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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03895-01

Fecha
23 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03895-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. MODIFICAR la sentencia del 7 de septiembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela, en el sentido de NEGAR el amparo solicitado por el señor Aquiles Alberto Sánchez Noguera, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 22 Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01 Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03895-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela (impugnación)
Expediente : 11001-03-15-000-2023-03895-00011
Actor : Aquiles Alberto Sánchez Noguera
Accionados : Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema : Tutela contra providencia judicial
Derechos : Al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
presuntamente mínimo vital y a la dignidad humana
vulnerados

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el demandante contra la
sentencia del 18 de agosto de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Cuarta2, que declaró improcedente el trámite constitucional de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los hechos probados en el
expediente de tutela, así como los argumentos expuestos por el actor frente a la
providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia
general de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que, en Derecho
corresponda en torno a las pretensiones del accionante.

Hechos probados.

a) El 19 de noviembre de 1999 el actor fue designado en provisionalidad en el cargo
de inspector del trabajo, código 3185, grado 8, de la Dirección Territorial del
Atlántico del hoy Ministerio del Trabajo, empleo cuya denominación fue modificada,
a través del Decreto 1616 de 2015, que lo reclasificó como inspector de trabajo y
seguridad social, código 2003, grado 12.

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta
electrónica para la gestión judicial denominada Samai.
2
C. P. Milton Chaves García

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

b) La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante Acuerdo 20161000001296 de
29 de julio de 2016, convocó a concurso de méritos para proveer empleos en
entidades del orden nacional, en el que ofreció 39 cargos profesionales del
Ministerio del Trabajo, de los cuales 31 correspondían al de inspector del trabajo y
seguridad social, código 2003, grado 14, de la Dirección Territorial del Atlántico de
dicha cartera.

c) Con Resolución 3813 del 3 de septiembre de 2018, el accionante fue nombrado
en provisionalidad en el empleo de inspector de trabajo y seguridad social, código
2003, grado 14, en la Dirección Territorial del Atlántico del Ministerio del Trabajo.

d) Luego de surtirse las diferentes etapas del procedimiento de selección, la
Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la Resolución 20192120020265 de
29 de marzo de 2019, “conform[ó] y adopt[ó]” la lista de elegibles para proveer los
cargos de inspector del trabajo y seguridad social, código 2003, grado 14, integrada
con cincuenta (50) personas.

e) El 5 de mayo de 2019 el accionante informó al Ministerio del Trabajo que tenía
la condición de padre cabeza de familia, pues sus cuatro (4) menores hijos y su
esposa dependían de él, por ende, debía garantizarse la continuidad de su
nombramiento, petición desestimada por la aludida autoridad, mediante Oficio
8SE2019420100000020578 del 29 de los mismos mes y año, en razón a que no era
posible su reubicación, dado que el número de concursantes consignados en la lista
de elegibles era superior a los cargos con la denominación que él ocupaba y debían
privilegiarse los derechos de carrera administrativa.

f) Mediante Resolución 4143 del 10 de octubre de 2019, el Ministerio del Trabajo (i)
nombró en período de prueba a algunos aspirantes al cargo de inspector del trabajo
y seguridad social, código 2003, grado 14, de la dirección territorial del Atlántico; y
(ii) dio por terminado “automáticamente los nombramientos en provisionalidad” de
quienes ocupaban los empleos, dentro de los que se encontraba el tutelante.

g) El 1º de julio de 2020 el accionante instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio del Trabajo
(expediente 08001-33-33-007-2020-00090-00), con el propósito de obtener: la
anulación del acto administrativo señalado en precedencia, su reintegro y el pago
de los salarios y demás emolumentos dejados de recibir, por cuanto se retiró del

2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

servicio sin advertir que era padre cabeza de familia y sin contar con autorización
del juez del trabajo, lo cual era indispensable por tener fuero sindical, circunstancias
de las que se infieren que su desvinculación fue ilegal.

h) El Juzgado Séptimo (7º) Administrativo de Barranquilla negó las pretensiones
ordinarias mediante fallo del 29 de marzo de 2022, al considerar que las normas
invocadas en la demanda no eran aplicables a la situación fáctica debatida, porque
ellas establecen que, la reubicación de las personas que ocupan un cargo público
en provisionalidad procede cuando existan empleos disponibles, lo cual no acontece
en relación con el de inspector del trabajo y seguridad social, código 2003, grado
14, pues se ofrecieron 31 y la lista de elegibles fue integrada con 50 personas.

i) El demandante interpuso recurso de apelación, señalando que, al momento de
ser retirado aún estaban disponibles cargos de la misma denominación al que
ocupaba y la parte ahí demandada no acreditó la adopción de medidas orientadas
a garantizar los derechos de los servidores públicos en situaciones de
vulnerabilidad. Además, el a quo no advirtió que, por ser destinatario de fuero
sindical, su desvinculación del servicio estaba supeditado a la autorización de un
juez laboral, trámite que no se surtió, por tanto, su desvinculación fue ilegal.

j) El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión conformó el fallo de
primera instancia, habida cuenta de que los servidores públicos nombrados en
provisionalidad gozan de estabilidad laboral relativa, por cuanto sus retiros están
condicionados a que en los cargos que ocupan sean designados personas que
superen un concurso de méritos, como aconteció en el asunto analizado, dado que
el accionante fue removido en atención a que, en el empleo que desempeñaba se
designó a una persona que integró la lista de elegibles conformada en el marco del
respectivo procedimiento de selección convocado por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, por medio del Acuerdo 20161000001296 del 29 de julio de 2016.

