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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03934-00

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-03934-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por los señores Luis Antonio Gamarra Díaz, Noris Leonor Zabaleta de Gamarra, Jaime Rafael Peña Arrieta y Arelis del Carmen González de Pérez contra la Sección Primera del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO; Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03934-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de septiembre de 2023

Demandantes: Luis Antonio Gamarra Díaz y otros
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03934-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03934-00
Demandantes: LUIS ANTONIO GAMARRA DÍAZ Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Tema: Tutela de fondo. Presunta mora judicial injustificada. Niega
amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la acción de tutela formulada por los señores Luis
Antonio Gamarra Díaz, Noris Leonor Zabaleta de Gamarra, Jaime Rafael Peña
Arrieta y Arelis del Carmen González de Pérez contra la Sección Primera del
Consejo de Estado, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores Luis Antonio Gamarra Díaz, Noris Leonor Zabaleta de Gamarra,
Jaime Rafael Peña Arrieta y Arelis del Carmen González de Pérez, por conducto
de apoderado, instauraron acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Primera, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la
igualdad.

Las referidas garantías constitucionales las consideraron transgredidas con
ocasión de la presunta mora de la autoridad demandada en resolver la solicitud de
revisión eventual1 de la sentencia de 28 de septiembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, que presentaron en el año 2019 y se halla en el
despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón desde el 10 de marzo de
2020; proceso que se identifica con el radicado 70001-33-33-003-2011-00320-01.

1 Frente a la sentencia de dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Sucre, en

un proceso que fue ejercido como de grupo, y frente al cual el referido tribunal adecuó a una
reparación directa, pese a que, con anterioridad, en sede de apelación, había determinado y
ordenado al a quo tramitar el asunto como lo presentaron inicialmente los demandantes.
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1.2. Pretensiones

Los actores presentaron las siguientes:

PRIMERA: Puesto que también se invoca un derecho no señalado expresamente
por la Constitución como fundamental (tutela judicial efectiva y acceso a la
administración de justicia, art. 229 de la Constitución Política en conexidad con los
artículos 272 a 274 Nral. 3º del C.P.A.C.A.), solicitamos que una vez se active la
competencia del vértice constitucional, se aplique el art. 2º del Decreto 2591 de
1991 y, en consecuencia, rogamos darle prelación a la presente acción de tutela en
la revisión que haga la Corte Constitucional.

SEGUNDA: Comedidamente solicitamos al Honorable Consejo de Estado ordene o
brinde la protección a los accionantes, tutelándoles los derechos fundamentales al
debido proceso (art. 29 de la C.P.), y acceso a la administración de justicia en
procura de una tutela judicial efectiva (art. 229 de la Constitución Política en
conexidad con los artículos 272 a 274 del C.P.A.C.A. y artículo 88 Inc, 2º de la
Constitución), el derecho a la igualdad (artículo 13 C.P.).

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, se exhorte, —muy respetuosa y
comedidamente—, a la Honorable Magistrada Dra. Nubia Margoth Peña Garzón de
la Sección Primera del Consejo de Estado, para que resuelva sobre la solicitud de
revisión eventual que se halla en su Despacho pendiente de decisión desde el día
10 de marzo de 2020, bajo el número de expediente 700013333-003-2011-00320-
01, resolviendo al menos si revisará, o no revisará, el caso.2

1.3. Hechos

La parte actora fundó su petición de tutela en los siguientes:

Informó que el 13 de diciembre de 2003, 57 personas fueron detenidas por
agentes estatales en el municipio de Betulia (Sucre), bajo la acusación de
pertenecer a las FARC.

Explicó que las mencionadas personas fueron liberadas, dado que las autoridades
abandonaron la investigación y jamás presentaron pruebas que los relacionaran
con el delito de rebelión.

Indicó que las 57 víctimas de la detención masiva y sus familiares
(aproximadamente 300 ciudadanos) presentaron una acción de grupo contra la
Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional, con el fin de obtener una indemnización por la privación injusta de la
libertad. A este proceso le correspondió el radicado 70001-33-31-003-2011-00320-
00.

