Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03981-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-03981-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
De relevancia constitucional: se discute un aspecto eminentemente
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03981-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-03981-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
2 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., dos (02) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: NIDIAN ESPERANZA RODRÍGUEZ SIERRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos / FALTA
DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se discute un aspecto eminentemente
económico como lo es la sanción moratoria por no consignación oportuna de las
cesantías.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 24 de agosto de 2023, mediante la cual la Sección Quinta
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia1.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 25 de julio de 2023, la señora Nidian Esperanza Rodríguez Sierra, por conducto
de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Boyacá, con el fin de que se ampare sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, a la
garantía a la seguridad social, a la igualdad, al acceso a la administración de
1
Que ingresó para fallo el 22 de septiembre de 2023.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
justicia, al principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, a la seguridad
jurídica y al desconocimiento de precedente judicial.
2. Hechos relevantes
La docente Nidian Esperanza Rodríguez Sierra labora en la entidad territorial
certificada en Educación del Departamento de Boyacá, vinculada en posterioridad
al 1 de enero de 1990. Para el 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas
sus cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional (como empleador), al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), por sus
servicios prestados en 2020.
Al haber transcurrido 5 meses sin que le realizara la consignación efectiva en el
FOMAG, además de su pago, solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria
por consignación tardía.
El 29 agosto de 2021 el profesional encargado en la liquidación y nómina de la
Secretaría de Educación de Boyacá, mediante oficio BOY2021EE029421, negó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de
cesantías, además negó el derecho a la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías.
Inconforme con la respuesta, la señora Rodríguez Sierra, por conducto de
apoderado, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Su conocimiento correspondió al Juzgado 10
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja2, que, mediante sentencia del 23
de agosto de 2022, negó las súplicas de la demanda, decisión frente a la cual, la
interpuso recurso de apelación.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través del fallo del 26 de mayo de 2023
-aquí cuestionado-, confirmó la decisión de primera instancia.
2
Proceso con radicado No.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
3. Fundamentos de la demanda de tutela
La parte actora manifestó que se debía dejar sin efectos la providencia de
segunda instancia, debido a que se incurrió en defecto sustantivo, se violó la
Constitución Política, en el sentido de desconocer los principios de favorabilidad y
seguridad jurídica; desconoció los precedentes aplicables, vulnerando así los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y
de acceso a la administración de justicia.
Adujo que se incurrió en un defecto sustantivo, dado que no se interpretó de
manera adecuada la Ley 91 de 1989 que habla del cambio de liquidación de
cesantías para los docentes vinculados después de 1990; la Ley 50 de 1990 en la
que se estableció que los empleadores, entre ellos las entidades públicas, deben
consignar las cesantías a más tardar el 15 de febrero de cada año; la Ley 344 de
1996, que estableció un nuevo régimen de cesantías anualizadas y sistema
aplicable a las personas que se vincularan con el Estado con posterioridad a su
entrada en vigencia, entre otras mencionadas y relacionadas al pago de cesantías
al docente.
Así mismo, alegó que el Ministerio de Educación Nacional debe actuar conforme a
los postulados legales que garanticen los derechos laborales de los docentes de la
educación pública, toda vez que no existe ley que sustraiga esta obligación de
consignar al Fondo los recursos correspondientes.
Mencionó la relación que existe entre el principio de unidad de caja y las
cesantías, que los docentes son empleados públicos sin ningún tipo de distinción,
por lo que sus prestaciones sociales deben ser pagadas en tiempo como el caso
del auxilio de cesantías sin que se impida la garantía de gozar su pago oportuno,
esto conforme a la sentencia SU-098 de 2018. En relación con lo anterior, solicitó
que se tuvieran como fundamento los pronunciamientos tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado, los cuales procedió a enlistar3.
