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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03861-00

Fecha
6 de octubre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03861-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, el Fondo de Adaptación, el municipio de Molagavita, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Danil Román Velandia Rojas, por los motivos expuestos. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Edgar Leonardo Velandia Rojas, por las razones dadas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10. 10 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 8 de 9 Radicación: 11001-03-15-000-2023-03861-00 Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Declara improcedencia ______________________________________________________________________________________________________________ CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03861-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

6 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 6 de octubre de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03861-00
Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA |
Subsidiariedad

Síntesis del caso: La parte actora cuestionó que la autoridad judicial demandada no haya
atendido su solicitud de convocar al comité para la verificación del cumplimiento de lo
decidido en una acción popular.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Edgar Leonardo
Velandia Rojas contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Ministerio
de Transporte.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 17 de julio de 2023, Edgar Leonardo Velandia Rojas presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y el
Ministerio de Transporte, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
con ocasión de la no citación del comité para la verificación del
cumplimiento del fallo de 6 de junio de 2019, proferido en la acción
popular No. 68001-23-33-000-2015-00847-01, por parte del primero, así como
el incumplimiento de unos compromisos adquiridos por parte del segundo.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“PRIMERO: Que se tutele en comunidad, mis derechos, nuestros colectivos a
[los] derechos fundamentales a la vida, locomoción con seguridad, a la

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03861-00
Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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protección de los recursos del estado, a la seguridad vial, debido a que hubo
fallo judicial y,

SEGUNDO: ORDENAR AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER RADICADO
2015-00847-00, a realizar el comité de verificación en Málaga de manera
presencial en un auditorio, alcaldía, con la presencia de todos, para que así
transiten la vía, puedan ver sus condiciones, invitando a Los Ministros de
TRANSPORTE, HACIENDA Y Departamento Nacional Planeación.

TERCERO: Ordene al MINISTRO DE TRANSPORTE, que cumpla con los
compromisos y se comprometieron, que para no suspender las obras del
corredor, girando el 01 de junio de 2023, entregaban la suma de 15 mil
millones y, el giro en 01 agosto de 2023, la suma de 150000 mil millones de
pesos, lo cual se solucionaba con el convenio interadministrativo entre INVIAS
Y LA ANI, para traer los recursos de la CONECTANTE C1 Y C2, y proteger el
medio ambiente del Municipio de Floridablanca, para que el contratista NO
SUSPENDIERA LAS OBRAS EN EL CORREDOR Y NO QUEDARAN COMO
ACCIONES DE PERDIDA DE TIEMPO Y DE DINERO.

CUARTO: ADVERTIR, a los demandados del cabal cumplimiento de la tutela y
de las consecuencias del Art 51 del Decreto 2591 de 1991 ante su
incumplimiento.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) Daniel Román Velandia Rojas2 instauró una acción popular en
contra del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), la Gobernación de
Santander y el Fondo de Adaptación3, por la violación de varios derechos
colectivos, con ocasión del mal estado y la falta de pavimentación de la
vía Los Curos – Málaga, Santander.

5. 2) El 28 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo de Santander
profirió sentencia de primera instancia, en la que amparó los derechos
colectivos a la seguridad pública, la previsión de desastres previsibles
técnicamente y la defensa del patrimonio público amenazados en la vía
Los Curos – Málaga y, en consecuencia, dispuso (se trascribe):

“Tercero. Ordenar al INVIAS que, dentro de los tres (03) meses siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, formule un proyecto para la gestión del riesgo
que actualmente muestra la vía denominada Los Curos-Málaga, se determine
el cronograma de ejecución y fecha de culminación de su pavimentación
total. En la formulación del proyecto el INVIAS deberá incluir, de acuerdo con
su marco funcional de competencias, la solución a los puntos críticos
actualmente existentes y los diferentes protocolos para evitar que las diversas
contingencias se materialicen con la afectación a derechos fundamentales
de quienes por allí transitan.

Cuarto. Ordenar al INVIAS que dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta
sentencia construya un paso peatonal seguro en el puente vehicular existente
en el kilómetro 94+940, ubicado en jurisdicción del Municipio de Santa
Bárbara.