Expuso que, en sede de la primera instancia, el a quo decretó la nulidad de todo lo
actuado al considerar que el proceso se debía tramitar como una acción de
reparación directa con acumulación subjetiva de pretensiones.

Dispuso que tal decisión fue apelada y le correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Sucre que, mediante auto de 2 de agosto de 2012, revocó la
declaratoria de nulidad y determinó que el proceso debía tramitarse como una
acción de grupo.
2 Transcrito del original, con posibles errores.

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Alegó que una vez fue proferida la sentencia de primer grado3, las partes la
apelaron, razón por la cual el expediente nuevamente fue asignado al Tribunal
Administrativo de Sucre que, a través de providencia de segunda instancia 4,
decidió declarar que el proceso debía resolverse como una acción de reparación
directa y no como una acción de grupo, pese a que en una oportunidad previa
había dejado claro lo contrario.

Resaltó que, si bien en el fallo de segunda instancia se condenó a las
demandadas, únicamente se benefició a quienes sí habían otorgado poder para
promover la acción (a excepción del señor Jaime Rafael Peña Arrieta) y se
excluyeron a más de 200 víctimas directas e indirectas que no hicieron parte del
proceso, pero que por ministerio de la ley debían incluirse en el grupo de
accionantes y ser cobijados por la sentencia.

Puso de presente que en el 2019 se radicó una solicitud de eventual revisión, la
cual fue remitida al Consejo de Estado y asignada el 14 de marzo de ese año al
magistrado Alberto Montaña Plata, para que fuera tramitada como un recurso
extraordinario de revisión, bajo el radicado 11001-03-26-000-2019-00049-005.

No obstante, señaló que mediante auto de 19 de febrero de 2020 la mencionada
autoridad judicial determinó que los demandantes «no habían interpuesto ningún
recurso extraordinario de revisión, sino una solicitud de eventual revisión, la cual
debía ser objeto de estudio desde esa perspectiva». Por lo tanto, ordenó que
tramitara como tal.

3 Según los informes allegados por las partes y terceros vinculados, la sentencia de primera
instancia fue proferida el 25 de agosto de 2017 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Sincelejo.
4 De igual manera, de los informes presentados y el material probatorio allegado al proceso, se

extrae que la sentencia de segundo grado data del 28 de septiembre de 2018. En la parte
resolutiva se determinó lo siguiente:

[…]

SEGUNDO: REVOCAR el numeral PRIMERO de la sentencia datada 25 de agosto de 2017,
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo, según lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia, entendiéndose entonces, que el presente asunto
no trata de un medio de control de reparación de perjuicios ocasionados a un grupo, sino de una
reparación directa.

TERCERO: REVOCAR el numeral noveno de la sentencia de fecha 25 de agosto de 2017,
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, conforme lo anotado;
en consecuencia, las costas del proceso se regirán por lo que se afirma más adelante.

CUARTO: NO CONDENAR en costas de primera o segunda instancia a las partes, conforme lo
afirmado en el art. 171 de C.C.A. y lo dicho anteriormente.

QUINTO: REVOCAR el numeral DÉCIMO PRIMERO de la sentencia de fecha 25 de agosto de
2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, al tratarse el
presente asunto de un medio de control de reparación directa.

SEXTO: CONFIRMAR en lo restante la sentencia de fecha 25 de agosto de 2017, proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, conforme lo anotado.
5 De la revisión del expediente realizada en Samai se observó que el 6 de agosto de 2019, la

Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó la remisión del proceso a reparto para que fuera
tramitado como una eventual remisión. Luego, el 29 de octubre de ese año, la Sección Primera
devolvió el expediente a aquella.
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Reseñó que, como consecuencia de la decisión adoptada por la Sección Tercera
en el auto de 19 de febrero de 2020, el 10 de marzo de 2020 el expediente fue
remitido al despacho de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón6, con el
radicado 700013333-003-2011-00320-01, sin que a la fecha «se defina, tan
siquiera si la solicitud de eventual revisión que imploramos sí va a ser tramitada».

