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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03860-00

Fecha
4 de abril de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03860-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la INSPECCIÓN DISTRITAL DE POLICÍA 13B DE TEUSAQUILLO - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03860-00 Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03860-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03860-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. EL ACTOR NO
INDIVIDUALIZÓ LOS DOCUMENTOS ALLEGADOS POR LA FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN DENTRO DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL
OBJETO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA, NI ARGUMENTÓ LAS
RAZONES POR LA CUALES, A SU JUICIO, ESTOS DEBIERON SER
RESERVADOS Y NO DEBIAN TENER ACCESO EN LA PÁGINA WEB DE
CONSULTA DE PROCESOS.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, AL DEBIDO PROCESO, AL
BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y AL HABEAS DATA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

FISCALÍA1 y la PROCURADURÍA2 GENERAL DE LA NACIÓN, las

SECCIONES TERCERA -SUBSECCIÓN “B”-3 y SEGUNDA -

SUBSECCIÓN “B”-4 DEL CONSEJO DE ESTADO y su

SECRETARÍA GENERAL5.

1
En adelante la FISCALÍA.
2
En adelante la PROCURADURÍA.
3
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
4
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.
5
En adelante la SECRETARÍA GENERAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03860-00
Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso y a la vida, los cuales, a

su juicio, le fueron vulnerados por la FISCALÍA, la

PROCURADURÍA, las SECCIONES TERCERA y SEGUNDA de esta

Corporación y la SECRETARÍA GENERAL, al haberse publicado la

información reservada que reposa dentro de la acción constitucional

identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-

2023-03427-01, por lo que solicita a esta Corporación que la misma

sea retirada de la página de consulta de procesos de la Rama Judicial.

I.2. Hechos

Indicó que el CONSEJO DE ESTADO público información reservada

en la página web de Consulta de Procesos Nacional Unificada de la

Rama Judicial, contenida en la acción de tutela identificada con el

número único de radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01,

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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

relacionada con investigaciones penales las cuales, a su juicio, eran

privadas y solo podían ser conocidas por la FISCALÍA a través del

Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA-.

Señaló que la parte accionada ignoró el aviso de confidencialidad

incluido en los correos electrónicos allegados por la FISCALÍA y

sus seccionales, al proceso objeto de la presente solicitud de

amparo.

Manifestó que “[…] se puso en conocimiento además de una serie de

delitos que cometieron el fallador de primera y segunda instancia, sin

entender porque sus Señoría, puso en conocimiento de todo el que quiera

saberlo, de una serie de investigaciones penales que tiene RESERVA

SUMARIAL y su divulgación podría poner en riesgo mi vida y pone en riesgo

igualmente la investigación, penal pues es INFORMACIÓN RESERVADA

[…]”.

I.3. Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

“[…] ordenar con la admisión de la presente acción de tutela, al
ACCIONADO CONSEJO DE ESTADO, retirar de la página de la RAMA
JUDICIAL
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRa
zonSocial información reservada contenida en el estado de la
acción de tutela, 11001031500020230342700, que reposa en
dicho sitio web, por cuanto esta información pone en riesgo mi vida
y la vida de terceros, además de poner en riesgo unas
investigaciones penales que cursan en la ACCIONADA, FISCALIA
GENERAL DE LA NACION Y QUE NO TIENEN NADA QUE VER CON
LA DEMANDA EN ESTUDIO, demanda de LA CUAL SE RADICÓ
DESESTIMIENTO, desde el día 14 de Julio de 2023, POR HECHO
CUMPLIDO Y NO SE HA DADO TARMITE A TAL SALICITUD y la
accionada continua recibiendo información PRIVDA Y PROTEJIDA
POR LA LEY Y PUBLICANDOLA.

[…]

De tal manera que se solicita, que en de forma inmediata se retire
esta información, sin que por esto no se ejerzan en contra de quien
ordenó este acto ACCIONES PENALES Y DISCIPLINARIAS, POR LO
CUAL QUE SE SOLICITA QUE CON EL FALLO QUE SE EMITA SE
COMPULSEN COPIAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA SU
INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO […].

