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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04074-00

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04074-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Hernando Orozco García contra el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C frente 9 En expediente con radicado número: 11001031500020190514101 la Sección Cuarta del Consejo de Estado citó al “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 11 de julio de 2013, radicado: 66001-23-31-000-2006-00083-01 (36.295) C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa”. Reiterada en la sentencia del 13 de agosto de 2020, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000- 2020-03190-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado. 10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2011, expediente 19123. En similar sentido se encuentran las sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 16572 y del 24 de marzo de 2011, expediente 17993. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00 Demandante: Hernando Orozco García a los argumentos relacionados con el vencimiento de términos en el marco del proceso penal. 2. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Hernando Orozco García contra el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, en relación con los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico alegados. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04074-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

23 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00
Demandante: Hernando Orozco García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00
Demandante: HERNANDO OROZCO GARCÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra fallo de reparación
directa. Falta de cumplimiento de requisitos generales

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Hernando Orozco García
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con
lo establecido en el artículo 1° del decreto 333 del 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Hernando Orozco García interpuso acción de tutela contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, por estimar vulnerados el derecho
fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«4.1.- Solicito a esta sede de tutela, tutelar los derechos fundamentales del tutelante a su
libertad, debido proceso, contradicción de la prueba, la presunción de inocencia, la buena fe
exenta de culpa, el precedente judicial, las vías de hecho procesal, sustantiva, y las demás
que considere este juez de tutela, en que incurrió la sentencia LA SENTENCIA DE LA
SUBSECCIÓN C DEL 29 DE JULIO DE 2022. NOTIFICADA POR EDICTO EL DIA 2 DE
FEBRERO DE 2023. RAD. 76001.23-31-000-2010-00788-01(52374), del Consejo de Estado.

4.2.- Que como consecuencia de lo anterior DEJAR SIN EFECTOS LA SENTENCIA DE LA
SUBSECCIÓN C DEL 29 DE JULIO DE 2022. NOTIFICADA POR EDICTO EL DIA 2 DE
FEBRERO DE 2023. RAD. 76001.23-31-000-2010-00788-01(52374), del Consejo de Estado.
Y ordenar a dicha Subsección C, en un término prudente, profiriera un fallo de reemplazo. Al
resolverse el caso del tutelante no violar la presunción de inocencia del tutelante, así como
valorar los efectos en el derecho fundamental de la libertad tiene el vencimiento o
cumplimiento de términos por parte del fiscal en la ley 600 de 2000, sobre el tutelante, cuando
la libertad del tutelante la recupera por decisión del juez penal.

4.3.- O en su defecto, se deje incólume la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle, de 20 de marzo de 2014, sentencia que le concedió las prestaciones al tutelante,
porque le reconoció su derecho fundamental a la libertad, en tanto, para el tiempo de los
hechos existían precedentes de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que lo protegían.
Así entonces, se le protege el principio de igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima.

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Demandante: Hernando Orozco García

4.4.- O en su defecto tomar otra decisión que ordene este juez de tutela».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Hernando Orozco García es propietario y conductor de un camión en el
que miembros de la Policía Nacional encontraron contenedores de plástico que,
aparentemente, se iban a transportar precursores químicos para la elaboración de
estupefacientes. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación dictó medida
de aseguramiento contra el señor Orozco García, consistente en detención
preventiva como posible autor del delito de tráfico de sustancias para el
procesamiento de narcóticos. El Juzgado Quinto Penal Especializado de Cali dictó
sentencia absolutoria y le concedió la libertad provisional, porque no existían
pruebas que permitieran asegurar con certeza la participación del procesado en la
comisión del delito.

El señor Orozco García, junto con su núcleo familiar, ejerció medio de control de
reparación directa, contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Nación –
Rama Judicial, con el fin de que se declarara la responsabilidad patrimonial por los
perjuicios causados con la privación de la libertad, que, calificó como injusta.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 20 de marzo de
2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, para lo cual aplicó
el régimen subjetivo de responsabilidad.

