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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03892-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03892-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de 21 de septiembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Quinta, dadas las razones expuestas en la parte considerativa de esta decisión. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03892-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de diciembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03892-01
Demandante: Susana Márquez Cañaveral

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-03892-01
Demandante SUSANA MÁRQUEZ CAÑAVERAL
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto procedimental
y sustantivo. Medio de control de nulidad y restablecimiento.
Concurso de méritos. Prevalencia del principio de mérito.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor William Henry Couttin
García contra la sentencia del 21 de septiembre de 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Quinta, que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de la señora Susana Márquez
Cañaveral conforme a la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR sin efectos la decisión de segunda instancia del 27 de abril del 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 27001-33-33- 001-2016-00150-01.
En consecuencia, ORDENAR que se profiera una providencia de reemplazo dentro de los
veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, conforme a los parámetros
señalados en la parte motiva de este proveído».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de julio de 20231, la señora Susana Márquez Cañaveral interpuso acción de
tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Chocó, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al trabajo y acceso a cargos públicos.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora
Susana Márquez Cañaveral.
2. Dejar sin efectos la sentencia N° 42, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo
de Quibdó, que resolvió revocar la sentencia N° 83 del 09 de febrero de 2019 proferida
por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, la cual había
denegado las pretensiones de la demanda.
3. En consecuencia, se ordene proferir una sentencia que cumpla con los lineamientos
fijados por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en relación con las
pretensiones de la demanda resolviendo el problema jurídico de si tiene derecho a ser
reintegrado y se le paguen las prestaciones no devengadas durante el tiempo en que

1 Índice 2 en Samai.
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estuvo desvinculado del servicio, por cuanto para el momento en que se dio inicio al
concurso de méritos convocado la vacante del cargo del cual fue declarado insubsistente
el demandante, no había sido creada, y por ende, no podía ser objeto de oferta para el
registro de elegibles resultante de tal concurso convocado mediante el Acuerdo 440 de
2009».

2. Hechos

Del expediente, se advierte como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Mediante Acuerdo 440 del 9 de septiembre de 2009, el Consejo Seccional de
la Judicatura de Antioquia convocó a concurso público para vincularse en la
Rama Judicial en los cargos de carrera del Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia y Dirección Seccional de Administración Judicial Medellín –
Chocó. La tutelante participó para el cargo de asistente administrativo grado
6 de la Coordinación Administrativa de Quibdó, adscrito a la Dirección
Seccional de Administración Judicial Antioquia – Chocó.

2.2. Mediante los Acuerdos CSJAA15-777 y 778 del 24 de abril de 2015, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia conformó el registro
seccional de elegibles. La lista para el cargo de asistente administrativo grado
06 de la Coordinación Administrativa de Quibdó adscrito a la Dirección
Seccional de Administración Judicial Antioquia – Chocó se conformó,
solamente, con la señora Susana Márquez Cañaveral, quien figuraba en el
primer y único lugar.

2.3. En Resolución Nro. 078 del 4 de noviembre de 2015, la Coordinación
Administrativa de Quibdó nombró en propiedad a la señora Susana Márquez
Cañaveral y declaró insubsistente el nombramiento en provisionalidad al
señor William Henry Couttin García, quien ocupaba el referido cargo.

2.4. En el año 2016, el señor William Henry Cautín García presentó demanda en
el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de
Administración de Justicia Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad
de la Resolución Nro. 078 del 04 de noviembre de 2015, mediante la cual se
declaró su insubsistencia del cargo de asistente administrativo.

2.5. El Juzgado Primero Administrativo de Quibdó conoció en primera instancia el
asunto, bajo el radicado Nro. 27001-33-33-001-2016-00150-00. Mediante
sentencia de 9 de febrero de 2019, dicha autoridad judicial denegó las
pretensiones de la demanda.

Basó su decisión en que el nombramiento de la señora Susana Márquez y
consecuente insubsistencia del señor William Henry Couttin García obedeció
a que aquella superó el concurso de méritos. Por ende, la autoridad judicial
no encontró motivos que justificaran la nulidad del acto acusado, pues no se
aportaron pruebas que desvirtúen su legalidad.

La decisión de primera instancia fue apelada por el señor William Henry
Cautín García.

2.6. En sentencia de 27 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo de Chocó
profirió sentencia de segunda instancia, en la cual sostuvo que el cargo de

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asistente administrativo grado 6 ocupado por el actor no fue ofertado en la
convocatoria contenida en el Acuerdo Nro. 440 del 9 de septiembre de 2009.

Explicó que «a la fecha mediante el cual se expide el Acuerdo No 440 el día 09 de
septiembre de 2009, que convoca el concurso de méritos para conformar el Registro
Seccional de Elegibles para los cargos de empleados de carrera de Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia y Dirección Seccional de Administración
Judicial de Medellín – Chocó, no existía el cargo de Asistente administrativo Grado
6 en la Oficina de Coordinación Administrativa de Quibdó Adscrita a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Medellín (…) dicho cargo se encontraba suprimido para esta
sede y no se evidenció su habilitación nuevamente sino hasta después de vencidas
las fechas para la inscripción del concurso de méritos, lo que no permitiría a los
participantes optarlo».

Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Chocó resolvió lo siguiente:
«REVOCAR la sentencia N° 83 del 09 de febrero de 2019 proferida por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, conforme a las razones expuestas en la presente
providencia y en su lugar dispone:
PRIMERO: DECLARESE (sic) la nulidad de la Resolución No 078 del 04 de noviembre de
2015 “Por medio de la cual se hace un nombramiento en Propiedad y se declara Insubsistente
un Nombramiento en Provisionalidad”, mediante el cual la Dirección de la Coordinación
Administrativa de Quibdó, declaró insubsistente al señor William Henry Couttin García del
cargo como Asistente Administrativo Grado 6, por los motivos expuestos en este proveído.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
CONDÉNESE al Consejo Seccional de Administración Judicial de Antioquia-Sala
Administrativa-Consejo Superior de la Judicatura-Rama Judicial a reintegrar al señor William
Henry Couttin García al cargo que venía ocupando en la planta de personal como Asistente
Administrativo Grado 6, sin solución de continuidad, previo a verificar que dicho cargo no se
encuentre ocupado por quien haya superado un concurso de méritos para dicho cargo luego
de su creación».

3. Fundamentos de la acción

Tras considerar que se cumplió la totalidad de los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, la parte actora argumentó que
el Tribunal Administrativo de Chocó incurrió en los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente

3.1. Defecto sustantivo: consideró que la autoridad judicial accionada incurrió
en dicho yerro, en primer lugar, porque inobservó las normas estatutarias que
regulan la carrera judicial, específicamente el artículo 163 de la Ley
Estatutaria 270 de 1996 según el cual «Los procesos de selección serán permanentes
con el fin de garantizar en todo momento disponibilidad para la provisión de las vacantes que
se presenten en cualquier especialidad y nivel dentro de la Rama Judicial».

Con fundamento en la norma transcrita, sostuvo que el tribunal accionado
erró en la conclusión a la que llegó, ya que el propósito de los concursos en
la Rama Judicial es contar con la disponibilidad de talento humano para
proveer las vacantes que se presenten, pues al abrir el concurso de méritos
no se ofrece un número determinado de plazas, sino los cargos en sí mismos,
los cuales quedan sujetos a la disponibilidad existente una vez se expida el
registro de elegibles y durante su vigencia.

Asimismo, manifestó que el Tribunal Administrativo de Chocó «partió de una
equívoca interpretación o inexistente interpretación de lo previsto en el artículo 164 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justica (sic), pues el espíritu del legislador, fue que a pesar
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de las reestructuraciones que sufra la Rama Judicial, ya sea por la creación de despachos,
cargos, dependencias administrativas, etcétera, siempre exista un registro seccional de
elegibles que permita proveer aquellos nuevos cargos».

En segundo lugar, aseveró que se incurrió en defecto sustantivo por la
inobservancia del Acuerdo 440 de 2009, mediante el cual el Consejo
Seccional de la Judicatura de Antioquia convocó a concurso de méritos.
Explicó que allí se estableció que los cargos creados, transformados y
vacantes que surjan durante la vigencia del registro de elegibles deberán
proveerse con quienes integran el registro. Disposición que, en su criterio,
materializa lo previsto en el artículo 164 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia 270 de 1996.

3.2. Desconocimiento del precedente: sostuvo que el tribunal accionado se
apartó del precedente reiterado por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, según el cual el propósito de los concursos es dar cumplimiento a lo
previsto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el sentido de
tener conformado un registro seccional para proveer los cargos que resulten
vacantes y así garantizar en todo momento la disponibilidad para la provisión
de las vacantes que se presenten en cualquier especialidad y nivel dentro de
la Rama Judicial mediante la regla general: la carrera y el mérito.

Sostuvo que la Sección Segunda del Consejo de Estado es de la tesis que no
existe prohibición para que el registro seccional de elegibles se emplee para
cargos creados con posterioridad al concurso de méritos y así «garantizar en
todo momento la disponibilidad para la provisión de las vacantes que se presenten en
cualquier especialidad y nivel dentro de la Rama Judicial mediante la regla general: la carrera
y el mérito».

Tal precedente se encuentra contenido en las siguientes proferidas por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, de radicados 25000-
23-42-000-2013-01558-02 (2184-19) y 11001-03-25-000-2012-00242-00
(922-12).

Agregó que, si bien los jueces tienen la facultad de apartarse del precedente,
es necesario que el juez justifique tal apartamiento. Requerimiento que no
cumplió el Tribunal Administrativo de Chocó.

3.3. Falta de vinculación: la parte actora reprochó que ni en primera ni en
segunda instancia fue vinculada al medio de control como tercero con interés.

Indicó que «Como consecuencia de la ausencia de vinculación al trámite judicial (...),
la señora Susana Márquez Cañaveral no ejerció el derecho fundamental al debido
proceso en la dimensión procesal y material; deseada resultando afectada en las
decisiones tomadas por los jueces de instancia».

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 31 de julio de 2023, se admitió la acción de tutela interpuesta por
la señora Susana Márquez Cañaveral contra el Tribunal Administrativo del
Chocó; se ordenó vincular en calidad de terceros con interés al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, al Consejo Superior
de la Judicatura, Sala Administrativa, a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Medellín, a la Coordinación Administrativa de

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Quibdó y al señor William Henry Cautín García, quien promovió el medio de
control; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. El señor William Henry Cautín García, quien promovió el medio de control,
manifestó que mediante auto de 31 de mayo de 2016 el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó dispuso, además de admitir la
demanda, vincular a la señora Susana Márquez Cañaveral. Decisión
notificada a la señora Susana Márquez Cañaveral mediante el correo
susi059@gmail.com. Como consecuencia, se generó el siguiente reporte: «Se
completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no
envió información de notificación de entrega».

