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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03973-00

Fecha
30 de agosto de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03973-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA de Sebastián Fausto Méndez Toloza para interponer esta acción de tutela. En consecuencia, DECLARAR IMPROCEDENTE este mecanismo constitucional presentado por el accionante contra los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Sebastián Fausto Méndez Toloza Demandados: Presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional Radicado: 11001-03-15-000-2023-03973-00 TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03973-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de agosto de 2023

Demandante: Sebastián Fausto Méndez Toloza
Demandados: Presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03973-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03973-00
Demandante: SEBASTIÁN FAUSTO MÉNDEZ TOLOZA
Demandados: PRESIDENTES DEL CONSEJO DE ESTADO, LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA Y LA CORTE CONSTITUCIONAL

Tema: Tutela de fondo – improcedente por falta de legitimación en la
causa por activa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Sebastián Fausto Méndez Toloza, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra los presidentes del Consejo de Estado, la Corte
Suprema de Justicia y la Corte Constitucional2. Con la solicitud de amparo
pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a elegir
y ser elegido y de acceso a cargos públicos.

2. Las anteriores transgresiones constitucionales se las adjudicó a la
expedición del Acuerdo 003 de 16 de julio de 20233, dictado por las autoridades
reprochadas, en el marco de la convocatoria del concurso especial de méritos
para la escogencia del registrador nacional del Estado Civil.

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
2 La demanda fue radicada a través del correo electrónico
apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, el 24 de julio de 2023.
3 Por medio del cual se establece el listado de aspirantes admitidos al concurso de méritos

especial para la escogencia del Registrador Nacional del Estado Civil

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Demandante: Sebastián Fausto Méndez Toloza
Demandados: Presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03973-00

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de los derechos fundamentales
referidos y que, en consecuencia, se ordene lo siguiente:

Respetuosamente solicito al Juez Constitucional, (i) proteger los derechos
fundamentales, tales como: “el debido proceso, buena fe, confianza legítima,
acceso efectivo a ser elegido, al desempeño de cargos públicos y a la
transparencia que rodea los concursos de méritos”; (ii) como consecuencia, se
deje sin efectos el acuerdo 003 de 16 de julio de 2023, mediante la cual el se
ADMITEN AL CONCURSO DE MERITO A 37 CIUDADANOS y, (iii) ordenar a ese
Órgano Colegiado, dictar un nuevo acuerdo, en la cual se pronuncien con
fundamento en los lineamientos vertidos en el fallo de tutela. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

4. Con ocasión del vencimiento del periodo constitucional del actual
registrador nacional del Estado Civil, el cual fenece el 5 de diciembre de 2023,
mediante el Acuerdo 002 de 8 de junio de 20234 los presidentes del Consejo de
Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional convocaron a
concurso especial de méritos a los ciudadanos que reunieran las calidades y
requisitos contemplados en el artículo 266 de la Constitución Política, para
proveer el cargo de registrador nacional del Estado Civil5. En el mismo acto
administrativo fijaron, entre otros, los requisitos mínimos del concurso, la
postulación e inscripción, los documentos requeridos para la fase anterior, las
causales de inadmisión y las diferentes etapas a desarrollar.

5. De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 5 del Acuerdo 002 de 2023,
las hojas de vida, junto con los soportes allegados por los aspirantes, fueron
puestos a disposición de la ciudadanía para que fueran conocidos, y de ser el
caso, objetados. Con ocasión de ello, del 27 de junio al 1.º de julio se recibieron
16 escritos de observaciones, entre los que estuvo el del señor Méndez Toloza.

6. En su escrito el actor solicitó el rechazo de «un sin número de hojas de
vida», dado que todos los aspirantes que relacionó allí, no aportaron el certificado
especial de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de
la Nación. Aludió que ese documento estaba dispuesto como uno de los
requisitos de la convocatoria en el artículo 5 del parágrafo 2 del Acuerdo 002 de
2023.

4 Por medio del cual se convoca al concurso de méritos especial para la escogencia del
Registrador Nacional del Estado Civil
5 La convocatoria se publicó el 11 de junio de 2023 en el diario El Tiempo y en las páginas web

de las tres altas cortes.

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7. Con posterioridad, mediante el Acuerdo 003 de 16 de julio de 2023, se
conformó el listado de aspirantes admitidos para el cargo a proveer con un total
de 37 aspirantes. En la misma fecha se expidió el Acuerdo 004, mediante el cual
se rechazaron 97 participantes.