Las partes interpusieron recurso de apelación, la Fiscalía General de la Nación, con
fundamento en que del acervo probatorio no se podía concluir que el accionante
había sido injustamente privado de su libertad o incorrectamente vinculado al
proceso penal; la Rama Judicial, para señalar que la Fiscalía General de la Nación
fue quien en la etapa instructiva impuso la medida de aseguramiento en contra del
señor Orozco García y que fue el análisis juicioso del Juez Quinto Penal de Circuito
Especializado de Cali el que permitió la absolución del procesado. La parte
demandante, en relación con el monto de los perjuicios reconocidos.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del
29 de julio de 2022, revocó la decisión de primera instancia, por considerar que la
medida restrictiva de la libertad impuesta al señor Humberto Orozco García se
ajustó a las exigencias previstas en la Ley 600 de 2000.

Ello, por considerar que era legalmente procedente, pues, el hecho punible que se
investigaba preveía una pena mayor a cuatro años; también fue razonable, porque,
concurrieron elementos que lo incriminaban, tales como: (i) la denuncia del
informante; (ii) el informe de las autoridades; (iii) el hallazgo de ácido sulfúrico sin
la correspondiente autorización para su transporte; (iv) el camión de su propiedad
que contenía 53 contenedores de plástico, que tenían la medida casi exacta de los
2.290 kilogramos del ácido sulfúrico excedente; (v) la presencia tanto de la
manguera como de otros elementos que encajaban perfectamente para realizar el
escurrido del ácido y cargarlo en el camión de Hernando Orozco. Que, justamente,
los anteriores elementos de juicio dieron mérito para concluir que la escena de los
hechos estaba presta para el transporte del ácido sulfúrico, máxime porque en el
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Demandante: Hernando Orozco García

vehículo se ubicaron los recipientes necesarios para envasar la sustancia que
posteriormente se distribuiría. De igual modo, su imposición resultaba necesaria
para evitar la continuación de la actividad delictiva y, no fue desproporcionada, en
el entendido que su duración -2 años y 20 días- fue inferior a la pena prevista para el
delito.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
vulneró los derechos fundamentales invocados, con fundamento en los argumentos
que se pasan a resumir.

Empezó por señalar que, la demanda de reparación directa se presentó el 24 de
junio de 2010, fue admitida el 30 de julio de 2010, el fallo de primera instancia fue
proferido el 20 de marzo de 2014 y el de segunda instancia el 29 de julio de 2022,
notificada el 2 de febrero del 2023 y con fundamento en ello, afirmó que “mucha de
la argumentación (quizás toda) para revocar el fallo de primera instancia, el Consejo de Estado,
argumenta un aparente cambio de jurisprudencia. Es decir, desde el 2010, el tutelante tenía a su
favor jurisprudencia de unificación que permitía reconocer derechos a los detenidos injustamente. Y
ya para el 2023 prácticamente ocho (8) años un término desproporcionado para tomar una decisión
de fondo por para resolver un recurso de apelación, la segunda instancia (Consejo de Estado), aplica
otra jurisprudencia en desmedro del precedente judicial que en su momento arropaba al tutelante” .
Quiere decir lo anterior, que, a juicio de la parte actora, en el momento en que
presentó la demanda la tesis jurisprudencial vigente permitía que se declarara la
responsabilidad patrimonial perseguida.

Concretamente, dijo que, el precedente del Consejo de Estado en el año 2013
reconocía que solo bastaba para condenar al Estado la absolución del procesado,
pues se presumía que la privación de la libertad era injusta, que, el precedente del
Concejo de Estado cambió tan solo en el año 2018 a 2020, en la sentencia 46.947
del 15 de agosto de 2018.

Seguidamente, hizo relación en extenso a la motivación del fallo de reparación
directa de primera instancia, en el sentido que se le mantuvo privado de la libertad
hasta el 21 de septiembre de 2006 y solo en virtud del fallo del 10 de agosto de
2006 se le concedió el beneficio de libertad provisional por vencimiento o
cumplimiento de términos, para insistir en el argumento del tribunal de instancia,
según el cual, la actividad judicial de la fiscalía dejó vencer los términos para
resolver la situación jurídica al tutelante. Al respecto, afirmó que, se generó un daño
antijurídico, porque el tutelante no estaba en el deber de soportar la carga de
omisión de la fiscalía de realizar las diligencias por parte del ente acusador.

