Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04033-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04033-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04033-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
21 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04033-00
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: GERMÁN CONTRERAS HERNÁNDEZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO RESPECTO AL
DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO FRENTE A AUTORIDADES JUDICIALES.
DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO RESPECTO A LA MORA JUDICIAL ALEGADA,
TODA VEZ QUE NO SE HA INCURRIDO EN MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA. EL
EXPEDIENTE SE ENCONTRABA SURTIENDO EL TRÁMITE DE SEGUNDA
INSTANCIA, POR LO QUE NO LE ERA POSIBLE AL A QUO RESOLVER EL
INCIDENTE DE REGULACIÓN DE HONORARIOS PROPUESTO.
DERECHO FUNDAMENTAL: DE PETICIÓN.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SALA DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y la SALA
DE CONJUECES DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO DE
ESTADO2 y su SECRETARÍA.
1
En adelante TRIBUNAL.
2
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.
2
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-04033-00
ACTOR: GERMÁN CONTRERAS HERNÁNDEZ
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor GERMÁN CONTRERAS HERNÁNDEZ, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho
fundamental de petición, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el
TRIBUNAL, la SECCIÓN SEGUNDA y su SECRETARÍA, por incurrir
en presunta mora judicial, por cuanto no se ha resuelto el incidente
de regulación de honorarios que presentó el 19 de diciembre de
2018, ni las peticiones que radicó el 17 de marzo de 2022 y el 13 de
marzo de 2023, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho identificada con el número único de radicación
250002325000-2010-00824-02.
I.2. Hechos
Afirmó que el señor ALBERTO VERGARA MOLANO suscribió
contrato de prestación de servicios profesionales de abogado con el
señor DANIEL GONZÁLEZ ARDILA, que tenía por objeto agotar la
vía gubernativa y presentar la respectiva demanda ordinaria previa
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación.
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ACTOR: GERMÁN CONTRERAS HERNÁNDEZ
Señaló que el señor VERGARA MOLANO se obligó a pagar al
abogado DANIEL GONZÁLEZ ARDILA por concepto de honorarios,
la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del total de los
valores que se ordenaran a pagar de manera retroactiva por
concepto de diferencia de la bonificación por compensación por la
administración o a través de la correspondiente sentencia judicial,
conciliación, transacción o cualquiera de las formas que diera por
terminado el respectivo proceso ordinario.
Indicó que el 25 de junio de 2010, el abogado DANIEL GONZÁLEZ
ARDILA le realizó cesión del contrato de prestación de servicios
profesionales, con los mismos derechos y obligaciones ya pactados.
Manifestó que, pese a cumplir con todas las obligaciones pactadas en
el respectivo contrato, haber actuado con diligencia y realizado todas
las gestiones profesionales encomendadas para la defensa de los
intereses del señor VERGARA MOLANO, sin justificación alguna y
sin acuerdo con relación al pago de los honorarios, el 6 de marzo de
2018 le fue revocado el mandato, encontrándose el proceso ordinario
resuelto en primera instancia por el TRIBUNAL de manera favorable
a los intereses del allí demandante.
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Sostuvo que, por lo anterior, el 19 de diciembre de 2018 presentó
incidente de regulación de honorarios ante el TRIBUNAL, petición
que reiteró el 29 de agosto de 2019.
Adujo que el TRIBUNAL remitió el expediente al Consejo de Estado,
con el fin de que se surtieran los recursos de apelación interpuestos
contra la sentencia de primera instancia, sin decidir el incidente de
regulación de honorarios, no obstante, se le informó que esta
Corporación se ocuparía del asunto.
Afirmó que el referido proceso fue radicado en el Consejo de Estado
el 17 de octubre de 2019, bajo el número único de radicación 2010-
00824-02.
Comentó que, al no existir pronunciamiento alguno frente al
incidente de regulación de honorarios, el 17 de marzo de 2022,
solicitó a la SECCIÓN SEGUNDA que se pronunciara al respecto.