Aseguró que en ningún momento el servidor generó como respuesta la no
entrega o rebote del mensaje de datos, con lo cual se entiende la recepción
por parte del destinatario.

Asimismo, informó que el 7 de diciembre de 2016, en desarrollo de la
audiencia inicial, su apoderado planteó la nulidad de lo actuado hasta ese
momento procesal ya que no se había notificado a la señora Susana Márquez
Cañaveral quien había sido vinculada de oficio. Por lo tanto, se profirió el auto
interlocutorio 1898, en cual se declaró la nulidad de lo actuado y se ordenó
notificar a la vinculada al proceso para que ejerciera el derecho de defensa y
contradicción. De esta forma, aseguró, se saneó el proceso.

Sostuvo que, una vez proferido el fallo de segunda instancia, la señora
Márquez Cañaveral solicitó copia de este; circunstancia que en su criterio deja
ver que aquella sí conocía la existencia del proceso.

En consecuencia, reprochó que, pese a haber sido notificada en debida forma
y conocer de la existencia del proceso por prestar sus servicios laborales en
la oficina de la Coordinación de la Rama Judicial de Quibdó, decidió no ejercer
su derecho de defensa y contradicción.

Solo luego de que el proceso surtió todas las etapas procesales y de que el
resultado fue contrario a sus intereses, aquella optó por acudir a la acción
constitucional de la tutela con el firme propósito de reabrir el debate surtido
ante los jueces de instancia.

Con relación al defecto sustantivo planteado por la tutelante, afirmó que tal
reparo no es más que una discrepancia en la interpretación de las normas de
concursos de mérito que en nada deslegitima la decisión de segunda
instancia.

A su juicio, la señora Susana Márquez Cañaveral acudió a la administración
de justicia a través de la acción de tutela con el firme propósito de reabrir
actuaciones e instancias que ya se agotaron dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento de derecho.

Por lo expuesto, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.

4.3. La Dirección Ejecutiva Seccional Administración Judicial de Medellín
consideró que el Tribunal Administrativo del Chocó erró al proferir la sentencia
de segunda instancia, puesto que el artículo segundo, parágrafo 2° del
Acuerdo 440 de 9 de septiembre de 2009 (mediante el cual se convocó al
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concurso) dispone que «Los cargos que se creen y/o transformen y/o las vacantes que
se susciten durante la vigencia del registro de elegibles deberán proveerse con quienes
integran el registro de elegibles que resulte de esta convocatoria».

Asimismo, sostuvo que la autoridad judicial (i) desconoció normas de rango
constitucional y jurisprudencial sobre derechos de carrera; (ii) declaró la
nulidad de un acto de ejecución, fundado en actos de orden superior del
Consejo Superior y Seccional de la Judicatura que no han sido cuestionados
ni anulados; (iii) despojó de los derechos de carrera a quien concursó para el
cargo de asistente administrativo grado 6 y los otorgó a quien ocupa un cargo
en provisionalidad, que no concursó para dicho cargo; (iv) incurrió en defecto
fáctico en tanto dio por probados hechos contrarios a las disposiciones
legales, constitucionales, jurisprudenciales y estatutarias.

Manifestó que el cargo de asistente administrativo grado 6 sí fue ofertado en
el concurso de méritos y aclaró que, aunque dicho cargo fue suprimido
mediante Acuerdo 6191 de 2 de septiembre de 2009, fue creado nuevamente
mediante Acuerdo 6252 de 30 de septiembre de la misma anualidad. En todo
caso, aseguró que cualquier discusión queda superada con el parágrafo 2°
artículo 2° del Acuerdo 440 de 9 de septiembre de 2009.

De otra parte, afirmó que la sentencia del Tribunal Administrativo de Chocó
no tiene congruencia, pues es falso que el cargo 6 de asistente administrativo
de Quibdó no haya sido ofertado (argumento planteado en el medio de control por el
señor William Henry Couttin García).

De hecho, sostuvo que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín expidió el Acuerdo CSJAA15-777 del 24 de abril de 2015,
por medio del cual se conformó la lista de elegibles en los cuales incorporó el
cargo de asistente administrativo grado 6 de la Coordinación Administrativa
de Quibdó. Por tanto, no tiene sentido que el Tribunal Administrativo de Chocó
haya declarado la nulidad de la Resolución Nro. 078 del 04 de noviembre de
2015, pues esta se fundamentó en un acto legal.

En el mismo sentido, mediante Resolución CSJA - 163 de 14 de abril de 2011
«Por medio de la cual se expide el listado que contiene los resultados de las
pruebas de aptitudes y conocimientos, correspondiente al Concurso de
Méritos destinado a la conformación del Registro Seccional de Elegibles para
los cargos de empleados de carrera del Consejo Seccional de la Judicatura
de Antioquia y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Antioquia
– Chocó» se evidencia que muchas personas se presentaron al cargo de
asistente administrativo grado 6, el cual sin discusión alguna correspondía
tanto a Antioquia como a Chocó.

Sostuvo que la sentencia proferida por el tribunal accionado desconoció
normas de rango constitucional, como el artículo 125 de la Constitución
Política que establece la carrera administrativa como la regla general para la
vinculación laboral con el Estado con el fin de garantizar que quienes ingresen
al servicio público sean los mejores, los más idóneos y eficaces.

Asimismo, dicha autoridad judicial sostuvo que el señor William Henry Couttin
García tuvo la libertad de presentarse al cargo de su preferencia; sin
embargo, él no optó por el cargo de asistente administrativo grado 6, sino que

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decidió concursar por el cargo de asistente administrativo grado 5, frente al
cual no superó ni siquiera la primera etapa de la prueba de conocimiento.