En general, insistió en que no estaba en el deber jurídico de soportar la carga del
vencimiento o cumplimiento de términos, en tanto, la libertad de la persona está por
encima de la omisión del fiscal de cumplir con los términos legales, aseveró que,
“Ese evento por sí solo genera un daño antijurídico”.

Mencionó que el señor Ítalo Virgilio, que fue la persona que recomendó al señor
Orozco García para el trabajo, declaró en el proceso de reparación directa que el
aquí actor fue contratado para llevar un acarreo, porque tenía un carro para
acarreos y agregó que en el trámite de primera instancia se acreditó que el vehículo
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Demandante: Hernando Orozco García

estuvo decomisado por la Fiscalía General de la Nación y con posteridad a la
sentencia absolutoria el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali
ordenó la entrega inmediata, a su juicio, “toda la prueba comprobó que el tutelante era un
mero transportista. Tanto es así, que los demás implicados que se sometieron a la sentencia,
declaran que el tutelante nada tenía que ver con los hechos más allá de hacer un acarreo” .

Afirmó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto “probatoria procesal
y/o sustantiva” (sic) porque “no puede decir o interpretar lo que ya el juez penal interpreto.
Contundente el juez exculpo a tutelante y a su defensa, de posibles dilaciones en el proceso
penal. Toda la culpa de la omisión en el vencimiento o cumplimiento de términos es totalmente
del fiscal. Omitió la entidad tutelada (Consejo de Estado) hablar de qué pasa si hay vencimiento
o cumplimiento de términos y se le otorga la libertad a una persona (por el juez, no por la
fiscalía)”.

Agregó que, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado “vulnera
directamente el análisis de derechos fundamentales cuando son vulnerados. El mero principio
de legalidad no puede prevalecer sobre el análisis de vulnerabilidad de derechos
fundamentales. Ya lo observaba Antonio Barrera Carbonell, en la C-197 de abril 7 de 1999,
cuando indicaba que cuando el juez administrativo advierta «la violación de un derecho
fundamental de aplicación inmediata» deberá proceder a su protección” .

A su juicio, “Hay desproporción de la medida de aseguramiento contra el tutelante, si el
proceso penal se mira como un todo respecto a la libertad del tutelante. La libertad debe ser
proporcional desde que se practica hasta que se absuelve, tal como paso en el caso planteado.
La libertad del tutelante solo la obtuvo por la providencia del juez (no del fiscal). Este juez, debió
decretar la libertad del tutelante por vencimiento o cumplimiento de términos, y a su vez, a
posteriori ese mismo juez, absuelve al tutelante con la misma prueba que se recogió por la
fiscalía”.

Aseveró que “Así entonces, probatoriamente la sentencia hoy tutelada, se basó no en la
prueba recogida por el juez penal, sino en las conjeturas propias de la entidad tutelada (Consejo
de Estado), quien aplica probatoriamente hablando una sentencia de la Corte constitucional,
que no da lugar al tema trabajado dentro del proceso de reparación directa, para decir que la
privación de la libertad del tutelante, fue proporcional y racional; en tanto, la medida de
aseguramiento la tomo el mismo funcionario que investigo (fiscal) por efecto de la ley 600 de
2000”.

Dijo además que, la sentencia cuestionada desconoció el precedente judicial,
previsto en la sentencia SU-363 de 2021, expedida por la Corte Constitucional,
conforme con la cual el juez administrativo le corresponde realizar el análisis de la
conducta del procesado desde la perspectiva de la culpa y el dolo en materia de la
responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Dijo que, por el contrario,
ese análisis de culpa y dolo sí lo hizo el tribunal de primera instancia.

Adujo que con las pruebas arrimadas al se demostró que el señor Orozco García
nunca tuvo comportamiento doloso, pues no destruyo, ni escondió la supuesta
sustancia ilegal, los contenedores que cargaba en su carro no se llenaron con
sustancias, al contrario, estaban vacías, tampoco obstruyo la acción de la justicia
y, en relación con la culpa grave, no descuido nada, al contrario, colaboró con la
justicia y se probó que solo era un trasportador de buena fe exenta de culpa.

