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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04038-00

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04038-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por la señora Sandra Cárdenas Gaviria contra la Nación – Presidencia www.consejodeestado.gov.co 14 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-203-04038-00 Accionante: Sandra Cárdenas Gaviria de la República - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Fondo de Adaptación, el Ministerio de Vivienda, la Caja de Compensación Familiar - Comfenalco Valle y el municipio de Arboleda - Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: EXHORTAR al Fondo Adaptación para que, en atención al turno u orden de priorización de los registros pendientes de asignación, evalúe la posibilidad de incluir a la señora Sandra Cárdenas Gaviria dentro de los 412 hogares que eventualmente podrían acceder al Programa de Vivienda Gratuita II a cargo del Ministerio de Vivienda. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04038-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

31 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04038-00
Accionante: SANDRA CÁRDENAS GAVIRIA
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la vida, seguridad personal, vivienda
digna y dignidad humana / falta de asignación de una
vivienda para persona damnificada por el fenómeno de la
niña de los años 2010 y 2011

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Sandra
Cárdenas Gaviria, en contra de la Nación – Presidencia de la República
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Fondo de Adaptación, el
Ministerio de Vivienda, la Caja de Compensación Familiar - Comfenalco
Valle y el municipio de Arboleda - Comité Local de Prevención y
Atención de Desastres, de conformidad con el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

La señora Sandra Cárdenas Gaviria, actuando en nombre propio,
interpone acción de tutela contra la Nación – Presidencia de la República
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Fondo de Adaptación, el

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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Sandra Cárdenas Gaviria

Ministerio de Vivienda, la Caja de Compensación Familiar - Comfenalco
Valle y el municipio de Arboleda - Comité Local de Prevención y
Atención de Desastres, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la vida, seguridad personal, vivienda digna y dignidad
humana, con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. La accionante manifiesta que es madre cabeza de familia, se
encuentra desempleada y en estos momentos se encuentra en arriendo
conviviendo con su padre y sus hijos.

1.2. Señala que debido a la ola invernal del 2010 y 2011 causada por
el fenómeno de La Niña, su casa ubicada en el barrio Lourdes en el
municipio de Arboleda - Nariño se vio afectada con daños irreparables,
por lo que resultó damnificada y posteriormente fue elegida beneficiaria
por el Fondo de Adaptación para la reconstrucción de su hogar.

1.3. Indica que a pesar de los años transcurridos en la actualidad su
casa todavía no ha sido construida, además señala que no ha podido
acceder a otros planes de vivienda gubernamental por pertenecer y
esperar la ejecución del Fondo de Adaptación.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La accionante sostiene que las entidades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales a la vida, seguridad personal, vivienda digna
y dignidad humana, dado que, a pesar de haber sido elegida como
beneficiaria del “Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción
de Viviendas para la Atención de Hogares Damnificados o Localizados
en Zonas de Alto Riesgo no Mitigable Afectadas por los Eventos

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Derivados del Fenómeno de la Niña 2010-2011”, a la fecha, su casa no
ha sido reconstruida.

Asimismo, argumenta que se encuentra en una situación de
vulnerabilidad al ser una madre cabeza de familia de escasos recursos
económicos, desplazadas del conflicto armado, desempleada y tener a
su cargo un hijo con un trastorno del aprendizaje.

En esa medida, manifiesta que la acción de tutela resulta ser el
mecanismo idóneo y eficaz para restaurar sus derechos de manera
efectiva.

3. PRETENSIONES

Con base en lo anterior, solicita:

« 1.- Tutelar del derecho fundamental a la SEGURIDAD PERSONAL, a la VIDA DIGNA
y el derecho fundamental a la VIVIENDA DIGNA de la señora SANDRA CARDENAS
GAVIRIA y su núcleo familiar.

2.- Ordenar a la: Presidencia de la República - ministerio de vivienda, fondo de
adaptación, Comfenalco valle, Municipio de Arboleda-comité prevención y atención
de desastres arboleda que, en el menor tiempo posible, a partir de los hechos consignados
en la presente y de manera provisional, proceda (en coordinación con los tutelantes) a
reubicar a los accionantes, o suministre subsidio de arrendamiento, o se adopte una medida
que les permita a los accionantes trasladarse a una vivienda en condiciones de seguridad,
hasta tanto se adelanten las obras requeridas para mitigar el riesgo establecido sobre su
vivienda o puedan ser beneficiarios de programas de construcción o mejoramiento de
vivienda.

