República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03933-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
12 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., doce (12) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2023 03933 01
Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Temas: Tutela contra auto interlocutorio / Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / Incumplimiento del requisito de
inmediatez
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación formulada por el accionante contra la sentencia del 4
de septiembre de 2023 mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A declaró improcedente el amparo reclamado.
1. La acción de tutela
El señor Richard Gómez Vargas promueve acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Caldas, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la igualdad.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, impetra:
Solicito respetuosamente honorables magistrados del Consejo de Estado que se proteja
el debido proceso art 29 y el derecho de igualdad ante la ley a que se apliquen las
mismas normas aplicadas sobre competencia en casos similares al aquí,
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 03933 01
Demandante: Richard Gómez Vargas
radicado:17001233300020220021000. (transcripción literal)
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:
i) El 1.º de septiembre de 2022, el señor Richard Gómez Vargas presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Asamblea Departamental de
Caldas, cuya pretensión principal era obtener la declaratoria de ilegalidad de las
Resoluciones 0477 del 18 de abril y 0502 del 6 de mayo de 2022, mediante las cuales
fue excluido de la convocatoria para la elección de contralor departamental de Caldas,
por considerar que no había acreditado el ejercicio de funciones públicas por un
periodo mínimo de dos años. Estimó como perjuicios la cuantía de $683.809.488, en
consideración a los emolumentos que hubiera podido percibir de haber sido elegido
contralor durante el periodo de cuatro años.
ii) De conformidad con el artículo 6.° del Acto Legislativo 04 de 2019 la Contraloría
General de la República es la autoridad competente para desarrollar los términos
generales del proceso de convocatoria pública de selección de los contralores
departamentales, municipales y distritales; sin embargo, las entidades demandadas
impusieron unos requisitos adicionales que fueron determinantes para su exclusión de
la convocatoria.
iii) El 7 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas se declaró
incompetente para conocer de la demanda interpuesta por el señor Gómez Vargas y
ordenó enviar el expediente a los Juzgados Administrativos de Manizales en
consideración a que la cuantía del proceso equivalía a $ 0 (cero pesos) toda vez que
el restablecimiento económico solicitado no se había causado al momento de la
presentación de la demanda.
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
i) La actuación adelantada por el Tribunal Administrativo de Caldas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 17001 23
33 000 2022 00210 00 es violatoria del precedente contenido en la Sentencia SU-047
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Demandante: Richard Gómez Vargas
de 1999, en cuanto señala que el juez debe ser consistente y coherente en sus
decisiones previas con el fin de asegurar el principio de seguridad jurídica, pues a su
juicio, no consulta la justicia el hecho de que casos iguales sean resueltos de manera
diferente.
Al efecto, señaló que se radicaron tres demandas en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Asamblea Departamental de Caldas,
-entre ellas la formulada por el mismo, identificada con el número 17001 23 33 000
2022 00210 00-, a las que el Tribunal Administrativo de Caldas les impartió el siguiente
trámite:
Demanda con radicado Demanda con radicado Demanda con radicado
17001 23 33 000 2022 00027 00 17001 23 33 000 2022 00158 00 17001 23 33 006 2022 00210 00
Demanda de nulidad y Demanda de nulidad y Demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho restablecimiento del derecho restablecimiento del derecho
radicada por Santiago Botero radicada por José Manuel radicada por Richard Gómez
Niño contra la Asamblea Castellanos Correa contra la Vargas contra la Asamblea
Departamental de Caldas Asamblea Departamental de Departamental de Caldas
Caldas
Radicó la demanda el 9 de Radicó la demanda el 5 de julio Radicó la demanda el 1.° de
marzo de 2022 de 2022 septiembre de 2022
El 21 de abril de 2022, el El 5 de octubre de 2022, el El 7 de octubre de 2022, el
Tribunal Administrativo de Tribunal Administrativo de Tribunal Administrativo de
Caldas, a través de auto Caldas, mediante auto Caldas rechazó la demanda
interlocutorio 117 admitió la interlocutorio 194 admitió la por falta de competencia ya que
demanda. demanda. la cuantía la estimó en cero.
