Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03952-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03952-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03952-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03952-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
9 de noviembre de 2023
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03952-01
Demandante: GILBERTO CALDERÓN MENA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente. Excepciones al principio de
inembargabilidad de los recursos del Estado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 8 de septiembre de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción constitucional de
la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Gilberto Calderón Mena, por conducto de apoderado judicial, presentó
solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, «de las personas de la tercera edad» y a la seguridad
social, con ocasión de la providencia de 30 de junio de 2023.
Lo anterior, por cuanto se confirmó el auto de 30 de agosto de 2022, por medio
del cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó ordenó
levantar la medida de embargo que recaía en una cuenta bancaria1 del municipio
de Istmina (Chocó); esto, dentro del proceso ejecutivo que el señor Calderón
Mena promovió contra el referido ente territorial con radicado 27001-33-33-001-
2015-00476-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, el actor solicitó:
«4.1. Tutelar los derechos fundamentales vulnerados al actor por la entidad judicial
1
Que posee en el Banco de Bogotá No. 3078255152.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
demandada.
4.2. DEJAR sin efectos el auto interlocutorio No. 418 de fecha 30 de junio de 2023
proferido por el Tribunal Administrativo del Choco M.P. Dr. ARIOSTO CASTRO
PEREA, mediante el cual confirma el auto interlocutorio de fecha 30 de agosto de
2022 por medio del cual el Juzgado Primero Administrativo de Quibdó ordenó el
levantamiento de las medidas cautelares - en el proceso ejecutivo con Radicación
No. 27001333300120150047601. Dte. GILBERTO CALDERÓN MENA – Ddo.
MUNICIPIO DE ISTMINA.
4.3. Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal Administrativo del
Choco M.P. Dr. ARIOSTO CASTRO PEREA, para que profiera un nuevo
pronunciamiento en el proceso ejecutivo con Radicación No.
27001333300120150047601. Dte. GILBERTO CALDERÓN MENA – Ddo.
MUNICIPIO DE ISTMINA, teniendo en cuenta las excepciones al principio de
inembargabilidad precisadas por la Corte Constitucional en su jurisprudencia y los
lineamientos que considere su Despacho en la sentencia de tutela, en procura de la
protección de los derechos fundamentales del actor.»2
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
El señor Calderón Mena relató que el 15 de octubre de 2015 presentó demanda
ejecutiva contra el municipio de Istmina (Chocó), con el propósito de obtener el
pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Chocó en la
sentencia de 26 de abril de 20123, mediante la cual se ordenó reconocer a su
favor la pensión de jubilación y cancelar las mesadas adeudadas.
Narró que en providencia de 27 de abril de 2017 el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó dispuso seguir con la ejecución del
crédito y el 23 de noviembre de 2018 aprobó la liquidación del mismo por el valor
de $653.243.709. Sin embargo, negó la solicitud de medida cautelar de embargo
de cuentas.
Señaló que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue
resuelto por el Tribunal Administrativo del Chocó en auto de 30 de septiembre de
2020, por medio del cual declaró procedente el embargo de una cuenta del
municipio demandado, dado que lo pretendido es el pago de mesadas
pensionales.
Indicó que en oficio de 19 de abril de 2022 el Banco de Bogotá manifestó que los
recursos congelados son inembargables, pues proceden de la estampilla
Procultura. Entonces, el 19 de julio siguiente el municipio de Istmina (Chocó)
requirió que se aplicara la medida cautelar a una cuenta corriente4 con recursos
de libre destinación, que corresponden al recaudo del impuesto predial.
Explicó que mediante proveído de 30 de agosto de 2022 el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó accedió a la solicitud, razón por la
que levantó el embargo de la cuenta bancaria que posee el municipio de Istmina
2
Trascripción literal del original con posibles errores.
3
Proferida al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
2010-00311.
4
Cuenta bancaria 378294920, que posee el municipio de Istmina (Chocó) en el Banco de Bogotá.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
(Chocó) en el Banco de Bogotá 3078255152 y ordenó que se retuvieran los
dineros depositados en aquella que fue informada por el ente territorial para cubrir
el pago de la obligación que se cobra en el proceso.