La demanda de tutela.

El señor Aquiles Alberto Sánchez Noguera, por conducto de apoderado, presenta
acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la
dignidad humana, presuntamente quebrantados por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión “C”.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

Como consecuencia de lo anterior, pide dejar sin efectos el fallo del 29 de marzo de
20233, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión “C”
confirmó el del 29 de marzo de 2022, mediante el cual el Juzgado Séptimo (7º)
Administrativo de Barranquilla negó las pretensiones del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido contra la Nación – Ministerio del Trabajo
(expediente 08001-33-33-007-2020-00090-00); en su lugar, se les ordene a las
autoridades accionadas emitir una nueva providencia en la que atiendan el
ordenamiento jurídico.

Hechos.

En criterio del accionante, la providencia cuestionada comporta defecto sustantivo,
toda vez que, inobservó (i) el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017, que prevé
que la provisión de empleos en el marco de un concurso de méritos debe efectuarse
en atención a las particularidades de quienes los ocupan en provisionalidad; y (ii) el
artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece la prohibición de
despedir a trabajadores que tienen fuero sindical sin autorización previa del juez
laboral, puesto que fue retirado del servicio sin que la administración de justicia haya
consentido esa determinación.

Afirma que la sentencia atacada también involucra un defecto fáctico, por cuanto no
advirtió que los elementos de convicción allegados al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-007-2020-00090-00, dan
cuenta de que el Ministerio del Trabajo no agotó el procedimiento fijado en el
sistema normativo para retirar a un servidor público con fuero sindical y que tenía la
condición de padre cabeza de familia, lo que imponía su reubicación.

Que el fallo censurado incurre en desconocimiento del precedente, habida cuenta
de que no tuvo en cuenta el criterio del Consejo de Estado4 y de la Corte
Constitucional5, según el cual los servidores nombrados en provisionalidad en
circunstancias de debilidad manifiesta deben ser reubicados cuando en los cargos
que ocupan se designan a personas que superen concursos de méritos. Asimismo,

3
M. P. César Augusto Torres Ormaza.
4
Sentencias de (i) 3 de marzo de 2011, expediente 11001-03-15-000-2010-01271-01; (ii) 16 de agosto de 2018, C. P. Oswaldo
Giraldo López, expediente 11001-03-15-000-2018-01547-00; y (iii) 15 de julio de 2019, C. P. Gabriel Valbuena Hernández,
expediente 11001-03-15-000-2019-01744-00.
5
Sentencia SU-691 de 2017, M. P. Alejandro Linares Cantillo.

4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

desatendió la providencia del 13 de febrero de 2020, a través de la cual el Tribunal
Superior de Medellín, dentro de la acción de amparo con radicación «2019-00065»,
ordenó reintegrar a una persona despedida que tenía fuero sindical.

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 El Ministerio del Trabajo. Pidió negar el amparo deprecado, comoquiera
que el retiro del actor se produjo por la necesidad de privilegiar los derechos de
carrera administrativa y no gozaba de estabilidad en el empleo, dado que su
vinculación era en provisionalidad, por tanto, estaba condicionada a la realización
de un concurso de méritos.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil realizó la “convocatoria 428 de 2016”,
orientada a proveer cargos en entidades del orden nacional, dentro de las que se
encontraba el Ministerio del Trabajo, procedimiento de selección en el que se
ofrecieron un (31) plazas de inspector del trabajo, código 2003, grado 14, y se
integró la correspondiente lista de elegibles con cincuenta (50) aspirantes, de
manera que no era dable reubicar al actor, por cuanto el número de personas que
superaron el concurso de méritos era mayor a las vacantes ofrecidas.

Concluye que, si bien el sistema normativo señala que la remoción de servidores
públicos que tienen fuero sindical debe estar precedida de una autorización del juez
laboral, esa exigencia no opera cuando el retiro de ellos tiene como propósito la
designación en los cargos que ocupan de personas que superaron un concurso de
méritos, conforme al artículo 24 de la Ley 760 de 2005, en consecuencia, para
desvincular al actor no se requería beneplácito alguno de la administración de
justicia.

1.3.2 El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión “C”. Se
pronunció sobre las actuaciones surtidas en segunda instancia, dentro del
expediente 08001-33-33-007-2020-00090-00, pero no hizo mención alguna
respecto de las pretensiones del tutelante.

1.4 Providencia impugnada.

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, por medio de sentencia del 7 de septiembre
de 2023 declaró improcedente la tutela de la referencia, al considerar que no

5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

satisface la exigencia de la subsidiariedad, toda vez que, el actor debía solicitar la
adición del fallo atacado, en virtud del artículo 287 del Código General del Proceso
(CGP), y no lo hizo, con el fin de que las autoridades accionadas se pronunciaran
sobre su condición de servidor público con fuero sindical, ya que omitieron decidir
sobre el particular.

Que, además, la tutela tampoco colma el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional, en razón a que los argumentos empleados en la solicitud de amparo
son los mismos que formuló en sede contencioso-administrativa, de lo que se colige
que emplea este mecanismo judicial como una tercera instancia.

