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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03886-00

Corte: procedencia excepcional

Fecha
22 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03886-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por el señor Ángel Rodrigo Pérez Lemus, por las razones anotadas en precedencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-03886-00

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

22 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá D.C., agosto veintidós (22) de dos mil veintitrés (2023).

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-00

Accionante: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS

Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN QUINTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA POR ALTA
CORTE – Procedencia excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se
pretende reabrir la discusión agotada en el proceso de nulidad electoral con el fin de dar
paso a una instancia adicional.

La Sala procede a pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por el señor Ángel Rodrigo Pérez Lemus contra la Sección Quinta del Consejo de
Estado, de conformidad con el Decreto 333 de 20211.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 19 de julio de 2023, el señor Ángel Rodrigo Pérez Lemus presentó solicitud de
tutela2 contra el Consejo de Estado - Sección Quinta, con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de participación
política y de acceso a la administración de justicia.

2. Hechos relevantes

El señor Pérez Lemus formuló demanda con el fin de que se anularan los actos de
elección3 de Gustavo Petro Urrego y de Francia Elena Márquez Mina como
Presidente y Vicepresidenta de la República, respectivamente, para el período

1
Que ingresó para fallo el 8 de agosto de 2023 (índice No. 14 de Samai).
2
Índice No. 2 de Samai.
3
Contenidos en el formulario E-26 PRE del 19 de junio de 2022 y en la resolución No. 3235 del 23
de junio de 2022, expedidos por el Consejo Nacional Electoral.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-00
Accionante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

constitucional 2022 - 2026, cuyo conocimiento correspondió a la Sección Quinta
del Consejo de Estado.

Dicha autoridad judicial, en sede del recurso de súplica, ordenó al magistrado
sustanciador proveer sobre la admisión de la demanda de nulidad electoral en
relación con el cargo de infracción de norma superior4, en aplicación de un
enfoque diferencial en razón del trato especial que deben recibir las personas en
condición de debilidad manifiesta frente a los mecanismos de acceso a la
administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, en providencia de 2 de noviembre de 2022, el
magistrado conductor del proceso admitió la demanda de nulidad electoral y
ordenó las respectivas notificaciones. Posteriormente, en decisión del 30 de enero
de 2023, además de encontrar procedente dictar sentencia anticipada y decretar
pruebas, planteó el problema jurídico a partir del cual fijó el litigio, en los siguientes
términos:

¿El acto demandado se encuentra viciado de nulidad por una infracción de
norma superior en relación con artículos 13 y 40 de la Constitución Política, en
armonía con el artículo 29 de la Ley 1346 de 2009, como consecuencia de la
no inclusión del accionante en las tarjetas electorales utilizadas para el
desarrollo de la elección presidencial cuestionada?

El 30 de marzo de 2023, se profirió sentencia anticipada de única instancia,
mediante la cual negó las pretensiones de nulidad contra los actos de elección
mencionados, por cuanto no se desconocieron las disposiciones constitucionales y
legales que se adujeron como violadas en los términos esbozados en el problema
jurídico citado.

Expresó que, como al “Movimiento Patria Justa”, supuestamente representado por
el señor Pérez Lemus, no le había sido reconocida personería jurídica por parte
del Consejo Nacional Electoral ante el incumplimiento de los requisitos
establecidos para el efecto, dicha asociación no podía otorgarle el aval
correspondiente y la Registraduría Nacional del Estado Civil no podía proceder
con su inscripción como candidato presidencial; por ende, no podía ser incluido en
las respectivas tarjetas electorales en el marco del certamen democrático.

4
Cargo que se fundó en la supuesta vulneración de los artículos 13 (derecho a la igualdad) y 40
(derecho de participación política) de la Constitución Política y del artículo 29 (participación en la
vida política y pública de las personas con discapacidad) de la Ley 1346 de 2009 (“Por medio de la
cual se aprueba la ‘Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad’, adoptada
por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006”).

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-00
Accionante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Indicó que, frente al requisito de obtención de firmas, exigible en casos de
ausencia de personería jurídica, la autoridad electoral no estaba habilitada
legalmente para flexibilizar o eximir al interesado del cumplimiento de esa
formalidad, dado que en este contexto el legislador no ha previsto medidas
afirmativas dirigidas a personas en condición de discapacidad; además, según
jurisprudencia de la Corte Constitucional, tal exigencia no resulta
desproporcionada o excesiva.