I.4. Defensa

I.4.1.- La SECCIÓN SEGUNDA a través del señor Consejero JORGE

EDISON PORTOCARRERO BANGUERA, que conoció en segunda

instancia de la acción de tutela identificada con el número único de

radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01, indicó que del escrito de

tutela presentado por el actor no se observa con claridad cuál es la

acción u omisión que presuntamente vulneró sus derechos

fundamentales, como tampoco mencionó en cuáles defectos incurrió

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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

la parte accionada para que sea procedente la acción constitucional

de la referencia.

Por lo anterior, solicitó denegar el amparo deprecado, toda vez que

no se evidencia la vulneración de algún derecho fundamental al actor.

I.4.2.- La SECRETARÍA GENERAL señaló que procedió a verificar

en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo, SAMAI, cada uno de los memoriales presentados por

las entidades vinculadas en la acción de tutela identificada con el

número único de radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01 y

advirtió que de los diferentes pronunciamientos allegados por las

partes no se evidenciaron documentos con reserva legal y asimismo

que algunos solo tenían información relacionada con denuncias

penales interpuestas por el accionante.

Resaltó que cumplió la ordenó el Despacho sustanciador de primera

instancia dentro de la citada acción de tutela, consistente en la

publicación en la página web de todas las providencias emitidas en

su trámite.

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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

Advirtió que atiende todas las solicitudes de reserva de documentos

y anonimización de datos de acuerdo con la ley y a las órdenes que

sobre el particular emiten los despachos en cada asunto, lo cual no

ocurrió en la acción constitucional identificada con el número único

de radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01.

Solicitó denegar las pretensiones de la acción constitucional de la

referencia, comoquiera que no incurrió en la vulneración de derecho

fundamental alguno al actor.

I.4.3.- La PROCURADURÍA solicitó su desvinculación de la presente

acción de tutela por carecer de legitimación en la causa por pasiva,

toda vez que no hace parte de la Rama Judicial del poder público y

le corresponde a los jueces de la República contestar las pretensiones

de la demanda.

I.4.4.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO, pese

a ser notificadas en debida forma, guardaron silencio.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03860-00
Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

I.5.- Intervinientes

I.5.1.- La SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO6, a

través del señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, que

conoció en segunda instancia de la acción de tutela identificada con

el número único de radicado 11001-03-15-000-2022-05519-017,

realizó un recuento de las actuaciones impartidas dentro de esa

acción constitucional y advirtió que la misma no va dirigida contra su

Despacho.

I.5.2.- La INSPECCIÓN DISTRITAL DE POLICÍA 13B DE

TEUSAQUILLO - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO -

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.8, sostuvo que frente al

tratamiento de datos sigue las normas previstas para la gestión

documental a través de los aplicativos para el Registro del Código

Nacional de Policía y Convivencia -ARCO- y ORFEO.

Adujo que una vez revisado el aplicativo ARCO encontró que le dio

trámite a dos querellas presentadas por el actor, identificadas con los

números de expedientes 2022633490101436E y

6
En adelante la SECCIÓN PRIMERA.
7
La cual a su vez dio origen a la solicitud de amparo de la refrencia.
8
La INSPECCIÓN.

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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

2022633490100686E, por el presunto comportamiento contrario a la

integridad urbanística en los que aquel voluntariamente suministró

sus datos personales a la Secretaría de Gobierno Distrital para que

ésta adelantara las quejas mediante el proceso verbal sumario.

Afirmó que las únicas publicaciones que realizó dentro de esos

procesos fueron para ponerle en conocimiento de las actuaciones del

proceso policivo, responder sus solicitudes y para el acceso a las

audiencias virtuales.

Resaltó que el actor ha presentado cinco acciones de tutela en su

contra las cuales fueron desestimadas al verificarse que no se

vulneró el debido proceso dentro del expediente núm.

2022633490100686E.

Puso de presente que es el accionante que ha atentado contra los

derechos fundamentales de los funcionarios de la Inspección de

Policía maltratándolos verbalmente mediante escritos injuriosos

reiterados y ajenos a la verdad procesal.

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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

Mencionó que la gestión documental y la publicidad de la información

obedece al principio de transparencia de las actuaciones

administrativas establecidas en la Ley 1712 de 6 de marzo de 20149

y los sistemas de gestión documental establecidos en la Secretaría

de Gobierno Distrital.

Finalmente, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela,

toda vez que no tiene la competencia para retirar la información de

internet, por cuanto la presunta publicación de los documentos bajo

reserva fue realizada en el expediente identificado con el número

único de radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01 a cargo del

Consejo de Estado.

