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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04067-00

Fecha
7 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04067-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Número único de radicación: 110010315000-2023-04067-00 Actor: RUBÉN DAVID SUÁREZ CAÑIZARES SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SOBREVINIENTE, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04067-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-04067-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: RUBÉN DAVID SUÁREZ CAÑIZARES

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA DE OBJETO POR HECHO
SOBREVINIENTE. LAS ELECCIONES FRENTE A LAS QUE EL ACTOR
PRETENDÍA QUE SE EMITIERAN ÓRDENES PARA LA GARANTÍA DE
PARTICIPACIÓN, FUERON LLEVADAS A CABO EN EL TRÁMITE DE LA
ACCIÓN.

DERECHO FUNDAMENTAL: A ELEGIR Y SER ELEGIDO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, la DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL1, la FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN, el INSTITUTO NACIONAL DE

1
La Dirección Ejecutiva.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-04067-00
Actor: RUBÉN DAVID SUÁREZ CAÑIZARES

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES y la COMISIÓN

INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor RUBÉN DAVID SUÁREZ CAÑIZARES, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho

fundamental a elegir y ser elegido, el cual, a su juicio, le fue

vulnerado por las autoridades aludidas, con ocasión del desarrollo de

la elección del representante de empleados y funcionarios judiciales

ante la COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA

JUDICIAL.

I.2.- Hechos

Manifestó que el 11 de agosto de 2023 se llevaría a cabo el sufragio

para la elección del representante de empleados y funcionarios

judiciales ante la COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA

RAMA JUDICIAL, conforme con el Acuerdo núm. CIRJA21-08 de

fecha 10 de junio de 2021, expedido por el Consejo Superior de la

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Judicatura.

Mencionó que pese a que la referida norma no prevé prerrequisitos,

más que el de ser servidor judicial activo un mes antes de la jornada

electoral, mediante correo electrónico de 23 de junio de 2023 la

Oficina de Prensa del Consejo Superior de la Judicatura indicó a

empleados y funcionarios que los invitaba a actualizar o activar su

cuenta de correo institucional para que pudiesen participar en la

votación.

Explicó que en las votaciones de 6 de agosto de 2021, sobre el mismo

tema, se presentaron problemas con los correos institucionales, toda

vez que: “[…] por medio de la aplicación Software SI VOTO, se

presentaron serios inconvenientes para la votación (correos

inactivos) donde se estableció una votación de 4465 votos […]”, lo

que representó tan solo el 10% de los empleados judiciales.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que la exigencia del referido requisito “[…] se convierte en

una seria talanquera u obstáculo para acceder a la votación del día

11 de agosto de 2023 […]”, porque los servidores judiciales “[…] ya

cuentan con sus correos electrónicos institucionales personales

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activados desde sus respectivos dominios, que es donde reciben la

información correspondiente institucional y de nómina (pago) sin

necesidad de crear cuentas adicionales, inscribir, pre-activar, activar

o restablecer una contraseña […]”.

Comentó que dicha exigencia “[…] impide el acceso al voto a la

persona que NO realice esta preinscripción-activación-actualización,

teniéndose en cuenta de que no se pueden inscribir, activar o

preinscribir cuentas con posterioridad al 11 de Julio de 2023, es decir

30 días previo a la fecha de la elección, conforme al Artículo 28 del

Acuerdo 08 de 2021 […]”.

Expuso que la presente acción de tutela se promueve de forma

excepcional para conjurar un perjuicio irremediable derivado del

hecho de que no se “[…] permita ejercer el derecho al voto a la

totalidad de todos los funcionarios y empleados judiciales (por un

prerrequisito de activación y recuperación), con correo institucional

activo a fecha de corte de 11 de julio de 2023, estando facultado en

la causa por activa como quiera de que el suscrito es candidato

inscrito a la elección de Representante de los Empleados y

Funcionarios Judiciales a la totalidad del Censo Electoral con fecha de

Corte 11 de Julio de 2023 […]”.

