Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04050-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04050-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04050-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
31 de agosto de 2023
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04050-00
Accionante: Oscar Olguín Parra Martínez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04050-00
Accionante: Oscar Olguín Parra Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
que se confirmó la decisión de negar el reconocimiento de la
sanción moratoria, por la consignación inoportuna de las cesantías
anualizadas de un docente. Incumplimiento del requisito general
de relevancia constitucional.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Oscar Olguín Parra
Martínez en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, el señor Oscar Olguín Parra Martínez, por intermedio de apoderado judicial,
promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad social y, junto
con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.
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Accionante: Oscar Olguín Parra Martínez
Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar al Tribunal Administrativo de
Boyacá dejar sin efectos la sentencia proferida el 10 de mayo de 2023 en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-004-
2022-00118-01, para, en su lugar, proferir una nueva decisión, en la que se aplique
el precedente judicial fijado por la Corte Constitucional, en la sentencia SU-098 de
2018, y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en su reiterada jurisprudencia,
con el fin de reconocer y pagar la sanción moratoria en los términos en que fue
solicitada en la demanda.
1.1.2. Los hechos
El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:
i) El señor Oscar Olguín Parra Martínez labora como docente en el departamento de
Boyacá después de 1990, por lo que tiene derecho al reconocimiento y pago de
cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada año.
ii) El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó las
cesantías correspondientes a los servicios que aquel prestó en el 2020, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG).
iii) Por lo anterior, el 5 de agosto de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que
fuera realizada la respectiva consignación, solicitó a la Secretaría de Educación de
Boyacá, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, aquella entidad, mediante el Oficio
núm. 1.2.5.1.1 - 38 del 26 de igual mes y anualidad, resolvió de manera desfavorable
ese pedimento.
iv) El señor Oscar Olguín Parra Martínez instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG y del departamento de Boyacá, con el fin de obtener la nulidad
del acto administrativo precitado y, adicionalmente, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó (i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en
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Accionante: Oscar Olguín Parra Martínez
el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de
retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió consignarse el
valor correspondiente a las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, y hasta el
momento en que se efectúe el pago de la prestación; y (ii) la indemnización por el
pago tardío de los intereses a las cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975,
artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.
v) El 8 de febrero de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja negó las pretensiones de la demanda, por lo cual la parte demandante
interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión.
vi) El 10 de mayo de igual anualidad, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó
la sentencia de primera instancia, al considerar que los docentes oficiales vinculados
al FOMAG se rigen por un régimen especial consagrado en la Ley 91 de 1989, el
cual no contempló la sanción por no consignación de cesantías en una cuenta
individual para cada docente antes del 14 de febrero del año correspondiente.
1.1.3. Fundamentos de derecho
El accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, al expedir la
sentencia del 10 de mayo de 2023, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad social y, junto
con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica. Para el efecto, expuso lo siguiente:
i) En el presente asunto se cumplen cada uno de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, en
particular, el requisito de relevancia constitucional, por cuanto lo que se busca es la
protección de los derechos fundamentales de los docentes del sector oficial, pues,
según la Sentencia SU-098 de 2018, en virtud del principio de igualdad e in dubio pro
operario, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de
1990, ya que al tener también el carácter de servidores públicos, son beneficiarios de
la sanción moratoria.
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ii) En la providencia cuestionada se configuró una violación directa de la Constitución
Política y un defecto sustantivo, comoquiera que la autoridad accionada aplicó una
postura restrictiva y con ello desconoció el artículo 53 constitucional, según el cual
debe aplicarse la situación más favorable al trabajador, en caso de duda en la
interpretación de las fuentes formales del derecho.
iii) El Tribunal desatendió el contenido de la ley y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional1 y del Consejo de Estado2, en las que se definió que la Ley 50 de
1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de
la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales.
iv) Igualmente, la corporación precitada confundió los regímenes de cesantías de los
docentes con la obligación del empleador de consignar las cesantías de los
trabajadores del sector de la educación al fondo al cual se encuentran afiliados, a
pesar de que son dos cosas diferentes. Al respecto, mencionó los antecedentes
normativos sobre las cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de intereses
y, precisó que, a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio tiene a su cargo las prestaciones de los
docentes nacionales y nacionalizados y debe consignar las cesantías que la Nación
como patrono previamente le traslada, antes del 15 de febrero de 2021 y, en caso de
no hacerlo, en virtud del principio de igualdad, de favorabilidad y en atención al
precedente reiterado de las altas cortes, reconocer la sanción moratoria.
