Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03886-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-03886-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-03886-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DEL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR
PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE
LAS PRUEBAS QUE FUERON ALLEGADAS AL PROCESO DE NULIDAD
ELECTORAL, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO
LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE
PROPONE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, A LA
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 17 de octubre de 2023, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo de la referencia.
1 En adelante la Sección Tercera
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-01
Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación
política y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima
vulnerados por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2
al haber proferido la providencia de 30 de marzo de 2023, dentro del
medio de control de nulidad electoral de única instancia, identificado
con el número único de radicación 2022-00151-00.
I.2.- Hechos
Pese a la falta de claridad de la situación fáctica narrada en el escrito
introductorio, la Sala tiene como hechos relevantes para resolver los
siguientes:
2 En adelante la Sección Quinta.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-01
Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
I.2.1.- Hechos previos a la demanda de nulidad electoral
Refirió que encontrándose en el servicio activo militar sufrió una
lesión que le ocasionó una discapacidad auditiva.
Indicó que acudió ante el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL con el
objeto de postularse como candidato para la elección presidencial del
periodo 2022-2026, por el movimiento “Patria Justa”, que representa
a personas en condición de discapacidad y cuenta con personería
jurídica conforme a la Escritura Pública núm. 1345 de 24 de mayo de
2019, “de acuerdo con acto administrativo en firme por voluntad de
la constitución política y la ley (sic) 1437 del 2011, artículos (sic) 87
numeral 5”3.
Afirmó que representa al movimiento “Patria Justa” y que el
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL no le reconoció personería
jurídica debido al incumplimiento de los requisitos establecidos para
el efecto, por lo cual, dicha asociación no podía otorgarle el aval
correspondiente y la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL4 no efectuó su inscripción como candidato presidencial.
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Transcripción literal de lo mencionado por el actor.
4
En adelante la Registraduría Nacional
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-01
Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
Comentó que, frente al requisito de obtención de firmas, exigible en
casos de ausencia de personería jurídica, el CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL no flexibilizó dicho requisito en su situación, ni lo eximió
del cumplimiento de esa formalidad, dada la imposibilidad de
efectuar la recolección de firmas debido a sus condiciones especiales,
exigencia que resultaba desproporcionada o excesiva.
Sostuvo que debido a que la autoridad electoral no efectuó su
inscripción, por la falta de personería jurídica del movimiento “Patria
Justa”, elevó un derecho de petición ante la REGISTRADURÍA
NACIONAL, en el cual se presentó como candidato a la Presidencia
de la República en representación del referido grupo, pero no fue
incluido en las tarjetas electorales respectivas.
Manifestó que las anteriores circunstancias le impidieron tramitar su
solicitud de ser reconocido como candidato presidencial, por lo cual,
la REGISTRADURÍA NACIONAL lo excluyó de las tarjetas
electorales de la contienda electoral, tanto en primera, como en
segunda vuelta, lo cual, constituye la transgresión de su derecho
fundamental a elegir y ser elegido y, además, representa un acto de
violencia en su contra, que desconoce su condición de persona con
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-01
Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
discapacidad sensorial y que afecta al grupo minoritario representado
por él, denominado movimiento “Patria Justa”.
I.2.2.- De la demanda de nulidad electoral
Afirmó que inconforme con lo anterior, promovió la demanda de
nulidad electoral identificada con el número único de radicación
11001-03-28-000-2022-00151-00 contra el acto de elección de los
señores GUSTAVO PETRO URREGO Y FRANCIA ELENA MÁRQUEZ
MINA como presidente y vicepresidenta de la República,
respectivamente, contenidos en el formulario E-26 PRE de 19 de
junio de 2022 y en la Resolución núm. 3235 de 23 de junio de 2022,
expedidos por el Consejo Nacional Electoral.
Señaló que inicialmente, la demanda fue inadmitida y,
posteriormente rechazada, decisión que fue objeto de recurso de
súplica, que fue resuelto mediante providencia de 20 de octubre de
2022, ordenando proveer sobre la admisión en relación con el cargo
de infracción de norma superior5, en aplicación de un enfoque
diferencial en razón del trato especial que deben recibir las personas
5
Únicamente respecto “del cargo de infracción de norma superior en relación con los artículos 13 y 40
de la Constitución Política, en armonía con el (sic) artículos 29 de la Ley 1346 de 2009, de conformidad
con el artículo 137 del CPACA, de la Ley 1437 de 2011”.
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
en condición de debilidad manifiesta frente a los mecanismos de
acceso a la administración de justicia.
Refirió que la demanda fue admitida mediante providencia de 2 de
noviembre de 2022 y el 30 de enero de 2023, además de encontrar
procedente dictar sentencia anticipada y decretar pruebas, el
Magistrado Ponente planteó el problema jurídico a partir del cual fijó
el litigio6.
