Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03882-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03882-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03882-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
14 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03882-00
Demandante: Catalina Yaver Escobar y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-03882-00
Demandante CATALINA YAVER ESCOBAR Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo, por
desconocimiento del precedente, fáctico y por violación directa de la
Constitución Política. Medio de control de reparación directa.
Ocupación permanente de inmueble por particulares. Desalojo.
Acción Reivindicatoria.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia, la acción de tutela incoada por Catalina Yaver Escobar y otros, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 20 de junio de 20231, los señores Catalina Yaver Escobar, Anuar Jalil Yaver
Escobar y Sonia Amparo Escobar Yaver interpusieron acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso, con ocasión de la sentencia del 3 de febrero de 2023 proferida en segunda
instancia en el medio de control de reparación directa Nro. 20001-23-39-000-2013-
00425-00/01, por la que se negaron las pretensiones indemnizatorias.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“6.1.- Declarar sin ningún valor ni efecto la sentencia de fecha 3 de febrero de 2023, proferida
en segunda instancia por la Subsección A, Sección Tercera, Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa radicado
con el No. 20001-23-39-000-2013-00425-01 (57.601), por medio de la cual se revocó la
sentencia del tribunal, denegó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
los demandantes.
6.2.- Como consecuencia de la anterior medida, ordenar a la autoridad accionada que, dentro
del término perentorio de diez días siguientes a la notificación de la sentencia de tutela,
profieran una nueva decisión en el referido proceso de reparación, que acate las
consideraciones de aquella o en su defecto, atendidas las actuales circunstancias del
caso, confirmar la proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar en primera
instancia.
6.3.- Ordenar que en lo sucesivo las autoridades accionadas se abstengan de incurrir en
conductas violatorias de los derechos fundamentales”.
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1 Tutela radicada en el correo de oficina judicial, Seccional Neiva.
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2.1. Los accionantes manifestaron ser objetivo militar desde años atrás por grupos
al margen de la ley, reconocidos como víctimas, por lo que se trasladaron a
vivir a la ciudad de Bogotá.
2.2. La señora Catalina Yaver Escobar es propietaria de un predio ubicado en el
municipio de Bosconia, Cesar.
Anunciaron que el predio fue invadido por un grupo considerable de personas
indeterminadas que, sin autorización se posesionaron del mismo con
cambuches y viviendas improvisadas.
Por tal motivo la propietaria presentó querella de lanzamiento por ocupación
de hecho ante la alcaldía de Bosconia, Cesar, en la que manifestó que el 20
de septiembre de 2011 se enteró que personas indeterminadas habían
invadido el inmueble de su propiedad.
Mediante Resolución Nro. 599 del 7 de octubre de 2011 el alcalde de Bosconia,
Cesar, admitió la querella y ordenó el lanzamiento por ocupación de hecho de
todas las personas que se encontraban en el inmueble de propiedad de la
señora Yaver Escobar y, para la práctica de la diligencia delegó al inspector
de policía de Bosconia, quien le pidió a la actora solicitar apoyo de la policía
de carreteras y del ESMAD.
2.3. Mediante auto del 1º de noviembre de 2011 el inspector de policía ordenó el
lanzamiento por ocupación de hecho de todas las personas indeterminadas
que se encontraban en el inmueble de propiedad de la actora Catalina Yaver
Escobar y, posteriormente, en auto del 24 de noviembre de 2011 fijó como
fecha para llevar a cabo diligencia de lanzamiento por ocupación el 14 de
diciembre de ese mismo año.
Sin embargo, en días previos a la diligencia, los actores se reunieron con la
administración municipal para establecer aspectos relacionados con la
diligencia, entre ellos, la necesidad de contar con el ESMAD, lo que implicaba
correr con unos gastos de traslado, alimentación y hospedaje de los hombres
de apoyo, lo que no podía ser cubierto por los actores ya que superaba los 40
millones de pesos dada la necesidad de contar con personal suficiente, pues
que estaban asentadas varias familias allí con cambuches y carpas
improvisadas, la mayoría personas desplazadas por la violencia, niños y
ancianos.
Pese a los distintos intentos de llevar a cabo la diligencia en diversas fechas
programadas, finalmente no pudo realizarse. Se intentó una entrega voluntaria
y se logró la entrega de una parte del terreno pero, la señora Yaver Escobar
no aceptó entregas parciales al quedar alrededor de 69 familias en el área de
terreno aún pendientes por desocupar.
Hechos relativos al medio de control de reparación directa Nro. 20001-23-39-
000-2013-00425-00/01
2.4. Los señores Catalina Yaver Escobar, Anuar Jalil Yaver Escobar y Sonia
Amparo Escobar Yaver, en ejercicio del medio de control de reparación directa
promovieron demanda contra el municipio de Bosconia, Cesar, con el fin de
que se le declarara patrimonialmente responsable “por la conducta omisiva de no
haber efectuado el lanzamiento de las personas que invadieron el inmueble urbano de
propiedad de la señora Catalina Yaver Escobar” y, en consecuencia, pidieron el
reconocimiento y pago de perjuicios materiales y morales, así: (i) Daño
Emergente, correspondiente al valor del inmueble, gastos de traslado,
alojamiento y demás por el constante traslado desde Bogotá para la defensa
legal y material del predio invadido por la ocupación de hecho de los
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particulares, (ii) lucro cesante, por concepto de los frutos producidos por el
inmueble y (iii) perjuicios morales, por el sufrimiento y zozobra por el temor de
tener como perdido un bien que heredaron de su padre.
2.5. En primera instancia conoció del asunto el Tribunal Administrativo del Cesar,
bajo el radicado Nro. 20001-23-39-000-2013-00425-00. En sentencia del 5 de
mayo de 2016, dicha autoridad accedió a las pretensiones de la demanda al
concluir que la administración no podía trasladar al ciudadano la obligación de
proteger la vida, honra y bienes de las personas y, que los costos que se
debían cubrir para el traslado, alojamiento y alimentación de los uniformados,
a fin de garantizar la diligencia de desalojo de los invasores del predio de
propiedad la señora Yaver Escobar era excesivo.
En ese orden de ideas, afirmó que se configuraba la responsabilidad por falla
del servicio del municipio de Bosconia, Cesar, por la conducta omisiva de no
efectuar el lanzamiento por ocupación de hecho de las personas
indeterminadas que invadieron el lote de propiedad de la actora Catalina Yaver
Escobar y, que por tanto, sí existía un nexo vinculante entre la omisión de la
entidad demandada y el hecho dañoso, ya que a las víctimas habían sufrido
un daño que no estaban en la obligación de soportar.
2.6. La anterior decisión fue apelada por el municipio de Bosconia, Cesar ante el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que, en sentencia del 3
de febrero de 2023 <<notificada por correo electrónico el 22 de febrero de 2023>>,
la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones de los demandantes.
Para la Sección Tercera de esta Corporación, del material probatorio allegado
no era posible tener por acreditado que efectivamente la parte actora hubiera
perdido la propiedad de su bien inmueble y que, por tanto, ameritara el estudio
de la imputación respecto de la demanda.
A esta conclusión llegó, luego de verificar que dado el carácter policivo del
procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho, las medidas en él
adoptadas subsistían mientras el juez no decidiera otra cosa, de manera que
el éxito o fracaso del querellante en esa actuación no impedía que el mismo
asunto pudiera tramitarse ante el juez civil, sobre todo en los eventos en que
dicho trámite no fuera eficaz en la protección de la posesión, caso en el cual
el afectado podría ejercer, en aras de la protección de su derecho, la acción
reivindicatoria regulada en los artículos 946 a 971 del Código Civil.
En ese sentido, consideró que la razón por la que el reconocimiento de la
indemnización por la pérdida definitiva del inmueble resultaría procedente, solo
en el evento en que quedara acreditado que el predio no podía recuperarse
debido a razones de interés general que harían que el desalojo fuera
impracticable, aunque fuera ordenado por el juez civil en un proceso posesorio
o reivindicatorio.
Precisó que, aunque el procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho
no culminó con la restitución de la posesión del predio de propiedad de la parte
actora, esa situación no había derivado en una pérdida absoluta o definitiva
del inmueble de su propiedad, por cuanto no quedó demostrado que razones
de orden social hicieran impracticable una futura orden de desalojo dictada en
un juicio reivindicatorio.