Adujo que apeló dicho auto por cuanto no se atendió lo previsto en el artículo 597
del CGP, según el cual, el levantamiento de la medida cautelar se debe solicitar
por la parte embargada y tramitarse como incidente, situación que no ocurrió, así
que no era dable pronunciarse al respecto.
Refirió que el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión del a quo
mediante providencia de 30 de junio de 2023, tras concluir que los recursos objeto
de la medida cautelar eran inembargables y precisar que la fuente de la obligación
insatisfecha por el municipio demandado no corresponde al rubro de los dineros
encargados, que son de destinación específica para el gasto social del municipio.
1.4. Sustento de la petición
A juicio del tutelante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo
al no interpretar los artículos 5945 del CGP y el inciso 26 del 45 de la Ley 1551 de
2012 «[p]or la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios» en armonía con la jurisprudencia que le ha
dado alcance al principio de inembargabilidad.
Afirmó que no fue acertado levantar la medida cautelar decretada inicialmente,
pues el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución estaba ejecutoriado
desde el año 2017 y, por ello, se podía ordenar el embargo de cualquier cuenta
del municipio de Istmina (Chocó).
Consideró que se desconoció el precedente fijado por la Corte Constitucional en
las sentencias C-1154 de 2008 y C-546 de 1992, consistente en que los créditos y
obligaciones de origen laboral configuran una excepción al principio de
inembargabilidad de los bienes y recursos incorporados al presupuesto nacional y
al Sistema General de Participaciones.
Además, el actor puso de presente que tiene 79 años y su probabilidad de vida es
inferior a la de cualquier otra persona, por ello, solicitó una actuación diligente y
preferente que le permita disfrutar en vida de su mesada pensional, dado que es
un sujeto de especial protección constitucional y la falta de efectividad de sus
derechos configura un perjuicio irremediable.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 26 de julio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, admitió la solicitud de tutela, ordenó notificar esta decisión al actor
y como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó;
5
«...Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes
especiales, no se podrán embargar: 1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el
presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general
de participación, regalías y recursos de la seguridad social...».
6
«...En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar
embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.»
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
además, vinculó al municipio de Istmina (Chocó) en atención al interés que le
asiste en las resultas de este trámite.
Remitidas las respectivas comunicaciones7, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Tribunal Administrativo del Chocó
El magistrado ponente de la decisión controvertida refirió que la solicitud de tutela
no supera el presupuesto de subsidiariedad, toda vez que el proceso ejecutivo
promovido por el señor Calderón Mena se encuentra en curso, aunado a que no
se desconoció la situación de edad del actor, tan es así que el asunto fue
analizado con apego al precedente fijado sobre la materia en discusión.
1.5.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó remitió el
expediente digital del medio de control ejecutivo con radicado 27001-33-33-001-
2015-00476-00/018 y el municipio de Istmina (Chocó), pese a que fue
debidamente notificado9, no se pronunció.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en providencia de 8 de
septiembre de 2023, declaró improcedente la acción constitucional por no cumplir
el requisito de subsidiariedad, debido a que la providencia en cuestión se profirió
al interior de un proceso que aún no ha concluido, lo que implica que la
competencia del juez de tutela esté mucho más restringida.
Advirtió que el auto debatido se fundó en la sana crítica, con una carga
argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del operador judicial
frente a la apreciación de la medida cautelar, los supuestos de hecho y la
aplicación e interpretación legal y jurisprudencial, sin que pueda inferirse que se
vulneraron los derechos fundamentales del accionante.
Igualmente, explicó que no se acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable, teniendo en cuenta que en el auto de 30 de agosto de 2022 el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó ordenó el embargo
de la cuenta bancaria referenciada por el municipio demandado, así como la
entrega a la parte ejecutante de los títulos judiciales existentes en ese asunto,
decisiones que no fueron recurridas ni modificadas por el tribunal accionado.