Indicó que, mediante sentencia anticipada de única instancia de 30
de marzo de 2023, proferida por la SECCIÓN QUINTA se denegaron
las pretensiones de nulidad contra los actos de elección de los
señores GUSTAVO PETRO URREGO Y FRANCIA ELENA
MÁRQUEZ MINA como presidente y vicepresidenta de la República,
respectivamente, bajo el argumento de que los actos acusados no
incurrieron en infracción de las disposiciones constitucionales y
legales que se invocaron como vulneradas.
6
El litigio se fijó en los siguientes términos:
“[…] ¿El acto demandado se encuentra viciado de nulidad por una infracción de norma superior
en relación con artículos 13 y 40 de la Constitución Política, en armonía con el artículo 29 de
la Ley 1346 de 2009, como consecuencia de la no inclusión del accionante en las tarjetas
electorales utilizadas para el desarrollo de la elección presidencial cuestionada? […]”
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
I.3. Fundamentos de derecho
El actor sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente, violación directa de la Constitución
Política, defecto procedimental, defecto fáctico y defecto sustantivo,
toda vez que, denegó las pretensiones de la demanda, por el hecho
de ser una persona en condición de discapacidad, desconociendo que
el medio de control fue admitido con un enfoque diferencial.
Adujo que, la providencia cuestionada trasgredió el régimen legal
previsto en la Ley 1618 de 27 de febrero de 20137, la normativa y la
jurisprudencia constitucional8 y la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad9 que establecen garantías de
protección para ese grupo de personas, relacionadas con la
posibilidad de participar en el ámbito político y de implementar
acciones afirmativas al respecto.
Señaló que la providencia cuestionada i) se basó en afirmaciones que
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“Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos
de las personas con discapacidad”.
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Refirió los artículos 1, 2, 29, 13, 40 y 47 de la Constitución Política. Asimismo, citó las sentencias C-
197 de 1999, C-293 de 2010, T-495 de 2010, T-553 de 2011 y C-935 de 2013 de la Corte
Constitucional.
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Adoptada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual fue
aprobada en Colombia mediante la Ley 1346 de 2009
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no corresponden a la realidad, realizadas por un funcionario de la
REGISTRADURÍA NACIONAL relacionadas con la inexistencia de
su inscripción como candidato presidencial y en decisiones
administrativas que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL profirió
de forma extemporánea referentes a la ausencia de personería
jurídica del movimiento “Patria Justa”; ii) desconoció y valoró de
forma errada las pruebas, entre las cuales se encontraba el acto
administrativo que acreditaba la personería jurídica de dicha
asociación y la petición dirigida a la REGISTRADURÍA NACIONAL
solicitando la inscripción; iii) tampoco accedió al decreto de las
declaraciones solicitadas y, iv) no tuvo en cuenta las normas que
protegen a las personas en situación de discapacidad.
Afirmó que la aclaración de voto de la magistrada Rocío Araújo
Oñate, daba cuenta de la existencia de una nulidad en la sentencia
que debía declararse para que, en su lugar, se profiriera una que
estuviera acorde con el ordenamiento jurídico, pues se omitió
vincular a la REGISTRADURÍA NACIONAL.
I.3.- Pretensiones
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO: Solicito de la manera más atenta y con el
debido respeto Señores honorable Consejo de Estado que se
tutele mis derechos fundamentales violados AL DEBIDO
PROCESO, A LA IGUALDAD CON IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES AL SER PERSONA CON DISCAPACIDAD EL
DEMANDANTE, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, LA DENEGACIÓN DE LA LEY, LA VIOLACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ARTÍCULO 29 DE LA LEY 1346 DEL 2009 DEL
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, ARTICULO 3.5.4 VIOLACIÓN DEL TRATADO
INTERNACIONAL CELEBRADO EL 13 DE DICIEMBRE DEL 2006
DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS
HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RATIFICADO
POR COLOMBIA CON LA LEY 1346 DE 2009 Y DECLARADO
EXEQUIBLE CON SENTENCIA C 293 DE 2010 VIOLACIÓN DEL
DERECHO FUNDAMENTAL DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA por
cuanto la demanda se admitió de acuerdo con los artículos 13,
40 de la Constitución Política en armonía con el artículo 29 de la
ley 1346 de 2009 de conformidad con el artículo 137 de la ley
1437 de 2011.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS LA SENTENCIA
PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO SALA QUINTA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Auto (sic) del 30
de marzo de 2023 respecto de la Sentencia Resuelve: negar las
pretensiones de nulidad electoral promovidas por Ángel Rodrigo
Pérez Lemus contra el acto de elección de Gustavo Francisco
Petro Urrego y Francia Elena Márquez Mina como presidente y
vicepresidenta de la república para el periodo constitucional
2022-2026, contenido en el formulario E-26 PRE de 19 junio de
2022 Y la Resolución 3235 del 23 del mismo mes y año
expedidos por el Consejo Nacional Electoral –CNE.