8. El 17 de julio de 2023, el señor Méndez Toloza presentó una petición
dirigida a las autoridades tuteladas, en la que solicitó la exclusión de 16 de los
admitidos en el Acuerdo 003 de 2023. Afirmó que ello era procedente y necesario,
dado que estos ciudadanos no aportaron el certificado especial de antecedentes
disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación.

9. La solicitud del actor fue contestada en el sentido de aclararle al
peticionario que, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo 002 de 2023, uno
de los anexos a aportar por los aspirantes era el certificado de antecedentes
disciplinarios que brinda la Procuraduría General de la Nación, sin la
especificación de si debía ser el especial o el general.

10. De igual forma, le indicaron que, si bien no estaba dentro de los requisitos
aportar el certificado especial, como medida de saneamiento y con el fin de
garantizar la transparencia, se le solicitaría a la Procuraduría General de la
Nación la emisión del certificado especial de los admitidos.

11. El tutelante estimó que con lo anterior no resultó satisfecho lo que pidió y
que se concretó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso,
a elegir y ser elegido y de acceso a cargos públicos, pues no se excluyeron los
16 aspirantes que no aportaron el certificado especial de antecedentes
disciplinarios.

1.4. Sustento de la vulneración

12. Afirmó que al postularse e inscribirse al concurso, se aceptan las
condiciones y reglas del mismo conforme lo dispuso el artículo 2 del Acuerdo 002
de 2023. Refirió que la convocatoria es una norma forzosa y de obligatorio
acatamiento, tanto para los aspirantes como para la administración. Aludió que a
la anterior conclusión llegó la Corte Constitucional en la sentencia SU-913 de
2009.

13. Agregó que en la sentencia T-588 de 2008, el alto tribunal constitucional
señaló que, «Una vez definidas las reglas del concurso, las mismas deben
aplicarse de manera rigurosa, para evitar arbitrariedades o subjetivismos que
alteren la igualdad o que vayan en contravía de los procedimientos que de
manera general se han fijado en orden a satisfacer los objetivos del concurso».

14. Indicó que la administración está desconociendo los principios de
confianza legítima y de buena fe al confundir el certificado ordinario con el
especial. Sostuvo que en el primero no se contemplan las inhabilidades que no

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están vigentes, mientras que, en el segundo aparecen las sanciones impuestas
a los ciudadanos en cualquier tiempo.

15. Señaló que, de acuerdo con el artículo 266 de la Constitución Política, el
registrador nacional del Estado Civil debe reunir las mismas calidades y
requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Constitucional o de la Corte
Suprema de Justicia. En particular, no haber ejercido funciones en cargos
directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente
anterior a su elección, ni haber sido condenado por sentencia judicial a pena
privativa de la libertad, salvo que se trate de delitos políticos o culposos, según
el artículo 232 de la Carta Política.

16. Insistió en que, de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo 002 de 2023,
uno de los requisitos dispuestos para ser designado registrador nacional del
Estado Civil, consiste en no haber sido condenado por sentencia judicial a pena
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni encontrarse
incurso en inhabilidad o incompatibilidad para el desempeño del cargo.
Asimismo, el artículo 6 dispuso que uno de los documentos a incorporar es el
certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General
de la Nación, con vigencia no inferior a tres meses.

17. Precisó que, el certificado especial contiene las anotaciones del ordinario,
más las inhabilidades intemporales previstas por la ley para algunos cargos de la
administración pública, y por ello es necesario que sea este el que se analice en
el mencionado concurso. Iteró que las anotaciones que contempla el certificado
especial son las mismas que se necesitan para desempeñarse como magistrado
de alta corte.

18. Discutió que, de tenerse en cuenta únicamente el certificado ordinario
derivaría en una aplicación desigual del acceso al mérito, pues varios de los
aspirantes sí cumplieron con la exigencia.

1.5. Trámite de la acción

19. Por auto de 28 de julio de 2023, se admitió la acción constitucional de la
referencia. En consecuencia, se ordenó notificar como accionados a los
presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional. Adicionalmente, se dispuso la vinculación del registrador nacional
del Estado Civil y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en
calidad de terceros con interés.