El 8 de febrero de 2023 este
proceso fue acumulado al
radicado 17001 23 33 000 2022
00027 00
ii) No obstante ser las tres demandas sustancialmente similares, la presentada por él
bajo el número de radicado 17001 23 33 000 2022 00210 00 fue rechazada por falta
de competencia, en tanto las otras dos surtieron su trámite normal.
1.4. Actuación procesal
Por auto del 24 de julio de 2023, se admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar
como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas y, como
terceros interesados, al presidente de la Asamblea Departamental de Caldas, quienes
actuaron como demandados en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
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derecho con radicado 17001 23 33 000 2022 00210 00, para que dentro del término
de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.5. Intervenciones
1.5.1. El presidente de la Asamblea Departamental de Caldas, Andrés Fernando
Chaparro Echeverry, solicitó declarar la improcedencia del amparo reclamado en tanto
no cumple con el requisito de subsidiariedad porque en su caso existían otros
mecanismos y recursos para controvertir el auto proferido por el Tribunal
Administrativo de Caldas.
1.5.2. El magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas,1 Carlos Manuel Zapata
Jaimes, pidió efectuar el estudio de una posible temeridad en la interposición de la
acción de tutela, y, en caso de que no proceda, declararla improcedente.
1.6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en sentencia del 4 de
septiembre de 2023, descartó la configuración de la temeridad y de la cosa juzgada en
la interposición de la acción de tutela y declaró improcedente el amparo solicitado, al
encontrar incumplido el requisito de inmediatez. Al efecto señaló:
i) El 7 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró la falta de
competencia para decidir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 17001 23 33 000 2022 00210 00, instaurada por el señor Richard Gómez
Vargas con fundamento en que la cuantía del proceso equivalía a cero ($0 cero pesos)
pues, aunque el asunto contemplaba un restablecimiento económico, este no se había
causado al momento de la presentación de la demanda.
ii) El 12 de octubre de 2022, el señor Gómez Vargas solicitó aclaración del auto que
declaró la falta de competencia, petición negada mediante auto de 31 de octubre de
2022.
1 Expediente digital de tutela.
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Demandante: Richard Gómez Vargas
iii) El 3 de noviembre de 2022, el accionante interpuso recurso de súplica contra la
providencia proferida el 7 de octubre de 2022, despachada desfavorablemente por
auto del 2 de diciembre de 2022, notificado el 6 del mismo mes y año.
iv) El 14 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó la remisión
del expediente con radicado 17001 23 33 000 2022 00210 00 a los juzgados
administrativos de Manizales -reparto-, decisión contra la cual el señor Richard Gómez
intentó el recurso de apelación, rechazado el 23 de enero de 2023 por improcedente.
Luego del anterior recuento aclaró que esa Subsección de manera pacífica ha
sostenido que los recursos improcedentes no tienen la virtualidad de ampliar el plazo
del requisito de inmediatez y, de conformidad con lo señalado en el artículo 243A de
la Ley 1437 de 2011 -modificado por el artículo 63 de la Ley 2080 de 2021- no son
susceptibles de impugnación las providencias que deciden los recursos de apelación,
de queja y súplica, tal como lo decidió la autoridad accionada mediante auto calendado
el 23 de enero de los corrientes.
Conforme lo expuesto, estimó razonable contar el término de inmediatez a partir de la
notificación del auto que resolvió el recurso de súplica interpuesto contra la providencia
del 7 de octubre de 2022, es decir, desde el 6 de diciembre de 2022. En ese sentido,
señaló que como la solicitud de amparo se radicó el 24 de julio de 2023, esto es, más
de 7 meses después de la notificación de la referida providencia, resulta claro que no
se cumplió el mencionado requisito y, además, no se acreditó que la parte accionante
se encontrara en una situación especial que le impidiera ejercer la acción de tutela
oportunamente.
