Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03960-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03960-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03960-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
28 de septiembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03960-00
Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., ventiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03960-00
Demandante: JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ RONCANCIO
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. PROCESO
DISCIPLINARIO – RUPTURA UNIDAD PROCESAL –
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por el
señor José Francisco Sánchez Roncancio contra la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor José Francisco Sánchez Roncancio interpuso acción de tutela contra las
citadas autoridades por estimar vulnerados los derechos fundamentales al trabajo
y al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Declarar la NULIDAD de la sentencia de fecha 23 de febrero de 2022, proferida
por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío.
2. Declarar la nulidad del fallo de segunda instancia de fecha 7 de junio de 2023,
proferida por la comisión Nacional de disciplina Judicial, con ponencia del Magistrado
MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ TAMAYO.
3. Que se declare la nulidad del acto de ejecución del día 17 de julio de 2023.”
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor José Luis Leopoldo Muñoz Cardozo formuló queja disciplinaria contra el
abogado José Francisco Sánchez Roncancio por presunto incumplimiento al deber
profesional y ético porque el 26 de enero de 2019 fue contratado para que actuara
en su nombre y representación e interpusiera: i) demanda civil de resolución tácita
de contrato en contra del ingeniero Elkin Jair Pachón Bonilla y ii) proceso penal y
disciplinario en contra del mismo ingeniero por incumplimiento en la ejecución de
una obra civil. El quejoso manifestó que el abogado recibió los honorarios pactados,
pero no realizó la gestión encomendada.
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Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio
La queja disciplinaria tuvo como finalidad el estudio de tres conductas:
i) falta de diligencia en la radicación y trámite de la demanda civil
encomendada.
ii) no formular denuncia por el delito de estafa contra el ingeniero Pachón
Bonilla.
iii) no presentar queja disciplinaria en contra del mencionado ingeniero.
En el trámite del proceso disciplinario se profirió providencia del 19 de enero de
2022, en la que, de un lado, se formuló cargos contra el abogado por la falta de
diligencia en la formulación de la demanda civil y, por otro, se ordenó el archivo de
la actuación en relación con la omisión en presentar denuncia por el delito de estafa
y, a su vez, queja disciplinaria en contra del ingeniero Elkin Jair Pachón Bonilla.
Contra está última decisión, el quejoso presentó recurso de apelación, el cual fue
concedido en el trámite de la audiencia de calificación, en el efecto suspensivo.
En auto del 25 de enero de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó
la decisión de archivo y ordenó continuar la actuación disciplinaria, únicamente,
respecto a la presunta omisión de formular denuncia por el delito de estafa en contra
del ingeniero Pachón Bonilla.
Lo anterior, sostiene el actor, condujo a que en el mismo proceso disciplinario se
surtieran dos trámites distintos bajo el mismo radicado y decididos de manera
independiente, el primero, en el que se analizó la falta de diligencia del abogado 1
y, el segundo, que se ocupó de definir si había lugar a sancionarlo por la presunta
omisión en formular denuncia por estafa contra el ingeniero Elkin Jair Pachón
Bonilla, este último decidido por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Quindío en sentencia del 11 de mayo de 2023, que absolvió de responsabilidad
disciplinaria al abogado.
Respecto al análisis por falta al deber de diligencia, la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Quindío, en fallo del 23 de febrero de 2022, declaró
disciplinariamente responsable al actor y le impuso sanción consistente en
suspensión del ejercicio de la profesión por el término de 4 meses, al considerar
que fue desmedido el tiempo que tardó en promover la demanda civil que se le
encomendó, razón por la que estimó que incurrió, a título de culpa, en la falta
prevista en el artículo 37.1 de la Ley 1123 de 2007.
El señor Sánchez Roncancio apeló el referido fallo y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, en sentencia del 7 de junio de 2023, la confirmó al considerar
que se encontraba plenamente probada la falta disciplinaria por incurrir en una
demora injustificada para iniciar la gestión profesional encomendada.
3. Argumentos de la acción de tutela
El actor manifestó que la vulneración se dio en el momento que la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Quindío desconoció que, al conceder el recurso
de apelación interpuesto contra el auto de 19 de enero de 2022, no había lugar a
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El cual concluyó en sentencia del 7 de junio de 2023 que confirmó la sanción disciplinaria impuesta al señor Sánchez
Roncancio, trrámite que se pretende dejar sin efecto en esta oportunidad.
