Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03930-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03930-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03930-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03930-01
Accionante: HERNÁN JAVIER GUTIÉRREZ OLIVEROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – Se confirma el fallo impugnado. No se configuró el defecto
procedimental alegado.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Hernán Javier Gutiérrez
Oliveros contra la sentencia de 25 de agosto de 2023, proferida por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El señor Hernán Javier Gutiérrez Oliveros solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, en conexidad a la libertad de escogencia de profesión u
oficio y al buen nombre, cuya vulneración le atribuyó al auto de 13 de junio de 2023,
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 05837-33-33-001-2022-
00119-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Relató que presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
05837-33-33-001-2022-00119-00/01 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad de la
Resolución núm. 1832 de 23 de junio de 2021, “[…] Por la cual se retira del servicio
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Accionante: Hernán Javier Gutiérrez Oliveros
activo de las Fuerzas Militares a un personal de Oficiales Superiores del Ejército
Nacional […]”.
2.2. Señaló que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo, mediante
auto de 24 de marzo de 2022, inadmitió la demanda y le concedió el término de 10
días para subsanarla.
2.3. Refirió que el 7 de abril de 2022 subsanó la demanda, pero que por no contar
con la constancia de notificación personal de la Resolución núm. 1832 de 2021, le
solicitó a la Dirección Personal del Ejército Nacional la constancia de firmeza y
ejecutoria del mencionado acto administrativo, a efectos de allegarlos al proceso.
2.4. Indicó que el 26 de abril de 2022, una vez recibió las constancias por parte del
Ejército Nacional, las remitió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Turbo.
2.5. Precisó que, a pesar de lo anterior, mediante auto de 23 de junio de 2022, la
autoridad judicial rechazó la demanda, al considerar que no fue subsanada dentro
del término establecido.
2.6. Manifestóque contra la decisión de primera instancia presentó recurso de
apelación y que el Tribunal accionado, mediante auto de 13 de junio de 2023,
confirmó el auto de primera instancia.
2.7. Explicó que en la providencia de 13 de junio de 2023 se incurrió en un defecto
procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto porque el 7 de abril de 2022
subsanó la demanda, aportando los documentos que estaban en su poder, y que
no le fue posible adjuntar la constancia de notificación personal y firmeza de la
Resolución núm. 1832 de 23 de junio de 2021, hasta que el Ejército Nacional se lo
remitió.
2.8. Aseveró que la exigencia de esa formalidad violó y desconoció sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por
cuanto al no estar en su poder le era imposible allegarlos.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Que sean tutelados los derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y, en virtud de este, los derechos que como
consecuencia fueron vulnerados (igualdad, buen nombre, libertad de
escogencia de profesión u oficio) al Coronel Gutiérrez Oliveros.
2. Que, como consecuencia de lo anterior, sean dejados sin efectos:
a. El Auto No. 527 proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Turbo el
23 de junio de 2022.
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b. El Auto No. 147, proferido por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia el 13
de junio de 2023.
3. Se ordene la admisión de la demanda en los términos del artículo 171 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
[…]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 27 de julio de 2023, el Magistrado de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con
interés en las resultas del proceso “[…] a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional y al Jugado (sic) Primero Administrativo Oral del Circuito de
Turbo […]”.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
no se allegaron informes.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
6. Mediante fallo de tutela de 25 de agosto 2023, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado por el accionante, al
considerar que la parte actora no acreditó que el Tribunal Administrativo de
Antioquia hubiese incurrido en defecto procedimental absoluto por exceso ritual
manifiesto.
7. La primera instancia advirtió que la autoridad judicial accionada, en observancia
de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, realizó un
análisis probatorio coherente y válido de las normas que regulan el rechazo de la
demanda cuando no es subsanada dentro del término concedido para ello.
8. Resaltó que el accionante demostró su inconformidad con la decisión porque le
resulta contraria a sus intereses, pero no acreditó que se hubieran cometido
irregularidades de orden constitucional, por lo que es evidente que lo pretendido era
reabrir un debate jurídico que se surtió frente a la autoridad judicial competente.