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes consideraron que al proferir la sentencia del 3 de febrero de 2023
en el medio de control de reparación directa Nro. 20001-23-39-000-2013-00425-
00/01 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A incurrió en los defectos
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sustantivo, por desconocimiento del precedente jurisprudencial, fáctico, por
violación directa de la Constitución Política.
3.1. Defecto sustantivo. Para la parte actora, se dejaron de aplicar tanto el artículo
90 de la Constitución Política como los artículos 140, 190 inciso segundo y 191
de la Ley 1437 de 2011, que se refieren a la responsabilidad patrimonial del
Estado por daños antijurídicos y su reparación por la invasión de bienes de
propiedad privada y su no desalojo por causa de aquel.
Dijeron que se activaron oportuna y de manera diligente los mecanismos
administrativos para la protección de sus derechos de propiedad que no se
ejecutó de forma efectiva y eficiente por el incumplimiento de las autoridades
en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales y además,
consideraron que no era necesario interponer otras acciones judiciales o
administrativas para la recuperación material de los bienes, dado que además
de que su ejercicio era potestativo, el precedente del Consejo de Estado los
exoneraba de agotar todas las vías existentes cuando había una imposibilidad
material de ejecutar el desalojo por una situación social o de interés general
que estaba debidamente probada.
Para los actores, la decisión atacada perdió de vista que la administración
municipal escudada en pretextos se había rehusado a desalojar a los
invasores y que, por el contrario, patrocinaba la ilegal ocupación instalando
obras de servicios públicos en dicho lugar. Además, que se imponían cargas
adicionales como la utilización de la acción civil reivindicatoria o posesoria para
determinar en el futuro la materialización de un daño que ya estaba causado
en el presente y que era cierto.
En su criterio, la autoridad judicial accionada trató erradamente de significar
que, las diligencias policivas iniciadas por los afectados no eran las idóneas
para garantizar sus derechos, en especial el de posesión, por lo que debieron
acudir a la jurisdicción civil.
3.2. Defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial. Manifestaron que
la autoridad judicial accionada se apartó del precedente sin justificación
alguna, en concreto, de las sentencias SU-157 de 2022 de la Corte
Constitucional y, de la Sección Tercera del Consejo de Estado mencionando
a pie de página los siguientes datos: sentencia del 26 de agosto de 2015,
expediente Nro. 30827 de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de
Estado, con ponencia del doctor Hernán Andrade Rincón (E).
Insistieron en que no era posible que después de 12 años se hubiera perdido
el dominio material del predio y el juez de segunda instancia hubiera
manifestado que, ante la imposibilidad de realizar el desalojo, debía
adelantarse un proceso judicial reivindicatorio, lo que nuevamente censuró
como anunció en el defecto sustantivo propuesto.
3.3. Defecto fáctico. Por cuanto se dejó de apreciar que las pruebas allegadas en
el proceso de reparación directa se concluía la pérdida absoluta de la posesión
del inmueble por los afectados en la medida que sobre él ya estaba
conformado un asentamiento humano organizado como viviendas de un gran
número de personas y que incluso las autoridades municipales y las empresas
de servicios públicos habían venido “legalizando” con acciones como la
apertura de vías y la instalación de servicios públicos.
Que tampoco se apreció del acervo probatorio que la situación de despojo o
invasión ilegal, no obstante haber sido denunciada oportunamente, no había
sido contenida ni revertida por parte de las autoridades de policía
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competentes, omisión que fue causa eficiente y definitiva para la pérdida
material absoluta de la posesión del inmueble y los daños antijurídicos que se
les ocasionaron.
3.4. Defecto por violación directa de la Constitución Política. Cuyo sustento fue el
siguiente:
“Mas sin embargo, a pesar de que se evidenció en el proceso de reparación que las
autoridades municipales expidieron las resoluciones No. 599 de octubre de 2011, expedida
por el Alcalde Municipal de Bosconia donde ordena el desalojo de todas las personas que se
encontraran o llegaran al predio, y delega al inspector Central de Policía del Municipio de
Bosconia las facultades para señalar fecha y hora para efectuar el determinado lanzamiento
para efectos de restablecer la posesión de la demandante, y la Resolución No. 642 de
noviembre de 2011, por medio de la cual confirma la anterior decisión, lo cierto es que no las
hicieron cumplir.
Esta omisión obedeció a la anteposición de una serie de circunstancias que encuadran con la
imposición de restricciones irrazonables y desproporcionadas y de todo tipo de barreras para
lograr su ejecución que terminaron por enervar el mecanismo de defensa para la protección
real y material de los derechos de los accionantes, sin que el desconocimiento de estas
garantías pese a ser patentes en el proceso de reparación, le merecieran ninguna corrección
al juez ordinario, por la no materialización de la tutela judicial efectiva”.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 25 de julio de 2023, el despacho ponente admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y, dispuso la
vinculación del Municipio de Bosconia, Cesar quien actuó como demandado
en el proceso de reparación directa y al Tribunal Administrativo del Cesar quien
emitió la decisión de primera instancia.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rindió informe en el
que manifestó que la decisión se había adoptado conforme con las normas, lo
probado en el expediente y con apego al debido proceso.
Del defecto sustantivo, sostuvo que no se evidenciaba la inaplicación de las
normas que eran procedentes al caso concreto, del defecto fáctico precisó que
no se indicó de manera específica cuáles habían sido las pruebas dejadas de
valorar o valoradas de manera incompleta y que, por el contrario, en la
providencia estaban enunciados los medios de prueba tenidos en cuenta de
manera que lo que se evidenciaba era una inconformidad en la forma como se
había hecho tal análisis al no haber sido favorable a sus intereses.
En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente, indicó que no
bastaba la enunciación de una cita jurisprudencial de manera aislada sino que
era necesario contextualizar las razones por la que se trataba de un
precedente desconocido y, concluyó que tampoco se advertía una vulneración
de los postulados de la Constitución Política.
Finalmente, consideró que el actor buscaba revivir la controversia y que la
tutela no podía ser entendida como una tercera instancia, por lo que, en su
criterio, la misma era improcedente.
4.3. El Municipio de Bosconia, Cesar, en su informe citó unos apartes
jurisprudenciales en relación con los requisitos de procedencia de la tutela
contra providencia judicial y, en consecuencia, pidió se desestimaran las
pretensiones de la demanda.
4.4. El Tribunal Administrativo del Cesar, remitió el enlace de acceso al
expediente. No se pronunció del fondo del asunto en esta oportunidad.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico
3.1. De acuerdo con los fundamentos planteados por la parte actora, advierte la
Sala que en relación con el defecto por violación directa de la Constitución
Política que anunciaron los actores, en realidad lo que se plantea es una
inconformidad frente a los argumentos de la sentencia cuestionada que, a su
2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
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juicio, lesionó sus derechos y garantías, sin un desarrollo que permita un
estudio de este defecto, razón por la que el análisis estará circunscrito a los
defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente y fáctico, anunciados
por los accionantes.
3.2. Hecha la anterior precisión, teniendo en cuenta el escrito de tutela y la
situación fáctica concreta, corresponde a la Sala determinar, si al proferir la
sentencia del 3 de febrero de 2023, dentro del proceso de reparación directa
Nro. 20001-23-39-000-2013-00425-00/01, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, incurrió en los defectos sustantivo, por desconocimiento del
precedente jurisprudencial y fáctico, al haber considerado que no había lugar
a declarar la responsabilidad del Estado con ocasión de la imposibilidad de
haber llevado a cabo el desalojo de quienes actualmente habitan el predio de
la accionante Catalina Yaver Escobar y, anunciar que tenían a disposición la
posibilidad de iniciar una acción reivindicatoria. Además, por no haber hecho
a juicio de los accionantes, un adecuado estudio y valoración de los elementos
de prueba que obraban en el expediente y que demostraban la ocupación de
personas en el predio, así como actos por parte de la autoridad territorial que
llevaban a evidenciar que estaban de algún modo legalizando la situación de
la ocupación del predio.
4. Defectos sustantivo, por desconocimiento del precedente y fáctico,
propuestos por la parte actora.
4.1. El defecto sustantivo, es un vicio relacionado con la interpretación y aplicación
de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una
incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma
directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.