3.- Ordenar a la: Presidencia de la República - ministerio de vivienda, fondo de
adaptación, Comfenalco valle, Municipio de Arboleda-comité prevención y atención
de desastres arboleda. Que, en el menor tiempo posible, a partir de los hechos consignados
en la presente, proceda a realizar las obras de arreglo y mantenimiento necesarias para
mitigar los riesgos identificados en la vivienda de propiedad de los accionantes.

4.- Ordenar a la: Presidencia de la República - ministerio de vivienda, fondo de
adaptación, Comfenalco valle, Municipio de Arboleda-comité prevención y atención
de desastres arboleda. Que, en el menor tiempo posible, a partir de los hechos consignados
en la presente, proceda a PRIORIZAR la inclusión de los accionantes a programas de
construcción o mejoramiento de vivienda.» (Sic en toda la cita)

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4. INFORMES

Mediante auto del 31 de julio de 2023 se admitió la acción de tutela de
la referencia y se ordenó notificar al a Nación – Presidencia de la
República - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Fondo de
Adaptación, el Ministerio de Vivienda, la Caja de Compensación Familiar
• Comfenalco Valle y el municipio de Arboleda - Comité Local de
Prevención y Atención de Desastres como accionados os en las resultas
del proceso.

4.1. El Fondo de Adaptación solicitó declarar la improcedencia de la
presente acción de tutela, toda vez que dicha entidad no ha vulnerado
o amenazado ninguno de los derechos fundamentales alegados por la
parte accionante.

En ese sentido, argumentó que su competencia dentro de los planes y
medidas que el Gobierno Nacional adoptó para combatir la crisis
causada por el fenómeno de La Niña que se produjo en 2010 y 2011 se
limita a la tercera fase del programa de atención de la emergencia,
atinente a la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas
afectadas, etapa que, inicialmente, según el Decreto 4819 de 2010, se
extendería hasta el 2018. Por lo que, las pretensiones de la accionante
de solicitar un subsidio de arrendamiento o reubicación temporal son
de competencia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres - UNGRD.

Con respecto a la ejecución del programa en el que se encuentra la
accionante, señaló que en reiteradas ocasiones ha solicitado ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de
Planeación y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la asignación
de recursos adicionales que permitan alcanzar la meta propuesta en el

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CONPES 3776 y atender la mayor cantidad de familias damnificadas,
sin embargo, a la fecha no cuentan con la financiación para atender a
las 14.184 viviendas entre las que se encuentra la señora Sandra
Cárdenas Gaviria.

En conclusión, sostuvo que existe una justificación material sobre la
imposibilidad de otorgar un beneficio de vivienda a la accionante a corto
plazo, ya que existen más de 14 mil familias que actualmente no tienen
recursos asignados para su atención vulnerando así el derecho a la
igualdad.

4.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela
y desvincular a la entidad por no estar legitimada en la causa por
pasiva.

4.3. La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca –
COMFENALCO VALLE, a través de apoderado judicial, solicitó su
desvinculación por carecer de legitimidad en la causa por pasiva.

4.4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que no está
legitimado en la causa por pasiva para intervenir en el objeto concreto
de la presente acción de tutela, por lo que solicita su desvinculación.

4.5. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio solicitó ser
desvinculada de la presente acción de amparo y negar las pretensiones
de la parte accionante, dado que no se ha vulnerado ninguno de los
derechos fundamentales alegados en el escrito de la demanda.

4.6 No se rindieron más informes.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.º del Decreto
2591 de 1991; el Decreto 333 de 2021 y demás normas concordantes.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer si la
Nación – Presidencia de la República - Ministerio de Hacienda y Crédito
Público – Fondo de Adaptación, el Ministerio de Vivienda, la Caja de
Compensación Familiar - Comfenalco Valle y el municipio de Arboleda -
Comité Local de Prevención y Atención de Desastres vulneraron los
derechos fundamentales a la vida, seguridad personal, vivienda digna
y dignidad humana de la señora Sandra Cárdenas Gaviria.

Para dar respuesta al anterior interrogante se procederá a analizar: i)
las generalidades de la acción de tutela, ii) de la protección del derecho
a la vivienda digna por vía de tutela y iii) el caso concreto.

3. Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que

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estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.

3.1. De la protección del derecho a la vivienda digna por vía de
tutela1

El constituyente estableció, en el artículo 51 de la carta política, el
derecho a la vivienda digna de la siguiente manera:

«Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución
de estos programas de vivienda.»

Entonces, se podría afirmar que en principio, el derecho a la vivienda
no es susceptible de protección constitucional, pues su acceso gira en
torno a conflictos contractuales, de posesión o de dominio, los cuales
pueden dirimirse en la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, la ausencia
de reconocimiento oportuno de este derecho de rango legal puede

1
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Número de radicado 73001-23-33-000-2016-00248-
01, sentencia del 22 de mayo de 2017.

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transgredir o amenazar de manera ostensible un derecho fundamental,
circunstancia que permite reclamar su protección inmediata a través de
la acción de tutela.

La Corte Constitucional ha considerado que: «(…)Puede solicitarse el
amparo constitucional del derecho a la vivienda cuando: “(i) por vía
normativa se defina su contenido, de modo que pueda traducirse en un
derecho subjetivo; (ii) cuando su no satisfacción ponga en riesgo otros
derechos de naturaleza fundamental, como el derecho a la vida, al
mínimo vital, a la integridad física, etc., y (iii) cuando se reclame la
protección del derecho en cuestión frente a injerencias arbitrarias de
las autoridades estatales y de los particulares.».

De lo expuesto, se concluye que a partir del estudio de los supuestos
fácticos de cada asunto en particular y de las condiciones de
vulnerabilidad, el juez constitucional determinará si el derecho a la
vivienda digna es susceptible de ser protegido a través de la acción de
tutela.

3. Del caso concreto

En el presente asunto, la señora Sandra Cárdenas Gaviria alega la
vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, seguridad
personal, vivienda digna y dignidad humana por parte de la Nación –
Presidencia de la República - Ministerio de Hacienda y Crédito Público –
Fondo de Adaptación, el Ministerio de Vivienda, la Caja de
Compensación Familiar - Comfenalco Valle y el municipio de Arboleda -
Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, dado que a pesar
de haber sido elegida como beneficiaria para la reconstrucción de su
hogar por el Fondo de Adaptación en el 2013, a la fecha, no le han
otorgado una solución de vivienda.

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En síntesis, sostiene que se encuentra en una condición de
vulnerabilidad debido a que es desempleada, madre cabeza de familia,
desplazada del conflicto armado y tiene a su cargo un hijo con trastorno
del aprendizaje.

Ahora bien, de conformidad con el material probatorio obrante en el
plenario, se encuentran las siguientes actuaciones:

• La accionante está inscrita en el Registro Único de Damnificados de la
temporada correspondiente al fenómeno de La Niña 2010 – 2011, con
el estado del inmueble: «Se perdió totalmente» y como resultado
elegible para el reconocimiento como beneficiaria para acceder a la
construcción de vivienda por el Fondo de Adaptación.

• La solicitud de la construcción de la nueva vivienda se encontraba
asignada al operador Comfenalco Valle, pero, según lo informó dicha
entidad, a partir del 1.º de febrero de 2018 se volvió competencia
exclusiva del Fondo de Adaptación la ejecución del proyecto.

• El Fondo de Adaptación, en el escrito de contestación de la presente
acción, afirmó lo siguiente:

«Ahora bien, es importante aclarar al despacho que, entre los años 2019 y 2020, la
administración de la entidad realizó las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público – MHCP- y el Departamento Nacional de Planeación – DNP- en el
Proyecto de Presupuesto Anual y en el Marco de Gasto de Mediano Plazo - MGMP, para
que le fuesen asignados recursos adicionales que permitieran alcanzar la meta propuesta en
el CONPES 3776 y atender la mayor cantidad de familias damnificadas. Producto de estas
gestiones le fueron asignados en el presupuesto de las vigencias 2019 y 2020 un total de
$111 mil millones adicionales a los $2.34 billones, recursos que estaban asignados hasta
octubre de 2018 cuando llegó la nueva administración y que permitieron el financiamiento
de 1.467 soluciones de viviendas adicionales. Con estos recursos se completó el presupuesto
asignado total con el que cuenta la entidad de $2.46 billones para financiar las 43.903
soluciones de viviendas.