1 Citó las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020.
2 Concretamente mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001-
23-31-000-2009-00867 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, y los
pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de junio
de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001-0315-
000-2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173-01; 10 de junio
de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente 08001-23-
31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01; 17
de junio de 2021, expedientes 08001-23-31-000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4
de noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02; 11 de noviembre de 2021,
expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-01; 25 de noviembre
de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-01127-01 y 40001-23-40-000-2017-00134-01; 20 de
enero de 2022, expediente 080001-23-33-000-2017-00931- 01; 3 de marzo de 2022, expediente
080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01;
9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-000-2017-00795-01; 19 de mayo de 2022, expediente
47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47-001-23-33-000-2019-00376-01;
22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-01; 22 de septiembre de 2022,
expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente 76001-23-31-000-
2012-00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-01.
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v) El Tribunal no tuvo en cuenta las sentencias proferidas entre el 2021 y el 2023 por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que resolvió de manera positiva el
problema jurídico relativo a si es aplicable o no la Ley 50 de 1990 a los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, en ese
sentido, contrario a la conclusión de la autoridad accionada, sí existe la obligación de
consignar antes del 15 de febrero de cada año las cesantías y, en caso de no
hacerlo, es viable reconocer la indemnización por su pago inoportuno.
vi) Se desconoció el principio de seguridad jurídica, pues a pesar de la copiosa
jurisprudencia existente sobre la posibilidad de aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al personal docente vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, no atendió esa postura y, por el contrario, otorgó un trato diferencial a
situaciones iguales. Por esa última razón, considera necesario que en esta sede
constitucional se defina la posición jurisprudencial y, de esta forma, protejan los
derechos fundamentales de los docentes.
1.2. Actuación procesal
1.2.1. El 2 de agosto de 2023, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió la
acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá; (ii) vinculó a
la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y (iii) Comisionó al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja, para que notificara a todos los sujetos que intervinieron
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
15001-33-33-004-2022-00118-00/01, a excepción del señor Oscar Olguín Parra
Martínez y de la entidad precitada y, adicionalmente, remitiera copia digital del
expediente referido.
1.2.2. El 16 de igual mes y año, el secretario del Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Tunja, en cumplimiento del anterior requerimiento, notificó del
auto admisorio de la acción de la referencia al departamento de Boyacá, en calidad
de tercero con interés en los resultados del proceso.
1.3. Contestación de la demanda
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1.3.1. Fiduprevisora S.A.
La coordinadora de tutelas, Aidee Johana Galindo Acero, indicó que las autoridades
judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
actuaron conforme a la normativa establecida sin que pueda aducirse un
desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la
demanda. Además, señaló que no es dable inferir que se haya presentado
transgresión alguna en contra de las garantías fundamentales, pues las actuaciones
judiciales fueron adelantadas con plena observancia del debido proceso. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente el presente mecanismo de amparo.
1.3.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Tunja
La jueza Ángela María Jojoa Velásquez, luego de hacer un breve recuento de las
actuaciones adelantadas dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, afirmó que el proceso se desarrolló de acuerdo con las etapas previstas
en el ordenamiento jurídico y se preservaron todas las garantías de los sujetos
procesales.
Adicionalmente, ratificó las razones expuestas en la sentencia del 8 de febrero de
2023, comoquiera que no se cumplen los supuestos de hecho previstos en el
numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para el reconocimiento de la sanción
por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas a favor del
demandante, teniendo en cuenta que el empleador no realiza una consignación por
concepto de las cesantías en una cuenta individual, sino que el rubro de cesantías se
descuenta de los recursos del Sistema General de Participaciones en educación y se
traslada de manera global al Fomag, al cual obligatoriamente debe afiliarse el
docente, y cuya dinámica está delimitada en el concepto presupuestal de unidad de
caja, sin que exista una cuenta individual a nombre de cada docente.
Ahora, con respecto a los pronunciamientos jurisprudenciales citados como
desconocidos, indicó que estos no guardan similitud con el caso bajo estudio.