Por otra parte, aseveró que conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado debe demandarse judicialmente el acto administrativo que generó la
lesión alegada sobre el derecho subjetivo.

En el caso, sin embargo, se dejó sin efectos la Resolución Nro. 078 del 04 de
noviembre de 2015, que corresponde a un acto de ejecución. Aseguró que el
acto que debió demandarse era el Acuerdo CSJAA15-777 del 24 de abril de
2015.

Por último, manifestó que de conformidad con lo dispuesto en la Constitución
Política, el acceso a los cargos públicos se da por el sistema de méritos, y si
bien pueden efectuarse nombramientos en provisionalidad, estos solo
pueden extenderse hasta tanto se provea el cargo en propiedad. E indicó que
el mérito prevalece y que la estabilidad laboral en el caso de los empleados
en provisionalidad no implica de ninguna manera un fuero de inamovilidad.

4.4. La Coordinación Administrativa de Quibdó, oficina adscrita a la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Antioquia Chocó, manifestó que la
antigua Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de
Antioquia conformó registro seccional de elegibles mediante los Acuerdos
CSJAA15- 777 y 778 de 24 de abril de 2015. Informó que la señora Susana
Márquez Cañaveral fue la única persona que optó por el cargo de asistente
administrativo grado 6 de la Coordinación Administrativa de Quibdó. En
consecuencia, se procedió a efectuar el nombramiento en propiedad de la
tutelante, a través de la Resolución Nro. 078 del 04 de noviembre de 2015,
cuya posesión operó el 17 de noviembre de 2015 con efectos fiscales a partir
del 18 de noviembre de 2015.

Asimismo, sostuvo que de su parte no existió vulneración a los derechos de
la accionante y que no se incurrió en la indebida motivación a que se refirió el
Despacho 02 del Tribunal Administrativo del Chocó en la sentencia atacada
puesto que el acto administrativo de nombramiento en propiedad de la
accionante tenía como sustento y motivación la lista remitida por el Consejo
Seccional de la Judicatura. De manera que no podía obrar de forma diferente,
estaba obligado a cumplir el mandato expreso contenido en dicho listado.

4.5. El Tribunal Administrativo del Chocó manifestó que la acción interpuesta
es abiertamente improcedente, pues la tutela no procede contra providencias
judiciales, salvo en los eventos en que se configuren vías de hecho, las cuales
no se presentan en el caso analizado.

De otra parte, consideró que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, pues la tutela se está empleando como una tercera instancia,
lo cual desnaturaliza la finalidad de dicho mecanismo constitucional.

Asimismo, sostuvo que la tutelante fue vinculada al medio de control desde el
auto admisorio de la demanda. En cuanto al desconocimiento del precedente,
adujo que siempre ha sido respetuoso de la línea expuesta por las altas cortes
e indicó que contrario a haber incurrido en ese defecto, lo que hizo fue una
valoración de todas las pruebas obrantes en el expediente.

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Finalmente, mencionó que la actora no indicó por qué no interpuso los
recursos extraordinarios que tenía a su alcance que son más idóneos acción
de tutela.

5. Providencia impugnada

Mediante sentencia de 21 de septiembre de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Quinta reconoció que el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó en audiencia
inicial celebrada el 7 de diciembre de 2016 advirtió que no se había cumplido con
la notificación de la señora Susana Márquez Cañaveral ordenada en el auto
admisorio de la demanda y dispuso lo siguiente:
(sic para toda la cita)
«AUTO DE SUSTANCIACIÓN NO. 1898
El Despacho atendiendo la nulidad planteada por el apoderado de la parte demandante quien
solicita la nulidad del expediente en la medida en que no se notificó a la señora SUSANA
MÁRQUEZ CANAVERAL que fue vinculada de oficio por el despacho y atendiendo la
manifestación de la entidad demandada quien dice que ella no debe ser parte, pues la
oportunidad procesal para atacar el auto admisorio de la demanda ya feneció, así mismo
cuando se le vinculo al expediente pudo haber en ese momento procesal manifestado su
inconformismo con el auto que admitió. la demanda, pero además el despacho considera que
ella es un tercero interviniente que puede resultar afectada con el Despacho, esa sola razón
hace que ella deba comparecer a este juicio, en ese sentido el despacho observa que como
la vinculación a ella se hizo en el auto admisorio de la demanda y el mismo no se notificó, es
decir no se cumplió con lo establecido en la providencia, es necesario que ello se surta a
efectos de no violar derechos fundamentales es decir el debido proceso y el derecho de
defensa y contradicción de la vinculada a este proceso, por eso el despacho accede a la
solicitud de nulidad, y decreta la nulidad de lo que se ha actuado hasta el momento, es decir
se sanea el proceso ordenando que se notifique a la vinculada SUSANA MARQUEZ
CAÑAVERAL, tal como se indicó en el auto admisorio de la demanda.
La presente decisión queda notificada en estrados»

El juez de tutela sostuvo que en cumplimiento de esa orden, y con miras a notificar
a la tutelante, se envió correo a la dirección electrónica susi059@gmail.com. Con
fundamento en tal actuación, la Sección Quinta de esta corporación aseguró que
«no es posible para este juez constitucional afirmar con certeza absoluta que la señora Susana
Márquez Cañaveral efectivamente recibiera la comunicación enviada, lo que le hubiera permitido
participar en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Esto, por cuanto no se tiene
claridad sobre si el correo electrónico utilizado corresponde a uno conocido, utilizado o registrado
por la actora».