1.5 Impugnación.

Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugna con fundamento en
las mismas aserciones planteadas en la solicitud de amparo, a las que agrega que
las autoridades accionadas si analizaron su “condición de aforado”, por
consiguiente, no era dable que solicitara la adición del fallo censurado.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

En virtud de los artículos 326 del Decreto ley 2591 de 19917 y 258 del Acuerdo 80 de
12 de marzo de 20199 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

2.2 Análisis general de procedencia de la acción de tutela.

Para determinar la procedencia de esta acción constitucional, se debe precisar que
la jurisprudencia constitucional10 ha establecido para tal propósito los siguientes
requisitos generales:

6
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por
igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección
de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto.
[…]».
9
«Reglamento interno del Consejo de Estado».
10
Corte Constitucional, SU-128 de 2021, M. P. Cristina Pardo Schlesinger.

6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

Requisito Explicación
Que la tutela no se emplee como una instancia adicional del
juicio ordinario ni que comporte discusiones meramente
legales y/o económicas, es decir, se debe fundamentar porqué
la cuestión planteada afecta derechos fundamentales.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-573 de
201911, determinó que este presupuesto tiene 3 finalidades:
1. Relevancia constitucional «(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 12 y, por
tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad13; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales 14 y, finalmente, (iii)
impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces15».
Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
2. Subsidiariedad
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable.
Que la tutela se interponga en un término razonable y
3. Inmediatez
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración
Se debe demostrar, en caso de alegarse alguna irregularidad
Irregularidad procesal
procesal, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en
4. debe tener impacto en la
la providencia objeto de reproche y que afecta garantías
sentencia que se ataca
superiores de la parte actora.
Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos
Identificación de hechos y
que generaron la vulneración como los derechos
5. exponerlos en sede
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
ordinaria
siempre que esto hubiese sido posible.
6. Que no se trate de Que la providencia reprochada no haya decidido un trámite de
sentencias de tutela tutela.

Adicionalmente, es necesario precisar que, el Consejo de Estado, mediante
sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-0116,
en cuanto al presupuesto de la inmediatez, precisó como término razonable para
ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales dictadas por la jurisdicción
contencioso-administrativa, seis (6) meses contados a partir de su notificación o
ejecutoria.

Para arribar a la anterior conclusión, el Consejo de Estado sostuvo que, aunque el
presupuesto de inmediatez es exigible para todas las acciones de tutela, lo cierto es
que, cuando se trata de un recurso de amparo contra providencias judiciales, el
lapso de seis (6) meses se justifica como resultado de la garantía de los principios

11
M. P. Carlos Bernal Pulido.
12
Sentencia C-590 de 2005.
13
Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de
2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-
406 de 2014.
14
Sentencia C-590 de 2005.
15
Sentencia T-102 de 2006.
16
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A., Accionada: Sección Primera, Consejo de Estado, C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

de cosa juzgada y seguridad jurídica, sin contar que, con ello se pueden vulnerar
derechos de terceros.

Sin perjuicio de lo expuesto, en dicha providencia se advirtió que resulta
indispensable analizar la situación concreta sometida al juez de tutela, en particular,
«(…) (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la
inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la
acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; 17 (iv) si el
fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria
de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de
la fecha de interposición18.”19».

De igual modo, aceptó que, conforme a la jurisprudencia constitucional 20, existen
dos excepciones a la aplicación del requisito de inmediatez, estas son:
«(i) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que,
pese a que el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación es continua y actual. Y (ii) cuando la especial
situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos
fundamentales, hace desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir
a un juez; por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros». Situaciones que deberán ser analizadas en
cada caso, en el evento en que se acuda a la tutela en un término superior al
mencionado (6 meses).

Esbozado el anterior panorama, debe examinarse si los anteriores presupuestos se
configuran en el presente asunto, con el fin de proseguir con el estudio de las
causales específicas de procedibilidad (que se explicarán más adelante), de la
siguiente manera:

Requisito Cumplimiento Si - No
1. Sí. Por cuanto (i) recae sobre la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
Relevancia constitucional
administración de justicia, mínimo vital y dignidad humana del
accionante. Por lo anterior, no se comparte la determinación

17
Sentencia SU-961/99.
18
Sentencia T-814/05. Ver también, Sentencia T-728/02.
19
Corte Constitucional. Sentencia T-189 de 2009.
20
Sentencia T-584 de 2011.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

adoptada en primera instancia, acerca de la falta del
cumplimiento de este requisito justificando que la parte
accionante pretende hacer uso del recurso de amparo para
insistir en lo discutido en el proceso ordinario, dado que el
análisis de la discusión no se trata de la legalidad del acto
administrativo sino de violación de derechos fundamentales en
el trámite de la decisión del proceso ordinario.
2. Sí. Contra el proveído acusado no procede recurso alguno,
toda vez que, se emitió en segunda instancia y se encuentra
ejecutoriado y la figura de la figura de la adición de la sentencia
Subsidiariedad
no es un instrumento idóneo para acceder a las pretensiones
de la demanda dado que afectaría el principio de inmutabilidad
consagrado en el artículo 285 CGP.
3. Sí. el requisito de inmediatez se satisface, comoquiera que la
determinación judicial atacada21 quedó ejecutoriada al 27 de
Inmediatez abril de 2023 y la solicitud de amparo se instauró el 19 de julio
siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (2 meses y
22 días)
4. Irregularidad procesal
debe tener impacto en la Sí. No se alega irregularidad procesal alguna.
sentencia que se ataca
5. Identificación de hechos y
Sí. Se establecieron los hechos que originaron el supuesto
exponerlos en sede
quebranto de las aludidas garantías superiores
ordinaria
6. Que no se trate de
Sí. La providencia acusada no desató una acción de tutela
sentencia de tutela

De lo anterior se evidencia que la presente acción de tutela cumple los presupuestos
generales de procedibilidad contra providencia judiciales, razón por la cual esta Sala
procederá a formular el problema jurídico que deberá resolver en el presente asunto.