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Demandante: Hernando Orozco García

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador, en auto del 1 de agosto de 2023, inadmitió la acción de
tutela y requirió al abogado para que allegara los documentos que lo acreditaran
como apoderado, cumplido el requerimiento, en auto del 22 de agosto de 2023, el
despacho admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los demandantes, a los
Magistrados que conforman la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a la Nación – Fiscalía General de la Nación- y a la Rama Judicial –Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial-. Adicionalmente, a los Magistrados que
conforman el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y a Bellanid, Mariana y
Carolina Orozco Robles, María Leyla Orozco García, Arcelia Orozco García, Olivia
Orozco García y Carmen Emilia Bedoya, como terceros interesados en el resultado
del proceso. Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la
providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó
notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, manifestó que la
procedencia de tutela contra providencia judicial debe satisfacer unos requisitos de
orden general y específico, para que se convierta de forma genuina en un juicio
constitucional y no llanamente en la reviviscencia o prolongación del debate judicial
inherente al juez natural.

Dijo que, en el presente caso, a pesar de que la parte actora redunda en esfuerzos
para hacer notar una vulneración al debido proceso, en el escrito de tutela expone
una argumentación circular que confunde y mezcla el análisis penal del caso, con
el análisis y las exigencias de una acción de envergadura constitucional como es la
tutela.

Que, si bien, se invocó vulnerado el derecho fundamental al debido proceso, aquel
lo hace sobre argumentos que no corresponden con el núcleo de tal derecho, sino
con la intención de que se imponga, a toda costa, su forma particular de concebir
la manera en que el Consejo de Estado debió fallar el recurso de apelación.

Enfatizó que la ausencia de relevancia constitucional es palpable en el presente
caso, al punto que, el tutelante se vio en dificultades para fundamentarla, pues,
expuso que el caso era constitucionalmente trascendente porque: (i) estaba de por
medio su derecho fundamental a la libertad, como si todavía estuviera en un
escenario de privación y, (ii) en el hecho de que se le juzgó penalmente en vigencia
de la Ley 600 de 2000, normativa de la que dice, permitía que el fiscal fuera “juez y
parte”, razones que evidencian que lo que pretende con la presente tutela es dar
continuidad a un debate cuya solución no le satisfizo y que tornan la acción de tutela
en improcedente.

Adujo que no se encuentra demostrada la vulneración de los derechos
fundamentales invocados porque a los demandantes en reparación directa se les
garantizó la participación en todas y cada una de las etapas del proceso y el
ejercicio de los recursos y medios de impugnación previstos en el ordenamiento
jurídico.
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Demandante: Hernando Orozco García

En lo atinente al derecho fundamental a la presunción de inocencia, ninguna
afectación puede advertirse de parte del juez de la reparación directa, ya que no
está dentro de su órbita jurisdiccional intervenir tal derecho. Explicó que, como se
hizo en la sentencia proferida el 29 de julio de 2022, el tema de la prolongación de
la libertad no hizo parte de la causa petendi en el proceso de reparación directa, no
obstante, como el tribunal en la primera instancia consideró que hubo demora por
parte del juzgado penal de conocimiento para otorgar la libertad del señor Orozco,
en sede de apelación se analizó ese aspecto, punto frente al cual, se llegó a la
conclusión contraria a la de la primera instancia, al efecto se ofrecieron las razones
para considerar que la audiencia pública de juzgamiento se realizó dentro del plazo
legalmente previsto por la Ley 600 de 2000.

Que, ahora, en sede de tutela expone un argumento nuevo que no fue debatido en
la demanda de reparación y es el referido a un supuesto de vencimiento de términos
durante la investigación penal, como si la tutela se constituyera en una nueva
oportunidad para ampliar una litis que ya concluyó.

Puso de presente que el actor equiparó el hecho de que “no se hayan concedido
las pretensiones resarcitorias con una violación al principio de presunción de
inocencia”, cuando lo uno nada tiene que ver con lo otro, pues las decisiones que
adopte el juez de la reparación no tienen la virtud de modificar o afectar las
decisiones tomadas dentro del proceso penal. Explicó que, es un hecho que el
señor Orozco fue absuelto de la responsabilidad penal y esa circunstancia es
inmodificable, no quiere decir ello que en sede de reparación directa el juez
contencioso no pueda analizar la legalidad y razonabilidad de la medida privativa
de la libertad, más aún, cuando debe hacerlo porque solamente de esa manera
puede determinar, en los términos en que lo dispuso la sentencia C-037 de 1996,
si la privación de la libertad fue injusta o no.