Seguido, la autoridad judicial se refirió al artículo 83 de la Constitución Política que
establece lo siguiente: «Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten ante éstas».

Sostuvo que la señora Susana Márquez Cañaveral adujo que conoció de la
existencia del proceso únicamente con la ejecución de la sentencia de segunda
instancia. A su vez, la autoridad judicial resaltó que en «la constancia de notificación
de la providencia enjuiciada no se encuentra relacionada la parte actora».

Por lo tanto, afirmó que «en aplicación del principio señalado y debido a que no existe
prueba alguna en contrario, se configuró la vulneración del derecho al debido proceso al
impedirse el ejerció (sic) su derecho de contradicción y defensa. En ese sentido, mal haría la
sala en presumir la mala fe de la accionante, pues acudió a este mecanismo constitucional en
procura de sus derechos fundamentales, que claramente fueron quebrantados al impedírsele

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participar en el proceso ordinario y todas sus etapas en las que pudo presentar pruebas y
argumentos tendientes a poner de presente su mejor derecho».

Añadió que la actuación del juez ordinario al no efectuar la correcta integración del
contradictorio va en detrimento de las garantías mínimas de los litisconsortes
necesarios para proferir una decisión de fondo, en un asunto que reviste el goce
efectivo de los derechos de carrera de la accionante.

Por otra parte, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo y fáctico, pues desconoció la integralidad de la convocatoria que previó
el escenario de creación de nuevos cargos, particularmente el parágrafo 2° del
artículo segundo del Acuerdo Nro. 440 del 200. Además, inaplicó lo estipulado en
los artículos 163 y 164 de la Ley 270 de 1996, lo que conllevó al desconocimiento
del artículo 125 de la Constitución Política de Colombia.

Las normas mencionadas establecen lo siguiente:
«ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento
no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento
de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes».
«ARTÍCULO 163. PROGRAMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN. Los procesos de
selección serán permanentes con el fin de garantizar en todo momento disponibilidad para la
provisión de las vacantes que se presenten en cualquier especialidad y nivel dentro de la
Rama Judicial. Todos los procesos de selección para funcionarios y empleados de Carrera
de la Rama Judicial serán públicos y abiertos»
«ARTÍCULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS. El concurso de méritos es el proceso
mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia,
idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la
carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se fijará su ubicación
en el mismo. (…) 2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de
selección mediante concurso de méritos. (…)»
«ARTICULO SEGUNDO. - La convocatoria es norma obligatoria y reguladora de este
proceso de selección y se ceñirá estrictamente a las condiciones y términos que se relacionan
a continuación.
(…) Parágrafo 2°. Los cargos que se creen y/o transformen y/o las vacantes que se susciten
durante vigencia del registro de elegibles deberán proveerse con quienes integran el registro
de elegibles que resulte de esta convocatoria».

Precisó que el concurso de méritos ofertó inicialmente 6 plazas para el cargo de
asistente administrativo grado 6. Con posterioridad a la expedición del Acuerdo
Nro. 440 del 9 de septiembre de 2009 se suprimieron diferentes cargos dentro de
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. Sin embargo, la
entidad expidió el Acuerdo Nro. PSAA09-6252 del 30 de septiembre del 2009 que
creó nuevamente las vacantes de asistente administrativo grado 6 adscritas a la
Dirección Ejecutiva Seccional.

Así las cosas, en criterio del juez de tutela, el análisis parcial que realizó el tribunal
accionado generó una clara vulneración de los derechos de carrera de la señora
Susana Márquez Cañaveral, pues la providencia se fundó en que la convocatoria
no ofertó el cargo del demandante, pero desconoció que esta última cobijaba
aquellos cargos creados con posterioridad a la convocatoria e incluso en vigencia
de la lista de elegibles.
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Demandante: Susana Márquez Cañaveral

De otro lado, la Sala consideró que el Tribunal Administrativo del Chocó también
incurrió en desconocimiento del precedente sobre la estabilidad reforzada que
cobija a los empleados de carrera, entre las cuales se encuentran la Sentencia SU-
446 del 2011 de la Corte Constitucional y la sentencia de 13 de marzo del 2007
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda.

En esta última se indicó que «El servidor público judicial nombrado en provisionalidad,
antes que cobijarle algún tipo de estabilidad, le rodea una situación de doble inestabilidad,
pues, por una parte, al no pertenecer al sistema de carrera, puede ser desvinculado del servicio
de manera discrecional por el nominador, y por otra, puede ser desplazado por quien habiendo
concursado tenga derecho a ocupar el cargo».

Resaltó que la jurisprudencia a la que acudió el Tribunal Administrativo del Chocó
corresponde a un caso en el que el concurso de méritos promovido por la Fiscalía
General de la Nación, entidad que tiene un sistema distinto al que maneja la Rama
Judicial para proveer cargos de juzgados y tribunales.

El mencionado ente acusador, sostuvo, maneja una convocatoria cerrada, de
manera que desde el inicio maneja un número limitado de vacantes a ofertar,
mientras que en el concurso en el que participó la actora se dispuso expresamente
que los puestos a ocupar serían incluso aquellos que surgieran en el transcurso de
aquel. Es decir, el sustento de su fallo es una providencia inaplicable al caso.

Finalmente, precisó que el señor William Couttin García contaba con un
nombramiento en provisionalidad de manera que su estabilidad era relativa. Por
tanto, los derechos de carrera adquiridos por la señora Susana Márquez Cañaveral
debían primar sobre un nombramiento en provisionalidad.