2 Quien, según el accionante, es su hermano.
3 Radicado No. 68001-23-33-000-2015-00847-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03861-00
Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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Quinto. Exhortar al INVIAS para que, si aún no lo ha hecho, persiga el cobro de
las acreencias surgidas a su favor en las Resoluciones 03461 del 25 de mayo de
2016 y 05611 del 19 de agosto de 2016, referidas en la parte considerativa de
esta sentencia, debiendo estructurar un expediente que muestre dichas
gestiones y resultados, así como el destino dado a los dineros recuperados, el
cual deberá presentar a este proceso, en el evento del trámite incidental de
desacato.

Sexto. Exhortar al Fondo de Adaptación para que continúe tomando las
decisiones necesarias para la construcción de los puentes Hisgaura, La Judía y
Sitio Critico 43 (…).”

6. 3) Las partes apelaron la anterior decisión y, el 6 de junio de 2019, la
Sección primera del Consejo de Estado la modificó, en el sentido que
también amparó los derechos al goce del espacio púbico y la utilización y
defensa de los bienes de uso público y adicionó la decisión en los
siguientes términos (se trascribe):

“SEGUNDO: ADICIONAR el ordinar CUARTO de la sentencia de 28 de junio de
2017, de la siguiente forma: ‘CUARTO: En vista que las obras en mención no se
pueden terminar en forma inmediata, como mecanismo transitorio y para
efectos de conjurar la amenaza y/o riesgo, mientras se precisan y establece la
planeación las mismas, el INVIAS deberá adoptar las medidas pertinentes para
efectos de garantizar el cruce de peatones en el kilómetro 94+940, ubicado en
jurisdicción del municipio de Santa Bárbara – Santander’.

TERCERO: ADICIONAR el ordinal SEXTO de la sentencia de 28 de junio de 2017,
de la siguiente manera: ‘SEXTO: Ordenarle al INVIAS que, en lo que a sus
competencias se refiere, continúe tomando les decisiones necesarias y
realizando las gestiones pertinentes al interior del contrato de obra No. 285 de
2013, para efectos de la construcción, edificación y entrega de los tres (3)
puentes denominados La Judía, Hisgaura y Sitio Critico (SC) 43-Pangote; una
vez sea resuelta de fondo la controversia contractual sometida al Tribunal de
Arbitramento en Cámara de Comercio de Bogotá".

CUARTO: ADICIONAR la sentencia apelada, así: ‘DECIMOPRIMERO: ORDENAR
al INVIAS y al Fondo de Adaptación, que efectúen las actividades
correspondientes para dar cumplimiento a los contratos objeto de la presente
y que se encuentran en ejecución, como lo son el contrato de obra No. 1639
de 2015, contrato de interventoría No. 1756 de 2015 y el convenio
interadministrativo marco No. 014 del 31 de mayo de 2012; y, en caso de ya
haber iniciado las acciones pertinentes, se dé el impulso respectivo a tales
actuaciones para lograr cabal cumplimiento de las obligaciones
contractuales adquiridas por los contratistas, así como la terminación de las
obras contratadas y, a su vez, que comiencen las obras faltantes y demás que
sean necesarias.’

QUINTO: ADICIONAR la sentencia apelada, así: ‘DECIMOSEGUNDO: Conformar
un comité para la verificación del cumplimiento de lo decidido, el cual estará
integrado por el Tribunal Administrativo de Santander a través de su
magistrado ponente, quien lo presidirá; por el señor Danil Román Velandia
Rojas, en su calidad de actor popular, por el señor Edgar Leonardo Velandia
Rojas, en su calidad de coadyuvante de la parte actora, por las Alcaldías
Municipales de Málaga, Molagavita, San Andrés, Guaca y Santa Bárbara, por
el Instituto Nacional de Vías INVIAS, por el Fondo de Adaptación, y por el
Ministerio Público, de conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la
Ley 472 de 1998, quienes harán seguimiento a lo ordenado en el fallo e
informarán sobre las acciones que se adopten y ejecuten.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03861-00
Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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SEXTO: Confirmar en todo lo demás el fallo impugnado, por las razones
consignadas en la presente providencia.”

