RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03977-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03977-00

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03977-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: TUTELAR el derecho fundamental a la salud de la señora Alba Yolanda Ruiz Muñoz, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia. Segundo: ORDENAR a la E.P.S. COMPENSAR cumplir con la cita programada para el 30 de agosto de 2023, en la que la Junta Especializada de Decisiones Quirúrgicas valorará a la señora Alba Yolanda Ruiz Muñoz. De no poder llevarse a cabo en esa fecha por circunstancia de fuerza mayor, deberá hacerlo en un término perentorio de DIEZ (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia. Tercero: NEGAR las demás pretensiones, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia. 6 Índice 0011, SAMAI. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Radicado: 11001-03-15-000-2023-03977-00 . Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-03977-00

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

24 de agosto de 2023

1

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03977-00
.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03977-00
Accionantes: Alba Yolanda Ruiz Muñoz.
Accionado: Compensar EPS.

Temas: Acción de tutela. Derecho a la salud/ Tratamiento integral/
exoneración de copagos.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

ANTECEDENTES

La señora Alba Yolanda Ruiz Muñoz, en nombre propio, instauró acción de tutela
en contra de COMPENSAR E.P.S por considerar vulnerado su derecho a la salud,
toda vez que a la fecha no ha sido remitida a valoración de la Junta Especializada
de Decisiones Quirúrgicas, con el fin de analizar si debe ser sometida a una
intervención quirúrgica que contrarreste los efectos de la esclerosis subcondral que
le fue diagnosticada.

HECHOS

Narra la actora que de tiempo atrás padece múltiples dolencias que le han impedido
desarrollar sus actividades diarias, caminar y sentarse. Fue por ello que acudió a su
EPS y el 27 de noviembre de 2020 le diagnosticaron “pinzamiento asimétrico
coxofemoral con esclerosis subcondral y quistes subcondrales por osteoartrosis”,
por lo que fue remitida a terapias físicas, las cuales se hicieron de forma virtual.

Sostiene que luego de varios meses de terapias, el 05 de marzo de 2021 asistió a
una nueva valoración médica. En ella refirió que aún no notaba mejoría, por lo que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03977-00
.

le autorizaron terapias físicas adicionales.

Que al no haber obtenido mejoría con las terapias físicas, el 11 de junio de 2021, el
profesional de la salud tratante la remitió al programa de osteoartrosis y a la Clínica
del Dolor, con el fin de dar manejo al problema de cadera que padece.

Que el 14 de septiembre de 2021 le hicieron un procedimiento especial de bloqueo
de cadera, con el que sintió mejoría por dos semanas, al cabo de las cuales
regresaron sus dolencias.

Que le recetaron acetaminofén para el dolor y controles semestrales, hasta que el
02 de diciembre de 2021, el médico tratante le informa que el tratamiento ha
finalizado y que sería remitida al taller de inclusión al modelo articular y consulta con
ortopedia de cadera.

Que al asistir a la consulta con ortopedia de cadera fue remitida de nuevo al
programa osteoartrosis en el que ya llevaba un año y que no le había reportado
solución ni mejoría a sus dolencias.

Que luego de múltiples citas con Fisiatría, Psicología y terapias físicas, el 02 de
noviembre de 2022 se ordenó la revisión por parte de la Junta Médica de Cirugía,
con el fin de analizar una posible intervención quirúrgica.

Refiere que a la fecha no ha sido valorada por la Junta Médica y que el 06 de julio
de 2023 asistió a una cita médica de Fisiatría en la que le información la terminación
de su tratamiento, en virtud a que ya se había agotado todo lo que comprendía el
mismo, y que lo que continuaba era un reemplazo de cadera.

PRETENSIONES

Solicitó amparar su derecho fundamental a la salud, ordenando a COMPENSAR
E.P.S. la remisión a la Junta Médica de Artrosis para que estudie su caso y autorice
su cirugía, así como el tratamiento integral que deba hacerse luego de ella. También
solicitó la exoneración de las cuotas moderadoras y copagos que toda su
enfermedad genere.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03977-00
.