Con fundamento en lo expuesto, la Sección Quinta de esta Corporación amparó
los derechos fundamentales de la señora Susana Márquez Cañaveral.
Consecuentemente, dejó sin efectos la decisión de segunda instancia del 27 de
abril del 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó y le ordenó proferir
una providencia de reemplazo.

6. Impugnación y actuaciones posteriores

6.1. El señor William Henry Couttin García impugnó la sentencia de primera
instancia, por varias razones.

En primer lugar, reprochó la conclusión a la cual llegó el juez de tutela sobre
la notificación de la tutelante en el medio de control.

Sostuvo que al no tener certeza de si efectivamente ese correo electrónico
correspondía a uno de la señora Márquez Cañaveral, el juez no podía
simplemente concluir que era cierto lo afirmado por la accionante. En su
criterio, este debió solicitarle a aquella allegar los correos electrónicos
utilizados o registrados en las bases de datos de sus plataformas digitales,
como por ejemplo, en el Registro Nacional de Abogado; o en su defecto, debió
verificar oficiosamente los correos que esta tiene registrados. Solo al tener
certeza sobre este punto, se podía arribar a una conclusión favorable o
desfavorable en lo que respecta a la notificación de la tutelante en el medio
de control.

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Reiteró que una vez se profirió el fallo de segunda instancia, la señora
Márquez Cañaveral solicitó copia de este, con lo cual se debe entender que
sí conocía la existencia del proceso y que si no intervino fue precisamente
porque la decisión inicialmente le fue favorable.

Agregó que la tutelante actúa como defensora judicial de la Coordinación
Administrativa de Quibdó Seccional Antioquia – Chocó, dependencia que fue
demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho;
circunstancia de la cual se desprende que aquella sí conoció del proceso
desde antes de la expedición de la sentencia de segunda instancia.

En segundo lugar, sostuvo que al prosperar este argumento, resultaría
improcedente el estudio de los supuestos defectos fáctico y sustantivo
alegados. Aun así, afirmó que el Tribunal Administrativo del Chocó no
desconoció en ningún momento lo previsto en el artículo 125 constitucional,
la Ley 270 de 1996 ni el Acuerdo 440 de 2009. Motivo por el cual no se incurrió
en defecto sustantivo ni fáctico.

Finalmente, afirmó que el Tribunal Administrativo del Chocó no vulneró los
derechos fundamentales de la accionante, puesto que la decisión fue
adoptada con fundamento en la Constitución, la ley, la jurisprudencia, la sana
crítica y las pruebas obrantes en el proceso.

6.2. El Tribunal Administrativo del Chocó allegó sentencia de reemplazo de 19
de octubre de 2023, mediante la cual reconoció que «si bien, para el momento
de ofertar el cargo que desempeñaba el demandante, no fue ofertado, lo cierto es que,
conforme a las reglas de la convocatoria y sus acuerdos, dicho cargo podía ser optado
con posterioridad al concurso de méritos e incluso en vigencia de la lista de elegibles
que de su finalización se cree. Es decir, que los cargos creados con posterioridad al
concurso de méritos, si podían ser optados por quienes superaron el mismo, tal y como
sucedió en el presente asunto».

A su vez, sostuvo que en el concurso de méritos convocado mediante
Acuerdo Nro. 440 de 2009 se nombró a quien había aprobado el concurso de
méritos y que la decisión de adelantar las actuaciones necesarias para
proveer el cargo que el señor William Henry Couttin García ocupaba en
provisionalidad no se torna sorpresiva ni intempestiva, pues dada su
vinculación a la Rama Judicial, resulta claro que aquel conocía que su
nombramiento tenía como propósito proveer de manera temporal el cargo de
asistente administrativo, mientras se adelantaban las actuaciones necesarias
para nombrar a quien había superado el concurso de méritos.
Por lo expuesto, dispuso lo siguiente:
«ACÁTESE por medio de éste proveído el fallo de tutela proferido por el H. Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, Consejera Ponente: Rocío Araujo
Oñate en providencia de fecha 21 de septiembre de 2023 con radicación No. 11001-03-15-
000-2023- 03892-00 accionado: Tribunal Administrativo del Chocó, en el que amparó los
derechos fundamentales de la señora Susana Márquez Cañaveral.
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia N° 83 del 09 de febrero de 2019 proferida por el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, conforme a las razones
expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: Condenar en costas de segunda instancia, a la parte demandante, conforme se
indicó».

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, especialmente los argumentos
expuestos en la impugnación, le corresponde a la Sala establecer si le asistió razón
al juez de primera instancia al conceder el amparo solicitado por la señora Susana
Márquez Cañaveral, dada la configuración de un defecto por violación directa de
la Constitución por la presunta falta de notificación de la señora Susana Márquez
Cañaveral en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado Nro. 27001-33-33-001-2016-00150-00 y ante la configuración de un defecto
sustantivo por desconocimiento del artículo 125 constitucional, la Ley 270 de 1996
y el Acuerdo 440 de 2009.

3. Alcance del defecto por violación directa de la Constitución Política y su
análisis en el caso

3.1. El defecto por violación directa de la Constitución se estructura cuando el juez
ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque
(i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso; o (ii) aplica la
ley al margen de los dictados de la Constitución3.

En el primer supuesto, la Corte ha dispuesto que procede, cuando: a) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, b) se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata y c) el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución.

