Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04069-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04069-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04069-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
21 de septiembre de 2023
Demandante: Martha Rosa Araujo Arzuaga
Demandados: Presidencia de la Republica y otros
Radicado: 111001-03-15-000-2023-04069-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04069-00
Demandante: MARTHA ROSA ARAUJO ARZUAGA
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y OTROS
Tema: Tutela contra acto administrativo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la demanda presentada por la
señora Martha Rosa Araújo Arzuaga contra la Presidencia de la República, la
Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86,
y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. A través de escrito radicado el 24 de julio de 2023 1 la señora María Rosa
Araújo Arzuaga, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela en contra de
la Presidencia de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil – en adelante
CNSC- y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- en adelante ICBF-, con el fin
de que le sean amparados sus derechos «AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD,
DERECHO A LA DEFENSA, A LA PROTECCION ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA,
AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS, DE ACCESO A LA PROMOCIÓN DENTRO DE
LA CARRERA ADMINISTRATIVA, AL LIBRE ACCESO A CARGOS PUBLICOS, ASI COMO
LOS PRINCIPIOS DEL MERITO, IGUALDAD EN EL INGRESO, TRANSPARENCIA,
IMPARCIALIDAD, CONFIANZA LEGITIMA y SEGURIDAD JURIDICA».
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión con la expedición de la Resolución No. 3478 del 12 de mayo de 2023,
mediante la cual el ICBF la desvinculó del cargo de profesional universitario 2044-7
25086, que ostentaba en provisionalidad, para, en su lugar, nombrar en periodo de
prueba a la señora Rosa Felicia Daza López, quien tiene derechos de carrera. Lo
anterior, excluyendo las medidas afirmativas que se le habían reconocido al ser
1
El escrito fue presentado ante los juzgados civiles de Bogotá – oficina de reparto y remitido al
Consejo de Estado, con auto del 25 de julio de 2023, para que resuelva la primera instancia.
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madre cabeza de familia, que le otorgaban una estabilidad laboral reforzada.
1.2. Pretensión
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
«PRIMERO: Que se exija y se requiera al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF a dar cumplimiento a la medida afirmativa de CABEZA DE FAMILIA
conferida a mi en el excel y en consecuencia se me ubique en mi cargo del cual fui
declarada insubsistente o en su defecto se me designe otro cargo similar al que
estaba ocupando que se encuentre en vacancia definitiva o en su defecto este
ocupado por un provisional que no tenga condiciones especiales dentro de la
Planta Global del ICBF,
SEGUNDO: Que se respete mi CONDICIÓN de madre cabeza de familia concedida
inicialmente por el ICBF y en consecuencia se me otorguen los derechos
fundamentales a la aplicación de las medidas afirmativas establecidas en las
SENTENCIAS SU – 389 de 2055 - SU-446 DE 2011 en virtud de la protección
especial dentro de los concursos de carrera administrativa y por tanto, mi cargo
que ocupo en provisionalidad sea proveído o entregado al elegible dentro de los
últimos cargos de la convocatoria 2149 de 2021.
SEGUNDO: Que se suspenda la provisión de la lista de elegibles de mi cargo que
según la convocatoria CNSC 2019 de 2021, OPEC 166313 por parte de la CNSC
hasta tanto el ICBF, termine de aplicarme EL PROCEDIMIENTO de medidas
afirmativas de orden constitucional a que tengo derecho.
TERCERO: De no prosperar la pretensión número uno y dos como pretensiones
subsidiarias de la presente Acción se ordene:
1. SUSPENDER la Convocatoria No. 2149 de 2021, por la vulneración al debido
proceso, seguridad jurídica, confianza legítima y buena fe, situaciones fácticas que
no se tuvieron en cuenta al convocar y establecer las reglas del proceso de
selección mediante Acuerdo No. 2081 del 21 de septiembre de 2021.
2. Se ordene a la CNSC que la lista de elegibles relaciona con OPEC 166313 no se
publique hasta tanto no se esclarezca las presuntas irregularidades que se han
presentado a lo largo de esta convocatoria.