I.5.3.- El DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ y la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO, pese

a ser notificadas en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional y se dictan otras disposiciones”.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03860-00
Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la PROCURADURÍA y la INSPECCIÓN

solicitaron su desvinculación de la presente acción de tutela, por falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03860-00
Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

Comoquiera que la PROCURADURÍA y la INSPECCIÓN actuaron

como parte demandada dentro de la acción de tutela identificada con

el número único de radicación 11001-03-15-000-2023-03427-01,

objeto del presente estudio, les asiste interés directo en las resultas

del proceso, razón por la cual la Sala denegará las solicitudes de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 199110. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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Caso concreto

En el presente caso, el actor pretende que se retire de la página web

de consulta de procesos de la Rama Judicial por parte del CONSEJO

DE ESTADO, unas investigaciones penales que la FÍSCALIA

relacionó en sus contestaciones dentro de la acción constitucional

identificada con el número único de radicación 11001-03-15-000-

2023-03427-01, porque, a su juicio, es información reservada.

En ese orden de ideas, la Sala debe determinar si el CONSEJO DE

ESTADO vulneró los derechos fundamentales invocados por el actor

y, asimismo, al buen nombre, a la honra y al habeas data, pese a

que el actor no los mencionó en el escrito de la acción de tutela,

como consecuencia de la presunta información publicada en la citada

acción constitucional.

De los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y

al habeas data.

La Corte Constitucional en la sentencia C-489 de 200211, frente a los

derechos al buen nombre y a la honra ha manifestado, lo siguiente:

11 Corte Constitucional, Sentencia de 26 de junio de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-489

de 2002.

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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

“[…] La Constitución Política dispone, de manera expresa, en su
artículo 21, que se garantiza el derecho a la honra, y, del mismo
modo, en el inciso segundo del artículo 2, establece que entre los
deberes de las autoridades está el de proteger en su honra a todas
las personas residentes en Colombia. A su vez, en el artículo 42, se
declara el carácter inviolable de la honra, la dignidad y la intimidad
de la familia.

Por otra parte, el artículo 15 superior reconoce el derecho a la intimidad
personal y familiar, contempla de manera especial el derecho de todas
las personas a su buen nombre y establece el deber para el Estado de
respetar y hacer respetar esos derechos.

El derecho a la intimidad, está orientado a garantizar a las personas
una esfera de privacidad en su vida personal y familiar, al margen de
las intervenciones arbitrarias del Estado o de terceros. Comprende de
manera particular la protección frente a la divulgación no autorizada
de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad.

El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la
doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona
tienen los demás y que se configura como derecho frente al
detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones
ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas.
Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos
elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco
de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida
tanto por el Estado, como por la sociedad.[3] El derecho al buen
nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene
una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas
que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto
público que se tiene del individuo.[4]
Por su parte, el artículo 21 de la Carta contempla el derecho a
la honra, concepto este último que aunque en gran medida
asimilable al buen nombre, tiene sus propios perfiles y que la
Corte en la sentencia T-411 de 1995[5] definió como la
estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad
humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros
de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente
la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho “... que
debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor
intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí
mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de
las personas dentro de la colectividad”.

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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

En la Sentencia C-063-1994 la Corte precisó el alcance que dentro del
derecho a la honra tiene el concepto del honor y señaló que “[a]unque
honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos,
existe una diferencia de uso entre ellos. El honor se refiere a la
conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en
cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como
ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia
de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el
sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que
se tiene de nosotros -honra-.”

En cualquier caso, la honra es un derecho fundamental de todas las
personas, que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto
demanda la protección del Estado a partir de esa consideración de la
dignidad de la persona humana. Al referirse al núcleo del derecho a la
honra, la Corte, en Sentencia T-322 de 1996[6], señaló que del mismo
hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo,
como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás
hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda
tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe
apreciarse de manera conjunta.

Por otra parte, en diversos instrumentos internacionales sobre
derechos humanos se encuentran previstos los derechos a la intimidad,
la honra y al buen nombre, así como la obligación que tienen los
Estados de brindarles protección.

Así, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se establece que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia su domicilio y su correspondencia, ni de
ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias y ataques.”

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
estableció en su artículo 17:
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques
ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.

Igualmente, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, consagra:

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Actor: RICHARD NICOLÁS MARTÍNEZ OLIVERA

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.

