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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03964-00

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03964-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela frente al Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las razones expuestas. 2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela con respecto a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá – Oficina de Reparto de los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, conforme con lo expuesto en esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03964-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

7 de septiembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03964-00
Demandante: Fernando Rueda Nieto

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03964-00
Demandante: FERNANDO RUEDA NIETO
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTROS

Temas: Tutela por inconformidad en trámite de radicación y reparto de
demanda. Tutela para adopción de lineamientos generales. Tutela
contra actos generales. Derecho de acceso a la administración de
justicia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Fernando Rueda Nieto contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura y la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 21 de julio de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Fernando
Rueda Nieto pidió la protección del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta por lo siguiente: (i) porque la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial «incumple el deber de vigilar que los Jueces
y Empleados concurran a los Despachos judiciales a cumplir con sus deberes»; (ii)
porque el Consejo Superior de la Judicatura no obliga a que los servidores judiciales
atiendan de manera presencial y «resuelvan o despachen los asuntos sometidos a su
conocimiento dentro de los términos legales, al menos, dentro de un término
prudencial», y (iii) porque la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
– Oficina de Reparto no informó a qué juez fue repartida la demanda de
responsabilidad civil contractual formulada por el señor Rueda Nieto contra la
sociedad Inversiones Ligol S.A.S.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Ruego a Uds., que en la decisión que ponga fin a la instancia se hagan las siguientes o similares
declaraciones y condenas:
1º. Tutelar en favor del suscrito y en contra de los accionados el derecho fundamental aquí
invocado o cualquier otro que procesalmente se demuestre

2º. Consecuencialmente ordenar a los accionados que, dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación del fallo, procedan a:

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Demandante: Fernando Rueda Nieto

3.1. El Consejo Superior de la Judicatura a realizar los trámites y diligencias en orden a que:

3.1.1. Los Jueces y empleados acudan a los Despachos Judiciales a cumplir con los deberes de
sus cargos.

3.1.2. Adoptar las medidas y controles necesarios a fin de que, los Jueces y Magistrados de la
República, resuelvan o despachen los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de los
términos legales, al menos, dentro de un término prudencial.

3.1.3. Llevar a cabo la vigilancia y control necesarios para que una vez radicada una demanda
civil, laboral, familia o administrativa se expida el correspondiente documento de recibido y boleta
o informe a que estrado judicial fue repartido.

3.1.4. Que las Oficinas de Reparto, entreguen vía internet constancia de recibido de las
demandas con indicación del demandante, demandado, clase de proceso y Despacho Judicial
al cual fue repartido.

3.1.5. Que una vez la demanda llegue al Juzgado al que ha sido repartido se radique
inmediatamente de manera que se pueda saber que movimiento tiene.

4º. Que se me permita saber, vía interna al consultar a que Juzgado fue repartida la demanda
civil de pequeñas causas que motiva esta acción.

5º. Que el Juzgado al cual le correspondió en reparto, proceda a radicar en el página web, dicha
demanda, ingresarla a Despacho, sin tardanza alguna y registrar todo el movimiento que vaya
teniendo.

6º. Las demás que estime necesarias.

3. Hechos

De la demanda de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 23 de mayo de 2023, mediante la plataforma virtual de la Rama Judicial, el señor
Fernando Rueda Nieto interpuso demanda ordinaria contra la sociedad Inversiones
Ligol S.A.S.

En respuesta, el sistema informó al señor Rueda Nieto que la demanda fue
correctamente radicada, con el número 659835.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora alegó que las autoridades demandadas vulneraron el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia, por los motivos que se resumen
enseguida:

Que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá – Oficina de
Reparto de los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple no informó a
qué juzgado fue repartida la demanda radicada el 23 de mayo de 2023. Que se ha
llamado al teléfono 3185699807, pero no ha obtenido respuesta sobre el estado del
trámite. Que «la situación del suscrito es que, como lo constara con las pruebas que
allego, es que, en los Despachos Judiciales, es tal el desinterés por trabajar
correctamente, que, las demandas han podido llegar, pero, se tardan semanas, meses
y hasta semestres para radicarlas».

Que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial «incumple el deber de vigilar que
los Jueces y Empleados concurran a los Despachos judiciales a cumplir con sus
deberes» y no ejerce control sobre las actuaciones «displicentes, negligentes y
desinteresadas» de los servidores judiciales. Que «la presente acción va dirigida a que

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Demandante: Fernando Rueda Nieto

dicha autoridad de la Rama Judicial, proceda a controlar que todos los Jueces y
empleados realicen pronta y cumplidamente los deberes propios de sus cargos».