1.7. Impugnación
Reiteró que de conformidad con el numeral 22 del artículo 152 del CPACA, el Tribunal
Administrativo de Caldas es competente para conocer del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho por él interpuesto, dado que no es viable sin
razonamiento lógico y jurídico alguno, declarar que la cuantía estimada en su demanda
era de cero.
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ii) Solicitó tener en cuenta las decisiones de tutela contenidas en los expedientes con
radicados 11001 03 15 000 2022 06715 00 de la Sección Tercera, Subsección C2 y
11001 03 15 000 2023 00621 00 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,3 con el
objeto de contabilizar los términos y derruir el argumento del juez a quo de tutela aceda
del incumplimiento del requisito de inmediatez.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el presente asunto de acuerdo con el numeral
5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 333
de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo
superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si el medio de amparo de la referencia cumple con
los requisitos mínimos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, en cuyo caso, se determinará si el Tribunal Administrativo de Caldas
quebrantó los derechos fundamentales invocados por el accionante al proferir el auto
del 7 de octubre de 2022 por medio del cual declaró la falta de competencia para
conocer la demanda y ordenó el envío del expediente a los juzgados administrativos
de Manizales que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado por el señor Richard Gómez Vargas contra la Asamblea
Departamental de Caldas y ordenó el envío del expediente a los juzgados
administrativos de Manizales.
2 Acción de tutela interpuesta por el señor Richard Gómez Vargas contra el Tribunal Administrativo de Caldas alegó
la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al incurrir
esa corporación en un defecto procedimental al aplicar el artículo 112 del CPACA. El 24 de febrero de 2023, la
Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado la declaró improcedente.
3 Acción de tutela interpuesta por el señor Richard Gómez Vargas contra la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia que estimó lesionados con la providencia del 26 de enero de 2023. El 9 de marzo de 2023, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, denegó el amparo reclamado.
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2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.4.1. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional4 el concepto de providencia judicial
comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades
judiciales.
En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte Constitucional
ha señalado que éstos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los
recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, a excepción de
que en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros
medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no será procedente
cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte
afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii)
a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los
derechos afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es
urgente para evitar un perjuicio irremediable.5
En todo caso, para que proceda, deberán reunirse los «requisitos generales de
procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de
procedibilidad» del amparo de tutela fijados por la Corte Constitucional.
2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia
Conforme a la Sentencia SU-157 de 2022, es indispensable verificar que la acción de
tutela no sea utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales
ordinarias, parámetro conforme al cual el caso objeto de estudio reviste suficiente
relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración
4 Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.
5 Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
Se cumple con el requisito de subsidiariedad, dado que la decisión cuestionada hace
referencia a un auto de trámite dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho
En cuanto al requisito de inmediatez, este NO se cumple, como pasará a explicarse
en el acápite correspondiente.
2.3.4. Del requisito de la inmediatez
Si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término de
caducidad, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en señalar que, dado el
carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, esta
debe interponerse dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento
generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales en aras
de proteger derechos de terceros, impedir que el amparo se convierta en un factor de
inseguridad jurídica, y evitar su uso como herramienta supletoria de la negligencia en
la agencia de derechos, pues todo ello desnaturalizaría la finalidad de la acción.6
Sin embargo, la Corte también ha señalado que la razonabilidad del plazo debe
determinarse de conformidad con los hechos de cada caso concreto, por lo que a
modo de desarrollo jurisprudencial ha identificado tres excepciones que justifican el
transcurso de un lapso prolongado entre la vulneración del derecho y la interposición
de la acción:
i) Ante la existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por ejemplo,
la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o imposibilidad
del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia de un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas, entre otras.
ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
6 La Sentencia T-187 de 2012 presenta la línea jurisprudencial al respecto.
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que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.
iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que ‘el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.7
En ese sentido, el examen de la inmediatez no puede reducirse a verificar el paso del
tiempo entre el hecho generador de la vulneración de un derecho fundamental y la
interposición de la demanda de tutela, sino que, además, debe comprender la
valoración de la razonabilidad del plazo, la cual ha de estar sujeta a los hechos que
configuran el caso concreto y a los criterios establecidos por la Corte Constitucional
en la citada jurisprudencia.
2.4. Hechos probados
De conformidad con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 1.° de septiembre de 2022, el señor Richard Gómez Vargas radicó el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Asamblea
Departamental de Caldas con la finalidad de que se declarara la nulidad de unos actos
administrativos emitidos dentro de la convocatoria pública para la elección del
Contralor General del Departamento de Caldas, la Resolución 0477 del 18 de abril de
2022, por medio de la cual se publicó el resultado preliminar de la valoración de
antecedentes, y la Resolución 0502 del 6 de mayo de 2022, a través de la cual se
publicó el resultado definitivo de la valoración de antecedentes, y, en consecuencia,
se restablecieran sus derechos y se condenara a la demandada a pagar en calidad de
lucro cesante la suma de $683.809.488, equivalente a los emolumentos
correspondientes al contralo por el período de 4 años, así como los daños morales.8
2.4.2. El 7 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró la falta de
competencia para conocer de la demanda radicada por el señor Richard Gómez
7
Corte Constitucional, sentencias T-433 de 2016, T-584 de 2011, T-1028 de 2010, T-792 de 2007 y, T-158 de 2006, entre
otras.
8 02Demanda16F.pdf Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Vargas, por lo que ordenó remitir el expediente a los juzgados administrativos de
Manizales -reparto-, como sustento de su decisión argumentó:9
Como se informó, con esta demanda se pretende se declare la nulidad de los actos
administrativos proferidos dentro de la convocatoria pública para la elección del Contralor
General del departamento de Caldas, mediante los cuales se determinó que el
accionante no cumplía los requisitos mínimos para desempeñar el mencionado cargo.
En consonancia con lo anterior, la parte actora determinó la cuantía del proceso en la
suma de $683.809.488, que afirmó corresponde al lucro cesante, es decir, a la cantidad
de dinero correspondiente a los salarios que percibiría en caso de ser elegido como
contralor departamental.
En asuntos como el presente, el Consejo de Estado ha determinado que los mismos no
se pueden calificar como si no tuviera cuantía, ya que traen implícito un valor económico,
que sería la aspiración salarial a percibir en caso de llegar a ocupar ese cargo para el
cual se concursa; y aclara que la cuantía no se puede establecer por el valor monetario
correspondiente a esos salarios, como lo hizo la parte actora, ya que estos no se han
causado al momento de presentación de la demanda. Así las cosas, la cuantía debe
tasarse en la suma de $0.oo (cero pesos) para de esta manera acatarse lo establecido
en el artículo 157 del CPACA, esto es, que la cuantía se determinará por el valor de las
pretensiones al tiempo de la demanda.
A modo de ejemplo, se cita providencia del Máximo Tribunal Administrativo del 25 de
julio de 2022, emitida dentro del proceso con radicado 11001-03-25-000-2022 00371-00
(3449-2022)
[…]
La anterior posición, que acoge este despacho, permite inferir que la cuantía de este
proceso es de $0.oo (cero pesos), ya que, aunque puede advertirse un restablecimiento
económico, el mismo no se ha causado al momento de presentación de la demanda,
como ya se mencionó.
El artículo 155 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 30 de la Ley 2080 de
2022, dispone que los Juzgados Administrativos conocerán en primera instancia de los
siguientes procesos:
[…]
De acuerdo a lo anterior, este proceso es una nulidad y restablecimiento del derecho
contra un acto administrativo emitido por una entidad del orden departamental, cuya
cuantía es inferior a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que al tenor
del numeral 3 de la norma reproducida, la competencia radica en primera instancia en
los Juzgados Administrativos del Circuito; por lo que se ordenará remitir el expediente a
la Oficina Judicial para que este sea repartido entre estos, como un asunto de su
competencia.