TERCERO: ORDENAR AL Consejo de Estado Sala Quinta de lo
contencioso administrativo, que, en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso de
la referencia teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
por la ley y la jurisprudencia en lo referente al acceso a la justicia
y debido proceso con el enfoque diferencial para personas con
discapacidad cumpliendo el tratado internacional que Colombia
se obligó a cumplir celebrado el 13 de diciembre de 2006 con
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
Naciones Unidas y ratificado con la ley 1346 de 2009 y declarado
exequible con la sentencia C 293 DE 2010 que versa sobre el
reconocimiento de los derechos humanos de las personas con
discapacidad, asiendo los ajustes razonables con acciones
afirmativas ventajosas con el único propósito de hacer la
inclusión real y efectiva sin discriminación con el derecho de
igualdad con igualdad de oportunidades para que desaparezca
esta violación de todos los estrados administrativos públicos
como privados por cuanto al presentarse la persona con
discapacidad a estos estrados COMO EN MI CASO PARTICULAR
ESPECIAL a la administración, el funcionario consciente o
inconsciente le da su acceso a la justicia y debido proceso con
las leyes, reglamentos, costumbres para las personas
normales cercenándole automáticamente sus derechos
HUMANOS reconocidos COMO PERSONA CON DISCAPACIDAD,
por lo cual de ahí la violación que versa sobre la presente Litis,
por cuanto fue admitida la demanda desde un comienzo con
enfoque diferencial por ser el demandante persona con
discapacidad, siendo esto ordenado por el superior jerárquico en
segunda instancia , pero que el señor magistrado ponente no
cumplió.
CUARTO: ORDENAR al Consejo de Estado Sala Quinta de lo
Contencioso Administrativo, que en el término de esta
providencia se asigne un nuevo magistrado que sea superior
jerárquico del magistrado ponente de la misma sala, para que
profiera una nueva sentencia dentro del proceso de nulidad
electoral de acuerdo con el artículo 13, 40 de la Constitución
Política en armonía con el artículo 29 de la Ley 1346 del 2009
del bloque de constitucionalidad para personas con discapacidad
con el artículo en conformidad 137 de la ley 1437 del 2011
teniendo en cuenta que la demanda fue admitida con estos
artículos y con enfoque diferencial por ser el demandado persona
con discapacidad donde el derecho sustancial tiene
primacía sobre el derecho formal así quedo admitida.
QUINTO: ORDENAR al Consejo de Estado Sala Quinta de lo
Contencioso Administrativo, que en la nueva sentencia no se nos
niegue ni discrimine por ser persona con discapacidad, la
aplicación de los artículos 52,85,87,89,91 de la ley 1437 del
2011 CPACA tal como están escritos en la demanda de nulidad
electoral del acto administrativo de elección presidencia y vice
presidente 2022-2026, que son el respaldo de la firmeza de
todos los actos administrativos ,como lo es nuestro acto
administrativo en firme de nuestra personería jurídica 1345 del
24 de mayo del 2019 de la notaria 36 del círculo de Bogotá que
hizo tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 87
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numeral 5 de la misma ley , que hasta la presente no está
demandado por el CNE para revocarlo o anularlo en estrados de
lo contencioso administrativo como lo determina la ley , y en la
demanda fue decretado en pruebas sin tacha ni rechazado por
el demandado ni el señor magistrado ponente, como lo escribe
que el demandado no presentó pruebas ni solicito pruebas así
quedo decretado en pruebas con la fuerza que la ley tiene para
estas […]”. (sic en toda la cita)
I.4.- Defensa
I.4.1.- La SECCIÓN QUINTA sostuvo que la acción de tutela es
improcedente porque no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, bajo el entendido de que lo pretendido por el actor es
reabrir el debate del proceso de nulidad electoral sin presentar
auténticas razones sobre la vulneración de garantías de orden
constitucional.
Manifestó que lo pretendido por el actor es utilizar la acción de tutela
como una tercera instancia, trasladando a sede constitucional los
mismos argumentos que fueron descartados como sustento de la
nulidad pretendida, en la sentencia que puso fin al trámite electoral.
Precisó que, contrario a lo afirmado por el actor en el escrito de
demanda de tutela, las pruebas que alega desconocidas si fueron
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debidamente analizadas en la providencia cuestionada y, además, se
les otorgó el valor que conforme a la ley les correspondía.
Frente al reproche relacionado con la configuración del defecto
sustantivo alegado, afirmó que no se omitió el análisis de las
disposiciones convencionales, constitucionales y legales invocadas
por el actor como sustento del tratamiento diferencial que pretendía,
sino que, una vez analizado su contenido, se encontró que la
inexistencia de disposiciones legales que adoptaran medidas
diferenciales para efectos del reconocimiento de personería y de la
inscripción de candidaturas respecto de organizaciones integradas
por personas en condición de discapacidad, impedía al juez de lo
electoral omitir los mandatos legales existentes sobre la materia.
Sin perjuicio de lo anterior, afirmó que, no se configuró ninguno de
los vicios o defectos alegados por el accionante en el escrito inicial.