TRÁMITE DEL PROCESO

La acción de tutela de la referencia fue repartida al despacho del consejero ponente
el 26 de julio de 2023 y el 27 del mismo mes y año fue admitida mediante proveído
que ordenó notificar a COMPENSAR E.P.S., a quien se le corrió traslado para que
ejerciera su derecho de defensa.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

COMPENSAR E.P.S., por intermedio de apoderada judicial, dio respuesta
solicitando declarar el hecho superado; informando que ya existe la orden que dio
origen a la presente tutela, por lo que el próximo 30 de agosto de 2023 será valorada
por la Junta Especializada de Decisiones Quirúrgicas.

En cuanto a la pretensión de que se ordene su cirugía, expresó que se trata de un
hecho incierto que sólo podría ser determinado luego de su valoración por la Junta
Especializada de Decisiones Quirúrgicas, razón por la cual no es procedente
solicitarla en este momento.

Sobre la exoneración de cuotas moderadoras o copagos solicitada por la
accionante, sostuvo que la señora Ruiz Muñoz no se encuentra dentro de las
causales para considerar dicha petición. Adicionó un certificado para acreditar que
la actora es pensionada, pertenece al régimen contributivo y que los montos de
estos conceptos son fijados de acuerdo a la capacidad económica del afiliado.

Por último, en cuanto al tratamiento integral solicitado, refiere que no existe servicio
o suministro pendiente de autorizar, pues todos los que ha requerido la actora han
sido satisfechos, por lo que no resulta posible solicitar un tratamiento integral basado
en hechos futuros o aleatorios.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03977-00
.

su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, la cual procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Así las cosas, la Sala analizará i) el derecho a la salud como derecho fundamental,
ii) el derecho al diagnóstico y al tratamiento integral como componentes esenciales
del derecho a la salud y iii) el caso concreto.

I. La jurisprudencia constitucional1 ha entendido que el derecho a la salud tiene el
rango de fundamental, en el entendido que busca proteger el desarrollo de una vida
digna, la cual se manifiesta como uno de los pilares de la noción de derechos
fundamentales y, además, como fundamento de nuestro Estado Social de Derecho.

La acción de tutela procede entonces para proteger el derecho a la salud de manera
autónoma. No obstante, reconocer la fundamentalidad de un derecho no implica,
necesariamente, que todos los aspectos que lo cobijen sean tutelables; primero,
porque los derechos constitucionales no son absolutos, es decir, pueden ser
limitados de conformidad con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que
ha fijado la jurisprudencia constitucional; segundo, porque la posibilidad de exigir el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de un derecho fundamental y la
procedencia de hacerlo por medio de la acción de tutela, son cuestiones diferentes
y separables2.

II. Ha establecido la Corte Constitucional que el derecho al diagnóstico es un
componente esencial del derecho fundamental a la salud que implica el acceso a
una valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de
salud del paciente y los tratamientos médicos que requiere:

“El derecho al diagnóstico constituye un elemento indispensable
para: (i) establecer la patología que padece el paciente, (ii) determinar el
tratamiento médico adecuado para su tratamiento e (iii) iniciar
oportunamente dicho tratamiento.

1 Sentencia T-760 de 2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
2 Sentencia T-016 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03977-00
.

Dicha garantía está compuesta por tres dimensiones: identificación,
valoración y prescripción. La etapa de identificación comprende la práctica
de los exámenes ordenados por el médico a partir de los síntomas del
paciente. La valoración es el análisis oportuno e integral que, con fundamento
en los resultados de dichos exámenes, realizan los especialistas que amerite
el caso. Finalmente, la prescripción se refiere a la emisión de las órdenes
médicas pertinentes y adecuadas para tratar el estado de salud.

