Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03910-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03910-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03910-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
30 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03910-00
Accionantes: Yensy Amparo Ojeda Daza y otros
Se niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03910-00
Accionantes: Yensy Amparo Ojeda Daza y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Reparación directa / Violación directa
de la Constitución / Desconocimiento de las reglas jurisprudenciales / Defecto fáctico / Cosa
juzgada / Carga de la prueba / Se niegan las pretensiones de la acción de tutela porque no
se configuraron los defectos alegados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la acción de tutela presentada por Yensy Amparo Ojeda
Daza en nombre propio y en representación de sus hijas Dana Yulieth Seña Ojeda
y Jhina Yaritza Narváez Ojeda contra la sentencia del 31 de marzo de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda en un proceso de reparación
directa adelantado contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional. La providencia accionada revocó la sentencia de primera instancia que
había accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, negó
las súplicas.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
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Accionantes: Yensy Amparo Ojeda Daza y otros
Se niega el amparo
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 21 de julio de 20231 Yensy Amparo Ojeda Daza en nombre propio y en
representación de sus hijas Dana Yulieth Seña Ojeda y Jhina Yaritza Narváez Ojeda
presentaron, mediante apoderado judicial, una acción de tutela para obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a
la administración de justicia vulnerados, en su concepto, por la sentencia del 31 de
marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda en
el proceso de reparación directa No. 52001-33-33-006-2016-00280-00/01,
adelantado por las accionantes contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional.
2.- Como pretensiones, las accionantes formularon las siguientes (se transcribe):
<<Ruego de manera respetuosa a los señores Magistrados del Consejo de Estado -
Sala de lo Contencioso Administrativo, se amparen los derechos fundamentales de la
señora Yensy Amparo Ojeda Daza y sus menores hijas Dana Yulieth Seña Ojeda y
Jhina Yaritza Narváez Ojeda, y como consecuencia de ello, se disponga:
• Dejar sin efectos la sentencia de 31 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, dentro del proceso radicado: 52001333300620160028001,
como consecuencia de ello, se le ordene a la Corporación emitir otro fallo conforme
las directrices que marque el Máximo Tribunal de lo administrativo>>.
B. Hechos
3.- Las accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 20 de enero de 2015 los patrulleros de policía Jorge Luis Seña y Mauricio
José Suárez Navarro se encontraban prestando apoyo durante las festividades
religiosas del corregimiento de Yascual, municipio de Túquerres (Nariño).
Aproximadamente a las 10:30 de ese día fueron atacados por un grupo de
subversivos del ELN y los dos patrulleros fallecieron como consecuencia del
combate. Además, los guerrilleros hurtaron las armas de dotación oficial <<tipo fusil
1 El proyecto de sentencia presentado por el magistrado Alberto Montaña Plata fue derrotado en la Sala de
Subsección de 18 de septiembre de 2023, por lo que pasó al despacho del magistrado ponente el 12 de octubre
de 2023.
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Galil, calibre 5.56>> que portaban los patrulleros.
3.2.- Según el Informe Administrativo Prestacional No. 003/2015 del 26 de enero de
2015 del Comando del Departamento de Policía de Nariño, la muerte del patrullero
Jorge Luis Seña ocurrió en actos especiales del servicio.
3.3.- Según sentencia del 22 de septiembre de 2016 del Juzgado Tercero de Familia
de Pasto, entre Jorge Luis Seña y Yensy Amparo Ojeda Daza existió una unión
marital de hecho y conformaron un hogar con las dos hijas de la señora Ojeda Daza.
3.4.- La señora Ojeda Daza, en nombre propio y en representación de sus hijas,
presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, dados los perjuicios que sufrió por la muerte del
patrullero Jorge Luis Seña.
3.5.- Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2020 el Juzgado Sexto
Administrativo de Pasto accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Consideró que el comandante de policía a cargo de los patrulleros no acató los
instructivos de desplazamiento y empleo de armas de largo alcance, lo cual fue
determinante para la generación del daño.