Relató que el 20 de abril de 2022, la SECRETARÍA realizó el paso al
Despacho del mencionado proceso, en el que adjunto el memorial
mediante el cual solicitó pronunciamiento en cuanto al incidente de
regulación de honorarios.
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Sostuvo que la anterior petición fue reiterada el 13 de marzo de
2023, sin haber obtenido una respuesta a la fecha de la presentación
de la acción de tutela de la referencia.
Finalmente, resaltó que no se ha proferido decisión alguna respecto
al incidente de regulación de honorarios.
I.3 Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en una mora judicial injustificada al no haber resuelto el
incidente de regulación de honorarios interpuesto desde el 19 de
diciembre de 2018, pese a haberse efectuado varios requerimientos
sin obtener respuesta alguna.
I.4. Pretensiones
El actor solicitó que se ampare su derecho fundamental de petición
invocado como vulnerado y, en consecuencia:
“[…] se ordene a la Sala de Conjueces del H. Consejo de Estado,
presidida por el doctor CARLOS MARIO ISAZA la resolución del
Incidente de Regulación de Honorarios radicada por el suscrito
desde el 19 de diciembre 2018 dentro del proceso ordinario de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número
25000232500020100082402 […]”.
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I.5. Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN SEGUNDA adujo que la acción de tutela no es
el mecanismo idóneo para lograr dar impulso a asuntos que están a
cargo de un despacho judicial, comoquiera que no es posible saltar
el turno que corresponde a cada proceso sin ninguna razón que así
lo amerite.
Sostuvo que contrario a lo advertido por el actor, la petición
cuestionada no corresponde a una actuación administrativa sino
judicial, de tal forma que su pretensión está encaminada a obtener
un pronunciamiento de la Sala relacionada con la liquidación de
honorarios por la gestión que adelantó como apoderado judicial.
De otra parte, manifestó que el incidente de regulación de honorarios
presentado ante el juez de primera instancia, no habilita per se la
competencia del ad quem, por lo que no le corresponde a la segunda
instancia resolver la petición de trámite que persigue el actor sino al
juez que admitió la revocatoria del poder, pues es quien puede
evaluar el trabajo profesional hasta ese momento realizado por el
abogado, a través de un incidente que se tramita con independencia
del proceso o de la actuación posterior.
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Señaló que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno del actor
y menos el de petición, pues aun cuando no ha dado respuesta a su
solicitud, ello se debe a las dificultades técnicas relacionadas con el
manejo de SAMAI y lo correspondiente al expediente mixto, así como
a las condiciones en las que los conjueces realizan su labor, pues el
informe secretarial no especifica el contenido de las actuaciones que
ingresan, de tal forma que la dinámica del trabajo impone el trámite
de unas etapas relacionadas con la admisión del recurso de
apelación, siendo impensable que lleguen pendientes que debieron
ser resueltos por el Juez de primera instancia.
Sin embargo, informó que una vez ingresó el expediente al Despacho
se proyectó el fallo de segunda instancia, el cual fue aprobado por la
Sala de Conjueces y se encuentra en proceso de notificación la
respectiva decisión.
Resaltó que a quien corresponde resolver el incidente de regulación
de honorarios es al a quo, una vez le sea enviado el expediente para
lo de su cargo.
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I.5.1.- La SALA TRANSITORIA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA refirió que, a la fecha, no
tiene certeza del estado del proceso ante el superior, como tampoco
conoce las causas o motivos por las que se promovió el incidente de
regulación de honorarios.
I.5.2.- El señor ALBERTO VERGARA MOLANO adujo que no es de
tal acierto lo afirmado por el actor, toda vez que no se cumplió con
todas las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de
servicios celebrado, lo que llevó a que se revocara el poder de forma
justificada.