9 08AutoDeclaraFaltaCompetencia6F.pdf Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho
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2.4.3. El 12 de octubre de 2022, el señor Richard Gómez radicó solicitud de aclaración
contra la anterior providencia.10
2.4.4. El 31 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas negó tal solicitud
al evidenciar que el análisis que realizó el auto que declaró la falta de competencia en
torno a la cuantía del proceso, explicó que así el actor hubiera calculado la cuantía del
proceso en la suma de $683.809.488, en asuntos como este, ella se considera en la
cantidad de $0 (cero pesos), lo cual, además, se fundamentó en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, todo lo cual permite advertir la consonancia entre la parte motiva
y resolutiva del auto.11
2.4.5. El 3 de noviembre de 2022, el señor Gómez Vargas de conformidad con el
artículo 246 del CPACA radicó recurso de súplica contra el auto interlocutorio del 7 de
octubre de igual anualidad.12
2.4.6. El 2 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas al resolver el
recurso de súplica, confirmó el auto que declaró la falta de competencia y ordenó
remitir el expediente a los juzgados administrativos de Manizales, 13 decisión notificada
el 6 de igual mes y año al señor Richard Gómez.14
2.4.7. El 14 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó remitir
la demanda impetrada por el señor Gómez Vargas a los juzgados administrativos de
Manizales, decisión contra la cual el 19 de diciembre de 2022 interpuso el recurso de
apelación, rechazado por improcedente el 23 de enero de 2023.15
2.4.8. El 30 de enero de 2023, ante el Juzgado Quinto Administrativo de Manizales fue
radicado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por el
10 10SolicitudAclaracion09F.pdf Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
11 12NiegaSolicitudAclaracionAuto5F.pdf Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
12 14RecursoSuplica00F.pdf Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
13 02AutoSustanciacion.pdf Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
14
03ConstanciaNotificacionEstado.pdf Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
15 23AutoOrdenaRemitirExpediente1F.pdf Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 03933 01
Demandante: Richard Gómez Vargas
señor Richard Gómez Vargas, asignándole el número 17001 33 39 005 2023 00031
00.16
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
En el presente caso el señor Richard Gómez Vargas interpuso acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Caldas por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad derivada de la providencia proferida
el 7 de octubre de 2022, por la cual resolvió declarar la falta de competencia en razón
de la cuantía para conocer del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado por el accionante contra la Asamblea Departamental de Caldas y
ordenó su remisión a los juzgados administrativos de Manizales -reparto-.
Realizado el examen de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales,17 se reitera que la Sala encuentra insatisfecho el
requisito de inmediatez.18
En efecto, examinada la providencia obrante en el expediente digital original del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se observa que la decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas de declarar la falta de competencia en razón de la
cuantía fue proferida el día 7 de octubre de 2022, contra dicha decisión el señor
Gómez Vargas interpuso solicitud de aclaración -12 de octubre de 2022- y resuelta de
forma negativa el 31 de igual mes y año, posteriormente el actor radicó recurso de
súplica contra la decisión del 7 de octubre, denegado por el Tribunal el 2 de diciembre
de 2022, actuación notificada por estado el 6 de igual mes y año al accionante.
Valga resaltar, como lo hizo el juez a quo de tutela, que el término razonable para
contabilizar el término de inmediatez se contabiliza a partir de la notificación del auto
que resolvió el recurso de súplica interpuesto contra la providencia del 7 de octubre
de 2022, es decir, desde el 6 de diciembre de 2022, lo anterior al advertir la Sala que
16 31ActaRepartoJuzgado05Administrativo.pdf Expediente digital original de nulidad y restablecimiento del derecho.