La jurisprudencia constitucional ha considerado que este defecto se produce,
entre otros eventos, cuando la aplicación de la norma al caso concreto no se
encuentra dentro del marco de interpretación razonable o la aplicación de la
regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contra legem5.
Respecto del defecto sustantivo por inaplicación de una norma, en la
sentencia T-281 de 2015, la Corte Constitucional precisó que, entre otras
razones, se presenta cuando:
(i) La norma aplicable al caso concreto es ignorada y por ende inaplicada;
(ii) La decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso
concreto, porque es impertinente, no se encuentra vigente al haber sido derogada o
declarada inexequible o es inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad;
(iii) La interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce
sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance;
(iv) La interpretación del precepto normativo se hace de manera aislada, sin considerar otras
disposiciones aplicables al caso;
(v) Se fundamenta la decisión en una disposición cuya aplicación en el caso concreto resulta
contraria a la Constitución;
(vi) Aplica la norma desconociendo las sentencias con efectos erga omnes de la jurisdicción
constitucional o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que contienen
precedentes vinculantes, excepto cuando se brindan argumentos razonables y suficientes
para desatenderlos”.
4.2. Por su parte, el precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido
resuelto en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros
conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser
considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. Por lo anterior,
5 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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la aplicación del precedente busca armonizar y salvaguardar los principios de
igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la
misma forma y, consecuentemente, se garantice el debido proceso del
ciudadano.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que6 “…un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
Para la Sala7, puede plantearse la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que
tales decisiones eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto
por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente;
(iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al
precedente vinculante, (iv) y que el juez de instancia no presentó una
justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando
se trata de sentencias de unificación.
4.3. El defecto fáctico, es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se
ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las
pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera
objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se
cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez
para resolver determinado asunto resulta absolutamente inadecuado para el
caso concreto. Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de
valoración probatoria fundada en los principios científicos de la sana crítica,
dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria.
Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al
juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y
rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas.
Refiriéndose al defecto fáctico, la Corte Constitucional8 reconoce dos
dimensiones:
La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo,
(i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria
determinante en el desenlace del proceso9; (ii) por decidir sin el apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en
que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo10.
6 Corte Constitucional. SU-573 de 2017.
7 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-000-
2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
8
Cfr. Sentencia SU-159 de 2002.
9 Cfr. Sentencia C-590 de 2005.
10 Cfr. Sentencia T-417 de 2008.
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La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del
juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en
pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión11;
o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen
a demostrar el hecho en que se basa la providencia12.
El análisis del defecto fáctico debe ser en extremo cauteloso, en procura de
no afectar los principios de autonomía e independencia judicial que adquieren
significado en actos propios e intrínsecos del juez de la causa, como la
valoración de la prueba. Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sido
consistente en indicar que, será viable la acción de tutela por defecto fáctico
cuando el error en el juicio valorativo del juez de la causa sea “ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión,
pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad
de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia”13
Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la
valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la revocación por vía
de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tanto como admitir la
superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez
natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. No pueden
reputarse como defecto fáctico, las diferencias en la valoración y apreciación
de la prueba, ya que la competencia del juez de tutela está fijada en clave de
violación de derechos fundamentales, no de diferencias de juicio o de opinión.
5. Marco de la discusión en sede ordinaria y análisis de los defectos
propuestos en el caso concreto
5.1. La Sala considera oportuno hacer algunas precisiones en relación con el caso
puesto a consideración del juez ordinario, pues esto guarda una estrecha
relación con la resolución de los defectos que se proponen en esta oportunidad
contra la providencia de cierre emitida por la Sección Tercera, Subsección A
del Consejo de Estado.
Conviene precisar que las pretensiones de la demanda ordinaria del medio de
control de reparación directa que presentaron los hoy accionantes, fueron las
siguientes:
“PRIMERO: Declárese que el Municipio de Bosconia - Cesar es administrativamente y
extracontractualmente responsable por la conducta omisiva de no haber efectuado el
lanzamiento de las personas que invadieron el inmueble urbano de la señora CATALINA
YAVER ESCOBAR, ubicado en la población de Bosconia, Cesar, de 04 hectáreas, identificado
con la matrícula inmobiliaria (...).
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior condénese al MUNICIPIO DE BOSCONIA -
CESAR a pagar a los propietarios del lote relacionado anteriormente, los siguientes perjuicios
materiales:
DAÑO EMERGENTE:
a) la suma de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y
OCHO MIL PESOS moneda corriente colombiana ($3.200.768.000), correspondiente al
valor del inmueble, atendiendo al precio comercial actual del metro cuadrado en el mercado
(...), aclarando que una vez se efectúe el pago por parte del municipio se le debe transferir
el dominio, para lo cual se hará la correspondiente protocolización notarial y registro en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, de acuerdo con el artículo 220
del C.C.A., modificado por el 191 de la Ley 1437 de 2011.
11
Ibidem. Óp. Cit. 10.
12 Cfr. Sentencia SU-226 de 2013.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU 949 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
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b) La suma de $20.259.000 por gastos de hotel, alimentos, por el continuo traslado de Bogotá
de mi mandante, su madre Sonia Yaver Escobar y su hermana Anuar Jalil Escobar para la
defensa material y legal del predio invadido por la ocupación de hecho de particulares con
el beneplácito de las autoridades del municipio de Bosconia, sumado a los honorarios por
la interposición de la querella y esta acción prejudicial y posterior demanda judicial (...).
LUCRO CESANTE: $423.329.505 valor de los frutos producidos por el inmueble urbano
ubicado en la población de Bosconia, Cesar, de 04 hectáreas, identificado con matrícula
inmobiliaria (...)
PERJUICIOS MORALES.
A razón de cien (100) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los querellantes
Catalina Yaver Escobar, Anual Jalil Yaver Escobar y Sonia Amparo Escobar Yaver, por
perjuicios morales, sin perjuicio del mayor valor que resulte de la aplicación de las reglas de
equidad, de la ley o jurisprudencia, por todos los sufrimientos, zozobras, vergüenzas,
angustias que ha padecido por el temor de tener como perdido un bien que heredaron de su
padre, su único patrimonio serio, por sentirse amenazada permanente no pudiendo acercarse
al predio urbano invadido por gente que no conocen de sus antecedentes personales y
ciudadanos, supuestamente desplazada, por sí peligrosa, que bien podrían atentar contra su
vida e integridad personal, por la indiferencia de las autoridades competentes en el
cumplimiento de sus deberes que son obligaciones como servidores públicos. (...)”.
Ahora bien, en audiencia inicial llevada a cabo el 13 de abril de 2015 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, autoridad judicial de primera instancia, se
advierte que, agotadas las etapas previas, se fijó el litigio en los siguientes
términos:
“4.- FIJACIÓN DEL LITIGIO. -
[e]l tema de fondo en este proceso consiste en determinar si no haber efectuado el
lanzamiento de las personas que invadieron el inmueble de propiedad de CATALINA YAVER
ESCOBAR, pese a que ésta no aportó los recursos requeridos para el traslado de los
miembros del escuadrón ESMAD, configuró una conducta omisiva por parte del municipio de
Bosconia, y por ende si debe ser declarado responsable administrativa y
extracontractualmente por los perjuicios que alegan haber sufrido los demandantes por dicha
conducta”.
Teniendo estos antecedentes del proceso ordinario, se advierte que la decisión
de primer grado emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar que
posteriormente fue objeto de apelación por el municipio de Bosconia, Cesar,
presentó y resolvió el siguiente problema jurídico:
4.2.- PROBLEMA JURÍDICO. -
De conformidad con los hechos expuestos en la demanda, en la contestación de la misma, en
los alegatos de conclusión y pruebas obrantes en el plenario, corresponde a esta Corporación
establecer si el Municipio de Bosconia - Cesar es administrativa y patrimonialmente
responsable, de los supuestos perjuicios ocasionados a los demandantes, por no llevar a cabo
la orden de desalojo contenida en la Resolución No. 599 de fecha 7 de octubre de 2011,
circunstancias que según la parte demandante son atribuibles al ente territorial demandado
en razón a la falta o falla en el servicio”.
En segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
en la sentencia que se acusa en sede de tutela y cuyos defectos corresponde
estudiar a la Sala, al momento de entrar a resolver el caso de fondo y verificar
la existencia o no del daño antijurídico, indicó:
“Acerca de la ausencia de daño antijurídico en el presente asunto
58. Advierte la Sala que, del exiguo material probatorio allegado, no es posible tener por
acreditado que, efectivamente, la parte actora haya perdido la propiedad de su bien inmueble
y, por tanto, que amerite el estudio de la imputación respecto de la demandada”.