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I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] 1. Amparar el DERECHO A ELEGIR Y SER ELEGIDO (Art. 40
Constitución Política de la República de Colombia) (Articulo 23
Pacto Convencional de San José de Costa Rica), y Acuerdo Nro.
CIRJA21-08 de fecha 10 de junio de 2021, Acuerdo CIRJA23-4
del 8 de junio de 2023, Acuerdo CIRJA23-5 del 8 de junio de
2023, reglamentarios de la comisión Interinstitucional),
ordenándose a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial,
activar para ejercer el derecho al voto a la totalidad del Censo
Electoral de la Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación (es
decir todos y cada uno de los funcionarios y empleados judiciales
con correo institucional activo a fecha de corte 11 de Julio de
2023) garantizando los principios de Sufragio universal y Voto
Secreto, excluyendo el prerrequisito de preinscripción de correo
u activación, de los servidores judiciales que cuenten con correo
activo con fecha de corte de un mes de antelación de
conformidad con el artículo 28 del Acuerdo 08 de 2021, Artículo
40 Constitucional y norma convencional citada, pues dicha
información puede ser solicitada por el(los) Ingenieros del Área
de Sistemas a cada Dirección Seccional de Judicatura, o de
Fiscalía General de la Nación-Medicina Legal, Cuerpo Técnico de
Investigación.

[…]

2. Recomendar a la Comisión Interinstitucional, que al momento
de abordar elecciones virtuales en cualquiera de las modalidades
en la Rama Judicial, si las mismas se realizan a través del correo
electrónico al momento del conteo electoral, solicitar a el(los)
Ingenieros del Área de la División de Sistemas, un informe de
los correos electrónicos no institucionales que eventualmente
consignen voto en fecha 11 de agosto de 2023 para la Elección
de Representante de los Empleados y Funcionarios Judiciales, y
de estos en el caso de existir votos desde estos correos
electrónicos se declaren VOTO NULO o VOTO NO VALIDO,
permitiendo solo el uso de correos electrónicos institucionales
(Dominio Rama Judicial, Dominio fiscalía General de la Nación,
Medicina Legal, Dominio Medicina Legal), y en el caso de hacerse
uso de herramientas de votación masiva desde otros correos se
remitan copias a la autoridad pertinente para iniciar las
investigaciones correspondientes.

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3. En el caso de negar la solicitud de activación de todos los
correos de todo el censo electoral (referencia a correos
institucionales de Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación,
Cuerpo Técnico de Investigación, Medicina Legal4 ) a fecha de
Corte 11 de Julio de 2023, se suministren al Comité Electoral,
Jurados de Votación, testigos designados, todos los candidatos
sin excepción los correos electrónicos que se encuentren
activados (Censo Electoral real5 ) para votar en la elección de
fecha 11 de agosto de 2023, dentro de los correos que se
encuentran autorizados por el(los) Ingenieros del área u Oficina
de Sistemas del Consejo Superior de la Judicatura de acuerdo a
los lineamientos establecidos, en el caso de no acceder a la
activación de la totalidad de correos electrónicos (Censo
Electoral) con fecha de corte 11 de Julio de 2023 para la elección
de Representante de los Funcionarios y Empleados del día 11 de
agosto de 2023 ante la Comisión Interinstitucional. […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA indicó que el

Centro de Documentación Judicial -CENDOJ2 es el administrador de

los servicios de correo electrónico institucional de la Rama Judicial,

sin perjuicio de las competencias de las oficinas de sistemas de las

Cortes y direcciones seccionales.

Explicó que en atención a las solicitudes de la Comisión

Interinstitucional y con ocasión de las elecciones previstas para el 11

de agosto de 2023, CENDOJ validó la totalidad de correos

institucionales de cada uno de los servidores judiciales, conforme con

2
En adelante CENDOJ.

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la información de área de talento humano y se percató que hacían

faltan 4.416 cuentas, por lo que fueron habilitadas y socializadas de

forma oportuna.

Explicó que dentro del ámbito de sus competencias y como miembro

de la COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL

garantiza que cada servidor judicial tenga asignado un correo

corporativo, por lo que resulta que esta modalidad electoral tiene

mayor cobertura por ser compatible con los servidores que se

encuentran en trabajo presencial o teletrabajo.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó declarar su falta de

legitimación en la causa por pasiva y ser desvinculado del presente

trámite.