7. 4) En virtud de lo anterior, el accionante señaló que el INVIAS y el
exministro Guillermo Reyes se comprometieron a entregar la suma de 15 mil
millones de pesos el 1 de junio de 2023 y 150.000 mil millones de pesos en
agosto de 2023, gracias a un convenio interadministrativo “para traer
recursos de la CONECTANTE C1 y C2”, con el fin de no suspender las obras
del corredor; sin embargo, “las obras se suspendieron en un 90%”.

8. 5) El 20 de junio de 2023, solicitó que se aceptara su renuncia como
coadyuvante, pero el tribunal guardó silencio.

9. Para el actor, el fundamento de la vulneración radicó en la omisión
del tribunal consistente en no convocar al comité para la verificación del
cumplimiento del fallo de la acción popular No. 2015-00847-01, pese a que
tanto él, como la comunidad y el demandante han solicitado la audiencia
presencial, con la invitación de los ministros de Hacienda y Transporte y el
Departamento Nacional de Planeación (DNP). Por ende, solicitó que se le
ordenara la fijación de una fecha y hora para que escuchara a la
comunidad y para que entendiera (se trascribe) “la gravedad del
abandono parcial de las obras, en especial en los puntos críticos”. Sobre
tal reparo, informó de la existencia de la acción de tutela No. 11001-03-15-
001371-00, demandante: Esperanza Herrera Gómez “por casi los mismos
hechos”.

10. Respecto del Ministerio de Transporte, el accionante, en sus
pretensiones, adujo que no cumplió con los compromisos para no
suspender las obras del corredor, concretamente el giro de unas sumas de
dinero.

1.2. Posición de la parte demandada y terceros4

11. El Ministerio de Transporte señaló que lo descrito en los hechos
correspondía a otras entidades (INVIAS y Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI) y, por ende, no existía vulneración alguna de su parte
ni legitimación pasiva en la causa. En consecuencia, solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional.

4 Mediante Auto de 25 de julio de 2023, el despacho ponente resolvió (1) admitir la acción de tutela de la

referencia, (2) tener como parte demandada al Tribunal Administrativo de Santander y al Ministerio de
Transporte, (3) vincular, en calidad de terceros interesados, al Instituto Nacional de Vías, al Fondo de
Adaptación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Departamento Nacional de Planeación, a la
Agencia Nacional de Infraestructura, al departamento de Santander, a los municipios de Piedecuesta, Santa
Barbara, Guaca, San Andrés, Molagavita y Málaga, a Danil Román Velandia Rojas, y por solicitud del
demandante al Senador Fabián Díaz Plata, a los Representantes a la Cámara Cristian Avendaño y Mary Andrea
Perdomo y a los Diputados de Santander Ferley Sierra y Claudia Ramírez, (4) negar la solicitud de medida
provisional y (5) negar las solicitud de práctica de prueba pericial e inspección judicial, así como la solicitud de
publicación de la presente acción de tutelas en los sitios web de distintas autoridades judiciales y administrativas.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03861-00
Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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12. La ANI solicitó que se negara el amparo solicitado por no haber
vulnerado los derechos fundamentales y porque la acción de tutela no era
el proceso para resolver las pretensiones del accionante, sino que lo era la
acción popular.

13. El DNP se opuso a las pretensiones por no ser el responsable de la
presunta vulneración de los derechos referidos en la tutela, máxime
cuando no fue demandado ni vinculado en la acción popular y tampoco
hizo parte del contrato de obra No. 1042 de 2021. En ese orden, alegó que
no había relación de causalidad entre sus funciones y las pretensiones del
accionante. Por tanto, solicitó que se declarara la improcedencia, con
fundamento en el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, y se le desvinculara
por encontrar acreditada su falta de legitimación pasiva en la causa.