Comentó que dichas obligaciones incumplidas se concretan en la
ausencia de información respecto a la evolución del asunto
encomendado, pese a múltiples solicitudes en las que se buscaba
información real y actual del proceso desde hace poco más de cuatro
(4) años previos a la revocatoria del mandato, situación que generó
que se nublara la confianza depositada en el actor.
Agregó que el comportamiento contrario al objeto del contrato, así
como el descuido en su defensa dio lugar a que se afectara el trámite
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del proceso ordinario que ha perdurado por más de diez (10) años,
y con ello, los intereses patrimoniales y jurídicos perseguidos.
De otra parte, destacó que no existe vulneración alguna de los
derechos fundamentales del actor y que, además, no tiene vocación
de prosperidad el incidente de regulación de honorarios, máxime
cuando este se promovió por fuera de los treinta (30) días siguientes
a la revocatoria del mandato, situación que genera el rechazo de
plano por extemporáneo.
Finalmente, solicitó que se le desvincule del presente trámite
constitucional por no tener injerencia en los hechos que motivaron el
presente asunto y, si bien lo tiene el juez constitucional, se ordene
proceder al rechazo del incidente de regulación de honorarios.
I.5.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL solicitó que se le declare la falta de legitimación en la
causa por pasiva y se despachen desfavorablemente las pretensiones
de la acción de tutela por ausencia de las causales procedibilidad.
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IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30
de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número
377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las
Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019
de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las
acciones de tutela.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que tanto el señor ALBERTO VERGARA MOLANO
como la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
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JUDICIAL formularon petición de desvinculación en la presente
acción de tutela.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
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derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el incidente de regulación de honorarios objeto de
debate tiene su origen en el contrato de prestación de servicios
profesionales de abogado suscrito con el señor ALBERTO VERGARA
MOLANO, la Sala concluye que a este le asiste interés en la decisión
de la acción constitucional de la referencia.
Igual ocurre con la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, ya que actuó como parte
demandada dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho identificada con el número único de radicación 2010-00824-
02, esto es, dentro del proceso en el que se presentó el incidente de
regulación de honorarios objeto del presente estudio.
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Así las cosas, la Sala denegará las solicitudes de desvinculación,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso Concreto
En el presente caso, la parte actora instauró acción de tutela con el
fin de obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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cual estimó vulnerado por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA y
su SECRETARÍA, por presunta mora judicial injustificada, por cuanto
no se ha resuelto el incidente de regulación de honorarios que
presentó el 19 de diciembre de 2018, ni las peticiones que radicó con
el mismo fin el 17 de marzo de 2022 y el 13 de marzo de 2023,
dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
identificada con el número único de radicación 2010-00824-02.
En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si las
autoridades judiciales accionadas vulneraron el derecho fundamental
de petición invocado por la parte actora, al incurrir en una presunta
mora judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludido y al
no dar respuesta a las solicitudes radicadas el 17 de marzo de 2022
y el 13 de marzo de 2023.
Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente
hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido
ante autoridades judiciales.
Del derecho de petición instaurado ante autoridades
judiciales
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ACTOR: GERMÁN CONTRERAS HERNÁNDEZ
Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades
judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no
resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se
pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante
el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o
administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el
amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20174, en
la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único
de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:
“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.
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contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación
reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
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peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.
Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).
Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha
explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la
potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su
soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes
asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en
nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace
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referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su
conocimiento.
Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:
“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)5.
La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia6 que le asigna la ley7 […]”.
En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por la parte
actora en las solicitudes radicadas el 17 de marzo de 2022 y el 13 de
5
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
6
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
7
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
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marzo de 2023, es que la SECCIÓN SEGUNDA resuelva el incidente
de regulación de honorarios que presentó dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número
único de radicación 2010-00824-02; sin embargo, ese
pronunciamiento implica que la autoridad judicial accionada zanje
una cuestión propia del proceso judicial que debe ser dirimida
conforme a los procedimientos legales previstos para tal fin.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado respecto al derecho de petición alegado por la
parte actora, como en efecto se dispondrá más adelante en la parte
resolutiva de esta providencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si el TRIBUNAL
incurrió en una mora judicial injustificada al no haber resuelto el
incidente de regulación de honorarios aludido.