Narró que desde octubre de 2021 solicitó a la autoridad judicial accionada que
ordenara a la Fiscalía General de la Nación que suspendiera el trámite del pago
de la sentencia, comoquiera que dicha entidad le informó sobre la asignación de
un turno desde marzo de 2019. No obstante, refutó que nunca se ha atendido esta
ni las otras solicitudes que se han formulado.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la
igualdad, con ocasión de la demora injustificada de la Sección Primera del
Consejo de Estado en tramitar la solicitud de eventual revisión que presentó desde
el 2019; proceso identificado con el radicado 70001-33-33-003-2011-00320-01.

En primer lugar, los actores informaron que Jaime Rafael Peña Arrieta, adulto
mayor de 77 años que padece graves dolencias de salud, y su esposa, la señora
González Pérez, adulta mayor de 66 años, son sujetos de especial protección
constitucional, dado que «viven en deplorables condiciones de dignidad humana
por extrema pobreza y graves quebrantos de salud».

De otro lado, señalaron que el señor Gamarra Díaz y su esposa, quienes además
de pertenecer a la tercera edad presentan quebrantos de salud, se preguntan si
nunca se hará efectiva la indemnización con la que resultaron beneficiados por el
fallo del Tribunal Administrativo de Sucre.

Destacaron que desde hace 20 años vienen siendo victimizados y revictimizados
por el Estado, primero porque la Fiscalía General de la Nación los encarceló y
estigmatizó al exhibirlos como criminales en los noticieros y periódicos, luego en la
acción de grupo al dejarlos por fuera de la indemnización ordenada en el fallo de
segunda instancia y, finalmente, cuando no se resolvió la solicitud de eventual
revisión radicada hace más de 57 meses.

Reiteraron que más de 300 víctimas resultaron revictimizadas por el actuar del
Tribunal Administrativo de Sucre al minimizar los efectos del proceder del Estado e
impedir que las víctimas reclamaran en grupo su derecho, cuando convirtió la
acción de grupo en un proceso de reparación directa.

Finalmente, precisaron lo que se trascribe a continuación:

6 Magistrada a quien el 15 de agosto de 2019, se le repartió el proceso para que lo tramitara como

una eventual revisión. No obstante, con auto de 29 de octubre de 2019 ordenó la remisión del
expediente a la Sección Tercera del Consejo de Estado.
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Se pone de relieve la vulneración al derecho a la igualdad de los accionantes en el
cuadro excel, expedido por la Secretaría General del Consejo de Estado, quedando
verificado que desde enero de 2018 a 31 de enero de 2023, hay 55 radicados con
solicitudes en ejercicio del mecanismo de eventual revisión respecto de fallos de
acciones de grupo, de los cuales 41 ya fueron definidos de fondo y 14 siguen
activos; de ese total en la única que se ha incumplido el artículo 274 del CPACA,
por más de 40 meses, es la acción de grupo de marras (se anexa como prueba el
cuadro en mención).

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 25 de julio de 2023, el magistrado ponente de esta decisión admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados de la Sección Primera del
Consejo de Estado para que, si lo consideraban del caso, intervinieran en el
presente proceso en calidad de demandados.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, vinculó como tercero con interés al Tribunal Administrativo de Sucre y al
Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Sincelejo o al despacho que
hubiera asumido sus funciones [autoridades que conocieron el proceso de
grupo/reparación directa]; a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía
General de la Nación [extremo pasivo del proceso de grupo/reparación directa]; y a
Norma de Jesús Atencia España, Alfonso de Jesús Atencia España, Rafael
Jacobo Hernández Aguas, Luis Carlos Morales Bravo, Yonathan Blanco Atencia,
Samir Alfonso Atencia Márquez, Yadira Margarita Atencia Márquez, Luz Marina
España Méndez, Juan Carlos Hernández Durán, Flor María Durán Cardeño,
Candelaria Consuelo Lastre Mejía, Ana Leonor Gamarra Zabaleta, Rebeca del
Carmen Gamarra Zabaleta, Carlos Agustín Gamarra Zabaleta, Roniss Rafael
Gamarra Zabaleta, Jaider Gamarra Zabaleta, Islena Candelaria Gamarra Zabaleta,
Ramón Emiro Gamarra Zabaleta y otros [parte demandante del proceso de
grupo/reparación directa].