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continuar con la calificación y juzgamiento por la sanción disciplinaria consistente
en haber faltado al deber profesional.
Indicó que el resultado de haber interpuesto la apelación respecto a la orden de
archivo, debió tener como efecto la suspensión de todo el trámite procesal, hasta
que el mencionado recurso fuera decidido por el superior, de conformidad al artículo
81 de la Ley 1123 de 2007, y no como ocurrió en el presente caso que, bajo el
mismo radicado, se profirieron dos sentencias, una en la que se absolvió respecto
a la omisión de formular denuncia y otra en la que se declaró responsable y se
sancionó por falta de diligencia en el ejercicio profesional por no tramitar el proceso
civil encomendado.
Expuso que el juez que conoció en primera instancia del proceso disciplinario
profirió fallo sancionatorio sin estar facultado legal y procesalmente, situación que
se habría podido subsanar decretando la ruptura de la unidad procesal y, en
consecuencia, la separación de los trámites con un número de radicación diferente;
sin embargo, señaló que esto no se dio, razón por la que al mismo tiempo el proceso
disciplinario estuvo en primera y en segunda instancia con la misma radicación, en
estudio de los mismos hechos y con decisiones contrarias, es decir, uno con fallo
absolutorio y otro sancionatorio.
Finalmente, explicó que las providencias objeto de debate incurrieron en defecto
procedimental absoluto, defecto sustantivo y defecto orgánico porque
desconocieron por completo el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, que, por ende,
el funcionario judicial carecía absolutamente de competencia para decidir el
proceso disciplinario, pues no estaba habilitado para fallar, toda vez que la norma
le exigía suspender la actuación hasta que el juez de segunda instancia se
pronunciara.
4. Trámite Previo
Mediante auto del 14 de agosto de 2023, se admitió la acción de tutela se negó la
medida cautelar y se ordenó notificar a las partes. Asimismo, ordenó notificar a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. Oposición
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial indicó que la presente solicitud de
amparo no está dirigida contra ella; pues se interpuso con ocasión a las
circunstancias asociadas con el trámite del proceso, toda vez que se adujo que,
pese a que el quejoso interpuso recurso de apelación contra la decisión de
terminación parcial adoptada en la audiencia de pruebas y calificación provisional
del 19 de enero de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío
continuó la actuación en relación con la conducta por la que sí formuló cargos
disciplinarios, sin ordenar la ruptura procesal, lo que habría generado la existencia
de dos procesos por los mismos hechos y con el mismo radicado.
Explicó que, por ende, carece de legitimación en la causa por pasiva en lo que tiene
que ver con la continuación del proceso mientras se encontraba pendiente de
resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de terminación
parcial.
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Sin embargo, precisó que la presente solicitud de amparo es improcedente en la
medida en que el actor no alegó la presunta vulneración al debido proceso en el
curso de la actuación disciplinaria, pues dicho argumento no fue expuesto ni
siquiera en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera
instancia que resolvió sancionarlo.
De otro lado, dijo que para la configuración del defecto procedimental absoluto es
necesario que exista un error trascendental en el trámite procesal que afecte de
manera grave el derecho al debido proceso y tenga influencia directa en la decisión
de fondo adoptada; lo cual no ocurrió en el caso objeto de debate, pues no se logró
demostrar en qué sentido la continuación del procedimiento disciplinario afectó las
garantías del actor, ni cómo eso pudo influir en la decisión de fondo.
Adujo que, en todo caso, cualquier tipo de aspecto señalado en la demanda de
tutela, relacionado con el trámite efectuado en la primera instancia del proceso
disciplinario, quedó subsanado en el trámite de la segunda instancia, comoquiera
que no fue alegado en su oportunidad por el disciplinado y en ese entendido
cualquier irregularidad se subsanó.
Por lo expuesto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela o en su defecto
se nieguen las pretensiones en la medida en que no existió la vulneración alegada
por el señor Sánchez Roncancio.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Quindío guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
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contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas
de procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si la presente solicitud de amparo cumple el
requisito de subsidiariedad o si, por el contrario, procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio.