1.7. Impugnación
Mediante escrito enviado por correo electrónico el 22 de septiembre del año en
curso10, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia con respaldo en que
la tutela es procedente ante la existencia de un perjuicio irremediable, pues desde
7
Mediante oficios enviados el 1º de agosto de 2023.
8
Cabe aclarar que aun cuando esta autoridad judicial no fue formalmente vinculada, intervino en el
presente trámite.
9
Según la información visible en el índice 7 de SAMAI.
10
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó mediante correo
electrónico enviado el 20 de septiembre de 2023.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
el 15 de octubre de 2015 el señor Calderón Mena presentó la demanda ejecutiva
y está próximo a cumplir 80 años.
Destacó que la providencia mediante la cual se ordenó continuar con la ejecución
del crédito se encuentra en firme hace muchos años y tan solo queda pendiente
obtener el pago de la obligación por parte de la entidad ejecutada. Sin embargo,
el tribunal accionado ordenó levantar el embargo de la cuenta bancaria del ente
territorial demandado.
Reiteró la configuración del defecto sustantivo por indebida interpretación de los
artículos 594 del Código General del Proceso y 45 de la Ley 1551 de 2012, así
como el desconocimiento del criterio fijado en las sentencias C-1154 de 2008 y C-
546 de 1992 relativo a las excepciones del principio de inembargabilidad de los
recursos del Estado.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el actor
contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, el 8 de septiembre de 2023, según lo previsto en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 201511, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la
decisión proferida en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la solicitud
de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo
anterior, deberá analizar si el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los
derechos fundamentales invocados del señor Calderón Mena, al presuntamente
incurrir en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente
planteados.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201212, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
11
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
12
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando
se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»13
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a
él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas
características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan
origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva–
y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia
adjetiva–.14
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
13
Ibídem.
14
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»
Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
«...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.»
En tales condiciones, se advierte que en el caso en estudio se cumple este
presupuesto en atención a que:
i) Se planteó un debate que implica determinar si se configuró la posible
transgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, «de las personas de la tercera edad» y a la seguridad
social del tutelante, con ocasión de las presuntas irregularidades en las que
incurrió la autoridad judicial accionada, el cual amerita la intervención del juez de
tutela pues el asunto está relacionado con unas mesadas pensionales reconocidas
en sentencia judicial a una persona de 79 años, que fueron objeto de proceso
ejecutivo ante la falta de pago, y en el que se dispuso levantar las medidas
cautelares que eventualmente garantizarían satisfacer este a favor del tutelante.
ii) La controversia no es exclusivamente legal o de contenido estrictamente
económico por cuanto la parte accionante enfocó, desde una perspectiva
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
constitucional15, por qué resulta necesario verificar si se configuran el defecto
sustantivo y el desconocimiento del precedente planteados.
iii) La parte demandante expuso argumentos suficientes que permiten entender
que la afectación que, en su sentir, se originó a los referidos derechos se produjo
debido al levantamiento de la medida cautelar que recaía en una cuenta bancaria
del municipio de Istmina (Chocó) por considerarse que los dineros allí depositados
son inembargables.
Entonces, según los lineamientos fijados en la sentencia SU-215 de 26 de junio de
2022, se trata de un asunto que trasciende a un debate constitucional en atención
a que la decisión en cuestión representa un impacto en el cumplimiento de la
obligación que tiene el municipio de Istmina (Chocó) de pagarle al tutelante las
mesadas pensionales ordenadas mediante sentencia.
2.4.2. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza, dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso
ejecutivo promovido por el señor Calderón Mena contra la entidad territorial antes
mencionada, identificado con radicado 27001-33-33-001-2015-00476-00/01.
2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de inmediatez
pues el auto en discusión se profirió el 30 de junio de 2023 y la acción de tutela se
radicó el 24 de julio del mismo año. Entonces, sin que sea necesario precisar la
fecha en que cobró ejecutoria16, se puede concluir que se acudió en un término
razonable dado que transcurrieron menos de 6 meses.17
2.4.4. Contrario a lo concluido por el a quo, la Sala considera que en el presente
asunto se cumple requisito de subsidiariedad teniendo en cuenta que la parte
actora interpuso recurso de apelación contra el auto de 30 de agosto de 2022, por
medio del cual el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó
ordenó el levantamiento del embargo decretado inicialmente, el cual ya fue
resuelto dentro del proceso ejecutivo, es decir que agotó el mecanismo judicial
que tenía a su alcance para debatir lo concerniente a la medida cautelar.