I.5.- Intervinientes
I.5.1.- El DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, solicitó denegar las
pretensiones de la solicitud de amparo constitucional de la referencia,
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toda vez que, no se vislumbraba la vulneración de derecho
fundamental alguno.
Afirmó que esa entidad no había cometido alguna acción u omisión
por la cual el actor pudiera reclamar de la misma la tutela de sus
derechos fundamentales, máxime aun, teniendo en cuenta que,
conforme a los principios de separación de poderes y de
independencia judicial no tenía competencia alguna para revocar la
providencia acusada o emitir una nueva.
I.6.- Del trámite de la acción de tutela
El 22 de agosto de 2023, la SECCIÓN TERCERA profirió sentencia
de primera instancia en el presente asunto, por medio de la cual
declaró la improcedencia del amparo por falta de relevancia
constitucional.
Posteriormente, el señor HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA
solicitó la nulidad de la anterior decisión, porque debió ser vinculado
al trámite de la acción constitucional de la referencia, en atención a
su calidad de coadyuvante de la parte actora en el proceso de nulidad
electoral.
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Mediante providencia de 14 de septiembre de 2023, la Magistrada
Ponente del asunto, doctora Martha Nubia Velásquez Rico, declaró la
nulidad de la sentencia de 22 de agosto de 2023, dispuso la
vinculación del señor SUA MONTAÑA y del CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL como terceros interesados en las resultas del proceso,
toda vez que, frente al primero se acreditó la condición de
coadyuvante en el trámite de nulidad electoral y en relación con el
segundo se advirtió que se trataba de la entidad que expidió el acto
administrativo cuya legalidad se cuestionó en dicho trámite.
Con posterioridad a la declaración de nulidad de la sentencia de
primera instancia se presentaron las siguientes intervenciones:
I.6.1.- El señor HAROLD EDUARDO SUA MONTAÑA remitió
memorial en el cual sostuvo que el plazo de dos días que se le había
concedido para intervenir no era razonable. Igualmente, señaló que
los magistrados que suscribieron la sentencia de tutela anulada no
podían emitir el fallo de reemplazo y que las dependencias del
Consejo de Estado eran influenciables entre sí, lo que contrariaba el
principio de imparcialidad.
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Afirmó que no se atendió su solicitud consistente en informar a la
Defensoría del Pueblo para que interviniera en el presente asunto,
dada la condición de discapacidad del tutelante, en detrimento de su
derecho de acceso a la administración de justicia y, además, que la
determinación de declarar la nulidad de la sentencia de tutela
correspondía a la Sala, más no a la magistrada ponente y, que el juez
de tutela debía ejercer oficiosamente las facultades extra y ultra
petita, fundamentado en los principios pro actione y iura novit curia.
Sostuvo que la providencia cuestionada vulneró la garantía de la
“motivación adecuada”, toda vez que no valoró el documento que
daba cuenta de la inscripción del actor como candidato a las
elecciones presidenciales de 2022; tampoco tuvo en cuenta los
documentos aportados con la demanda, ni se pronunció respecto a
las excepciones de inconstitucionalidad que propuso frente a las
normas sobre el reconocimiento de personería jurídica de
agrupaciones políticas.
I.6.2. El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, tercero interesado en
las resultas del proceso, presentó memorial de intervención, que tal
y como lo consideró el juez de primera instancia, no será tenido en
cuenta, toda vez que, únicamente allegó el escrito sin adjuntar el
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poder otorgado por la entidad a la que dijo representar, para actuar
en las presentes diligencias.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 17 de octubre de
2023, declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional.
Sostuvo que el actor promovió la presente solicitud de amparo con
el fin de reabrir, en su integridad, el debate suscitado en el proceso
de nulidad electoral en el cual solicitó la anulación de los actos de
elección del presidente y la vicepresidenta de la República del período
2022 - 2026, cuando lo cierto era que este mecanismo de protección
excepcional de derechos fundamentales no constituía una instancia
adicional de dicho trámite judicial.
Manifestó que la acción de tutela no es un mecanismo
complementario al del medio de control electoral y no tiene por fin
revisar las bases del debate judicial para definir como instancia final
las razones de derecho objeto de la controversia.
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
Indicó que el actor reiteró los argumentos de la demanda nulidad
electoral, relacionados con las garantías de las personas con
discapacidad que propenden por su participación en la vida política,
con ocasión de las actuaciones administrativas de la organización
electoral consistentes en no acceder al reconocimiento de personería
jurídica al movimiento “Patria Justa” y no proceder con la inscripción
del accionante como candidato presidencial en representación de esa
agrupación para dicho período, tal y como lo planteó en la demanda
de nulidad electoral.
