Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03913-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03913-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03913-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
21 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202303913-00
Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu Autoridad Tradicional Comunidad
Indígena Wayuu La Lomita1
Demandados: Presidencia de la República y otros 2
Tema: Derecho fundamental de petición/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Petición, ii) vida, iii) salud, iv) debido
proceso, v) identidad étnica y cultural, y vi) consulta previa
Derecho Fundamental Amparado: Petición
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu
Autoridad Tradicional Comunidad Indígena Wayuu La Lomita contra el Presidente
de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social,
la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira y Carbones del
Cerrejón Limited.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2 Ibidem.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202303913-00
Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado3, presentó acción de tutela contra el Presidente
de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y Protección Social,
la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira y Carbones del
Cerrejón Limited porque, a su juicio, al no haber “[…] contestado de fondo […]” la
petición de 20 de octubre de 2022, mediante la cual presentó varias solicitudes
relacionadas con “[…] las explotaciones de carbón que vienen realizando en las
tierras colectivas y áreas de influencias de la comunidad indígena wayuu de La
Lomita […]”, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Expresó que, la Comunidad étnica indígena Wayuu de la Lomita forma parte
del Resguardo Indígena Wayuu de Lomamato ubicado en zona rural del Municipio
de Hatonuevo, Departamento de La Guajira.
4. Indicó que, Carbones del Cerrejón Limited obtuvo licencia ambiental por parte
de la autoridad competente – INDERENA, razón por la cual, desde el 8 de agosto
de 1991, la empresa se encuentra adelantando actividades mineras, con lo que, a
su juicio, ha afectado las áreas de influencia, destruyendo su principal fuente hídrica
denominada arroyo de aguas blancas y el medio ambiente.
5. Sostuvo que, el 20 de octubre de 2022, presentó derecho de petición ante el
Presidente de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira
y Carbones del Cerrejón Limited, mediante el cual elevó varias solicitudes
3 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Folios 1 del Documento denominado “ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA
ctua 2”. Archivo aportado en forma digital.
3
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Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
relacionadas con “[…] las explotaciones de carbón que vienen realizando en las
tierras colectivas y áreas de influencias de la comunidad indígena wayuu de La
Lomita […]”.
6. Mencionó que, no ha recibido una respuesta de fondo, mediante la cual se
resuelvan las solicitudes derivadas de la explotación de carbón que se hace en su
territorio ancestral.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1-Tutelar los Derechos Fundamentales a la Vida, Salud, Seguridad
Alimentaria, Acceso al Agua del Arroyo Aguas Blancas, Derecho de Petición, Medio
Ambiente Sano, Igualdad, Debido Proceso, Consulta Previa, Autonomía de La
Comunidad Étnica Indígena Wayuu de La Lomita Resguardo Indígena Wayuu de
Lomamato Municipio de Hatonuevo La Guajira. Vulnerados por El Presidente de La
Republica de Colombia, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y Protección
Social y La Empresa Carbones del Cerrejón Limited, Ocasionando Perjuicios
Irremediables contra la Comunidad indígenas wayuu de La Lomita Municipio de
Hatonuevo La Guajira, donde más de 2000 mil personas del resguardo Lomamato
no tienen de donde tomar o acceso al agua, porque solo dependen del arroyo aguas
blancas para subsistir.
2-Ordenar al Ministerio del Interior a Convocar Proceso de Consulta Previa
entre La Comunidad Étnicas Indígenas wayuu de La Lomita Resguardo
Indígena de Lomamato Municipio de Hatonuevo La Guajira y La Empresa
Carbones del Cerrejón Limited, para Diseñar Un Plan con Enfoque Diferencial
para Conservar el Agua del arroyo Aguas Blancas y su sistema ecológico de fauna,
flora por que este se están destruyendo por las afectaciones directas que están
originando la desviación del Arroyo Aguas Blanca y por las contaminaciones
ambiental que están originando las explotaciones de carbón en su Territorio
colectivos y áreas de influencias.
3-Ordenar Suspender la Licencia Ambiental expedida a la Empresa Carbones
del Cerrejón Limited, para desviar el arroyo Aguas Blancas hasta que no se
realice Proceso de Consulta Previa entre La Comunidad Indígena Wayuu de La
Lomita y La Empresa Carbones del Cerrejón Limited donde el estado Colombiano
expidió licencias ambientales a la empresa carbones del cerrejón limited, para
desviar el arroyo aguas blancas sin hacer consulta previa con la comunidad
indígena wayuu de La Lomita Municipio de Hatonuevo La Guajira, esto está
generando Perjuicios irremediables, porque la comunidad étnica, no tienen de
dónde coger aguas para tomar. También están ocasionados perjuicios
irremediables porque el agua del arroyo aguas blancas cada día está más
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contaminadas del polvillo del carbón, y no es agua apta para el consumo humano
ni para la agricultura ni para la pesca.
4-Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, elaborar un Plan
Epidemiológico que Garantice la Vida, Salud, Presente y Futura para la
Comunidad étnica de La Lomita, en el marco de un proceso de consulta previa.
5-Ordenar al Ministerio del Interior a Convocar Proceso de Consulta Previa entre
La Comunidad indígena wayuu de La Lomita del resguardo Lomamato Municipio
de Hatonuevo La Guajira y La Empresa Carbones del Cerrejón Limited, para
Elaborar un Plan que Garantice la Seguridad Alimentaria de La Comunidad
indígena de La Lomita, afectadas directamente por las Contaminaciones
Ambientales producidas por las explotaciones de Carbón, que se están realizado
en los Diversos Tajos ubicados en el área de Influencia de la Comunidad. Estos
están generando Perjuicios Irremediables.
6-Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social, que investigue las
enfermedades que se están originando en la población de la comunidad
indígena wayuu de La Lomita Municipio de Hatonuevo La Guajira, por las
explotaciones de Carbón, realizadas a diarios en su territorio colectivo y áreas de
influencias, por la empresa carbones del cerrejón limited, y que la empresa elabore
un plan con enfoque diferencial para prevenir y curar las enfermedades están
afectando la salud de los miembros de La Comunidad indígena wayuu de La
Lomita.
7-Ordenar al El Presidente de La Republica de Colombia, Ministerio de Salud
y al Ministerio del interior, Contestar de fondo el Derecho de Partición que
elevo ante ellos la Comunidad indígena wayuu de La Lomita de fecha 20 de
octubre del año 2022 y hasta la fecha no han respondido, además el Presidente
de La Republica de Colombia, debe Garantizar los Derechos Humanos de La
Comunidad indígena wayuu de La Lomita, los cuales están siendo Vulnerados [...]”.4
Actuación
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 26 de julio de 2023; i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente de la República, al Ministro del
Interior, al Ministro de Salud y Protección Social, al Director de la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira y al Representante Legal de
Carbones del Cerrejón Limited; y iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, al
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de
Minas y Energía, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales y a la Agencia Nacional de Minería,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
4 Transcripción literal del texto.
5
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Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de agosto de 2023, vinculó
a la Secretaría de Salud del Departamento de La Guajira, en calidad de tercero con
interés legítimo, concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe
sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. El Presidente de la República y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República señalaron su falta de legitimación en la causa por
pasiva y solicitaron declarar la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto,
negar la solicitud de amparo. Para tal efecto, consideraron que:
“[…] Como el accionante menciona en los hechos de su escrito de tutela haber
radicado solicitudes ante varias entidades, La suscrita procedió a verificar el sistema
de gestión documental del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República verificó y encontró que la comunicación radicada bajo el EXT22-00094585
fue contestada a través del OFI22-00132521 / GFPU 12000002 del 29 de octubre de
2022 […]”.
[…]
“[…] En primer lugar, se debe tener en cuenta que revisada la base de datos
encontramos la respuesta de los derechos de petición en los oficios OFI22-00132521
/ GFPU 12000002 del 29 de octubre de 2022 y enviado a la autoridad competente por
medio del OFI22-00132531 / GFPU 12000002 y el OFI22-00132532 / GFPU
12000002 con la fecha anteriormente mencionada.
En segundo lugar, acorde con la situación fáctica, es del caso señalar que el
Presidente de la República y el DRAPRE no ostentan la competencia para atender
las solicitudes planteadas por el solicitante. Conforme a nuestra estructura
institucional, no somos la entidad facultada para otorgar protección en temas de
minería, ya que la encargada de emitir directrices en asuntos relacionados es la
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) […]”.
[…]
“[…] En virtud de la remisión por competencia señalada por la Presidencia de la
República emitió los siguientes oficios donde traslado (sic) su solicitud a las siguientes
entidades:
• OFI22-00132531 / GFPU 12000002 del 29 de octubre del 2022 dirigido al Ministerio
de Minas y Energía.
• OFI22-00132532 / GFPU 12000002 del 29 de octubre del 2023 dirigido al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.
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Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
11. El Ministerio del Interior solicitó su desvinculación y declarar la improcedencia
de la acción de tutela, al considerar que:
“[…] Es importante precisar que el ejercicio del desarrollo del proceso de consulta
previa debe estar mediada por una solicitud expresa del ejecutor del proyecto, obra o
actividad. Es decir, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa no actúa
de manera oficiosa, sino que su actuación está supeditada a la petición que realice el
ejecutor del proyecto ante esta autoridad. En ese orden de ideas, la Dirección de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior no ha violado ningún
derecho del accionante, toda vez que ha actuado en el marco de sus competencias
[…]”.
[…]
“[…] Por tanto, no se puede pretender que se realice el procedimiento de consulta
previa en general a cualquier proyecto, obra o actividad, sin antes valorar los criterios
que ha fijado la jurisprudencia para determinar la procedencia de la misma […] “El 20
de octubre de 2022”, presento (sic) derecho de petición donde solicita suspender la
explotación de carbón en el territorio de la comunidad étnica, realizar un proceso de
consulta previa por la desviación del Arroyo Aguas Blancas, diseñar un plan de
manejo ambiental para mitigar, prevenir, proteger, compensar y proteger el citado
arroyo y por ultimo (sic) solicita diseñar un plan epidemiológico para prevenir, mitigar
y curar las enfermedades que se están originando por la explotación de carbón cerca
de las comunidades étnicas, situación ajena a la misionalidad de esta entidad, en la
medida en que lo peticionado refiere la necesidad de un procedimiento administrativo
(proceso de consulta previa), el cual procede a solicitud de las entidades promotoras
o empresas ejecutoras de los proyectos, obras, actividades, medidas administrativas
o legislativas que pretendan implementarse con las comunidades étnicas a las que
hace referencia el convenio 169 de la OIT, basado en el criterio de afectación directa
desarrollado por la H. Corte Constitucional en la sentencia SU-123 de 2018.
Dicho lo anterior se informa que la petición fue trasladada por competencia a Cerrejon
(sic) Colombia a la dirección electrónica [...]@cerrejon.com.co (Anexo 1).
Así mismo, el traslado de la petición fue debidamente comunicada mediante correo
electrónico el día 02 de agosto de 2023, a la dirección electrónica [...]@outlook.es;
(Anexo 2), misma que fue aportada por la parte solicitante al momento de efectuar la
petición.
De esta forma se advierte que, se encuentra satisfecha por completa la pretensión
contenida en la demanda de amparo, posicionando el problema jurídico frente a la
figura del hecho superado, construcción jurisprudencial que se erige y tiene relevancia
cuando los motivos que dieron origen a la acción de tutela han cesado y al momento
de fallar, las causas que originaron la acción constitucional no existen o han sido
removidas […]”.
12. El Ministerio de Salud y Protección Social adujo su falta de legitimación en la
causa por pasiva y solicitó negar la acción de tutela, al advertir lo siguiente:
“[…] Frente al Derecho de petición se aclara que en fecha 20 de Octubre de 2022 se
radica en este Ministerio petición que se identifica con el radicado de entrada Minsalud
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No 202242302271312 (adjunto), por el señor Calixto Fonseca Gouriyu Autoridad
Tradicional de la Comunidad Indígena Wayuu La Lomita Resguardo Indígena
Lomamato Municipio de Hatonuevo La Guajira, solicitando la suspensión de la
explotación carbonífera por parte de la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, el
cual está afectando directamente a la Comunidad indígena Wayuu de La Lomita.