3
Entre estos, se encuentran: SU 098 de 17 de octubre de 2018, SU-332 de 2019, SU 195 de 2012,
SU 336 de 2017, SU 448 de 2016, C-741 de 2012, T -730 de 2008, T-167 de 2011 y C-486 de 2016
de la Corte Constitucional, así como las sentencias del Consejo de Estado en los procesos
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Por último, realizó un análisis de los antecedentes históricos respecto de la
obligación del Ministerio de Educación de consignar las cesantías de los docentes
vinculados después del 1 de enero de 1990 al FOMAG; los que se vincularon
antes del 1 del mismo mes y año que ya venían con un régimen de cesantías de
liquidación anual conforme al Decreto – Ley 3118 de 1968 y los que se vincularon
después del 1° de enero de ese año, independientemente de que la entidad fuera
territorial o por la Nación.
4. Admisión y trámite en primera instancia
La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, a través
del auto de 3 de agosto de 2023; se ordenó notificar a la autoridad judicial
accionada; vinculó como terceros interesados al Juzgado 10 Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Tunja, al Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la Gobernación de Boyacá.
4.1. El Juzgado 10 Administrativo Oral del Circuito de Tunja solicitó declarar
improcedente la acción de amparo, dado que no se encuentra probada la
vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte tutelante, puesto
que lo proferido en primera y segunda instancia dan cuenta de que se
fundamentaron en la normatividad vigente, los supuestos de hecho y las pruebas
recaudadas, mucho menos, hubo vulneración al precedente porque sus
situaciones fácticas no son equiparables a las analizadas en la sentencia SU-098
de 2018.
4.2. El Tribunal Administrativo de Boyacá se opuso a las pretensiones de la
demanda de tutela, por cuanto la sentencia SU 573 de 2019 modificó lo analizado
en la sentencia SU 898 del 2018, en el que las sentencias ordinarias que niegan el
reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes oficiales carecen de
relevancia jurídica puesto que revisten naturaleza eminentemente legal y
2013-00666-01; 2009-00867-01; 2018- 04617-01; 2018-03499-01, 2014-00173-01; 2014-00208-01;
2014- 00254-01; 2014-00132-01; 2014-00815-01; 2015-00331-01; 2015- 00445-02; 2014-
01127-01; 2017- 00134-01; 2015-90008-01; 2014-90022-01; 2017-00931-01; 2015-00075-01;
2013-00756-01; -2017- 00795-01; 2019-00359-01; 2019-00376-01; 2015-00509-01;
2015-90124-01; 2012-00212-02; -2018-0231- 01, entre otros.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
patrimonial. Además, conforme la sentencia SU 215 de 2022 de la Corte
Constitucional, se indica que estas providencias hacen tránsito a cosa juzgada y
cuando se interpone un mecanismo de amparo constitucional, el juez debe
analizar los yerros puntuales de la providencia, es decir, no se puede utilizar como
una tercera instancia, pues estas decisiones ya fueron tomadas por el juez natural.
4.3. La Gobernación de Boyacá solicitó que se desestimaran las pretensiones,
pues que el departamento de Boyacá no tiene por qué reconocer y pagar una
sanción moratoria cuando adelantó las acciones pertinentes para que se diera el
pago dentro del término legal, conforme a que se remitió copia al FOMAG, que es
el que reconoce y paga a través de la Fiduciaria La Previsora S.A.
Por otro lado, adujo que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, dado
que cuentan con un régimen jurídico especial en materia de reconocimiento y
pago de cesantías que no tienen prevista una sanción. Además, la sentencia SU
098 de 2019 no es vinculante al caso, pues no guarda identidad fáctica o jurídica
similar. Por tanto, señaló que las entidades actuaron conforme a los preceptos de
manera razonada y no constituye una vía de hecho4.
4.4. La parte tutelante presentó un pronunciamiento respecto de las
contestaciones del Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado 10
Administrativo de Tunja, en el que se indica que, si bien existe la autonomía e
independencia judicial, no se deben desconocer los lineamientos expuestos en
sentencias de las Altas Cortes, en las que se ha reconocido el pago de la sanción
moratoria por la no consignación de las cesantías en tiempo, según lo estipulado
en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a servidores públicos
docentes sin distinción, siempre y cuando estuviesen vinculados después del 1 de
enero de 1990.
