Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03933-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03933-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03933-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03933-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: RICHARD GÓMEZ VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su
estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ – No se cumple en este
caso, dado que se instauró la acción de tutela más de siete meses después de haberse
notificado el auto que resolvió el recurso de súplica interpuesto contra la providencia que
declaró la falta de competencia; además, los recursos improcedentes no tienen la
virtualidad de ampliar el plazo de 6 meses considerado como razonable para la
interposición de la acción de tutela.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Richard Gómez Vargas
contra el Tribunal Administrativo de Caldas.
I. ANTECE DENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 24 de julio de la presente anualidad 1, el señor Richard Gómez Vargas interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con
ocasión del auto del 7 de octubre de 2022, notificado el 10 de octubre siguiente,
dictado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
17001233300020220021000. Formuló la siguiente pretensión (se transcribe
textualmente):
Solicito respetuosamente honorables magistrados del Consejo de Estado que
1 Se advierte que, el 9 de agosto de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
se proteja el debido proceso art 29 y el derecho de igualdad ante la ley a que
se apliquen las mismas normas aplicadas sobre competencia en casos
similares al aquí, RADICADO:17001233300020220021000.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y de los documentos aportados, la Sala extrae los
siguientes hechos jurídicamente relevantes:
El 1º de septiembre de 2022, el señor Richard Gómez Vargas presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Asamblea
Departamental de Caldas, cuya pretensión principal consistió en la declaratoria de
ilegalidad de las Resoluciones 0477 del 18 de abril de 2022 y 0502 del 6 de mayo
de 2022, mediante las cuales fue excluido de la convocatoria para la elección de
contralor departamental de Caldas, por considerar que no había acreditado el
ejercicio de funciones públicas por un periodo mínimo de dos años.
A juicio del actor, el artículo 6 del Acto Legislativo 04 de 2019 dispone que la
Contraloría General de la República es la autoridad competente para desarrollar
los términos generales para el proceso de convocatoria pública de selección de los
contralores departamentales, municipales y distritales; sin embargo, la entonces
demandada impuso unos requisitos adicionales que fueron determinantes para su
exclusión de la convocatoria.
El demandante estimó la cuantía en $683.809.488, en consideración a los
emolumentos que hubiera podido percibir de haber sido elegido contralor
departamental de Caldas durante el periodo de cuatro años.
El 7 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró falta de
competencia y ordenó enviar el expediente a los Juzgados Administrativos de
Manizales, con fundamento en que la cuantía del proceso equivalía a $ 0 (cero
pesos), pues, aunque el asunto tenía un restablecimiento económico, este no se
había causado al momento de la presentación de la demanda.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, al proferir la providencia del 7 de
octubre de 2022, porque, en su criterio, desconoce el precedente jurisprudencial,
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
la consistencia con otras decisiones adoptadas por la misma, la seguridad jurídica
y la coherencia que del sistema jurídico.
Señaló que el Tribunal Administrativo de Caldas, mediante autos del 21 de abril y
del 5 de octubre de 2022, admitió la demanda y asumió su conocimiento en dos
asuntos que coinciden con la que él presentó, en lo relativo a la acción
interpuesta, al extremo pasivo de la litis y al objeto; sin embargo, sólo la suya fue
rechazada por falta de competencia.
Adujo que, de acuerdo con el concepto de precedente horizontal, los jueces están
en la obligación de respetar las fórmulas de juicio aplicadas en decisiones previas
para resolver situaciones fáctica y jurídicamente similares, en aras de garantizar la
igualdad, la seguridad jurídica, la buena fe y la confianza legítima en la
administración de justicia. De ahí que, a su juicio, la demandada incurrió en una
«vía de hecho» por desconocimiento de su propio precedente.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 24 de julio de 2023, el despacho sustanciador admitió la
presente acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Caldas, en calidad de parte demandada, y, en calidad de
tercero con interés, al presidente de la Asamblea Departamental de Caldas.
También dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.1. El Tribunal Administrativo de Caldas solicitó que «se estudie una supuesta
temeridad, en caso de que no proceda, de fondo nos oponemos al amparo
invocado; y pedimos se rechace por improcedente y/ o en subsidio, se niegue de
fondo por no existir vulneración esgrimida y se le desvincule de la misma».
2.2. La Asamblea Departamental de Caldas solicitó se declarara la improcedencia
de la acción de tutela, en tanto que no cumple con el requisito de subsidiariedad
porque existían otros mecanismos y recursos ordinarios para controvertir el auto
acusado.