3. Fundamentos de la demanda de tutela

El tutelante señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución Política,
defecto procedimental, defecto fáctico y defecto sustantivo, toda vez que se le
negaron las pretensiones de nulidad electoral por el hecho de ser una persona en
condición de discapacidad, pese a que la demanda le fue admitida con un enfoque
diferencial.

Afirmó que con el fallo reprochado el Consejo de Estado trasgredió el régimen
legal5, la normativa y la jurisprudencia constitucional6 y los instrumentos
internacionales7 que consagran garantías de protección para las personas con
discapacidad, en particular las relativas a la posibilidad de participar en el ámbito
político y la viabilidad de adoptar ajustes razonables e implementar acciones
afirmativas al respecto.

Sostuvo que tal corporación judicial: i) se basó en afirmaciones falsas realizadas
por un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a la
inexistente inscripción del actor como candidato presidencial y en decisiones
administrativas que el Consejo Nacional Electoral profirió por fuera del término
legal respecto de la ausencia de personería jurídica del “Movimiento Patria Justa”;
ii) no tuvo en cuenta el acto administrativo en firme que acreditaba la personería
jurídica de tal asociación, ni la petición dirigida a la Registraduría en relación con
dicha inscripción, a pesar de haberse decretado como pruebas y no haber sido

5
Hizo alusión a la Ley 1618 de 2013, “[p]or medio de la cual se establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”.
6
Hizo referencia a los artículos 1, 2, 29, 13, 40 y 47 de la Constitución Política. Asimismo, citó las
sentencias C-197 de 1999, C-293 de 2010, T-495 de 2010, T-553 de 2011 y C-935 de 2013 de la
Corte Constitucional.
7
Se refirió a la “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad” adoptada el 13
de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual fue aprobada en
Colombia mediante la Ley 1346 de 2009.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-00
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Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

objeto de tacha; iii) no accedió al decreto de las declaraciones solicitadas; iv) no
razonó sobre las normas que amparan a las personas en situación de
discapacidad.

Con base en la aclaración de voto de la magistrada Rocío Araújo Oñate, en la que
se destacó la ausencia de vinculación de la Registraduría Nacional del Estado
Civil, agregó que existía una nulidad de la sentencia que debía declararse para
que, en su lugar, se profiriera una que estuviera acorde con el ordenamiento
jurídico.

4. Admisión y trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia del 24 de julio de 20238, se admitió la demanda de
tutela, se dispuso vincular al Presidente y a la Vicepresidenta de la República
como terceros interesados y se ordenó notificar la decisión a la parte accionada9
para que rindieran informe sobre los hechos objeto de debate10.

4.2. La apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República11 argumentó que la solicitud de tutela debía declararse improcedente,
en la medida en que la entidad no había cometido alguna acción u omisión por la
cual el actor pudiera reclamar de ella la tutela de sus derechos fundamentales,
máxime cuando en virtud de los principios de separación de poderes y de
independencia judicial no tenía competencia para revocar el fallo acusado o emitir
uno nuevo.

Añadió que, en todo caso, el amparo constitucional debía negarse, pues según el
sustento fáctico expuesto por el tutelante la entidad citada no pudo haber
vulnerado los derechos fundamentales que invocó como desconocidos.

4.3. El magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil12, ponente de la sentencia
cuestionada, alegó que no se cumplía el presupuesto de relevancia constitucional,
en vista que el accionante pretendía plantear en sede de tutela los mismos
argumentos que fueron descartados para negar la nulidad electoral solicitada,

8
Índice No. 5 de Samai.
9
Magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil, Rocío Araújo Oñate, Luis Alberto Álvarez Parra y Carlos
Enrique Moreno Rubio, integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
10
Además, se reconoció personería al tutelante para actuar a nombre propio.
11
Índice No. 9 de Samai.
12
Índice No. 12 de Samai.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-00
Accionante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

cuando el juez de tutela no podía pronunciarse sobre aspectos ya debatidos ante
el juez natural.

Precisó que la Sección Quinta del Consejo de Estado sí evaluó el mérito
probatorio de los documentos que a juicio del actor no fueron valorados y les
otorgó el valor que les correspondía según la ley, razón por la cual no se configuró
el defecto fáctico invocado. Añadió que el tutelante pretendía que en esta sede
constitucional se analizaran nuevamente esas piezas procesales.