2.3 Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la sentencia del 29 de marzo de 2023, dictada
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión “C” lesionó los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
al mínimo vital y a la dignidad humana, tras considerar que, en esencia, (i) se
presentó un defecto sustantivo, (ii) violación directa de la Constitución y (iii) un
defecto fáctico.

Con ese propósito, la Sala se pronunciará, concretamente, sobre cada uno de los
requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial anteriormente mencionados.

21
El correo electrónico, mediante el que se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 20 de abril de 2023, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 24 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205
(numeral 2) del CPACA.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

2.4 La acción.

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue
concebida como un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su
amenaza o transgresión, en principio, frente a la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública, y, en casos concretos respecto a particulares, siempre que no se
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo
transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias
específicas que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse
presentes, a saber: (i) que su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta
suficiente que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la
gravedad de los hechos sea de tal magnitud que cause un daño de gran intensidad
sobre la persona afectada; (iii) que resulte urgente la medida de protección para
que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la
acción sea impostergable, esto es, que de configurarse el perjuicio no exista forma
de reparar el daño producido a ese derecho22.

2.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

La Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional sistematizó las denominadas
vías de hecho en las cuales podían incurrir las providencias dictadas por los jueces
de la República en sus distintas especialidades (penal, civil, laboral, contencioso
administrativo, y demás) y, por consiguiente, la procedencia excepcional de la
acción de tutela en contra de estas. Posteriormente, mediante la Sentencia T-217
de 2010 esa misma Corporación rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de
tutela contra sentencias y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales generales y específicas de procedibilidad con el propósito de destacar,
con mayor énfasis, la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional
resulta procedente. Dicha tesis sigue vigente, por ejemplo, entre otras, en la

22
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

Sentencia SU-128 de 2021.

En esa medida, la actual doctrina constitucional establece que únicamente procede
la acción de tutela en contra de decisiones judiciales cuando se cumplen, además
de los requisitos generales relacionados en precedencia, los específicos que se
relacionan a continuación, denominados, defectos:

Defecto Explicación
1. Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
Orgánico
providencia impugnada, carece de competencia.
2. Se origina cuando el juez actúa completamente al margen del
Procedimental absoluto
procedimiento establecido.
3. Surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que
Fáctico permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión.
4. Cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
Material o sustantivo inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre las consideraciones y la decisión.
5. Se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
Error inducido parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales.
6. Implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
Decisión sin motivación de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones.
7. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
Desconocimiento del
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente
precedente
vinculante del derecho fundamental quebrantado.
8. Procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía
Violación directa a la de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
Constitución ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales23, no obstante, rectificó su
posición mediante sentencia del 31 de julio de 201224, en el sentido de disponer que
la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia, lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos25.

23
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
24
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
25
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-

11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

En el sub lite se alega que el fallo acusado incurrió en: (i) un defecto sustantivo, (ii)
violación directa de la Constitución y (iii) un defecto factico.

2.6 Solución al caso concreto.

La parte actora acudió al presente recurso de amparo con la finalidad de solicitar la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales
consideró conculcados por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
“C”, al confirmar la sentencia de primera instancia del 22 de marzo de 2022 proferida
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Barranquilla que denegó las
pretensiones de la demanda.

Los reproches del tutelante, básicamente, consisten en que los fallos judiciales
desconocieron la normatividad aplicable al momento del retiro del servicio pasando
por alto la condición de miembro de junta directiva del Sindicato
“SINALTRAEMPROS” y tener la calidad de padre cabeza de familia considerando
la falta de aplicación de las normas como un defecto sustantivo. Por otra parte,
señala que la providencia judicial incurre en violación directa de la Constitución al
dejar de aplicar el artículo 29 de la Carta Política, y, por último, indicó la presencia
de un defecto fáctico al indicar la equivocada valoración del oficio del 3 de febrero
de 2020. En ese sentido, la Sala procederá a resolver cada uno de estos aspectos
puestos a consideración.

Defecto sustantivo.

En relación con el defecto sustantivo, resulta oportuno precisar que, el artículo 230
de la Constitución Política consagra que los jueces se encuentran sometidos al
imperio de la ley. En virtud de ese mandato, las autoridades judiciales deben decidir
las discusiones de acuerdo con las normas que regulan la materia, como expresión
del principio de legalidad.

00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.

12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

La jurisprudencia constitucional26 ha precisado que la providencia judicial proferida
con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto
sustantivo, que se configura cuando el litigio es desatado con fundamento en una
disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada
inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la
interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente se omite
aplicarla.

Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo que este defecto implica «[…] la
existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el
proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso
sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de
la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que
lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
constitucionales»27.