I.5.2.- La COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA

JUDICIAL sostuvo que en el artículo 31 del Acuerdo CIRJA21-08 de

20213, se prevé que “[..] cuando la votación sea virtual a través de

un software establecido por la Comisión Interinstitucional de la Rama

Judicial, el servidor judicial ingresará con su número de cédula, lo

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“Por el cual se unifica, modifica y actualiza el reglamento de la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial, de las Comisiones Seccionales Interinstitucionales y se dictan otras disposiciones”

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cual permitirá enviarle a su correo electrónico registrado

institucionalmente una clave de acceso al voto […]”.

Agregó que el 13 de febrero de 2023 aprobó que la nueva elección

del representante de funcionarios y empleados judiciales sería

virtual, por lo que en el mes de mayo aprobó el cronograma para el

desarrollo del proceso electoral, en el que en efecto se previó que las

elecciones serían el 11 de agosto de 2023 y la declaración de la

elección y posesión el 14 de agosto.

Comentó que el aplicativo SIVOTO es el habilitado para la elección

del representante de los funcionarios y empleados judiciales ante la

Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para el período 2023

– 2025, no obstante, para verificar la autenticación del elector y

autorizar su ingreso se utiliza el correo electrónico institucional.

Indicó que el censo electoral de servidores judiciales habilitados para

participar en la jornada electoral del 11 de agosto de 2023, se integra

con los datos de las personas incluidas en las nóminas a 30 de junio

y las novedades de las dos primeras semanas de julio de 2023, en

cumplimiento de lo establecido en el inciso 10° del artículo 29 del

Acuerdo 8 de 2021.

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Expuso que en aras de garantizar la participación de todos los

servidores judiciales socializó oportunamente, a través de piezas

comunicativas por la página web, redes sociales y correos masivos

institucionales, un manual instructivo y un vídeo mediante el cual se

explica, paso a paso, cómo poder elegir el candidato de su

preferencia de la lista de veinte (20) aspirantes, enfatizando que el

proceso se realizaría a través del correo electrónico institucional

personal.

Apuntó que el 2 de agosto de 2023 publicó tanto el censo electoral

como el instructivo para la votación junto con las propuestas y

perfiles de los 20 candidatos a representante de los funcionarios y

empleados de la Rama Judicial.

Manifestó que, en ese orden de ideas, no ha vulnerado ninguno de

los derechos deprecados, comoquiera que las actuaciones antes

referidas han estado encaminadas a dar cumplimiento “[…] al marco

normativo vigente, es decir; al inciso 10 del artículo 29 y al inciso

cuarto del artículo 31 del Acuerdo CIRJA21-08 de 2021, que

reglamenta, tanto, la forma y el plazo para determinar el censo

electoral, así como el mecanismo a utilizar cuando la votación sea

virtual, es decir, a través de un software establecido y del correo

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electrónico registrado institucionalmente […]”.

Destacó que no ha incluido un prerrequisito previo adicional para

ejercer el derecho al voto, como lo afirma el actor, sino que se ha

determinado un mecanismo técnico para hacer uso del aplicativo

SIVOTO, para blindar la seguridad, participación y transparencia del

proceso electoral.

I.5.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA solicitó ser desvinculada de la

presente acción por falta de legitimación en la causa por pasiva,

comoquiera que no interviene en el proceso de elección origen de la

controversia.

I.5.4.- La FISCALÍA manifestó que la presente acción de tutela es

improcedente, comoquiera que el actor tiene a su disposición los

medios de control de nulidad y nulidad electoral, dado que pretende

cuestionar los actos administrativos que regulan el proceso de

elección origen de la controversia.

Agregó que, en todo caso, “[…] el accionante manifiesta una presunta

transgresión de los derechos a elegir y ser elegido, sin embargo, su

presunta vulneración recae en presunciones y suposiciones futuras

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(alias que pareciera más querer entorpecer un proceso que está

próximo a desarrollarse) y adicionalmente, únicamente los enuncia,

no desarrolla, ni argumenta en qué medida esos derechos se han

visto amenazados […]”.