De la mora judicial
Esta figura ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y
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estructural […]”8 que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la
solución de los procesos.
Sobre este tema, la Corte Constitucional9 ha sostenido que el no
cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no
implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida
cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar
los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar
prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar
irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional.
En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para
determinar si esta es justificada o no, dado que es necesario que
concurran determinadas circunstancias para tenerla como
injustificada.
8
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María
Victoria Calle Correa.
9
Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño
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Al respecto, la Corte10 ha manifestado en forma reiterada que:
“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos
fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la
razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del
incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del
ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los
términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo
que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad
procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y
la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o
justificación razonable de la demora11. Advirtió, además, que (iv)
el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos
los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de
acceso a la administración de justicia y debido proceso,
concluyendo que:
“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del
plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que
son estos los criterios que se deben analizar para determinar si
acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por
ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la
mora judicial se justifica cuando:
• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se
demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende.
• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso
de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en
aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario
encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido
a una omisión sistemática de sus deberes.”12.
13.5. En la providencia T-230 de 201313, que abordó un caso de
10
Ibidem.
11
«Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T-297 de 2006 (MP Jaime
Córdoba Triviño - unánime)».
12
«En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la
providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el
sancionado se encontraba justificada».
13
«MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».
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presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema
de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso
ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución
pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los
derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i)
se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley
para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo
razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora
judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1)
se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la
existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el
remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional14.
También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la
mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la
Corte (i) niega la protección constitucional15, en otros, (ii) ordena
la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de
especial protección y/o vulnerabilidad16; y, en otros, (iii) dispone
un amparo transitorio17.
13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la
Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-394 de
201618, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo
razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo
constitucional cuando quiera que (i) se incurre en mora judicial
injustificada y (ii) se está ante un caso en el que puede
materializarse un daño que genera perjuicios no subsanables.
La mora judicial injustificada, precisó, se presenta cuando quiera
que (i) existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no
existe un motivo razonable que justifique la dilación; y, (iii) la
tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial […]”.
14
«Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C-543 de 1992, en casos de
mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo que
implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón,
Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)».
15
«Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T-
243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Porto -
unánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».
16
«Como ocurrió en las sentencias T-708 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil – unánime), T-220 de 2007
(MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla) y T-945A de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy
Cabra, SV Nilson Pinilla Pinilla)».
17
«T-1154 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime)».
18
«MP Gloria Stella Ortiz Delgado».
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Conforme con la jurisprudencia en cita, para establecer si el
desconocimiento de los términos procesales, en un asunto particular,
conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, debe determinarse, entre otras cosas, si la dilación acaecida
es justificada o no, pero particularmente si tal situación es atribuible
a la falta de diligencia del funcionario encargado de la resolución del
litigio.
Antes de entrar a estudiar la presunta mora judicial injustificada, a
la Sala corresponde realizar las siguientes precisiones en cuanto a la
creación de la SALA TRANSITORIA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA:
En primera medida, se destaca que mediante el Acuerdo PCSJA19-
11250 de 5 de abril de 201919, el Consejo Superior de la Judicatura
acordó la creación de una Sala Transitoria en la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el conocimiento de los
procesos originados en las reclamaciones salariales y prestacionales
promovidas por servidores judiciales.
19
“Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión para la jurisdicción contencioso
administrativa”.
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Para lo anterior, fueron remitidos los expedientes de tales asuntos a
dicha Sala Transitoria, entre los que se encuentran temas como la
bonificación por compensación de servidores judiciales que estaban
siendo conocidos por los conjueces de la Sección Segunda del
referido Tribunal, como ocurrió en el caso concreto.