20. De otro lado, se le ordenó a las autoridades accionadas que publicaran en
las páginas virtuales de cada corporación, especialmente en el micrositio en el
que se han publicado los acuerdos de la convocatoria para proveer el cargo de
registrador nacional del Estado Civil, copia de la acción de tutela, del auto
admisorio y de un comunicado en el que le informen a todos los participantes de

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la mencionada convocatoria que se encuentran vinculados como terceros con
interés y la forma en la que podían intervenir en el presente trámite.
Adicionalmente, se negó la medida cautelar solicitada, tendiente a que se
suspendieran los efectos del Acuerdo 003 de 2023.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia
y el Consejo de Estado

21. En un memorial conjunto manifestaron que el tutelante carecía de
legitimación en la causa por activa. Precisaron que su intervención en el concurso
ocurrió en virtud del parágrafo 2, del artículo 5 del Acuerdo 002 de 2023, en el
que se le concede la oportunidad a la ciudadanía de presentar comentarios y/u
observaciones a las hojas de vida de los aspirantes. No obstante, esto no le da
al tutelante un interés directo en el concurso, ni por ello adquiere la connotación
de inscrito.

22. Mencionaron que, frente a los derechos cuya protección se solicita, esto
es, de elegir y ser elegido, de acceso a cargos públicos y al debido proceso no
se le vieron vulnerados al actor, pues no está inscrito en el concurso como para
llegar a considerar potencialmente que pudo ser afectado con las decisiones de
la administración.

23. Advirtieron que la Corte Constitucional ha considerado que, pese a la
informalidad de la acción de tutela, para su interposición se deben acreditar una
serie de requisitos generales de procedibilidad, entre los que está la legitimación
en la causa. En ese sentido, la alta corporación ha indicado que, la regla general
es que solamente el titular del derecho sea quien acuda a solicitar la protección
del mismo, por sí mismo o a través de apoderado judicial. Añadió que se pueden
agenciar derechos ajenos, pero en el presente asunto no se cumplen los
requisitos para que se avale una agencia oficiosa.

24. Aclararon que las inconformidades del actor, en realidad recaen sobre las
reglas del concurso, pues el acuerdo de convocatoria no previó como requisito la
incorporación del certificado especial. Pese a que es un requisito el no estar
inmerso en inhabilidades especiales, estas se pueden evaluar en cualquier
estado del concurso. En ese momento se generaría un rechazo inmediato del
participante.

25. Arguyeron que inadmitir participantes en esta fase por no haber allegado
el certificado especial, les vulneraría el debido proceso pues esta no es una regla
expresa dentro de las normas que regulan el concurso. Así las cosas, lo que
persigue el actor es crear una norma o modificar las del concurso, las cuales
preexisten. Por ello, este mecanismo judicial deviene en improcedente. En
últimas, si lo que quería el ciudadano era modificar las reglas del concurso pudo

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someterlo a consideración de los organizadores antes de que estas se
consolidaran.

26. Explicaron que los Acuerdos 002, 003 y 004 no tienen la virtualidad de
lesionar derechos fundamentales, y que durante todo el concurso, los
organizadores han velado porque el seleccionado para el cargo ofertado cumpla
las calidades y requisitos requeridos. Expusieron que el certificado de
antecedentes es consultable en cualquier momento.

27. Por último, aseveraron que no vulneraron los derechos reclamados por el
actor y que no se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad. En
particular, la subsidiariedad porque el proceso se encuentra en etapa de
resolución de los recursos de reposición presentados por varios de los
aspirantes.

1.6.2. José Darío Castro Uribe

28. Señaló que se encuentra dentro del listado de los participantes admitidos.
Adicionó que, de conformidad con el inciso 3 del artículo 238 de la Ley 1952 de
2019, es al momento del nombramiento y posesión que se verifican los requisitos
para el desempeño del cargo y no en la fase de inscripción.

29. Añadió que, el requisito del artículo 6 del Acuerdo 002 de 2023 dispone
que se debe aportar el certificado ordinario de antecedentes disciplinarios, y no
el especial.