Adicionalmente, sostuvo que, lejos de desatender normas de raigambre superior,
por el contrario, lo que se hizo en la providencia fue dar aplicación a los criterios
jurisprudenciales actuales de la Sección, que corresponden con los de la Corte
Constitucional en la Sentencia SU 072 de 2018 y en la sentencia C-037 de 1996,
en relación con la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

La Nación – Fiscalía General de la Nación allegó contestación en la que indicó
que en el caso sub examine, la presente acción de tutela resulta improcedente por
cuanto (i) el apoderado de los accionantes no dio cuenta por qué a pesar de existir
otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción,
no hizo uso de este, sin embargo no señaló cuál sería el medio de defensa
procedente, (ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que la
acción de tutela sea procedente y (iii) pretende recuperar oportunidades procesales
perdidas.

Solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela incoada por Hernando
Orozco García, por cuanto, no se cumple con las causales generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente el
requisito de subsidiariedad y no se vulnera el precedente jurisprudencial.

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Demandante: Hernando Orozco García

La Rama Judicial –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial guardó
silencio.

6. Intervención de los terceros interesados

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y los señores Bellanid, Mariana
y Carolina Orozco Robles, María Leyla Orozco García, Arcelia Orozco García,
Olivia Orozco García y Carmen Emilia Bedoya no se pronunciaron sobre los
hechos que dieron origen a la presente acción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
1
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
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Demandante: Hernando Orozco García

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amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Hernando Orozco García
pretende que se ordene al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
proferir nueva decisión en el marco del proceso de reparación directa con radicado
número 76001.23-31-000-2010-00788-01(52374).

Aunque en el escrito de tutela la parte actora no alegó la configuración de algún
defecto en concreto, de manera general, sostuvo que, se desconoció: (i) el
precedente judicial aplicable en la materia en el momento en que ejerció la acción
de reparación directa; (ii) el precedente judicial, previsto en la sentencia SU-363 de
2021; (iii) asimismo, que en marco del proceso penal la libertad fue obtenida en
atención al vencimiento de términos imputable a la Fiscalía General de la Nación y,
(iv) que se acreditó su condición de transportador.

De manera que, corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, incurrió en los yerros alegados por la parte actora, a partir
del denominado defecto por desconocimiento del precedente judicial y,
posteriormente, el defecto fáctico, previo a señalar las razones por las que en el
presente caso se cumple con el requisito general de relevancia constitucional.

Cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección,
tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el
juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones, por lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que un asunto goce
de relevancia constitucional deben verificarse algunos presupuestos 4.

2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya

incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede
utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse
en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia
judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda
de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante
el juez natural.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00
Demandante: Hernando Orozco García

La Sala advierte que los argumentos relacionados con el vencimiento de términos
en el marco del proceso penal para resolver la situación jurídica del señor Hernando
Orozco García no cumple con el requisito general de relevancia constitucional,
porque ese asunto no fue propuesto como fundamento de la falla en el servicio
alegada en la demanda de reparación directa ni el recurso de apelación que la parte
demandante interpuso contra el fallo de primera instancia, de modo que, la acción
de tutela no puede ser empleada para adicionar argumentos y mejorar
oportunidades procesales.

Igual ocurre con los argumentos en que se limitó a expresar las opiniones que le
mereció la sentencia cuestionada, pero sin explicar o sustentar verdaderos yerros
que permitan estudiar su dicho a partir de la configuración de algún defecto.

En lo demás, es decir, lo relacionado con el desconocimiento del precedente judicial
y del defecto fáctico por desconocimiento de algunas pruebas, se cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular, el de relevancia constitucional,
en la medida en que la parte actora expone las razones por las que considera se
vulneran los derechos fundamentales invocados, los demás argumentos tienen
relación con la ratio decidendi de la decisión cuestionada, la acción de tutela no es
empleada como una instancia adicional al proceso ordinario, si se tiene en cuenta
que el fallo de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda de
reparación directa en aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y, por su
parte, el fallo de segunda instancia revocó la decisión apelada, porque se
acreditaron los elementos necesarios para la imposición de la medida de
aseguramiento.