3. Que, en aras de la protección laboral reforzada a las Madres Cabeza de Familia,
se ordene al ICBF, PREVER mecanismos para garantizar que las personas en
condición de protección especian como madres cabeza de familia, discapacitados,
mujeres embarazadas prepensionados, personas en condición de debilidad
manifiesta por razones de salud y con enfoque diferencial fueran las últimas en ser
desvinculadas y si sucede esta situación administrativa, sean vinculadas
nuevamente de forma provisional en cargos vacantes de igual o similar al que
estaba ocupando o bajo la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios. 2»
4. Aunado a lo anterior, la demandante le solicitó que de manera provisional se
suspendiera:
«(…) la Resolución 2744 del 28 de Abril de 2023 proferida por el ICBF, donde
declaro mi INSUBSISTENCIA A PESAR DE HABER PROFERIDO LA MEDIDA
AFIRMATIVA CORRESPONDIENTE y en su defecto sea reincorporada al mi cargo
que ejercía o en su defecto sea reincorporada en un cargo que se encuentre en
vacancia definitiva o este proveido con un elegible que no tenga condiciones
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Transcripción literal del texto de tutela con posibles errores.
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especiales a fin de que no se me siga causando el perjuicio irremediable ya dado
con mi insubsisencia entre ellos: POR TANTO YA ESTOY POR FUERA DEL ICBF,
SIN SALARIO SIN PRESTACIONES SOCIALES, SIN SALUD EN ESPECIAL
PARA MI HIJO JUAN KAMILO ARAUJO ARZUAGA Y MI MADRE m MARIA
CRISPONA ARZUAGA DANGOND QUIENES NO PUEDE TRABAJAR Y
DEPENDE 100% DE MI, Y ME QUEDO SIN NINGUNA ALTERNATIVA
ECONOMICA Y LABORAL y SIN EL CUMPLIMIENNTO DE LA MEDIDA
AFIRMATIVA DECRETADA SIENDO UNA BURLA PARA MI, DEBIDO A QUE AUN
SIENDO OTORGADA HACEN DE LAS SUYAS Y NO DAN LAS GARANTIAS, y en
la RAMA JUDICIAL SISON JUICIOSOS EN LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
AFIRMATIVAS Y EL RESPETO DE LAS MISMAS EN CASO DE CONCURSO DE
CARRERA, DONDE LOS ELEGIBLES HAN TENIDO QUE ESPERAR AL FIN DE
LA APLICACIÓN TEMPORAL DE LA MEDIDA AFIRMATIVA 3».
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. La señora Martha Rosa Araújo Arzuaga se encontraba vinculada, en
provisionalidad, a la Regional César del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
a través de la Resolución N.º 0827 del 18 de enero de 2010 en el cargo de profesional
universitario N.º 2044-7 25086.
5. A través de convocatoria No. 2149 de 2021 la CNSC ofertó en la modalidad
de ascenso y abierto los cargos vacantes en el ICBF, dentro del cual se encontraba
el que ostentaba la actora. Vencidas todas las etapas se publicó la lista de elegibles.
6. Mediante memorando 202312100000097421 del 28 de abril de 2023,
expedido por el ICBF, se reconoció la calidad de madre cabeza de familia a la actora
y otras personas, con el fin de otorgar una protección temporal ante la realización y
conformación de las listas de elegibles.
7. Mediante Resolución No. 3478 del 12 de mayo de 2023, se nombró en periodo
de prueba a la señora Rosa Felicia Daza López en el cargo de profesional
universitario 2044-7 25086, que ostentaba la actora a quien se le dio por terminado
su nombramiento en provisionalidad.
1.4. Sustento de la vulneración
8. La accionante indicó que, se encuentra ante la generación de un perjuicio
irremediable por parte del ICBF al no tener en cuenta el derecho a la estabilidad
laboral reforzada que tiene y a las medidas afirmativas que fueron decretadas por la
entidad.
9. Lo anterior, al considerar que, con la declaratoria de insubsistencia fue
desprovista de salarios, sin prestaciones sociales, sin salud y medicamentos de los
cuales los perjudicados son su hijo y madre, pues tiene que acarrear con todos los
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Transcripción literal del texto de tutela con posibles errores.
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gastos que se generan y actualmente no cuenta con ningún medio que pueda
subvenir dicho gasto. En esa medida, afirmó que, el ICBF desconoció las medidas
afirmativas que le había reconocido, de manera que pese a existir otros mecanismos
de defensa judicial debió acudir al juez constitucional con el fin de hacer cumplir tales
medidas de protección particular.
10. Transcribió la sentencia del Juzgado Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja identificada con radicado 15001-33-33-013-2023-00065-00, en la que se
resolvió un asunto idéntico al suyo y en la que se adoptaron órdenes de protección
en relación con la madre cabeza de familia que demando en dicha oportunidad, por
lo que solicitó un trato igualitario y la aplicación de ese precedente.