3.6.- La Policía Nacional apeló esa decisión y alegó que el daño fue consecuencia
de los riesgos inherentes a la actividad militar y fue causado por el hecho de un
tercero. Además, señaló que los diecinueve agentes de policía que conformaban el
comando del lugar fueron distribuidos en parejas para garantizar la movilidad de un
gran número de personas durante la procesión religiosa de San Sebastián, que se
celebraba en ese momento.
3.7.- El 31 de marzo de 2023 el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Segunda
profirió sentencia de segunda instancia en la que revocó la condena y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda. El tribunal consideró que el daño fue
consecuencia del riesgo inherente del servicio de policía, asumido voluntariamente
por el señor Seña cuando se vinculó a la Policía Nacional. Además, advirtió que los
instructivos que habrían sido desconocidos no contienen ninguna directriz respecto
al uso de fusiles tipo galil, sino que constituyen, únicamente, un llamado de atención
general a los comandantes de policía. Por último, echa de menos la orden de
servicios en virtud de la cual se llevó a cabo el patrullaje y que habría permitido
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analizar los términos en los cuales se ejecutó la operación.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Aunque las accionantes no enmarcaron sus reparos en los defectos
desarrollados por la Corte Constitucional como causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, a partir de sus
argumentos se infiere que alegan una violación directa de la Constitución, un
desconocimiento de las reglas jurisprudenciales y un defecto fáctico.
4.1.- Frente a la violación directa de la Constitución y el desconocimiento de las
reglas jurisprudenciales, alegan que el tribunal accionado desconoció el principio de
cosa juzgada, la seguridad jurídica y el principio non bis in idem, pues existe una
sentencia proferida por el mismo tribunal (pero de la Sala Primera) y por los mismos
hechos.
4.1.1.- En efecto, señalan que otros familiares (madre, abuela materna y hermana)
del señor Jorge Luis Seña también demandaron en reparación directa a la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional por los mismos hechos. Ese
proceso se adelantó bajo el radicado No. 52001-33-33-004-2016-00226-00/01 y en
primera instancia se concedieron las pretensiones de la demanda, lo cual fue
confirmado por la Sala Primera del tribunal acá accionado en sentencia del 20 de
abril de 2022.
4.1.2.- Alegan que en ese primer proceso de reparación directa se pusieron de
presente los mismos hechos, argumentos y pruebas, la demanda fue adelantada
por el mismo apoderado y la entidad demandada presentó las mismas excepciones
que en el segundo proceso. Además, la sentencia de segunda instancia en el primer
proceso fue allegada al expediente que originó esta acción de tutela y, no obstante,
no fue tenida en cuenta por el tribunal.
4.1.3.- Sostienen que la jurisprudencia de esta Corporación 2 ha aceptado la
existencia de la cosa juzgada material, que opera cuando existe identidad de objeto
y causa, pero no necesariamente de partes. En ese sentido, en este caso existiría
una cosa juzgada material en virtud de la sentencia proferida en el primer proceso
2 Cita la sentencia del 3 de julio de 2020 proferida por la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación
en el proceso No. 41001-23-31-000-2002-00750-01 (55674).
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de reparación directa y, por lo tanto, el tribunal accionado debió atenerse a lo
resuelto en aquella. En consecuencia, debió acceder a las pretensiones de la
demanda.
4.2.- Por otro lado, en cuanto al defecto fáctico insisten en que no se tuvo en cuenta
que el instructivo No.139 DIROP-ASECI-C-568 del 6 de diciembre de 2000 y el
instructivo No. 092 del 5 de septiembre del 2006 establecieron que en las zonas
rurales los grupos de policías con fusiles galil debían estar conformados por mínimo
diez personas. No obstante, en este caso el señor Seña se encontraba patrullando
en zona rural en compañía de otro agente, por lo que se habría desconocido lo
previsto en esos instructivos y, en consecuencia, se habría demostrado la falla en
el servicio que fundamenta la responsabilidad del Estado.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (tercero con
interés) sostuvo que la acción de tutela es improcedente porque no se afectaron
derechos fundamentales y no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.