Superadas dichas exigencias, se abordará el fondo de la solicitud, sin perjuicio de
resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección
15
Para tal efecto, en el escrito de la tutela se explicó: «... El presente asunto se trata de una
discusión que involucra un debate ius fundamental – que no es de mera legalidad, teniendo su
origen en la indebida interpretación por parte del Tribunal del artículo 594 del Código General del
Proceso y el artículo 45 de la Ley 1551 de 2012 en torno al principio de inembargabilidad de los
recursos públicos de los entes territoriales, lo cual vulnera las garantías fundamentales al debido
proceso, al libre acceso a la administración de justicia en conexidad con los derechos de las
personas de la tercera edad y el derecho a la seguridad social, por cuanto el Tribunal profiere una
providencia incurriendo en un defecto material o sustantivo y desconociendo el precedente
jurisprudencial frente a las excepciones establecidas al principio de inembargabilidad en
jurisprudencias vinculantes».
16
“Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.”
17
Tiempo que esta Sala consideró razonable para ejercicio de este mecanismo constitucional bajo
los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los
fallos judiciales.
2.5. Caso concreto
En el asunto en estudio el señor Calderón Mena controvierte el auto proferido por
el Tribunal Administrativo del Chocó, por medio del cual se confirmó la decisión de
levantar la medida de embargo que recaía en una cuenta bancaria del municipio
de Istmina (Chocó), dentro del proceso ejecutivo que promovió contra dicho ente
territorial para obtener el pago de las mesadas pensionales que le adeuda, con
ocasión del reconocimiento de la pensión de jubilación.
En sentir del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente, al no interpretar los artículos 59418 del CGP y el
inciso 219 del artículo 45 de la Ley 1551 de 201220 en armonía con el criterio fijado
por la Corte Constitucional en las sentencias C-546 de 1992 y C-1154 de 2008.
Lo anterior, por cuanto en el auto cuestionado no se tuvo en cuenta que los
créditos y obligaciones de origen laboral configuran una excepción al principio de
inembargabilidad de los bienes y recursos incorporados al presupuesto nacional y
al Sistema General de Participaciones.
Como se observa, los argumentos expuestos para respaldar la configuración del
defecto sustantivo21 y el desconocimiento del precedente22 se encuentran
estrechamente relacionados entre sí, razón por la cual se estudiarán
conjuntamente.
Según se tiene, en la providencia de 30 de junio de 2023 la corporación
accionada confirmó el auto de 30 de agosto de 2022, por medio del cual el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó resolvió la solicitud
del municipio demandado de aplicar el embargo a una cuenta corriente con
recursos de libre destinación, pues aquella sobre la cual recaía tal medida
cautelar contiene dineros que proceden de la estampilla Procultura23 y, en
consecuencia, ordenó:
«PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO que recae únicamente
sobre la cuenta bancaria que posee el Municipio de Istmina, en el Banco de Bogotá No.
18
«...Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes
especiales, no se podrán embargar: 1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el
presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general
de participación, regalías y recursos de la seguridad social...».
19
«...En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá decretar
embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante con la ejecución.»
20
«Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios».
21
La Corte Constitucional indicó en la sentencia SU-026 de 2021 que se configura este yerro en
«los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.»
22
En criterio de la Sección Quinta, el concepto de precedente hace referencia a la regla de
derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio
decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.
23
El cual es definido como un gravamen establecido en el artículo 38 de la Ley General de Cultura
–Ley 397 de 1997– para contribuir a la financiación del quehacer cultural en las diferentes regiones
del país.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
3078255152, lo cual implica la devolución de los dineros retenidos a la entidad pública
ejecutada, lo anterior de conformidad a la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR EL EMBARGO de la cuenta bancaria No. 378294920, que posee
el Municipio de Istmina en el Banco de Bogotá, tal como lo solicitó la misma entidad
demandada.