Mediante oficio identificado con radicado Minsalud de salida No 202321300055021
de 13 de Enero de 2023 (adjunto) La Subdirección de Salud Ambiental del Ministerio
de Salud dio respuesta a la señor CALIXTO; y bajo lo establecido en el artículo 21 de
la Ley 1755 de 2015, se dio traslado de la petición con los radicados Minsalud No.
202321300054771 (MINAMBIENTE), 202321300054811 (ANLA), 202321300054831
(CORPOGUAJIRA), y 202321300054891 (SECRETARÍA DE SALUD DE LA
GUAJIRA) […] respectivamente, con copia al peticionario.
El Ministerio de Salud y Protección Social, sólo formula, adopta, dirige, coordina,
ejecuta y evalúa la política Publica en materia de Salud, Salud Publica, promoción
social en salud, así como, participa en la formulación de las políticas en materia de
pensiones, beneficios económicos periódicos y riesgos laborales, lo cual se desarrolla
a través de la institucionalidad que comprende el sector administrativo, razón por la
cual desconocemos los antecedentes que originaron los hechos narrados y por ende
las consecuencias sufridas.
De otra parte, debe considerarse que las otras Entidades accionadas y/o vinculadas,
son entidades descentralizadas que gozan de autonomía administrativa y financiera
y sobre las cuales el Ministerio de Salud y Protección Social no tiene injerencia alguna
en sus decisiones ni actuaciones […]”.
13. La Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela. Para tal efecto, expuso que:
“[…] En ese orden, CORPOGUAJIRA se permite anexar copia de las respuestas
que ha dado la entidad al señor CALIXTO FONSECA, en calidad de autoridad
tradicional de la comunidad wayuu La Lomita, no existiendo a la fecha derecho de
petición por resolver.
1. SAL-3233 de 13/9/2017 por medio del cual se da respuesta al derecho de
petición presentado a través de comunicación radicada ENT-3866 de 2017.
2. Comunicación 202308023600031572 de 02 de agosto de 2023, por medio de la
cual se resuelve el derecho de petición trasladado por competencia por el Ministerio
de Ambiente radicado No. 2023E1001174 del 18-1-2023 - Radicado interno
20230130300004921.
Así mismo se adjunta lo siguiente: la evidencia del envío de la Respuesta y la
Respuesta con radicado 202308023600031572.
Para corroborar todo lo anterior, se anexan los respectivos soportes de las
actuaciones anteriormente expuestas.
Como se ha manifestado, considera esta Corporación que la presente acción de
tutela debe ser desestimada y negarse el amparo solicitado, teniendo en cuenta
que la petición elevada por el señor CALIXTO DE JESÚS FONSECA GOURIYU,
fue respondida, y la respuesta enviada al peticionario por medio de correo
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electrónico institucional en el Oficio Radicado 202308023600031572 a la dirección
de correo suministrada por el peticionario, convirtiéndose la situación en un hecho
superado, habiendo carencia actual de objeto […]”.
14. Carbones del Cerrejón Limited solicitó negar la acción de tutela. Al respecto,
señaló lo siguiente:
“[…] Es necesario precisar en primer término que: (i) No es cierto, que se estén
adelantando explotaciones de carbón en el territorio y/o territorios ancestrales de la
comunidad y muchos menos que se esté afectando el medio ambiente y destruyendo
las fuentes hídricas. (ii) NO es cierto, que la comunidad de la Lomita esté siendo
objeto de afectaciones ambientales, sociales y culturales. Es de precisar, que el actor
no allega prueba sumaria de dichos supuestos.
Contrario sensu, se tiene que:
1. La comunidad tutelante se encuentra por fuera del área de influencia físico biótica
del proyecto de Cerrejón y, en razón a ello es claro que en el territorio de la comunidad
no podrían materializarse impactos ambientales asociados a la operación de
Cerrejón.
2. Conforme al deber de debida diligencia adelantado por la empresa, la comunidad
de la Lomita no es objeto de afectaciones sociales, económicas y culturales.
Adicionalmente, de acuerdo con los estudios ambientales efectuados, tampoco se
materializan los impactos descritos por el accionante en su escrito. Cabe resaltar que,
la distancia de la explotación a la zona resguardada de la comunidad es de 4.07km.
3. En relación con la modificación del cauce del arroyo Aguas Blancas es de indicar
que esta obra fue ejecutada a principios de los años noventa, amparada en el permiso
ambiental otorgado por medio de la resolución 717 de 1991 del INDERENA quien era
la autoridad ambiental de la época.
4. Igualmente, se precisa que existe un Plan de Manejo Ambiental aprobado por el
entonces Ministerio de Medio Ambiente mediante la Resolución 2097 de 2005, que
contempla todos los posibles impactos ambientales y sociales que pudieren llegar a
generarse por la operación, estableciendo para cada uno de ellos, las
correspondientes medidas de manejo, que son implementadas y monitoreadas a
cabalidad, tal como se reporta a la ANLA en los Informes de Cumplimiento Anual […]”.
[…]
“[…] en relación con la petición dirigida a mi mandante, se precisa que se procedió a
dar respuesta de fondo a cada una de las peticiones planteadas de la siguiente
manera: (i) Respecto de la petición No. 1: Que se procedió a verificar si la comunidad
de la Lomita del Resguardo Lomamato, se encuentra dentro del área de afectación
directa de Cerrejón y producto de dicho análisis se identificó que la comunidad aquí
tutelante se encuentra por fuera de la misma, entre otras, razones porque la
comunidad de la Lomita se encuentra ubicada aguas arriba del tramo del arroyo aguas
Blancas (arroyo estacional) que fue intervenido en el marco de la autorización que la
autoridad ambiental otorgó para tales efectos en el año de 1991, por lo cual, la
modificación parcial de ese cauce no genera ningún efecto asociado a la calidad y
cantidad de agua que requiere la comunidad aquí tutelante. Adicional a ello, se tiene
que no se materializan impactos ambientales al no hacer parte del área de
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Núm. único de radicación: 110010315000202303913-00
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Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
intervención minera, ni objeto de afectación directa por territorio e impactos sociales,
culturales y ambientales (ii) Respecto de la Petición No. 2 (afectaciones ambientales)
se informó que en razón a las condiciones de localización de la comunidad (aguas
arribas del arroyo Aguas Blancas) se puede establecer que la actividad minera no
genera ningún efecto asociado a la cantidad y calidad del arroyo. Lo anterior, con
fundamento en los monitoreos de la red de agua que adelanta la empresa y que
demuestran que éstos cumplen con la normatividad ambiental, por lo que no hay
afectaciones a la calidad y cantidad de agua, fauna acuática y terrestre, bosques
asociados lo que ha permitido el establecimiento y mantenimiento de las relaciones
biológicas del arroyo. (ver Anexo No. 2 Monitoreos de agua). Igualmente se respondió
que no son válidas las afirmaciones de afectación a la salud por material particulado,
toda vez que teniendo en cuenta que la dirección predominante del viento que pudiere
arrastrar material particulado es en sentido Este – Noreste (E-NE) mientras que la
ubicación de La Lomita con respecto a la operación de la mina es en el sentido Nor –
Noroeste (N-NW), es decir que el material de la operación no se dirige hacia la
mencionada comunidad y además por cuanto las áreas rehabilitadas y la Loma
Materesa ubicadas en la dirección Nor – Noroeste (N-NW) actúan como una barrera
natural adicional para el control de material particulado […]”.
[…]
“[…] Teniendo en cuenta la condición antes indicada (respuesta de fondo a la petición
de la comunidad) se debe entender que no se cuenta con supuestos, hechos o
normas que generen algún efecto o vínculo jurídico sobre Carbones del Cerrejón,
Limited, en relación con la vulneración al derecho fundamental de Petición, toda vez
que se procedió a dar respuesta de fondo y clara mediante mail de fecha 02/01/2023
dirigido a la dirección electrónica [...]@outlook.es (ver Anexo 3) sobre cada una de las
solicitudes del derecho de petición y en que se le informa que no es objeto de
afectación directa por parte de la operación y por consiguiente no es procedente
acceder a su solicitud de suspensión de la operación y realización de un proceso de
consulta previa […]”.
[…]
“[…] Pretende el apoderado judicial con la presente tutela la suspensión de las
explotaciones de carbón cerca del arroyo Aguas Blancas hasta tanto no se efectué
(sic) proceso de consulta previa con la comunidad indígena wayuu de la Lomita, toda
vez que supuestamente son objeto de afectación directa. En primer término y tal como
se explicó en el acápite anterior y en la respuesta a los hechos de este escrito, la
comunidad accionante no es objeto de afectación directa por la operación de
Cerrejón. Ahora bien, en el hipotético evento de que así llegase a considerarse y toda
vez que el accionante pretende la realización de un proceso de consulta previa por
las supuestas afectaciones ambientales, sociales y culturales que supuestamente
sufre la comunidad se debe tener en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia
T-704 de 2016 ordenó en su numeral cuarto a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales –ANLA- revisar el Plan de Manejo Ambiental y en su numeral quinto
ordenó a Cerrejón implementar un plan de compensación de los impactos
ambientales, sociales y culturales con las comunidades que pudiesen ser afectadas
por la explotación del carbón […]”.
15. El Ministerio de Minas y Energía solicitó negar la acción de tutela, al
considerar que “[…] la entidad dio respuesta oportuna a la solicitud elevada por el
peticionario y dio traslado a las entidades competentes, por lo que no existe
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vulneración del derecho fundamental de petición […]”. Para tal efecto, consideró
que:
“[…] Mediante radicado No. 1-2022-042955, el Ministerio de Minas y Energía recibió
por parte de la Presidencia de la República el traslado de un derecho de petición
suscrito por Señor Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu, en el cual, manifiesta posibles
hechos de contaminación y deterioro de la salud de la comunidad indígena Wayuu
“La Lomita” debido a la actividad minera del proyecto Cerrejón. Luego y teniendo en
cuenta que el Ministerio de Minas y Energía en el ejercicio de las funciones asignadas
en el Decreto 381 de 2011 no ejerce labores de Autoridad Minera, ni Ambiental,
procedió a remitir por competencia el asunto a la autoridad competente.
En virtud de lo anterior, este ministerio mediante oficio radicado con el No 2-2022-
027016 del 9 de noviembre de 2023, dio respuesta al peticionario.
Así mismo, mediante oficio No 2-2022-027292 del 14 de noviembre de 2022, el MME
se remitió la solicitud del accionante a la Autoridad de Licencias Ambientales ANLA,
teniendo en cuenta que la solicitud versa sobre asuntos ambientales y sociales.
De igual forma, por medio de la comunicación 2-2022-027291 del 14 de noviembre
de 2022, se remitió la solicitud a la Agencia Nacional de Minería quien funge como
Autoridad Minera Nacional, para que se atendiera lo relacionado con el contrato de
concesión […]”.
16. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó adujo su falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que:
“[…] De la lectura de dichas pretensiones se evidencia que, el MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE no ha vulnerado derecho fundamental
alguno, toda vez que, no ha tenido injerencia alguna en los hechos narrados allí o en
las pretensiones elevadas por los accionantes.
Lo anterior, por cuanto dichas pretensiones no se encuadran en los objetivos y
funciones asignados a través del Decreto Ley 3570 de 2011, a esta cartera ministerial,
razón por la cual esta entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno, ni mucho
menos existe reproche hacia este Ministerio, toda vez que lo pretendido por la
accionante, no está dentro del marco de sus competencias.