Y el artículo 14 del mismo pacto precisa, en su numeral 1, que “toda
persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas
en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta
en las condiciones que establezca la ley.” Y agrega, en el numeral 2
que “en ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras
responsabilidades legales en se hubiera incurrido.”

3.2. La protección de los derechos a la honra, al buen
nombre y a la intimidad.

Se tiene entonces que la intimidad, el buen nombre y la honra, son
derechos constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental,
lo cual comporta, no sólo que para su protección se puede actuar
directamente con base en la Constitución cuando a ello haya lugar, a
través de la acción de tutela, sino que, además, de las propias normas
constitucionales, se desprende la obligación para las autoridades de
proveer a su protección frente a los atentados arbitrarios de que sean
objeto.

Esto es, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado
adopte los mecanismos de protección que resulten adecuados para
garantizar la efectividad de los mencionados derechos, y ello implica la
necesidad de establecer diversos medios de protección, alternativos,
concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la
materia se haga por el legislador.

Dado su carácter de derechos fundamentales, tal como se acaba de
expresar, el buen nombre y la honra cuentan con un mecanismo de
protección de rango constitucional, como la acción de tutela. Tal
protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y comprensiva, y
pese a su carácter subsidiario, no se ve desplazada por otros medios
de defensa judicial, particularmente el penal, cuando no obstante que
una determinada conducta no constituya delito si implique una lesión
de los bienes jurídicos protegidos. Así, en Sentencia T-263 de 1998, la

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Corte expresó que “[l]a vía penal sólo protege determinadas
vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al paso que la
protección que la Constitución Política depara a los mismos es total.
Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las
personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia,
sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su protección por vía
de la acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.”

También tienen origen constitucional la rectificación y la réplica como
medios de defensa a través de los cuales una persona puede tratar de
reparar o atenuar el daño que para su honra o a su buen nombre se
infiera de la difusión de informaciones inexactas o de manifestaciones
injuriosas o calumniosas.

Por otra parte, dada la significación de los bienes jurídicos de los que
se ha venido tratando, de manera tradicional el ordenamiento jurídico
colombiano, ha considerado que su protección amerita la actuación
del ius puniendi del Estado, mediante la tipificación de las conductas
que resultan contrarias a los mismos y la imposición de las
correspondientes sanciones penales.

En la medida en que el agravio a los mencionados derechos puede
manifestarse en un daño susceptible de estimación pecuniaria, también
se provee a su protección a través de los mecanismos mediante los
cuales es posible derivar la responsabilidad civil del agresor […]”.
(Destacado fuera del texto)

Frente al derecho al habeas data12, se encuentra una regulación

constitucional en el mencionado artículo 15 de la Constitución

Política, el cual dispone que las personas tienen derecho a conocer,

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre

12Ver al respecto las Sentencias del Consejo de Estado del, 22 de marzo de 2018. M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. 25000-23-37-000-2017-01765-01, 4 de abril de 2017.
M.P. César Palomino Cortés. Rad. 05001-23-33-000-2017-00160-01, del 18 de octubre de
2018. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Rad. 13001-23-33-000-2018-00226-01, del 3
de octubre de 2019. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Rad. 17001-23-33-000-2019-00384-
01, del 16 de agosto de 2017. M.P. César Palomino Cortés. Rad. 25000-23-36-000-2017-
01067-01 en relación con el derecho al habeas data.

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ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y

privadas.

En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-082 de 1995,

respecto de dicho derecho, señaló:

“[…] El contenido del habeas data se manifiesta por tres
facultades concretas (…): a) El derecho a conocer las
informaciones que a [las personas] se refieren; b) El derecho a
actualizar tales informaciones, es decir, a ponerlas al día,
agregándoles los hechos nuevos; c) El derecho a rectificar las
informaciones que no correspondan a la verdad.” (Sentencia SU-
082/95 M.P. Dr. Jorge Arango Mejía) Para que exista una
vulneración del derecho al habeas data, la información contenida
en el archivo debe haber sido recogida de manera ilegal, sin el
consentimiento del titular del dato (i), ser errónea (ii) o recaer
sobre aspectos íntimos de la vida de su titular no susceptibles de
ser conocidos públicamente (iii).” (Sentencia T-176/95 M.P.Dr.
Eduardo Cifuentes Muñoz) El derecho al habeas data es,
entonces, un derecho claramente diferenciado del derecho a la
intimidad, cuyo núcleo esencial está integrado por el derecho a
la autodeterminación informativa que implica, como lo reconoce
el artículo 15 de la Carta Fundamental, la facultad que tienen
todas las personas de “conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de
datos y en archivos de entidades públicas y privadas […]”.