4
Junto con la contestación adjuntan una respuesta masiva a los requerimientos relacionados con la
reclamación (pago de sanción por mora por inoportuna consignación de cesantías y pago tardío de
los intereses en el año 2020) a los señores López Quintero Abogados & Asociados con 2395
requerimientos.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Por otro lado, expresó que en el presente asunto sí se configuran causales
genéricas y específicas de procedibilidad que conllevan a la procedencia de la
acción de tutela.
4.5. El Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, vinculados como terceros interesados, no intervinieron.
5. La sentencia de primera instancia
La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que la demanda de tutela no
cumplía con el requisito de relevancia constitucional. Que, conforme a la sentencia
SU 573 de 27 de noviembre de 2019, cuando las discusiones legales tienen una
índole económica deben resolverse mediante mecanismos ordinarios, dado que
para al juez de tutela le es prohibido inmiscuirse en asuntos de carácter netamente
legal o reglamentario.
Por tanto, adujo que la accionante insiste en los argumentos planteados en el
trámite ordinario, de lo cual daba cuenta la fundamentación de la demanda
ordinaria, así como la argumentación presentada en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia.
6. La impugnación
La parte tutelante alegó que la postura del Consejo de Estado, en más de 26 fallos
proferidos5, logra denotar un criterio respecto de la aplicación contemplada en la
Ley 50 de 1990 y en virtud del principio de favorabilidad los docentes del sector
oficial son empleados públicos y beneficiarios.
5
Entre estos, se encuentran: SU 098 de 17 de octubre de 2018, así como las sentencias del
Consejo de Estado en los procesos: 2013-00666-01; -2009-00867- 01; 2018- 04617-01; 2018-
04679-01; 2018- 03499-01; 2014 00173-01; 2014- 00208-01; 2014- 00254-01; 2014- 00132-01;
2014-00815-01; 2015- 00331-01; 2015- 00445-02; 2014- 01127-01; 2017- 00134-01;
2015-90008-01;2014- 90022-01; 2017- 00931-01; 2015- 00075-01; 2013- 00756-01; 2017-
00795-01; 2019- 00359-01; 2019-00376- 01; 2015-00509-01; 2015- 90124-01; 2012- 00212-01 y
2018- 00231-01.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Además, se debe realizar la consignación en el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero de cada año siguiente a su
causación, so pena de que se incurra en mora equivalente a un día de salario por
cada día de retraso.
Adujo que la presente acción de tutela cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, pues se centra en diferentes prerrogativas que conllevan al
desconocimiento de los derechos fundamentales reclamados, acreditados por
causales genéricas de procedibilidad e incluso mencionando varias decisiones de
esta corporación de similar naturaleza.
Manifestó que la jurisprudencia ha sido pacífica en indicar que el auxilio de
cesantías es una obligación a cargo del empleador y a favor del trabajador, es
decir, que con ellas se obtiene por el hecho de su vinculación laboral, siendo
proporcionado al tiempo de servicio prestado, así como se consigne o transfiera de
manera oportuna al FOMAG. Sin embargo, si se da una interpretación restrictiva
de la aplicación de la sanción moratoria, se estaría en una desigualdad de los
docentes respecto de otros servidores públicos que gozan de esa sanción como
garantía del auxilio de cesantías.
Por ende, solicitó que se revocara la sentencia de primer grado y, en su lugar, se
amparen sus derechos fundamentales.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Como lo ha sostenido esta Sala, respecto de casos similares, la presente acción
de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, en múltiples
oportunidades6, especialmente, en la sentencia SU-573 de 2019.
En ese sentido, puede afirmarse que la cuestión que ahora se plantea es
meramente económica y de naturaleza legal, como es el reconocimiento de la
sanción moratoria7, una prestación accesoria al pago de las cesantías, y la fuente
normativa de su aplicación.
6
Ver las Sentencias SU-215 de 2022, SU-103 de 2022, SU-128 de 2021 y SU-573 de 2019.
