Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04089-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04089-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04089-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
25 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202304089-01
Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
Demandados: Tribunal Administrativo del Tolima y otro1
Tema: Defecto procedimental absoluto/alcance
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Debido proceso
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 17 de octubre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04089-01
Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, porque, a su juicio, al proferir el auto
de 18 de agosto de 2020, en el incidente de desacato adelantado en el proceso de
la acción de tutela identificado con el número único de radicación 73001-33-33-
003-2020-00084-00, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, “[…] el señor John Alejandro Durán García como representante de
la Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y
Carcelario Colombiano – UTP- Seccional Ibagué, y como agente oficioso de la
Población Privada de la Libertad, recluidos en el Complejo Penitenciario y
Carcelario de Ibagué –COIBA- interpone acción de tutela en contra del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-; Positiva Compañía de Seguros S.A.;
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC-; Alcaldía Municipal de
Ibagué y Ministerio de Justicia […]”.
4. Señaló que, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué,
mediante providencia de 13 de mayo de 2020, amparó los derechos fundamentales
de los accionantes y resolvió “[…] Ordenar al Director General de la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, que suministre a la PPL del
Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué COIBA - si no lo hubiere hecho, todos
los elementos de higiene personal, como jabón líquido, alcohol glicerinado, toallas
desechables y demás que se considere pertinentes por las autoridades sanitarias,
además de realizar una constante limpieza y desinfección a todas las área comunes
del complejo y si es necesario productos desinfectantes para que la PPL realice una
limpieza constante de todas las superficies de uso habitual […]”.
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
5. Manifestó que, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué,
mediante auto de 23 de julio de 2020, dio apertura al incidente de desacato
presentado en su contra por el incumplimiento de la sentencia mencionada supra.
6. Expuso que, el Juzgado, mediante auto de 18 de agosto de 2020, resolvió
declarar probados los hechos objeto del incidente de desacato y sancionó a los
accionados.
7. Indicó que, el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto de 5 de
octubre de 2020, en grado jurisdiccional de consulta, resolvió:
“[…] PRIMERO: MODIFÍQUESE la decisión proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Ibagué el 18 de agosto del año que avanza, en el sentido de reducir
la sanción pecuniaria al señor JAVIER AUGUSTO SARMIENTO, Director General de
la USPEC a multa equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente a favor del
Tesoro Nacional – Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en la cuenta de DTN-MULTAS Y CAUCIONES efectivas del
banco Agrario de Colombia S.A No. 3-082-00-00640-8, cuyo valor deberá depositar
de su propio peculio dentro de los tres días siguientes a la fecha de la ejecutoria de
esta providencia. […]”.
8. Sostuvo que, “[…] Al solicitar el certificado de tradición del inmueble No.
Matrícula Inmobiliaria […] de mi propiedad ubicado en el municipio de Barichara-
Santander, observo que el dia 26-05-2023, se radicó por parte de la Seccional de
Administración Judicial de Ibagué, una medida cautelar- embargo por jurisdicción
coactiva radicado 730011290-2021-00083-00. Esta medida fue adoptada como
resultado de la vulneración al debido proceso por indebida notificación del incidente
de tutela antes referido y que conllevó a que adoptaran medidas restrictivas en mi
predio […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Que se ampare mi derecho constitucional al debido proceso, derecho a la
defensa y contradicción y por ende se declare la nulidad del auto de fecha 23 de julio
de 2020, en virtud de lo previsto en el numeral 8 del artículo 133 del Código General
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
del Proceso, aplicable en esta clase de eventos por expresa remisión del art 4 del
Decreto 306 de 1992, el cual dio lugar al incidente de desacato y se me dé la
oportunidad de ejercer mi derecho a la defensa y contradicción dentro del trámite del
mismo. […]”.
10. Como fundamento de su solicitud, el actor consideró lo siguiente:
“[…] De manera que, tratándose de un trámite incidental de desacato, no es
admisible únicamente la notificación por estado electrónico, en la medida que la
notificación de las providencias debe hacerse de manera personal al correo
electrónico y para que esta sea válida, no es suficiente con que se envíe al buzón
institucional de la entidad, siendo necesario que, la misma sea remitida al correo
electrónico personal institucional, privado o de forma presencial del servidor público,
so pena, de realizar una indebida notificación del incidente de desacato.