TERCERO: Ordénese la entrega a la parte ejecutante de los títulos judiciales que se
encuentren en este proceso, lo anterior para hacer efectivos los derechos contenidos en la
sentencia objeto de recaudo, tal como se indicó en la parte considerativa de esta
providencia.»24
El Tribunal Administrativo del Chocó coincidió con el a quo en que era viable
levantar la medida cautelar inicialmente decretada, toda vez que los bienes sobre
los cuales recayó son inembargables por disposición legal, con lo que se estaría
evitando que dineros con destinaciones específicas sean retenidos con
obligaciones que no están dentro de su margen.
Además, la autoridad judicial cuestionada puso de presente que la discusión
expuesta en el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del señor
Calderón Mena radicó en que no debió levantarse la medida cautelar. Sin
embargo, en razón de que lo solicitado por el ente demandado fue un cambio de
cuentas, para ello necesariamente debía levantarse el embargo que pesaba sobre
los recursos con características de inembargables.
De la revisión de la providencia debatida se verificó que la colegiatura enjuiciada
respaldó su decisión al tenor de lo previsto en el artículo 594 del CGP, en el cual
se indicó que además de los bienes inembargables señalados en la Constitución
o en leyes especiales, no se podrán embargar:
«1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la
Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de
participación, regalías y recursos de la seguridad social.
...3. Los bienes de uso público y los destinados a un servicio público cuando este se
preste directamente por una entidad descentralizada de cualquier orden, o por
medio de concesionario de estas; pero es embargable hasta la tercera parte de los
ingresos brutos del respectivo servicio, sin que el total de embargos que se decreten
exceda de dicho porcentaje.
Cuando el servicio público lo presten particulares, podrán embargarse los bienes
destinados a él, así como los ingresos brutos que se produzca y el secuestro se
practicará como el de empresas industriales.
4. Los recursos municipales originados en transferencias de la Nación, salvo para el
cobro de obligaciones derivadas de los contratos celebrados en desarrollo de las
mismas.
...16. Las dos terceras partes de las rentas brutas de las entidades territoriales...»
Así, explicó que en el numeral 1º del citado artículo se introdujo una reforma
fundamental, pues extendió la imposibilidad jurídica de embargar los bienes, las
rentas y los recursos incorporados en el presupuesto general de la nación o de las
entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, las
regalías y los recursos de la seguridad social, razón por la que resultaba
24
Destacada por el texto original.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
improcedente continuar con cualquier medida ejecutiva así decretada.
En concordancia con lo anterior, señaló que la Ley 1551 de 2012 «[p]or la cual se
dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios», más allá de desarrollar temas vinculados con el Sistema General de
Participaciones, tácitamente desenvolvió la tarea del legislador con base en el eje
temático de inembargabilidades y, por ello, determinó en su artículo 45:
«...NO PROCEDIBILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES. La medida cautelar del
embargo no aplicará sobre los recursos del sistema general de
participaciones ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas
propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios en los
procesos contenciosos adelantados en su contra.
En los procesos ejecutivos en que sea parte demandada un municipio solo se podrá
decretar embargos una vez ejecutoriada la sentencia que ordena seguir adelante
con la ejecución.
En ningún caso procederán embargos de sumas de dinero correspondientes a
recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan particulares a favor de los
municipios, antes de que estos hayan sido formalmente declarados y pagados por
el responsable tributario correspondiente.»25
De modo que también son inembargables las rentas propias de destinación
específica para el gasto social de los municipios, así como las sumas de dinero
correspondientes a recaudos tributarios o de otra naturaleza que hagan
particulares a favor de los entes territoriales, antes de que estos hayan sido
formalmente declarados y pagados por el contribuyente.
A su vez, el tribunal en cuestión indicó que en diversas oportunidades la Corte
Constitucional se ha pronunciado26 en torno al principio de inembargabilidad de
recursos públicos y precisó que esto tiene sustento en la adecuada provisión,
administración y manejo de los fondos necesarios para el cumplimiento de los
fines del Estado.