Es evidente entonces que el derecho al habeas data es una garantía

constitucional autónoma e independiente del buen nombre. Sin

embargo, su afectación está directamente relacionada con la

vulneración del derecho a la dignidad humana, resultando necesario

que la información que se publica sobre las personas sea veraz y

conforme con la realidad.

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La jurisprudencia en materia de habeas data ha concluido que la

actividad de administración de datos personales debe someterse al

cumplimiento de los principios de finalidad13, necesidad14, utilidad15

y circulación restringida16, con el fin de fijar un límite al ejercicio de

las competencias de los administradores de bases de datos,

determinar el margen de su actuación y constituir una garantía para

las libertades de los sujetos concernidos por la información

administrada.

La Ley Estatutaria 1266 de 2008, mediante la cual se dictaron

disposiciones generales del hábeas data, entre otros, estableció en

su artículo 2° que la misma “[…] se aplica a todos los datos de

información personal registrados en un banco de datos, sean estos

administrados por entidades de naturaleza pública o privada […]”.

13 El principio de finalidad consiste en que tales actividades “deben obedecer a un fin
constitucionalmente legítimo (…) definido de forma clara, suficiente y previa. [Por lo cual,
está prohibida, por un lado] la recopilación de información personal sin que se establezca el
objetivo de su incorporación a la base de datos (…) y [por el otro] la recolección,
procesamiento y divulgación de información personal para un propósito diferente al
inicialmente previsto...” Sentencia SU-458 de 2012 y C-1011 de 2008.
14 El principio de necesidad se refiere a ¨la administración de la información personal

concernida debe ser aquella estrictamente necesaria para el cumplimiento de los fines de la
base de datos”. Ibidem
15 El principio de utilidad es la administración de información personal, la cual debe “cumplir

una función determinada, acorde con el ejercicio legítimo de la administración de los [datos
personales. Por lo cual] queda proscrita la divulgación de datos que, al carecer de función,
no obedezca a una utilidad clara y suficientemente determinable”. Ibidem.
16 El principio de circulación restringida ordena que toda actividad de administración de

información personal esté sometida “a los límites específicos determinados por el objeto de
la base de datos (…) y por el principio de finalidad. [Por lo cual, está] prohibida la divulgación
indiscriminada de datos personales”. Ibidem

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Para efectos del derecho del hábeas data, la citada Ley Estatutaria

prevé que los datos contenidos en documentos públicos y sentencias

judiciales ejecutoriadas son públicos, salvo que estén amparados por

reserva legal. Textualmente señaló:

“[…] e) Dato personal. Es cualquier pieza de información
vinculada a una o varias personas determinadas o determinables
o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los
datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de
datos de la presente ley. Cuando en la presente ley se haga
referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal.
Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o
privados;

f) Dato público. Es el dato calificado como tal según los
mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos
aquellos que no sean semiprivados o privados, de
conformidad con la presente ley. Son públicos, entre
otros, los datos contenidos en documentos públicos,
sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no
estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de
las personas;
g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene
naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o
divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto
sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el
dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios
a que se refiere el Título IV de la presente ley.
h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o
reservada sólo es relevante para el titular […]” (Destacado de la
Sala).

Posteriormente, el artículo 2º de la Ley Estatutaria 1581 de 17 de

octubre de 201217, relacionó los datos excluidos del régimen de

protección que estableció, entre los cuales se encuentran los

17 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.

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regulados por la Ley 1266 de 2008, sin perjuicio de prever la

aplicación de los principios sobre protección y sus límites, dispuestos

por la misma Ley 1581 de 2012.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que en el escrito

de la acción de tutela de la referencia el actor solo se limitó a

manifestar que en el expediente identificado con el número único de

radicado 11001-03-15-000-2023-03427-01 existía información

reservada respecto de unas investigaciones penales, sin que por lo

menos se individualizaran los documentos, para que fuera posible

determinar cuál era la presunta vulneración de sus derechos

fundamentales, pues el simple hecho de manifestar que estos eran

reservados no los hace ostentar tal calidad.