14. El Fondo de Adaptación invocó su falta de legitimación pasiva en la
causa y la inexistencia de vulneración de un derecho fundamental o de un
perjuicio irremediable. Además, precisó que, si el accionante se
encontraba inconforme con su gestión contractual, la tutela no era el
medio judicial procedente para adelantar dicho trámite y pretender algo
al respecto.

15. INVIAS indicó que ha adelantado distintas acciones para el
cumplimiento de los fallos y para la gestión de recursos y aclaró que las
obras no se han detenido. Precisó que la acción de tutela solo tenía
cabida como instrumento constitucional subsidiario y que no procedía
para la protección de derechos colectivos ni como una tercera instancia.
Por lo expuesto, solicitó que se declarara improcedente.

16. El municipio de Molagavita adujo que no ha vulnerado los derechos
fundamentales del accionante y que, mediante informes técnicos de
identificación de puntos críticos de la vía Curos – Málaga, ha atendido los
llamados realizados el Tribunal Administrativo de Santander en la acción
popular, por lo que carecía de legitimación pasiva en la causa. Además,
puso de presente que Danil Román Velandia Rojas, en reiteradas
ocasiones, ha insistido en la citación del comité de verificación, sin obtener
respuesta favorable a su petición, pues, aunque se convocó para el 28 de
septiembre de 2022, fue de manera virtual.

17. El municipio de Santa Bárbara manifestó que no realizó conducta
activa u omisiva que implicara la vulneración o amenaza de los derechos
invocados, dado que, aunque dicho ente territorial conforma el comité de
verificación y atiende cada requerimiento del tribunal, no fue al que,
dentro del fallo, se le impusieron órdenes.

18. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó que se
desestimara el amparo solicitado y se declarara improcedente porque la

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03861-00
Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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parte actora pretendía convertir la acción de tutela en una instancia en la
que traten los asuntos examinados dentro de la acción popular, a saber, el
seguimiento de las órdenes dadas por el operador judicial, y porque no se
configuró la vulneración alegada.

19. Danil Román Velandia Rojas expuso que, aunque el Ministerio Público
presentó incidente de desacato, la audiencia de verificación, ordenada
por el Consejo de Estado, no se ha llevado a cabo desde hace más de un
año, y aunque el riesgo en el corredor ha disminuido, no ha desaparecido.
En esa medida, mencionó que no se allanaba ni se oponía a las
pretensiones de la tutela, sino que solicitaba su desvinculación.

20. El Tribunal Administrativo de Santander remitió el expediente
ordinario solicitado, pero no se pronunció sobre la acción de tutela de la
referencia.

21. El departamento de Santander y los municipios de Piedecuesta,
Guaca, San Andrés, y Málaga guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Legitimación activa y pasiva en la causa. 2.2. Procedencia de la acción
de tutela 2.3. Conclusión.

2.1. Legitimación activa y pasiva en la causa

22. Edgar Leonardo Velandia Rojas tiene legitimación activa en la causa
para invocar la defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso
y acceso a la administración de justicia, por ser coadyuvante en la acción
popular No. 2015-00847-00/01 y hacer parte del comité de verificación
para el cumplimiento del fallo de segunda instancia, proferido en el
aludido proceso.

23. Frente a la falta de legitimación pasiva en la causa alegada por
varias de las autoridades aquí demandadas y/o vinculadas (Ministerio de
Transporte, DNP, Fondo de Adaptación, municipio de Molagavita y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público), así como de Danil Román
Velandia Rojas, la Sala considera que, en atención a sus competencias o a
su participación e incidencia en la acción popular No. 68001-23-33-000-
2015-00847-00, resultaba necesaria su participación al presente trámite de
tutela para que expusieran ante el juez su conocimiento y documentación
al respecto. Por consiguiente, se negarán sus solicitudes de desvinculación,
pues, se reitera, su vinculación se efectuó en atención al interés que les
podría asistir en las resultas del proceso, por haber actuado en el proceso
que dio lugar a la presente acción de tutela.