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En el Proyecto de Presupuesto Anual y en el Marco de Gasto de Mediano Plazo que
alimentaron la discusión del presupuesto del año 2021, la entidad volvió a realizar las
gestiones para que se incluyeran nuevos recursos que permitieran financiar soluciones de
viviendas adicionales. Estas gestiones se reforzaron a través de comunicación al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público para que los recursos fueran asignados en el marco de Plan
de Reactivación Económica post pandemia (Comunicado E-2020- 004714), incluso, en el
marco de las discusiones conjuntas a la Ley de Presupuesto de las comisiones económicas
se expuso la necesidad de contar con nuevos recursos. Sin embargo, y a pesar de estas
gestiones, las restricciones presupuestales que ha tenido el Presupuesto General de la
Nación agravadas como resultado de la declaración de emergencia sanitaria frente al
COVID-19, impiden al Gobierno Nacional la asignación de recursos adicionales que
permitan atender el requerimiento de vivienda de las familias que a la fecha no han sido
atendidas por la entidad.

En paralelo con estas gestiones, el Fondo, explorando otras opciones que coadyuven a
garantizar la atención de la totalidad de los damnificados beneficiarios, solicitó al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante comunicación E-2020-003805,
explorar la posibilidad de incluir los beneficiarios sin atención en alguno de los
programas de vivienda, ya sea que se encontraran en fase de estructuración o en
ejecución. Mediante comunicación radicada con el número 2020-EE- 0048141, el
Ministerio informó que una vez realizado el cruce de información de los registros remitidos
con los proyectos de vivienda en desarrollo en el Programa de Vivienda Gratuita II, existía
posibilidad de incluir un total de 412 hogares en el grupo poblacional de damnificados,
siempre y cuando el Fondo Adaptación realizará ante las alcaldías respectivas, entidades
propietarias de los predios en los que se desarrollan los proyectos de vivienda, y los hogares
cumplan con los requisitos establecidos por las normas vigentes en el proceso de
priorización y selección de beneficiarios.

Adicionalmente, el pasado 30 de marzo de 2021, con oficio E-2021-002276 el Fondo
Adaptación, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) recursos para el
sector Vivienda por $1,31 billones para 14.184 viviendas. En el comité sectorial de Marco
de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) realizado el 12 de mayo de 2021 se reiteró la solicitud
al MHCP de recursos para el sector Vivienda por $1,31 billones para 14.184 viviendas que
hacen falta por atención. Pese a las citadas solicitudes de recursos para el sector Vivienda
al MCHP, estos recursos no fueron asignados en el presupuesto de inversión de 2022.

No obstante, a pesar de la negativa, el Fondo Adaptación entendiendo la necesidad de los
núcleos familiares pendientes de atención dentro del Programa Nacional de Vivienda de la
entidad, presentó el treinta (30) de marzo de 2022 nuevamente solicitud de recursos para
atender las necesidades de recursos para funcionamiento e inversión de la vigencia 2023 de
acuerdo con lo indicado en la Circular 07 del 22 de febrero de 2022 emitida por la Dirección
General del Presupuesto Público Nacional – DGPPN del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público – MHCP, cuyo asunto es “Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal de
2023”.

En el marco de la solicitud de recursos de inversión, se incluyó la solicitud de recursos para
atender la necesidad de financiar 14.184 soluciones de vivienda que a la fecha no cuentan
con los recursos asignados, correspondientes al “Programa nacional de reubicación y
reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable afectados por los eventos derivados del Fenómeno de La
Niña 2010 -2011”, que está a cargo del sector Vivienda.

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Así mismo y continuando con las gestiones para financiar estos registros en el marco del
proceso de programación del Presupuesto General de la Nación 2023, en lo concerniente al
Marco de Gasto de Mediano Plazo – MGMP 2023-2026, y específicamente en el Comité
Técnico Sectorial de MGMP 2023 – 2026, el día veintinueve (29) de abril de 2022 se
presentó la necesidad del sector vivienda, haciendo énfasis en la necesidad de poder cubrir
las 14.184 viviendas a las familias afectadas por los eventos derivados del Fenómeno de La
Niña 2010 -2011

Sin embargo, pese a la citada solicitud de recursos por parte del Fondo Adaptación al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estos recursos no fueron asignados en el
presupuesto de inversión de la Entidad para el año 2023; esto, bajo el entendido que existen
restricciones presupuestales que no permiten la canalización de recursos adicionales para la
Entidad. No obstante, desde el Fondo Adaptación se continuó trabajando con los recursos a
disposición de la entidad hasta el momento, y se persistirá en la gestión de recursos
adicionales ante las instancias competentes, los cuales permitan garantizar la atención de la
totalidad de hogares pendientes.