17 Al respecto, ver la sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005, entre otras.
18
Consejo de Estado. SU de 5 de agosto de 2014. «[L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción
de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 03933 01
Demandante: Richard Gómez Vargas
si bien con posterioridad a esa fecha el señor Richard Gómez interpuso recurso de
apelación, lo hizo contra el auto del 15 de diciembre de 2022 que ordenó la remisión
del expediente electrónico a la Oficina Judicial de Manizales para su reparto a los
juzgados administrativos del Circuito de Manizales.
Conforme lo expuesto, es a partir del 6 de diciembre de 2022 que inicia la fecha de
contabilización del término de inmediatez, pues ese día fue notificada la última
actuación, esto es, la que resolvió el recurso de súplica contra el auto proferido el 7
de octubre de 2022, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Caldas resolvió
declarar su falta de competencia para conocer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado por el señor Richard Gómez Vargas en razón
de la cuantía.
Así las cosas, efectuada la notificación por el Tribunal al accionante el 6 de diciembre
de 2022, del auto que resolvió el recurso de súplica, éste cobró ejecutoria el 15 de
diciembre de 2022, por lo que de conformidad con el principio de inmediatez, el
término para interponer la acción de tutela vencía el día 6 de junio de 2023; sin
embargo, la acción de la referencia fue radicada el día 24 de julio de 2023,19 lapso
que claramente supera el término prudencial de seis meses establecido por la
jurisprudencia para la presentación del amparo contra providencias judiciales.
En estas condiciones, de conformidad con el principio de inmediatez, el lapso para
instaurar la acción de tutela claramente supera el término prudencial de seis meses
establecido por la jurisprudencia para la presentación del amparo contra providencias
judiciales. Por lo tanto, el accionante desconoció «el término válido y razonable» que
toda acción de tutela debe cumplir como requisito previo para proceder con su estudio
de fondo, el cual no busca otra cosa que garantizar la eficacia de la protección
invocada y evitar satisfacer las pretensiones de aquellos que, por su inactividad,
acudieron a solicitar el amparo constitucional de manera inoportuna.
Como el criterio expuesto no significa que el juez de tutela esté facultado para
considerar incumplido el requisito de inmediatez por el simple paso del tiempo, la Sala
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Demandante: Richard Gómez Vargas
parte entonces del supuesto señalado jurisprudencialmente de examinar las
circunstancias específicas de cada caso concreto, a fin de determinar si la tardanza
en la interposición del amparo estuvo justificada por una causa válida que hubiera
imposibilitado su presentación en un límite razonable.
Así, en aras de determinar que no existe una tardanza injustificada o irrazonable al
momento de acudir a la acción de tutela, en la Sentencia T-253 de 2015, la Corte
Constitucional evaluó dicho período a partir de las siguientes reglas:
“[…] (i) [Ante] La existencia de razones válidas para la inactividad, como podría ser, por
ejemplo, la ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, la incapacidad o
imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable, la ocurrencia
de un hecho completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente
las circunstancias previas, entre otras.
(ii) Cuando a pesar del paso del tiempo es evidente que la vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales del accionante permanece, es decir, su situación desfavorable
como consecuencia de la afectación de sus derechos continúa y es actual. Lo que
adquiere sentido si se recuerda que la finalidad de la exigencia de la inmediatez no es
imponer un término de prescripción o caducidad a la acción de tutela sino asegurarse de
que se trate de una amenaza o violación de derechos fundamentales que requiera, en
realidad, una protección inmediata.
(iii) Cuando la carga de la interposición de la acción de tutela en un plazo razonable
resulta desproporcionada dada la situación de debilidad manifiesta en la que se
encuentra el accionante, lo que constituye un trato preferente autorizado por el artículo
13 de la Constitución que ordena que el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan […].
