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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03893-01

Fecha
16 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03893-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2023-03893-01 Demandante: Asoporvenir

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03893-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

16 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03893-01
Demandante: Asoporvenir

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03893-01
Demandante: ASOCIACIÓN COMUNITARIA EL PORVENIR – ASOPORVENIR
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Tutela contra sentencia de controversias contractuales. Falta de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
del 22 de agosto de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, que declaró improcedente la tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 19 de julio de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y mediante apoderada judicial,
Asoporvenir pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del
26 de enero de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, que, en segunda instancia, declaró que la Asoporvenir incumplió el convenio de
asociación 962 del 9 de noviembre de 2015, suscrito con el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural (expediente 41001-23-33-000-2017-00267-01).

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD JURÍDICA y demás que se
encuentran desconocidos, a la Accionante ASOCIACIÓN COMUNITARIA EL PORVENIR
“ASOPORVENIR”.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA de fecha 26 de
enero de 2023, proferida por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B, dentro del
proceso bajo radicado 41001-23-33-000-2017-00267-01 (66.573), mediante la cual se revocó la
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA de fecha 4 de septiembre de 2020 proferida por el
Honorable Tribunal Administrativo del Huila.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03893-01
Demandante: Asoporvenir

TERCERO. ORDENAR al Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera – Subsección B que, en el término, dispuesto por su digno Despacho, contado
a partir de la notificación la providencia, profiera nueva sentencia, bajo los lineamientos
señalados en sentencia que resuelva la presente Acción de Tutela.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 9 de noviembre de 2015, Asoporvenir y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural suscribieron el convenio de asociación 962, cuyo objeto era « aunar esfuerzos
técnicos administrativos y financieros para llevar a cabo la ejecución del proyecto
denominado ‘proyecto de fomento de economía popular campesina región macronorte
ASOCAMPO cumbre agraria’, en los municipios de La Plata, Yaguará, Tesalia, Paicol,
Pitalito en el Departamento del Huila y el municipio de Santa Rosa, corregimiento de Villa
Lobos, vereda Santa María, finca La Soledad y finca La Mesa en el Departamento del
Cauca».

Asoporvenir recibió el 45% del valor del convenio ($1.105.540.163). Sin embargo, en el
informe final del 30 de diciembre de 2016, el supervisor del convenio indicó que
Asoporvenir únicamente ejecutó algunas actividades para poner en marcha tres de
diecinueve líneas de producción, por lo que debía reintegrar todos los recursos.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural interpuso demanda de controversias
contractuales contra Asoporvenir, con las siguientes pretensiones: (i) que se declarara
el incumplimiento del convenio de asociación; (ii) que se ordenara a Asoporvenir
restituir la suma de $1.105.540.163 y pagar la cláusula penal, por valor de
$292.469.201; (iii) que se declare el siniestro frente a la póliza de cumplimiento
otorgada por Seguros del Estado S.A. y, (iv) que se liquide judicialmente el contrato.

Por sentencia del 4 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Huila denegó
las pretensiones de la demanda de controversias contractuales, toda vez que no
encontró acreditado el incumplimiento. Dijo que la copia del plan de ejecución es
ilegible y no es posible determinar el destino del pago por $1.105.540.163. Indicó que
Asoporvenir aportó un informe que da cuenta del cumplimiento del 40 % del convenio
y así lo corroboró un dictamen pericial. Resaltó que Asoporvenir tuvo problemas para
la adquisición de predios y el ministerio no facilitó soluciones. Sostuvo que la entidad
demandante no podía «pretender un incumplimiento del convenio de asociación,
primero, cuando se probó el avance de las obras y segundo, cuando la misma
administración incumplió su obligación de apoyar a la entidad cooperante para sacar
avante dicho convenio».

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural apeló, pues lo cierto es que Asoporvenir
no cumplió el plan de trabajo, que puede verificarse en el acta 1° del 8 de noviembre
de 2016. Agregó que los informes presentados por Asoporvenir no podían tenerse como
ciertos, pues, por sí solos, no son prueba suficiente del cumplimiento de las obligaciones
pactadas.