2.3 Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si se presentó duplicidad de acciones de
tutela, al punto de configurarse la cosa juzgada constitucional o la temeridad. De
darse una respuesta positiva, habrá de declararse su existencia, con la
consecuente improcedencia de la solicitud de amparo. En caso contrario, y sólo en
el evento en que se cumplan todos los requisitos generales de procedibilidad
exigidos por la jurisprudencia constitucional, se analizará si le asiste razón al
accionante y deben ampararse los derechos fundamentales que estimó
vulnerados con la providencia dictada el 7 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Caldas.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la temeridad y la cosa juzgada en materia de tutela
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 determina que se incurrirá en una
conducta temeraria «cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción
de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes».
La Corte Constitucional, en sentencia SU-168 de 2017, precisó que la temeridad
se configura cuando concurren los siguientes elementos: a) identidad de partes, b)
identidad de hechos, c) identidad de pretensiones y d) la ausencia de justificación
en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala
fe por parte del libelista. Sobre la configuración del último de los elementos
enunciados, manifestó:
El último de los elementos mencionados se presenta cuando la actuación del
actor resulta amañada, denota el propósito desleal de obtener la satisfacción
del interés individual a toda costa, deja al descubierto el abuso del derecho
porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o
pretende a través de personas inescrupulosas asaltar la buena fe de quien
administra justicia.
9. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aún existiendo
dicha multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de
tutela se funda en: (i) la ignorancia del accionante; (ji) el asesoramiento errado
de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un estado de
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho. En
estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente, la actuación
no se considera 'temeraria' y, por ende, no conduce a la imposición de una
sanción en contra del demandante2.
La Corte Constitucional también ha sostenido que bien puede configurarse la cosa
juzgada, pero no la temeridad, cuando de buena fe se interpone una segunda
tutela, «debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el
fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la
demanda de la existencia previa de un recurso de amparo»3. Desprovisto de la
mala fe propia de la temeridad, el fenómeno de la cosa juzgada se presenta
cuando concurren los siguientes elementos: (i) que en el nuevo proceso exista
identidad jurídica de partes; (ii) que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto,
o sea, sobre las mismas pretensiones; (iii) que el nuevo proceso se adelante por la
misma causa que originó el anterior, es decir, por los mismos hechos , y (iv) que en
el proceso de tutela anterior se hubiera surtido el trámite de selección ante la
Corte Constitucional 4.
En suma, la temeridad se relaciona con la cosa juzgada constitucional en cuanto
comparten los mismos elementos objetivos, esto es, requieren que se hayan
presentado varias acciones de tutela por la misma persona, con fundamento en
los mismos hechos y por iguales razones, pero la temeridad necesita que se
constate que quien ha acudido ante los jueces constitucionales, lo hace de mala
fe, en forma abusiva o con el propósito de obtener a toda costa un
pronunciamiento favorable de los jueces, de suerte que, deliberadamente, somete
su cuestión al escrutinio de varios jueces para propiciar una decisión acorde a sus
intereses.
La Corte Constitucional ha señalado que, aunque objetivamente se adviertan los
requisitos de la temeridad, existen circunstancias que impiden que se configure o
que sea declarada por el juez:
Con todo, se configurará la temeridad solo cuando concurran los siguientes
elementos: (i) identidad fáctica con otra acción de tutela; (ii) identidad de
demandante y de accionado; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción[52]. Esta situación supone un
2 Sentencia SU -168 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
3 Sentencia
T-560 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Criterio reiterado en la
sentencia T-280 de 2017, M.P. (e) José Antonio Cepeda Amarís.
4 Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
desgaste al sistema judicial por capricho del accionante y por
desconocimiento del principio de buena fe. Con todo, la temeridad debe
ser plenamente acreditada y no puede ser inferida tras una simple revisión
formal de las acciones de tutela que llevan a suponer que se ha configurado
dicha conducta.
Si hay concurrencia de los elementos citados, el juez podrá, rechazar de
plano la tutela o decidir negativamente la petición, cuando advierta que la
actuación (i) envuelva una actuación amañada, en la que se reservan para
cada acción los argumentos o pruebas que convaliden las pretensiones; (ii)
denote un interés desleal de alcanzar un beneficio individual al perseguir una
interpretación judicial favorable; (iii) evidencie el abuso del derecho al actuar
abiertamente de mala fe; (iv) pretenda asaltar la buena fe de los
administradores de justicia.[53]
Con todo, a pesar de la posible concurrencia de los citados elementos que
dan estructura a la figura de la temeridad, debe verificarse las circunstancias
particulares del caso concreto, en especial cuando se pueda advertir alguna
de las siguientes circunstancias: (i) la condición del actor que lo coloca en
estado de ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los
individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los
profesionales del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que
aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se
omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la
necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante: y por
último (iv) se puede resaltar la posibilidad de interponer una nueva acción de
amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación,
cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha
sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión.[54]5
2.2. Estudio de la temeridad y de la cosa juzgada en el caso concreto
Cierto es que, de acuerdo con lo expuesto por la autoridad judicial demandada en
el escrito de contestación de la demanda, el señor Richard Gómez interpuso una
acción de tutela anterior en contra del Tribunal Administrativo de Caldas, a fin de
que se dejara sin efectos la providencia del 7 de octubre de 2022, proferida por
dicha corporación en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17001-23-33-000-2022-00210-00.