Sin embargo, aunque pudiera pensarse que la Sección Tercera abordaría el
caso desde la pérdida de la propiedad del bien inmueble objeto de
controversia, lo cierto es que en el desarrollo de la providencia se advierte que
el estudio estuvo justamente dirigido a aclarar a la parte demandante que, en
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este caso precisamente no se discutía la propiedad sino la posesión del bien
y, esto debía ser aclarado, ya que era el punto de partida para entender que
los demandantes, hoy accionantes, aún contaban con la posibilidad de tener
la posesión del predio a través de la acción reivindicatoria y que no se
agotaban las posibilidades con la acción policiva de lanzamiento sino que
quedaban aún herramientas jurídicas para que el mismo se restituyera y
cesara la ocupación que actualmente existe de varias familias y personas en
el lugar, Se recalcó en la sentencia lo siguiente:
“66. De acuerdo con la demanda, al quedar inconcluso el procedimiento de lanzamiento por
ocupación de hecho, esto es, sin que se hubiera logrado el restablecimiento del statu quo
pretendido, se procedió a iniciar la acción de reparación directa que ahora se resuelve, por
considerar la parte actora que sufrió un daño antijurídico consistente en el despojo definitivo
de su inmueble.
67. Se recaba que, tal como se explicó en párrafos precedentes, el procedimiento de
lanzamiento por ocupación de hecho de inmuebles rurales no comporta una controversia sobre
la propiedad de un bien, sino solamente sobre su posesión.
(...)
70. En este caso, la Sala precisa que, aunque el procedimiento de lanzamiento por ocupación
de hecho no culminó con la restitución de la posesión del predio de propiedad de la parte
actora, esa situación no ha derivado en una pérdida absoluta o definitiva del inmueble de su
propiedad, por cuanto no quedó demostrado que razones de orden social hagan impracticable
una futura orden de desalojo dictada en un juicio reivindicatorio” (subrayado de la Sala).
Con lo anterior, queda claro entonces que lo que se analizó fue la dificultad
que han tenido los actores para recuperar la posesión del bien, sin que esté
en discusión la propiedad del mismo y en ese orden, la posibilidad de acudir
previamente a un juicio reivindicatorio.
Considerados de esta manera los antecedentes que dieron lugar a la presente
acción, la Sala pasará a referirse a los defectos planteados por el accionante:
5.2. A juicio de la Sala, en el caso concreto no se configura el defecto sustantivo
en los términos propuesto por los actores, en la medida que las normas que
se invocan como inaplicadas, atienden de un lado, al postulado constitucional
de reparación que le asiste al Estado contemplado en el artículo 90 de la
Constitución Política y, de otra parte, a las normas del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que tienen
que ver, el artículo 140 con el medio de control de reparación directa y, los
artículos 190 y 191, con casos en los que se condena en un proceso por
ocupación permanente de un inmueble, bien a una entidad pública o a una
entidad privada, escenarios que no se presentaron en el caso concreto.
Las normas contempladas en la Ley 1437 de 2011, textualmente señalan lo
siguiente:
“ARTÍCULO 140. REPARACIÓN DIRECTA. En los términos del artículo 90 de la Constitución
Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño
antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del
daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable
a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de
la misma.
Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas
por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder
cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la
ocurrencia del daño”.
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“ARTÍCULO 190. DEDUCCIÓN POR VALORIZACIÓN. En la sentencia que ordene reparar
el daño por ocupación de inmueble ajeno se deducirá del total de la indemnización la suma
que las partes hayan calculado como valorización por el trabajo realizado, a menos que ya
hubiera sido pagada la mencionada contribución.
En esta clase de procesos, cuando se condenare a la entidad pública o a una privada que
cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada del inmueble, la sentencia
protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio.
“ARTÍCULO 191. TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD. Si se tratare de ocupación
permanente de una propiedad inmueble, y se condenare a una entidad pública, o a una entidad
privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia
protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”.
Se advierte que no existe una relación de las mencionadas disposiciones de
cara al caso concreto, pues en la sentencia que se cuestiona el escenario que
se estudió precisamente fue el de la ausencia de un daño antijurídico que
impedía atribuir algún tipo de responsabilidad en cabeza del Estado, de
manera que, ni se advierten desconocidas, inaplicadas o indebidamente
aplicadas las normas que tienen que ver con la definición de responsabilidad
del Estado, con la reparación directa como medio de control que persigue la
reparación del Estado por la acción o la omisión de sus agentes y, menos aún,
asuntos relacionados con la trasmisión de la propiedad en casos de condena
en casos de ocupación permanente de inmuebles.
La providencia objeto de la presente acción, dejó establecido que,
precisamente, no había lugar a la reparación de un daño antijurídico, dado que
la parte actora, ante la imposibilidad de haber podido adelantar la diligencia
policiva de desalojo, contaba aún con la posibilidad de adelantar la acción
reivindicatoria contemplada en los artículos 946 a 971 del Código Civil:
“Acerca de la ausencia de daño antijurídico en el presente asunto
58. Advierte la Sala que, del exiguo material probatorio allegado, no es posible tener por
acreditado que, efectivamente, la parte actora haya perdido la propiedad de su bien inmueble
y, por tanto, que amerite el estudio de la imputación respecto de la demandada.
59. Lo anterior, de acuerdo con el siguiente razonamiento:
60. Está acreditado que la señora Catalina Yaver Escobar presentó querella de lanzamiento
por ocupación de hecho ante el municipio de Bosconia, para lo cual refirió que se enteró de
que personas indeterminadas invadieron el inmueble de su propiedad. Para aquella fecha,
según la diligencia de inspección ocular al inmueble del 8 de noviembre de 2011, se trataba
de doce (12) cambuches y tres (3) familias.
61. En el curso de dicho procedimiento, el 9 de diciembre de 2011, se reunió el alcalde de
Bosconia, el inspector de policía, otras autoridades municipales y el apoderado de la señora
Catalina Yaver Escobar, con el fin de solicitar medios económicos a los querellantes para el
cumplimiento de la orden de lanzamiento, específicamente, para gastos de traslado,
alimentación y hospedaje de los más de 400 uniformados del ESMAD que se necesitaban
para el acompañamiento de la diligencia; no obstante, hasta la fecha de interposición de la
demanda de la referencia, no se pudo llegar a acuerdo alguno en tal sentido y, por tanto, no
se logró culminar a cabalidad el procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho.
62. Resulta del caso precisar que para el tema de los inmuebles rurales, como el del presente
asunto, la querella de lanzamiento por ocupación de hecho está prevista en el Decreto 747 de
199214, el cual regula el procedimiento que se debe adelantar por parte de la autoridad policiva
municipal, esto es, el alcalde o a quien se haya delegado la competencia, con el objeto de que
se despliegue la función de policía15, por medio de mecanismos idóneos con los que se logre
14 “Por el cual se dictan medidas policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales que están
ocasionando la alteración del orden público interno en algunos departamentos”.
15 En la sentencia C-024 de 1994, la Corte Constitucional precisó: “La policía administrativa está entonces
ligada a la limitación y regulación de derechos y libertades para preservar el orden público. Pero esa
limitación toma diversas formas: de un lado, se ejerce mediante la expedición de regulaciones generales
como los reglamentos; de otro lado, supone la expedición de actos jurídicos concretos, como la concesión
de una autorización; y, finalmente, se desarrolla mediante operaciones materiales de uso de la fuerza pública
y se traduce en la organización de cuerpos armados y funcionarios especiales a través de los cuales se
ejecuta la función. Por eso la doctrina ha solido distinguir entre poder, función y actividad de policía (…) así:
(…)
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preservar el orden público16 y evitar la perturbación de la posesión y la tenencia. Dicha
regulación se complementa con los procedimientos establecidos en los Códigos de Policía
Departamentales, expedidos con fundamento en la competencia otorgada por el numeral 8 del
artículo 300 de la Constitución Política.