30. Infirió que el peticionario no cuenta con legitimación en la causa por activa.

1.6.3. Harold Eduardo Sua Montaña

31. Comentó que fue uno de los ciudadanos que presentó objeciones sobre
las hojas de vida, pero que la situación fáctica del actor no constituye violación
de sus derechos fundamentales. Aclaró que no se ha exigido hasta el momento
el certificado especial que alude el señor Méndez Toloza, y que de hacerse, se
incurriría en un exceso ritual manifiesto pues ambos certificados constatan la
inexistencia de inhabilidades para el desempeño de cargos públicos.

1.6.4. Juan Carlos Herrera Toro

32. Refirió que fue uno de los admitidos en el Acuerdo 003 de 2023 y que no
se requirió el aporte del certificado especial indicado por el actor. Agregó que,
dicha exigencia se evalúa en el momento en que el designado para el cargo se
posesione. Pese a ello, incorporó el suyo en esta oportunidad.

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33. Indicó que el tutelante carece de legitimación en la causa por pasiva. Sin
embargo, de los hechos plasmados en el escrito tutelar no se vislumbra
vulneración de derechos fundamentales.

34. Finalmente, consideró que accederse a las súplicas de la tutela acarrearía
afectaciones a las situaciones jurídicas de terceros que actuaron de buena fe y
con confianza legítima dentro del concurso. Asimismo, que no se encuentran
satisfechos los requisitos de subsidiariedad e inmediatez porque se están
cuestionando los requisitos del concurso, los cuales se fijaron en el Acuerdo 002
de 2023.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

35. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra los presidentes de la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Lo anterior, de
conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia
con el Decreto1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

36. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

● ¿Los presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y
la Corte Constitucional vulneraron los derechos fundamentales de acceso a
cargos públicos, a elegir y ser elegido y al debido proceso del señor Sebastián
Fausto Méndez Toloza al expedir el Acuerdo 003 de 2023 y admitir participantes
que no aportaron el certificado especial de antecedentes disciplinarios expedido
por la Procuraduría General de la Nación?

37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) estudio de la legitimación en
la causa por activa, de resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos
generales de procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de
superarse, (iv) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

38. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la

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acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

39. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

2.4. De la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

40. El inciso 1.º del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona puede acudir ante los jueces al ejercicio de la acción de tutela para
solicitar «por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».

41. El Decreto 2591 de 1991, ratifica en el artículo 10 que esta acción
constitucional puede ser presentada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de
representante o apoderado judicial. Incluso a través de la figura de la agencia
oficiosa, se puede solicitar la protección de derechos fundamentales ante los
jueces de tutela cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa.

42. Los artículos 10 y 46 ídem, establecen que los defensores del pueblo y los
personeros municipales también pueden interponer acción de tutela en nombre
de personas cuyos derechos fundamentales consideren agraviados6.

43. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante
los jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó desde la sentencia
T-416 de 1997 que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia
de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso».

44. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, señaló:

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre
de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin
embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades7, a partir
de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento
jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de

6Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-793, 27.09.07.
7“Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002”.

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tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos
de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la
legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela. (Subraya fuera de
texto).

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales
(caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el
cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de
acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder
general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso8.

45. Más adelante, en sentencia T-176 de 2011 se reiteró la anterior postura
en los siguientes términos:

(…) la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del
amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el
fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio
del demandante.

46. Luego, en la Sentencia de Unificación 456 de 2016 el Alto Tribunal
Constitucional manifestó que «El estudio de la legitimación en la causa, es un
deber de los jueces y una valoración de oficio, que constituye un presupuesto
procesal material de la demanda».

2.4.1. Estudio de la legitimación en la causa por activa en el caso concreto

47. Para el caso bajo estudio, la Sala advierte que el señor Méndez Toloza
carece de legitimación en la causa por pasiva para reclamar la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a cargos públicos y a
elegir y ser elegido, por las razones que pasan a exponerse.

48. Como se esbozó en los antecedentes de este proveído, a juicio del
tutelante el agravio de las citadas garantías constitucionales proviene de la
expedición del Acuerdo 003 de 2021, en el que se admitieron 37 participantes
para proveer el cargo de registrador nacional del Estado Civil. Aludió que 16 de
los concursantes no aportaron el certificado especial de antecedentes
disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, y este es un requisito legal
y constitucional para el cargo a proveer.

49. De la revisión de los anexos de la tutela y de las intervenciones aportadas
se logró establecer que el accionante no participó en la convocatoria del cargo
en cuestión. Si bien es cierto que presentó objeciones a las hojas de vida de los

8 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-552, 14.07.06, M.P. Jaime Córdoba

Triviño.