Por lo anterior, me opongo a la tutela de los derechos invocados por el accionante en
relación con la vinculación realizada por su Honorable Despacho al MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, por cuanto esta entidad no ha dado
lugar a la amenaza o vulneración de ninguno de ellos […]”.
17. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales adujo su falta de
legitimación en la causa por pasiva y solicitó negar la acción de tutela, al considerar
lo siguiente:
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Núm. único de radicación: 110010315000202303913-00
Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
“[…] Esta Autoridad Nacional se permite informar que, si bien el tutelante no radicó
derecho de petición ante esta Entidad, se recibió mediante Radicado ANLA
2022256283-1-000 del 16 de noviembre de 2022 el trasladado del Grupo de
Participación y Servicio Ciudadano del Ministerio de Minas y Energía (radicado 2-
2022-027292 del 14 de noviembre de 2022) que a su vez había sido trasladado por
Presidencia de la República mediante radicado EXT22-0094585 del 21 de octubre de
2022 y comunicación OFI22-00132531/gpfu12000002 del 29 de octubre de 2022 […]”.
[…]
“[…] Esta Autoridad Nacional en el marco de sus funciones y dentro del término
establecido por ley, dio respuesta al peticionario, a través de la comunicación con
radicado 2022282751-2-000 del 15 de diciembre de 2022 […] Se adjunta el radicado
2022282751-2-000 del 15 de diciembre de 2022 como anexo […]”.
[…]
“[…] Consultado el Sistema de Información de Licencias Ambientales – SILA, se
informa que, esta Autoridad recibió mediante radicación en ANLA 2023007698-1-000
del 13 de enero de 2023, la cual, se atendió de la siguiente manera:
En atención a que la solicitud señala “(…) Solicito a usted Ordenar a la Empresa
Carbones del Cerrejón Limited, Suspender las Explotaciones de Carbón cerca del
Arroyo Aguas Blancas hasta que no se efectué (sic) Proceso de Consulta Previa con
la Comunidad Indígena Wayuu de La Lomita (…)”, es importante indicar que la
competencia para determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa es
del Ministerio del Interior. Es por ello por lo que esta Autoridad remitió traslado de su
comunicación a la entidad competente mediante radicación 2023014837-2-000. De
igual manera, se dio respuesta al peticionario mediante radicación 2023021135-2-000
En ese sentido, y en estricto cumplimiento de las competencias que nos fueron
otorgadas mediante el Decreto 1076 de 2015, Decreto 376 de 2020 (que modificó al
Decreto 3573 de 2011) y lo previsto en los artículos 6, 29 y 121 de la Constitución,
esta Autoridad NO vulneró el derecho de petición […]”.
18. La Agencia Nacional de Minería solicitó su desvinculación, al considerar lo
siguiente:
“[…] es claro que la Agencia Nacional de Minería no ostenta legitimación en la causa
por pasiva en el sub examine por cuanto sus funciones y competencias no tienen un
marco de acción que involucre adelantar actuaciones concernientes a la consulta
previa o a lo derivado de una licencia ambiental.
Es cierto que la Agencia Nacional de Minería ostenta la facultad de conceder títulos
mineros en el territorio nacional (Siempre y cuando el Ministerio de Minas y Energía
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así se lo delegue) pero para que ello ocurra es necesario que las personas naturales
como jurídicas adelanten trámites administrativos de índole ambiental, los cuales son
indispensables para el otorgamiento de un título minero […]”.
[…]
“[…] Se concluye de manera clara que, al margen del proyecto que se adelante en el
país quien se encuentra legitimado para adelantar las gestiones pertinentes es el
Ministerio del Interior; Pues mal haría en concluirse que, al tratarse de un tema minero,
la entidad que debe velar por el respeto del debido proceso en el marco de la Consulta
Previa es la entidad a la cual se circunscribe el proyecto, pues no es jurídicamente
procedente desconocer las competencias asignadas a cada entidad y endilgar a otras
entidades obligaciones o responsabilidades que la Ley no ha conferido. De manera
que, bajo un análisis lógico deductivo es claro que la Agencia Nacional de Minería no
es la entidad llamada a satisfacer las peticiones del extremo accionante […]”.
[…]
“[…] En atención a la petición radicada ante la Presidencia de la República la cual fue
trasladada al Ministerio de Minas y Energía, la cual a su vez fue trasladada mediante
memorando No. 2-2022-027291 por parte del Ministerio de Minas y Energía a la
Agencia Nacional de Minería es importante indicar que la entidad que represento
profirió las comunicaciones pertinentes para dar traslado a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales y a la empresa Carbones del Cerrejón.
Mediante radicado ANM No. 20233500322891 del 31 de enero de 2023 se dio
traslado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y mediante radicado ANM
No. 20233500322881 del 31 de enero de 2023 se dio traslado a la empresa Carbones
del Cerrejón. Lo anterior por considerar que se trata de un tema del resorte de la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el entendido que se están señalando
hechos relacionados con afectaciones ambientales como consecuencia de la
operación minera realizada por Cerrejón.
Finalmente, mediante oficio ANM No. 202335003231161 del 06 de febrero de 2023 la
Agencia Nacional de Minería puso en conocimiento del señor Calixto Darío Marulanda
las actuaciones surtidas y envió copia de las comunicaciones remitidas a las
entidades competentes […]”.
19. La Secretaría de Salud del Departamento de La Guajira guardó silencio en
esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
20. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
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se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo
13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20198, que asigna a esta sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
21. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
22. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
23. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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24. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20069, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[10].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
25. La Sala advierte que el Presidente de la República, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional
9 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
10 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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de Minería solicitaron su desvinculación de la solicitud de amparo, al considerar que
carecen de legitimación en la causa por pasiva.
26. Al respecto, es preciso indicar que, el Presidente de la República, el
Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social fueron notificados
como demandados, en la medida en que el actor formuló reparos en su contra.
27. Por otra parte, se advierte que, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Minería
fueron vinculados como terceros con interés legítimo, en la medida en que, de
conformidad con lo expuesto por el actor en el escrito de tutela y sus anexos,
guardaban relación alguna con el derecho de petición objeto de debate.
28. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que: al Presidente de la
República, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al
Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
y a la Agencia Nacional de Minería les asiste interés en la decisión de tutela que
esta Sala profiera.
29. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto del Presidente de la
República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del
Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud y Protección Social, del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
y la Agencia Nacional de Minería.
Problemas jurídicos
30. En el caso sub examine, corresponde a la Sala determinar si, en efecto: i) es
procedente o no declarar la carencia actual de objeto por hecho superado; si la
respuesta al anterior interrogante es negativa, corresponde establecer ii) si se debe
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proteger el derecho fundamental de petición invocado por el actor, el cual considera
vulnerado por las autoridades demandadas por no haber “[…] contestado de fondo
[…]” la petición de 20 de octubre de 2022, mediante la cual presentó varias
solicitudes relacionadas con “[…] las explotaciones de carbón que vienen realizando
en las tierras colectivas y áreas de influencias de la comunidad indígena wayuu de
La Lomita […]”
31. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela; ii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de
petición; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la vida; iv)
marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la salud; v) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la identidad étnica y cultural;
vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la consulta previa;
vii) análisis del caso concreto; y finalmente viii) las conclusiones de la Sala.
Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela
32. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
33. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de
objeto por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200511, se pronunció en
el siguiente sentido:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando hechos
sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de manera
significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el reclamo
constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae la
necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
11 Corte Constitucional, Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
34. Sobre el mismo punto, esta Sección, ha señalado12:
[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del Consejo
de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de tutela
pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se advierte que
la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido saneada. Dicha
situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda posibilidad de
amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden de
actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran que
la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
35. Así las cosas, la Sala resalta que la figura de la carencia actual de objeto por
hecho superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de la misma, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección13.
36. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada,
o el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de
la acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho de petición
37. El artículo 23 de la Constitución Política de 1991 establece el derecho
fundamental de petición en los siguientes términos:
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
13 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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“[…] Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a
las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales […]”.
38. El derecho de petición fue reglamentado, en un principio, en el Decreto 01 de
2 de enero de 198414, el cual fue derogado y regulado nuevamente en los artículos
13 a 33 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
39. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-818 del 1.º de
noviembre de 201115, declaró inexequibles los artículos 13 a 33 de la Ley 1437 y
señaló que los efectos de la declaración de inexequibilidad quedarían diferidos
hasta el 31 de diciembre de 2014, a fin de que el Congreso de la República expidiera
la ley estatutaria correspondiente.
40. En razón a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria
1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental
de petición y se sustituye un Título del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo”, norma que establece los términos y procedimientos
para resolver las distintas modalidades de peticiones.
41. Dicha ley entró a regir a partir de la fecha de su promulgación, esto es, el 30
de junio de 2015.
42. Con miras a examinar el caso sub examine, en primer orden, la Sala realizará
una breve síntesis de la Ley 1755 de 30 de junio de 201516 y, en segundo orden, se
enunciarán las reglas jurisprudenciales del derecho de petición.
14 “Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 1° de noviembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 10 (parcial), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 309 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
16 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código de
procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo”.
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Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 “Por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”
43. A través de la Ley Estatutaria 1755 se regula el derecho de petición y se
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
44. Esta norma reguló los siguientes aspectos del derecho de petición: i) Derecho
de petición ante las autoridades-Reglas Generales, ii) Derecho de petición ante
autoridades - Reglas especiales y, iii) Derecho de petición ante organizaciones e
instituciones privadas.
45. El artículo 13 de la Ley 1755 establece que el objeto de esta ley, es regular
el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución completa y de fondo sobre la misma.
46. Respecto a los términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones, el artículo 14 de dicha norma, hace énfasis en que toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su presentación. El
numeral 1.º dispone que las peticiones de documentos y de información deberán
resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. El numeral 2.º del
artículo 14 ibidem establece que las peticiones mediante las cuales se presenta una
consulta a las autoridades deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
47. Ahora bien, el artículo 15 ibidem prevé que las peticiones podrán presentarse
verbalmente o por escrito a través de cualquier medio idóneo, donde la petición
contenga al menos: i) la designación de la autoridad a la que se dirige, ii) los
nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y/o apoderado
con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá la
correspondencia, iii) el objeto de la petición, iv) las razones en las que fundamenta
su petición, v) la relación de los documentos que desee presentar para iniciar el
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trámite y vi) la firma del peticionario cuando fuere el caso. Asimismo, los interesados
podrán desistir en cualquier tiempo de sus peticiones.
48. A su turno, el artículo 24 de la Ley 1755 dispone que solo tendrán carácter
reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por
la Constitución Política o la ley.
49. Los artículos 32 y 33 ibidem establecen que toda persona podrá ejercer el
derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante
organizaciones privadas con o sin personería jurídica, salvo norma legal especial.
Las peticiones ante empresas o personas que administren archivos y bases de
datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de
terceros países se regirán por lo dispuesto en la ley estatutaria del Hábeas Data.
50. Por último, es importante resaltar que conforme con los artículos 14 y 21 de
la norma ejusdem, cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos señalados, la autoridad tiene el deber de informar esa circunstancia al
interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley, expresando los
motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá
o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
51. Asimismo, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente,
esta deberá informar al interesado dentro de los cinco días siguientes al de la
recepción de la solicitud, si obró por escrito y, dentro del término señalado, remitirá
la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario.