Afirmó que los defectos alegados corresponden a una discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso, que no es
susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial,
pues lo pretendido por el actor con la solicitud de amparo es que se
realice un nuevo estudio de los aspectos jurídicos y probatorios que
fueron razonablemente abordados y definidos por el juez natural de
la causa, lo que conllevaba a la improcedencia de la solicitud de
amparo, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Adujo que contrario a lo afirmado por el actor, la determinación de
negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral, no
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
obedeció a su situación de discapacidad, sino que se sustentó en el
régimen constitucional y legal que rige el reconocimiento de
personería jurídica a los partidos y movimientos políticos y la
inscripción de candidatos para elecciones presidenciales, para lo cual,
en la sentencia cuestionada se abordó incluso el estudio de las
múltiples disposiciones invocadas por el demandante como
vulneradas.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia y solicitó
que se revoque, toda vez que, se encuentra en desacuerdo, pues el
acto administrativo controvertido debía ser declarado nulo, habida
cuenta que, el movimiento “Patria Justa” si contaba con personería
jurídica y, en consecuencia, él debía ser inscrito entre los candidatos
a las elecciones presidenciales 2022-2026.
Reiteró que es una persona que padece discapacidad sensorial,
derivada de una lesión ocasional en el servicio activo militar,
situación que no había sido tenida en cuenta en la providencia
cuestionada, lo cual, demostraba la discriminación de la que había
sido víctima, impidiéndole el acceso a la administración de justicia y
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vulnerando los demás derechos fundamentales deprecados.
Manifestó que el objeto del proceso de nulidad electoral y el de la
presente solicitud de amparo diferían, lo cual demostraba que no
pretendía constituir una instancia adicional, pues lo cierto era que la
que la autoridad judicial accionada había desconocido los artículos
52, 85, 87, 88 y 89 de la Ley 1437 de 2011, conforme a los cuales
era posible evidenciar que el movimiento “Patria Justa” que dice
representar, sí cuenta con personería jurídica, tal y como lo
demuestra la Escritura Pública núm. 1345 de 24 de mayo de 2019,
contentiva del silencio administrativo protocolizado, al no haber dado
el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL respuesta a la solicitud de 11
de abril de 2019.
Alegó que el Estado y la sociedad en general se encuentran en la
obligación de remover las barreras que le impidan a la población
discapacitada acceder a una inclusión social plena, toda vez que, se
trata de sujetos de especial protección.
Aseguró que padece una discapacidad sensorial con calificación del
100% de invalidez, lo cual, constituía una razón más que suficiente
para que en su caso se diera aplicación al artículo 29 de la
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Constitución Política.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
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no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
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es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la participación política y al acceso a la administración de
justicia, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN QUINTA al
haber proferido, la sentencia anticipada de 30 de marzo de
2023, dentro del medio de control de nulidad electoral de única
instancia, identificado con el número único de radicación 2022-
00151-00.
A la citada providencia el actor le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad
judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente,
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
violación directa de la Constitución Política, defecto procedimental,
defecto fáctico y defecto sustantivo, al resolver desfavorablemente
las súplicas de la demanda de nulidad electoral, que promovió contra
los actos electorales de los señores GUSTAVO PETRO URREGO Y
FRANCIA ELENA MÁRQUEZ MINA como presidente y
vicepresidenta de la República, respectivamente, contenidos en el
formulario E-26 PRE de 19 de junio de 2022 y en la Resolución núm.
3235 de 23 de junio de 2022, expedidos por el CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL.
En efecto, sostuvo que la decisión cuestionada incurrió en
quebrantamiento de los mandatos legales, constitucionales e
internacionales referentes a las garantías de las personas con
discapacidad que propenden por su participación en la vida política,
con ocasión de las actuaciones administrativas de la organización
electoral consistentes en no acceder al reconocimiento de personería
jurídica al movimiento “Patria Justa” y no proceder con su inscripción
como candidato presidencial, en representación de esa agrupación
para el período 2022-2026.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, declaró improcedente el amparo
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
solicitado, en razón a que el asunto carece de relevancia
constitucional, toda vez que, los argumentos expuestos por la parte
actora ya habían sido debatidos, analizados y resueltos en el trámite
del proceso de nulidad electoral, lo cual, ponía de manifiesto que se
había acudido al amparo constitucional para insistir en los
fundamentos ventilados ante el juez natural de la causa.
La impugnación de la parte actora está estructurada sobre una
reiteración de los argumentos principales que sostuvieron su posición
jurídica inicial, conforme a la cual la autoridad judicial accionada
debía declarar la nulidad del acto administrativo cuestionado, ya que,
a su juicio, el movimiento “Patria Justa” sí cuenta con personería
jurídica, con fundamento en la Escritura Pública núm. 1345 de 24 de
mayo de 2019, contentiva del silencio administrativo protocolizado
ante la Notaría 36 del Círculo de Bogotá, al no haber dado el
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL respuesta a la solicitud de 11
de abril de 2019.
En ese orden, la Sala estima pertinente precisar que circunscribirá el
objeto de estudio únicamente a los argumentos expuestos en la
impugnación.