Por sentencia del 26 de enero de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, accedió a las
pretensiones de la demanda de controversias contractuales. Consideró que
Asoporvenir no acreditó el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por
consiguiente, ordenó a Asoporvenir que pagara al ministerio la suma de
$1.502.547.468 y dispuso que Seguros del Estado, con cargo a la póliza de

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Demandante: Asoporvenir

cumplimiento, pagara al ministerio la suma de $333.899.436. Por último, condenó en
costas a la parte actora, por 6 SMLMV, a título de agencias en derecho.

Un magistrado de salvo el voto, pues, a su juicio, la carga de la prueba del
incumplimiento recaía en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en calidad de
demandante.

4. Fundamentos de la acción de tutela

Preliminarmente, la parte actora adujo que la tutela cumple los requisitos generales
de procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, por evidenciarse la
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. Que la sentencia cuestionada no es pasible de recursos,
por ser de segunda instancia y por no cumplirse ninguna de las causales previstas en
el artículo 250 del CPACA. Que existe inmediatez, pues la sentencia cuestionada fue
notificada por correo electrónico del 15 de marzo de 2023 y la demanda de tutela fue
radicada el 19 de julio de 2023, esto es, en los 6 meses señalados por la Sala Plena
del Consejo de Estado. Que fueron debidamente identificados los motivos de
vulneración. Que no se cuestiona una sentencia de tutela.

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora adujo que la sentencia del 26 de enero
de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, incurrió
en los siguientes defectos:

Fáctico, por cuanto el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no acreditó el
incumplimiento, según la carga de la prueba prevista en el artículo 167 del Código
General del Proceso. Que el ministerio no desplegó la actividad probatoria suficiente,
por cuanto: (i) no cumplió con hacer comparecer a los testigos que fungieron como
supervisores del convenio, (ii) no allegó el dictamen pericial anunciado para demostrar
el incumplimiento y (iii) no aportó copia legible del cronograma de actividades y
presupuesto.

Dijo que la autoridad judicial demandada acepta la falta de actividad probatoria, pero
«se equivocó al trasladar la obligación de probar los hechos de la demanda a
Asoporvenir, con fundamentado en la cláusula quinta del convenio, que establece que
el particular tenía el deber de acreditar la correcta inversión del primer desembolso y
al cabo del plazo de ejecución debía entregar un informe de actividades ejecutadas,
por cuanto unas son las obligaciones de orden administrativo que emanan del
convenio y otras muy distintas las cargas procesales que impone el procedimiento
administrativo a quien entabla una demanda judicial».

Sostuvo que el interrogatorio de parte rendido por la representante legal de
Asoporvenir y los testimonios no fueron valorados en forma conjunta con las demás
pruebas.

Resaltó que el salvamento de voto formulado frente a la sentencia cuestionada es
claro en señalar el error derivado del desconocimiento del artículo 167 del Código
General del Proceso.
Afirmó que no fue valorada en debida forma la prueba compuesta por el Convenio y
la copia del Plan Operativo Anual. Que lo cierto es que para determinar el
incumplimiento era necesario valorar indefectiblemente dichos documentos.

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Demandante: Asoporvenir

Sustantivo, por indebida interpretación del artículo 167 del Código General del
Proceso. Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desatendió por completo
la carga procesal legalmente impuesta, pues demandó y era su deber acreditar el
supuesto de hecho que sustentó dicha demanda, esto es, el supuesto incumplimiento
contractual.

Dijo que la autoridad judicial demandada omitió pronunciarse sobre los siguientes
aspectos estudiados en la sentencia de primera instancia: «1) Marco normativo
constitucional; 2) Cumplimiento de las obligaciones por parte de Asoporvenir; 3)
Configuración de la causal de exclusión de responsabilidad: Fuerza mayor; 4)
Cumplimiento dificultoso de otras obligaciones de Asoporvenir» y que, por ende,
«estaba de acuerdo con ellos, en consecuencia, dichos argumentos tomaron firmeza».

Indicó que la providencia cuestionada también omitió estudiar el alcance del artículo
355 de la Constitución Política, que regula lo concerniente a convenios.

Procedimental, toda vez que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estaba
obligado a demandar conjuntamente el Convenio de Asociación y el Plan Operativo
Anual. Que «siendo documentos complementarios, la demanda debió girar en torno a
los dos documentos, toda vez que conforman un acto administrativo complejo, por lo
que se presenta una inepta demanda, que no podía ser estudiada por la falta de
requisitos formales».