Del desconocimiento del precedente judicial 5 en el caso concreto

Por la falta de aplicación retroactiva del precedente judicial

En primer lugar, el argumento relacionado con el desconocimiento del precedente
judicial porque, a juicio de la parte actora, debía aplicarse la tesis jurisprudencial
vigente para el momento en que se instauró la acción de reparación directa, no está
llamado a prosperar, pues, la autoridad judicial dejó en claro que resolvería el caso
a partir de los criterios establecidos por la Corte Constitucional en sentencia SU-

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
5 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el

pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia,
debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal,
que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las
decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto
el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse
del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los
mismos supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de
vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta,
pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Sim plemente se busca armonizar y
salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por
esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del p recedente fijado por el
superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su
posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00
Demandante: Hernando Orozco García

072 de 2018, que es el precedente judicial vigente al momento de proferirse a
sentencia objeto de cuestionamiento, oportunidad en la que precisó que el
ordenamiento jurídico no establecía un régimen de responsabilidad específico bajo
el cual debieran analizarse los casos de privación de la libertad (C-037 de 1996),
como se explicó en precedencia.

Pues bien, la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario de
reparación directa, se profirió el 29 de julio de 2022 y como lo ha explicado esta
Sección6 «para el momento en que se profirió la providencia acusada, el marco jurídico del análisis
del título de imputación de privación injusta de la libertad estaba determinado por: (i) la Sentencia
de unificación de la Corte Constitucional SU-072 de 2018 que recordó lo indicado por esa misma
Corte en la Sentencia C-037 de 1996 , relativo a que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 no
establece un título de imputación único bajo el cual deban analizarse los casos de privación injusta
de la libertad, sino que corresponde al juez de la causa en cada caso determinarlo.».

Justamente, en sentencia SU-406 de 2016, la Corte Constitucional precisó que “(…)
el cambio de una determinada posición jurisprudencial por el respectivo órgano de cierre implica
una modificación en la interpretación jurídica, es decir, del contenido normativo de determinada
disposición y que, en atención al carácter vinculante general e inmediato del precedente,
determina la aplicación judicial -en el orden horizontal y vertical- del derecho sustancial o procesal,
según sea el caso (…)”.

Por lo tanto, correspondía al tribunal accionado aplicar las reglas jurisprudenciales
vigentes al momento de proferir la decisión de segunda instancia, esto es, la
sentencia de unificación SU-072 de 2018, en la medida que, en principio, los efectos
de estas providencias son generales e inmediatos.

Por el desconocimiento de la sentencia SU-363 de 2021

Como se anticipó, la parte de actora aduce el desconocimiento del precedente
judicial previsto en la sentencia SU-363 de 2021 de la Corte Constitucional, sin
embargo, la Sala anticipa que, no se configura el alegado defecto, porque esa
Corporación, en esa oportunidad, unificó criterios en torno a la privación injusta de
la libertad, pero, en punto a la interpretación constitucional de la causal exonerativa
de responsabilidad patrimonial del Estado, consistente en la culpa exclusiva de la
víctima.

De manera que, la Sala no evidencia de qué manera se desconoció el aludido
precedente judicial, pues, la decisión que se cuestiona por esta vía no tuvo como
fundamento la configuración de la aludida causal.

Del defecto fáctico 7 en el caso concreto
Como se anticipó, la parte actora sustenta el defecto fáctico en el desconocimiento:
(i) que se acreditó la condición de transportador del señor Orozco García y, (ii) en
el desconocimiento de la sentencia penal absolutoria.