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
9. El señor Hernán Javier Gutiérrez, por conducto de apoderado judicial, impugnó el
fallo de primera instancia, por las siguientes razones:
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Accionante: Hernán Javier Gutiérrez Oliveros
9.1. Indicó que en el fallo de primera instancia no se analizaron los argumentos que
sustentaban la configuración de un exceso ritual manifiesto en el caso objeto de
estudio, ya que las autoridades judiciales accionadas aplicaron las normas que
regulan el caso en concreto sin ponderar sus derechos sustanciales.
9.2. Aclaró que lo que busca a través de esta acción es demostrar el desconocimiento
de sus derechos sustanciales al no tener en cuenta que al momento de vencerse el
término para subsanar la demanda no contaba con “[…] la constancia de notificación
del acto demandado solicitada por el Despacho en el segundo numeral del auto que
inadmitió la demanda, motivo por el cual fue elevada oportunamente la solicitud ante
el Comando de Personal del Ejército Nacional y junto con la subsanación fue
enviada la constancia del trámite surtido así como el estado en el cual se encontraba
esta petición para dicha fecha […]”.
9.3. Resaltó que el 26 de abril de 2022, una vez recibieron por parte de la Dirección
de Personal del Ejército Nacional la constancia de notificación de la Resolución
núm. 1832 de 2021, procedió a remitir los documentos al juez de primera instancia.
9.4. Mencionó que anteponer las formas sobre el debate sustancial le impidió ejercer
su derecho de acción, acceder a la administración de justicia y que su caso fuese
estudiado de fondo por un juez de la república.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194.
VIII.2. Problemas jurídicos
11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado5, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
5 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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b) Si el auto de 13 de junio de 2023, proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 05837-33-33-001-2022-00119-00/01, vulneró
los derechos fundamentales invocados por el actor, al haber incurrido en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con el defecto alegado, siempre y cuando
se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
14. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia
de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
7 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
8 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
6
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Accionante: Hernán Javier Gutiérrez Oliveros
17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos
parámetros.
18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.4. El caso concreto
20. El señor Hernán Javier Gutiérrez Oliveros solicitó, a través de apoderado judicial,
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, en conexidad a la libertad de escogencia de profesión u
oficio y al buen nombre, cuya vulneración le atribuyó al auto de 13 de junio de 2023,
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 05837-33-33-001-2022-
00119-00/01.
VIII.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela
21. La Sala analizará si en el presente caso se cumplen con los requisitos generales
de procedencia de la tutela:
21.1. En
el escrito de tutela se invoca, con suficiente carga argumentativa, los
derechos de orden fundamental como lo son al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, en conexidad a la libertad de escogencia de profesión u
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
9 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado
Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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oficio y al buen nombre. Asimismo, esta Sección ha considerado, en asuntos
similares, que la discusión tiene relevancia constitucional10.
21.2. Laacción de tutela fue promovida dentro de un término razonable, habida
cuenta que la providencia judicial acusada fue notificada el 14 de junio de 2023 a
través de correo electrónico. Por su parte, la solicitud de amparo se instauró el 21
de julio del mismo año.
21.3. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.
21.4. La acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso
de idéntica naturaleza o índole.
21.5. Comoquiera que en este caso se alega la existencia de una irregularidad
procesal, ciertamente, esta deberá estudiarse más adelante.
21.6. Asimismo, la Sala estima que el accionante no cuenta con otro mecanismo
judicial para que se protejan los derechos que estima como vulnerados.
VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela
22. Encontrándose satisfechos y cumplidos los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales.
VIII.4.2.1. Caracterización del defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto
23. Porsu parte, el defecto procedimental absoluto hace referencia a aquellos
eventos en los que la autoridad judicial, al momento de proferir su decisión o durante
sus actos o diligencias previas a ello, deja de aplicar las normas procesales,
afectado el derecho fundamental al debido proceso de las partes11.