63. Dado el carácter policivo del procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho, las
medidas en él adoptadas subsisten mientras el juez no decida otra cosa. Esto significa que el
éxito o fracaso del querellante en esa actuación no impide que el mismo asunto pueda
tramitarse ante el juez civil, sobre todo en los eventos en que dicho trámite no sea eficaz en
la protección de la posesión, caso en el cual el afectado puede ejercer, en aras de la protección
de su derecho, la acción reivindicatoria, la cual se encuentra regulada en los artículos 946 a
971 del Código Civil.
64. Esta idea se acentúa en el procedimiento de los predios rurales, en la medida en que el
artículo 2° del Decreto 747 de 1992 señala que “las medidas que dicten las autoridades de
policía serán provisionales, en consecuencia, no constituyen obstáculo para la intervención
del respectivo juez y se mantendrán mientras este no decida otra cosa”. Además del carácter
provisional de las medidas policivas en comento, tanto la normativa que las regula 17, así como
la jurisprudencia de esta Corporación18, han reconocido que lo que se debate en el
procedimiento de lanzamiento por ocupación de hecho es la posesión y no la propiedad19.
65. Por tal motivo, el reconocimiento de la indemnización por la pérdida definitiva del inmueble
solo resulta procedente en los eventos en que quede acreditado que el predio no podía
recuperarse debido a razones de interés general que hacen que el desalojo fuera
impracticable, aunque fuera ordenado por el juez civil en un proceso posesorio o
reivindicatorio20”.
5.3. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, hizo una especial
claridad en cuanto a la naturaleza de la acción policiva del procedimiento de
lanzamiento por ocupación de hecho, protección de la posesión que por esta
vía no resultó y que en ese orden, no impedía que el asunto se pudiera tramitar
ante el juez civil en aras de proteger su derecho, en concreto, ejerciendo la
acción reivindicatoria, aspectos que impedían hablar de una reparación por
parte del Estado y por lo que no había lugar a que se diera aplicación a las
normas que cita la parte actora y que extrañó en el análisis de la Sección
Tercera.
Al respecto, la Sala considera oportuno mencionar la naturaleza y finalidad que
se persiguen con la acción reivindicatoria a la que hizo referencia la sentencia
a) El poder de policía es normativo: legal o reglamentario. Corresponde a la facultad legítima de regulación
de la libertad. En sentido material es de carácter general e impersonal. Conforme al régimen del estado
de derecho es, además, preexistente.
b) La función de policía es reglada y se halla supeditada al poder de policía. Supone el ejercicio de
competencias concretas asignadas por éste a las autoridades administrativas de policía. Más repárese
en que dicha función no otorga competencia de reglamentación ni de regulación de la libertad.
c) La actividad de policía, asignada a los cuerpos uniformados, es estrictamente material y no jurídica,
corresponde a la competencia de ejercicio reglado de la fuerza, y está necesariamente subordinada al
poder y la función de policía. Por lo tanto, tampoco es reglamentaria ni menos reguladora de la libertad”.
16 Corte Constitucional, sentencia C-183 de 2014: “Pero el orden público no debe ser entendido como un valor
en sí mismo sino como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la
prosperidad general y el goce de los derechos humanos. El orden público, en el Estado social de derecho,
es entonces un valor subordinado al respeto a la dignidad humana, por lo cual el fin último de la Policía, en
sus diversas formas y aspectos, es la protección de los derechos humanos. Estos constituyen entonces el
fundamento y el límite del poder de policía. La preservación del orden público lograda mediante la supresión
de las libertades públicas no es entonces compatible con el ideal democrático, puesto que el sentido que
subyace a las autoridades de policía no es el de mantener el orden a toda costa sino el de determinar cómo
permitir el más amplio ejercicio de las libertades ciudadanas sin que ello afecte el orden público”.
17 Decreto 1355 de 1970. Artículo 126. En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio ni
se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2013, Exp. 27557, M.P.
Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de
2013, Exp. 28158, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 23 de febrero de 2017, exp. 34121. M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2013, Exp. 27557, M.P.
Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de
2013, Exp. 28158, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 23 de febrero de 2017, exp. 34121. M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
20 Sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 46197).
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cuestionada, con el propósito de dar aún más claridad en relación con la figura
propuesta en la sentencia frente al caso concreto.
Conforme lo dispone el artículo 946 del Código Civil, la reivindicación o acción
de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de la que no está en
posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla y que,
conforme con el artículo 950 de dicha disposición, corresponde a quien tiene
la propiedad plena, en este caso, del inmueble y, se dirige contra el actual
poseedor (artículo 952 ibidem).
La acción reivindicatoria es un proceso declarativo, ya que su principal
pretensión es que un juez o tribunal determine a qué persona corresponde el
dominio de una propiedad o bien determinado en caso de duda o que exista
afectación de terceros e incluso, pueden ser de condena de acuerdo con lo
pretendido en la demanda respectiva.
En relación con el tiempo para interponerla, esta acción no es susceptible de
extinguirse como consecuencia del paso del tiempo, bien por caducidad o por
prescripción, ya que por ser inherente al dominio, dura mientras subsista el
derecho, ya que la inactividad del titular no conlleva por sí sola la pérdida de
la potestad, ya que esto solo puede tener ocurrencia si una persona distinta al
dueño gana el bien por usucapión, de manera que mientras el propietario
mantenga su condición, queda asistido de la facultad de perseguirlo.
5.4. Advierte la Sala que no se incurrió en el mencionado defecto sustantivo,
además de las razones expuestas, por cuanto en criterio de la Sala, la Sección
Tercera, Subsección A de esta Corporación, en virtud del principio de iura novit
curia21podía en todo caso incluir el análisis de normas de rango legal no
previstas por las partes pero que, a juicio de la autoridad judicial accionada
resultaban relevantes para resolver el caso como se evidencia en la
providencia, sin que ello implique el desconocimiento de las normas de la Ley
1437 de 2011 que fueron anunciadas por la parte actora en los fundamentos
de la acción.
5.5. En relación con el precedente jurisprudencial al que hizo referencia la parte
actora, se precisa lo siguiente:
Con respecto a la sentencia SU-157 de 2022 de la Corte Constitucional,
encuentra la Sala que los supuestos que se analizaron, tuvieron que ver con
casos de ocupación de inmuebles por ocupación de particulares, sin embargo,
los supuestos de hecho difieren del caso presente, pues allí, se abordaron dos
situaciones, que tuvieron que ver, en el primer escenario, con la revisión del
caso desde el título de imputación de daño especial que conforme con las
consideraciones hechas por la corte, comportó la existencia de un
desconocimiento del precedente y en el otro asunto, la ausencia de verificación
de las actuaciones desplegadas por quienes habían perdido el dominio de un
bien y por lo que se consideró que la providencia que se cuestionaba incurría
en un defecto fáctico, al dejar de analizar las pruebas de la fiscalía y demás
actuaciones de la administración frente a esas urbanizaciones que se
construyeron.
Es así como en este tipo de casos, debe revisarse minuciosamente la situación
concreta, pues los supuestos fácticos varían en una y otra circunstancia, a
pesar de ser ocupaciones permanentes de particulares sobre predios que
cuentan con titular del dominio, lo que implica que no todo precedente por tener
un tema en común, por ello deba ser aplicable, pues la situación concreta de
21 Principio que permite al juez determinar el derecho aplicable a una controversia en determinados eventos
de cara a los hechos concretos sin que ello implique alteración o modificación en la causa petendi.
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cada caso es lo que permite evidenciar si hay lugar o no a aplicar una
determinada regla jurisprudencial.
En todo caso, debe destacarse que en la providencia de la Corte Constitucional
se mencionó la postura jurisprudencial de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, concretamente en relación con aspectos de ocupación de hecho por
parte de terceros ajenos a la administración, que resultan comunes a este tipo
de casos y que vale la pena trascribir:
“Conclusiones de la reconstrucción jurisprudencial sobre responsabilidad patrimonial
del Estado por ocupación de hecho por parte de terceros ajenos a la Administración
82. A partir de la reconstrucción jurisprudencial, la Sala Plena identifica que, en relación con
la ocupación de hecho de bienes privados, el Estado puede resultar responsable si: (i) la
invasión fue ejecutada por sus agentes o por particulares autorizados por la Administración;
y (ii) por la ocupación efectuada por terceros ajenos al Estado, pero en cuya consolidación
se ven involucradas autoridades.