7
Ver Sentencia SU-573 de 2019, Consideraciones 55 a 57.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
En efecto, como se ha sostenido en otras oportunidades8, la sanción moratoria por
no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está
ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, de ahí que
como se trata de un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente
patrimonial, no amerita la intervención del juez de tutela.
A lo anterior se adiciona que la cuestión que ahora se debate ya fue discutida en la
sede ordinaria, en la que también se introdujeron la mayoría de los precedentes
como desconocidos y que fueron debidamente atendidos por el Tribunal
Administrativo de Boyacá de la siguiente manera (transcripción literal, con posibles
errores incluidos):
4.3. La interpretación de la sentencia SU-098 de 2018 no es aplicable a
este caso y, además, el asunto no cuenta con trascendencia
constitucional, de acuerdo con la sentencia SU-573 de 2019
93. El principal argumento de la apelación se refiere a la extensión de las
penalidades gracias a los principios de favorabilidad e igualdad, con
fundamento en la sentencia SU-098 de 2018. No obstante, esa providencia no
constituye precedente para este caso y, además, la naturaleza meramente
económica del asunto hace que no tenga trascendencia constitucional.
94. Al respecto, la Corte Constitucional reiteradamente ha explicado que el
precedente se define como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un
caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo”13. A partir de este concepto, el alto
tribunal ha señalado que para que una decisión judicial se considere
precedente es necesario que reúna tres requisitos:
(…)
95. Teniendo en cuenta lo anterior, la referida sentencia SU-098 de 2018
efectivamente extendió la sanción moratoria que prevé la Ley 50 de 1990 a
favor de una docente oficial (no se pronunció sobre la indemnización por el
pago tardío de los intereses a las cesantías), pero sus condiciones particulares
no son similares a las que presenta este caso, en concordancia con el análisis
que efectuó la sentencia SU-573 de 2019.
96. En el proceso que conoció la alta corporación, la demandante se retiró del
servicio y en ese momento descubrió que la entidad territorial respectiva no la
afilió al Fomag ni a ningún fondo de cesantías por un error administrativo, lo
8
Ver, entre otras sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2023, radicado No. 2022-06017-01; Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2022, radicado No. 2022-00593-01; Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2022, radicado No. 2022-02567-00.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
que significó que nunca consignó a su favor sus cesantías anualizadas. Por
esa razón, demandó al municipio respectivo para que reconociera y pagara la
sanción moratoria correspondiente, ya que no trasladó al Fomag la obligación
de depositar los dineros.
97. En este asunto, la parte demandante sigue vinculada al servicio, la entidad
territorial realizó su afiliación al Fomag oportunamente y en debida forma, no
se reprocha la falta de consignación de las cesantías, y las entidades
señaladas como responsables de las penalidades son tanto el Departamento
de Boyacá como el Ministerio de Educación, sin precisar sus competencias
específicas respecto de la supuesta aplicabilidad de la sanción (cuestión que sí
era clara en el otro caso).
98. Estas diferencias tienen la suficiente relevancia como para descartar el
carácter de precedente para este asunto, pues los hechos de los casos no son
equiparables.
99. Adicionalmente, la Corte Constitucional modificó el criterio de la sentencia
SU-098 de 2018 con la sentencia SU-573 de 2019, que ya se mencionó. Esta
última decisión, para lo que interesa a este análisis, sostuvo que la discusión
relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 (i) versa
sobre una cuestión meramente legal, con una connotación de contenido
patrimonial, y (ii) no involucra la protección de derechos fundamentales.