24. La jurisprudencia constitucional12 ha identificado dos supuestos en las que se
configuraría el defecto procedimental: i) por exceso ritual manifiesto, el cual se
presenta cuando el funcionario judicial aplica en forma excesivamente estricta,
desproporcional e irrazonable las normas procesales, al punto de impedir el ejercicio
de los derechos de las partes13, y ii) cuando el juez sigue un procedimiento ajeno al
asunto sometido a su competencia, pretermite etapas sustanciales del proceso o
pasa por alto el debate probatorio.
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 13 de diciembre de 2023. Exp. núm. 11001-03-
15-000-2023-06740-00. C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
11
Sentencias T-015 de 2018 y T-474 de 2017 de la Corte Constitucional.
12
Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Exp. T-3106156, sentencia T-781 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto; 20 de octubre de 2011.
13
Al respecto la Corte Constitucional dicho que se incurre en un exceso de ritual manifiesto cuando se aplica «[…] apego
estricto (…) las reglas procesales (…) obstaculizan[do] la materialización de los derechos sustanciales, la búsqueda de la
verdad y la adopción de decisiones judiciales justas […]». Sentencia SU – 061 de 2018, M.P.: Luis Guillermo Guerreo Pérez.
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Accionante: Hernán Javier Gutiérrez Oliveros
VIII.4.2.2. Solución del caso concreto
25. La parte actora en su escrito de tutela y en el de impugnación, adujo que el
Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir el auto de 13 de junio de 2023,
incurrió en defecto procedimental absoluto por las siguientes razones:
“[…] Habiendo subsanado la demanda en término, según fue señalado en los
hechos que sustentan la presente acción, el Despacho profirió Auto que rechazó
en primera instancia la demanda de la referencia advirtiendo que la subsanación
no fue presentada oportunamente, razón en la cual fundamento su decisión, no
obstante, según consta en el Auto de rechazo, el término para subsanar la
demanda inició el 28 de marzo del 2022, finalizó el 8 de abril de la misma
anualidad y el 7 de abril -esto es, un día antes de que el término finalizara-
había sido radicada la subsanación.
Así mismo, según fue señalado en el escrito de subsanación, mi prohijado no
contaba con la constancia de notificación del acto demandado solicitada
por el Despacho en el segundo numeral del auto que inadmitió, motivo por
el cual fue elevada oportunamente la solicitud ante el Comando de
Personal del Ejército Nacional y junto con la subsanación fue enviada la
constancia del trámite surtido y el estado en el cual se encontraba esta
petición para dicha fecha, señalando que una vez nos fuesen remitidos los
documentos, los enviaríamos.
Sea este el momento para poner de presente que, de acuerdo con la Corte
Constitucional, ninguna persona natural o jurídica puede ser forzada a realizar
algo si a pesar de asistirle el derecho a quien lo invoque, no cuenta con las
herramientas técnicas o medios para hacerlo aun cuando en él radique la
obligación de ejecutar ese algo.14
(…)
Finalmente, día 26 de abril de 2022, habiendo recibido los documentos
enviados tardíamente por la Dirección de Personal del Ejército Nacional
durante la vacancia Judicial, remitimos los archivos correspondientes al
H. Despacho -según consta en los anexos-, complementando la
subsanación […]”. (Cursiva original del texto y negrilla fuera del texto)
26. Ahora bien, la autoridad judicial de primera instancia negó el amparo solicitado,
luego de considerar que no existió prueba que permitiera acreditar que la autoridad
judicial se apartó del procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico para el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; sino que, por
el contrario, realizó un análisis probatorio coherente y válido de las normas que
regulan el rechazo de la demanda cuando esta no es subsanada dentro del término
concedido para ello.
27. Visto el contexto de la presente controversia, se debe señalar que el numeral 8º
del artículo 162 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201115 prevé:
“[…] ARTÍCULO 162. CONTENIDO DE LA DEMANDA. Toda demanda deberá
dirigirse a quien sea competente y contendrá:
14 Corte Constitucional, Sentencias Sentencia T-875/10 MP. Humberto Antonio Sierra Porto; Sentencia T-062
A/11 MP. Mauricio González Cuervo; Sentencia C-010/03 MP. Eduardo Montealegre Lynett; Sentencia T-425/11
MP Juan Carlos Henao Pérez, entre otras.