En el sub lite el actor afirma que el fallo reprochado comporta defecto sustantivo,
comoquiera que inobservó los artículos (i) 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017, que
prevé que la remoción de servidores públicos nombrados en provisionalidad, para
designar a personar que superen un concurso de méritos, se realiza en un “orden
de protección”; y (ii) 405 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que el
retiro de quienes tienen fuero sindical está supeditado a la autorización de un juez
laboral, beneplácito con el que no contaba la entonces Ministra del Trabajo que lo
desvinculó.

Con la finalidad de determinar si los anteriores argumentos tienen o no asidero
jurídico, resulta oportuno advertir que, el artículo 125 de la Constitución Política
consagra que los empleos de carrera administrativa deben proveerse mediante
concurso de méritos, por cuanto son las capacidades particulares de los aspirantes
las que determinan el ingreso al sector público y no aspectos clientelistas o
burocráticos.

Esa regla de selección de los servidores de carrera administrativa se aplica para el
acceso a la mayoría de los cargos públicos, toda vez que, el mérito asegura que las

26
Sentencias T-781 del 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
27
Sentencia T-259 del 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

personas que desempeñan la función pública sean idóneas, es decir, que gocen de
las condiciones necesarias para prestar un óptimo servicio.

Ahora bien, una de las formas de proveer los empleos públicos es a través de
nombramientos en provisionalidad, que consisten en designar a personas en plazas
de carrera administrativa, hasta cuando se adelante el concurso de méritos para
cubrirlas, siempre que no sea posible designar en encargo a funcionarios
escalafonados (artículo 25 de la Ley 909 de 2004)28.

Resulta oportuno señalar que, quienes están nombrados en provisionalidad gozan
de estabilidad relativa en el empleo, porque si bien no tienen los mismos privilegios
que los servidores de carrera, por cuanto no superaron un procedimiento de
selección, sí cuentan con algunos derechos, como la “expectativa de permanencia
en el cargo”29.

Adicionalmente, cuando los servidores provisionales son mujeres en estado de
embarazo, padres o madres cabeza de familia, aforados sindicales, padecen graves
afecciones de salud, entre otros aspectos, se hacen beneficiarios de una estabilidad
laboral reforzada, la cual impone un trato preferencial al momento en que el empleo
que ocupan sea provisto por alguien que supere un concurso de méritos, dado que
el nominador debe adelantar las actuaciones necesarias para reubicarlos, siempre
que tenga “margen de maniobra”30 es decir, que cuente con plazas para ello.

Asimismo, el nominador, al momento de retirar a quienes están nombrados en
provisionalidad, debe observar el orden de protección señalado en el parágrafo 2º
del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 201731 cuyo tenor es:

“PARÁGRAFO 2. Cuando la lista de elegibles elaborada como resultado de un proceso
de selección esté conformada por un número menor de aspirantes al de empleos
ofertados a proveer, la administración, antes de efectuar los respectivos nombramientos
en período de prueba y retirar del servicio a los provisionales, deberá tener en cuenta el
siguiente orden de protección generado por:

1. Enfermedad catastrófica o algún tipo de discapacidad.

2. Acreditar la condición de padre o madre cabeza de familia en los términos señalados
en las normas vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.

28 «
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras
disposiciones».
29
Corte Constitucional, sentencia SU-556 de 2014, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
30
Corte Constitucional, sentencia T-63 de 2022, M. P. Alberto Rojas Ríos.
31 «Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública».

14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

3. Ostentar la condición de prepensionados en los términos señalados en las normas
vigentes y la jurisprudencia sobre la materia.

4. Tener la condición de empleado amparado con fuero sindical.”

Cabe anotar que en el escenario de retiro de provisionales en situación de
vulnerabilidad para designar a personas que superaron concursos de méritos, se
hayan en tensión preceptos constitucionales, en consecuencia, se debe tratar de
adoptar decisiones que salvaguarden las prerrogativas de ambos, en la medida de
lo posible, pues, a pesar de que a las últimas les asiste el derecho de ser
posesionados porque concursaron, los primeros tienen la posibilidad de ser
reubicados. Así lo explicó la Corte Constitucional32:

“(…) se ha considerado que la definición acerca del acceso del ganador del concurso de
méritos al empleo público, que en todo caso es un derecho constitucionalmente
prevalente, debe definirse de forma que consulte condiciones objetivas y no de manera
aleatoria. Esto significa, en concreto, que en aquellas circunstancias en que sea posible
garantizar correlativamente los derechos de carrera y la estabilidad laboral reforzada,
particularmente porque se está ante la pluralidad de cargos, sin que todos ellos hayan
sido provistos por el concurso, la autoridad administrativa estará obligada a preferir una
solución razonable, basada en la protección simultánea de los derechos constitucionales
del aspirante y del prepensionado.

A partir de las posiciones fijadas por diferentes salas de revisión de tutelas, se puede
concluir que (i) la decisión de la Administración de excluir del empleo público a quien lo
ejerce en provisionalidad, debido a la necesidad de permitir el ingreso de quien ha
superado el concurso de méritos, es una medida constitucionalmente adecuada, pues
se sustenta en el carácter preeminente de esa modalidad de provisión de cargos; (ii) sin
embargo, la medida no resulta necesaria cuando quien ejerce el empleo en
provisionalidad es un sujeto de especial protección constitucional, como sucede con las
personas próximas a pensionarse y, a su vez, concurre un margen de maniobra para la
Administración en cuanto a la provisión del empleo, en razón de la diferencia entre las
plazas ofertadas y aquellas provistas mediante la lista de elegibles correspondiente, y
(iii) una decisión en este sentido se muestra compatible con criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, a la vez que resulta respetuosa de los derechos fundamentales de
dichos sujetos de especial protección.”