Del requisito general de subsidiariedad
Como se anticipó, de manera previa a cualquier consideración respecto del fondo
del asunto, la Sala estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple
el requisito de subsidiariedad.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó5:
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
5 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no
tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto
de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales
diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado
la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre
prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es,
por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar
el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)”.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de
lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Del requisito general de subsidiariedad en el caso concreto
Con base en lo anterior, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el
interesado debe, por lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su
disposición o demostrar que se le ocasionó un perjuicio irremediable caso en el que
procedería la tutela como mecanismo transitorio, de lo contrario, la tutela deviene
improcedente.
La parte actora afirmó en el escrito de tutela que la providencia objeto de debate
fue proferida con desconocimiento a lo dispuesto en la Ley 1123 de 2007, artículo
816, y sin competencia, dado que, a su juicio, no se podía continuar el trámite
procesal hasta que fuera resuelta la apelación interpuesta contra el auto del 19 de
enero de 2022.
Asimismo, el actor argumentó que fue concedida la apelación, pero no se ordenó
la suspensión procesal, lo que dio como resultado el estudio de dos de las faltas
alegadas, de manera independiente y simultánea, esto es, la de diligencia en el
trámite de demanda civil y la omisión en la formulación de denuncia por estafa,
surtiendo dos instancias a la vez en el mismo proceso, lo cual, a su juicio,
desconoció los derechos fundamentales invocados y dio lugar a la configuración
de los defectos enunciados.
De entrada, la Sala advierte que el demandante, valiéndose de la supuesta
irregularidad en la que incurrió el juez de conocimiento de primera instancia en el
6 Artículo 81. Recurso de apelación. Procede únicamente contra las decisiones de terminación del
procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que
niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia. Podrá interponerse de manera principal
o subsidiaria al recurso de reposición respecto de las providencias que lo admitan. Se concederá en el efecto
suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres
(3) días siguientes a la última notificación. Vencido este término, los no apelantes podrán pronunciarse en
relación con el recurso dentro de los dos (2) días siguientes. Sobre su concesión se decidirá de plano. El recurso
será rechazado cuando no sea sustentado o se interponga de manera extemporánea, decisión contra la cual no
procede recurso alguno.
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proceso disciplinario, esto es, no haber suspendido la totalidad del proceso al
conceder el recurso de apelación interpuesto contra la decisión del 19 de enero de
2022, pretende invalidar el fallo disciplinario que confirmó la sanción por falta de
diligencia profesional en el trámite de la demanda civil encomendada.
Para efectos de resolver es necesario destacar los siguientes hechos:
• Se formuló queja disciplinaria en contra del abogado José Francisco
Sánchez Roncancio por: i) falta de diligencia en la presentación de la
demanda civil encomendada ii) no formular denuncia por el delito de estafa
contra el ingeniero Pachón Bonilla y iii) por no radicar queja disciplinaria en
contra del mencionado ingeniero.
• El 19 de enero de 2022 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Quindío, en audiencia de pruebas y calificación provisional de las faltas
alegadas, explicó que proferiría una decisión de carácter mixto, dado que,
de un lado, formularía cargos en contra del abogado por faltar al deber de
diligencia en el ejercicio profesional 7 al demorar la iniciación del proceso civil
y, por el otro, archivaría el proceso respecto a las otras dos faltas endilgadas.
• Lo anterior, condujo a que bajo el mismo radicado, esto es, 2021-00301-
00/02, se analizara y adelantara el caso del actor desde tres puntos
diferentes, así:
Trámite respecto a la falta de Trámite respecto a la falta de Trámite respecto a la falta de
diligencia por no haber iniciado la diligencia por no haber formulado diligencia por no haber radicado
demanda ante la jurisdicción civil. denuncia por estafa queja disciplinaria
La mencionada falta disciplinaria fue Frente a esta falta disciplinaria en Frente a esta falta disciplinaria en
calificada en audiencia del 19 de enero audiencia del 19 de enero de 2022 se audiencia del 19 de enero de 2022 se
de 2022 y en ella se ordenó proceder con ordenó el archivo. ordenó el archivo y no fue objeto de
la etapa de juzgamiento. debate
El quejoso apeló la decisión y dicho
recurso fue concedido en efecto
suspensivo respecto al estudio de esta
falta y se remitió el expediente al
superior únicamente respecto a este
análisis.