100. Ambos aspectos hacen que no sea procedente analizar la regulación de
los docentes bajo los principios de favorabilidad e igualdad, pues el carácter
meramente económico de la discusión impide que el asunto trascienda al plano
constitucional. El Consejo de Estado ha acogido esta posición en sede de
tutela, como, por ejemplo, en el siguiente pronunciamiento:
“(…) conviene indicar que la Sala Plena de la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, afirmó que la sanción moratoria por no
consignación oportuna de las cesantías no es un derecho
fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional, por lo que no comporta relevancia
constitucional por tratarse de un ‘reconocimiento de fuente legal con
carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez
de tutela’. En esta providencia también se indicó que solo será
procedente la acción de tutela en la que se discuta la sanción moratoria
por pago tardío de cesantías, cuando su falta de pago conlleve la
vulneración al mínimo vital o seguridad social del accionante. (…)”9
(Negrilla fuera del texto original)
101. Adicionalmente, este Tribunal considera que la alusión al principio de
favorabilidad es improcedente en estos escenarios. La Corte Constitucional
describe los elementos de este mandato de optimización, así:
“(…) 36. La aplicación del principio de favorabilidad obra en dos
escenarios: cuando se presentan diversas fuentes de derecho que
se contraponen en sus consecuencias jurídicas o cuando
concurren distintas interpretaciones de una misma disposición y
que llevan a consecuencias igualmente diferentes. En ambos casos
debe preferirse aquella disposición o interpretación, según el caso, que
otorga un mayor grado de protección a los derechos del trabajador.
Asimismo, en la medida en que el artículo 53 superior no distingue entre
9
C.E., Sec. Cuarta, Sent. 2022-03170, oct. 27/2022. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
las fuentes formales de derecho de las que se predica el principio de
favorabilidad, entonces ese mandato cubre tanto las de carácter legal y
reglamentario como las constitucionales. Por lo tanto, en cada uno de
dichos escenarios deberá preferirse la hermenéutica que mejor satisfaga
los derechos del trabajador.
37. La existencia de una divergencia interpretativa está sujeta a dos
condiciones: (i) la presencia de una duda seria y objetiva ante la
necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, lo cual exige
razonabilidad argumentativa y solidez jurídica de una u otra
interpretación; (ii) la efectiva concurrencia de las interpretaciones,
circunstancia que obliga a que las interpretaciones en disputa resulten
prima facie aplicables al caso objeto de examen. (…)”10 (Subraya y
negrilla fuera del texto original)
102. Como se vio, para el caso de los docentes no existen varias fuentes de
derecho que prevean consecuencias jurídicas disímiles respecto de las
consecuencias del desembolso extemporáneo de las cesantías anualizadas o
de sus intereses a favor de los docentes oficiales, porque, de hecho, este
régimen no contemplaba las penalidades que reclama la demanda, de acuerdo
con la fecha de vinculación de la parte actora (para ese momento no existía
una norma en el régimen especial que pudiera compararse con las del
general). Y, por eso mismo, no puede hablarse de dudas interpretativas serias
y objetivas, pues para disiparla cualquier inquietud basta verificar las normas
que regulan el auxilio de cesantía a favor de este grupo específico de
servidores.
103. Así las cosas, la supuesta concurrencia de interpretaciones es apenas
aparente, pues parte del presupuesto relativo a la existencia de un vacío legal,
que en realidad representa la intención del legislador de establecer un régimen
particular y propio para los educadores, con dinámicas y beneficios diferentes
a los que cobijan a los demás empleados públicos. Esto también significa que
los grupos de trabajadores que pretenden compararse no se encuentran en el
mismo plano de igualdad, que es el paso previo e imprescindible para aplicar el
juicio integrado de igualdad11.
104. Todas las anteriores razones llevan al Tribunal a concluir que los cargos
de la apelación no tienen prosperidad y, por ende, debe confirmarse la
sentencia de primera instancia que desestimó las pretensiones de la demanda.
Cabe destacar que el criterio que acoge esta providencia atiende la posición
que asumió la Sala Plena de esta Corporación en sesión del 15 de marzo de
2023.