Manifestó que no se estructuraba el defecto sustantivo, por cuanto la aplicación de
las normas constitucionales e internacionales en materia de protección de las
personas en condición de discapacidad fue objeto de análisis en la providencia
acusada y, a partir de dicho estudio, se concluyó que el tratamiento diferencial que
debía darse a esa población no conducía a la inaplicación de las disposiciones
legales que rigen el reconocimiento de personería jurídica a los partidos y
movimientos políticos y la inscripción de candidaturas.

Señaló que tampoco se verificaba una violación directa del texto constitucional,
puesto que la negativa al decreto de pruebas obedeció al incumplimiento de los
presupuestos legales y tal decisión no fue impugnada; la aclaración de voto de
una de las integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado no afectaba la
validez de la sentencia; no se vulneró el principio de congruencia en relación con
los hechos y las pruebas de la demanda; y dicha corporación judicial no encontró
elementos probatorios que desvirtuaran la información aportada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil respecto de la inscripción del actor como
candidato presidencial.

II. CONSIDERACIONES

La Subsección estima que en el presente asunto no hay lugar a realizar un estudio
de fondo, en vista de que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

La Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la relevancia
constitucional tiene por lo menos tres finalidades: i) proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-00
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

fundamentales; e iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces13.

Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que, para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos, a saber14: a) que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir su vulneración; y b)
que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este
mecanismo especial constitucional está diseñado para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la
decisión judicial.

Pues bien, revisada la solicitud de amparo, se evidencia que el tutelante acudió a
esta acción constitucional con el fin de reabrir, en su integridad, el debate
suscitado en el proceso de nulidad electoral promovido para obtener la anulación
de los actos de elección del Presidente y Vicepresidenta de la República del
período 2022 - 2026, cuando lo cierto es que este mecanismo de protección de
derechos fundamentales no comporta una instancia adicional de dicho trámite
judicial.

En efecto, se observa que en la demanda de tutela el actor reiteró el supuesto
quebrantamiento de los mandatos legales, constitucionales e internacionales
referentes a las garantías de las personas con discapacidad que propenden por su
participación en la vida política, con ocasión de las actuaciones administrativas de
la organización electoral consistentes en no acceder al reconocimiento de
personería jurídica al “Movimiento Patria Justa” y no proceder con la inscripción
del accionante como candidato presidencial en representación de esa agrupación
para dicho período, tal y como lo planteó en la demanda de nulidad electoral15.

Asimismo, en concordancia con el auto admisorio que el magistrado sustanciador
dictó en cumplimiento de lo dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de

13
Sentencia T-422 de 2018 de la Corte Constitucional.
14
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, con
radicación 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15
Según se desprende de las pretensiones, los fundamentos fácticos, las normas violadas y el
concepto de la violación señalados en los antecedentes de la sentencia cuestionada.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-00
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

Estado en sede del recurso de súplica16 y el problema jurídico propuesto en la
sentencia anticipada17, los asuntos mencionados en el párrafo anterior fueron
analizados y decididos por dicha autoridad judicial en el fallo objeto de reproche,
así:

● A propósito del reconocimiento de personería jurídica los partidos y
movimientos políticos, previo desarrollo legal y constitucional de los requisitos
a los que tal acto está sometido, puntualizó que el Consejo Nacional Electoral
no le ha reconocido personería jurídica al “Movimiento Patria Justa”, en
atención al incumplimiento de las exigencias establecidas en el ordenamiento
jurídico, por lo que no es posible predicar la existencia de un silencio
administrativo positivo a partir de la petición particular formulada por el actor en
ese sentido, máxime si mediante resolución en firme la entidad aludida negó
dicho reconocimiento.

● En cuanto a la inscripción de candidaturas presidenciales, precisó que es un
trámite sujeto a formalidades contempladas en normas de carácter estatutario,
por lo cual la sola presentación de la solicitud por parte del actor ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil no era suficiente para entender
realizada tal inscripción, sobre todo si se tenía en cuenta que a esa autoridad
electoral no estaba habilitada por la ley para dispensar un trato especial a las
personas con discapacidad frente al trámite de recolección de firmas.