Además, precisó que no existe una sentencia de unificación en materia de sanción
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moratoria por pago extemporáneo de las cesantías anualizadas a favor de los
docentes, por lo que no incurrió en desconocimiento del precedente judicial.
1.3.3. Departamento de Boyacá
La apoderada judicial de la entidad territorial referida Angela Patricia Zorro Cardozo
adujo que no es viable que el Consejo de Estado, en sede de tutela, emita un nuevo
pronunciamiento sobre los hechos debatidos en el proceso ordinario, máxime cuando
no se cuenta con una sentencia de unificación por parte de esa corporación como
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Adicionalmente, manifestó que en las actuaciones adelantadas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho se garantizó el derecho al debido
proceso de los intervinientes y, además, que la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá estuvo soportada en las situaciones fácticas y jurídicas
probadas en el proceso. Finalmente, sostuvo que emitir un pronunciamiento en las
condiciones que expone el demandante se aparta totalmente de los principios de la
confianza legítima y la seguridad jurídica, que deben estar presentes en todas las
actuaciones judiciales. Por tanto, solicitó negar todas las pretensiones planteadas.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal
5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del
Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
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efectos de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el
señor Oscar Olguín Parra Martínez en contra de la sentencia proferida el 10 de mayo
de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-004-2022-00118-
01.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
La jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
3 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de
1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-004-2022-00118-00/01, la
Sala de decisión establece lo siguiente:
2.4.1. El 22 de marzo de 2022, el señor Oscar Olguín Parra Martínez, por intermedio
de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y del departamento de Boyacá, con
el fin de obtener la nulidad del acto administrativo 1.2.5.1.1 - 38 del 26 de agosto de
2021, y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y
pago de (i) la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
equivalente a un día de su salario por cada día de retardo, desde el 15 de febrero de
2021 hasta el día en que se efectúe la consignación de la prestación; y (ii) la
indemnización por el pago extemporáneo de los intereses a las cesantías, prevista
en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.
2.4.2. El 8 de febrero de 2023, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja, en la audiencia inicial, negó las pretensiones de la demanda, por lo cual la
parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de esta decisión.
2.4.3. El 10 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la
sentencia de primera instancia, al considerar que los docentes oficiales vinculados al
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FOMAG se rigen por un régimen especial consagrado en la Ley 91 de 1989, el cual
no contempló la sanción por la no consignación de las cesantías en una cuenta
individual para cada docente antes del 14 de febrero del año correspondiente.
Adicionalmente, advirtió que no existe pronunciamiento de la Corte Constitucional o
del Consejo de Estado que ordene a las demandadas a aplicar la sanción
consagrada en la Ley 50 de 1990 para esos funcionarios públicos.
2.5. Análisis del caso en concreto
El señor Oscar Olguín Parra Martínez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y
seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral,
perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia del 10 de mayo de 2023,
comoquiera que desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, en la que determinaron que a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio puede aplicárseles la Ley 50 de
1990, en virtud de una interpretación constitucional favorable a los derechos del
trabajador y, por ello, pueden recibir la sanción moratoria definida en el artículo 99
ejusdem, derivada de la consignación tardía de las cesantías anuales.
Pues bien, para poder emitir un pronunciamiento de fondo, es necesario determinar
si el disenso expuesto constituye «genuinamente un asunto de relevancia
constitucional que afecta derechos fundamentales»5, ya que al juez de tutela no le es
posible estudiar «cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones»6.
5 Sentencia T-248 de 2018. Corte Constitucional. Recoge la línea jurisprudencial en el asunto y sentencia C-590
de 2005.
6 Ibíd. De manera semejante, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) español (Ley Orgánica 2 de
1979), exige, para efectos de la procedencia del recurso de amparo constitucional, que en la demanda se
justifique “la especial trascendencia constitucional del recurso” (numeral 1 del artículo 49, modificado por el
artículo único de la Ley Orgánica 6 de mayo 24 de 2007). La admisión del recurso de amparo, entre otras, está
sujeta, en los términos del literal b) del numeral 1 del artículo 50 de la ley en cita (modificado por el artículo único
de la Ley Orgánica 6 de mayo 24 de 2007), a que,“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo
por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará
atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general
eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”.
