Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04086-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04086-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-04086-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
24 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04086-01
Demandante: Sindicato de Profesiones y Oficios de la Salud DAR-SER.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otro
Temas: Tutela contra providencia judicial / Caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho / Defecto
sustantivo
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el sindicato de Profesiones y Oficios
de la Salud – DAR-SER, en contra de la sentencia proferida el 28 de septiembre de
2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual
se decidió la solicitud de amparo de la referencia.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
El sindicato de Profesiones y Oficios de la Salud – DAR-SER promovió solicitud
de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad,
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de los autos proferidos el 29 de noviembre de 2022 y 29 de
junio de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, respectivamente, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado
0500123330002022011460001.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
i) El 29 de junio de 2021, la Subdirección de Determinación de Obligaciones
Parafiscales de la UGPP -expediente 20181520058001002-, profirió la Resolución
RDO- 2021-01122 por medio de la cual sancionó al Sindicato de Profesiones y
Oficios de la Salud DAR-SER en la calidad de aportante, al pago de unas sumas de
dinero por omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pago de los
aportes al Sistema de la Protección Social por los periodos de enero a diciembre
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04086-01
Demandante: Sindicato de Profesiones y Oficios de la Salud – DAR-
SER.
del año 2016.
ii) El 23 de mayo de 2022, por Resolución RDC-2022-00245 se resolvió el recurso
de reconsideración en el sentido de confirmar la sanción. Dicho acto administrativo
fue notificado el 24 de mayo de 2022 a través de correo electrónico, en el que se
señaló que «[...] el término para responder o presentar el recurso comenzará a correr
transcurridos cinco (5) días hábiles a partir de la entrega del correo electrónico [...]».
iii) El 30 de septiembre de 2022, el Sindicato demandante radicó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, cuyo conocimiento
correspondió al Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual, a través de auto del 29
de noviembre de 2022 rechazó la demanda por haber operado la caducidad. En
contra de esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación.
iii) El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante providencia del 29 de junio de
2023 confirmó lo resuelto por el a quo.
v) En relación con esa decisión, la parte actora consideró que las autoridades
judiciales demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en
defecto sustantivo por errónea interpretación de la normatividad aplicable al
fenómeno de caducidad, debido a que el término respectivo se debió contabilizar
desde la ejecutoria de la Resolución RDC-2022-00245 que resolvió el recurso de
reconsideración en el sentido de confirmar la sanción.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] Primero: Se ordene dejar sin efectos los autos proferidos por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado por medio de los cuales, rechazan la
demanda y confirman la posición del a quo.
Segundo: Como consecuencia de lo anterior se admita la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por el Sindicato de Profesiones y Oficios de la
Salud DAR-SER el día 30 de septiembre de 2022.
Tercero: Solicitamos se tengan en cuenta el material probatorio aportado. […]» (sic).
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1 solicitó declarar
improcedente el amparo invocado, en tanto la Subdirección de Determinación de
Obligaciones Parafiscales de la entidad profirió liquidación en contra del aportante
Sindicato de Profesiones y Oficios de la Salud DAR-SER, por las conductas de
1 Ver índice 17 de SAMAI.
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omisión, mora e inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al
Sistema de la Protección Social por los periodos enero a diciembre de 2016, la cual
fue notificada de conformidad con lo establecido en el artículo 565 y siguientes del
Estatuto Tributario, donde se establece que las actuaciones tributarias podrán
notificarse personal o electrónicamente a la última dirección electrónica informada
por el contribuyente en el Registro Único Tributario -RUT.
Afirmó que, mediante la Resolución RDC-2022-00245 del 23 de mayo de 2022, se
resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación oficial,
decisión notificada el 24 de mayo de 2022, a la dirección electrónica obrante dentro
del expediente, esto es al correo: dfinanciero@fedsalud.com, conforme lo
establecen los artículos 65, 566-1 563 y 564 del Estatuto Tributario.