Para lograr el conocimiento de esta acción de tutela por parte de la totalidad de los
integrantes del proceso identificado con el radicado 70001-33-33-003-2011-00320-
01, se dispuso que, a través de la Secretaría General del Consejo de Estado, se
requiriera al Tribunal Administrativo de Sucre para que efectuara las notificaciones
correspondientes y una vez realizadas, allegara las constancias pertinentes.

De otro lado, se tuvo en calidad de agente oficioso al abogado William Oswaldo
Corredor Vanegas, respecto de los señores Jaime Rafael Peña Arrieta y Arelis del
Carmen González de Pérez, y se le reconoció personería para actuar como
apoderado judicial de Luis Antonio Gamarra Díaz y Noris Leonor Zabaleta de
Gamarra.

Finalmente, se ordenó a la oficina de sistemas de la Corporación que realizara la
publicación de la información relativa al proceso de la referencia en la página del
Consejo de Estado.

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1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Dirección Seccional de Administración Judicial Sincelejo – Sucre

El apoderado de la entidad, luego de hacer un recuento sobre los hechos y las
pretensiones elevadas por los actores en la presente acción constitucional,
consideró que no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por los
accionantes y que no existe la obligación de la entidad en intervenir, pues el
objetivo de la acción de tutela es la de insistir en que la Sección Primera del
Consejo de Estado dé trámite al mecanismo de eventual revisión de un proceso.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Primera

La magistrada ponente7 de la actuación reprochada por los actores solicitó que se
desestimen las pretensiones del mecanismo de amparo. Para tal efecto, realizó un
recuento de las actuaciones surtidas al interior de los procesos que dieron lugar a
la presentación de esta acción constitucional, así:

• Los demandantes instauraron una acción de grupo contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, la Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con el
fin de que se les reconocieran y pagaran los perjuicios causados por la
privación injusta de la libertad de la que fueron objeto con ocasión del proceso
penal adelantado por el Juzgado Promiscuo del Circuito Judicial de San Luis de
Sincé (radicado 70742-31-89-001-2004-00266-00).

• El proceso correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral
del Circuito de Sincelejo, autoridad judicial que profirió sentencia el 25 de
agosto de 2017 y en ella dispuso: (i) denegar la excepción relacionada con la
improcedencia de la acción de grupo, (i) declaró la caducidad del medio de
control respecto de algunos de los accionantes, (iii) denegó las pretensiones
respecto de algunos demandantes, y (iv) declaró responsable administrativa y
patrimonialmente a la Fiscalía General de la Nación en favor de 11 de los
demandantes y de su grupo familiar.

• La anterior decisión fue apelada por la parte actora y la Fiscalía General de
la Nación y los recursos fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Sucre
en sentencia de 28 de septiembre de 2018, en el sentido de revocar
parcialmente el fallo de primer grado y declarar que el presente asunto no se
trataba de una acción de grupo, sino de una reparación directa.

• Los actores solicitaron la revisión eventual del fallo dictado por el Tribunal
Administrativo de Sucre, para que el Consejo de Estado unificara su posición
respecto al tema, dado que se trataba de un asunto de importancia jurídica y
trascendencia social.

7 Dra. Nubia Margoth Peña Garzón.

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• El Tribunal Administrativo de Sucre remitió el expediente a la Sección
Tercera del Consejo de Estado mediante auto de 27 de noviembre de 2018, al
interpretar que se trataba de un recurso extraordinario de revisión. Esta decisión
fue recurrida y confirmada con auto de 31 de enero de 2019, por lo que el
expediente fue enviado a esta corporación y asignado al consejero Alberto
Montaña Plata.

• El 1.° de abril de 2019, los accionantes interpusieron una acción de tutela
que fue repartida en primera instancia a la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado que, en sentencia de 27 de mayo de 2019, amparó los
derechos fundamentales de los actores y dejó sin efectos los autos del 27 de
noviembre de 2018 y del 31 de enero de 2019, proferidos por el Tribunal
Administrativo de Sucre. Esta decisión fue impugnada.