En efecto, el actor no explicó ni argumentó de qué manera la

información obrante dentro del mencionado proceso constitucional

afectó sus derechos fundamentales a la vida, debido proceso, honor,

buen nombre y habeas data, ni especificó concretamente cuales

documentos allegados por la FÍSCALIA y sus seccionales eran el

origen de su vulneración.

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Ahora, vale la pena poner de presente que la información allegada

por la FÍSCALIA dentro de la acción de tutela radicada bajo el

número 11001-03-15-000-2023-03427-01, obedeció a su

vinculación como parte demandada y, en dicha calidad, contestó la

demanda, lo que quiere decir que los informes allegados por estas

fueron recaudados conforme al debido proceso y hacen parte del

expediente judicial.

Asimismo, vale la pena resaltar que la Dirección Seccional de Bogotá

de la FÍSCALIA informó, en el trámite de dicha acción de tutela, que

“[…] al realizar la búsqueda en el sistema misional SPOA de la

entidad, encontrando 106 noticias criminales a nombre del

accionante a nivel nacional […]”18, lo que da cuenta que en ningún

momento se indicó que el actor fuera objeto de alguna sanción o

pena, sino que para ese momento habían varias investigaciones

penales vigentes en las cuales él fungía como denunciante o

denunciado.

En cuanto al argumento del actor respecto de que la información

allegada por la FÍSCALIA era reservada y que se desconoció la nota

18
Visible en el índice núms. 18 y 23 del expediente identificado con el número único de radicación
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de confidencialidad de los mensajes de datos enviados por la misma

con destino al proceso que dio origen a la presente solicitud de

amparo, es importante aclarar que el aviso de confidencialidad de los

correos electrónicos no le da el carácter de reservado como tampoco

la simple solicitud de la parte, pues solo puede ser así por disposición

constitucional o legal de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1712

de 201419, máxime si las investigaciones penales relacionadas por

dicha autoridad no recaen sobre delitos contra la vida, la libertad, la

salud, los derechos sexuales o reproductivos ni contra sujetos de

especial protección, como tampoco sobres aspectos íntimos de la

vida del actor de los cuales se puede predicar su reserva.

Así las cosas, comoquiera que la FÍSCALIA no informó ni manifestó

si algunos de los documentos allegados eran reservados, ni la

SECRETARÍA GENERAL ni los despachos judiciales que conocieron

en primera y segunda instancia del asunto le dieron tal calidad,

máxime si no se advirtió que contenían información confidencial.

19
“[…] ARTÍCULO 2o. PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD PARA TITULAR UNIVERSAL. Toda
información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser
reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal, de conformidad con la presente ley
[…]”.

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Lo anterior, también encuentra sustento en lo establecido en el

artículo 28 de la Ley citada en precedencia, que prevé lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 28. CARGA DE LA PRUEBA. Le corresponde al
sujeto obligado aportar las razones y pruebas que
fundamenten y evidencien que la información solicitada debe
permanecer reservada o confidencial. En particular, el sujeto
obligado debe demostrar que la información debe relacionarse con un
objetivo legítimo establecido legal o constitucionalmente. Además,
deberá establecer si se trata de una excepción contenida en los
artículos 18 y 19 de esta ley y si la revelación de la información
causaría un daño presente, probable y específico que excede el
interés público que representa el acceso a la información […]”.

Lo anterior pone de manifiesto, como ya se dijo antes, que la

información y los documentos allegados por la FÍSCALIA forman

parte integral del expediente de tutela, los cuales no se le dio el trato

de reservado, tal y como lo manifestó la SECRETARÍA GENERAL en

su escrito contentivo de la contestación al no evidenciar documentos

con reserva legal al interior de la acción de tutela radicada bajo el

número 11001-03-15-000-2023-03427-01.

Consecuente con lo anterior, la Sala denegará el amparo solicitado

al no encontrar que hayan sido vulnerados los derechos

fundamentales a la vida, al debido proceso, al buen nombre, a la

honra y al habeas data del actor, como en efecto lo dispondrá en la

parte resolutiva de esta providencia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la INSPECCIÓN

DISTRITAL DE POLICÍA 13B DE TEUSAQUILLO - SECRETARÍA

DISTRITAL DE GOBIERNO - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

D.C., por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

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para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de abril de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ALFREDO BELTRÁN SIERRA
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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