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concursantes y una petición, en los que puso de presente que, a su juicio, se
estaba omitiendo la exigencia del documento mencionado, lo cierto es que ello
no lo incluye como concursante, ni a partir de ello se puede establecer que se le
vulnere algún derecho fundamental.

50. Se precisa que, desde la perspectiva del señor Méndez Toloza se le
transgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
cargos públicos y a elegir y ser elegido. Al respecto, se aclara que, en el caso
bajo estudio la titularidad de los dos primeros derechos referidos está en cabeza
de los concursantes, pues son quienes se han visto sometidos al procedimiento
para proveer el cargo, el cual, en todo caso es personal, esto es, de cada
ciudadano en particular.

51. Así las cosas, el debido proceso y el acceso a cargos públicos, en
especial, al de registrador nacional del Estado Civil, se predica de cada
participante en específico.

52. Sobre el derecho de acceso a cargos públicos, en la sentencia C-393 de
2019, la Corte Constitucional indicó lo siguiente:

El derecho a acceder a cargos públicos no es absoluto, por el contrario está sujeto
a límites y requisitos constitucionales, legales y reglamentarios. En efecto, el
artículo 123 de la Constitución señala que los servidores públicos ejercerán sus
funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Por ello,
quienes pretendan acceder al desempeño de funciones públicas deben someterse
al cumplimiento de ciertas reglas y exigencias que procuran la realización del
interés general y garantizan el cumplimiento de los principios de la función pública
dispuestos en el artículo 209 de la Constitución.

53. De lo anterior se extrae que el cumplimiento de los requisitos legales y
constitucionales es personal de cada ciudadano que pretenda acceder a un
determinado cargo público. Así las cosas, quienes participaron en la convocatoria
para proveer el cargo de registrador nacional del Estado Civil son los titulares del
acceso a dicha plaza.

54. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el derecho a elegir y ser elegido,
la Sala aclara que no tiene relación alguna con el asunto en cuestión. De
conformidad con el artículo 266 de la Constitución Política, el registrador nacional
del Estado Civil es «escogido» por los presidentes de la Corte Constitucional, la
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la misma
carta superior dispone que para la selección del cargo en cuestión, la cual está
en cabeza de autoridades públicas determinadas, se lleva a cabo, posterior al
concurso de méritos respectivo, un proceso de selección. Por lo tanto, no hay un
proceso de elección, sino que se trata de una escogencia.

55. De otro lado, el derecho a elegir y ser elegido se predica del ciudadano
que concurre activamente a votar a las urnas y del aquel que pretende ser elegido

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Demandante: Sebastián Fausto Méndez Toloza
Demandados: Presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03973-00

como representante de los votantes. Sin embargo, se itera, en el caso bajo
estudio no se trata de un cargo que sea sometido al escrutinio de un proceso
electoral, ni que haya una postulación de candidatos que pretendan someterse a
la elección popular.

56. De conformidad con lo anterior, el ciudadano Sebastián Fausto Méndez
Toloza carece de legitimación en la causa por activa para alegar la transgresión
de los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y al debido proceso
en el marco del concurso de méritos referido, por no haber sido participante de
la convocatoria para proveer el cargo de Registrador Nacional del Estado Civil.

57. Particularmente, no ostenta el requisito de procedibilidad bajo estudio para
promover la presente acción constitucional en procura de salvaguardar los
derechos al debido proceso y de acceso a cargos públicos porque no tiene la
titularidad de los mismos, aunado a que tampoco se puede predicar a partir del
acto cuestionado la transgresión de los derechos a elegir y ser elegido, pues no
se está debatiendo el ejercicio del derecho al voto ni el proceso de algún cargo
de elección popular.

58. Por lo anterior, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por
activa del señor Sebastián Fausto Méndez Toloza para promover esta acción
constitucional, y la consecuente improcedencia de este mecanismo, dado que no
se logró acreditar este presupuesto de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA de Sebastián Fausto Méndez Toloza para interponer esta acción de
tutela. En consecuencia, DECLARAR IMPROCEDENTE este mecanismo
constitucional presentado por el accionante contra los presidentes de la Corte
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Demandante: Sebastián Fausto Méndez Toloza
Demandados: Presidentes del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte
Constitucional
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03973-00

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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