• Mientras se tramitaba la impugnación del fallo de tutela, el magistrado
Alberto Montaña Plata profirió el auto de 6 de agosto de 2019, con el cual
remitió a la Secretaría General el expediente contentivo del recurso
extraordinario de revisión para que efectuara el reparto y fuera tramitada como
una eventual revisión.

• No obstante, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado en
sentencia de segunda instancia de 16 de agosto de 2019, revocó la decisión de
primera instancia y dejó en firme los autos 27 de noviembre de 2018 y 31 de
enero de 2019.

• En consecuencia, mediante auto de 28 de octubre de 2019, la magistrada
Nubia Margoth Peña Garzón remitió por competencia el proceso a la Sección
Tercera de esta corporación, comoquiera que el fallo de tutela de 16 de agosto
de 2019 dejó en firme los autos de 27 de noviembre de 2018 y 31 de enero de
2019, a través de los cuales el Tribunal Administrativo de Sucre interpretó la
revisión eventual como un recurso extraordinario de revisión.

• El expediente nuevamente fue asignado al consejero Alberto Montaña Plata
quien, mediante auto de 5 de febrero de 2020, volvió a enviar el expediente a
reparto para lo cual argumentó lo siguiente:

[…] que el juez de tutela señaló que a quien le correspondía decidir cuál
era el recurso procedente era a su Despacho, por ser allí donde se
tramitaba el asunto; y que si bien el Tribunal Administrativo de Sucre
decidió que se estaba en presencia de una acción de reparación directa y
no de una acción de grupo, lo cierto era que el artículo 274 de la Ley 1437
establecía que la solicitud de revisión eventual debía promoverse ante los
Tribunales quienes estaban en el deber de remitir, con destino a la
correspondiente Sección del Consejo de Estado, el expediente, de ahí que
como la parte demandante solicitó expresamente la revisión de la
sentencia de 28 de septiembre de 2018, la solicitud tenía que estudiarse
en los términos señalados.

• El 10 de marzo de 2020, la Secretaría General de la corporación remitió el
expediente al despacho de la consejera Nubia Margoth Peña Garzón para que
se surtiera el trámite de la solicitud de revisión eventual.

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Luego del mencionado recuento, la autoridad judicial informó que el proyecto a
través del cual se decidirá sobre la selección para la revisión eventual de la
sentencia de 28 de septiembre de 2018 dictada por el Tribunal Administrativo de
Sucre, fue registrado para ser discutido en sala de 11 de mayo de 2023, sin que a
la fecha se hubiese llegado a un acuerdo sobre el asunto en cuestión dada su
complejidad.

En ese sentido, puso de manifiesto la inexistencia de la vulneración del derecho al
debido proceso alegada por los actores, comoquiera que «dentro de la acción de
grupo 70001-33-33-003-2011-00320-01 han surgido diversas vicisitudes que han
dificultado el curso normal del proceso, precisamente originadas en la complejidad
del asunto bajo examen».

De otro lado, citó las sentencias T-186 de 2017 y T-230 de 2013 de la Corte
Constitucional y de 16 de julio de 2020, de la Sección Primera del Consejo de
Estado dentro del expediente 11001-03-15-000-2020-02786-00, M.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, para destacar que no se configura ninguno de los
aspectos mencionados por las altas cortes para tener acreditada la violación del
derecho de acceso a la administración de justicia por la falta de resolución
oportuna de un asunto sometido a conocimiento de un servidor judicial.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Sucre

El secretario general del Tribunal Administrativo de Sucre allegó la constancia de
notificación por aviso del auto admisorio de la presente acción constitucional a
través de su página web.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Luis Antonio Gamarra Díaz y otros contra la Sección
Primera del Consejo de Estado, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad de los señores
Luis Antonio Gamarra Díaz, Noris Leonor Zabaleta de Gamarra, Jaime Rafael
Peña Arrieta y Arelis del Carmen González de Pérez, por parte de la Sección
Primera del Consejo de Estado, por presuntamente haber incurrido en una
tardanza injustificada en dar trámite a la solicitud de revisión eventual de la
sentencia de 28 de septiembre de 2018 del Tribunal Administrativo de Sucre.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) las generalidades de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, (iii) la mora judicial justificada,
y (iv) el análisis del caso concreto.
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2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable8.