En el segundo evento, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener
en cuenta en sus fallos que, con base en el artículo 4º de la Carta Política, la
Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre,
deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la
Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia
a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.

3.2. Explicado lo anterior, la Sala considera que, si bien en principio podría decirse
que la accionante pudo solicitar al juez de la causa la nulidad de lo actuado
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Al respecto se puede consultar la sentencia SU-198 de 2013, por mencionar una de tantas.
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por la indebida notificación en el respectivo medio de control, lo cierto es que
en el presente asunto se evidencia un perjuicio irremediable que habilita la
intervención del juez de tutela, como quiera que la decisión judicial que se
cuestiona en sede de tutela involucra el cargo al que la tutelante accedió en
razón del mérito y afecta su permanencia en el mismo, dados los efectos
inmediatos de la orden impartida en la decisión cuestionada, proferida el 27
de abril de 2023, por el Tribunal Administrativo de Chocó.

3.3. En el caso el Tribunal Administrativo de Chocó incurrió en violación directa de
la Constitución, en razón a que transgredió el derecho fundamental al debido
proceso de la tutelante. Lo anterior obedece a que dicha autoridad no notificó
debidamente la existencia del medio de control a la señora Susana Márquez
Cañaveral.

Al respecto, se encuentra que mediante auto admisorio de 31 de mayo de
2016 se ordenó la vinculación de la ahora tutelante. Sin embargo, se advierte
que el correo enviado el 7 de junio de 2016 a efectos de surtir la notificación
no se remitió a la señora Susana Márquez Cañaveral.

Por lo anterior, en audiencia inicial de 7 de diciembre de 2016 el apoderado
del señor William Henry Couttin García solicitó la declaratoria de nulidad,
pues advirtió que la señora Susana Márquez Cañaveral no había sido
notificada de la existencia del proceso. Por ende, en dicha oportunidad
procesal el juez de primera instancia declaró la nulidad de lo actuado hasta
ese momento y ordenó la notificación de la ahora tutelante. Así se observa
de la siguiente imagen:

A efectos de notificar a la señora Susana Márquez Cañaveral se remitió
correo a la dirección electrónica susi059@gmail.com, tal como se observa de
la siguiente imagen:

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Con posterioridad a la declaratoria de nulidad y tras rehacer el procedimiento,
el 14 de marzo de 2018 se celebró nuevamente audiencia inicial en la cual se
dejó constancia de que la señora Susana Márquez Cañaveral no compareció
y se declaró saneado el proceso al no advertir causal alguna de anulación.

Como lo indicó el a quo, no existe plena certeza que la señora Susana
Márquez Cañaveral fuera notificada debidamente, pues se desconoce si la
dirección electrónica a la cual se remitió el correo con miras a notificar a la
ahora tutelante de la existencia del medio de control realmente pertenezca a
ella. Además, tratándose de una servidora judicial aquella bien pudo ser
notificada a través de su correo electrónico institucional del cual sí se tenía
completa seguridad pertenecía a la mencionada y que, consecuentemente, la
notificación sería real y efectiva.

En ese orden de ideas, se considera que al no permitirle a la actora ejercer la
defensa debida en el respectivo medio de control, al no notificarle la existencia
del proceso, el Tribunal Administrativo de Chocó desconoció el debido
proceso de la señora Susana Márquez Cañaveral, quien tenía un interés
directo en el resultado del mismo, al involucrar el cargo que ganó por mérito
y afectar su permanencia en el mismo.

Por lo tanto, la Sala es del criterio de que dicha autoridad judicial incurrió en
defecto por violación directa de la Constitución Política, dada la transgresión
existente al debido proceso y derecho de defensa de la ahora accionante que
le impidió acudir al medio de control, a fin de presentar sus argumentos de
defensa.

4. Alcance del defecto sustantivo y su análisis en el caso
4.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que
tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de
forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.
De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado que el defecto
material o sustantivo se produce cuando el juez toma una decisión con
fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales o inaplicables al caso,
lo que genera una contradicción evidente entre los fundamentos y la decisión.

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Igualmente, puede presentarse cuando se interpreta una disposición en forma
incompatible con las circunstancias fácticas y, por tanto, la interpretación dada
por el juez resulta a todas luces improcedente.
En estos casos, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier
interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al
debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de
razonabilidad.
Esta Sección ha señalado que el defecto sustantivo es el vicio relacionado
con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el
ordenamiento jurídico. Algunos de los eventos en los que se presenta es
cuando la autoridad judicial funda su decisión en una norma que no tiene
relación con el asunto de debate, cuando omite aplicar la disposición que
regula el tema sobre controversia o cuando realiza una interpretación
irrazonable de la norma.
También se ha reiterado que las reglas de interpretación fijadas en sentencias
de constitucionalidad y unificación proferidas por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado vienen a ser parte de la propia ley. Esa categoría de fuente
formal del derecho supera lo que se ha entendido tradicionalmente como
precedente, no solo porque el monopolio de la creación de normas generales
no se centra en el legislativo o el ejecutivo, sino también por la fuerza
vinculante de esas categorías de sentencias, que bien pueden equipararse a
la ley. Por consiguiente, su desconocimiento se relaciona con el defecto
sustantivo.

4.2. Explicado lo anterior, la Sala considera que en el caso el Tribunal
Administrativo de Chocó incurrió en defecto sustantivo, pues desconoció el
principio del mérito consagrado en el artículo 125 de la Constitución Política
que establece lo siguiente:
«ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera.
Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de
trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de
nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por
concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos
y calidades de los aspirantes».