83. El segundo supuesto, ha sido examinado bajo tres títulos de imputación: la falla en el
servicio (desde 1984), el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (a partir
de 2001) y el daño especial (desde 2012). Estas tres etapas jurisprudenciales se
caracterizan por tener en común las siguientes reglas:
(i) La afectación a los atributos del derecho de dominio, es un daño antijurídico que
debe ser reparado. En principio, en estos eventos, se reconoce como daño la pérdida de la
posesión, y solo de manera excepcional, cuando se acredite el despojo definitivo del bien y la
diligencia del demandante en la defensa de sus derechos, se podrá reconocer la pérdida del
derecho de dominio, caso en el cual pueden aplicarse los artículos 190 y 191 del CPACA,
antes 220 del Código Contencioso Administrativo.
(ii) Reconocer la afectación a la posesión por la ocupación de hecho por parte de
particulares, no implica un régimen genérico, absoluto o automático de
responsabilidad, bajo ninguno de los títulos de imputación. Pues, debe estudiarse conforme
con las circunstancias del caso concreto y la conducta del demandante en la defensa de sus
derechos.
(iii) En los casos en que exista controversia respecto del ejercicio de la posesión antes
de la ocupación alegada o la titularidad del derecho de dominio, deberán agotarse las
acciones judiciales ordinarias, pues es la jurisdicción civil quién debe resolver el asunto.
(iv) El demandante debe acreditar el cumplimiento de una carga de diligencia mínima
en presentar y promover los mecanismos de defensa administrativos y judiciales
procedentes, que tenía a su alcance, para la protección de la posesión y del derecho
de dominio”.
De manera que, incluso esta misma jurisprudencia recapitula la postura que
se asumió en la sentencia que se cuestiona y, establece que, frente a
controversias respecto del ejercicio de la ocupación, de un lado, no se cuenta
con un título específico de imputación ya que debe analizarse cada caso
concreto y de otro, impone el deber de agotar las acciones judiciales ordinarias
que se tienen y de acreditarse la diligencia mínima tanto en materia
administrativa como judicial.
Por lo anterior, no se evidencia un desconocimiento de la mencionada
sentencia ni un apartamiento de esta como lo advierte la parte actora, pues
cada caso tiene una serie de particularidades y, los escenarios no guardan
identidad con el caso que se estudió por el juez ordinario, que permita
evidenciar un desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en este sentido.
5.6. Ahora, la sentencia que identificó como desconocida y cuyos datos
proporcionados fueron: providencia del 26 de agosto de 2015, expediente Nro.
30827 de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, con
ponencia del doctor Hernán Andrade Rincón (E), no permite un criterio de
búsqueda, pues pese haberse identificado el proceso en el aplicativo SAMAI
con el número de radicación 63001-23-31-000-2001-01358-01, Actor:
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Demandante: Catalina Yaver Escobar y otros
Construcciones Buendías S.A., demandado: municipio de Armenia, no fue
posible encontrar la providencia al no estar publicada en el sistema y tampoco
fue allegada por el actor, ni se mencionaron las razones por las que a su juicio,
este antecedente jurisprudencial comportaba una situación con identidad de
supuestos fácticos que se hubiera estudiado por la Sección Tercera de esta
Corporación y cuyas reglas se hubieran desconocido en el caso concreto
estudiado en esta oportunidad.
Lo que sí es claro es que, en pronunciamiento de la Sección Tercera de la
Corporación22, se abordó el tema relacionado con la ocupación de hecho de
inmuebles por parte de particulares y, se hicieron las siguientes
consideraciones:
“Como se explicó en párrafos precedentes, el procedimiento de lanzamiento por ocupación de
hecho de inmuebles rurales no comporta una controversia sobre la propiedad de un bien, sino
solamente sobre su posesión23. Dada la regulación especial que tiene ese mecanismo policivo, nada impide que, ante el
fracaso en la consecución de los fines de protección de la posesión, el querellante pueda
acudir ante el juez civil, a través de las acciones posesoria o reivindicatoria, según sea el caso,
para pretender la protección de su derecho, tal como se desprende del artículo 2° del Decreto
747 de 1992 que expresamente señala que “las medidas que dicten las autoridades de policía
serán provisionales, en consecuencia no constituyen obstáculo para la intervención del
respectivo juez y se mantendrán mientras este no decida otra cosa”. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corporación ha reconocido que hay situaciones en que
puede entenderse que se ha perdido definitivamente un inmueble en el transcurso de un
procedimiento policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, cuando quede acreditado que
el predio no podía recuperarse mediante un juicio posesorio o reivindicatorio, debido a razones
de interés general que hacen que el desalojo fuera impracticable, aunque fuera ordenado por
el juez civil24. Al respecto, esta Corporación ha precisado 25: Ciertamente, cabe precisar y reiterar, que pueden ocurrir situaciones en las que la inactividad de la
Administración puede generar la afectación del derecho de propiedad, en efecto, se trata de aquellos casos en
que por especiales razones de interés general, principalmente de tipo social, ya sea en cumplimiento de
órdenes judiciales -en particular órdenes derivadas de un juicio de tutela- o administrativas, se opte por prohijar
la ocupación en la medida en que ordenar el desalojo y/o practicar la diligencia que le dé cumplimiento, generen
una situación tal que se desprotejan los derechos de poblaciones catalogadas como sujetos de especial
protección, en cuyo caso puede ocurrir que: i) se torne nugatorio e innecesario acudir al juez de la causa,
puesto que aun cuando se obtenga con éxito la reivindicación del bien o la protección de la posesión, resultaría
imposible ejecutar la decisión del juez por cuestiones de orden social, en cuyo caso el juez de la acción de
reparación directa podrá -según los hechos del caso y la conducta del demandante- eximir de la obligación de
agotar los mecanismos administrativos y procesales de protección de la propiedad, la posesión y/o el statu
quo; frente a lo cual es posible que, ii) se configure un daño especial en cabeza del propietario del predio
ocupado, en la medida en que por razones de interés general -la protección de sujetos de especial protección
como desplazados, indígenas, madres cabeza de familia, etc.- se sacrifique el derecho de propiedad del titular
del predio; y en consecuencia, iii) se dará aplicación al artículo 220 C.C.A., ahora 190 y 191 CPACA, y se
ordenará la transferencia de la propiedad del bien a favor de la(s) entidad(es) pública(s) demandada(s), para
que ellas solucionen, en el marco de sus competencias, la manera en que, de ser posible, se ‘legalizarán’ esas
ocupaciones. Lo anterior no implica, bajo ningún concepto ni interpretación posible, que la Sala prohíje las ocupaciones
ilegales de bienes privados o la ‘colonización’ de terrenos ajenos o que se consolide una postura que llevaría
al Estado a asumir una responsabilidad genérica y absoluta por los conflictos que se pudieran generar por esa
razón.
Sin embargo, la Sala no puede desconocer las dificultades que en la ejecución de medidas de desalojo
encuentran algunas autoridades administrativas por la propia situación social y de violencia que atraviesa el
país con el consecuente desamparo de los derechos de los particulares que ello puede generar, razón por la
cual se impone que las autoridades de policía realicen un juicio de ponderación con el fin de determinar la
procedencia de continuar o no con la ejecución de la orden de desalojo, lo que habrá de hacerse debidamente
motivado y con la plena identificación de los ocupantes y de la situación de especial protección en la que se
puedan encontrar.
22 Sentencia del 5 de marzo de 2021. Expediente Nro. 19001-23-31-000-2004-00653-01 (46197). Sección
Tercera, Subsección A, Consejo de Estado. Ponencia de la doctora María Adriana Marín.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2013, Exp. 27557, M.P.
Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de
2013, exp. 28158, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 23 de febrero de 2017, exp. 34121. M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del
22 de octubre de 2015, exp. 33977. M.P. Hernán Andrade Rincón.
25 Ibidem.
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La providencia en cita no fija una regla general y absoluta de responsabilidad del Estado en
los eventos en que haya una afectación a la posesión, sino que precisa que, frente a cada
caso concreto, debe analizarse si “se torna nugatorio e innecesario acudir al juez de la causa,
puesto que aun cuando se obtenga con éxito la reivindicación del bien o la protección de la
posesión, resultaría imposible ejecutar la decisión del juez por cuestiones de orden social”,
para cuyo efecto el juez de la acción de reparación directa deberá tener en cuenta los hechos
del caso y la conducta del demandante, con el fin de establecer si debía el propietario agotar
o no los mecanismos administrativos y procesales de protección de la propiedad, la posesión
y/o el statu quo26”.