En el presente caso, revisado el trámite dado al incidente de desacato, se evidencia
que existió, desde la apertura del mismo, una indebida notificación, lo que afectó, mi
derecho a la defensa y a la contradicción por cuanto el auto que dio apertura al
incidente de desacato, el (sic), así como la providencia que impuso la sanción por
desacato, fueron notificadas a través del buzón judicial de la entidad.
En el trámite del desacato, al tratarse del ejercicio del poder sancionatorio en el que
deben garantizarse los derechos del debido proceso y de defensa del sancionado,
la notificación de las providencias que en el trámite de este se profieran deben
efectuarse de manera personal, mediante correo electrónico idóneo, en la medida
que dicha notificación garantiza, con mayor efectividad, el ejercicio de los derechos
mencionados de los cuales es titular el sancionado […]”.
Actuación
11. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto de 3 de agosto de 2023: i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué;
iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, al Tribunal Administrativo del
Tolima, a la Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema
Penitenciario y Carcelario Colombiano –UTP- Seccional Ibagué, al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, al Complejo Carcelario y Penitenciario de
Ibagué –COIBA, a Positiva Compañía de Seguros S.A, a la Alcaldía Municipal de
Ibagué – Secretaría de Salud de Ibagué, al Ministerio de Justicia y del Derecho y
al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, concediéndoles el término de
dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular; y iv) negó la medida
provisional solicitada por el actor.
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
12. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué solicitó declarar
improcedente la acción de tutela, al considerar que:
“[…] Se destaca que ni el hoy accionante, ni la entidad para la cual fungía como
director encargado, informaron dirección electrónica diferente para el envío de
notificaciones; sin embargo, frente a cada uno de los requerimientos efectuados por
el Despacho siempre se ejerció el derecho de defensa y contradicción y se ratificó
que la dirección de notificaciones era aquella a la que se estaban enviando los
correos electrónicos por parte de las secretarías de este Juzgado y del Tribunal
Administrativo del Tolima .
Es importante destacar que hasta la fecha no se ha presentado ningún incidente de
nulidad por parte del hoy accionante, sino que, cual si se tratara de una tercera
instancia, decidió acudir directamente a la acción de tutela, obviando que es al
interior del proceso que en ella menciona y en el que se tomaron las decisiones y se
hicieron los trámites de notificación que le generan inconformidad por presuntamente
haber vulnerado sus derechos fundamentales, que debe pedir la corrección procesal
de las actuaciones que considera están viciadas de nulidad. Incluso, estando en
trámite un proceso de cobro coactivo, dentro del mismo puede plantear tales
argumentos de defensa […]”.
13. El Tribunal Administrativo del Tolima manifestó que no se vulneraron los
derechos fundamentales del actor, para tal efecto, expuso lo siguiente:
“[…] Así las cosas, como quiera que el incidentado se vinculó formalmente al trámite
incidental del proceso de la referencia, al rendir informe de las actuaciones
adelantadas para dar cumplimiento al fallo de tutela, adjuntado pruebas, expresando
los fundamentos de derecho y las direcciones para notificaciones; por lo cual es
evidente que hizo uso de su derecho fundamental de defensa y de contradicción;
saneando así cualquier vicio o irregularidad que se hubiere podido presentar en la
actuación procesal.
Por lo anterior, considera este Tribunal que al incidentado se le han otorgado las
garantías procesales y constitucionales; no se le ha violado el derecho fundamental
al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de
Colombia; y con su actuación al interior del trámite incidental, se saneó el hipotético
vicio en el que se pudo haber incurrido; por lo que, al contrastar la situación fáctica y
jurídica del asunto en cuestión, no se encuentran razones para declarar la nulidad
implorada. […]”.
14. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó su desvinculación, al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, por las siguientes
razones:
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
“[…] En concordancia con lo planteado, se advierte que el Ministerio de Justicia y del
Derecho, ejerciendo la dirección sectorial del sistema penitenciario y carcelario, no ha
realizado acción u omisión alguna que genere violación de los derechos que
pretenden ser tutelados. En este sentido, se precisa que el Ministerio carece de
competencia sobre los asuntos objeto de la acción, en razón a que no tiene poder
coercitivo para exigir al Juez que realice las notificaciones judiciales a los correos
personales y de realizar esta actuación, claramente desbordaría los límites
constitucionales y legales a su cargo. Este requisito adquiere especial relevancia en
atención a que, por disposición constitucional, los servidores públicos están
facultados solamente para cumplir aquellas funciones que estén expresamente
contempladas en la Constitución y la ley. […]”.
15. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC solicitó su
desvinculación, al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, por
las siguientes razones:
“[…] 1. La Dirección General del INPEC no ha violado, no está violando ni amenaza
violar los derechos fundamentales del señor JAVIER AUGUSTO SARMIENTO
OLARTE.
2. No es el INPEC el encargado de dar solución a lo planteado por el accionante, sino
el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ. […]”.
16. Positiva Compañía de Seguros S.A., solicitó i) declarar improcedente la
solicitud de amparo; y ii) su desvinculación, al considerar que carece de legitimación
en la causa por pasiva. Para tal efecto, señaló lo siguiente:
“[… ] En el presente caso el accionante no acredita ningún tipo de vulneración ni
amenaza a sus derechos fundamentales por lo tanto el amparo solicitado debe ser
considerado improcedente, teniendo en cuenta que al señor Sarmiento Olarte le fue
respetado el derecho al DEBIDO PROCESO y que la acción de tutela no es un
mecanismo para debatir fallos proferidos por los jueces de la República que por
demás se encuentran en FIRME, en este sentido es absolutamente claro que la
acción de tutela fue diseñada como un mecanismo de protección de los derechos
fundamentales y no como una tercera instancia para cuestionar los fallos proferidos
en la jurisdicción ordinaria. […]”.
[… ]
“[…] De conformidad con el análisis de la pretensión de esta Tutela, no se evidencia
que nuestra entidad tenga que atender alguna pretensión al respecto; por lo tanto,
en este caso NO estamos legitimados por pasiva para actuar ya que no somos
quienes debamos responder por la presunta vulneración de derechos ya que el
accionante no reporta ninguna enfermedad no accidente en esta administradora.
[…]”.
17. El Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 solicitó “[…]
DESVINCULAR al Consorcio PPL 2019 en liquidación del presente trámite pues el
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
mismo se encuentra IMPOSIBILITADO LEGAL, MATERIAL Y
CONTRACTUALMENTE para ordenar ni autorizar ningún servicio de salud para la
Población Privada de la Libertad a cargo del INPEC, debido que como se mencionó
anteriormente, ya no es más el administrador fiduciario de los recursos del Fondo
Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, creador por la Ley 1709
de 2014. […]”.
18. La Asociación Sindical Unitaria de Servidores Públicos del Sistema
Penitenciario y Carcelario Colombiano –UTP- Seccional Ibagué, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC; el Complejo Carcelario y
Penitenciario de Ibagué –COIBA y la Alcaldía Municipal de Ibagué – Secretaría de
Salud de Ibagué guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
La sentencia impugnada
19. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia, en primera instancia, el 17 de octubre de 2023, por medio de la cual
resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. - NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor Javier Augusto
Sarmientos Olarte; contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué
y el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia. […]”.
19.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] De acuerdo con lo expuesto, se observa que dentro del incidente de desacato
identificado bajo el radicado número 73001-33-33-003-2020-00084-00, el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, profirió diferentes providencias y a
efectos de garantizar los derechos de defensa y contradicción de los involucrados,
fueron notificadas a sus correos electrónicos, entre estos al de la entidad acusada
de incurrir en desacato, esto es, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
–USPEC a la dirección electrónica buzonjudicial@uspec.gov.co. […]”.
[…]
“[…] Así mismo, se encuentra acreditado que en ejercicio de los derechos de defensa
y contradicción, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, a
través del Coordinador del grupo de acciones constitucionales, conceptos y control
de legalidad, rindió los respectivos informes a cada uno de los requerimientos
efectuados por la autoridad judicial; es decir que, contrario a lo afirmado por el
accionante, él, dentro del trámite incidental, en calidad de director de la USPEC, tuvo
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
conocimiento de las decisiones adoptadas, pues en diferentes oportunidades, a
través del grupo jurídico, se pronunció con relación de las gestiones adelantadas a
efectos de dar cumplimiento a la orden impartida en el fallo de tutela de 13 de mayo
de 2020. […]”.