No obstante, ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás
principios y derechos reconocidos en la Constitución, en la sentencia C-1154 de
2008 la Corte Constitucional fijó algunas reglas de excepción, pues el postulado
de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger los
derechos fundamentales de cada persona, como lo son:
i) La necesidad de satisfacer créditos y obligaciones de origen laboral con miras a
efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, según lo señalado
en la sentencia C-546 de 199227, ii) el pago de sentencias judiciales para
garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas
25
Destacado por el tribunal accionado.
26
Al respecto, trajo a colación las sentencias C-546 de 1992, C-013 de 1993, C-017 de 1993, C-
337 de 1993, C-555 de 1993, C-103 de 1994, C-263 de 1994, C-354 de 1997, C-402 de 1997, T-
531 de 1999, T-539 de 2002, C-793 de 2002, C-566 de 2003, C-1064 de 2003, T-1105 de 2004 y
C-192 de 2005.
27
«Los actos administrativos que contengan obligaciones laborales en favor de los servidores
públicos deben poseer la misma garantía que las sentencias judiciales, esto es, que puedan
prestar mérito ejecutivo -y embargo- a los dieciocho (18) meses después de haber sido
ejecutoriados. En aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones
dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el
embargo de bienes y rentas incorporadas al presupuesto de la Nación, éste será embargable.»
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
providencias y iii) la ejecución de una obligación clara, expresa y exigible
contenida en un título emanado del Estado.
Además, en el proveído controvertido se trajo a colación que en la sentencia C-
1154 de 2008 la Corte Constitucional explicó que en el nuevo esquema previsto a
partir del Acto Legislativo 4 de 200728:
«...las reformas adoptadas se traducen en una mayor rigidez constitucional en lo
referente al destino social de los recursos del SGP, que implica examinar desde una
óptica diferente el principio de inembargabilidad y las reglas de excepción. En este
sentido, la regla general debe seguir siendo la inembargabilidad de recursos del
presupuesto, para permitir sólo excepcionalmente la adopción de medidas
cautelares».
Así las cosas, la Sala advierte que no le asiste razón al actor cuando afirma que la
decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró sus derechos
fundamentales invocados, teniendo en cuenta que se justificó en el criterio, según
el cual, las reglas de excepción anteriormente descritas lejos de ser excluyentes
son complementarias, es decir que mantiene plena vigencia la regla general de la
inembargabilidad en los términos del artículo 594 del CGP.
Entonces, consideró que no podía pasar por alto la vasta y casi que pacífica línea
jurisprudencial que ha venido decantando el Consejo de Estado29 respecto del
tema de la inembargabilidad de los recursos del Estado, ello en cuanto es
permitido siempre y cuando se cumplan con algunas condiciones.
De este modo concluyó que, si bien eran válidos los argumentos del ejecutante
relativos a que la medida cautelar es la única forma para hacer cumplir al
ejecutado las obligaciones contractuales que se rehúsa, lo cierto es que los bienes
sobre los cuales inicialmente se decretó son inembargables.
Cabe resaltar que en la providencia cuestionada no se modificaron o revocaron las
órdenes concernientes al embargo de la cuenta bancaria 378294920 que posee el
municipio de Istmina (Chocó) en el Banco de Bogotá y la entrega a la parte
ejecutante de los títulos judiciales que se encuentren en el proceso con radicado
27001-33-33-001-2015-00476-00.
Quiere ello decir que la autoridad judicial accionada dejó incólume las medidas
dictadas por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó,
con el propósito de garantizar el efectivo cumplimiento de la obligación que tiene a
cargo del ente territorial demandado.
De hecho, en el auto controvertido se indicó que es un deber inexcusable de los
servidores públicos territoriales proveer las actuaciones administrativas
presupuestales, de hacienda pública y saneamiento de las finanzas de tal manera
que se incorporen las partidas correspondientes para el pago de la deuda pública,
pues una omisión en tal sentido comporta responsabilidades fiscales, penales,
28
«Por el cual se reforman los artículos 356 y 357 de la Constitución Política.»