Mencionó que es un hecho probado que el 24 de mayo de 2022 se notificó en debida
forma el acto que puso fin a la actuación administrativa, por lo que no le asistía razón
al demandante argumentar que, según el artículo 556-1 del ET, los términos
empezaban a correr transcurridos 5 días a partir de la entrega del correo electrónico,
pues dicha disposición señala que esto aplica para recurrir el acto en sede
administrativa y no en sede judicial, para lo cual resulta aplicable las disposiciones
del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 que señala el término en que debe
interponerse la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
1.2.2. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio2.
1.3 Sentencia de primera instancia3
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del 28
de septiembre de 2023 negó el amparo deprecado al considerar que no se configuró
el defecto sustantivo endilgado, pues la providencia cuestionada está debidamente
motivada y justificada y se ajusta a las reglas normativas que regulan el fenómeno
de la caducidad, razón por la cual la autoridad judicial demandada adoptó la decisión
correcta en ejercicio de la autonomía e independencia que le asiste.
1.4. Escrito de impugnación4
El Sindicato de Profesiones y Oficios de la Salud – DAR-SER impugnó la decisión
del a quo, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
2. Consideraciones
2 Mediante auto del 5 de septiembre de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar
al Tribunal Administrativo de Antioquia y al Consejo de Estado, Sección Cuarta.
3 Ver índice 19 de SAMAI
4 Ver índice 23 y 25 de SAMAI
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En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20005 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20196, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2.2. Cuestión previa
Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionan las decisiones
proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones
son similares respecto a una y otra.
Por lo anterior y en atención a que la providencia del 29 de noviembre de 2022,
proferida en primera instancia fue apelada y el Consejo de Estado desató el recurso
a través de providencia del 29 de junio de 2023, en el sentido de confirmar lo
resuelto por el a quo, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo
respecto a esta última, en razón a que fue la que puso fin al proceso.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado7 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.8 Al respecto señaló lo
siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
5 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
6 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]»
(Se resalta).
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,9 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,11 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales.12
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
11 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3.1. Procedencia de la solicitud de tutela contra autos interlocutorios.
Para determinar la procedencia de la solicitud de tutela contra providencia judicial,
debe tenerse en cuenta que dicho término hace referencia al medio a través del cual
los jueces y magistrados emiten sus pronunciamientos en cualquier proceso judicial,
las cuales, a su vez, se clasifican en sentencias o fallos y autos, y estos últimos
pueden ser interlocutorios o de trámite, tal y como lo consideró la Corte
Constitucional en Auto 230 de 200113, en los siguientes términos:
«[…] Los autos que se pueden proferir dentro de un proceso se dividen a su vez en autos
de trámite que buscan darle curso al proceso sin que se decida nada de fondo, dentro
de los cuales se encuentra el de admisión de la demanda o el que decreta pruebas y
autos interlocutorios que contienen decisiones o resoluciones y no meras órdenes de
trámite, como el que rechaza la demanda. […]»
Lo anterior resulta importante, toda vez, que por regla general las decisiones
adoptadas mediante autos deben ser controvertidas a través de los recursos que la
normatividad procesal disponga, según sea el caso. Por ello, la solicitud de tutela
respecto de estas providencias solo procederá:
«[…] i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial.
Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos
para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando
fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de que existen otros
medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados;
o iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio
irremediable.[16] En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los
requisitos generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que
han sido fijados por esta Corporación […]».14
13
Magistrado Ponente Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
14 T-343 de 2012. Sentencia en la cual la Corte Constitucional también recordó: “La primera
oportunidad en la que la Corte admitió una tutela contra un auto fue en la sentencia T-224 de
1992[17]. En esta sentencia, la Corte consideró que el contenido y alcance de un auto interlocutorio
pueden vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales de las partes. En estos casos, los
afectados deben acudir a los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento contra la respectiva
providencia; sin embargo, si la lesión de los derechos persiste, la Corporación indicó que es posible
acudir a la acción de tutela.