Violación directa del artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto la autoridad
judicial demandada tomó una decisión sin el debido sustento probatorio y sin tener en
cuenta la falta de actividad probatoria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

5. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, hizo un recuento del
proceso de controversias contractuales y sostuvo que la providencia cuestionada está
debidamente justificada y no se advierte que sea arbitraria, caprichosa o
contraevidente. Que la demanda de controversias contractuales estuvo sustentada en
el incumplimiento del convenio y, por ende, a la parte actora corresponde acreditar que
sí hubo cumplimiento.

Dijo que el convenio se desarrolló en municipios del departamento del Huila y que, por
tanto, «Asoporvenir tenía toda la capacidad de demostrar la existencia y características
de las estructuras a su cargo».

Sostuvo que el informe de cumplimiento aportado por la parte actora carecía de valor
probatorio, toda vez que no fue posible contrastarlo con el plan operativo. Indicó que
dicho plan operativo estaba ilegible.

Afirmó que «la ilegibilidad del plan operativo no constituía un obstáculo para declarar
el incumplimiento, por el contrario, este documento era fundamental para verificar si
las estructuras estudiadas por el perito se correspondían con las acordadas en el
convenio, sin la disponibilidad de dicho anexo, el dictamen pericial no podía llevar a
cabo adecuadamente la labor que se le encomendó y precisamente esa prueba
pretendía probar la correcta inversión, por lo tanto, es evidente que la falta de este
anexo solo perjudica la tesis defensiva de la asociación, pero, no imposibilitaba la
declaratoria de incumplimiento como parece haberlo entendido la demanda de tutela».

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Indicó que la tutela deviene improcedente, por cuanto la demanda de tutela está
infundada y no cumple las especiales exigencias frente a providencias dictadas por
altas cortes.

Seguros del Estado coadyuvó las pretensiones de la demanda de tutela, pues, a su
juicio, la providencia recurrida no valoró adecuadamente las pruebas del proceso de
controversias contractuales y pasó por alto que no hay prueba clara del incumplimiento
contractual. También sostuvo que la providencia atacada desconoció el principio de
carga de la prueba, previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso. Informó
que, en todo caso, ya cumplió con la orden impartida en la sentencia cuestionada.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no intervino, pese a que fue
notificado, mediante correo electrónico del 27 de julio de 2023.

6. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 22 de agosto de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, declaró improcedente la tutela, previas las siguientes consideraciones:

Que deben estudiarse de manera conjunta los defectos fácticos, sustantivo y por
violación directa de la Constitución Política, por cuanto están sustentados en el mismo
supuesto, esto es, en la inconformidad frente a la valoración probatoria realizada en la
sentencia cuestionada.

Que, si bien el plan operativo estaba ilegible, lo cierto es que había otras pruebas para
determinar si hubo o no incumplimiento contractual. Que, con base en el informe final
de ejecución y al dictamen pericial presentado por Asoporvenir, la autoridad judicial
demandada determinó que Asoporvenir omitió entregar el informe de cumplimiento
previsto en la cláusula quinta del convenio.

Que, además, la sentencia atacada da cuenta del informe de supervisión, que
evidenció lo siguiente: (i) que Asoporvenir no ejecutó 8 de las 22 labores pactadas, y
(ii) que las 14 ejecutadas se realizaron parcialmente y en predios distintos a los
previstos en el convenio. Que, además, el dictamen pericial rendido en el proceso
indicó que 7 de las 22 actividades fueron ejecutadas parcialmente.

Que, por ende, no es cierto que la sentencia atacada haya sido proferida sin sustento
probatorio. Que, además, no es cierto que se evidencia que la valoración probatoria
sea contraevidente o irracional.

Que lo alegado sobre el supuesto defecto procedimental resulta improcedente, por
cuanto debió alegarse en el proceso de controversias contractuales, como excepción
previa. Que, de hecho, en audiencia inicial del 23 de julio de 2018, se advirtió que no
había excepciones previas por resolver y la parte actora guardó silencio. Que, «de
todas formas, no está demás señalar que el Convenio de Asociación No. 20150962 de
fecha 9 de noviembre de 2015 y el Plan de Operaciones Anual no conforman un acto
administrativo complejo como erradamente lo afirma la accionante».