2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución9, del derecho fundamental al
debido proceso10 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia11.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»12.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión […]»13.

8 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
10 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
11 Sentencia T-006 de 1992.
12 Sentencia T-476 de 1998.
13 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas

Hernández.
9

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Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”14, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para
que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo
cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se
entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad
de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las
personas […]»15.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia16 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales
de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través
de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la
obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»17.

2.5. La mora judicial justificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes.18

14 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
15 Ibídem.
16 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que

cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio

Palacio.
18 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

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Asimismo, el máximo tribunal constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»19.

En esa línea esa corporación frente al particular, precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial20, según la cual solo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes
en un proceso.

2.6. Caso concreto

En el sub examine, los señores Luis Antonio Gamarra Díaz, Noris Leonor Zabaleta
de Gamarra, Jaime Rafael Peña Arrieta y Arelis del Carmen González de Pérez
alegaron que la Sección Primera del Consejo de Estado vulneró sus garantías
constitucionales, por presuntamente haber incurrido en una tardanza injustificada
en resolver la solicitud de revisión eventual de la sentencia de 28 de septiembre
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre.

Por su parte, la autoridad judicial accionada en su escrito de contestación informó
lo siguiente:

15-. En cumplimiento de lo anterior, el 10 de marzo de 20203 la Secretaría General
de la Corporación remitió el expediente al Despacho a mi cargo para que se surtiera
el trámite de la solicitud de revisión eventual.

16.- En consecuencia, el proyecto de la providencia a través de la cual se decide
sobre la selección de la sentencia de 29 de septiembre de 2018, proferida por el

19 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-

2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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Tribunal Administrativo de Sucre, para su revisión eventual, fue registrado para ser
discutido en Sala de Decisión de 11 de mayo de 2023, sin que a la fecha se
hubiese llegado a un acuerdo sobre el asunto en cuestión dada su complejidad.

Lo anterior, pone de manifiesto la inexistencia de la vulneración al derecho al
debido proceso alegada por los actores, pues dentro de la acción de grupo 70001-
33-33-003-2011-00320-01 han surgido diversas vicisitudes que han dificultado el
curso normal del proceso, precisamente originadas en la complejidad del asunto
bajo examen.

Ahora bien, con el fin de ratificar las afirmaciones realizadas por la magistrada
ponente de cara a la solicitud de eventual revisión del expediente 70001-33-33-
003-2011-00320-01, el despacho sustanciador procedió a revisar los registros de
sala de la Sección Primera del Consejo de Estado y evidenció que el proyecto de
auto referido por la autoridad judicial accionada ha sido registrado y aplazado en
las salas de decisión de 1121, 1922 y 2623 de mayo de 2023, 1.°24, 825, 1626, 2327 y
2928 de junio, 729, 1330, 2131 y 2732 de julio y 433, 934, 2535, 3136 de agosto de 2023.

21 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-05-
12_b44753.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-05-
12_1157bf.pdf
22 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-05-
19_a819fa.pdf
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-05-
19_7c5538.pdf
23 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-05-
30_7e49ff.pdf
24 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-06-
01_948e29.pdf
25 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-06-
07_9e9fe6.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-06-
16_368d1f.pdf
26 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-06-
16_a80e29.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-06-
23_4763dc.pdf
27 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-06-
23_6b847c.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-06-
28_7d3feb.pdf
28 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-06-
28_0b1e55.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-06-
29_db123a.pdf
29 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-07-
06_a24532.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-07-
13_2df072.pdf
30 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-07-
13_727a43.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-07-
18_bed59e.pdf
31 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-07-
21_ec75db.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-07-
27_57a596.pdf
32 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-07-
27_495c24.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-08-
04_ae59c1.pdf
33 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-08-
04_f272a3.pdf y
12

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Así mismo, se determinó que en el acta 36 de la Sección Primera del Consejo de
Estado se informó que en la sesión de 14 de septiembre de 2023 se estudiaría el
proyecto de auto, el cual quedó registrado en el orden del día en el numeral 8.° de
la doctora Nubia Margoth Peña Garzón, correspondiente al proceso «REV-2011-
00320-01 NORMA DE JESUS ATENCIA ESPAÑA Y OTROS», sin que a la fecha
se haya publicado el respectivo resultado de esa sala.