Destacó que “[…] en ocasiones pasadas como en la elección del año

2021-2023 el accionante igualmente se encontró inconforme en

cómo se desarrolló el proceso electoral e interpuso la tutela 11001-

03- 15-000-2021-05339-00, de conocimiento de la sección primera

del Consejo de Estado, donde si bien no se trata de la misma

situación fáctica o jurídica, si se advierte que el ciudadano se

encuentra en desacuerdo con cada proceso electoral que se lleva en

la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial […]” .

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema

jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para

efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como

el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

y la DIRECCIÓN EJECUTIVA solicitaron que se les desvincule del

presente caso, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor

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y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

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En el presente caso, independientemente de la prosperidad o no de

la solicitud de amparo, comoquiera que las pretensiones están

dirigidas contra la COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA

RAMA JUDICIAL4 integrada, entre otros, por la Presidencia del

Consejo Superior de la Judicatura, es claro que dicha Corporación

debía ser notificada de la existencia de la presente acción de tutela,

razón por la cual se denegará su solicitud de desvinculación por falta

de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de la presente providencia.

Ahora, comoquiera que ni las pretensiones ni los hechos se

relacionan con actuación alguna que deba atender la DIRECCIÓN

EJECUTIVA, se aceptará su solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

4
Artículo 96 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, “[…] ARTÍCULO 96.
DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL. Habrá una Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la
Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de
la Nación, y un representante de los funcionarios y empleados de la Rama elegido por éstos en la forma
que señale el reglamento […]”.

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Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de su derecho fundamental a elegir y ser elegido,

los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN

INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL, por haber

invitado a los funcionarios y empleados judiciales a activar o

actualizar la cuenta de correo electrónico institucional personal para

que pudiesen participar en las elecciones del representante de los

funcionarios y empleados ante ese órgano, a realizarse el 11 de

agosto de 2023.

5
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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El actor, en su condición de candidato a la elección aludida, cuestiona

la exigencia del trámite de actualización o activación de las cuentas

de los correos institucionales, porque, en su sentir, la regulación solo

prevé ser servidor judicial como requisito para poder participar en las

votaciones.

En este punto, sería del caso entrar a establecer si el presente caso

cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción

de tutela, en especial, el requisito de la subsidiariedad, para así

entrar a determinar si la COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DE

LA RAMA JUDICIAL vulneró los derechos deprecados por el actor,

al invitar a los servidores judiciales a actualizar o activar sus cuentas

de correo institucional para poder participar en la elección del

representante de los funcionarios y empleados ante esa instancia,

pero ocurre que estando en trámite la acción de tutela de la

referencia fue llevada a cabo, el pasado 11 de agosto, la elección que

originó esta acción, por lo que la COMISIÓN

INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL ya expidió el

Acuerdo CIRJA23-6 de 14 de agosto de 20236, mediante el cual

declaró electa a una de las candidatas como representante de los

6
“Por el cual se declara electa la representante de los funcionarios y empleados ante la Comisión
Interinstitucional de la Rama Judicial”. Ver https://www.ramajudicial.gov.co/web/comision-
interinstitucional/ano-2023.

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funcionarios y empleados en esa instancia.

Analizado lo anterior, la Sala encuentra que en el presente caso se

configuró la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente, por

cuanto acaeció una circunstancia que implica que la orden del juez

de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta

ningún efecto y, por lo tanto, caiga en el vacío.

Sobre el particular, cabe traer a colación el concepto de la carencia

actual de objeto desarrollado por la Corte Constitucional en la

sentencia T-653 de 2017, que lo define como «la imposibilidad

material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna

orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han

sido encomendados»7.

En ese mismo sentido, en sentencia SU-522 de 20198, se precisó que

el fenómeno previamente descrito puede materializarse a través de

las siguientes figuras:

“[…] el hecho superado responde al sentido obvio de las

7
Magistrado Ponente: Antonio José Lizarazo Ocampo.

8
Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera.

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palabras que componen la expresión, es decir, dentro del contexto
de la satisfacción de lo pedido en tutela, como producto del obrar
de la entidad accionada. En otras palabras, aquello que se
pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna. Es importante precisar
que en estos casos le corresponde al juez de tutela constatar que:
(i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía
mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad demandada haya
actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir,
voluntariamente.