Con base en lo planteado, se colige que, cuando un concursante integra la lista de
elegibles para ocupar un empleo en el cual está posesionado un empleado
provisional en estado de vulnerabilidad manifiesta, es necesario adoptar actuaciones
orientadas a proteger las garantías superiores de ambos, de ser factible, para cuyo
propósito el nominador debe reubicar al último en un cargo equivalente, siempre que
cuente con disponibilidad de plazas para ello.

No obstante, en el evento en que un cargo -ejercicio en provisionalidad por un sujeto
de especial protección constitucional- se haya ofrecido en un concurso de méritos,
a él aspire una persona que integra la lista de elegibles y no existan vacantes para

32
Sentencia T-326 de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa.

15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

reubicar a aquel, priman las garantías del concursante, comoquiera que la Corte
Constitucional33 ha dicho que prevalecen los derechos de los servidores que superan
un procedimiento de selección, en los siguientes términos:

“(…) aquellos funcionarios públicos que se encuentran en provisionalidad y que son
sujetos de especial protección constitucional gozan de una estabilidad laboral reforzada,
pero pueden llegar a ser desvinculado[s] con el propósito de proveer el cargo que ocupan
con una persona que ha ganado el concurso de méritos, pues se entiende que el
derecho de las personas que se encuentran en provisionalidad cede frente al mejor
derecho que tienen aquellos que participan en un concurso público.” (Énfasis
propio)

Por otra parte, debe anotarse que, cuando el servidor público designado en
provisionalidad es una persona con fuero sindical, la Administración no debe pedir
del juez de trabajo autorización para desvincularlo con el fin de designar en el
empleo que ocupa a una persona que superó un concurso de méritos, de acuerdo
con el artículo 2434 del Decreto ley 760 de 200535 , comoquiera que en ese escenario
el retiro se justifica en la necesidad de privilegiar los derechos de carrera
administrativa, cuya efectividad no está condicionada al ejercicio de la libertad de
asociación, ya que esta prerrogativa no otorga estabilidad para quienes fueron
nombrados sin superar un procedimiento de selección, tal como lo dijo la Corte
Constitucional36, así:

“(…) en el artículo 24 cuestionado se dispuso por el legislador habilitado que quien se
encuentre desempeñando un empleo de carrera en carácter provisional, pueda ser
retirado del servicio a pesar de estar amparado con la garantía del fuero sindical, sin que
tenga que mediar para ello autorización judicial en los eventos contemplados en la norma
acusada (…). En efecto, se trata de situaciones objetivas previamente establecidas por
la ley como causal de retiro del empleo las que dan lugar a ello. De ahí que no sea
necesaria la autorización judicial que se echa de menos por los demandantes, pues no
se trata de verificar la existencia o no de justas causas del despido de trabajadores
amparados con fuero como una medida tuitiva del derecho de asociación sindical, sino
de dar cumplimiento a los procesos de selección para el ingreso a la función pública,
fundados en el mérito y la igualdad de oportunidades de todos los aspirantes (CP. art.
125).

(…) no es necesario acudir a la autorización judicial para retirar a un empleado con fuero,
pues las consecuencias jurídicas relacionadas con la relación o vínculo laboral se
predican de una definición legal de carácter general, como lo es el hecho de no haber
superado las condiciones objetivas que le permiten acceder a cargos de carrera
administrativa mediante la superación del proceso de selección.”

33
Sentencia T-464 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
34 «No será necesaria la autorización judicial para retirar del servicio a los empleados amparados con fuero sindical en los
siguientes casos:
24.1 Cuando no superen el período de prueba.
24.2 Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado que lo ocupa no participe
en él.
24.3 Cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a concurso y el empleado no ocupare los puestos
que permitan su nombramiento en estricto orden de mérito».
35 «
Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el
cumplimiento de sus funciones».
36
Sentencia C-1119 de 2005, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

En atención a lo expuesto, se concluye que, cuando el servidor público nombrado
en provisionalidad es destinatario de fuero sindical y se imponga desvincularlo con
la finalidad de designar en el cargo que ocupa a una persona que superó un
concurso de méritos, no se requiere autorización del juez laboral, no obstante, ello
no quiere decir que no sea beneficiario del orden de protección que contempla el
parágrafo 2º del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el asunto sub examine la Sala
evidencia que, en la providencia cuestionada se concluyó que la Resolución 4143
de 10 de octubre de 2019 no contraría el ordenamiento jurídico, por cuyo conducto
la entonces Ministra del Trabajo: (i) nombró en período de prueba a algunos de los
aspirantes al cargo de inspector del trabajo y seguridad social, código 2003, grado
14, de la dirección territorial del Atlántico de esa cartera; y (ii) dio por terminado
“automáticamente los nombramientos en provisionalidad” de quienes ocupaban los
respectivos empleos, entre ellos el del tutelante, por cuanto priman los derechos de
carrera administrativa y no era dable reubicarlo.