Al respecto, y con la constante necesidad de la entidad en el logro de sus objetivos y con la
finalidad de lograr la asignación de recursos adicionales para la vigencia 2024, el Fondo
Adaptación emitió el oficio nro. E-2023-001771 del 31 de marzo de 2023 dirigido a la
Dirección de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
dentro del cual se expuso la necesidad de recursos por la suma de 2,3 billones de pesos.
(…)»

De lo anteriormente transcrito se tiene que para el año 2018 el Fondo
de Adaptación había logrado brindar una solución de vivienda a unas
43.903 familias con un presupuesto general de $ 2.46 billones de
pesos; no obstante, en el año 2021 solicitó ante el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público mediante el comunicado E-2020- 004714 la
asignación de nuevos fondos en el marco del Plan de Reactivación
Económica post pandemia, pero no recibió una respuesta positiva, por
lo que indicó que esta falta de recursos actualmente impide la ejecución
de las 14.184 viviendas restantes dentro de dicho programa.

Adicionalmente, se evidencia que el Fondo de Adaptación a través del
Oficio E-2020-003805 del 12 de junio de 2020, propuso al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio la opción de considerar a los beneficiarios
excluidos de algunos de los programas de vivienda en desarrollo por
dicha entidad una alternativa que buscaba lograr soluciones
habitacionales para estas personas. La solicitud fue atendida por medio

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de la comunicación 2020EE0048141, en la cual el Ministerio de Vivienda
indicó que existía la posibilidad de incorporar a 412 hogares en 46
proyectos bajo el Programa de Vivienda Gratuita II en ejecución en
Colombia. Sin embargo, esta incorporación estaba sujeta a dos
condiciones: en primer lugar, el fondo debía gestionar la inclusión ante
las respectivas alcaldías; y en segundo lugar, los hogares debían
cumplir con los requisitos establecidos por las normas vigentes en el
proceso de priorización y selección de beneficiarios, conforme al
Decreto 1077 de 2015.

Asimismo, se tiene que, con el objetivo de llevar a cabo la ejecución del
proyecto, la entidad solicitó mediante el Oficio núm. E-2023-001771
del 31 de marzo de 2023 a la Dirección de Presupuesto Público Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la asignación de recursos
por la suma de 2,3 billones de pesos y dentro de la cual, actualmente
se espera una respuesta oficial de parte de la entidad.

En consecuencia, para esta Sala de Subsección es evidente que el
Fondo de Adaptación ha agotado los medios disponibles para la
consecución de los recursos adicionales que permitan ejecutar los
proyectos de viviendas de los 14.184 hogares que no cuentan con
asignación presupuestal, entre los cuales se encuentra la señora Sandra
Cárdenas Gaviria.

De esta manera, se considera que el Fondo de Adaptación no ha
vulnerado ninguno de los derechos alegados por la accionante por la
falta de una asignación de vivienda, dado que, como se ha señalado, la
entidad ha adelantado todas las acciones administrativas tendientes
para asegurar la obtención de los recursos económicos restantes para
lograr ejecutar el proyecto y brindarles un hogar a las familias afectadas
por el fenómeno de La Niña para el periodo 2010-2011.

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Por otra parte, tal y como esta Sala de Subsección lo estableció en un
anterior pronunciamiento2, no se debe pasar por alto que la accionante
ha estado esperando por más de diez años la asignación de una
vivienda, por lo que resulta oportuno hacer un llamado al Fondo de
Adaptación con el fin de que, de acuerdo con el turno o la prioridad
establecida en los registros pendientes de asignación, se evalúe la
viabilidad de incluirla entre los 412 hogares que podrían eventualmente
beneficiarse del Programa de Vivienda Gratuita II, dentro de los
proyectos de vivienda en desarrollo en todo el territorio colombiano".