Que «ante el evidente incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela instaurada por la Asociación Comunitaria
El Porvenir – ASOPORVENIR».

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7. Impugnación

La parte demandante impugnó la sentencia del 22 de agosto de 2023. En síntesis, dijo
lo siguiente:

Que no es cierto que los defectos fácticos, sustantivo y por violación directa de la
Constitución Política estén sustentados en una indebida valoración probatoria. Que lo
que se cuestiona «es la ausencia de prueba suficiente y validada para llegar a la
conclusión que la demandada había incumplido el contrato».

Que el a quo omitió pronunciarse sobre los siguientes aspectos: la ausencia de prueba
del incumplimiento, la prueba compuesta conformada por el Convenio y la copia del
Plan Operativo Anual, el artículo 167 del Código General del Proceso, la violación del
derecho fundamental al debido proceso y la interpretación del artículo 355 de la
Constitución Política, que regula los convenios.

Que sí está cumplido el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la
providencia cuestionada vulnera derechos fundamentales. Que, de hecho, dicha
providencia ha derivado en el empobrecimiento de la comunidad que conforma
Asoporvenir. Que «la discusión planteada en la acción de tutela no se limita a la mera
discusión de aspectos legales, porque del estudio del expediente del Medio de Control
de Controversia Contractual se desprende transgresión al Derecho fundamental de
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y al DEBIDO PROCESO que le
asiste a la parte demandada, cuando el Consejo de Estado al Resolver la segunda
instancia, no atiende que el contrato discutido no es un contrato estatal reglado por la
Ley 80 de 1993, sino un CONVENIO DE ASOCIACIÓN, consagrado en el artículo 355
de la Constitución Nacional. Dada la naturaleza jurídica de los convenios de
Asociación».

Que los convenios no pueden ser estudiados con base en la Ley 80 de 1993, sino que
debe aplicarse el artículo 355 de la Constitución Política. Que, de lo contrario, «se
desnaturaliza los convenios de asociación, asimilando a contratos estatales».

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por
Asoporvenir contra la sentencia del 26 de enero de 2023, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, que, en segunda instancia, accedió a las
pretensiones de la demanda de controversias contractuales interpuesta por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el sentido de declarar que Asoporvenir
incumplió el convenio de asociación 962 del 9 de noviembre de 2015.

La Sala anticipa que la tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional,
porque la discusión propuesta por la parte actora es de mera legalidad y no involucra
derechos fundamentales. La discusión sobre quién tenía la carga de prueba implica la
interpretación del artículo 167 del Código General del Proceso, y esa interpretación
corresponde al juez natural del proceso, mas no al juez de tutela. En consecuencia, se
confirmará la sentencia impugnada, que declaró improcedente la acción de tutela.

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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional, y (iii) el análisis
del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales1 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los
requisitos específicos2 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan
cuando se han superado los requisitos generales.

3. La relevancia constitucional

A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-004, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.

En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.

En sentencia SU-128 de 2021, la Corte Constitucional explicó que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades, a saber: «(i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad;
(ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
de los jueces».

La Corte también advirtió que «un asunto carece de relevancia constitucional cuando
[…] la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho,
como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo
que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales». Es
decir, en discusiones de carácter procesal la relevancia constitucional tiene carácter
cualificado, pues no basta con proponer una discusión sobre una interpretación
normativa, sino que debe evidenciarse la clara vulneración de derechos
fundamentales.

1 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
2 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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4. Análisis del caso concreto

La Sala considera que el asunto de la referencia carece de relevancia constitucional,
toda vez que la parte actora propone una discusión eminentemente legal. Veamos.

Si bien la parte actora adujo defecto fáctico, defecto sustantivo, defecto procedimental
y violación directa de la constitución, lo cierto es que todos están sustentados en la
supuesta indebida aplicación del artículo 167 del Código General del Proceso, que
regula lo concerniente al principio de carga de la prueba. En efecto, el argumento
principal de la demanda de tutela es que, en el marco del proceso de controversias
contractuales, la autoridad judicial demandada se equivocó al asignar a Asoporvenir la
carga de acreditar el cumplimiento del convenio de asociación 962 del 9 de noviembre
de 2015.