Fue en este mismo sentido que se pronunció la decisión cuestionada, en
relación con la posibilidad de agotar todos los mecanismos en pro de la
recuperación del dominio del bien inmueble actualmente ocupado, en concreto
la acción reivindicatoria, por lo que, es una postura acorde con la
jurisprudencia actual de la Sección Tercera de la Corporación sobre
situaciones fácticas que guardan identidad, razón por la que se concluye que
no se incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente por parte de
la autoridad judicial accionada.
5.7. Advierte la Sala que tampoco se configura el defecto fáctico en la sentencia
de la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, pues en ella se
hizo una relación previo a decidir, del material probatorio que obraba en el
expediente y que permitía dar al juez natural claridad acerca de lo realmente
sucedido con el desalojo que se pretendió a través de querella policiva y que
no fue posible llevar a cabo de manera exitosa como lo pretendía la dueña del
predio y su grupo familiar, hoy accionantes. La relación de pruebas hecha en
la sentencia se transcribe a continuación:
“Hechos probados
39. Con base en los elementos de convicción allegados en legal forma al proceso, se tienen
acreditados los siguientes hechos:
40. Está acreditado que la señora Catalina Yaver Escobar es la propietaria del predio ubicado
en el municipio de Bosconia, identificado con el número de matrícula inmobiliaria 190 – 58280
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Valledupar, según escritura pública 1758 del 29 de
julio de 2008.
41. La señora Catalina Yaver Escobar presentó querella de lanzamiento por ocupación de
hecho -sin fecha de radicación- ante la alcaldía de Bosconia, para lo cual refirió que el 20 de
septiembre de 2011, se enteró de que personas indeterminadas invadieron el inmueble de su
propiedad.
42. Mediante Resolución 599 del 7 de octubre de 2011, el alcalde de Bosconia admitió la
querella y ordenó el lanzamiento por ocupación de hecho de todas las personas que se
encontraran en el inmueble de propiedad de la aquí demandante y, para la práctica de tal
diligencia de lanzamiento, delegó al inspector de policía de Bosconia, a quien le permitió
solicitar el apoyo de la Policía de Carreteras y del ESMAD. Decisión que fue confirmada por
medio de la Resolución 642 del 24 de noviembre de 2011.
43. A través de auto 22 del 1 de noviembre de 2011, el inspector de policía del municipio de
Bosconia avocó el conocimiento de la Resolución 599 del 7 de octubre de 2011 y ordenó el
lanzamiento por ocupación de hecho de todas las personas indeterminadas que se
encontraban en el bien de propiedad de la señora Catalina Yaver Escobar.
44. El 8 de noviembre de 2011 se realizó la inspección ocular al inmueble, diligencia en la cual
se indicó lo siguiente (se transcribe de forma literal, incluidos los posibles errores):
“Se trata de un lote de terreno de cuatro hectáreas ubicada en el perímetro urbano de Bosconia Cesar … se
evidencian aproximadamente 12 cambuches construidos en madera, plástico zin, de los cuales hay
aproximadamente tres (03) familias habitándolos, de la misma manera se observan múltiples divisiones
cercadas en alambre y madera”.
45. Mediante auto del 24 de noviembre de 2011 se fijó como fecha para llevar a cabo la
diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho el 14 de diciembre de 2011 a partir de las
7:00 am.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 23 de febrero de 2017, exp. 34121. M.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
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46. Según se acredita con el acta del 9 de diciembre de 2011, el alcalde de Bosconia, el
inspector de policía, el apoderado de la señora Catalina Yaver Escobar y otras autoridades
municipales, se reunieron. El objeto de esa reunión consistió en la solicitud de medios para el
cumplimiento de la orden de lanzamiento; en el acta correspondiente se destaca lo siguiente
(se transcribe de forma literal, incluidos los posibles errores):
“Dicha reunión tiene la finalidad de acordar medios idóneos (traslado, alimentación, estrategia de grupo
ESMAD) y estrategias para la diligencia de lanzamiento que tendrá lugar el día 14 de diciembre del 2011 a
partir de las 7:00 AM. Concediendo la palabra al señor alcalde Municipal Doctor LUIS ABDON PEREZ
ANGARITA quien manifiesta lo siguiente: sobre los compromisos adquiridos por los propietarios los
cuales no cumplieron, informa que hubo que traer más de 500 miembros del ESMAD, y todas las
entidades del Municipio, con un costo de alrededor de $50'000.000,00, manifiesta que ya se tiene
respuesta de parte del Ministerio de Interior y de Justicia en donde manifiestan que los recursos del fondo
cuenta no se pueden utilizar para este tipo de operativo, la administración municipal se compromete a prestar
los medios logísticos, lo que tiene que ver con el tema salud, con las ambulancias en los cuatro puntos satélites,
convenio con bomberos, gastos de alimentación y logística de Defensa Civil, Comisaria de Familia, traslado
del personal de la administración, pero no asume costos de traslado, alimentación y estadía de la policía
nacional, ya que la administración no cuenta con los recursos para la diligencia por lo que son los
propietarios de los predios quienes tienen que asumir estos costos. En traslado de la palabra a el señor
RAFAEL SANTOS SILVA, Teniente Coronel Representante Quinto Distrito, manifiestan en estar en plena
disposición para el acompañamiento del operativo pero no pueden tumbar cambuches ni retirar escombros,
solicitan el transporte, comida, alojamiento para el Personal de un aproximado de 650 efectivos de la
policía, solicitan presencia del Bienestar familiar para proteger a los menores de edad, solicitan estudio de
seguridad previo, y verificar la disponibilidad del grupo ESMAD, interviene el Teniente Bustos, informa que la
presencia de los propietarios y Ministerio Público es de vital importancia para esta reunión a la vez manifiesta
que para esta: diligencia se hace necesario 400 hombres del Escuadrón Antidisturbios, Interviene el doctor
GENARO SEGUNDO ANNICHARICO, en representación de la señora CATALINA YAVER, manifiesta que la
fecha de desalojo está muy pronto para la coordinación del mismo teniendo en cuenta la suma de dinero que
se requiere por parte de los propietarios de los predios es muy elevado lo que significaría que esta diligencia
no se haría nunca Porque mi representada CATALINA YAVER, no cuenta con esos recursos para esa
diligencia, el señor ALCALDE, manifiesta que tenían que cercar los predios e instaurar una denuncia penal, lo
cual no se realizó, la administración municipal en su oportunidad cumplió con la recuperación de los predios
invadidos, los cuales en estos momentos están nuevamente ocupados (…)”.
47. La diligencia de lanzamiento se reprogramó para el 20 de diciembre de 2011 a partir de la
7:00 a.m.
48. Previamente, el 14 y 16 de diciembre de 2011, se llevaron a cabo unas reuniones en las
que participaron el señor Genaro Segundo Annicharico (apoderado de la señora Catalina
Yaver Escobar), el alcalde del municipio de Bosconia, el inspector de policía y un
representante del ESMAD, en las que se reiteró que la Policía Nacional necesitaba recursos
para el desplazamiento, alimentación y alojamiento de los funcionarios que intervendrían en
la diligencia, ante lo cual el alcalde indicó que prestaría todo el apoyo logístico y administrativo
que estuviera a su alcance, pero que no contaba con los medios para asumir los gastos
señalados.
49. El 20 de diciembre de 2011, se intentó realizar la diligencia de lanzamiento; sin embargo,
ello no fue posible, registrándose como causa la falta de recursos para el desplazamiento del
ESMAD. Al instalarse la audiencia se dejaron las siguientes constancias (se transcribe de
forma literal, incluidos los posibles errores):
“(…) Comandante de la Estación de Policía, quien manifiesta que no considera conveniente hacer
acompañamiento a la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de los diferentes predios invadidos ya
que no cuenta con el personal suficiente y apto para este tipo de diligencia, de igual manera, no se prestaron
con anterioridad los medios necesarios de parte de los interesados, para el transporte, alimentación y estadía
del personal del ESMAD, refiere que no hizo presencia los propietarios de los predios querellados.