6
Sentencia del 27 de octubre de 2022, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2022-04502-00, Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
7
Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió
la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación
ocurre cuando se produce la negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez
simplemente la ignora u omite, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma
emerge clara y objetivamente.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04074-00
Demandante: Hernando Orozco García

Al respecto, debe indicarse que tampoco se configura el defecto fáctico invocado,
en la medida en que, la parte actora no puede pretender que el valor probatorio de
la sentencia penal absolutoria constituya, casi de manera automática, la
responsabilidad administrativa del estado por la privación de la libertad.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, al desatar el recurso de
apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
estableció que, de acuerdo con el estado actual de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado en la materia, el título de imputación que
aplicaría sería el subjetivo de responsabilidad bajo el título de imputación por falla
probada del servicio, aspecto que, en todo caso, no fue objeto de cuestionamiento
en el escrito de tutela.

Dicho esto, la Sala advierte que en el presente caso no se encuentra configurado
el defecto fáctico invocado por la parte actora, por las razones que se pasan a
explicar.

Tal como se observa de la lectura de la providencia cuestionada, la autoridad
judicial demandada analizó las pruebas obrantes en el proceso de reparación
directa para concluir que, en efecto, la medida de aseguramiento impuesta contra
el señor Orozco García se ajustó a los presupuestos de necesidad, racionalidad y
proporcionalidad.

Al efecto, tuvo en cuenta la existencia de indicios, que, para el momento de la
imposición de la medida de aseguramiento justificaron tal decisión, pues, la captura
no solo fue en flagrancia, sino que con base en elementos materiales probatorios,
tales como: (i) la denuncia del informante; (ii) el informe de las autoridades; (iii) el
hallazgo de ácido sulfúrico, sin la correspondiente autorización para su transporte;
(iv) el camión de su propiedad que contenía 53 bidones de plástico, que tenían la
medida casi exacta de los 2.290 kilogramos del ácido sulfúrico excedente; (v) la
presencia tanto de la manguera como de otros elementos que encajaban
perfectamente para realizar el escurrido del ácido y cargarlo en el camión de
Hernando Orozco. Elementos de juicio que dieron mérito para concluir que la
escena de los hechos estaba presta para el transporte del ácido sulfúrico, máxime
que en su vehículo se ubicaban los recipientes necesarios para envasar la
sustancia que posteriormente se distribuiría”.

Justamente, la valoración probatoria que llevó a cabo el juez de conocimiento
determinó que, en efecto, la motivación para imponer la medida de aseguramiento
se encontraba acorde con el ordenamiento jurídico, sin que le fuera dado al juez de
la reparación realizar una nueva valoración del material probatorio obr ante en el
proceso penal para determinar si, para ese momento, existían otros elementos que
pudieran desvirtuar la necesidad o no de imponer la medida de aseguramiento.

Dicho de otro modo, el estudio que desplegó el juez de la reparación estableció que
la medida de aseguramiento impuesta se ajustó al ordenamiento, que los
parámetros bajo los que se impuso y los argumentos expuestos resultaron
razonables a la luz del ordenamiento jurídico penal vigente para el momento, sin
que le fuera dado revisar otros elementos probatorios que pudieron existir dentro
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Demandante: Hernando Orozco García

del proceso penal que sugirieran que no había lugar a imponer la medida de
aseguramiento, pues es una valoración propia del juez penal que se surtió al interior
de ese proceso.

En suma, tal como se advierte de la lectura de la providencia cuestionada, la
autoridad judicial demandada estableció que la medida de aseguramiento atendió
los requisitos necesarios para su imposición, análisis que implicó los elementos de
la racionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, cosa distinta es que la
parte actora se encuentre en desacuerdo con el resultado de dicho análisis 8.

La autoridad judicial de conocimiento valoró en contexto las pruebas allegadas al
proceso, con fundamento en las cuales concluyó que la medida cumplió con los
requisitos legales para su imposición y, en esa medida, no fue injusta la privación
de la libertad por el tiempo que perduró.

En coherencia con lo anterior, no es posible concluir que se trató del
desconocimiento de su condición de transportador dedicado al servicio de acarreos,
sino que, las pruebas que obraban en el proceso, en el momento de la imposición
de la medida de aseguramiento, implicaban al señor Orozco García en el hecho
punible que era objeto de investigación.

Por lo tanto, los argumentos que plantea la parte actora para sustentar el defecto
fáctico no prosperan, porque, en últimas, proponen una valoración paralela de la
decisión que impuso la medida de aseguramiento en sede del proceso penal y no
propiamente del proceso de la reparación directa que es el que se cuestiona por
esta vía.