105. Finalmente, no se desconoce que desde el año 2020 la Sección Segunda
del Consejo de Estado ha emitido algunas sentencias que extienden a favor de
docentes oficiales la sanción moratoria por la consignación extemporánea de
cesantías anualizadas (no hacen referencia a la indemnización por pago tardío
10
C. Const., Sent. SU-138, may. 14/2021. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Ver, por ejemplo: C. Const., Sent. C-104, mar. 2/2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez: “(…)
6.5.2. El juicio integrado de igualdad se compone entonces de dos etapas de análisis. En la
primera, (i) se establece el criterio de comparación, patrón de igualdad o tertium comparationis, es
decir, se precisa si los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se confrontan
sujetos o situaciones de la misma naturaleza. En esta parte, asimismo, (ii) se define si en el plano
fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales o igual entre desiguales. // Una
vez establecida (iii) la diferencia de trato entre situaciones o personas que resulten comparables,
se procede, como segunda parte de este juicio, a determinar si dicha diferencia está
constitucionalmente justificada (…)” (Subraya y negrilla fuera del texto original)
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
de los intereses a las cesantías), con fundamento en la sentencia SU-098 de
2018. Sin embargo, con los argumentos que acaban de exponerse, la Sala se
aparta respetuosamente de esa posición, con el cumplimiento de los criterios
de transparencia y suficiencia12. Esto, sin perjuicio de resaltar que la alta
corporación no ha expedido una sentencia de unificación que zanje
definitivamente la discusión y cuyos efectos sean vinculantes y obligatorios
para todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.
El anterior extracto permite identificar que varios de los argumentos presentados
en sede de tutela ya fueron resueltos anteriormente por el juez natural del asunto,
por lo que inmiscuirse en la decisión a la que llegó, luego de haberse detenido a
analizar cada uno de los argumentos presentados en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho, exclusivamente por la inconformidad ante lo
decidido, invadiría inapropiadamente la esfera interpretativa y decisoria de quien
argumentada y razonadamente, bajo los criterios de la sana crítica, ya resolvió el
asunto.
En cuanto a la SU-098 de 2018, esta resulta fáctica y jurídicamente diferente al
caso de la señora Nidian Esperanza Rodríguez Sierra, pues versó sobre: i) un
error interno que hizo que el docente provisional nunca estuviese afiliado al
FOMAG -lo que no ocurre aquí-; ii) su vínculo con la respectiva secretaría de
educación ya había finalizado -lo que no ocurre aquí- ; iii) ya se habían reconocido
las cesantías y estaba a la espera de que los recursos se trasladaran al fondo de
cesantías.
Por lo demás, el Tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que no podían aplicarse al asunto objeto
de estudio, porque la Corte Constitucional modificó el ámbito de aplicación de
dicha sentencia de unificación, pues la sentencia SU-573 de 2019 aclaró que la
discusión sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 versa sobre un debate
meramente económico y no involucra la protección de los derechos humanos.
Adicionalmente, la referida sentencia de unificación de 2019 señaló que existe una
diferencia evidente entre el FOMAG y la forma como se administran los recursos
en los fondos privados de cesantías, pues el primero se rige por el principio de
unidad de caja, lo que significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo de
12
Ver, por ejemplo: C. Const., Sent. SU-380, nov. 3/2021. M.P. Diana Fajardo Rivera.
11
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
los fondos, no se efectúan consignaciones a cuentas individuales de los docentes,
sino que todos los recursos, provenientes, de hecho, del Sistema General de
Participaciones, son girados al FOMAG, para que este pague las prestaciones
correspondientes, una vez sean exigibles.
De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la
Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación13, tiene ciertas similitudes
con el caso examinado, lo cierto es que no era una decisión vinculante, debido a
que los fallos proferidos en sede de tutela tienen efectos inter partes y no había
sido proferida la sentencia SU-573 de 2019. Igualmente, por tratarse de una
decisión inter partes, tampoco resulta vinculante el fallo de tutela proferido el 23 de
marzo de 2023 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado14, al
que también aludió la parte actora.
De conformidad con lo anterior, se confirmará la sentencia objeto de impugnación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 24 de agosto de 2023, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
13
Expediente 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en
su lugar, se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se
sustentaba en la aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo
99 de la ley 50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.
14
Expediente 11001031500020230106300.
12
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-03981-01
Accionante: Nidian Esperanza Rodríguez Sierra
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece
a la derecha.
VF
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.