Reglas jurisprudenciales del derecho de petición
52. La Corte Constitucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución
Política ha precisado que la satisfacción del derecho de petición implica una
respuesta de fondo a la solicitud que resuelva sobre lo planteado. En sentencia T-
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146 de 201217, se consignaron las reglas que ha reiterado la Corte Constitucional
respecto del derecho de petición:
“[…] a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta
no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición
se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental,
puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental
solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude
al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
17 Corte Constitucional. Sentencia de 2 de marzo de 2012. M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. El extracto citado
fue extraído de la sentencia T- 377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ambas sentencias atienden el
problema jurídico del alcance y condiciones en que se debe dar respuesta al derecho de petición, lo que resulta
aplicable al presente caso que conoce la Sala. Se considera pertinente hacer mención a esta línea
jurisprudencial por cuanto se señalan las principales características constitucionales sobre el derecho de
petición, sin perjuicio de otras subreglas que pueden encontrarse en los siguientes fallos: T-578 de 1992, T-572
de 1994, T-133 de 1995, T-382 de 1993, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996, T-312 de 1999, T-415
de 1999, T-306 de 20003, T-1889 de 2001, T-1160 A de 2001, C-818 de 2011, T-490 de 2005, T-1130 de
2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006, T-108 de 2006, T- 147 de 2006, T-567 de 1992, T-1100 de 2004, T-137
de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006 y T-431 de 2007.
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h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-
294 de 1997 y T-457 de 1994 […]”.
53. De estas reglas se desprende que toda respuesta a un derecho de petición
se convierte en un instrumento idóneo para garantizar otros derechos y libertades.
54. Así lo consideró esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2012,
Consejera de Estado, doctora María Claudia Rojas Lasso, al señalar que, por un
lado, el derecho fundamental de petición busca garantizar el acceso de las personas
a las instancias del Estado; y, por otro, que el ciudadano obtenga respuesta de
fondo, de manera clara, precisa, congruente con lo solicitado y que sea puesta en
conocimiento del peticionario en un plazo oportuno.
55. Finalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia previamente citada,
consideró que el estudio del derecho de petición puede realizarse desde dos
perspectivas, a saber: “[…] En una parte inicial, el derecho de petición busca
garantizar el acceso a las instancias del Estado, lo que de forma indirecta será la
posibilidad democrática de participar en la gestión de la autoridad, donde el
ciudadano conserva la soberanía y titularidad de los derechos, que se complementa
mediante el correcto y eficiente desarrollo de la función pública que debe atender
los fines constitucionales hacia los cuales se dirige el Estado. En la otra parte, que
es complementaria a la primera, el ciudadano espera obtener una respuesta por
parte del peticionado, sea este de naturaleza particular o pública, en donde se dé
solución a su interrogante de forma concreta y definitiva, para así, garantizar la
finalidad y efectividad inmediata del derecho de petición, ante quien posee una
información que debe y puede ser suministrada a quienes estén interesados […]”18.
56. Por último, dentro del marco del derecho fundamental de petición, la Corte
Constitucional ha establecido que se vulnera en aquellos eventos en que el
18 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2012. C.P: María Claudia Rojas Lasso,
número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-00017-01.
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peticionario no es debidamente notificado de la respectiva respuesta a su solicitud
de petición.
57. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional19:
“[…] las autoridades tienen el deber de poner en conocimiento del peticionario la
respuesta que emitan acerca de una solicitud o sea, notificar la respuesta al
interesado.
Esta obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con
diligencia en aras de que su respuesta sea conocida. De esta manera fue reconocido
en la sentencia T-372 de 1995 y reiterado por la sentencia T-477 de 2002, en donde
se determinó que el derecho de petición se concreta en dos momentos sucesivos,
ambos dependientes de la actividad del servidor público a quien se dirige la
solicitud: “(i) el de la recepción y trámite de la misma, el cual implica el debido acceso
de la persona a la administración para que esta considere el asunto que se le plantea,
y (ii) el de la respuesta, cuyo ámbito trasciende el campo de la simple adopción de
decisiones y se proyecta a la necesidad de llevarlas al conocimiento del solicitante
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida
58. Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de
Colombia de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.
59. Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional20, se ha
sostenido que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia
digna, que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la
extinción de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que
incomoden su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud
60. Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el
artículo 2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 201521 sobre el derecho
fundamental a la salud.
61. Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional22, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
62. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
63. Atendiendo a que, la Corte Constitucional23 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
21 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
23 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
identidad étnica y cultural
64. Vistos los artículos 1, 7 y 70 de la Constitución Política de Colombia de 1991,
sobre el derecho a la identidad cultural que se deriva del principio a la diversidad
cultural.
65. Atendiendo a que la Corte Constitucional24 ha reconocido la garantía del
derecho fundamental a la identidad étnica y cultural que implica a cargo del Estado,
el deber de (i) reconocer, respetar y proteger la diversidad étnica y cultural, lo cual
incluye la economía de subsistencia de los pueblos indígenas; (ii) promover los
derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, respetando
sus costumbres, tradiciones e instituciones; (iii) adoptar medidas especiales para
garantizar a estas comunidades el disfrute de sus derechos y la igualdad, real y
efectiva, para el ejercicio de los mismos; en concordancia deben ser protegidos ante
la violación de sus derechos y asegurar que accedan a procedimientos legales
efectivos.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la Consulta
Previa de las comunidades indígenas
66. A nivel constitucional, el derecho fundamental a la consulta previa tiene
relación directa con el carácter democrático, participativo y pluralista de la Carta
Política (artículo 1); el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación
24 Corte Constitucional, sentencia T-063 de 15 de febrero de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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colombiana (artículos 7, 8, 9 y 70); y los principios de autodeterminación (artículos
9 y 286), la propiedad colectiva de los territorios ancestrales (artículo 63), el
reconocimiento del derecho propio (artículos 246 y 330) y la participación de los
grupos indígenas y tribales en los asuntos públicos que les conciernen (artículos
40, 171, 176, 329 y 330).
67. Al respecto, es preciso indicar que, vía bloque de constitucionalidad, en
sentido estricto, el derecho a la consulta previa establecido en el Convenio núm.
169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes, el cual fue aprobado por Colombia, mediante
la Ley núm. 21 de 4 de marzo de 199125, se convirtió en un mecanismo directo de
protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales26.
68. Asimismo, este derecho fundamental guarda relación con otros
instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos que tratan sobre
la libre autodeterminación de los pueblos, dentro de los cuales se destacan el Pacto
Internacional sobre los Derechos, Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales27, la Convención Americana de los
Derechos Humanos “Pacto San José de Costa Rica”28 y la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial29.
69. Sobre el particular, se advierte que la Corte Constitucional, mediante
sentencia T – 955 de 17 de octubre de 200330 sostuvo que el Convenio núm. 169
de la OIT y las disposiciones constitucionales que protegen a los pueblos indígenas
y tribales reivindican con claridad “[…] el derecho de las comunidades
25 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”.
26 Corte Constitucional, sentencia T – 002 de 17 de enero de 2017. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia:
Expediente No. T- 5.635.565.
27 Los cuales fueron aprobados, mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968, por la cual se aprueban los
"Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así
como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966".
28 La cual fue aprobada, mediante la Ley 16 de 30 de diciembre de 1972, “por medio de la cual se aprueba la
Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", firmado en San José,
Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969".
29 La cual fue aprobada, mediante la Ley 22 de 22 de enero de 1981, “por medio de la cual se aprueba "La
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial", adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 (XX) del 21 de diciembre de 1965, y abierta a
la firma el 7 de marzo de 1966”.
30 Corte Constitucional, sentencia T – 955 de 17 de octubre de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Referencia:
expediente T-562887.
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afrocolombianas a ser tenidas como pueblos, atendiendo las condiciones sociales,
culturales y económicas que las distinguen de otros sectores de la colectividad
nacional […]”.
70. En ese sentido, es preciso indicar que el artículo 6 del Convenio núm. 169
de la OIT dispuso:
“[…] 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
(a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente;
(b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y
programas que les conciernan;
(c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para
este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las
medidas propuestas. […]” (Resaltado por la Sala).
71. El artículo 6º del Convenio referido no constituye una disposición aislada,
teniendo en cuenta que debe leerse en armonía con el conjunto de sus
disposiciones que se dirigen a asegurar la participación de las comunidades
indígenas en toda decisión que les concierna y a fomentar relaciones de diálogo y
cooperación entre los pueblos interesados y los Estados parte, entre las cuales se
encuentran:
“[…] Artículo 4. […] 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen
para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas
y el medio ambiente de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos
expresados libremente por los pueblos interesados. […].
Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: (a) deberán
reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales,
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean
tanto colectiva como individualmente […].
28
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Artículo 7. […] 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida
en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y
a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la
medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y
evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente. […]”. (Resaltado por la Sala)
72. El enfoque de diversidad y autonomía es uno de los elementos principales
para una adecuada interpretación y aplicación de las normas y principios asociados
con la garantía de los derechos de las comunidades cultural o étnicamente
diversas, en la medida que dispone que las culturas indígenas o afrodescendientes
poseen vocación de permanencia y que los Estados deben respetar al máximo su
derecho a definir sus prioridades y asuntos propios, como manifestación del
principio de autodeterminación de los pueblos31.
73. De conformidad con lo anterior, se observa que el Convenio núm. 169 de la
OIT establece que los lineamientos sobre cómo se debe realizar la consulta previa,
entre los cuales se encuentran: i) la consulta a los pueblos indígenas debe
realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de
sus instituciones representativas; ii) los pueblos involucrados deben tener la
oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación,
implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen
directamente; y iii) uno de los componentes importantes del concepto de consulta
es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado
con las instituciones u organizaciones verdaderamente representativas de esos
pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.
74. En este orden, el derecho a la consulta previa impide que la sociedad
mayoritaria adopte decisiones que tienen incidencia en la existencia y desarrollo
de las comunidades étnicas, sin contar con su participación, y con ello se garantiza
que estos grupos definan, en forma libre y autónoma, las medidas más
convenientes para su supervivencia y para su desarrollo económico, social y
cultural. También se logra que participen en la formulación, aplicación y evaluación
31 Corte Constitucional, Sentencia T – 766 de 16 de diciembre de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
Referencia: expediente T-4.327.004.
29
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de los planes y programas de desarrollo nacional y regional que puedan afectarlos
directamente32.
75. Sobre el particular, se advierte que, en los términos planteados por la Corte
Constitucional, en la sentencia T – 550 de 26 de agosto de 2015, “[…] el criterio
más relevante para determinar si un pueblo o individuo puede ser considerado
indígena o tribal es el de auto identificación. Como colectividades humanas, los
pueblos indígenas y tribales tienen una trayectoria social propia que se adapta a
los cambios históricos y se reconfigura continuamente y que los derechos
concedidos a las colectividades étnicamente diferenciadas no se pierden por el
hecho de que algunos de sus integrantes vivan con menos apego que otros a sus
tradiciones culturales […]”.33
76. De igual forma, la sentencia de unificación SU – 123 de 15 de noviembre de
201834 proferida por la Corte Constitucional resaltó que “[…] (i) el objetivo de la
consulta previa es intentar lograr en forma genuina y por un diálogo intercultural el
consentimiento con las comunidades indígenas y tribales sobre las medidas que
las afecten; (ii) el principio de buena fe debe guiar la actuación de las partes; (iii)
por medio de la consulta se debe asegurar una participación activa y efectiva
de los pueblos interesados; (iv) la consulta debe ser un proceso intercultural de
diálogo en el que el Estado debe entonces tomar las medidas necesarias para
reducir las desigualdades fácticas de poder que puedan tener los pueblos étnicos;
(v) en este diálogo intercultural ni el pueblo tiene un derecho de veto ni el Estado
un poder arbitrario de imposición de la medida prevista; (vi) la consulta debe ser
flexible, es decir, adaptarse a las necesidades de cada asunto; (vii) la consulta
debe ser informada, esto es dispensar a los pueblos indígenas y tribales la
información suficiente para que ellos emitan su criterio; (viii) la consulta debe
respetar la diversidad étnica y cultural lo que permitirá encontrar mecanismos de
satisfacción para ambas partes […]”.
32 Artículo 7 del Convenio 169 de la OIT.
33 Asimismo, la Corte sostuvo que respecto de los grupos tribales “Es la conciencia de la identidad colectiva la
que se considera fundamental para identificar a los destinatarios de las disposiciones del Convenio”.
