ley 1581 de 2012.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en el escrito
de la acción de tutela de la referencia el actor solo se limitó a
manifestar que en el expediente identificado con el número único de
radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01 existía información
reservada respecto de unas investigaciones penales, sin que por lo
menos se individualizaran los documentos, para que fuera posible
determinar cuál era la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, pues el simple hecho de manifestar que estos eran
reservados no los hace ostentar tal calidad.
En efecto, el actor no explicó ni argumentó de qué manera la
información obrante dentro del mencionado proceso constitucional
afectó sus derechos fundamentales a la vida, debido proceso, honor,
buen nombre y habeas data, ni especificó concretamente cuales
documentos allegados por la FÍSCALIA y sus seccionales eran el
origen de su vulneración.
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Ahora, vale la pena poner de presente que la información allegada
por la FÍSCALIA dentro de la acción de tutela radicada bajo el
número 11001-03-15-000-2023-03427-01, obedeció a su
vinculación como parte demandada y, en dicha calidad, contestó la
demanda, lo que quiere decir que los informes allegados por estas
fueron recaudados conforme al debido proceso y hacen parte del
expediente judicial.
Asimismo, vale la pena resaltar que la Dirección Seccional de Bogotá
de la FÍSCALIA informó, en el trámite de dicha acción de tutela, que
“[…] al realizar la búsqueda en el sistema misional SPOA de la
entidad, encontrando 106 noticias criminales a nombre del
accionante a nivel nacional […]”18, lo que da cuenta que en ningún
momento se indicó que el actor fuera objeto de alguna sanción o
pena, sino que para ese momento habían varias investigaciones
penales vigentes en las cuales él fungía como denunciante o
denunciado.
En cuanto al argumento del actor respecto de que la información
allegada por la FÍSCALIA era reservada y que se desconoció la nota
18
Visible en el índice núms. 18 y 23 del expediente identificado con el número único de radicación
11001-03-15-000-2023-03427-01.
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de confidencialidad de los mensajes de datos enviados por la misma
con destino al proceso que dio origen a la presente solicitud de
amparo, es importante aclarar que el aviso de confidencialidad de los
correos electrónicos no le da el carácter de reservado como tampoco
la simple solicitud de la parte, pues solo puede ser así por disposición
constitucional o legal de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1712
de 201419, máxime si las investigaciones penales relacionadas por
dicha autoridad no recaen sobre delitos contra la vida, la libertad, la
salud, los derechos sexuales o reproductivos ni contra sujetos de
especial protección, como tampoco sobres aspectos íntimos de la
vida del actor de los cuales se puede predicar su reserva.
Así las cosas, comoquiera que la FÍSCALIA no informó ni manifestó
si algunos de los documentos allegados eran reservados, ni la
SECRETARÍA GENERAL ni los despachos judiciales que conocieron
en primera y segunda instancia del asunto le dieron tal calidad,
máxime si no se advirtió que contenían información confidencial.
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“[…] ARTÍCULO 2o. PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD PARA TITULAR UNIVERSAL. Toda
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley
[…]”.
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Lo anterior, también encuentra sustento en lo establecido en el
artículo 28 de la Ley citada en precedencia, que prevé lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 28. CARGA DE LA PRUEBA. Le corresponde al
sujeto obligado aportar las razones y pruebas que
fundamenten y evidencien que la información solicitada debe
permanecer reservada o confidencial. En particular, el sujeto
obligado debe demostrar que la información debe relacionarse con un
objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además,
deberá establecer si se trata de una excepción contenida en los
artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la información
causaría un daño presente, probable y específico que excede el
interés público que representa el acceso a la información […]”.
Lo anterior pone de manifiesto, como ya se dijo antes, que la
información y los documentos allegados por la FÍSCALIA forman
parte integral del expediente de tutela, los cuales no se le dio el trato
de reservado, tal y como lo manifestó la SECRETARÍA GENERAL en
su escrito contentivo de la contestación al no evidenciar documentos
con reserva legal al interior de la acción de tutela radicada bajo el
número 11001-03-15-000-2023-03427-01.
Consecuente con lo anterior, la Sala denegará el amparo solicitado
al no encontrar que hayan sido vulnerados los derechos
fundamentales a la vida, al debido proceso, al buen nombre, a la
honra y al habeas data del actor, como en efecto lo dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la INSPECCIÓN
DISTRITAL DE POLICÍA 13B DE TEUSAQUILLO - SECRETARÍA
DISTRITAL DE GOBIERNO - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
D.C., por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
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para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de abril de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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