29
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, M.P. Enrique Gil Botero, auto interlocutorio
del 6 de agosto de 2014, rad. 88001-23-33-000-2014-00003-01(50408). Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. Enrique Gil Botero, sentencia de 25 de junio de 2014,
rad. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (49299).
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
disciplinarias, de repetición y personal para quienes tienen a cargo el pago de
créditos insolutos y correspondiente con ello, deben provisionar lo pertinente para
el pago de las acreencias correspondientes.
Por esto, el tribunal accionado ordenó oficiar al alcalde del municipio de Istmina
(Chocó) para que dentro del término de la distancia proceda a realizar las
operaciones presupuestales, financieras y de hacienda pública encaminadas al
pago del crédito del señor Calderón Mena, así como al presidente y a la plenaria
del concejo municipal de la entidad territorial ejecutada, para los efectos
pertinentes. Además, en el numeral segundo del auto de 30 de junio de 2023
resolvió:
«SEGUNDO: COMPULSAR COPIAS al Alcalde municipal de Istmina [s]eñor Hever
Córdoba Manyoma y a los [a]lcaldes que lo han antecedido desde que se hizo
exigible la obligación que se ejecuta en este proceso, ante la Fiscalía Seccional
Chocó, Procuraduría Regional del Chocó y la Contraloría Departamental del Chocó,
para que, salvo mejor criterio, se investigue las conductas del actual alcalde y los
que antecedieron por el incumplimiento en sus funciones.»
En este orden de ideas, la Sala encuentra que la autoridad judicial accionada no
desconoció el alcance que la Corte Constitucional le ha dado al principio de
inembargabilidad de los recursos del Estado y las situaciones por las que
excepcionalmente se puede inaplicar dicha regla, sino que las aplicó al asunto
sometido a su consideración, otra cosa es que evidenciara que era viable acceder
a la petición del municipio ejecutado relativa a cambiar las cuentas embargadas,
en aras de que la entidad territorial cumpla con la obligación que tiene a su cargo.
Para finalizar, es oportuno señalar que si bien el señor Calderón Mena aludió en el
escrito de la tutela que tiene 79 años, circunstancia que lo ubica en las personas
que pertenecen al grupo de la tercera edad30 y, por tanto, merece un tratamiento
especial en esta instancia constitucional, lo cierto es que no acreditó cuál puede
ser el daño irreparable que se puede evitar con la adopción de alguna medida
transitoria.
Esto, por cuanto no se aportó al plenario prueba fehaciente que permita entender
que a raíz del levantamiento de la primera medida cautelar decretada sus
derechos fundamentales, como el del mínimo vital, se han visto gravemente
afectados, ni se puso de presente que el pago de las mesadas pensionales
adeudadas no se puede cubrir con el embargo de la nueva cuenta del municipio
de Istmina (Chocó), lo que llevaría a que el asunto que nos ocupa se analice
desde una óptica diferente.
30
La Corte constitucional en la sentencia T-013 de 2020 precisó la diferencia entre persona de la
tercera edad y adulto mayor, así: «Conviene precisar que el término “persona de la tercera edad” y
el concepto “adulto mayor”, que a menudo se usan indistintamente, no pueden ser empleados
como sinónimos. El concepto “adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de 2009. En ella se apela
a la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad social en pensiones, con el fin de identificar
la población destinataria de la atención integral en los centros vida. De cara a lo dispuesto por el
Legislador en esa norma, será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin superar
esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico [que]
así lo determinen”. Por su parte, la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla
quien no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. No todos los adultos
mayores son personas de la tercera edad; por el contrario, cualquier persona de la tercera edad
será un adulto mayor. PERSONA DE LA TERCERA EDAD- Se considera que lo es a partir de 76
años, según actualización emitido por el DANE».
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Gilberto Calderón Mena
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03952-01
En consecuencia, la Sala revocará la providencia impugnada, que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia para, en su lugar, denegarla, por
cuanto los cargos planteados en la acción constitucional no tienen vocación de
prosperidad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 8 de septiembre de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y, en su lugar, DENEGAR la
acción de tutela presentada por el señor Gilberto Calderón Mena.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.