Para el accionante la anterior conclusión comporta defecto sustantivo, porque
desconoce el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017, que prevé que la provisión
de empleos, en el marco de un concurso de méritos, debe efectuarse en atención a
las particularidades de quienes los ocupan en provisionalidad, de manera que su
condición de padre cabeza de familia imponía reubicarlo.

Sobre el particular, la Sala constata que, si bien a la Administración le asiste el deber
de reubicar a los provisionales en situación de vulnerabilidad manifiesta cuando en
los cargos que ocupan se designan en período de prueba a concursantes, para ello
el número de plazas ofrecidas y disponibles debe ser inferior al número de
integrantes de la respectiva lista de elegibles, exigencia que no se cumple en
relación con el empleo de inspector del trabajo y seguridad social, código 2003,
grado 14, de la dirección territorial del Atlántico del Ministerio del Trabajo, pues los
empleos ofertadas ascienden a 31 y la lista de elegibles está conformada por 50
aspirantes, no se probó que hubieren disponibles.

En ese orden de ideas, se observa que, a la referida cartera no le resulta dable
reprocharle el hecho de retirar al actor, por cuanto, se reitera, no se cumplieron los

17

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

presupuestos del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017 para reubicarlo, de
manera que la Administración no contó con margen de maniobra, por ende, su
desvinculación no contrarió el ordenamiento jurídico, pues la jurisprudencia
constitucional señala que en eventos como el discutido en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación 08001-33-33-007-2020-00090-00
priman los derechos de carrera administrativa.

Además, debe advertirse que, si bien el demandante sostuvo que existían cargos
en los que pudo ser reubicado, no probó esa afirmación en sede contencioso-
administrativa, lo que comporta incumplimiento de su carga probatoria de que trata
el artículo 16737 del CGP (aplicable en diligencias ordinarias, en atención al artículo
306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) e impide acceder a sus pretensiones con fundamento en dicha aserción.

Frente al argumento sobre el fuero sindical, debe advertirse que el artículo 24 del
Decreto ley 760 de 2005 establece de manera expresa que “[n]o será necesaria la
autorización judicial para retirar del servicio a los empleados amparados con fuero
sindical […] cuando los empleos provistos en provisionalidad sean convocados a
concurso y el empleado no ocupare los puestos que permitan su nombramiento en
estricto orden de mérito”, premisa sobre la cual el Ministerio del Trabajo no debía
solicitar del juez laboral una autorización para desvincular al accionante, pues su
desvinculación tuvo como finalidad designar a una persona que superó un concurso
de méritos y él no integra la correspondiente lista de elegibles.

De conformidad con lo expuesto en líneas precedentes, se concluye que la
providencia cuestionada no incurre en defecto sustantivo, dado que (i) la aplicación
del artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 648 de 2017 está supeditada a que hayan cargos
disponibles para reubicar al servidor público provisional, y ese presupuesto no se
colmó en los hechos debatidos en sede contencioso-administrativa; (ii) y el
Ministerio del Trabajo no debía pedir autorización del juez laboral para retirar al actor
por tener fuero sindical.

Violación directa de la Constitución.

37 «
Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]».

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

En relación con la violación directa de la Constitución, es oportuno señalar que el
artículo 4 de la Constitución Política de 1991 consagra que “la Constitución es
norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u
otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”, siendo este un
aspecto que establece la supremacía constitucional, el carácter vinculante y
prevalente de las disposiciones constitucionales.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la causal de violación directa de la
Constitución se puede estructurar cuando el juez, al proferir la sentencia omite,
contradice o le da un alcance insuficiente a las reglas, principios y valores
consagrados en el Constitución. Concretamente, en la Sentencia SU-098 de 2018,
la Corte Constitucional señaló los siguientes eventos: “(…) a) en la solución del caso
se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional38; b) se trata de la violación evidente a un derecho
fundamental de aplicación inmediata; c) los jueces, con sus fallos, vulneran
derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de interpretación
conforme con la Constitución39; y d) si el juez encuentra, deduce o se le interpela
sobre una norma incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales (excepción de inconstitucionalidad)40.”

En actor afirma que el fallo reprochado comporta un defecto por violación directa a
la Constitución al dejar de aplicar la intensidad del artículo 29 de la Constitución al
producirse el retiro del servicio sin observar la condición de aforado y padre cabeza
de familia, adicionalmente cita diversos fallos sobre el retiro de empleados aforados.

Con la finalidad de determinar si el anterior argumento tiene o no asidero jurídico,
resulta oportuno advertir que, aunque la Constitución Política de 1991 establece en
el artículo 1° que uno de sus principios fundamentales es el trabajo, lo cierto es que
los empleos en los órganos y entidades del estado son de carrera, según lo previsto
por el artículo 125 ibidem. En consideración a lo anterior, se identifica que los fallos
objeto de reproche constitucional abordaron la condición de aforado del accionante
y con el respectivo análisis de las normas aplicables para el escenario debatido con
la observancia y plenitud de las formas propias del medio de control de nulidad y

<<38
Caso en el cual también se incurriría en la causal por desconocimiento del precedente. Al respecto ver, entre muchas
otras, las sentencias T-292 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en ambas M.
P. Alejandro Martínez Caballero>>.
<<39 Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. También ver, las sentencia T-199 de 2005, M. P. Marco
Gerardo Monroy Cabra; T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez>>.
<<40
Ver entre otras, T-522 de 2001, Manuel José Cepeda Espinosa y T-685 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández>>.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

restablecimiento del derecho, de manera que no se configura la causal de violación
directa de la Constitución.