Primera instancia: En relación con el recurso de
apelación interpuesto se observa:
La Comisión de Disciplina Judicial
Seccional Quindío en fallo del 23 de La Comisión Nacional de Disciplina
febrero de 2022, declaró Judicial en providencia del 25 de enero
disciplinariamente responsable al actor y de 2023 le concedió parcialmente la
le impuso sanción consistente en apelación interpuesta contra el auto del
suspensión del ejercicio de la profesión 19 de enero de 2022 y como
por el término de 4 meses, al considerar consecuencia de ello, revocó la
que fue desmedido el tiempo que tardó decisión en lo que tiene que ver con la
en promover la demanda civil que se le decisión de archivo por la omisión de
encomendó́ razón por la que incurrió a formular denuncia por el delito de
título de culpa en la falta prevista en el estafa.
artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de
2007. En auto del 23 de marzo de 2023, se
formularon cargos al señor Sánchez
Roncancio por la violación culposa del
deber de la debida diligencia
profesional previsto por el numeral 10
del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007,
por su omisión de formular una
denuncia en contra del ingeniero Elkin
Jair Pachón Bonilla.
Segunda instancia La Comisión de Disciplina Judicial
Seccional Quindío en sentencia del 11
de mayo de 2023 absolvió de
7 Concretamente por incurrir en la falta señalada en la Ley 1123 de 2007 artículo 37 numeral 1.
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Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio
El actor apeló la decisión y la Comisión responsabilidad disciplinaria frente a
Nacional de Disciplina Judicial en esta omisión al abogado José́
sentencia del 7 de junio de 2023, Francisco Sánchez Roncancio al
confirmó la decisión al considerar que se considerar que existían dudas
encontraba plenamente probada la falta insalvables sobre la estructuración de
disciplinaria por incurrir en una demora la responsabilidad subjetiva del
injustificada para dar inicio a la gestión investigado.
profesional encomendada, esto es la
radicación y tramite de la demanda civil.
Resultado del proceso: fallo Resultado del proceso: fallo Resultado del proceso: archivo de la
sancionatorio absolutorio diligencia
De lo expuesto, la Sala destaca que, contrario a lo afirmado por el actor, el trámite
del proceso disciplinario se dio de manera concomitante debido a que en la
audiencia de calificación y juzgamiento, al conceder el recurso de apelación en el
efecto suspensivo, se explicó que dicho trámite procesal frente a las dos conductas
disciplinarias recurridas eran autónomas (omisión de formular denuncia penal y
queja disciplinaria) se suspendió el trámite respecto de estás y se remitió el
expediente al superior para surtir la apelación.
Además, en atención a que se formuló cargos frente al juzgamiento por falta de
diligencia del actor en la demanda civil, el juez dispuso la ruptura de la unidad
procesal, según consta en el acta de la mencionada audiencia y en el minuto
1:08:55 de la grabación, en la que el juez de conocimiento estipuló:
“5. Para efectos de continuar con la fase de juzgamiento, respecto de la formulación de
cargos por indiligencia en la promoción de una demanda civil, se dispone la ruptura de
la unidad procesal. De ser necesario por Secretaría se procederá a determinar la nueva
nomenclatura de las actuaciones.”
(subrayado fuera de texto).
Lo anterior, se dio en aplicación del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007 8 y en
coherencia con el parágrafo del artículo 214 de la Ley 1952 de 2019 9, en la que se
estipuló que la ruptura de la unidad procesal no genera nulidad, siempre que no
resulten garantías fundamentales afectadas.
8 Artículo 16. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario
prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en
este código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los abogados,
y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en
lo que no contravenga la naturaleza del derecho disciplinario.
9 ARTÍCULO 214. Ruptura de la unidad procesal. Procederá en los siguientes casos: a) Cuando se adelante
investigación por una falta disciplinaria en la que hubieren intervenido varios servidores públicos y solamente
se identificare uno o algunos de ellos, se podrá romper la unidad procesal, sin perjuicio de que las actuaciones
puedan unificarse posteriormente para proseguir su curso bajo una misma cuerda; b) Cuando en la comisión
de la falta intervenga una persona para cuyo juzgamiento exista fuero constitucional o legal que implique cambio
de competencia o que este atribuido a una jurisdicción especial. c) Cuando se decrete la nulidad parcial la
actuación procesal que obligue a reponer el trámite en relación con uno de los disciplinados o una o algunas
de las faltas atribuidas a un mismo disciplinado; d) Cuando en la etapa de juzgamiento surjan pruebas
sobrevinientes que determinan la posible ocurrencia de otra falta disciplinaria o la vinculación de otra persona
en calidad de disciplinado, evento en el cual se ordenara expedir copias de las pruebas pertinentes para iniciar
la nueva acción en expediente separado; e) Cuando en la etapa de juzgamiento se verifique la confesión de
una de las faltas o de uno de los disciplinados, evento en el cual se continuará el juzgamiento por las demás
faltas o disciplinados en actuación esperada. PARÁGRAFO. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad
siempre que no afecte las garantías constitucionales del disciplinado. Tampoco genera nulidad el hecho de
adelantar procesos independientes para conductas en las que se presenta conexidad procesal.