Al respecto, se anota que esta Sala ya ha precisado, que, por un lado, una cosa es
el daño o transgresión de los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento,
calificación que le compete al juez penal sobre la conducta del investigado,

8
Al respecto, se anota que, la sentencia SU-072 de 2018 la Corte Constitucional explicó que «con independencia del
régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que
debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, en otras palabras, que puede
generar una declaratoria de irresponsabilidad administrativa». Es decir, en términos generales, la Corte Constitucional acepta
que el juez del proceso de reparación directa por privación de la libertad puede aplicar el régimen de responsabilidad que
mejor se ajuste al caso y que debe evaluar la conducta de la víctima.
Igualmente, explicó que «determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no
haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por
ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera
automática, esto es, a partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión
a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria,
transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996».
La Corporación precisó que, si bien la jurisprudencia ha denominado el régimen de imputación de la falla del servicio como
restrictivo, comoquiera que exige un mayor esfuerzo probatorio por parte de quien solicita el resarcimiento de perjuicios, es a
condición no puede interpretarse como un obstáculo para que el ciudadano reclame la indemnización del daño que no estaba
obligado a soportar, pues en manera alguna los regímenes de imputación están diseñados para hacer más o menos accesible
la administración de justicia contencioso administrativa, sino para modular el ejercicio probatorio y, sobre todo, para garantizar
que la decisión que se adopte obedezca a criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida de
aseguramiento.
Al referirse respecto de las características que debe tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las
disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional concluyó que el desarrollo de
esas condiciones, lleva implícitos razonamientos en relación con la finalidad, idoneidad, la necesidad y proporcionalidad
de la medida, a la par del análisis de los elementos con vocación demostrativa; en otras palabras, se precisa la valoración
del juicio del operador jurídico a fin de establecer si sus conclusiones acerca de la necesidad de imponer o solicitar la
imposición de una medida cautelar privativa de la libertad fue el resultado de un estudio probatorio objetivo, esto es, si existió
una motivación suficiente.
En suma, la Corte Constitucional estableció que la aplicación de cualquiera de los regímenes de responsabilidad del Estado
mantiene incólume la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la
presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento.
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conforme con la normativa propia de esa área del derecho y, otra, es la valoración
que hace el juez contencioso administrativo en los casos en que se discute la
responsabilidad del Estado por la presunta privación de la libertad. En efecto, tal
como lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado 9:

El Juez Administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal, o su equivalente, ya que no
tiene incidencia ni efectos de cosa juzgada en el proceso de reparación directa que se adelanta ante esta
jurisdicción por cuanto:

“…(i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción
penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién
es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima
del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una
acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuenc ia,
diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso
penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar
la presunción de inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en
la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de
los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad
del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera
que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos
que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo
cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente,
pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa
que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no
son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la
pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad
del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los
cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera
sido causado con una conducta regular o irregular 10.

Luego, los argumentos en que la parte actora fundamentó el defecto fáctico,
propuesto en el escrito inicial, no prosperan.

Se encuentra resuelto el problema jurídico planteado, en el presente caso se
impone declarar improcedente la acción de tutela, frente a los argumentos
relacionados con el vencimiento de términos en el marco del proceso penal y negar
las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Hernando Orozco García
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, en relación con los
defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico alegados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Hernando
Orozco García contra el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C frente

9 En expediente con radicado número: 11001031500020190514101 la Sección Cuarta del Consejo de Estado

citó al “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 11 de julio
de 2013, radicado: 66001-23-31-000-2006-00083-01 (36.295) C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa”.
Reiterada en la sentencia del 13 de agosto de 2020, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-
2020-03190-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de

2011, expediente 19123. En similar sentido se encuentran las sentencias del 30 de julio de 2008, expediente
16572 y del 24 de marzo de 2011, expediente 17993.
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Demandante: Hernando Orozco García

a los argumentos relacionados con el vencimiento de términos en el marco del
proceso penal.
2. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Hernando
Orozco García contra el Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, en
relación con los defectos por desconocimiento del precedente judicial y fáctico
alegados.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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