Revisado el expediente de la tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-06601-
00, se advierte que, en efecto, el 6 de julio de 2023, la Sección Quinta del Consejo
de Estado estudió y decidió en segunda instancia la acción de tutela interpuesta
por el demandante el 12 de diciembre de 2022, con identidad de partes y objeto,
5 Corte Constitucional, sentencia T-579 de 2017.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
que fue declarada improcedente por carencia del requisito de relevancia
constitucional.
Ahora bien, debe determinarse si en el caso en concreto la causa de la petición de
amparo objeto del presente pronunciamiento coincide con la de la acción de tutela
que ya fue materia de decisión judicial el pasado 6 de julio.
Esta Subsección ha establecido que arribar a la conclusión de que existe identidad
de causa entre dos acciones de tutela no puede limitarse a establecer la
equivalencia entre los fundamentos fácticos de las demandas, sino que, por el
contrario, debe determinarse que el elemento causa petendi está ligado a las
razones y argumentos que fundamentan la petición de amparo, es decir, el juez ha
de reparar, especialmente, en el contenido de los cargos 6.
Desde luego, la identidad de la causa petendi no se evade porque se c ambie la
denominación jurídica o la calificación de los cargos, sino porque de su contenido
y análisis se advierte la diferencia parcial o total de los reparos. En este caso,
existen elementos nuevos que no fueron alegados en la tutela inicial (2022-06601-
00), de suerte entonces que no puede tenerse por configurada la cosa juzgada ni
la temeridad —por depender ambas figuras de la referida triple identidad—frente a
la segunda acción. Veamos por qué.
Radicado 11001-03-15-000-2022-06601- 11001-03-15-000-2023-03933-00
00/01 (sub examine)
(estudiada y decidida por las
Secciones Cuarta y Quinta del
Consejo de Estado)
Cargos Defecto procedimental Desconocimiento del precedente
(causa absoluto: por exceso ritual horizontal: por declarase
petendi) manifiesto al exigir requisitos y incompetente para tramitar y decidir
formas excesivas para rechazar la demanda de nulidad y
la demanda con desconocimiento restablecimiento del derecho
del derecho sustancial. instaurada contra las resoluciones
que lo excluyeron de la convocatoria
para la elección de contralor
departamental de Caldas, a pesar de
que, en otros asuntos fáctica y
jurídicamente similares, sí asumió la
competencia, aunque después
rechazó la demanda.
6 Versentencia de tutela del 9 de agosto de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-00240-01, dte.:
Maurizio Papa.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
Defecto sustantivo: por falta de
conexidad material de las normas
aplicadas para la determinación
de la competencia e
interpretación errónea de las
mismas.
La Sala advierte que, al margen de la procedencia o no del cargo endilgado en
esta oportunidad al Tribunal Administrativo de Caldas, los argumentos aquí
esbozados respecto del supuesto desconocimiento del precedente horizontal no
fueron discutidos en el proceso de tutela 2022-06601-00/01, que fue definido por
la Sección Quinta de esta Corporación, en tanto que en este último el señor
Gómez Vargas alegó la configuración de los defectos procedimental absoluto y
sustantivo, con un enfoque distinto al de la presente acción de tutela, que, se
reitera, se fundamenta en la vulneración del derecho a la igualdad porque el
Tribunal accionado, en casos de contornos fácticos y jurídicamente similares,
asumió la competencia y no remitió el expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho a los juzgados administrativos, en consideración al factor cuantía.
De manera que, si bien en las dos peticiones de amparo concurren los
fundamentos de hecho, la pretensión y las partes, lo cierto es que la vulneración
que se alega y el cargo esgrimido en esta oportunidad difieren sustancialmente de
los esbozados en la primera demanda de tutela.
Por tanto, al quedar descartada la configuración de la temeridad y la cosa juzgada,
corresponde a la Sala examinar si la acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedibilidad. Sólo en el evento de que se cumplan, se analizará el
fondo del asunto.