En efecto, el proceso identificado con el número único de radicación
2010-00824-02, objeto de la presente solicitud de amparo, que
estaba siendo conocido por la SALA DE CONJUECES DEL
TRIBUNAL, ahora corresponde a la SALA TRANSITORIA DEL
TRIBUNAL ADMINISRTATIVO DE CUNDINAMARCA, en atención
a las medidas de descongestión adoptadas para la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, las cuales han sido prorrogadas
mediante los Acuerdos PCSJA20-11482 de 30 de enero de 2020,
PCSJA20-11573 de 24 de junio de 2020, PCSJA21-11738 de 5 de
febrero de 2021, PCSJA21-11766 de 11 de marzo de 2021, PCSJA23-
12034 de 17 de enero de 2023 y PCSJA23-12055 de 31 de marzo de
2023, entre otros.
En ese orden de ideas, para la Sala es dable inferir que, aun cuando
el asunto objeto de debate fue conocido en primera instancia por la
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SALA DE CONJUECES DEL TRIBUNAL y fue ante quien se presentó
el incidente de regulación de honorarios, lo cierto es que, en atención
a lo mencionado en líneas anteriores, a quien corresponde conocer
del asunto es a la SALA TRANSITORIA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, por lo que la presunta
mora judicial injustificada será estudiada frente a tal autoridad
judicial.
En virtud de lo anterior, la Sala determinará si la SALA
TRANSITORIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA incurrió en una mora injustificada en el trámite
del incidente de regulación de honorarios presentado dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 2010-00824-02.
Según la información relacionada en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado SAMAI 20 y en los informes
rendidos dentro del trámite constitucional, se tiene lo siguiente:
20
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2500023250002010008
24021100103
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• El señor ALBERTO VERGARA MOLANO presentó revocatoria
del mandato del abogado GERMÁN CONTRERAS
HERNÁNDEZ, la cual fue admitida en auto de 6 de marzo de
2018.
• El 19 de diciembre de 2018, el señor GERMÁN CONTRERAS
HERNÁNDEZ adelantó incidente de regulación de honorarios
ante la SALA DE CONJUECES DEL TRIBUNAL, petición que
reiteró el 29 de agosto de 2019.
• La SALA DE CONJUECES DEL TRIBUNAL remitió el
expediente identificado con el número único de radicación
2010-00824-02, junto con la solicitud del incidente de
regulación de honorarios al Consejo de Estado, con el fin de
que se surtieran los recursos de apelación interpuestos contra
la sentencia de primera instancia.
• El proceso fue abonado al Consejo de Estado el 17 de octubre
de 2019 y luego de haberse resuelto las manifestaciones de
impedimento presentadas por los magistrados de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el 18 de agosto de 2021, fue
realizado el sorteo de conjueces para conocer del asunto,
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siendo asignado como ponente el Conjuez CARLOS MARIO
ISAZA SERRANO.
• En proveído de 5 de noviembre de 2021, fueron admitidos los
recursos de apelación promovidos por las partes contra la
sentencia de primera instancia.
• El 17 de marzo de 2022 el señor GERMÁN CONTRERAS
HERNÁNDEZ presentó petición ante la SECCIÓN SEGUNDA,
con el fin de que se le diera trámite al incidente de regulación
de honorarios propuesto.
• Mediante auto de 1o. de noviembre de 2022, la SECCIÓN
SEGUNDA corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión.
• El 1o. de marzo de 2023, ingresó el expediente al Despacho
para dictar sentencia.
• En memorial de 13 de marzo de 2023, el actor reiteró la
petición presentada el 17 de marzo de 2022, con el fin de que
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se pronunciara sobre el incidente de regulación de honorarios.
• En providencia de 11 de julio de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA
profirió sentencia de segunda instancia.