Señaló que la sentencia objeto de reproche no incurrió en ningún defecto y que el
otro caso resuelto por el mismo tribunal y según los mismos hechos solo produce
efectos inter partes.
6.- El Tribunal Administrativo de Nariño (accionado) y el Juzgado Sexto
Administrativo de Paso (tercero con interés) pese a estar debidamente notificados,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
7.- La Sala negará las pretensiones de la solicitud de amparo porque no se
configuraron los defectos alegados. En cambio, la sentencia accionada hizo una
valoración adecuada de las pruebas y no pasó por alto los principios de cosa
juzgada ni desconoció el precedente invocado.
E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
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8.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) las accionantes indicaron de
manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto
es de evidente relevancia constitucional porque se alega la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración
de justicia por la presunta configuración de un defecto fáctico, un desconocimiento
del precedente y una violación directa de la Constitución 3; (iii) se encuentra cumplido
el requisito de subsidiariedad porque las accionantes utilizaron todos los
mecanismos judiciales a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales; (iv) la solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez),
puesto que la sentencia de segunda instancia se notificó el 25 de mayo de 2023 y
la tutela se presentó el 21 de julio de 2023, es decir, dentro del término de 6 meses
precisado tanto por esta Corporación 4 como por la Corte Constitucional 5; y (v) no se
trata de una decisión proferida en sede de tutela.
F. No se configuró una violación directa de la Constitución por violación al
principio de cosa juzgada, non bis in idem y seguridad jurídica, ni se
desconocieron las reglas jurisprudenciales
9.- El principio de cosa juzgada se encuentra definido en el artículo 303 del CGP y
opera <<siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en
la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica
de partes>>.
9.1.- En el mismo sentido, el artículo 189 del CPACA dispone que las sentencias de
reparación directa producirán <<efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que
tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya
identidad jurídica de partes>>.
9.2.- Así las cosas, contrario a lo alegado por las accionantes y por expreso mandato
legal, para que se configure la cosa juzgada frente a dos o más procesos no basta
con que la causa y el objeto sean iguales, sino que además debe haber identidad
de partes. El efecto de la cosa juzgada, además, implica que no puede proferirs e
3 De conformidad con la posición mayoritaria de la Sala, tampoco se trata de una reiteración de argumentos que
hubiesen sido resueltos dentro del proceso ordinario, pues los reparos se originan en la sentencia de segunda
instancia.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
5 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Accionantes: Yensy Amparo Ojeda Daza y otros
Se niega el amparo
una nueva decisión en un asunto que, reunidos los requisitos reseñados, ya fue
previamente resuelto y la sentencia se encuentra en firme.
9.3.- En ese sentido, el tribunal accionado no desconoció el principio de cosa
juzgada, pues en el antecedente invocado por las accionantes 6 se resolvió una
demanda presentada por otras personas (madre, abuela y hermana del señor Seña)
distintas a las que interpusieron la demanda de reparación directa que dio origen a
la providencia acá cuestionada (formulada por la compañera permanente y sus
hijas). En otras palabras, aunque existe identidad de objeto y causa, no ocurre lo
mismo frente a los sujetos procesales, lo cual es necesario para que se generen los
efectos de la cosa juzgada.
9.4.- Es posible que ante los mismos hechos se presenten varias demandas
separadas, como ocurrió en este caso, cuando existe una relación de litisconsorcio
facultativo entre los distintos demandantes. Pero ello no implica, necesariamente,
que todos los procesos adelantados deban ser resueltos de forma idéntica, pues las
partes, en cada caso, deben cumplir con la carga de la prueba y demostrar los
supuestos que alegan. En otras palabras, si bien la seguridad jurídica (también
invocada por las accionantes) implica que casos similares sean resueltos de forma
análoga, ello no exime a las partes de allegar las pruebas que demuestran los
supuestos que alegan.