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si la SECCIÓN QUINTA vulneró los derechos
deprecados e incurrió en las irregularidades aludidas, al haber
proferido la sentencia de 30 de marzo de 2023.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
esenciales, propias del debido proceso constitucional 10, de manera
tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».11
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación12, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
10
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
11
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
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“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [16].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [19]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-03886-01
Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, la Sala observa que, a través de la sentencia
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
cuestionada, la SECCIÓN QUINTA denegó las pretensiones del actor
dentro del medio de control de nulidad electoral, conforme al
siguiente análisis:
“[…] 3. Caso concreto
86. A juicio del accionante, pese a que lo solicitó ante la RNEC, no
fue inscrito como candidato presidencial para el periodo
constitucional 2022-2026 y, por ende, no apareció en las tarjetas
electorales utilizadas para el desarrollo de la elección cuestionada.
Por ello, consideró que el acto de elección del presidente y la
vicepresidenta de la República contenido en el formulario E-26
PRE del 19 de junio de 2022 y la Resolución 3235 del 23 de junio
del mismo año, expedidos por el Consejo Nacional Electoral -CNE-
, contrariaron los artículos 13 y 40 superiores, en armonía con el
artículo 29 de la Ley 1346 de 2009, aspecto que guiará el
problema jurídico a resolver.
87. Entonces, la problemática expuesta conlleva determinar si los
actos censurados, en efecto, desconocieron las disposiciones
constitucionales y legales invocadas. Desde dicho panorama, los
hechos relevantes para la decisión que se adoptará son los
siguientes:
a) Como lo informó el accionante54, en el año 2019 se
inscribió a la convocatoria electoral para la Alcaldía de
Bogotá por el grupo significativo de ciudadanos
denominado Movimiento Patria Justa. No obstante, adujo
que se les «pidió y exigió la recolección de firmas tal
como se las exige a las personas normales sin hacer
ninguna clase de diferenciación al ser nosotros personas
con discapacidad, sordomudos, ciegos, inválidos».
b) Afirmó que, en el transcurso del término de
recolección de firmas, el 12 de abril de 2019 presentó
una petición ante el CNE en la que solicitó garantías
electorales y acciones afirmativas a su favor, para que
no le fuera exigido dicho requisito, en atención a que
dicha labor resultaba compleja de cumplir por sus
condiciones especiales.
c) Como fórmula de solución a la imposibilidad de
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
recoger las firmas, en la misma petición se solicitó al CNE
que al Movimiento Patria Justa le fuera reconocida la
personería jurídica «tal como se la dieron en su momento
en forma automática a las minorías étnicas y así al
existir, un precedente judicial administrativo, lo podían
hacer en forma similar al estar en el mismo bloque de
constitucionalidad». Además, se sustentó la petición a
partir del hecho de encontrarse en una situación de
debilidad manifiesta y precariedad económica superior a
la de las etnias
d) Por considerar que el CNE no dio respuesta en el
término legal establecido, acudieron ante notario para
protocolizar, mediante escritura pública del 24 de mayo
de 2019, lo que se consideró un silencio administrativo
positivo, de conformidad con el artículo 84 del CPACA.
e) Como puede advertirse de las pruebas arrimadas al
proceso, el CNE negó el reconocimiento de la personería
jurídica solicitada, mediante la Resolución No. 2277 de
11 de junio de 201955. Dicha decisión fue confirmada en
su integridad a través de la Resolución No. 7766 del 19
de diciembre del mismo año56, luego de que fuera
recurrida por el demandante.
e) (sic) Mediante petición del 20 de diciembre de 202157
presentada ante el registrador Nacional del Estado Civil, el
demandante solicitó su intervención directa para cumplir con la
inscripción de su candidatura a la Presidencia de la República para
el periodo constitucional 2022-2026, con el aval del MOVIMIENTO
POLÍTICO COLOMBIA JUSTA de la minoría de personas con
discapacidad «CON PERSONERÍA JURÍDICA DE ACUERDO CON
VOLUNTAD DE A CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LEY DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA NO,1345/2019 mediante la figura de
silencio administrativo protocolizado de acuerdo con la ley
1437/2011…», como se aprecia a continuación:
[…]
h) La RNEC, mediante oficio del 2 de febrero de 202358, informó
que, revisados sus archivos y bases de datos, no se encontraron
registros que dieran cuenta de que el accionante haya sido
candidato en la referida elección.
88. Con las anteriores precisiones se determinará si los actos
censurados incurrieron en la infracción atribuida de las normas
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Actor: ÁNGEL RODRIGO PÉREZ LEMUS
constitucionales y legales, como consecuencia de que el
accionante no figuró en las tarjetas electorales para las elecciones
presidenciales para el periodo constitucional 2022-2026. Para el
efecto, con miras a responder el problema jurídico planteado en
la fijación del litigio, la Sala considera imprescindible analizar si el
Movimiento Patria Justa:
a) contaba con personería jurídica para presentar al
accionante como candidato a las elecciones
presidenciales a partir del presunto silencio
administrativo del CNE que, en concepto del actor así lo
permitía, o si ante la ausencia de personería;
b) la «petición» de inscripción del demandante,
contenida en la petición del 20 de diciembre de 2021, se
dio conforme con los requisitos constitucionales y legales
para el efecto.