15
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ”.
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(…)
8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por
medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo
cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde
recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el
demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de
subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya
acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la
parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con
sus anexos […]”. (Negrilla original del texto)
28. Seguidamente, en el artículo 166 de la misma norma se señalan los anexos que
deben acompañarse con la demanda:
“[…] ARTÍCULO 166. Anexos de la demanda. A la demanda deberá
acompañarse:
1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación,
comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio
administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de
repetición, la prueba del pago total de la obligación.
[…]”. ([Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto)
29. En los artículos 169 y 170 de la Ley 1437 de 2011 se reglamenta lo concerniente
al rechazo e inadmisión de la demanda. Al respecto señalan las normas:
“[…] ARTÍCULO 169. RECHAZO DE LA DEMANDA. Se rechazará la demanda
y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:
(…)
2. Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro
de la oportunidad legalmente establecida
(…)
ARTÍCULO 170. INADMISIÓN DE LA DEMANDA. Se inadmitirá la demanda
que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de
reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los
corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda
[…]”. (Negrilla original del texto)
30. En este punto, se destaca que en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho núm. 05837-33-33-001-2022-00119-00/01, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Turbo inadmitió la demanda y le concedió al
demandante el término de diez (10) días, para que subsanara los siguientes puntos
de la demanda:
• Señalara expresamente el acto o los actos administrativos contra los cuales
se presenta la nulidad e individualizar las pretensiones de la demanda.
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Accionante: Hernán Javier Gutiérrez Oliveros
• Aportara copia de la notificación personal, comunicación o publicación de la
Resolución núm. 1832 de 2021, y de la constancia de firmeza y ejecutoria del
citado acto administrativo.
• Acreditara el envío la demanda y sus anexos al Ministerio Público y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de correo
electrónico u otro medio de correo certificado.
31. El término concedido comenzó a correr el 28 de marzo de 2022 y venció el 8 de
abril de ese mismo año, tiempo en el cual el actor radicó un escrito de subsanación
de la demanda en el que omitió aportar las constancias de notificación de la
Resolución núm. 1832 de 2021 y la de envío de la demanda y sus anexos a la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
32. Enla providencia objeto de esta acción constitucional, la autoridad judicial
accionada señaló lo siguiente:
“[…] El a quo rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por el señor Hernán Javier Gutiérrez Oliveros a través de su
apoderado judicial, por no cumplir dentro del término legal con los requisitos
formales exigidos en el auto inadmisorio.
El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la
decisión anterior y argumentó que, según lo señalado en la providencia
recurrida, el término legal para subsanar los requisitos, inició el 28 de marzo de
2022 y finalizó el 8 de abril del mismo año, pero que el día 7 de abril de 2022,
había radicado escrito de subsanación, en el cual se indicaba que el señor
Gutiérrez Olivero no contaba con los documentos solicitados en el literal b), es
decir, la constancia de notificación personal de la Resolución núm. 1832 del 23
de junio de 2021, acto administrativo demandado.
Manifestó que en el escrito de subsanación aportado el 7 de abril de 2022, se
explicó que los documentos requeridos, se habían solicitado al Comando de la
Personal del Ejército Nacional y que con el escrito de subsanación se había
enviado prueba de la gestión realizada y que una vez fueran expedidos se
enviarían al correo del juzgado.
(…)
Para resolver el recurso de apelación, se analiza lo siguiente:
El despacho de primera instancia, mediante providencia del 24 de marzo de
2022, inadmitió la demanda y ordenó al apoderado de la parte demandante que
subsanara los siguientes tres requisitos: i) Que aportara poder en el cual se
individualizaran expresamente los actos administrativos demandados y en el
cual se relacionaran las pretensiones de la demanda; ii) Que se allegara la
constancia de notificación personal del acto administrativo demandado, esto
es, de la Resolución núm. 1832 del 23 de junio de 2021; y, iii) Que en los
términos del numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por
el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021, acreditara que se envió simultáneamente
la demanda y los anexos a la entidad demandada.