Ahora bien, teniendo en cuenta la contestación de tutela junto con las actas de
sala consultadas en la página web de esta corporación, se advierte que en el
presente caso no hay una dilación injustificada, con fundamento en que la
magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, quien tiene a su cargo el proceso del
cual la parte actora predica la presunta mora judicial, expuso de manera clara y
detallada las razones por las cuales a la fecha de radicación de la solicitud de
amparo no se ha emitido el auto que resuelva la petición de revisión eventual.

Al respecto, es importante recordar que si bien la Corte Constitucional ha indicado
que, la dilación injustificada que configura la violación de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, se
caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para
adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en
el cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la
autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora
obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar, lo cierto es que en el
subjudice ésta última circunstancia no se presenta, pues la tardanza de la Sección
Primera del Consejo de Estado está justificada y plenamente motivada y no es
atribuible a su negligencia u omisión en el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, con fundamento en que la autoridad judicial accionada adujo que dada
la complejidad del asunto a la fecha no se ha llegado a un acuerdo sobre la
selección o no del expediente, lo cual es comprobado con las actas de sala que
han sido publicadas por la Secretaría de esa Sección que demuestran que en 16
salas ha sido aplazado el proyecto de auto.

Ahora bien, los actores aseguraron que se vulnera su derecho a la igualdad,
teniendo en cuenta que según la información rendida por la Secretaría General del
Consejo de Estado se puede verificar que desde enero de 2018 a 31 de enero de
2023, hay 55 procesos con solicitudes de eventual revisión respecto de fallos de
acciones de grupo, de los cuales 41 ya fueron resueltos y 14 siguen activos, y el
único que ha incumplido el plazo otorgado por el artículo 274 de la Ley 1437 de
2011, es el que se estudia en esta instancia.

https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-08-
09_c6afcf.pdf
34 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-08-
09_f36019.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-08-
16_e6a4a7.pdf
35 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-08-
24_6d5a2d.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-08-
30_9a434a.pdf
36 https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-08-
30_706c7a.pdf y
https://servicios.consejodeestado.gov.co/documentos/ordendeldia/s1/80058819_2023-09-
07_8a474f.pdf
13

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Sin embargo, para analizarse la vulneración del derecho a la igualdad sería
preciso determinar la existencia de un proceso que, en las mismas condiciones
que las presentadas en el caso de los demandantes del proceso 70001-33-33-
003-2011-00320-01, ya hubiera sido resuelto por la misma autoridad judicial.

Empero, de la información aportada por la parte actora junto con su escrito de
tutela (folios 99 y 100) la sala no encuentra que con tal prueba documental se
acrediten tales circunstancias, ni mucho menos que con el listado allegado se
demuestra siquiera sumariamente la alteración de turnos en el despacho de la
consejera Nubia Margoth Peña Garzón para proferir para una decisión en las
mismas condiciones que las puestas de presente por los actores.

En ese orden de ideas, esta sección encuentra que el incumplimiento del término
procesal para dictar la providencia que resuelve la petición de revisión en el caso
concreto se entiende justificado, pues, se demostró que, debido a la complejidad
del asunto, las etapas del proceso están retrasadas. Por lo tanto, se negará el
amparo de los derechos invocados por los señores Luis Antonio Gamarra Díaz,
Noris Leonor Zabaleta de Gamarra, Jaime Rafael Peña Arrieta y Arelis del Carmen
González de Pérez contra la Sección Primera del Consejo de Estado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por los señores Luis Antonio Gamarra
Díaz, Noris Leonor Zabaleta de Gamarra, Jaime Rafael Peña Arrieta y Arelis del
Carmen González de Pérez contra la Sección Primera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO; Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
14

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