89. En atención a los supuestos fácticos enunciados, la Sala
advierte que las pretensiones del accionante no tienen vocación
de prosperidad puesto que al Movimiento Patria Justa no le ha
sido reconocida personería jurídica por parte del CNE, en atención
a que dicha organización no acreditó los requisitos establecidos
para el efecto, como se señaló en las Resoluciones 227759 y 7766
de 201960. Según se advierte de las pruebas arrimadas al
expediente, dichos actos administrativos no han sido objeto de
control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es
decir, se encuentra surtiendo efectos jurídicos.
90. De igual manera, contrario a lo señalado por el accionante,
cuya argumentación reiteró el coadyuvante, el reconocimiento de
la personería jurídica no es producto del silencio administrativo
en que pueda incurrir el CNE al momento de resolver una situación
de esta índole o de la escritura pública que lo protocolice –tal y
como se afirma en la demanda–, sino del pleno cumplimiento de
los requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico.
[…]
92. Además, dicha figura jurídica, esto es, el silencio
administrativo positivo, cuenta con regulación expresa en el
artículo 84 del CPACA, la cual excluye su extensión a hipótesis no
previstas en la ley.
93. Al respecto, como lo puso de presente el Ministerio Público, el
artículo 84 del CPACA establece que el silencio de la
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administración equivale a una decisión positiva solamente en los
casos expresamente previstos en disposiciones legales especiales.
Por consiguiente, la regla general es que dicho fenómeno deba
ser entendido como una determinación negativa.
[…]
95. Así las cosas, de manera excepcional, el silencio de la
administración equivale a una decisión positiva respecto de
peticiones a ella formuladas, que no se contestaron en el plazo
legal, únicamente cuando el legislador lo haya determinado
expresamente.
96. Conforme con lo anterior, dicha presunción –silencio
administrativo positivo– no se desprende de las normas que
regulan el trámite de reconocimiento de personería jurídica por
parte del CNE. En efecto, el artículo 108 constitucional ni el
artículo 3º de la Ley 1475 de 2011, prescriben que la solicitud sin
resolver en ese lapso se deba entender como decisión positiva a
quien pretendió el reconocimiento.
97. En todo caso, en el presente asunto se encuentra probado que
el CNE negó el reconocimiento de la personería jurídica que aduce
el demandante, mediante la Resolución 2277 de 11 de junio de
201962, la cual fue recurrida por el mismo y confirmada con la
Resolución 7766 del 19 de diciembre del mismo año63.
98. El accionante también adujo que debió ser incluido en las
tarjetas electorales para la elección a la Presidencia de la
República para el periodo 2022-2026, con ocasión de la petición
que presentó el 20 de diciembre de 202164 ante el registrador
nacional del Estado Civil en la que solicitó ser inscrito como
candidato en representación del movimiento Patria Justa.
99. Frente a este punto, la Sala coincide con el Ministerio Público
en cuanto a que la simple presentación de un derecho de petición
ante la RNEC para que procediera a la inscripción de una persona
como candidato a la Presidencia de la República resulta
insuficiente para entender que la misma se dio conforme a
derecho y que, por ende, produzca efectos jurídicos.
100. Lo anterior, por cuanto, como se puso de presente, el
legislador estatuario estableció que, para presentar aspirantes a
la Presidencia de la República, los partidos o movimientos políticos
«con personería jurídica» podrán inscribir candidato
individualmente o en alianzas, siempre que el representante legal
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así lo avale.
101. En lo que corresponde a la inscripción de candidaturas por
movimientos sin personería jurídica, como es el caso de Patria
Justa, no solo debe verificarse ante la RNEC «un número de
firmas equivalente al tres por ciento (3%) del número total
de votos válidos depositados en las anteriores elecciones a
la Presidencia de la República», sino además, de conformidad
con el artículo 91 del Código Electoral65, todos los candidatos a la
Presidencia de la República deben acompañar a la solicitud la
certificación expedida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado que acredita que el aspirante reúne las
calidades constitucionales requeridas para el cargo. (Énfasis de la
Sala).
[…]
104. De esta manera, i) si la RNEC contestó que el demandante
no fue candidato a la Presidencia de la República y ii) si del
contenido de la petición en la que solicitó su inscripción no se
evidencia el cumplimiento de los requisitos para dicho efecto, no
se advierte de qué manera se afectaría la presunción de legalidad
de los actos censurados.
[…]
107. Ahora bien, la Sala no desconoce que el demandante señaló
que dada su condición de discapacidad no debía exigírsele en
ningún escenario el cumplimiento del requisito relativo a la
obtención de firmas, en virtud del derecho a la igualdad y a lo
dispuesto por el artículo 29 de la Ley 1346 de 2009.