42. El daño consumado, por su parte, tiene lugar cuando se
ha perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía evitar,
de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o
impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden para retrotraer la situación. De ahí que el daño
consumado tenga un efecto simbólico más reprochable que el
hecho superado, en la medida en que en el primer caso la
accionada “lleva la situación a un límite extremo en que el
restablecimiento del derecho es imposible”. Esta figura amerita
algunas precisiones adicionales: (i) si al interponer la acción de
tutela ya es claro que el daño se generó, el juez debe declarar
improcedente el mecanismo de amparo; pero si el daño se
consuma durante el trámite judicial, bien sea en primera o en
segunda instancia o en sede de revisión, el juez puede proferir
órdenes adicionales tendientes a proteger la dimensión objetiva del
derecho, evitar repeticiones o identificar los responsables; (ii) el
daño causado debe ser irreversible, pues respecto a los daños que
son susceptibles de ser interrumpidos, retrotraídos o mitigados por
una orden judicial, no es dable decretar la carencia de objeto9. De
ahí que uno de los escenarios más comunes en los que se ha
invocado esta categoría ha sido cuando el peticionario fallece en el
trascurso de la tutela.

43. Ahora bien, es posible que la muerte del accionante no sea
una consecuencia directa de la violación de derechos alegada en el
escrito de tutela y atribuible a la entidad demandada. La Sentencia

9
Sentencia SU-667 de 1998 M.P. José Gregorio Hernández. Para un listado de los escenarios en los que
la jurisprudencia ha aplicado esta categoría ver Sentencia T-448 de 2004 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.

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T-401 de 2018, por ejemplo, conoció una tutela formulada a partir
de la negativa de Colpensiones a reconocer una pensión de
invalidez. En el trámite de revisión, la Corte fue informada que el
accionante había fallecido, “circunstancia que no necesariamente
puede endilgarse a las actuaciones desplegadas por las entidades
demandadas” como un daño consumado; evidentemente, tampoco
era un hecho superado por cuanto la pretensión final del amparo
no fue satisfecha. En casos como este, la Corte ha recurrido a una
nueva categoría: la situación sobreviniente.

44. El hecho sobreviniente es un tercer tipo de
configuración de la carencia actual de objeto, diseñada para
cubrir escenarios que no encajan en las categorías
originales. Se trata de un concepto más reciente y más
amplio, el cual fue propuesto por primera vez con la
Sentencia T-585 de 2010, en un caso originado por las
trabas administrativas impuestas por una EPS para impedir
la interrupción voluntaria del embarazo. En sede de
revisión, la Sala fue avisada que la accionante “no había
continuado con el embarazo”. No se trataba entonces de un
hecho superado, pues la pretensión de la actora de acceder
a una IVE dentro del sistema de salud en condiciones de
calidad fue rechazada, pero tampoco de un daño consumado
en vista de que el nacimiento tampoco se produjo. La Sala
Octava de Revisión explicó entonces que existen “otras
circunstancias” en las que la orden del juez resultaría inocua
dado que el accionante perdió “el interés en la satisfacción
de la pretensión solicitada o ésta fuera imposible de llevar a
cabo”.

45. El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la
Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una
categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el
concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos
tradicionales de daño consumado y hecho superado. El
hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia
que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta
ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío”. No se trata
entonces de una categoría homogénea y completamente

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delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha
declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor
mismo es quien asume la carga que no le correspondía para
superar la situación vulneradora10; (ii) un tercero –distinto
al accionante y a la entidad demandada- ha logrado que la
pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii)
es imposible proferir alguna orden por razones que no son
atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor
simplemente pierde interés en el objeto original de la litis.

46. En resumen, la carencia actual de objeto es un concepto
desarrollado jurisprudencialmente en respuesta a casos en los que,
por circunstancias acaecidas durante el trámite de la tutela, esta
ha perdido su sustento, así como su razón de ser como mecanismo
de protección inmediata y actual. Ante tales escenarios, no se
justifica que el juez de tutela profiera órdenes inocuas o destinadas
a caer al vacío. Hasta el momento, la jurisprudencia ha formulado
tres categorías en las que estos casos podrían enmarcarse: hecho
superado, daño consumado y hecho sobreviniente […]”. (Negrilla
fuera del texto).