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Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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2.2. Procedencia de la acción de tutela

24. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad5, en la medida que 1) existe
un mecanismo de defensa judicial idóneo y 2) no se invocó ni, mucho
menos, acreditó un perjuicio irremediable.

25. 1) Sobre la existencia de un mecanismo de defensa judicial idóneo,
la Sala advierte que lo pretendido por la parte actora, a saber, que se
ordene al Tribunal que cite al comité de verificación y al ministro de
Transporte que cumpla los compromisos adquiridos para no suspender las
obras del corredor, concretamente el giro de unas sumas de dinero, lo
que, en últimas se traduce en el cumplimiento de la Sentencia de 6 de
junio de 20196, se puede invocar en un incidente de desacato respecto de
la acción popular No. 68001-23-33-000-2015-00847-00/01, tal y como se
advirtió en la acción de tutela No. 11001-03-15-000-2023-01371-00 que,
como lo refirió el actor, guarda similitud fáctica y jurídica con el presente, y
frente a la cual no hay lugar a declarar temeridad o cosa juzgada, dado
que la parte actora no es el señor Velandia Rojas, sino la señora Herrera
Gómez.

26. Como el artículo 41 de la Ley 472 de 1998 prevé el trámite incidental,
de consulta y la sanción que se puede derivar del incumplimiento de una
orden judicial en una acción popular7, la Sala, al consultar la acción
popular No. 68001-23-33-000-2015-00847-01 en la página web de la Rama
Judicial, constató que el 29 de marzo de 2023, la Procuradora 158 Judicial II
para asuntos administrativos, integrante del Comité de Verificación, solicitó
la apertura de desacato para el cumplimiento de la Sentencia de 6 de
junio de 20198 y, el 25 de septiembre de 2023, el aquí accionante, en su
condición de coadyuvante de la referida acción, también9, lo cierto es

5 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolló el artículo 86 constitucional, señaló que la tutela resulta

improcedente cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
6 Artículo 34 de la Ley 472 de 1998: “(…) En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el

alcance de sus determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y
posteriormente culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las
medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código
de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el
cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés
colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo. (…)”.
7 “ARTICULO 41. DESACATO. La persona que incumpliere una orden judicial proferida por la autoridad

competente en los procesos que se adelanten por acciones populares, incurrirá en multa hasta de cincuenta
(50) salarios mínimos mensuales con destino al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos,
conmutables en arresto hasta de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.”
La sanción será impuesta por la misma autoridad que profirió la orden judicial, mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico, quien decidirá en el término de tres (3) días si debe revocarse o no la sanción.
La consulta se hará en efecto devolutivo.
8 En su escrito, la Procuradora indicó (se trascribe) “Lo anterior sin perjuicio que su señoría, si así lo considera cite a

Comité de Verificación para que los informes y requerimientos que aquí se proponen, se han explicados y
socializados en audiencia.”
9 En su escrito, Edgar Leonardo Velandia Rojas señaló (se trascribe) “solicitó MODULACIÓN DEL FALLO, APERTURA

DE DESACATO, CITACIÓN A COMITÉ, ANUNCIA UN PARO PARA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2023, debido a que el
contratista ha solicitado la SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.”

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Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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que, a la fecha, no se han decidido tales solicitudes y, por ende, la acción
de tutela resulta improcedente.

27. En esa medida, la acción de tutela no puede ser utilizada como una
acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, es decir,
en el presente caso, no se puede acudir al juez constitucional con el ánimo
de invocar un aspecto propio de la discusión en el trámite incidental de la
acción popular aludida.

28. 2) La Sala constata que, en el presente caso, la acción de tutela no
procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable
porque el accionante no invocó ni acreditó uno, es más, de las pruebas
allegadas tampoco se advirtió la existencia de alguno.

2.3. Conclusión

29. Ante el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, el
Fondo de Adaptación, el municipio de Molagavita, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y Danil Román Velandia Rojas, por los motivos
expuestos.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Edgar
Leonardo Velandia Rojas, por las razones dadas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin10.

10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03861-00
Demandante: Edgar Leonardo Velandia Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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