2.3. Requisitos generales de procedibilidad
2.3.1. De la inmediatez
El requisito de la inmediatez protege los derechos de terceros «que pueden ser
vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable» 7 ; da vigencia al
principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor
7 Corte Constitucional. Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006,
T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
que atente contra ella8; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este
mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en
la agencia de los derechos» 9.
En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente» 10.
Para esta Subsección 11 , se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se
conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión, en los
casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo
sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o,
incluso, una solicitud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente
improcedentes, pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas
solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de
tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de
cuestionamiento.
2.3.2. Estudio de la inmediatez en el caso concreto
Como se vio, el 7 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró
falta de competencia para conocer y decidir la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por el señor Richard Gómez Vargas
8 Corte Constitucional. Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006,
T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009,
T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005,
T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009,
entre otras.
10 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
contra las resoluciones de la Asamblea Departamental de Caldas que lo
excluyeron de la convocatoria para la elección del contralor departamental, al
tiempo que ordenó que se enviara el expediente a los Juzgados Administrativos de
Manizales, con fundamento en que la cuantía del proceso equivalía a $ 0 (cero
pesos), pues, aunque el asunto tenía un restablecimiento económico, este no se
había causado al momento de la presentación de la demanda.
Y aunque esa es la decisión objeto de la presente acción de tutela, su notificación
no puede tenerse como punto de partida para contabilizar el término de
inmediatez, por cuanto fue objeto de tres diferentes solicitudes y/o recursos, el
último de los cuales resultó abiertamente improcedente.
En efecto, el 12 de octubre de 2022, el demandante solicitó aclaración del auto
que declaró falta de competencia y ordenó remitir a los Juzgados Administrativos
de Manizales, petición que fue negada mediante auto del 31 de octubre de 2022.
Tan pronto se resolvió la solicitud de aclaración, el 3 de noviembre siguiente, el
aquí accionante interpuso recurso de súplica en contra del auto del 7 de octubre
de la misma anualidad, que fue despachado desfavorablemente por auto del 2 de
diciembre de 2022, notificado el 6 del mismo mes y año.
Posteriormente, mediante auto del 14 de diciembre de 2022, la autoridad judicial
accionada ordenó la remisión del expediente a la oficina de reparto de los
juzgados administrativos de Manizales. Contra la anterior decisión, el accionante
interpuso recurso de apelación, que fue rechazado por improcedente el 23 enero
del año en curso.
Esta Subsección ha sostenido que los recursos improcedentes no tienen la
virtualidad de ampliar el plazo considerado como razonable para la interposición
de la acción de tutela 12 y, de conformidad con lo señalado en el artículo 243A de la
Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021, contra
las providencias que deciden los recursos de apelación, queja y súplica no
procede ningún recurso, y así lo decidió la autoridad accionada mediante auto
calendado el 23 de enero de los corrientes.
12 Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de abril de 2019, expediente 2019-00805-00, entre otras.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
Así las cosas, la Sala estima razonable contar el término de inmediatez a partir de
la notificación del auto que resolvió el recurso de súplica interpuesto contra la
providencia del 7 de octubre de 2022, es decir, desde el 6 de diciembre de 2022.
En ese sentido, como la solicitud de amparo se radicó el 24 de julio de 2023, esto
es, más de 7 meses después de la notificación de la referida providencia, es claro
que no cumple el requisito de inmediatez.
Ahora, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, debe advertirse que no
está acreditado en el expediente: (i) que el accionante pertenezca a un grupo
vulnerable y que en razón de esa situación le hubiese sido imposible acudir con
antelación al juez de tutela, (ii) la existencia de especiales circunstancias que
impidieran acudir al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) la
vulnerabilidad económica, (v) la afectación de derechos de terceros y, por último,
(vi) no se advierte diligencia en la presentación de la solicitud de amparo por parte
del accionante, ni que (vii) la presente acción de tutela represente una seria
afectación a la seguridad jurídica.
Así pues, la carga de acudir oportunamente al juez constitucional no resulta
desproporcionada, ya que en el proceso no está acreditado que la parte
accionante se encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la
acción de tutela, máxime si se tiene en cuenta que esta no requiere de
formalidades para su presentación y que el accionante ostenta la calidad de
abogado.
En conclusión, la Sala encuentra que la tutela no cumple el requisito de
inmediatez, razón por la cual se declarará improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por Richard Gómez
Vargas, por incumplimiento del requisito de inmediatez, de conformidad con lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03933-00
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Sentencia de tutela de primera instancia
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.