Que el Consejo Superior de la Judicatura debe realizar gestiones tendientes a que:
(i) los jueces y empleados acudan a cumplir sus deberes; (ii) implementar controles
para garantizar que decidan los asuntos en los términos legalmente previstos; (iii)
ejercer control y vigilancia para que el sistema de radicación de demandas «expida el
correspondiente documento de recibido y boleta o informe a que estrado judicial fue
repartido»; (iv) ordenar que las oficinas de reparto entreguen «vía internet constancia
de recibido de las demandas con indicación del demandante, demandado, clase de
proceso y Despacho Judicial al cual fue repartido», y (v) los juzgados radiquen la
demanda y las diligencias en el sistema.

5. Trámite

Por auto del 25 de julio de 2023, el Despacho Sustanciador admitió la demanda de
tutela y, en calidad de demandados dispuso la notificación a la presidenta de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al presidente del Consejo Superior de la
Judicatura y al director seccional de administración judicial de Bogotá.

La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas en
el auto admisorio, mediante correos electrónicos del 1° de agosto de 2023.

6. Intervenciones

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá señaló que, de
conformidad con la información reportada por el coordinador del Centro de Servicios
Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de
Bogotá, el trámite dado a la demanda interpuesta por el señor Rueda Nieto fue el
siguiente:

(i) Que, el 23 de mayo de 2023, a través de la herramienta «demanda en línea»
el señor Rueda Nieto radicó demanda ordinaria de mínima cuantía, con
radicado 659835.

(ii) Que, en respuesta automática del mismo 23 de mayo de 2023, enviada al
correo señalado por el actor (JER765@hotmail.com), se informó que la
demanda fue radicada con el número 659835.

(iii) Que, el 25 de mayo de 2023, el acta de reparto fue enviada al demandante,
al correo electrónico informado (JER765@hotmail.com).

Dijo que lo expuesto evidencia que la demanda formulada por el señor Rueda Nieto
fue debidamente tramitada y que no fue vulnerado el derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia. Resaltó que lo cierto es que el demandante sí fue
informado de la radicación de la demanda y de la autoridad judicial a la que
correspondió el reparto.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial adujo que la tutela es improcedente,
pues las inconformidades formuladas por el actor respecto al trámite de reparto deben
tramitarse mediante queja, en los términos del artículo 67 de la Ley 1123 de 2007. Que
«si el accionante lo que pretende es interponer una queja disciplinaria la acción de
tutela no es el medio idóneo para activar la Jurisdicción Disciplinaria».

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Demandante: Fernando Rueda Nieto

Dijo que, de conformidad con los artículos 256 [4] y 257 de la Constitución Política,
corresponde al Consejo Superior de la Judicatura evaluar la plataforma tecnológica
dispuesta para la radicación de demandas en línea. Que, además, en los términos del
Acuerdo 1472 de 2002, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la función
de reparto corresponde a las oficinas de reparto y se realiza mediante el Sistema de
Administración de Reparto Judicial (SARJ).

Explicó que la Ley 1221 de 2008 y el Decreto Reglamentario 1227 de 2022 regulan y
promueven el teletrabajo para las organizaciones públicas y privadas y, por ende,
mediante Acuerdos PCSJA22-12024 del 14 de diciembre de 2021 y PCSJA23-12042
del 1° de febrero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó regulación
específica de teletrabajo para la Rama Judicial. Que dichos acuerdos otorgan a los
nominadores discrecionalidad para conceder el teletrabajo, previa verificación de
ciertos requisitos y siempre que exista voluntad por parte del servidor.

Manifestó que, de acuerdo con lo expuesto, carece de competencia para ordenar que
los servidores judiciales laboren de manera presencial. Que esa competencia
corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y que, en este punto, la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial carecería de legitimación en la causa por pasiva.

El Consejo Superior de la Judicatura alegó que carece de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que las acciones u omisiones que manifiesta el actor como
vulneradoras recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá. Que dicha autoridad es la responsable de realizar los trámites de
radicación y reparto de demandas y administrar el sistema previsto para dicho trámite.