• Luego de surtirse la notificación de la sentencia de segunda
instancia, a través de auto de 11 de julio de 2023, la SECCIÓN
SEGUNDA resolvió la solicitud de adición presentada por el
señor GERMÁN CONTRERAS HERNÁNDEZ, que pretendía
que le fuera resuelto el incidente de regulación de honorarios,
para lo cual dicha autoridad resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: ADICIÓNAR la sentencia de fecha 11 de
julio por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación
interpuesto por el apoderado del demandante ALBERTO
VERGARA MOLANO, contra la sentencia proferida el 3 de
noviembre de 2013 por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
ordenando a la Sala A quo, que una vez sea remitido por
secretaría este expediente, proceda a dar curso al incidente
de regulación de honorarios promovido por el abogado
Germán Contreras Hernández, en los precisos términos
consignados en la parte motiva de esta providencia […]”.
• La anterior decisión fue notificada el 1o. de septiembre de 2023
por la SECRETARÍA a las partes, sin que a la fecha haya sido
devuelto el expediente al tribunal de origen.
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En ese orden de ideas, conforme a las circunstancias fácticas
mencionadas, la Sala observa que, si bien no se ha resuelto el
incidente de regulación de honorarios presentado por el actor, ello
obedece a que, una vez este fue presentado, el expediente
contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue
remitido al Consejo de Estado para que se surtiera la segunda
instancia.
Ahora, comoquiera que tal asunto corresponde resolverlo al juez que
aceptó la revocatoria del mandato, hoy representada por la SALA
TRANSITORIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, y ya que el expediente se encontraba en
posesión de la SECCIÓN SEGUNDA, la Sala observa que le era
imposible a la encargada resolver el incidente de regulación de
honorarios, pues solo hasta el 11 de julio de 2023, se dictó sentencia
de segunda instancia, la cual fue notificada el 1o. de septiembre del
presente año, sin que el expediente le haya sido devuelto para lo de
su cargo.
Sumado a lo anterior, la Sala destaca que, de conformidad con lo
dispuesto en el auto de 11 de julio de 2023, mediante la cual se
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adicionó la sentencia de segundo grado, la SECCIÓN SEGUNDA
ordenó al a quo que, una vez remitido el expediente, procediera a
dar curso al incidente de regulación de honorarios, objeto de la
presente solicitud de amparo.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el proceso se encontraba
surtiéndose el trámite de segunda instancia, no le era posible a la
SALA TRANSITORIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA atenderlo con anterioridad, lo que se escapa de
su órbita de acción hasta que el expediente sea devuelto por el ad
quem, lo que descarta la mora judicial alegada.
En virtud de lo anterior, la Sala encuentra que dentro de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número
único de radicación 2010-00824-02, no se incurrió en mora judicial,
dado que la misma se encuentra justificada, pues el asunto se
encontraba surtiendo el trámite de segunda instancia y el incidente
de regulación de honorarios debe ser resuelto una vez sea devuelto
el expediente al tribunal de origen.
En ese orden de ideas, la Sala considera que en el caso bajo estudio
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se presenta una situación que justifica razonablemente el tiempo que
ha transcurrido sin que se haya resuelto el incidente de regulación
de honorarios, situación que resulta ajena a la voluntad de la SALA
TRANSITORIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, como se expuso en precedencia, además, se
itera, los procesos se encuentran sometidos a un sistema de turnos
y deben ser atendidos de acuerdo al orden de llegada.
Así las cosas, la Sala concluye que en el presente asunto no se
vulneró el derecho fundamental invocado por la parte actora, toda
vez que las autoridades judiciales accionadas no han incurrido en una
mora judicial injustificada, razón por la cual se denegará el amparo
solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
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legitimación en la causa por pasiva presentadas por el señor
ALBERTO VERGARA MOLANO y la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo solicitado frente al
derecho de petición, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.
TERCERO: DENEGAR el amparo solicitado respecto a la mora
judicial invocada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de septiembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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