La parte actora es insistente en indicar que, de conformidad con el artículo 167 del
Código General del Proceso, la carga de demostrar el incumplimiento del convenio
correspondía exclusivamente al Ministerio de Agricultura y Desarrollo. La discusión
planteada por la parte actora tiene un carácter eminentemente legal, por cuanto se
limita a cuestionamientos asociados a la aplicación del artículo 167 del Código General
del Proceso, sin que eso implique necesariamente una discusión con relevancia
constitucional, esto es, que comprometa derechos fundamentales.

Al respecto, en sentencia SU-134 de 2022, la Corte Constitucional explicó que
«cuando la discusión se limite a la simple determinación de aspectos legales de un
derecho (i.e. la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que
de esta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales […] los
asuntos en los que se invoca la protección de derechos fundamentales, pero cuya
solución se limita a la interpretación y aplicación de las normas de rango legal, no
tienen, en principio, relevancia constitucional».

Así, la discusión sobre la aplicación e interpretación del artículo 167 del Código
General del Proceso constituye un aspecto legal del proceso de controversias
contractuales y la parte actora no demuestra de qué manera pudo comprometer
derechos fundamentales. Es cierto que la decisión del proceso de controversias
contractuales asignó la carga de la prueba a Asoporvenir, pero eso no es suficiente
para evidenciar una discusión que comprometa derechos fundamentales.

La parte actora también propone una discusión sobre el régimen jurídico aplicable al
convenio de asociación 962 del 9 de noviembre de 2015, pero sin explicar la relevancia
constitucional de esa discusión. No se explica que incidencia tendría o no aplicar la
Ley 80 de 1993 o el artículo 355 de la Constitución Política. Es más, esa discusión
también implicaría un estudio de mera legalidad, impropio de la acción de tutela.

Además, la Sala advierte que la discusión propuesta en la demanda de tutela tiene
implicaciones de orden eminentemente económico, pues, desde luego, la sentencia
cuestionada obliga a que Asoporvenir tenga que realizar erogaciones a favor del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. De hecho, en la demanda de tutela se
hace explícita esa preocupación, toda vez que la parte actora adujo que no cuenta con
los recursos para cumplir la sentencia cuestionada.

La Sala debe precisar que los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela son
más estrictos cuando se cuestiona una decisión expedida por un órgano de cierre,
como ocurre en este caso, que se acusa una providencia proferida por la Sección
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Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado. Así lo explicó la propia Corte
Constitucional, en la sentencia T-398 de 2017:

Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia
o del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que
los requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los
órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan
de unificar jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas
Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe
de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia
trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una
anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de
órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y
valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del
caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

Finalmente, conviene decir que la existencia de un salvamento de voto no es suficiente
para concluir que hubo defecto fáctico, pues, en todo caso, el disenso no implica que
exista una valoración probatoria contraevidente o caprichosa. Las aclaraciones y los
salvamentos son un derecho de los magistrados que discrepan de la decisión. Se trata
de documentos en los que se exponen las posiciones jurídicas de los magistrados
disidentes, pero que no pueden ser utilizadas para refutar las decisiones de la mayoría.
En sentencia T-213 de 2014, la Corte Constitucional explicó lo siguiente:

No cualquier providencia judicial puede ser objeto de control por parte del juez de acción de
tutela, sólo aquellas que supongan una decisión arbitraria o irrazonable, constitucionalmente. De
resto, deberá respetarse la decisión del juez natural, permitiendo, por ejemplo, el legítimo espacio
de deliberación y disentimiento judicial. Un salvamento de voto, por más duro que sea, por
ejemplo, no implica que necesariamente el juez de tutela deba entrar a analizar la cuestión.
Puede tratarse de una legítima discusión legal, en la que las diferentes posiciones del debate no
violan el orden constitucional vigente, y, por lo tanto, no impliquen decisiones arbitrarias.

Siendo así, como se anunció, la tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional. Por consiguiente, será confirmada la sentencia impugnada, pero por los
motivos expuestos en precedencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03893-01
Demandante: Asoporvenir

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

10
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