[…]
111. Ante la ausencia de autorización legal, no resultaba
admisible que la autoridad electoral creara o modificara el
régimen jurídico previsto para la inscripción de candidatos a los
diferentes cargos de elección popular, como sucede en este caso
respecto del presidente de la República, por tratarse de un asunto
cuya regulación es de la órbita exclusiva del legislador, incluso
del estatutario […]”.
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que, la
SECCIÓN QUINTA realizó un análisis de la situación fáctica y
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jurídica del asunto, conforme al cual encontró que, en el año 2019,
el actor se inscribió a la convocatoria electoral para la Alcaldía de
Bogotá por el movimiento denominado “Patria Justa” y que el mismo
carecía de personería jurídica, por lo cual, el CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL le exigió la recolección de firmas de la ciudadanía que
avalaran su candidatura; inconforme con lo anterior, el 12 de abril
de 2019, presentó una petición ante dicha autoridad electoral, para
que no se le exigiera el cumplimiento de dicho requisito, en atención
a la complejidad de realizar la recolección de las firmas por sus
condiciones especiales, por lo cual, solicitó a dicha autoridad efectuar
el reconocimiento de forma automática de la personería jurídica, tal
y como ocurrió con las minorías étnicas.
Corolario de lo anterior, la autoridad judicial accionada advirtió que
el actor consideró que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL no dio
respuesta en el término legal establecido a su petición, por lo cual,
acudió ante un notario para protocolizar, mediante escritura pública
de 24 de mayo de 2019, lo que consideró un silencio administrativo
positivo a su petición de reconocimiento de forma automática de la
personería jurídica del movimiento “Patria Justa”, conforme lo
establece el artículo 84 del CPACA y, posteriormente, solicitó a la
REGISTRADURÍA NACIONAL que se diera cumplimiento con la
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inscripción de su candidatura a la Presidencia de la República para el
periodo constitucional 2022-2026, con el aval del movimiento que
dijo representar.
Una vez realizadas las anteriores precisiones, la providencia
cuestionada determinó que el movimiento “Patria Justa” no contaba
con la personería jurídica para presentar al accionante como
candidato a las elecciones presidenciales a partir del presunto silencio
administrativo del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, en atención
a que dicha organización no acreditó los requisitos establecidos para
el efecto, conforme lo determinó dicha entidad en las Resoluciones
2277 y 7766 de 2019.
Sumado a lo anterior, la autoridad judicial accionada encontró que,
si bien era cierto que, el movimiento “Patria Justa”, al momento de
radicarse la solicitud de inscripción del accionante como candidato,
no contaba con personería jurídica reconocida por el CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL que le permitiera, entre otras, presentar
aspirantes a alguna elección exclusivamente con el aval del
representante legal; no era menos cierto que, al margen de dicha
falencia, el actor tampoco acreditó el requisito de recolección de
firmas que le era exigido para efectos de realizar su inscripción como
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candidato a la Presidencia de la República para el periodo
constitucional 2022-2026.
Aunado a lo anterior y contrario a lo afirmado por el actor, la
autoridad judicial accionada sí tuvo en cuenta su situación de
discapacidad y, frente al particular se pronunció afirmando que la
flexibilización del requisito de la recolección de firmas no había sido
debidamente autorizada por el legislador en el escenario del grupo
especial que adujo representar el señor PÉREZ LEMUS, por lo cual,
la ausencia de una regulación en materia de acciones afirmativas en
relación con el reconocimiento de la personería jurídica o la
inscripción de candidatos a las elecciones presidenciales, no podía
ser suplida por las autoridades electorales pues ello implicaría
modificar o suprimir el régimen jurídico que rige dichos asuntos, por
lo cual, concluyó de forma palmaria que el acto administrativo
cuestionado se encontraba ajustado a derecho y a las normas que
rigen la materia.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela de la
referencia es improcedente por falta de relevancia
constitucional, porque a través de esta el actor lo que pretende es
cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo se tratase
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de un recurso o instancia adicional al proceso electoral, sin que en
todo caso se vislumbre que la autoridad accionada pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la SECCIÓN QUINTA se
pronunció frente a los aspectos que alude el actor, sin que se
vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria
o desbordado los límites del principio de la autonomía judicial, por lo
que el asunto carece de relevancia constitucional.
Lo anterior pone de manifiesto que lo pretendido por el actor es que
el juez de tutela haga un nuevo examen de la situación fáctica y
jurídica del caso, con la finalidad de que se corrija el análisis que hizo
la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación que
propone.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
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el caso de la providencia de 9 de febrero de 201720, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201821, sostuvo lo
siguiente:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
20
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
21
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
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fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de declarar
improcedente la presente acción de tutela por carencia del requisito
general de la relevancia constitucional, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de diciembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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