Agregó que la legitimación en la causa no puede derivarse del simple hecho de que el
señor Rueda Nieto haya mencionado al Consejo Superior de la Judicatura.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela interpuesta por el
señor Fernando Rueda Nieto para: (i) verificar si la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial «incumple el deber de vigilar que los Jueces y Empleados concurran a los
Despachos judiciales a cumplir con sus deberes»; (ii) ordenar al Consejo Superior
de la Judicatura que obligue a que los servidores judiciales atiendan de manera
presencial y «resuelvan o despachen los asuntos sometidos a su conocimiento dentro
de los términos legales, al menos, dentro de un término prudencial», y (iii) establecer
si la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá – Oficina de Reparto
no informó al actor a qué juez fue repartida la demanda de responsabilidad civil
contractual interpuesta contra la sociedad Inversiones Ligol S.A.S.

La Sala anticipa que frente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se
cumple el requisito de subsidiariedad, pues, para efecto del control pretendido por el
demandante, puede formular las quejas correspondientes. Respecto del Consejo
Superior de la Judicatura, la tutela también deviene improcedente, por cuanto no
puede utilizarse para interferir en asuntos relacionados con las políticas de
administración de personal de la Rama Judicial y porque, en todo caso, el demandante
puede cuestionar las normas o actos que han previsto el teletrabajo en la Rama
Judicial. En cuanto a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial será

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denegada la tutela, pues, como se explicará más adelante, se evidenció que la
demanda interpuesta por el señor Rueda Nieto fue debidamente radicada y repartida.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a (i) generalidades de la acción de
tutela, (ii) la subsidiariedad, y (iii) el análisis del caso concreto.

2. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.

3. La subsidiariedad

El carácter subsidiario de la acción de tutela responde a que ésta es procedente
cuando no existe otro mecanismo judicial o administrativo para proteger el derecho
fundamental o porque habiéndolo se configuró un perjuicio irremediable 1. Así
entonces, una acción de tutela propende por la protección de aquellos derechos
fundamentales que de otra forma se verían desamparados, pero no por eso puede
entenderse que es el único mecanismo para su protección.

4. Análisis del caso concreto

Frente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la parte actora adujo el
supuesto incumplimiento del «deber de vigilar que los Jueces y Empleados concurran
a los Despachos judiciales a cumplir con sus deberes».

Al respecto, conviene precisar que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1952 de
2019, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de
Disciplina Judicial les corresponde ejercer la acción disciplinaria contra los funcionarios
y empleados judiciales. El artículo 86 ibidem, por su parte, indica que la actuación
disciplinaria puede iniciarse por medio de queja, que puede ser formulada por cualquier
persona

Lo anterior quiere decir que si el demandante considera que algún empleado o
funcionario de la Rama Judicial ha incurrido en alguna falta disciplinaria por
actuaciones u omisiones asociadas a la radicación y reparto de la demanda ordinaria
promovida contra la sociedad Inversiones Ligol S.A.S., lo procedente es que
interponga las quejas disciplinarias correspondientes.

Por lo tanto, la acción de tutela resulta improcedente para el propósito perseguido por
el actor.

1 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-543 de 1992.

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Ahora, respecto del Consejo Superior de la Judicatura, conviene recordar que el
actor pretende que sean modificadas las normas que permiten que los servidores
judiciales tengan la opción de teletrabajo. Como se vio en los antecedentes, el actor
pretende que, por vía de tutela, se ordene a dicha autoridad realizar gestiones
tendientes a que: (i) los jueces y empleados acudan a cumplir sus deberes; (ii)
implementar controles para que decidan los asuntos en los términos legalmente
previstos; (iii) ejercer control y vigilancia para que el sistema de radicación de
demandas «expida el correspondiente documento de recibido y boleta o informe a que
estrado judicial fue repartido»; (iv) ordenar que las oficinas de reparto entreguen «vía
internet constancia de recibido de las demandas con indicación del demandante,
demandado, clase de proceso y Despacho Judicial al cual fue repartido», y (v) los
juzgados radiquen la demanda y las diligencias en el sistema.

A juicio de la Sala, la tutela también deviene improcedente en este punto, por cuanto,
en ultimas, el actor la ejerce para que el Consejo Superior de la Judicatura adopte
lineamientos generales de control a servidores judiciales y de manejo de personal.
Sobre el particular, en sentencia SU-1052 de 2000, la Corte Constitucional indicó que
«al juez constitucional no le corresponde interferir, por vía de tutela, en las decisiones
generales abstractas e impersonales confiadas por la Constitución Política a otras
autoridades estatales».