En dicha oportunidad, la Sala señaló lo siguiente3:

«Lo primero que conviene reiterar, es que debido a la grave situación generada por el
fenómeno invernal que ocurrió en el país en los años 2010-2011, el Gobierno Nacional,
mediante Decreto 4580 de 2010, declaró el estado de emergencia económica, social y
ecológica, por la grave calamidad pública y, en virtud de esa situación, expidió varias
disposiciones para conjurar la crisis y, entre otros aspectos, brindar la atención de las
familias damnificadas y la recuperación de las zonas afectadas, tanto a corto, mediano y
largo plazo. Así, en relación con lo que aquí se estudia, dispuso la entrega de ayudas
humanitarias, entendidas como acciones de corto plazo, con el propósito de salvaguardar
vidas, dar albergue, utensilios de aseo y comida a las familias afectadas y otras, como fue
el caso del otorgamiento de subsidios de arrendamiento o cupo en los alojamientos
temporales.

Ahora bien, en el caso concreto, la Subsección encuentra que el señor Ruiz Rey afirmó que,
en su momento, recibió dos mercados por parte del Gobierno Nacional. Sin embargo,
pretende que, en esta instancia, se le asigne un subsidio de arrendamiento, hasta tanto acceda
a la solución de vivienda. En cuanto a ello, se advierte que si bien el accionante, en el escrito
de tutela, mencionó que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, dada su edad y la
afectación generada desde los años 2010 y 2011 por la ola invernal, lo cierto es que no
allegó ninguna prueba que corrobore que, actualmente, se encuentra en un estado de
indefensión que le impida asumir el pago de un canon de arrendamiento hasta tanto se le
asigne una solución de vivienda o garantizar su mínimo vital.

Contrario a lo anterior, se avizora que el solicitante del amparo señaló que vive en arriendo
en la finca El Mandarino, ubicada en la vereda San José del municipio de Silvania y, en ese
entendido, no existe ningún elemento de juicio que permita concluir la necesidad de
intervención del juez constitucional y, en concreto, el examen de las condiciones para
acceder al requerimiento del subsidio de arrendamiento. En esos términos, no es procedente,

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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, Número de
Radicado 11001-03-15-000-2021-05019-00, sentencia del 9 de septiembre de 2021.
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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. William Hernández Gómez, Número de
Radicado 11001-03-15-000-2021-05019-00, sentencia del 9 de septiembre de 2021.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-203-04038-00
Accionante: Sandra Cárdenas Gaviria

a través de la acción de tutela, ordenar a las autoridades administrativas accionadas que
otorguen un beneficio económico o un subsidio de arrendamiento, cuando en el presente
caso, no existe ninguna prueba que demuestre que el accionante requiere de manera
imperiosa ese auxilio.»

Así las cosas, con respecto a la solicitud de acceder a un subsidio de
arrendamiento o reubicación temporal, esta Sala de Subsección
considera que las entidades accionadas no quebrantaron las garantías
constitucionales de la señora Sandra Cárdenas Gaviria, dado que dichas
pretensiones están sujetas no sólo al cumplimiento de los requisitos
dispuestos en la normatividad correspondiente, sino a las políticas
públicas, programas estatales y a las condiciones presupuestales para
su otorgamiento, frente a lo que el juez de tutela no tiene competencia,
pues resulta ajena a la finalidad de protección inmediata de los
derechos fundamentales alegados.

Por estas razones, la Subsección procederá a negar el amparo
deprecado por la Señora Cárdenas Gaviria al no configurarse ninguna
vulneración ius fundamental por parte de la Nación – Presidencia de la
República - Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Fondo de
Adaptación, el Ministerio de Vivienda, la Caja de Compensación Familiar
• Comfenalco Valle y el municipio de Arboleda - Comité Local de
Prevención y Atención de Desastres, por las razones expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de tutela formulada por la señora
Sandra Cárdenas Gaviria contra la Nación – Presidencia

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-203-04038-00
Accionante: Sandra Cárdenas Gaviria

de la República - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
– Fondo de Adaptación, el Ministerio de Vivienda, la Caja
de Compensación Familiar - Comfenalco Valle y el
municipio de Arboleda - Comité Local de Prevención y
Atención de Desastres, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: EXHORTAR al Fondo Adaptación para que, en atención
al turno u orden de priorización de los registros
pendientes de asignación, evalúe la posibilidad de incluir
a la señora Sandra Cárdenas Gaviria dentro de los 412
hogares que eventualmente podrían acceder al
Programa de Vivienda Gratuita II a cargo del Ministerio
de Vivienda.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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