11. Sumado a lo anterior, citó también diferentes providencias de la Corte
Constitucional para que fueran aplicadas al momento de analizar el caso en concreto
que versaban sobre la estabilidad reforzada que tienen las madreas cabeza de
familia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
12. A través de auto del 3 de agosto de 2023, la magistrada ponente de esta
sentencia, admitió la tutela, negó la medida cautelar solicitada. Además, ordenó
notificar a la parte actora y a la Comisión Nacional del Servicio Civil, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, a la Procuraduría General de la Nación y a
la Presidencia de la República como autoridades accionadas, para que refirieran
fundamentos y allegarán pruebas.
13. Así mismo, vinculó en calidad de tercero con interés a la señora Rosa Felicia
Daza López. También se ofició al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
para que allegará copia de los siguientes documentos: (i) Resolución No 3478 del 12
de mayo de 2023; (ii) Resolución No. 2744 del 28 de abril del 2023; (iii) Circular No
202312100000014713 del 10 de febrero de 2023 y (iv) Acto administrativo que
reconoció medidas afirmativas a la señora Martha Rosa Araújo Arzuaga.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Presidencia de la República
14. Mediante correo electrónico enviado el 11 de agosto de 2023, la entidad
participó del trámite constitucional. Al respecto solicitó que se desvincule de trámite
de tutela e indicó que la misma era improcedente. Así mismo, expuso que, no existía
vulneración de derechos fundamentales por acción u omisión de la entidad con
respecto de los hechos referenciados.
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15. Para sustentar lo anterior, indicó que, la acción de tutela se dirige a controvertir
actos administrativos que se escapan de la esfera de la entidad. Esto, en
consideración el DAPRE no tiene competencia sobre los concursos de méritos que
fueron efectuados por el CNSC y el ICBF. Por tanto, el asunto reviste de una falta de
legitimación en la causa por pasiva. Por otro lado, adujó que no cumple con el
principio de subsidiariedad, pues la accionante tiene a su disposición medios
ordinarios de defensa judicial.
1.6.2. Comisión Nacional de Servicio Civil
16. Consideró que la acción de tutela es improcedente por que la accionante tiene
a su disposición otros mecanismos de defensa judicial. Aunado a que carece de
legitimación en la causa por pasiva en la medida que la pretensión de la señora
Araújo Arzuaga involucra que el ICBF respete su condición de madre cabeza de
familia, cuestión que escapa de su competencia.
17. Indicó que la señora Martha Rosa Araujo Arzuaga se inscribió con el ID
440565225, para el empleo denominado Profesional Universitario, Código 2044,
Grado 7, identificado con el código OPEC No. 166313, ofertado en la modalidad de
concurso Abierto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Proceso de
Selección No. 2149 de 2021.
18. Sin embargo, en la etapa eliminatoria de aplicación de pruebas escritas sobre
competencias funcionales obtuvo un total de 51.66 puntos, cuando el puntaje mínimo
aprobatorio era 65.00 puntos, por tal razón, no continuó en el proceso de selección.
Los resultados de dicha prueba se encuentran en firme y gozan de presunción de
legalidad.
1.6.3. Procuraduría General de la Nación
19. La entidad solicitó su desvinculación del trámite de la referencia. Afirmó, que
revisado el Sistema de Información para la Gestión Documental -SIGDEA- no se
encontró petición, queja o reclamo alguno elevado por la accionante, cuyo objeto
se encuentre relacionado con los supuestos fácticos y jurídicos de la tutela, por
consiguiente, luego de revisadas las pretensiones de la tutela se concluye que van
dirigidas contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF.
20. La señora Rosa Felicia Daza López y el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
21. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Martha Rosa Araújo Arzuaga de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral
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8° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021.
2.2. Cuestión Previa
22. La Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República en sus
escritos de contestación solicitaron su desvinculación de la acción de la referencia
por cuanto las pretensiones se dirigen contra el ICBF y la CNCS.
23. Al revisar las pretensiones del escrito de tutela y los argumentos de defensa
presentados por las accionadas, la Sala advierte que efectivamente las entidades
mencionadas carecen de legitimación en la causa por pasiva, situación que se
plasmará en la parte resolutiva de esta providencia.
2.3. Problema jurídico
24. Tomando en consideración los hechos expuestos, las pretensiones elevadas
por la demandante, el material probatorio recaudado y los informes allegados por la
entidad accionada y las vinculadas, corresponde a esta Sala resolver los siguientes
problemas jurídico:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela?
25. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el interrogante:
• ¿La Comisión Nacional del Servicio Civil y el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar vulneraron los derechos invocados en el escrito de tutela
al proferir la Resolución N.º 3478 del 12 de mayo de 2023 que la desvinculó
del cargo que ostentaba en provisionalidad?
26. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán i)
generalidades de la acción de tutela; ii) improcedencia de la acción de tutela contra
actos administrativos; y iii) análisis del caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
27. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
28. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado
que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
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sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable 4.
2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos de control ante el juez contencioso
administrativo
29. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591
de 1991.
30. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.
31. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia 5.
32. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales
no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los
operadores judiciales deben fungir como jueces de convencionalidad, de
constitucionalidad y legalidad.
33. Por tanto, esta Sala reitera 6 su posición en el sentido de que la jurisdicción de
lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
4
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de
la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de
cada una de las jurisdicciones.”
6
Contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de
Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-
00440-0; del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01 y;
del 27 de mayo de 2021. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2021-01934-00.
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controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto administrativo, en
atención a la existencia del medio de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual se pueden pedir medidas cautelares en los
términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
34. En determinadas oportunidades, la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se resuelven, toda
vez que se puede dar el caso en que tal transgresión sea el producto de una decisión
administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se encuentre revestida de
legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido constitucionalmente
vinculante de derechos de rango superior o resulte abiertamente arbitraria o
discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la
eventual conculcación de estas garantías de orden superior.
2.6. Caso concreto
35. La señora Martha Rosa Araújo Arzuaga consideró que su desvinculación del
ICBF sin tener en consideración su calidad de madre cabeza de familia desconoce
los derechos fundamentales invocados. Afirmó que el concurso de méritos al interior
del ICBF, en especial la implementación de la lista de elegibles, desconoce las
condiciones excepcionales en las que se encuentran las madres cabeza de familia
que no pueden ser removidas de sus cargos, aunque existan personas que hayan
superado el concurso de méritos.
36. Al respecto la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad y tampoco se observa la
configuración de un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del
juez de tutela.
37. Sea lo primero advertir que las pretensiones elevadas por la parte actora
atacan directamente las decisiones contenidas en la Resolución No. 3478 del 12 de
mayo de 2023, se nombró en periodo de prueba a la señora Rosa Felicia Daza López
en el cargo de profesional universitario 2044-7 25086, que ostentaba en
provisionalidad la actora a quien se le dio por terminado su nombramiento en
provisionalidad, la cual goza de presunción legalidad y, por lo tanto, como se indicó
el marco teórico anteriormente expuesto, los reparos deben ser controvertidos ante
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a través de los medios de control
contenidos en la Ley 1437 de 2011 para que el juez natural de la causa se pronuncie
al respecto.
38. Así las cosas, esta Sección considera que en efecto, se configura la causal de
improcedencia fijada en el numeral 1° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991 que
señala:
Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá:
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1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.
39. Lo anterior habida cuenta que las inconformidades de la tutelante se centran
en atacar lo resuelto en los actos de nombramiento bajo reproches, que se resumen,
en una falsa motivación y violación a la Constitución y la ley, ambos argumentos que
se enmarcan en causales para alegar la nulidad de actos administrativos.
40. Bajo ese orden, el carácter perentorio de la salvaguarda de los derechos de
accionante no permite concluir en la ineficacia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, pues bien, se sabe que en el contexto de los procesos
ordinarios las partes pueden solicitar el decreto de medidas cautelares para la
protección de los bienes jurídicos que se ven en riesgo por el paso del tiempo,
facultad que, bajo ciertas condiciones, le ha sido concedida de oficio al juez
administrativo.
41. Sobre el particular, la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del
17 de marzo de 2015, indicó:
«Contrario a lo que ocurría en vigencia del Código Contencioso Administrativo,
las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto admisorio
y en cualquier etapa del proceso, y que su fin consiste en proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, a
través de un pronunciamiento que no implica prejuzgamiento.
Conforme al artículo 230 ibídem, las medidas cautelares pueden ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, debiendo tener
relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Dentro de
este último criterio, en el numeral 3°, se estipuló la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos, garantía concordante con lo dispuesto
en el artículo 238 de la Constitución Política».
42. Conviene precisar que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede contra actos, sólo excepcionalmente y como mecanismo
transitorio de protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate
de conjurar la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y, además, sea
posible establecer que el contenido del acto reprochado afecta clara y directamente
un derecho fundamental.