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Sobre el particular, se advierte que la exigencia precitada persigue las siguientes
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional7 y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad8; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales9 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces10. Por
tanto, solo la evidencia prima facie de una afectación o vulneración de facetas
constitucionales de los derechos fundamentales permite superar el requisito de
relevancia constitucional de la tutela en contra de providencias judiciales11.
En ese orden, la Sala resalta que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-573 de
2019, al resolver un asunto con similares supuestos fácticos y jurídicos, concluyó que
no se encontraba satisfecho el requisito de relevancia constitucional, con fundamento
en lo siguiente:
«[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
7 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este
sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su
función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
8 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional” (en igual sentido, las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-
505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-
1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014).
9 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005),“los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
10 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” (sentencia T-102 de 2006).
11 Todo derecho fundamental tiene facetas constitucionales, legales y reglamentarias. Los debates acerca de las
facetas legales y reglamentarias de los derechos carecen, por tanto, de la relevancia constitucional necesaria
para habilitar la excepcional intervención del juez de tutela en aras de controlar las decisiones proferidas en los
procesos de las jurisdicciones diferentes de la constitucional.
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acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no cumplen
con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada: (i) versa
sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada, (ii) que
no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental, y (iii)
busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se advierte
prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial […]
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de
naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el
carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación patronal de rango legal
cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por
tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia,
cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías,
sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con
carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela […]».
Así las cosas, al analizar el caso en concreto, se tiene que, en primer lugar, el
accionante pretende que en esta sede se fije la posición frente a la aplicación de la
sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas,
prevista en la Ley 50 de 1990, a los docentes vinculados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y, para ello, hace una exposición extensa de los
antecedentes normativos y jurisprudenciales del régimen de cesantías de los
docentes; sin embargo, ese no es el propósito de la solicitud de amparo
constitucional, pues al juez de tutela no le corresponde entrar a dilucidar asuntos de
mera legalidad, con una connotación de contenido patrimonial.
En segundo lugar, si bien los reparos de la parte actora apuntan a la protección de
garantías constitucionales, lo cual en otras oportunidades para la Sala ha sido
suficiente para entender superado ese presupuesto, en el presente caso, no lo es,
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porque lejos de revestir la importancia constitucional exigida, lo que denotan es la
utilización del mecanismo de amparo como una instancia adicional para reabrir el
debate del asunto.
Ciertamente, la redacción de la acción de tutela demuestra que el propósito del
accionante es que se estudie nuevamente la controversia puesta a consideración de
los jueces de instancia, en cuanto a si era posible o no acudir al artículo 99 de la Ley
50 de 1990 para reconocerle, en su condición de docente afiliado al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, la penalidad definida en esa norma por la
presunta tardanza en la consignación de sus cesantías anuales. Lo anterior, al
encontrarse en desacuerdo con la interpretación del Tribunal Administrativo de
Boyacá y al considerar que era forzoso que aquel acogiera ciertos pronunciamientos
de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que, a su juicio, definen
situaciones similares a la suya.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela contra providencia
judicial fue instituida como un mecanismo extraordinario de protección de derechos
fundamentales que puedan verse afectados a partir de las decisiones adoptadas en
el marco de un proceso judicial, por lo que, dada su naturaleza, la procedencia y
estudio debe ceñirse a una serie de límites constitucionales que tienen por objeto
impedir que sea utilizada como una tercera instancia, pues ello sería invadir la esfera
propia del juez natural de la causa.
En tercer lugar, la Sala avizora que los desacuerdos del señor Oscar Olguín Parra
Martínez fueron sometidos a estudio del Tribunal accionado y, sobre estos, ya se
profirió una decisión, sin que corresponda al juez de tutela analizar el fondo del
asunto, en abierto desconocimiento de los principios de autonomía e interpretación
judicial.
En esos términos, conforme al criterio adoptado por la Corte Constitucional, la
Subsección considera que el presente asunto no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, puesto que versa sobre una cuestión meramente legal y el
accionante pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural de la causa.
3. Conclusión
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Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la acción de tutela instaurada por el señor Oscar Olguín Parra Martínez
no superó la exigencia general de relevancia constitucional; por tanto, se rechazará
por improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Oscar Olguín Parra Martínez en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
A. R. F.
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