Adicionalmente, el juez electoral se pronunció expresamente sobre el contenido y
alcance de los derechos fundamentales a la igualdad y de participación política, en
especial el derecho a elegir y ser elegido, y de la obligación internacional del
Estado de promover la participación política de la población con discapacidad.

Lo anterior demuestra que la determinación de negar las pretensiones de nulidad
electoral a la luz del cargo de infracción de norma superior se apoyó en el régimen
constitucional y legal que gobierna el reconocimiento de personería jurídica a los
partidos y movimientos políticos y la inscripción de candidatos para elecciones

16
La demanda fue admitida frente al cargo de infracción de norma superior respecto de los
artículos 13 y 40 de la Constitución Política y el artículo 29 de la Ley 1346 de 2009, de conformidad
con el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
17
El cual coincidió con el que se definió en la etapa de fijación del litigio, así: “¿El acto demandado
se encuentra viciado de nulidad por una infracción de norma superior en relación con los artículos
13 y 40 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 29 de la Ley 1346 de 2009, como
consecuencia de la no inclusión del accionante en las tarjetas electorales utilizadas para el
desarrollo de la elección presidencial cuestionada?”.

7

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presidenciales, así como en un estudio juicioso de las múltiples disposiciones
invocadas por el demandante como vulneradas.

Por tanto, no resulta válido afirmar que la providencia cuestionada obedeció al
hecho de que el actor estuviera en situación de discapacidad. Por lo demás, el que
la demanda hubiera sido admitida con un enfoque diferencial no implicaba
necesariamente que las pretensiones allí formuladas tuvieran vocación de
prosperidad, toda vez que ello dependía de los razonamientos jurídicos y
probatorios que el juez efectuara al analizar el fondo del asunto.

Respecto del argumento del tutelante según el cual en la decisión acusada se
habría configurado una nulidad, como lo habría expresado la magistrada Rocío
Araújo Oñate en su aclaración de voto, es relevante anotar que manifestó que la
ausencia de vinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que
intervino en el trámite de inscripción de candidatos presidenciales, eventualmente
implicaría la configuración de una nulidad saneable “que solo podía ser alegada
por las partes interesadas”.

En esa línea, solo el sujeto interesado o afectado con la posible nulidad estaría
legitimado para alegarla, es decir, la mencionada entidad, en tanto no fue
vinculada en el trámite y no habría podido defender la legalidad de su actuación, y
no la parte demandante que en el marco de la acción de tutela pone de presente
esa circunstancia con el único propósito de que se deje sin efectos la sentencia
anticipada, por lo cual este argumento no es de recibo.

En punto del cuestionamiento realizado a la actividad probatoria desarrollada en el
fallo acusado, se aprecia que tanto las pruebas allegadas por el demandante,
como las aportadas como resultado de la facultad oficiosa del juez, fueron
debidamente valoradas por la corporación accionada en el marco de su autonomía
judicial. Igualmente, se advierte que la aplicación de las normas que regulan los
asuntos materia de debate y la interpretación de aquellas que fueron invocadas
como trasgredidas fue razonablemente fundada.

En relación con la decisión de no acceder al decreto de las declaraciones
solicitadas por la parte accionante, se tiene que aquella se adoptó en una
providencia anterior a la sentencia reprochada que no fue objeto de impugnación
y, en todo caso, tuvo como fundamento la ausencia de los presupuestos previstos

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-00
Accionante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

en la ley para el efecto, lo que esta Sala encuentra ajustado a las disposiciones
procesales aplicables.

Así las cosas, la Subsección estima que lo pretendido por el actor con la solicitud
de amparo es que se realice un nuevo estudio de los aspectos jurídicos y
probatorios que fueron razonablemente abordados y definidos por el juez natural
de la causa, lo que conlleva a la improcedencia de la demanda de tutela de la
referencia por el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Sobre el particular, conviene destacar que la Corte Constitucional ha establecido
que la acción de tutela contra providencias judiciales “es concebida como un ‘juicio
de validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado, lo que se
opone a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de
los asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que
dieron origen a la controversia (…)”18.

De conformidad con lo anterior, se declarará la improcedencia del amparo
solicitado por falta de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por el señor Ángel
Rodrigo Pérez Lemus, por las razones anotadas en precedencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada esta providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

18
Sentencia T-016 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-00
Accionante: Ángel Rodrigo Pérez Lemus
Accionado: Consejo de Estado - Sección Quinta
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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