La garantía del derecho al diagnóstico solamente se satisface “con la
prescripción de los elementos de salud requeridos para tratar al paciente
pues la identificación de las patologías o incluso su valoración por
especialistas, resultan insuficientes para iniciar los tratamientos requeridos,
si estos no son ordenados por el médico tratante.”3

El tratamiento integral, supone una atención ininterrumpida, completa, diligente,
oportuna y con calidad. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho:

“El tratamiento integral tiene la finalidad de garantizar la continuidad en la prestación del
servicio de salud y evitar la interposición de acciones de tutela por cada servicio prescrito
por el médico tratante del accionante[1]. (…)

Por lo general, se ordena cuando (i) la entidad encargada de la prestación del servicio ha
sido negligente en el ejercicio de sus funciones y ello ponga en riesgo los derechos
fundamentales del paciente[4]. Igualmente, se reconoce cuando (ii) el usuario es un sujeto
de especial protección constitucional (como sucede con los menores de edad, adultos
mayores, indígenas, desplazados, personas con discapacidad física o que padezcan
enfermedades catastróficas); o con aquellas (iii) personas que “exhiben condiciones de
salud extremadamente precarias e indignas”[5].

El juez constitucional en estos casos debe precisar el diagnóstico que el médico tratante
estableció respecto al accionante y frente al cual recae la orden del tratamiento integral. Lo
dicho teniendo en consideración que no resulta posible dictar órdenes indeterminadas ni
reconocer prestaciones futuras e inciertas; lo contrario implicaría presumir la mala fe de la
EPS en relación con el cumplimiento de sus deberes y las obligaciones con sus afiliados,
en contradicción del artículo 83 Superior.”[6]

[1]
Sentencia T-365 de 2009.
[2]
Sentencia T-124 de 2016.
[3]
Sentencia T-178 de 2017.
[4]
Sentencias T-702 de 2007 y T-727 de 2011, posición reiteradas en la Sentencia T-092 de 2018.
[5] Ver Sentencias T-062 y T-178 de 2017.

[6]
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-259 de 2019

3 Sentencia T-005 de 2023. M.P. Juan Carlos Cortés González.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03977-00
.

III. Caso concreto

La acción de tutela se originó por la presunta negativa de la Entidad Promotora de
Salud COMPENSAR, a remitir a la actora a la Junta Especializada de Decisiones
Quirúrgicas, con el fin valorarla y, con ello, definir el tratamiento de la esclerosis
subcondral que le fue diagnosticada desde el año 2020.

Al respecto, la accionada sostiene en su informe de tutela que a la fecha ya existe
una cita fijada para que la Junta Especializada de Decisiones Quirúrgicas valore a
la señora Ruiz Muñoz y que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto de 2023.

Significa que no resultaría acorde a derecho una declaración de carencia actual de
objeto por hecho superado, cuando la situación que originó la acción de tutela
continúa vigente, pues injustificadamente no se ha cumplido con la valoración por
la Junta Médica que desde hace más de nueve meses fue ordenada por el médico
tratante; de tal manera que ante la tardanza injustificada de la Entidad Promotora
de Salud en garantizar la atención en salud oportuna, digna y célere de la actora,
es procedente la protección constitucional.

Ahora bien, en cuanto a la cirugía solicitada por la actora en el escrito de tutela, esta
Sala advierte que no se encuentra acreditada la orden para su realización y que la
misma va a depender del concepto de la Junta Especializada de Decisiones
Quirúrgicas aún pendiente de realizarse; por lo que no puede esta Sala ordenar un
procedimiento médico que no ha sido ordenada por los especialistas médicos.

Acorde con lo anterior y en relación con la pretensión de tratamiento integral que se
derive de la cirugía, no resulta procedente dicha orden, pues se estaría otorgando
protección frente a un hecho futuro e incierto; toda vez que aún no se conoce lo que
conceptuará la Junta Especializada de Decisiones Quirúrgicas, en relación con la
viabilidad o no de un procedimiento quirúrgico. Además, si bien es cierto, la E.P.S
se ha tardado en convocar dicha junta, tal situación per se, no es indicativa de que
las prescripciones que de ellas se deriven no van a ser atendidas oportunamente.
Lo anterior, teniendo en cuenta que hasta ahora ha venido suministrando a la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03977-00
.

paciente los servicios médicos prescritos por los profesionales de la salud.