El señor Richard Gómez Vargas aduce en el escrito de impugnación que deben ser
tenidas en cuenta sentencias de tutela falladas por esta corporación para la
contabilización del término de inmediatez, en los expedientes de tutela con radicados
11001 03 15 000 2022 06715 00 de la Sección Tercera, Subsección C20 y 11001 03
15 000 2023 00621 00 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, 21 por lo que, al
respecto, cabe precisar que el cumplimiento del término prudencial de inmediatez no
20 Acción de tutela interpuesta por el señor Richard Gómez Vargas contra el Tribunal Administrativo de Caldas
alegó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia al
incurrir esa corporación en un defecto procedimental al aplicar el artículo 112 del CPACA. El 24 de febrero de 2023,
la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado la declaró improcedente.
21 Acción de tutela interpuesta por el señor Richard Gómez Vargas contra la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia que estimó lesionados con la providencia del 26 de enero de 2023. El 9 de marzo de 2023, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, denegó el amparo reclamado.
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Demandante: Richard Gómez Vargas
está incidido por las resultas en otras acciones de tutela -como lo pretende la
accionante-, y, por tanto, tal circunstancia no es posible admitirla como causal
justificativa del retardo. En efecto, la jurisprudencia reiterada señala que dicho término
empieza a correr desde el momento en que el afectado tuvo conocimiento expreso y
directo del alcance de sus derechos y de la decisión que los amenaza o vulnera, así
como de las secuelas que el fallo tendría en su situación jurídica particular, lo cual, en
el presente caso, se materializó a partir del día 15 de diciembre de 2022, fecha de
ejecutoria de la notificación por estado del auto que resolvió el recurso de súplica
contra la providencia del 7 de octubre de 2022 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas, declaró su falta de competencia para conocer el medio de
control intentado en razón de la cuantía.
Cabe resaltar que el requisito de inmediatez persigue «cumplir con el propósito de la
protección inmediata y por tanto efectiva de los derechos fundamentales cuando estos
resulten afectados por la acción u omisión de autoridades públicas o de los particulares
en los eventos establecidos en la ley».22
La Sala considera necesario reiterar que «[b]ajo el juicio de ponderación en el que se
balancea la relación entre las cargas que se exigen al accionante para la interposición
de la acción de tutela en un término razonable, frente al posible estado de indefensión
en el que se puede llegar a encontrar el accionante, no se hallan para la fecha razones
que justifiquen la protección mediante la acción de tutela, ni factores objetivos que
permitan verificar que existió una razón o carga que imposibilitó al accionante acudir
ante el aparato de justicia para solicitar la protección de sus derechos mediante la
acción de tutela».
En estas condiciones, no existen razones de peso constitucional o fácticas que
permitan justificar el retardo en acudir a la autoridad judicial y, con esto, la omisión o
excepción de cumplimiento del principio de inmediatez.
3. Conclusión
22 Corte Constitucional Sentencia T- 198 de 2014. Recientemente, en la Sentencia T- 062 de 2020, señaló que «la
acción de tutela tiene por objeto la protección urgente de los derechos fundamentales del solicitante ante una
amenaza grave e inminente, la formulación oportuna de la demanda constitucional de amparo es un presupuesto
primordial para la procedencia de este mecanismo».
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Demandante: Richard Gómez Vargas
Bajo las anteriores circunstancias, la Sala encuentra improcedente la presente acción
de tutela, toda vez que se presentó por fuera del término prudencial establecido por la
jurisprudencia al efecto, sin que, de otra parte, se hubiera justificado la inactividad de
la accionante para el ejercicio oportuno de este mecanismo constitucional.
En consecuencia, procede confirmar la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2023
por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, comoquiera que no se
satisfizo el requisito de inmediatez.
En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por la autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar el fallo proferido el 4 de septiembre de 2022 por la Sección
Tercera, Subsección A, de esta corporación que declaró improcedente la acción de
tutela promovida por el señor Richard Gómez Vargas, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta decisión.
Segundo. Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CRG
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
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