(…)
Interviene el inspector de policía quien manifiesta y deja constancia que siendo las 8:52 AM no hay presencia
de los querellantes y/o apoderados, de igual manera se advierte que no se presentaron los medios necesarios
(efectivos del ESMAD, personal o maquinaria para el retiro y destrucción de cambuches) ya sea de parte de la
administración municipal o los querellantes, de esa manara y teniendo en cuenta las anteriores
consideraciones a este servidor no le queda otra sino la de declarar fracasada la diligencia”.
50. Posteriormente, el 23 de diciembre de 2011, el inspector de policía del municipio de
Bosconia puso en conocimiento del Procurador Provincial de Valledupar la situación acaecida
frente a la imposibilidad de efectuar la diligencia de lanzamiento, para lo cual relató todas las
acciones adelantadas por él y pidió su ayuda para la realización de ésta, así como también
puso de presente que se requería la presencia del ESMAD, dado que en el lugar se
encontraban más de trescientas (300) familias.
51. Pasados varios meses, esto es, el 9 de julio de 2012 se realizó otra reunión entre las
autoridades municipales y los propietarios de los predios invadidos, en la cual se insistió en la
dificultad para efectuar el lanzamiento, habida cuenta de la presencia en el lugar de menores
de edad, ancianos e indígenas, lo cual imponía a la administración la necesidad de
garantizarles un lugar. La apoderada de la señora Catalina Yaver Escobar intervino para
señalar que su poderdante estaba dispuesta a aportar una volqueta y diez (10) hombres para
llevar a cabo la diligencia, frente a la cual no se definió una fecha exacta para su realización.
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52. El 18 de octubre de 2012, el inspector de policía del municipio de Bosconia expidió el auto
003, a través del cual ordenó la entrega parcial del inmueble a la señora Catalina Yaver
Escobar. La anterior decisión tuvo como sustento las siguientes consideraciones (se transcribe
de forma literal, incluidos los posibles errores):
“(…) Que a la fecha, no se han aportado los medios necesarios ya sea por la administración municipal y/o
querellantes para hacer efectiva la diligencia; en procura de dar resultados se adelantaron mecanismos de
conciliación para que de manera voluntaria restituyan el bien inmueble, logrando restituir una gran extensión
de tierra.
Fue solicitada a Planeación Municipal se realizara levantamiento topográfico con la finalidad que se constatara
el área total del terreno desocupado, para lo cual en fecha 16 de octubre de 2012, se recibió información al
respecto, arrojando la siguiente: Total área desocupada: 28.391 m2.
Visto que existen terrenos desocupados del área querellada, este despacho en procura de hacer entrega de
los mismos: RESUELVE: Primero: Hacer entrega parcial del predio querellado, en una extensión de 28.391
m2 a la señora Catalina Yaver Escobar, conforme al levantamiento topográfico emitido por planeación
municipal”.
53. El 30 de octubre de 2012 se realizó la diligencia de entrega en la forma señalada en
precedencia; sin embargo, el apoderado de la señora Catalina Yaver Escobar se rehusó a
recibir el predio porque estaba ocupado por calles y carreras no autorizadas, razón por la cual
el inspector de policía de Bosconia declaró fallida la diligencia.
54. Mediante autos del 15 de enero, 18 de marzo y 18 de abril de 2013, se reanudó la diligencia
de lanzamiento por ocupación de hecho y se fijó como fechas para la realización de la misma
el 13 de febrero, el 20 de marzo y el 29 de mayo de 2013, respectivamente, sin que se hubiera
efectuado la misma, a pesar de que se adelantaron otras reuniones que no permitieron llegar
a una solución definitiva.
55. Mediante auto del 17 de mayo de 2013, el inspector de policía del municipio de Bosconia
prorrogó la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho fijada para el 29 de mayo de
2013 hasta nueva orden e intentó nuevamente llevarse a cabo, después de varias reuniones
-entre esas la del 9 de febrero de 2015-, el 24 de febrero de 2015, según consta en el
expediente policivo arrimado al acervo probatorio, pero no se pudo adelantar la misma por la
razón descrita a lo largo de esta providencia.
56. El 23 de febrero de 2015, la secretaria social del municipio de Bosconia remitió al inspector
de policía de ese municipio un listado de las personas asentadas en el inmueble y que estaban
incluidos en el Registro Único de Víctimas, la cual inicia con el nombre del señor Hernán
Enrique Núñez Puello y finaliza con el nombre del señor Carlos Alberto Acosta Salgado, para
un total de ciento catorce (114) personas víctimas de desplazamiento forzado.
57. Según constancia del 20 de agosto de 2015 expedida por el Secretario de Planeación y
Obras Públicas del municipio de Bosconia, en el predio de la señora Catalina Yaver Escobar
se encuentran morando 69 familias en cambuches, de madera, zinc y material reciclado, para
lo cual allegó una lista anexa donde identificó las mismas y que inicia con la familia de la
señora Ángelay Soto Mendoza y finaliza con la familia de los señores Luis David Barrios
España y Angy Paola, grupos familiares compuestos por madres soltera cabeza de hogar,
víctimas del conflicto”.
Como puede observarse del extenso recuento probatorio que relacionó la
providencia de cierre, es posible evidenciar distintos escenarios que se
presentaron en el ejercicio de desalojo que se intentó en varias oportunidades
por el inspector de policía, la imposibilidad de llevar a cabo las diligencias
programadas ante la no presencia de uniformados del ESMAD que,
previamente se había indicado en reuniones celebradas por los interesados y
la administración municipal, era deber de los propietarios cubrir los gastos de
alojamiento, hospedaje y alimentación de dicho personal y de este modo poder
contar con ellos ante la imposibilidad de ser costeado por la autoridad
territorial, además de la recuperación de una extensión de tierra de manera
voluntaria por sus ocupantes y que se entregó a los actores sin que estos
aceptaran entregas parciales.
5.8. No dejó de lado la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación, que
se trataba de diversas familias vulnerables, bien por condiciones de
desplazamiento o por ser menores, ancianos y población con especiales
circunstancias que hacían que la diligencia tuviera ciertas condiciones para su
ejecución y que no fuera sencillo el desalojo del predio de la señora Yaver
Escobar, sin embargo, esto no fue el punto sobre el que recayó la decisión, es
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decir, desde el inicio la controversia estuvo en la imposibilidad de costear los
valores para trasladar y contar con la presencia del ESMAD y no, a
circunstancias relacionadas con la imposibilidad de volver a contar con la
posesión del inmueble por estar conformado ya un asentamiento humano
organizado de un gran número de personas, pues precisamente el fallo, sin
desconocer la situación masiva de personas ocupando el terreno, lo que
sostuvo fue que, no era posible hablar de una pérdida absoluta del inmueble
ante la imposibilidad del desalojo, sino de las herramientas con las que aún
contaban los demandantes, esto es, la acción reivindicatoria para recobrar la
posesión del mismo, aspecto que no tiene que ver con los elementos de
prueba, sino con la actividad que se sugirió en cabeza de los interesados para
procurar el dominio de su terreno como propietarios y que aún podían
intentar.
Ahora bien, tampoco puede hablarse de un desconocimiento de las pruebas
en relación con la legalización que dicen, existe por el municipio con la
construcción de vías y redes de servicios públicos en el lugar, pues desde el
inicio, revisadas las pretensiones de la demanda ordinaria, lo que se pretende
es la indemnización de unos perjuicios materiales y morales ante la
imposibilidad de poder tener la posesión del inmueble de su propiedad por no
haber sido exitoso el procedimiento policivo de desalojo intentado en principio
por los actores, diligencia que no se logró en los términos pretendidos y que
atribuyeron a la administración municipal, pero en relación con la legalización
o no de los predios con servicios esenciales, no se advierte que fuera el
problema jurídico a resolver, de manera que no podría hacerse un reproche
de la providencia en relación con este aspecto.
Finalmente, es importante precisar que tratándose de providencias judiciales
proferidas por altas cortes –quienes cumplen la función de unificar la
jurisprudencia y actuar como órganos de cierre en sus respectivas
jurisdicciones–, se exige la configuración de un error en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política
y que sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. Lo cual no
acontece en el sub examine.
6. Conclusión
Por las razones que han quedado expuestas, la Sala negará las pretensiones de la
acción de tutela por no estar configurado los defectos propuestos contra la
providencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por Catalina Yaver
Escobar, Anuar Jalil Yaver Escobar y Sonia Amparo Escobar Yaver, de
conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
21
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