Cabe anotar que en sentencia de 4 de agosto de 202211 esta Sala

declaró la carencia de objeto de una acción de tutela, en un caso en

el que el objeto de la solicitud de amparo dejó de existir, al versar

sobre el suministro de hidratación y alimentos en una jornada

electoral que ocurrió en el trámite de la acción, así:

10
Por ejemplo, cuando es el afiliado quien, al evidenciar la excesiva demora en el suministro del
medicamento que solicitó vía tutela, decide asumir su costo y procurárselos por sus propios medios.
Sentencia T-481 de 2016. M.P. Alberto Rojas Ríos. Son también los casos en los que las accionantes,
ante las trabas y demoras injustificadas, deciden practicarse la interrupción voluntaria al embarazo, en
establecimientos particulares (Ver T-585 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto y T-988 de 2007. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto)

11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de agosto
de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2022-
02739-01.

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“[…] VIII.4.2. De la carencia actual de objeto por sustracción de
materia en el sub examine

20. Sobre el particular, es pertinente reiterar que, a través de la
presente acción constitucional se buscaba la protección de los
derechos fundamentales del señor José Libardo Quintero
Sandoval, los cuales estimó amenazados por la posible omisión
de las entidades accionadas de suministrarle alimentación e
hidratación el 29 de mayo de 2022, fecha en la que se realizarían
elecciones a la Presidencia de la República.

21. Concretamente, el señor Quintero Sandoval le solicitó a esta
autoridad judicial que le ordenara a la Registraduría Nacional del
Estado Civil «ofrecer a partir de la jornada electoral del 29 de
mayo de 2022, hidratación fría y caliente y alimentos, para los
jurados de votación» [sic] y prevenir a la entidad accionada que
«en caso de continuar la jornada a una segunda vuelta (…)
ofrecer hidratación y alimentos» a los jurados de votación.

22. Ahora bien, para el momento en que se resuelve la presente
impugnación ya se realizaron los comicios programados para los
días 29 de mayo y 19 de junio de 2022, en los que se eligieron
Presidente de la República y Vicepresidenta de la República.

23. Es por este motivo la Sala estima que se ha configurado la
figura jurídica de la carencia actual de objeto, en tanto que el
objeto de la presente acción de amparo no puede ser protegido
porque el supuesto constitutivo de la amenaza a los derechos
fundamentales del accionante actualmente no existe y, en ese
sentido, no se pueden emitir órdenes tendientes a garantizar el
acceso a la hidratación y la alimentación de las personas que
auspiciaron como jurados de votación, y tampoco se puede
revertir este suceso.

24.Sobre la figura de la carencia actual de objeto, esta Sala de
Decisión recientemente y mediante providencia de 9 de
septiembre de 20213 precisó que dicho fenómeno jurídico se
presenta en los siguientes eventos: «i) por hecho superado,
cuando por alguna conducta del obligado se supera la afectación
a los derechos invocados de tal manera que resulte innecesario
el pronunciamiento del juez, ii) por daño consumado, cuando se
afecta de manera definitiva los derechos del tutelante, antes de
que el juez constitucional profiera decisión de fondo sobre las
pretensiones de la tutela y, iii) por sustracción de materia […]”.

Si bien en la providencia en comento se declaró la carencia de objeto

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por sustracción de materia, esa denominación ha venido siendo

sustituida por la de hecho sobreviniente dada la amplitud

conceptual de este, conforme con la sentencia de unificación antes

citada.

En conclusión, no hay lugar a efectuar pronunciamiento alguno en el

asunto sometido a consideración de la Sala, debido a que ya se

llevaron a cabo las elecciones en relación con las cuales el actor

pretendía que se emitieran órdenes para la garantía de participación,

razón por la que se declarará la carencia actual de objeto por hecho

sobreviniente, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por el CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: ACEPTAR la solicitud de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentada por la DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR

HECHO SOBREVINIENTE, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de septiembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

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HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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