Significa entonces que no están dados los presupuestos para emitir una orden
específica de tratamiento integral, sino que, de presentarse esta, se constituiría en
una orden abierta que involucraría hechos futuros e inciertos no propios de una
protección tutelar.

Por último, en relación con la solicitud de exoneración de copagos y/o cuotas
moderadoras, la Corte Constitucional sostuvo:

“La exequibilidad del cobro de las cuotas moderadoras tendrá que sujetarse
a la condición de que con éste nunca se impida a las personas el acceso a
los servicios de salud; de tal forma que, si el usuario del servicio -afiliado
cotizante o sus beneficiarios- al momento de requerirlo no dispone de los
recursos económicos para cancelarlas o controvierte la validez de su
exigencia, el Sistema y sus funcionarios no le pueden negar la prestación
íntegra y adecuada”.4

En tal sentido, expresó la alta Corte que:

“Particularmente, la jurisprudencia constitucional ha establecido dos reglas
que el operador judicial debe tener en cuenta para eximir del cobro de estas
cuotas: (i) cuando la persona que necesita con urgencia un servicio médico
carece de la capacidad económica para asumir el valor de la cuota
moderadora, la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio de
salud deberá asegurar el acceso del paciente a éste, asumiendo el 100% del
valor; (ii) cuando una persona requiere un servicio médico y tiene la
capacidad económica para asumirlo, pero tiene problemas para hacer la
erogación correspondiente de forma oportuna, la entidad encargada de la
prestación deberá brindar oportunidades y formas de financiamiento de la
cuota moderadora, con la posibilidad de exigir garantías, a fin de evitar que
la falta de disponibilidad inmediata de recursos se convierta en un obstáculo
para acceder a la prestación del servicio”.5

Acorde con lo anterior, no se encuentra acreditado que las cuotas moderadoras o
cuotas de recuperación configuren una barrera para que la accionante acceda a los
servicios de salud; entendiendo que dichos conceptos están fijados en función de la
capacidad económica del afiliado, cuestión que resulta razonable en el caso

4 Sentencia T-402-2018. M.P. Diana Fajardo Rivera.
5 Ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03977-00
.

particular, pues del acervo probatorio se logra identificar que la señora Ruiz Muñoz
hace parte del régimen contributivo en calidad de cotizante pensionado (F1 y 2) 6.

Además, no expone argumento alguno para sustentar la solicitud de exoneración y
ni siquiera la mera afirmación de que no está en capacidad de asumir dichas cuotas.

En conclusión, pese a que se encuentre fijada una fecha próxima en la que la actora
será valorada por la Junta Especializada de Decisiones Quirúrgicas de su Entidad
Promotora de Salud, lo cierto es que aún no se ha llevado a cabo; por lo que, esta
Sala tutelará el derecho a la salud de la accionante, ordenando a COMPENSAR
E.P.S. cumplir con la cita programada para el 30 de agosto de 2023. De no
realizarse en dicha fecha por alguna circunstancia de fuerza mayor, deberá hacerlo
en un término perentorio de DIEZ (10) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia. En lo demás, se negarán las pretensiones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: TUTELAR el derecho fundamental a la salud de la señora Alba Yolanda
Ruiz Muñoz, conforme a lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: ORDENAR a la E.P.S. COMPENSAR cumplir con la cita programada
para el 30 de agosto de 2023, en la que la Junta Especializada de Decisiones
Quirúrgicas valorará a la señora Alba Yolanda Ruiz Muñoz. De no poder llevarse a
cabo en esa fecha por circunstancia de fuerza mayor, deberá hacerlo en un término
perentorio de DIEZ (10) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia.

Tercero: NEGAR las demás pretensiones, conforme a lo expresado en la parte
motiva de esta providencia.

6 Índice 0011, SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-03977-00
.

Cuarto: Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Quinto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

EPM.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.