El apoderado de la parte demandante el 7 de abril de 2022, esto es, dentro del
término legal conferido, aportó un escrito en el cual manifestó que subsanaba
los requisitos exigidos en el auto inadmisorio y allegó el poder en el cual se
identifica el acto administrativo demandado, es decir, la Resolución núm. 1832
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Accionante: Hernán Javier Gutiérrez Oliveros
de 2021; además, aportó la notificación de la demanda a la Procuraduría
General de la Nación y a la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado,
pero frente a este requisito no allegó constancia del envío de la demanda y sus
anexos a la Nación - Ministerio de Defensa Ejército Nacional, asunto por el cual
se considera que no se cumplió con el requisito del numeral 8 del artículo 162
de la Ley 1437 de 2011.
De otro lado, en el mismo escrito se observa que el apoderado señaló que su
poderdante no contaba con las constancias de notificación de la Resolución
núm. 1832 del 23 de junio de 2021 y que, por esta razón, el 29 de marzo de
2022 presentó petición en la cual solicitó dicho documento.
Por este último aspecto, considera la Sala que el requisito de aportar como
anexo el acto administrativo demandado con la constancia de notificación,
tampoco fue cumplido, porque la falta de oportunidad en aportar dicho
documento es atribuible a la parte actora, toda vez que al momento de
presentarse la demanda, ni siquiera se había solicitado la referida constancia
de notificación, punto sobre el cual debe indicarse que la fecha de notificación
es relevante en el estudio de la caducidad y, por ende, se debe aportar desde
la presentación de la demanda.
En este sentido, se precisa que, si bien es cierto el 26 de abril de 2022 el
apoderado de la parte actora, radicó escrito por medio del cual aportó la
certificación de la fecha en la cual se notificó el acto administrativo
demandado, esta no es una razón para revocar la decisión de rechazo de
la demanda, porque los requisitos no fueron subsanados en el término
legal conferido y, tampoco, se demostró una situación que justificara
dicho incumplimiento, como haber presentado la petición desde antes de
radicarse la demanda o un posible silencio por parte de entidad
demandada […]”. (Negrilla fuera del texto)
33. En ese orden de ideas, la Sala considera que la aplicación que hizo el Tribunal
Administrativo de Antioquia de los artículos 169 y 170 de la Ley 1437 de 2011 no
constituyen un exceso de ritual manifiesto porque se encuentra acreditado que el
accionante no subsanó en la oportunidad legal todos los puntos por los que fue
inadmitida su demanda. Asimismo, se destaca que las normas procesales referidas,
que regulan lo concerniente al rechazo y subsanación de la demanda, establecen
términos perentorios y preclusivos. De allí que era una obligación del actor allegar
el escrito de subsanación dentro de los 10 concedidos en el auto inadmisorio.
34. Aunque el actor refiere que le era imposible allegar en el término procesal las
constancias de notificación del acto enjuiciado, la Sala considera que dicha
imposibilidad no se encuentra acreditada. En este punto, se observa que al
momento de radicarse la demanda el hoy accionante no contaba con todos los
anexos exigidos por las normas procesales; motivo por el cual solicitó la expedición
de la constancia de notificación de la resolución demandada cuando fue notificado
de la inadmisión.
35. Es por lo anterior que la Sala considera que la aplicación de las citadas normas
procesales no constituye un exceso de ritual manifiesto, en tanto que no se
encuentra acreditado un motivo razonable que justifique la omisión del actor de
subsanar en término la demanda.
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Accionante: Hernán Javier Gutiérrez Oliveros
36. En ese orden de ideas, y comoquiera que la Sala no encuentra acreditada la
configuración del defecto procedimental absoluto, se confirmará el fallo impugnado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de agosto de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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