34 Corte Constitucional, Sentencia SU – 123 de 15 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo
Uprimny Yepes, Referencia: Expediente No. T- 4.926.682.
30
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77. Al respecto, se resalta que este derecho se debe garantizar a las
comunidades afrodescendientes en concordancia con lo establecido en la Ley 70
de 27 de agosto de 1993[45], por medio de la cual desarrolló el artículo 55 35
transitorio de la Constitución Política y la cual tuvo como propósito, entre otros,
establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos
de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su
desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades
obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la
sociedad colombiana.
78. Asimismo, se debe observar lo previsto en el Decreto 1745 de 12 de octubre
de 1995, "[…] por el cual se reglamenta el Capítulo III de la Ley 70 de 1993, se
adopta el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad
colectiva de las "Tierras de las Comunidades Negras" y se dictan otras
disposiciones […]", en el cual se establece que: i) las comunidades negras podrán
constituirse en Consejos Comunitarios, que como persona jurídica ejercer la
máxima autoridad de administración interna dentro de la comunidad, los cuales
están integrados por una Asamblea General y una Junta del Consejo Comunitario;
ii) la Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo que toma las
decisiones por consenso y, de no lograrse, por la mayoría de los asistentes; iii) la
Junta del Consejo Comunitario es la autoridad de dirección, coordinación,
ejecución y administración interna de la comunidad, integrado por miembros
elegidos y reconocidos por éste; y iv) el Representante Legal del Consejo
Comunitario representa a la comunidad, en cuanto a persona jurídica, como se
expone a continuación:
“[…] Artículo 3º. Definición. Una comunidad negra podrá constituirse en Consejo
Comunitario, que como persona jurídica ejerce la máxima autoridad de
administración interna dentro de las Tierras de las Comunidades Negras, de
acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que lo rigen y los demás
que le asigne el sistema de derecho propio de cada comunidad.
35 “[…] Artículo transitorio 55. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente
Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará
para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías
en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales
de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. En la
comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por
las comunidades involucradas. La propiedad así reconocida sólo será enajenable en los términos que señale la
ley. La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas
comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social. […]”.
31
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En los términos del numeral 5º, artículo 2º de la Ley 70 de 1993, Comunidad Negra
es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una
cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y
costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan
conciencia e identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. Al Consejo
Comunitario lo integran la Asamblea General y la Junta del Consejo
Comunitario.
Artículo 4º. La Asamblea General. Para los efectos del presente Decreto, la
Asamblea General es la máxima autoridad del Consejo Comunitario y estará
conformada por las personas reconocidas por éste, de acuerdo con su sistema
de derecho propio y registradas en el censo interno. La Asamblea se reunirá
ordinariamente cada año para la toma de decisiones, para el seguimiento y
evaluación de las labores de la Junta del Consejo Comunitario y para tratar
temas de interés general y, extraordinariamente, cuando vaya a solicitar el
título colectivo o cuando lo estime conveniente.
Artículo 5º. Quórum de la Asamblea General. El quórum mínimo para sesionar la
Asamblea General será de la mitad más uno de sus integrantes. En el evento de no
existir quórum en la fecha y hora convocadas, los asistentes podrán fijar fecha y hora
para una nueva Asamblea, la cual sesionará con la tercera parte de los asambleístas
reconocidos y registrados en el censo interno.
Artículo 6º. Funciones de la Asamblea General: […]
6. Decidir sobre las temas que por mandato de este decreto y los reglamentos
internos de la comunidad sean de su competencia. […].
9. Reglamentar y velar por la aplicación de normas del sistema de derecho
propio de las comunidades negras.
Artículo 7º. La Junta del Consejo Comunitario. La Junta del Consejo Comunitario
es la autoridad de dirección, coordinación, ejecución y administración interna
de la comunidad que ha conformado un Consejo Comunitario para ejercer las
funciones que le atribuye la Ley 70 de 1993, sus decretos reglamentarios y las
demás que le asigne el sistema de derecho propio de la comunidad. Sus
integrantes son miembros del Consejo Comunitario, elegidos y reconocidos
por éste.
Artículo 12. Funciones del Representante Legal del Consejo Comunitario. Son
funciones del Representante Legal del Consejo Comunitario, entre otras, las
siguientes:
1. Representar a la comunidad, en cuanto persona jurídica.
2. Presentar ante el Incora, previo aval de la Asamblea General y de la Junta
del Consejo Comunitario, la solicitud de titulación colectiva del territorio de la
comunidad que representa.
3. Presentar, ante la autoridad ambiental competente y ante el Ministerio de
Minas y Energía, las solicitudes de aprovechamiento, exploración y
explotación de recursos naturales, en beneficio de la comunidad, previa
aprobación de la Junta del Consejo Comunitario; exceptuándose, los usos por
ministerio de la Ley, respecto de los recursos naturales renovables. 4. Las
demás que le asigne la ley y el reglamento interno. 5. Previa aprobación de la
Junta del Consejo Comunitario, celebrar convenio o contratos y administrar
los beneficios derivados de los mismos. […]” (Resaltado por la Sala).
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Análisis del caso concreto
79. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
80. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
81. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
81.1. Anexos que allegó el actor con el escrito de tutela.
81.2. Informes rendidos por las accionadas y los terceros con interés legítimo, junto
con sus anexos.
Solución del caso concreto
Análisis de la presunta vulneración del derecho de petición del actor
82. El actor sostuvo que, el 20 de octubre de 2022, presentó derecho de petición
ante el Presidente de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y
Protección Social, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira
y Carbones del Cerrejón Limited, mediante el cual solicitó lo siguiente:
“[…] 1-Solicito a usted Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón Limited,
Suspender las Explotaciones de Carbón cerca del Arroyo Aguas Blancas hasta que
no se efectué Proceso de Consulta Previa con la Comunidad Indígena Wayuu de
La Lomita, porque las explotaciones de Carbón están afectando directamente al
33
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Arroyo de Aguas Blancas, el cual desde épocas Ancestrales es Propiedad Colectiva
de La Comunidad Wayuu de La Lomita, la cual es un Sitio Sagrado, Religioso y es
de donde la Comunidad se abastecen del Agua para el Consumo Humano, Utilizar
sus Plantas Medicinales que están a la Orilla, para realizar los Diversos Cultivos
Agrícolas y para que tomen los Animales. El Arroyo Aguas Blancas Fue Desviado
Empresa Carbones del Cerrejón Limited, en más de cinco (5) Kilómetros, esos los
Convirtió en un Tajo para Explotar Carbón, sin Consultar a la Comunidad Indígena
Wayuu de La Lomita.
2-El Agua del Arroyo Aguas Blancas, está Contaminada por el Polvillo del carbón,
que Proviene de La Mina del Cerrejón, también está Contaminando a todos los
Miembros de La Comunidad, con enfermedades Respiratorias, Cancerígenas,
Destruyendo la Flora, Fauna y Fuentes Hídricas Ancestrales, la comunidad dejo de
utilizar el Agua del Arroyo Aguas Blancas por estar Contaminada por el Carbón y
otros Tóxicos que Provienen de La Mina del Cerrejón.
Las Explotaciones de Carbón también afectan directamente Nuestra Seguridad
Alimentaria, Derecho la Vida, Agua, Salud, Medio Ambiente Sano, Supervivencia
Social, Cultural, Espiritual y Territorial.
3-Solicitamos que Ordene a la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, Diseñar un
Plan de Manejo Ambiental con Enfoque Diferencial para Mitigar, Prevenir, Proteger
Compensar y Conservar el Arroyo Aguas Blancas.
4-Solicito a usted Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón Limited, Diseñar
un Plan Epidemiológico, para Prevenir, Mitigar y Curar las Enfermedades que están
Originando las Explotaciones de Carbón, en la Comunidad de La Lomita.
5-Solicito a usted Ordenar a la Empresa Carbones del Cerrejón Limited,
Compensar a la Comunidad Wayuu de La Lomita, por haber Desviado el Arroyo
Aguas Blancas, Destruido sus Plantas Medicinales, Sitios Sagrados sin Consultar
y actualmente están Contaminando sus Aguas, Plantas y Faunas […]”.36
83. Expuso que, no ha recibido una respuesta de fondo, mediante la cual se
resuelvan las solicitudes derivadas de la explotación de carbón que se hace en su
territorio ancestral.
84. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la solicitud elevada por el actor
ha sido tramitada por las respectivas autoridades.
Análisis frente al Presidente de la República y el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República
85. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa lo siguiente:
36 Transcripción literal del texto.
34
Núm. único de radicación: 110010315000202303913-00
Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
85.1. La Coordinadora Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la
República, mediante Oficio OFI22-00132521 / GFPU 12000002 de 29 de octubre de
2022, dio respuesta al actor en los siguientes términos:
“[…] Por lo anterior, en razón a su solicitud, me permito informarle que, de
conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo", modificado por la Ley 1755 de 2015, se ha dado traslado a su
comunicación al Ministerio de Minas y Energía - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, entidad(es) legalmente facultada(s), para conocer del tema expuesto por
usted en su misiva, y tomar las acciones a que haya lugar, de acuerdo a la
consideración y fines pertinentes […]”.
85.2. La Coordinadora Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la
República, mediante Oficio OFI22-00132531 / GFPU 12000002 de 29 de octubre de
2022, remitió la petición del actor al Ministerio de Minas y Energía.
85.3. La Coordinadora Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la
República, mediante Oficio OFI22-00132532 / GFPU 12000002 de 29 de octubre de
2022, remitió la petición del actor al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
85.4. Respecto de cada Oficio, la Presidencia de la República allegó “[…]
trazabilidad […]”37, mediante el cual se certifica su envío.
86. La Sala precisa que, el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:
“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)
37 Al respecto, se advierte que dichos documentos obran como constancia de que en efecto se envió el oficio
de la referencia al actor, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y al Ministerio de Minas y Energía,
en la medida en que corresponde a la información extraída del software de la Presidencia de la República
denominado “ESCRIBE”, en el cual quedan registradas todas las actuaciones surtidas respecto de la
correspondencia que recibe la entidad.
35
Núm. único de radicación: 110010315000202303913-00
Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
87. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
87.1. En la sentencia de 19 de abril de 202138, se indicó que:
“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor,
toda vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio de
2015, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la
petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)
87.2. En la sentencia de 30 de junio de 202039, se expresó que:
“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.
No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la petición
no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia
del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario competente así
se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».
La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)
88. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que, con ocasión de la
remisión que hizo la Presidencia de la República, dicha entidad no vulneró el
derecho fundamental invocado por el actor, toda vez que, conforme con el artículo
21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia
de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
36
Núm. único de radicación: 110010315000202303913-00
Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la petición a la
autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine.
Análisis frente al Ministerio del Interior
89. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa lo siguiente:
89.1. El Grupo de Gestión de Acciones de Tutela del Ministerio del Interior,
mediante correo electrónico de 2 de agosto de 2023, dio respuesta al actor en los
siguientes términos:
“[…] En relación a la petición elevada por usted en fecha 20 de octubre de 2022, nos
permitimos informarle que la mencionada petición fue traslada por competencias a
Cerrejón Colombia, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 1755 de 2015, en razón a que a esta cartera ministerial no le asiste deber
funcional relacionado con las pretensiones solicitadas por usted […]”.
89.2. El Grupo de Gestión de Acciones de Tutela del Ministerio del Interior,
mediante correo electrónico de 2 de agosto de 2023, remitió la petición del actor a
Carbones del Cerrejón Limited.
90. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que, si bien el Ministerio
del Interior, conforme con el artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, remitió la petición a Carbones del Cerrejón
Limited, dicha respuesta se dio durante el trámite de la acción de tutela, razón por
la cual habrá lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
Análisis frente al Ministerio de Salud y Protección Social
91. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa lo siguiente:
91.1. El Subdirector de Salud Ambiental (E), mediante escrito con radicado núm.
202321300055021 de 12 de enero de 2023, dio respuesta al actor en los siguientes
términos:
“[…] En atención a la comunicación relacionada en el asunto y teniendo en cuenta las
competencias de este Ministerio establecidas en la Ley 715 de 2001, de manera
37
Núm. único de radicación: 110010315000202303913-00
Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
atenta informamos que se han realizado los siguientes traslados para dar respuesta
a sus peticiones:
Peticiones No. 1, 2, 3 y 5. De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la
Ley 1755 de 2015 y por considerarlo asunto de su competencia, se realiza traslado al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante radicado 202321300054771
del 12 de enero de 2023, a la Autoridad de Licencias Ambientales ANLA mediante
radicado 202321300054811 del 12 de enero de 2023 y a la Corporación Autónoma
Regional de La Guajira CORPOGUAJIRA mediante radicado 202321300054831 del
12 de enero de 2023, para que en el marco de sus competencias realicen el
seguimiento y acompañamiento correspondiente a cada una de las solicitudes.
Petición No. 4. Teniendo en cuenta las competencias en salud de los departamentos,
establecidas en el artículo 43 de la Ley 715 de 2001, se traslada esta petición a la
Secretaría de Salud de La Guajira mediante radicado 202321300054891 del 12 de
enero de 2023. Igualmente se trasladó a esta entidad la petición No. 2, para que en
el marco de sus acciones informe sobre los registros de enfermedades respiratorias
y cancerígenas que tenga sobre la comunidad La Lomita […]”.
91.2. El Subdirector de Salud Ambiental (E), mediante escrito con radicado núm.
202321300054771 de 12 de enero de 2023, remitió la petición del actor al Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
91.3. El Subdirector de Salud Ambiental (E), mediante escrito con radicado núm.
202321300054811 de 12 de enero de 2023, remitió la petición del actor a la
Autoridad de Licencias Ambientales ANLA.
91.4. El Subdirector de Salud Ambiental (E), mediante escrito con radicado núm.
202321300054831 de 12 de enero de 2023, remitió la petición del actor a la
Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
91.5. El Subdirector de Salud Ambiental (E), mediante escrito con radicado núm.
202321300054891 de 12 de enero de 2023, remitió la petición del actor a la
Secretaría de Salud de La Guajira.
91.6. Respecto de cada Oficio, el Ministerio de Salud y Protección Social allegó
certificación de su envío.
92. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que, con ocasión de la
remisión que hizo el Ministerio de Salud y Protección Social, dicha entidad no
vulneró el derecho fundamental invocado por el actor, toda vez que, conforme con
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Núm. único de radicación: 110010315000202303913-00
Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
el artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir
la petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine.
Análisis frente a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira –
Corpoguajira
93. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa lo siguiente:
93.1. El Subdirector de Autoridad Ambiental de Corpoguajira, mediante escrito
radicado con el núm. 202308023600031572 de 2 de agosto de 2023, dio respuesta
al actor en los siguientes términos:
“[…] En ese orden, frente al proyecto carbonífero del Cerrejón en La Guajira, le
corresponde a la ANLA el seguimiento al plan de manejo ambiental integral y a
Corpoguajira la expedición y seguimiento a los permisos ambientales.
Este escenario de competencia es importante delimitar previamente, para con ello
referirnos a cada uno de los puntos propuestos en su derecho de petición, a saber:
1 […] Frente a esta solicitud, Corpoguajira se permite manifestar que conforme el plan
de manejo ambiental integral establecido a la empresa Cerrejón a través de la
Resolución 2097 de 16 de diciembre de 2005, le corresponde a la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales – ANLA, realizar el seguimiento al proyecto y por ende, es
la autoridad facultada para suspender, si a ello hubiere lugar, la explotación minera.
Tal como se relacionó al inicio, la competencia de Corpoguajira frente al proyecto
minero del Cerrejón, está exclusivamente circunscrito a la expedición y seguimiento
de los permisos ambientales que requiera la actividad.
2 […] Bajo el criterio de competencia que se viene exponiendo, corresponde a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, verificar la situación que aquí
se plantea, ya que dentro del Plan de Manejo Ambiental Integral- PMAI, están
establecidas las fichas de manejo para realizar monitoreos a las fuentes hídricas
dentro y en el área de influencia del proyecto.
Corpoguajira tiene competencia sobre el proyecto minero CERREJÓN para otorgar,
entre otros, permisos de vertimientos y emisiones atmosféricas. En este sentido, los
permisos de vertimientos otorgados no tienen injerencia en la comunidad indígena La
Lomita, ubicada en el resguardo Indígena Lomamato, debido a que el proyecto se
encuentra aguas abajo de esta comunidad y, respecto al permiso de emisiones
atmosféricas, es poco probable que lleguen emisiones de polvillo hacia esta localidad,
porque de acuerdo a la Rosa de Vientos de la zona, la dirección predominante durante
el año proviene del norte y noreste; los únicos tajos que se encuentran en esta
dirección son los de Nuevas Áreas de Minería - NAM, los cuales se ubican
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Núm. único de radicación: 110010315000202303913-00
Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
aproximadamente a 17 km de la comunidad, adicionalmente, tiene una barrera natural
que supera los 100 metros.
Por otro lado, de acuerdo al seguimiento ambiental realizado al permiso de emisiones
atmosféricas en el segundo semestre del año 2022, se evidenció que las
concentraciones de los contaminantes emitidas por CERREJÓN, no superaron los
niveles máximos establecidos en la norma para un tiempo de exposición de 24 horas
y anual. Las excedencias presentadas fueron puntuales y obedecieron a fuentes
externas a la operación de la mina, por tanto, no son representativas.
Para el efecto, se anexa el Auto 301 de 2023 por medio del cual se realiza el
seguimiento ambiental al permiso de emisiones otorgado mediante Resolución N°
0137 de 27 de enero de 2020 (CORPOGUAJIRA, renovó el permiso de emisiones
atmosféricas para la ejecución de actividades de explotación, manejo, transporte,
cargue y descargue de carbón, en las instalaciones de la mina, línea férrea y Puerto
Bolívar, en favor de la empresa CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED, unificado
por medio de Resolución N° 03430 del 30 de octubre de 2007, renovado
sucesivamente mediante Resoluciones 0051 de 21 de enero de 2013 y 02192 de 02
de diciembre de 2015. Que por medio de Resolución No. 1973 de 16 de diciembre de
2020, Corpoguajira, resolvió el recurso de reposición interpuesto por la empresa
Cerrejón en contra de la Resolución N° 0137 de 27 de enero de 2020).
3 […] Respecto a esta solicitud, nos acogemos al criterio ya expuesto, relacionando
que la competencia frente al PMAI corresponde a la Autoridad Nacional de Licencia
Ambientales –ANLA.
4 […] Analizada esta solicitud, se encuentra que la misma corresponde a la
competencia del Ministerio de Salud como ente del Estado encargado de promover e
impartir directrices encaminadas a fortalecer la investigación, indagación,
consecución, difusión y aplicación de los avances nacionales e internacionales, en
temas tales como cuidado, promoción, protección, desarrollo de la salud y la calidad
de vida y prevención de las enfermedades.
5 […] Respecto a esta solicitud, nos acogemos al criterio ya expuesto, relacionando
que la competencia frente al PMAI corresponde a la Autoridad Nacional de Licencia
Ambientales –ANLA.
Finalmente, por considerar que la competencia para resolver la petición interpuesta
por al ciudadano Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu corresponde a la Autoridad
Nacional de Licencia Ambientales –ANLA y el punto 4 al Ministerio de Salud, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, copiamos a
las entidades para lo procedente […]”.
93.2. Respecto de la remisión de dicho Oficio, Corpoguajira allegó certificación de
envío al actor, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y al Ministerio de
Salud y Protección Social.
94. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que, si bien Corpoguajira,
conforme con el artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, remitió la petición a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales y al Ministerio de Salud y Protección Social, dicha respuesta se dio
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Núm. único de radicación: 110010315000202303913-00
Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
durante el trámite de la acción de tutela, razón por la cual habrá lugar a declarar la
carencia actual de objeto por hecho superado.
Análisis frente a Carbones del Cerrejón Limited
95. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa lo siguiente:
95.1. El Gerente de Gestión Ambiental de Carbones del Cerrejón Limited, mediante
escrito de 5 de diciembre de 2022, dio respuesta al actor en los siguientes términos:
“[…] 1.1. Respuesta a la petición: A efectos de dar respuesta a su petición se
procedió a verificar si la comunidad de La Lomita del Resguardo Lomamato, se
encuentra ubicada dentro del área de afectación directa de Cerrejón. Producto de este
análisis se identificó que esta comunidad no hace parte de la misma, por las razones
que se exponen a continuación.
1.2. En primera instancia, es necesario traer a colación el concepto de área de
influencia directa físico-biótica, la cual, corresponde al espacio geográfico en el que
eventualmente pudiesen materializarse impactos ambientales asociados a una
actividad determinada. Dicha área es definida teniendo en cuenta estudios y
monitoreos ambientales que permiten, con un fundamento técnico, definir la extensión
y dirección que tomará dicha área. Con base en la información existente en el sistema
de información geográfica de Cerrejón, se pudo constatar que la comunidad de La
Lomita no hace parte de esta área de influencia directa y por ende, no es susceptible
de recibir eventualmente impactos ambientales asociados a la actividad de la
empresa que conlleve su inclusión en un proceso de consulta previa.
1.3. Es de suma importancia tener en cuenta que la comunidad de La Lomita se
encuentra ubicada aguas arriba de la operación minera de Cerrejón, es decir que
dicha fuente hídrica pasa primero por la comunidad y luego por el complejo minero,
así las cosas las mencionadas condiciones de localización permiten establecer que
la actividad minera no genera ningún efecto asociado a la calidad o cantidad de agua
de la comunidad de La Lomita.
1.4. En ese mismo sentido la comunidad se encuentra ubicada aguas arriba del tramo
del Arroyo Aguas Blancas que fue intervenido en el marco de la autorización que la
autoridad ambiental competente otorgó en el año 19911, por lo cual, la modificación
parcial de ese cauce no genera ningún efecto asociado a la calidad o cantidad de
agua de la comunidad de La Lomita.
1.5. Adicionalmente se debe tener en cuenta que el Arroyo Aguas Blancas es un
arroyo estacionario, cuyo flujo base está directamente relacionado con la
temporalidad de lluvias. 1.6. En este sentido, encontramos que no se materializan
impactos ambientales sobre la comunidad de La Lomita al no hacer parte del área de
intervención minera, ni del área de afectación directa de la mina.
1.6. En este sentido, encontramos que no se materializan impactos ambientales sobre
la comunidad de La Lomita al no hacer parte del área de intervención minera, ni del
área de afectación directa de la mina.
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Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
1.7. Por otro lado, frente a su petición en la cual solicita que se suspenda la operación
cerca al arroyo Aguas Blancas, es preciso señalar que las obras de modificación
parcial de ese cauce finalizaron hace varias décadas y éstas no amenazan este
cuerpo de agua, ni ningún derecho colectivo. Cerrejón ha venido dando cumplimento
a las autorizaciones ambientales otorgadas por las autoridades ambientales
competentes. Las actividades mineras actuales y futuras de Cerrejón no constituyen
amenaza al medio ambiente ni a la comunidad de La Lomita. En razón a lo expuesto
no es procedente su petición […]”.
[…]
“[…] 2.1. Respuesta a la petición: Se observa que el numeral 2º del derecho de
petición no contiene una petición sino una serie de afirmaciones del peticionario sobre
unas presuntas afectaciones ambientales, por lo cual se hace necesario presentar las
aclaraciones del caso.