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Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio
Situación frente a la que, pese a ser dictada en el trámite de audiencia, ninguna de
las partes manifestó su desacuerdo.
Siendo así, para la Sala es claro que, bajo el panorama fáctico expuesto, que la
parte actora contó con otro medio de defensa judicial para la protección de los
derechos fundamentales invocados, en la medida en que, si consideraba que la
ruptura de la unidad procesal ponía en riesgo sus derechos fundamentales como
investigado, debió manifestarlo en el trámite de la audiencia recurriendo dicha
decisión.
Asimismo, si el actor consideró que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Quindío había perdido la competencia para dar continuidad al proceso y, por esta
razón, sus garantías fundamentales se vieron menoscabadas, en la medida en que
debió suspender la totalidad del proceso hasta que el superior se pronunciara frente
al recurso de apelación interpuesto, pudo solicitar la nulidad procesal por falta de
competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 9810 de la Ley 1123 de
2007, sin embargo, no lo hizo.
Por lo anterior, lo que encuentra la Sala es que el actor no hizo uso de los medios
de defensa judicial que tuvo a su alcance en el marco del proceso disicplinario y en
la actualidad mediante el uso de la acción de tutela de la referencia lo que pretende
es reemplazar los medios de defensa ordinarios establecidos en la ley, que por
descuido, negligencia o desidia no ejerció.
En efecto, la parte actora no puede acudir a la presente solicitud de amparo, sin
haber agotado ese medio de defensa que legalmente tuvo a su alcance, pues es
claro que pretende a través de un mecanismo excepcional y residual como es la
acción de tutela, suplir esa omisión, lo cual hace improcedente la presente solicitud
de amparo.
En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, establece:
“Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por
irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una
indemnización.” (Negrilla fuera de texto)
Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró:
“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca de la
naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de procedencia
cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha destacado en
múltiples oportunidades que los medios y recursos judiciales ordinarios son el
escenario preferente para invocar la protección de los derechos
constitucionales fundamentales que se consideren vulnerados en una
10 Artículo 98. Son causales de nulidad
1. La falta de competencia.
2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.
3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.
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situación específica, y a ellos deben acudir, en principio, los afectados, a fin de
hacer prevalecer la supremacía de estos derechos y el carácter inalienable
que les confiere la Carta.
En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio
subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros mecanismos, sino
el de fungir como último recurso orientado a suplir los vacíos de defensa que
en determinadas circunstancias presenta el orden jurídico, en materia de
protección de derechos fundamentales.
Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden
jurídico reserva a la acción de tutela en la medida que el mismo no ofrezca al
afectado otros medios de defensa judicial, de igual o similar eficacia. Sin
embargo, de la sola existencia de un medio alternativo de defensa judicial, no
deviene automáticamente la improcedencia de la acción de tutela.
En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico tiene
previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al juez
constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en determinar si el
medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia necesarias para la
defensa de los derechos fundamentales. Si la respuesta a esa primera
cuestión es positiva, debe abordarse la cuestión subsiguiente consistente en
determinar si concurren los elementos del perjuicio irremediable, que conforme
a la jurisprudencia legitiman el amparo transitorio.”
De lo anterior, la Sala concluye que en el presente caso no se cumple con uno de
los requisitos de procedencia de la tutela, esto es, que se agote en debida forma el
medio de defensa que el actor tuvo a su alcance para que le sean protegidos los
derechos fundamentales que considera vulnerados.
Luego, por lo expuesto la Sala declarará improcedente la acción de tutela
interpuesta por el señor José Francisco Sánchez Roncancio, en la medida en que
no cumple con el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor José
Francisco Sánchez Roncancio.
2. En caso de no ser impugnada, enviar a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
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Demandante: José Francisco Sánchez Roncancio
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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