Además, la Sala advierte que, si bien los pronunciamientos de la Corte
Constitucional señalan que la Administración debe tratar de reubicar a los servidores
públicos en provisionalidad en situación de vulnerabilidad manifiesta cuando los
cargos que ocupan deban ser provistos por personas que superan un concurso de
méritos, para ello resulta necesario que cuente con cupos disponibles, presupuesto
que no se colmó en relación con el accionante, pues, se reitera, los empleos con la
equivalencia al que ocupaba (31) eran inferiores al número de concursante
señalados en la lista de elegibles (50), de manera que el Ministerio del Trabajo no
contaba con margen de maniobra, lo que imponía retirar al accionante en aras de
garantizar los derechos de carrera administrativa.

Respecto de los fallos citados del Consejo de Estado y del Tribunal Superior de
Medellín, debe advertirse que se emitieron en acciones de tutela, por ende, sus
efectos tienen efectos inter partes, conforme al artículo 48 (numeral 241) de la Ley
270 de 199642, de manera que no eran de obligatoria observancia para las
autoridades accionadas.

Respecto a la sentencia del 14 de diciembre de 2018, emitida por el Consejo de
Estado43, se constata que en ella se decidió una demanda de repetición surtida
contra un exalcalde de El Espinal (Tolima), quien suprimió la planta de personal de
la administración municipal sin advertir que uno de los servidores públicos tenía
fuero sindical y no pidió permiso para su desvinculación, lo que derivó en una
condena judicial contra el municipio.

De acuerdo con lo expuesto, se constata que la situación fáctica decidida por esta
Corporación en el precitado pronunciamiento es disímil a la debatida en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 08001-33-33-007-2020-
00090-00, porque en este, además de que no existe una condena judicial contra un
ente estatal, se discute la reubicación de provisionales frente a un concurso de

41 «
Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:
[…]
2.
Las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes.
Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.
[…]».
42 «
Estatutaria de la administración de justicia».
43
Sección tercera, subsección C, C. P. Guillermo Sánchez Luque, expediente 73001-23-31-000-2008-00243-01.

20

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

méritos, en el que, dicho sea de paso, el artículo 24 del Decreto ley 760 de 2005
releva a la Administración de pedir autorización para retirar a aquellos que tengan
fuero sindical, regla que se atendió en el expediente 73001-23-31-000-2008-00243-
01.

En ese orden de ideas, las autoridades accionadas no estaban en la obligación de
tener en cuenta las consideraciones planteadas por el Consejo de Estado en la
sentencia del 14 de diciembre de 2018, dado que, se reitera, decidió un asunto con
contornos fácticos diferentes a los establecidos en las diligencias en las que se
emitió la providencia aquí censurada.

En virtud de lo analizado, la Sala constata que el fallo atacado no incurre en la causal
específica de procedibilidad de desconocimiento del precedente, porque se ajustó
a la jurisprudencia constitucional.

Defecto fáctico.

Una providencia judicial se encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en
que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto
es, “(…) surge cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión”44.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos aspectos
o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta cuando el
funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no apta para ello.
Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto negativo que alude a
aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los eventos en
que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar suficiente material
probatorio que lo demuestra45.

En el caso sub examine, el actor sostiene que la sentencia atacada involucra defecto
fáctico, ya que no advirtió que los elementos de convicción obrantes en el
expediente 08001-33-33-007-2020-00090-00 acreditan que el Ministerio del Trabajo
no adelantó actuaciones orientadas a reubicarlo, pese a tener la condición de padre
cabeza de familia y ser aforado sindical, no obstante, para la Sala esa aseveración

44
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
45
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

21

Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

carece de asidero jurídico, porque, como se determinó al estudiar el defecto
sustantivo, la aludida cartera no tenía margen de maniobra para reubicar al
accionante, pues los cargos equivalentes al que ocupaba eran inferiores al número
de integrantes de la respectiva lista de elegibles y no se probó que hubieren empleos
disponibles.

En ese orden de ideas, la conclusión de las autoridades accionadas, consistente en
que la desvinculación del accionante se ajustó al ordenamiento jurídico, comporta
una deducción razonable de las pruebas que reposan en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 08001-33-33-007-2020-00090-00, de manera que la
providencia cuestionada tampoco configura defecto fáctico.

De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que las sentencias cuestionadas no
incurren en defectos alegados, por el contrario, se presenta una interpretación
razonable a las normas aplicables al caso concreto al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con la debida aplicación de la Constitución y con la
debida valoración probatoria, en consideración a lo expuesto la Sala procederá a
revocar el fallo impugnado y en su lugar a negar el amparo invocado.

III. DECISIÓN

Comoquiera que el fallo cuestionado no comporta defectos sustantivo y fáctico ni
desconocimiento del precedente, se impone revocar el fallo impugnado, que
declaró improcedente la tutela de la referencia, para en su lugar, negar el amparo
deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. MODIFICAR la sentencia del 7 de septiembre de 2023, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela, en el
sentido de NEGAR el amparo solicitado por el señor Aquiles Alberto Sánchez
Noguera, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2023-03895-01
Actor: Aquiles Alberto Sánchez Noguera

2º. NOTIFÍQUESE este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Comuníquese la presente decisión a la sección cuarta de esta Corporación y
remítasele copia.

4º. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991 envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

23

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