43. Entonces, corresponde a la Sala estudiar si en el caso concreto procede de
forma transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecta de
manera directa el derecho fundamental de la actora.
44. La Corte Constitucional en sentencia T-097 de 2011, señaló que para que
aquel se configure se requiere:
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Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando se esté frente a un
perjuicio irremediable, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que
únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando, “dadas las circunstancias
del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e inminente, esto es, que no
se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se halla sustentado en la
apreciación razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra gravedad,
desde el punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza del
derecho fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que
sea necesario e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una
lesión antijurídica de connotación irreparable 7” 8.
45. Dicho perjuicio irremediable no se evidencia en este caso, porque según
misma accionante afirmó aún la persona que fue nombrada en el cargo que
ostentaba no ha tomado posesión del mismo y si bien, tenía reconocida la calidad de
madre cabeza de familia, dicha medida no es absoluta pues ha de ceder ante los
derechos de carrera que adquieren quienes superan un concurso de méritos, en el
que además participó, pero que no superó. Lo que no conlleva prima face a concluir
que la decisión plasmada en el acto administrativo de nombramiento fueron producto
de una arbitrariedad y, por el contrario, goza de presunción de legalidad la cual ha
de ser controvertida dentro del escenario de los medios de control que prevé la Ley
1437 de 2011.
46. En otras palabras, la situación descrita no reviste un carácter de inminencia,
urgencia, gravedad e impostergabilidad que permitan obviar el ejercicio de los
mecanismos judiciales que le otorga el ordenamiento jurídico. En consecuencia, bajo
los razonamientos descritos se declarará improcedente el amparo solicitado por la
señora Martha Rosa Araújo Arzuaga.
47. En jurisprudencia reiterada 9, la Corte Constitucional ha señalado que la acción
de tutela procede excepcionalmente como mecanismo para la protección de
derechos fundamentales que puedan resultar vulnerados o amenazados por la
expedición de actos administrativos.
48. El Alto Tribunal ha indicado que, en estos casos, el amparo opera como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable,
evento en el que el juez de tutela podrá suspender el acto censurado mientras se
surte el respectivo proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por
tanto, ha señalado que el accionante debe acreditar la necesidad de la medida para
evitar la consumación de aquel daño, por lo que está en la obligación de probar que:
i) se está ante un perjuicio grave e inminente; ii) se requieren medidas urgentes e
impostergables para superar el daño.
49. Sobre el particular, se advierte que la señora Araújo Arzuaga no expuso ningún
7
«T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».
8
Cursiva del original.
9 Ver, entre otras sentencias: Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, Sentencia T-851 del 12.11.14., M.P.
Martha Victoria Sáchica Méndez. Exp: T-4.370.918; Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia
T-161 del 10.03.17., M.P. (E) José Antonio Cepeda Amarís. Exp: T-5769057; Corte Constitucional, Sala Octava
de Revisión, Sentencia T-442 del 13.07.17., M.P. Alberto Rojas Ríos. Exp: T-6.028.205; Corte Constitucional,
Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-236 del 30.05.19., M.P. Diana Fajardo Rivera. Exp: T-7.132.435
10
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argumento relacionado con la configuración de un perjuicio irremediable o con la
necesidad de establecer una medida de carácter inminente, urgente e impostergable
que posibilite desconocer el ejercicio del mecanismo judicial otorgado por el
ordenamiento jurídico. Por tanto, no es posible que esta Sección, como juez
constitucional, decida sobre el fondo del asunto en cuestión.
50. Ahora bien, en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el accionante puede solicitar al juez contencioso administrativo que decrete
medidas cautelares, las cuales representan un medio idóneo que permiten defender
sus derechos de manera eficaz, si considera que el proceso puede tomar mucho
tiempo para adoptar una decisión de fondo. Lo anterior, de conformidad con los
artículos 229 a 241 de la Ley 1437 de 2011 10.
2.7. Conclusión
51. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión declarará la improcedencia del
mecanismo constitucional por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, al
tratarse de una tutela dirigida contra un acto administrativo de contenido definitivo.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
10 “Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante
esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a
petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los
derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas,
conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones
de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes
medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la
conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo
acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé
lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las
condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el
procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de
evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la
decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto
en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos
para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas
en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto
demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas
allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización
de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos”.
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Radicado: 111001-03-15-000-2023-04069-00
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por pasiva de
la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República de
conformidad con la cuestión previa de este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
señora Martha Rosa Araújo Arzuaga, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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