De conformidad con los artículos 256 de la Constitución Política y 85 de la Ley 270 de
1996, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, entre otras, las funciones de
administrar la carrera judicial, regular los trámites judiciales y administrativos que se
adelanten en los despachos judiciales y establecer servicios administrativos comunes
a los diferentes despachos judiciales. En ese sentido, está vedado al juez de tutela
inmiscuirse en aspectos propios de la carrera judicial y los trámites judiciales, como lo
son la forma (presencial o virtual) en que los funcionarios y empleados judiciales
cumplen sus funciones o el procedimiento de radicación en línea de las demandas.

Es más, en los términos del artículo 6 [5] del Decreto 2591 de 1991, la tutela deviene
improcedente frente a los actos generales (leyes, decretos reglamentarios y acuerdos)
que han regulado situaciones como el teletrabajo o la forma de radicación virtual de
demandas. Si el actor está inconforme con esas decisiones, puede agotar los
mecanismos legal y constitucionalmente previstos para cuestionar actos de carácter
general.

En cuanto a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá – Oficina
de Reparto de los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, sí se
advierte una situación concreta de presunta vulneración del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, toda vez que el demandante alega que dicha
autoridad no informó a qué juzgado fue repartida la demanda que radicó el 23 de mayo
de 2023 contra la sociedad Inversiones Ligol S.A.S.

A juicio de la Sala, la tutela formulada con la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Bogotá sí debe estudiarse de fondo, puesto que el derecho de acceso a la
administración de justicia tiene carácter especial y debe garantizarse de manera
prevalente. Por consiguiente, la Sala procederá a verificar si el demandante fue
informado sobre la autoridad judicial a la que fue repartida dicha demanda.

En el expediente de tutela está acreditado lo siguiente:

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Demandante: Fernando Rueda Nieto

(i) El 23 de mayo de 2023, señor Fernando Rueda Nieto radicó en la Oficina de
Reparto de los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Bogotá una demanda ordinaria contra la sociedad Inversiones Ligol S.A.S.
el actor informó el correo electrónico JER765@hotmail.com y a la demanda
correspondió el número de recibo 659835 (ver índice 2 de Samai).

(ii) El 25 de mayo de 2023, la demanda fue repartida al Juzgado 66 de
Pequeñas Causas de Bogotá, según acta 39976 (ver informe del
coordinador del Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para
los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá, índice 8 de Samai).

(iii) El 25 de mayo de 2023, el acta de reparto fue enviada al correo electrónico
informado por el demandante, esto es, JER765@hotmail.com. (ver informe
del coordinador del Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales
para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá, índice 8 de
Samai).

(iv) Verificado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se
encontró que, en efecto, la demanda fue repartida al Juzgado 84 Civil
Municipal de Bogotá, con radicado 11001-40-03-084-2023-00860-002. Los
criterios de búsqueda fueron: nombre del demandante (Fernando Rueda
Nieto), tipo de persona (natural) y departamento (Bogotá). De hecho, se
advierte que la demanda fue rechazada por auto del 23 de agosto de 2023.

En ese contexto, la Sala desestima la vulneración del derecho fundamental de acceso
a la administración de justicia, pues el demandante sí fue informado sobre el reparto
del proceso y, de hecho, pudo consultarlo a través del sistema dispuesto por la Rama
Judicial.

El Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial constituye una valiosa
herramienta para los usuarios de la administración de justicia, por cuanto, en los
términos de la sentencia T-137 de 2013, es el medio empleado por la Rama Judicial
para procesar la información relativa a los procesos judiciales que cursan en cada uno
de los despachos. Es un sistema de información de cuyos datos se predica «(i) un
reconocimiento de efectos jurídicos, validez y fuerza obligatoria, (ii) una equivalencia
funcional con la documentación escrita, y (iii) una valoración como medio de prueba».

Por lo tanto, el señor Rueda Nieto tuvo a su disposición los medios dispuestos por la
Rama Judicial para efecto de consultar el estado de la demanda que interpuso contra
la sociedad Inversiones Ligol S.A.S.

Lo expuesto es suficiente para denegar la tutela respecto de Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá – Oficina de Reparto de los Juzgados de Pequeñas
Causas y Competencia Múltiple.

Siendo así, como se anunció: (i) será declarada la improcedencia de la acción de tutela
formulada contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, y (ii) se denegarán las pretensiones respecto de la tutela interpuesta
contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá – Oficina de Reparto
de los Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple.

2 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial

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Demandante: Fernando Rueda Nieto

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela frente al Consejo Superior de la
Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por las razones
expuestas.

2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela con respecto a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá – Oficina de Reparto de los
Juzgados de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple, conforme con lo
expuesto en esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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