9.5.- La autoridad judicial que resuelve un asunto solo puede fallar de conformidad
con las pruebas debidamente incorporadas al expediente y según la normativa
aplicable. La sentencia del 20 de abril de 2022 proferida por otra sala del mismo
tribunal accionado no es prueba infalible de los supuestos de otra demanda
formulada con ocasión de los mismos hechos. Esa providencia únicamente acredita
la decisión adoptada, la autoridad que la profirió y su fecha, pero las pruebas que le
sirvieron de sustento no se entienden incorporadas a otro expediente por el solo
hecho de poner de presente la existencia de ese fallo. Es necesario que las pruebas
vuelvan a ser aportadas o que se solicite su traslado de otro expediente,
garantizando las reglas de contradicción y defensa.
G. No se configuró un defecto fáctico porque el tribunal accionado sí tuvo en
cuenta las directrices que las accionantes echan de menos
6 Sentencia del 20 de abril de 2022 proferida por la Sala Primera del Tribunal Administrativo de Nariño, radicado
No. 52001-33-33-004-2016-00226-00/01.
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10.- En relación con lo anterior, las accionantes debieron cumplir con la carga de la
prueba en la demanda que presentaron, sin importar que existiera un antecedente
presentado por otras personas y según los mismos hechos. En ese sentido, la Sala
advierte que el tribunal accionado no incurrió en un defecto fáctico y sí valoró las
pruebas que se alegan en el escrito de tutela, como se observa a continuación:
<<Al respecto debe decir la Sala que el instructivo mencionado por la primera
instancia [los instructivos No.139 DIROP-ASECI-C-568 del 6 de diciembre de 2000
y No.092 del 5 de septiembre del 2006 a los que se refiere el defecto fáctico], no
contiene ninguna directriz respecto del uso del fusil SAR Galil, conclusión que se
obtiene de una simple lectura de tal instructivo, que pone de presente una situación
relacionada con algunos reproches que hace el Mayor General, señor Tobías Duran
Quintana, dirigidos a los Comandantes del Departamento de Policía (…) por una
situación relacionada con el hurto de fusiles SAR Galil a efectivos de la Policía
Nacional; de una lectura juiciosa de tal instructivo se evidencia que el
mencionado Mayor simplemente hace relación a la circular No. 033 que es al
parecer la que contiene las instrucciones para el uso y el empleo del fusil sar
galil y que la parte demandante no se preocupó de allegar al expediente>>.
10.1.- A continuación, el tribunal transcribe el contenido del instructivo en cuestión
y concluye que el mismo es un llamado de atención a los comandantes de policí a,
pero no constituye una norma jurídica cuya omisión pueda originar una falla en el
servicio, pues la norma que contiene las disposiciones exigibles es la Circular No.
033 de 1991.
10.2.- En todo caso, el tribunal señala que no se aportó al expediente prueba de la
orden de servicios en virtud de la cual los dos patrulleros estaban realizando sus
funciones cuando fueron atacados u otros documentos <<que hubieran permitido
hacer un paralelo entre las “instrucciones” contenidas en los instructivos 139/DIROP
– ACESIC/568 y 092, y la manera en la que el comandante del operativo planeó y
ordenó su materialización, sobre todo, en punto de los efectivos designados, la clase
de misión que se iba a cumplir y el sector en el que se adelantaría>>.
10.3.- Es decir que, aún aceptando que los instructivos referidos sí resultaban
exigible al comandante, de todas formas, no se demostraron los términos en los
cuales se dio la orden y, por lo tanto, no hay prueba de que en esta se haya
desconocido lo previsto en esos instructivos.
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Se niega el amparo
10.4.- Se concluye que el tribunal accionado no solo valoró las pruebas que se
echaron de menos en el escrito de tutela, sino que esa valoración fue adecuada y
conforme a las reglas de la sana crítica.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGANSE las pretensiones de la solicitud de amparo.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con salvamento de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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