Posteriormente, en las sentencias T-025 de 1997[18], T-1047 de 2003[19] y T-489 de 2006[20],
aunque la Corte no concedió la tutela en sede de revisión, admitió la procedencia de la tutela contra
autos interlocutorios; en el primer caso, contra un auto del Consejo de Estado que denegó una
solicitud de nulidad del tutelante en un proceso de reparación directa; en el segundo caso, contra un
auto que negó la libertad provisional solicitada por un recluso; y en el tercer caso, contra un auto que
en sede de apelación revocó otro auto que había decretado la nulidad de todo lo actuado por indebida
notificación dentro de un proceso ejecutivo.”
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En igual sentido, debe tenerse en cuenta que el auto interlocutorio censurado impida
el acceso a la administración de justicia y amenace o vulnere el derecho a la tutela
judicial efectiva de la parte demandante, sin que existan medios judiciales de
defensa en el marco del respectivo proceso judicial, dicho ello, es procedente el
estudio de fondo del presente asunto, en la medida en que se trata de la providencia
por medio de la cual se rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la
caducidad.
2.4. Problema jurídico
La Sala deberá definir si: ¿El Consejo de Estado, Sección Cuarta, vulneró los
derechos fundamentales del sindicato de Profesiones y Oficios de la Salud – DAR-
SER con ocasión de la providencia del 29 de junio de 2023, que confirmó la decisión
judicial de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, con la que incurrió, presuntamente, en
defecto sustantivo?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Defecto sustantivo o material
En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte Constitucional
ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión que desborda
del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma evidentemente
inaplicable al caso concreto15. En su jurisprudencia, la corporación ha resaltado que
este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces gozan de
autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas jurídicas, esta
no es una facultad absoluta16, para lo cual precisó que los límites se encuentran en
el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y garantías que
identifican al actual Estado Social de Derecho.
El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
15 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
16 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018
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partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se torna
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación sistémica
de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso.
A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales17.
2.5.3. Sobre el caso concreto
El sindicato de Profesiones y Oficios de la Salud – DAR-SER acudió al juez de tutela
con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se
dejara sin efecto la providencia proferida el 29 de junio de 2023 por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, en cuanto confirmó la decisión de primera instancia de
rechazar la demanda por operar el fenómeno de caducidad.
Lo anterior, según se insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la
referida decisión judicial incurrió en defecto sustantivo por errónea interpretación de
lo dispuesto en los artículos 566 del Estatuto Tributario y 164 de la Ley 1437 de
2011, debido a que el término de caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho se debió contabilizar desde la ejecutoria de la
Resolución RDC-2022-00245 que resolvió el recurso de reconsideración en el
sentido de confirmar la sanción.
Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por la parte
demandante, esta Sala de decisión encuentra razonable la conclusión a la que
arribó la corporación judicial demandada, pues se advierte que, luego de estudiar lo
dispuesto en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario, concluyó que el derecho de
acción se debía contabilizar a partir del día siguiente al de la notificación del acto
administrativo -Resolución -2022-00245- es decir, el 24 de mayo de 2022, motivo
por el cual este empezó a correr el 25 del mismo mes - día hábil siguiente - y feneció
el 25 de septiembre de 2022, no obstante, como la demanda se presentó el día 30
siguiente, era inequívoco concluir que el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho había caducado.
En este punto, se recuerda que la norma en cita prevé que «[l]a notificación electrónica
se entenderá surtida para todos los efectos legales, en la fecha del envío del acto
administrativo en el correo electrónico autorizado», diferente es, el termino de 5 días
que se cuentan a partir de la entrega del correo electrónico, pero para efectos que
17 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018
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«el contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su apoderado para
responder o impugnar en sede administrativa» no judicial, como mal lo entiende la parte
demandante.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan
la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala confirmará la decisión
del a quo de negar el amparo de los derechos fundamentales del Sindicato de
Profesiones y Oficios de la Salud – DAR-SER, en la solicitud de tutela presentada
en contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta, y otro.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confírmese la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual se negó el
amparo de los derechos fundamentales del Sindicato de Profesiones y Oficios de la
Salud – DAR-SER, en la solicitud de tutela presentada en contra del Consejo de
Estado, Sección Cuarta, y el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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SER.
Tercero. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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