2.2. En primera medida, como se indicó en el punto anterior, la ubicación de la
comunidad La Lomita es aguas arriba de la operación de Cerrejón, en el sentido
contrario al flujo del agua.
Éstas condiciones de localización permiten establecer que la actividad minera no
genera ningún efecto asociado a la calidad o cantidad de agua de la comunidad de
La Lomita.
2.3. Adicionalmente cabe indicar que Cerrejón cuenta con una red de monitoreo de
agua, en el cual se incluyen estudios de la calidad de agua del Arroyo Aguas Blancas.
Hasta la fecha los resultados de las mediciones de agua realizadas muestran el
cumplimiento de la normatividad ambiental, por lo cual no hay afectaciones a la
calidad del agua que pudieren estar relacionadas con las operaciones mineras de
Cerrejón.
2.4. De otro lado, Cerrejón ha realizado monitoreos de fauna en el Arroyo Aguas
Blancas desde hace más de 15 años, que han mostrado que este arroyo cuenta con
fauna acuática y terrestre compuesta por especies propias de los ecosistemas de la
región, todo lo cual evidencia que el arroyo Aguas Blancas con sus bosques
asociados, ha permitido el establecimiento y mantenimiento de las relaciones
biológicas entre los diferentes grupos faunísticos. En síntesis, los resultados
demuestran que el Arroyo Aguas Blancas además de ser un lugar de tránsito para la
fauna silvestre, se convierte en un refugio estable para los diferentes organismos de
las comunidades faunísticas que los habitan.
2.5. Tampoco son de recibo las afirmaciones que indican presuntas afectaciones de
salud de la comunidad por material particulado, lo anterior teniendo en cuenta que la
dirección predominante del viento que pudiere arrastrar material particulado es en
sentido Este – Noreste (E-NE) mientras que la ubicación de La Lomita con respecto
a la operación de la mina es en el sentido Nor – Noroeste (N-NW), es decir que el
material de la operación no se dirige hacia la mencionada comunidad y además por
cuanto las áreas rehabilitadas y la Loma Materesa ubicadas en la dirección Nor –
Noroeste (N-NW) actúan como una barrera natural adicional para el control de
material particulado […]”.
[…]
“[…] 3.1. Respuesta a la petición: Es importante precisar que Cerrejón ya cuenta
con un Plan de Manejo Ambiental que fue establecido por el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 2097 de 2005 y a
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Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
través de esta herramienta se realiza el seguimiento y control a las diferentes
actividades desarrolladas por la Empresa.
3.2. Dicho instrumento contempla los posibles impactos ambientales y sociales que
pudieren llegar a generarse por las operaciones de Cerrejón, estableciendo para cada
uno de ellos, las correspondientes medidas de manejo, que son implementadas y
monitoreadas a cabalidad por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA.
3.3. Las medidas de manejo asociadas al Arroyo Aguas Blancas y las obligaciones
de monitoreo ambiental del mismo ya están previstas en el referido Plan de Manejo
Ambiental, razón por la cual no es procedente la imposición de un nuevo PMA para
este tema.
[…]
“[…] 4.1. Respuesta a la petición: En consideración con este punto, es imperioso
aclararle que no existe sustento alguno de su afirmación en la cual refiere que con
ocasión de nuestra actividad minera se han causado afectaciones y enfermedades a
la comunidad de La Lomita, esto, tomando en cuenta que nuestra operación se
enmarca dentro del cumplimiento de la normatividad que regula la materia.
4.2. Adicionalmente, como hemos expuesto a lo largo del presente escrito, dicha
comunidad se encuentra por fuera de nuestra área de afectación directa de Cerrejón,
por lo que, es claro que no se materializa en esta comunidad ningún impacto que
requiera el plan que solicita en el numeral 4º del derecho de petición.
4.3. Así las cosas, le comunicamos que su solicitud de diseñar un plan epidemiológico
para la comunidad de La Lomita no es factible, no solo porque técnicamente no existe
sustento para ello, por la inexistencia de las afectaciones a las que alude en su escrito,
sino además porque no está dentro del ámbito de las competencias de Cerrejón la
elaboración de planes epidemiológicos, ya que esa facultad está atribuida a las
autoridades de salud; al respecto reiteramos que en el evento en que se diseñaran
planes de salud por parte de esas autoridades, los mismos no estarían originados en
afectaciones por las operaciones de Cerrejón sobre esta comunidad porque éstas no
existen […]”.
[…]
“[…] 5.1. Respuesta a la petición: En respuesta a esta solicitud, se recalca que
transcurridos más de 30 años después de la modificación de un tramo del arroyo
Aguas Blancas, los monitoreos ambientales han demostrado que el caudal de agua
se encuentra restablecido y que este arroyo continúa siendo un afluente del río
Ranchería, según se evidencia en los reportes de las estaciones de limnímetros del
IDEAM. Además, el área aledaña a este arroyo que se encuentra aguas abajo del
sector denominado “Chivo Feliz” fue declarada en el año 2021 como un área protegida
y de acuerdo con los monitoreos biológicos de fauna y flora, éstos dan cuenta de su
excelente estado de conservación.
5.2. Ahora, en cuanto su requerimiento de compensación, es importante indicarle que
en el marco del Plan de Manejo Ambiental, Cerrejón cuenta con medidas de manejo
ambiental que incluyen medidas de prevención, mitigación, corrección y de
compensación, éstas últimas son aplicables únicamente en los casos en que no fue
posible aplicar las demás, por lo que necesariamente se debe proceder a la
implementación de medidas de compensación que permitan, como su nombre lo
indica, compensar el impacto ocasionado. En el caso concreto de la comunidad de La
Lomita, a la luz de la normatividad ambiental vigente, se evidencia que dicha
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Actor: Calixto de Jesús Fonseca Gouriyu autoridad tradicional
Comunidad Indígena Wayuu La Lomita
comunidad no se encuentra dentro del área de afectación directa de Cerrejón, por
ende en el presente caso no es procedente la aplicación de medidas de manejo, y
mucho menos la entrega de compensaciones […]”. (Resaltado del texto original)
95.2. Al respecto, obra constancia de envío al actor a través de correo electrónico
enviado el 2 de enero de 2023.
96. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si
Carbones del Cerrejón Limited cumplió con los requisitos de i) oportunidad ii) que la
respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y
ii) que haya sido puesta en conocimiento del peticionario; pues, de lo contrario se
incurriría en una vulneración del derecho fundamental de petición.
97. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
del actor en debida forma; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la
petición, la Sala encuentra que si bien no se cumplió con el término establecido por
el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, lo cierto es que a la fecha el actor ya obtuvo respuesta al respecto, por
lo que cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría
inane.
98. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha
exigencia en la medida en que Carbones del Cerrejón Limited le explicó con
suficiencia al actor: i) que la comunidad de la Lomita del Resguardo Lomamato se
encuentra fuera del área de afectación directa de Cerrejón, entre otras, razones
porque la comunidad de la Lomita se encuentra ubicada aguas arriba del tramo del
arroyo Aguas Blancas, por lo cual no se materializan impactos ambientales, ni
afectación social y cultural; ii) que en razón a las condiciones de localización de la
comunidad (aguas arribas del arroyo Aguas Blancas) se puede establecer que la
actividad minera no genera ningún efecto asociado a la cantidad y calidad del
arroyo, ni afectación a la salud por material particulado, en atención a la dirección
predominante del viento que pudiere arrastrar material particulado; iii) que la
empresa ya cuenta con un Plan de Manejo Ambiental y a través de éste se realiza
el seguimiento y control de las diferentes actividades desarrolladas por la empresa
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incluidos los monitoreos del arroyo Aguas Blancas; iv) que las afirmaciones del actor
respecto de la necesidad de un plan epidemiológico no tienen ningún sustento y,
por el contrario, de conformidad con los análisis realizados la comunidad se advierte
que esta no es objeto de afectaciones sociales, culturales, ambientales y
económicas, por lo que tampoco sería procedente realizar un proceso de consulta
previa; y v) que la comunidad se encuentra por fuera del área de afectación directa
de Cerrejón, razón por la cual no es procedente su solicitud de compensación.
99. La Sala considera que, en relación con la respuesta de Carbones del
Cerrejón Limited, se garantizó el núcleo esencial del derecho fundamental de
petición y, teniendo en cuenta que la respuesta se dio con anterioridad al trámite de
la acción de tutela, habrá lugar negar la solicitud de amparo.
Análisis frente al Ministerio de Minas y Energía
100. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa lo siguiente:
100.1. El Director Técnico de Minería Empresarial de dicho Ministerio, mediante
Oficio radicado con el núm. 2-2022-027016 de 9 de noviembre de 2022, dio
respuesta al actor en los siguientes términos:
“[…] considerando que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales- ANLA realiza
el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales, y que la Agencia
Nacional de Minería- ANM realiza el control y seguimiento de las obligaciones de los
títulos mineros, nos permitimos indicar que su solicitud fue trasladada a estas
entidades por competencia, para que en el marco de sus funciones se permitan dar
respuesta de manera oportuna […]”.
100.2. El Director Técnico de Minería Empresarial de dicho Ministerio, mediante
Oficio radicado con el núm. 2-2022-027292 de 14 de noviembre de 2022, remitió la
solicitud del accionante a la Autoridad de Licencias Ambientales – ANLA.
100.3. El Director Técnico de Minería Empresarial de dicho Ministerio, mediante
Oficio radicado con el núm. 2-2022-027291 de 14 de noviembre de 2022, remitió la
petición a la Agencia Nacional de Minería.
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100.4. Respecto del envío de dichos oficios, el Ministerio de Minas y Energía allegó
certificación de envío.
101. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que, con ocasión de la
remisión que hizo el Ministerio de Minas y Energía, dicha entidad no vulneró el
derecho fundamental invocado por el actor, toda vez que, conforme con el artículo
21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la petición a la
autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine.
Análisis frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
102. La Sala advierte que, si bien el Ministerio de la referencia, en su informe, no
se pronunció frente al derecho de petición del actor ni allegó documento alguno al
respecto, de los anexos que allegó Corpoguajira se observa que la Coordinadora –
U.C.G.A y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
mediante Oficio radicado con el núm. 40042023E2001415 de 18 de enero de 2023,
remitió la solicitud del accionante a Corpoguajira.
103. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que, con ocasión de la
remisión que hizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dicha entidad
no vulneró el derecho fundamental invocado por el actor, toda vez que, conforme
con el artículo 21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir
la petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso
sub examine.
Análisis frente a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
104. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa lo siguiente:
104.1. Mediante Oficio radicado con el núm. 2022282751-2-000 de 15 de diciembre
de 2022, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales dio respuesta al actor en
los siguientes términos:
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“[…] Teniendo en cuenta que los planteamientos guardan estrecha relación con el
proceso de consulta previa de la Sentencia T-704 de 2016, se atenderá de manera
integral en los siguientes términos […] Ahora bien, como es sabido, esta autoridad
ambiental tiene a cargo el cumplimiento de la orden cuarta de la Sentencia T-704 de
2016 de la H. Corte Constitucional, en la cual dispuso:
“CUARTO: ORDENAR a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales REVISAR,
de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 3 del Decreto Ley 3573 de
2011 y el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, la Resolución 2097 de 2005 por medio del
cual se establece y aprueba el Plan de Manejo Ambiental Integral de todo el proyecto
minero “El Cerrejón” y sus consecuentes resoluciones, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia. En esa revisión deberá analizar si el Plan de Manejo
Ambiental Vigente es suficiente para hacer frente a la contaminación que se produce
por la explotación de carbón y, de haber lugar, modificar, suspender o cancelar la
licencia ambiental otorgada al proyecto. En este trámite deberá GARANTIZAR los
derechos de participación de toda la población que pueda verse comprometida por
dicha revisión, y, en todo caso, cuando se afecten directamente derechos de
comunidades indígenas, el mecanismo de participación que deberá implementar será
la consulta previa”.