Al respecto, en varias oportunidades esta Sección ha reiterado que el mérito
como regla general para el acceso a cargos estatales es un mandato de
estirpe constitucional y que constituye el principio fundante que rige el ingreso,
permanencia y retiro de los cargos del Estado. De esta manera se logra la
incorporación de personal óptimo y capacitado para el ejercicio de la función
pública, se garantiza el derecho a la igualdad de los ciudadanos que aspiran
al ejercicio de un cargo público y se busca eliminar las prácticas clientelistas,
el amiguismo y el nepotismo.

Sobre la importancia del principio del mérito en el funcionamiento del Estado
y las consecuencias de su desconocimiento, en la Sentencia C-588 de 2009
la Corte Constitucional explicó lo siguiente:
«Asimismo, dentro de la estructura institucional del Estado colombiano, la carrera
administrativa es, un principio constitucional, y como tal una norma jurídica superior de
aplicación inmediata, que contiene una base axiológico jurídica de interpretación, cuyo
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desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional y, por lo mismo,
una de las garantías cuyo desconocimiento podría acarrear la sustitución de la
Constitución, cuando se la desconoce en conjunto con otras garantías constitucionales, y
en el caso presente, la carrera administrativa no constituye un referente aislado, pues sus
relaciones con distintos contenidos constitucionales se despliegan en tres órdenes, relativos
al cumplimiento de los fines del Estado, a la vigencia de algunos derechos fundamentales y
al respeto del principio de igualdad, todo lo cual demuestra que en el caso que ahora ocupa
la atención de la Corte, la carrera administrativa constituye un eje definitorio de la
identidad de la Constitución y que su ausencia trastoca relevantes contenidos de la
Carta adoptada en 1991» (Negrillas propias).

La Rama Judicial no es ajena a la provisión de cargos en atención al mérito.
De hecho, cuenta con un sistema especial de carrera administrativa que se
encuentra regulado en los artículos 156, 164 y siguientes de la Ley 270 de
1996. Y la forma de proveer los cargos parte de ese principio, como lo deja
ver el artículo 132 de ese último estatuto normativo.

En criterio de esta Sección, el Tribunal Administrativo del Chocó se apartó del
artículo 125 constitucional, pues su postura fue contraria a la prevalencia del
mérito como regla fundante de la provisión de cargos en el Estado. Y esto
responde a que dicha autoridad judicial privilegió el nombramiento en
provisionalidad del ahora impugnante, en detrimento de los derechos de
carrera de la señora Susana Márquez Cañaveral.

Asimismo, se encuentra que el Tribunal Administrativo del Chocó se apartó
de las reglas establecidas en la convocatoria del concurso, es decir en el
Acuerdo 440 del 9 de septiembre de 2009.

La tesis principal de la autoridad judicial accionada consistió en que «a la fecha
mediante el cual se expide el Acuerdo No 440 el día 09 de septiembre de 2009, que convoca
el concurso de méritos (…) no existía el cargo de Asistente administrativo Grado 6 en la
Oficina de Coordinación Administrativa de Quibdó Adscrita a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Medellín (…) dicho cargo se encontraba suprimido para esta sede y no se evidenció su
habilitación nuevamente sino hasta después de vencidas las fechas para la inscripción del
concurso de méritos, lo que no permitiría a los participantes optarlo. (…)

De acuerdo a lo anterior, la entidad demandada, dejó de lado todas las garantías
contempladas en la Carta Política de 1991, en la medida que adelantó la terminación del
nombramiento del actor para dar paso al nombramiento de una persona que si bien superó
las etapas del concurso referido, se hizo sobre un cargo en el cual no se encontraba definido
o creado para la Coordinación Administrativa de Quibdó en el momento en que se expidió el
Acuerdo No 440 del 09 de septiembre de 2009 que dio inicio a la convocatoria del concurso
de méritos».

Postura que se encuentra en contravía del Acuerdo 440 del 9 de septiembre
de 2009, artículo segundo, parágrafo 2° que establece los cargos creados
durante la vigencia del registro de elegibles también deberán proveerse con
las personas que aprobaron el concurso de méritos.

Así lo dispone la norma en mención, contentiva de la convocatoria: «Parágrafo
2°. Los cargos que se creen y/o transformen y/o las vacantes que se susciten durante
vigencia del registro de elegibles deberán proveerse con quienes integran el registro de
elegibles que resulte de esta convocatoria».

Así las cosas, la Sala considera que al proferir la sentencia de 27 de abril de
2023 el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en un defecto sustantivo,
por el desconocimiento del artículo 125 de la Constitución Política y del

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parágrafo 2° del artículo segundo del Acuerdo 440 del 9 de septiembre de
2009 (mediante el cual se convocó al concurso). Como se explicó, tal
autoridad judicial no solo desatendió la prevalencia del mérito como pilar
fundante de la provisión de cargos en el Estado, sino que desconoció las
normas de la convocatoria del concurso que permiten y avalan el uso del
registro de elegibles, incluso para cargos creados tras la convocatoria y
durante la vigencia del mencionado registro.

5. Conclusión

Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala confirmará la decisión
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación, pues encontró que el Tribunal
Administrativo del Chocó incurrió en los defectos por violación directa de la
Constitución y sustantivo al proferir la sentencia de 27 de abril de 2023 en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado Nro. 27001-33-
33-001-2016-00150-00.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de 21 de septiembre de 2023, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Quinta, dadas las razones expuestas en la parte
considerativa de esta decisión.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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