En relación con dicha orden judicial, es pertinente informar que esta autoridad se
encuentra dando cumplimiento, en el marco de sus funciones y competencias legales
y conforme a lo dispuesto por la H. Corte Constitucional, esto es, garantizando los
derechos de participación de la población que pueda verse comprometida con la
revisión del PMAI.
El Plan de Manejo Ambiental Integral del proyecto carbonífero El Cerrejón, el cual es
objeto de seguimiento y control ambiental por parte de esta Autoridad Nacional y de
revisión en el marco de cumplimiento de la Sentencia T-704 de 2016, fue establecido
por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la
Resolución 2097 del 16 de diciembre de 2005 y contiene diferentes medidas para
prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos generados por las diferentes
obras y/o actividades que son desarrolladas por parte de dicho proyecto.
Es preciso resaltar que, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional
en la orden cuarta de la sentencia T-704 de 2016, esta Autoridad viene adelantando
un proceso de consulta previa con comunidades étnicas y reuniones con
comunidades no étnicas, lo anterior, en aras de garantizar la participación de toda la
población que pueda verse comprometida por la revisión del Plan de Manejo
Ambiental Integral del proyecto de explotación minera.
En consecuencia, esta Autoridad revisará de manera integral el Plan de Manejo
Ambiental del proyecto El Cerrejón, de conformidad con el procedimiento previsto en
el artículo 3 del Decreto Ley 3573 de 2011 y el artículo 62 de la Ley 99 de 1993 y
como resultado de dicha revisión analizará la suficiencia del instrumento de manejo,
y determinará si es necesario modificarlo, suspenderlo o cancelarlo, lo cual solo será
posible cuando se culmine el proceso participativo con toda la población que pueda
verse comprometida con dicha revisión.
Con respecto a las obras de desviación del arroyo Aguas Blancas, es de aclarar que
el permiso para la ejecución de dichas obras fue establecido por el entonces Instituto
Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA mediante
Resolución 717 del 8 de agosto de 1991. Tal y como se establece en las
consideraciones de la Resolución 2097 del 16 de diciembre de 2005 (Hoja 1), este
permiso forma parte de los actos administrativos relacionados con la explotación
minera de la zona Cerrejón Norte (Expediente LAM1094), al cual de acuerdo con el
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artículo tercero fue acumulada la operación minera, de transporte férreo y operación
portuaria que era adelantada en su momento por la empresa CARBONES DEL
CERREJÓN LLC (Hoy Carbones del Cerrejón Limited) dentro de los expedientes No.
577 Cerrejón Central y Oreganal, 1110 Nuevas Áreas de Minería y 2600 Zona Patilla.
Es a partir de la Resolución 2097 del 16 de diciembre de 2005 donde quedó
establecido el Plan de Manejo Ambiental Integral para el Manejo Integral del Proyecto
de Explotación de Carbón, Transporte Férreo y Operación Portuaria de la zona
denominada Cerrejón, que cobija las antiguas áreas de Cerrejón Zona Norte, Área
Patilla, Cerrejón Central y Oreganal, Nuevas Áreas de Minería en el departamento de
la Guajira, y si bien para dicho momento ya se habían efectuado las obras de
desviación del arroyo Aguas Blancas, dentro del numeral 5 del artículo séptimo de la
citada resolución de 2005 quedaron establecidas unas obligaciones específicas
relacionadas con el arroyo Aguas Blancas, y en tal sentido forman parte del Plan de
Manejo Ambiental que es objeto de revisión en el marco de cumplimiento de la orden
cuarta de la Sentencia T-704 de 2016.
Es preciso señalar que, la suspensión de las actividades de una obra, proyecto o
actividad, se encuentra enmarcada en la Ley 1333 de 2009, por la cual fue establecido
el procedimiento sancionatorio ambiental, no obstante, de acuerdo con el seguimiento
y control ambiental que realiza esta Autoridad al proyecto minero, no han existido
causales para iniciar la apertura de un procedimiento sancionatorio ambiental por las
afectaciones que refiere el peticionario, toda vez que, como se expuso anteriormente,
las obras fueron autorizadas por la autoridad ambiental competente en su momento
y las medidas de manejo se encuentran contempladas en el instrumento de manejo
vigente.
Respecto al numeral cuarto en el que indica “4-Solicito a usted Ordenar a la Empresa
Carbones del Cerrejón Limited, Diseñar un Plan Epidemiológico, para Prevenir,
Mitigar y Curar las Enfermedades que están Originando las Explotaciones de Carbón,
en la Comunidad de La Lomita”, es de precisar que esta Autoridad no tiene
competencia para los temas relacionados con salud de acuerdo con lo establecido en
el artículo 3 del Decreto 3573 de 2011. No obstante, de conformidad con lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dará traslado de
dicha petición al Ministerio de Salud y Protección Social como entidad competente.
Finalmente, en materia de compensaciones a comunidades, se resalta que la
empresa Carbones del Cerrejón Limited se encuentra accionada dentro de la misma
Sentencia T-704 de 2016, la cual en su orden quinta establece:
“QUINTO: ORDENAR a la empresa El Cerrejón implementar un plan inmediato de
mitigación de daños ambientales, sociales, culturales, en la zona, para lo cual, deberá
compensar los daños causados por la explotación de carbón al ambiente y a los
derechos de las comunidades afectadas. En caso de proceder la consulta para estas
compensaciones, deberá realizarse con las comunidades afectadas”.
Tanto la orden cuarta como la orden quinta de la Sentencia T-704 de 2016 están
siendo abordadas de manera articulada dentro de un mismo proceso de consulta
previa que viene siendo desarrollado bajo la coordinación de la Dirección de la
Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, como entidad
encargada de liderar, dirigir y coordinar el ejercicio del derecho a la consulta previa.
Lo anterior, no implica que esta Autoridad Nacional tenga competencia sobre lo
dispuesto dentro de la orden quinta, cuyo cumplimiento se encuentra a cargo
exclusivo de la empresa Carbones del Cerrejón Limited y cuyos acuerdos son materia
de seguimiento por parte de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa
del Ministerio del Interior […]”.
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105. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales indicó que puso en
conocimiento del actor la respuesta expuesta supra.
106. De conformidad con lo expuesto, corresponde a la Sala establecer si la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales cumplió con los requisitos de i)
oportunidad ii) que la respuesta sea de fondo, clara, precisa y de manera congruente
con lo solicitado y ii) que haya sido puesta en conocimiento del peticionario; pues,
de lo contrario se incurriría en una vulneración del derecho fundamental de petición.
107. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento
del actor, según lo indicó la entidad; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar
respuesta a la petición, la Sala encuentra que si bien no se cumplió con el término
establecido por el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, lo cierto es que el actor ya obtuvo respuesta al respecto,
por lo que cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría
inane.
108. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara,
precisa y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha
exigencia en la medida en que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales le
explicó con suficiencia al actor las actuaciones que está realizando frente al
proyecto minero “El Cerrejón”, precisándole que sus acciones al respecto se
encuentran relacionadas con lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia
T-704 de 201640.
109. Por otra parte, la Sala considera que, con ocasión de la remisión que hizo la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, dicha entidad no vulneró el derecho
fundamental invocado por el actor, toda vez que, conforme con el artículo 21 del
Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si la
autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la petición a la
autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine.
40 Corte Constitucional, sentencia T-704 de 13 de diciembre de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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110. La Sala considera que, en relación con la respuesta de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, se garantizó el núcleo esencial del derecho fundamental
de petición y, teniendo en cuenta que la respuesta se dio con anterioridad al trámite
de la acción de tutela, habrá lugar negar la solicitud de amparo.
Análisis frente a la Agencia Nacional de Minería
111. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa lo siguiente:
111.1. Mediante Oficio ANM No. 20233500322891 de 31 de enero de 2023 dio
traslado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
111.2. Mediante Oficio ANM No. 20233500322881 de 31 de enero de 2023 dio
traslado a Carbones del Cerrejón Limited.
111.3. Mediante Oficio ANM No. 20233500323161 de 6 de febrero de 2023 puso en
conocimiento del actor las actuaciones surtidas y envió copia de las comunicaciones
remitidas a las entidades competentes.
111.4. Respecto de la remisión de dichos oficios, la Agencia Nacional de Minería
aseguró haber realizado dichos envíos.
112. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que, con ocasión de la
remisión que hizo la Agencia Nacional de Minería, dicha entidad no vulneró el
derecho fundamental invocado por el actor, toda vez que, conforme con el artículo
21 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la petición a la
autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine.
Análisis frente a la Secretaría de Salud del Departamento de La Guajira
113. Al respecto, del acervo probatorio, la Sala observa que, pese a que el
Subdirector de Salud Ambiental (E), mediante escrito con radicado núm.
202321300054891 de 12 de enero de 2023, remitió la petición del actor a la
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Secretaría de Salud de La Guajira, dicha Secretaría no rindió informe dentro de la
acción de tutela de la referencia, a pesar de haber sido notificada en debida forma 41,
ni del acervo probatorio se observa que haya dado respuesta al actor respecto de
aquello que le fue remitido por parte del Ministerio de Salud y Protección Social.
114. En ese sentido, ante la falta de evidencia en el presente proceso relacionada
con que la autoridad mencionada supra hubiese brindado respuesta a la petición
del actor, la Sala considera que no se garantizó el derecho fundamental de petición
del accionante.
115. En ese orden de ideas, la Sala i) concederá el amparo del derecho
fundamental de petición del actor y, en consecuencia;
ii) ordenará a la Secretaría de Salud de La Guajira que, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de este esta providencia, responda el
derecho de petición que le fue remitido por el Subdirector de Salud Ambiental (E),
mediante escrito con radicado núm. 202321300054891 de 12 de enero de 2023 y
notifique el contenido de la respuesta al peticionario.
Análisis frente a las demás pretensiones formuladas por el actor
116. Dentro de las pretensiones que formuló el actor, la Sala advierte que fueron
propuestas otras solicitudes adicionales a su derecho de petición; sin embargo, la
Sala advierte que, por un lado, estas se encuentran relacionadas precisamente con
lo que solicitó en el derecho de petición objeto de debate, y por otra parte, estas
escapan de la órbita del juez de tutela, en atención a que no develan la vulneración
de algún derecho fundamental, sino que tienen relación con el cumplimiento de
funciones por parte de servidores públicos, que, inclusive, según se advirtió en los
informes allegados, guardan estrecha relación con las órdenes que impartió la Corte
Constitucional en la sentencia T-704 de 201642.
41 Cfr. Índice 26 de SAMAI. Documento denominado “ENVIODENOTIFICACION_3NOTIF(.pdf) NroActua 26”.
Archivo aportado en medio digital.
42 Corte Constitucional, sentencia T-704 de 13 de diciembre de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Conclusiones de la Sala
117. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala i) declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a los reparos propuestos por el actor relacionados con su derecho
fundamental de petición respecto del Ministerio del Interior y la Corporación
Autónoma Regional de La Guajira – Corpoguajira; ii) concederá el amparo del
derecho fundamental de petición de la actora, el cual fue vulnerado por la Secretaría
de Salud de La Guajira; y ii) en lo demás, negará la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Presidente de la República, el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional
de Minería, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, frente a
los reparos propuestos por el actor relacionados con su derecho fundamental de
petición respecto del Ministerio del Interior y la Corporación Autónoma Regional de
La Guajira – Corpoguajira, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor y, en
consecuencia, ORDENAR a la Secretaría de Salud de La Guajira que, en el término
de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este esta providencia,
responda el derecho de petición que le fue remitido por el Subdirector de Salud
Ambiental (E), mediante escrito con radicado núm. 202321300054891 de 12 de
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enero de 2023 y notifique el contenido de la respuesta al peticionario, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NEGAR, en lo demás, la solicitud de tutela presentada por el actor
contra las autoridades demandadas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
QUINTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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