[…]
“[…] Es decir que en ningún momento se autorizó la remisión de las notificaciones a
otra dirección electrónica; por lo que en caso de que el aquí accionante, en su
momento en calidad de director de la USPEC, advirtiera que dentro del proceso de
incidente de desacato las providencias no fueron notificadas en debida forma, se
encontraba facultado para poner en conocimiento de la autoridad judicial accionada
la posible configuración de la causal de nulidad consagrada en el numeral 8 artículo
133 del CGP, para los efectos previstos en el artículo 137 ibídem.
Por otra parte se debe advertir que en cuanto a los argumentos aludidos por el
accionante encaminados en afirmar que las providencias emitidas dentro del proceso
de incidente de desacato debían ser notificadas a su correo personal o institucional,
es dable indicar que las entidades públicas deben contar con un buzón de correo
electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales, en consecuencia, tanto en
el trámite de la acción de tutela, como en el incidente de desacato, las respectivas
notificaciones se debían enviar a la dirección electrónica de la entidad, pues como
se precisó en líneas anteriores, el incidente de desacato tiene por objeto garantizar
el cumplimiento de las órdenes impartidas por el juez constitucional por parte de la
autoridad a quien se impuso la carga. […]”.
[…]
“[…] En ese contexto, no puede el actor endilgar responsabilidad a las autoridades
judiciales, alegando en su favor una indebida notificación, cuando es claro que el
llamado a responder por el cumplimiento de las órdenes dadas con ocasión del
amparo estuvo plenamente identificado durante el incidente y ejerció su derecho de
defensa y contradicción mediante las contestaciones y memoriales que en su
nombre dieron y presentaron los funcionarios delegados para el efecto; de suerte
que no es posible inferir que tales funcionarios actuaran por su cuenta, sin que el
director de la Unidad estuviese al tanto de sus acciones, por lo que era del resorte
de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios comunicarle en forma
expedita lo decidido por el Juzgado. […]”.
[…]
“[…] Por lo tanto, si bien para la fecha de expedición del auto de 5 de octubre de
2020, por medio del que el Tribunal Administrativo de Tolima, estudió la legalidad de
la sanción mediante el grado jurisdiccional de consulta, el señor Javier Augusto
Sarmiento Olarte ya no fungía como Director de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, toda vez que mediante Decreto 1159 de 24 de agosto
de 2020, fue encargado como Ministro de Justicia y del Derecho; tal circunstancia
no constituyó impedimento alguno para que el servidor en su momento, en calidad
de director de la referida entidad y en ejercicio de sus funciones adoptara, las
medidas necesarias para el cumplimiento de las ordenes (sic) de la sentencia de
tutela; pues como quedó acreditado, en líneas anteriores, el aquí accionante, quien
era responsable de acatar las disposiciones del fallo de tutela, se encontraba
debidamente vinculado al proceso de incidente de desacato. […]”.
[…]
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
“[…] Así las cosas, se debe señalar que los argumentos alegados por el accionante
en el escrito de tutela, demuestran su inconformidad con las actuaciones
adelantadas por las autoridades judiciales accionadas, sin acreditar las
irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente incurrió; por tal
razón, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite incidental, con el único propósito de
obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses. […]”.
La impugnación
20. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado por las siguientes razones:
“[…] Las razones que fundamentan la impugnación no fueron objeto de análisis
dentro del fallo, esto con total desconocimiento del trámite de la acción de tutela y el
incidente de desacato, las mismas no rememoran la situación fáctica y los
argumentos expuestos en el escrito, donde se insistió en que no fui vinculado en
debida forma al incidente de desacato, siendo éste un requisito necesario e
imprescindible dentro del trámite incidental (mi vinculación en forma personal en
garantía del debido proceso). […]”.
[…]
“[…] El Consejo de Estado- Sección Segunda Subsección B. se limitó a verificar el
envío de las notificaciones solamente al buzón institucional de la USPEC, lo cual fue
suficientemente señalado en mi escrito y que no ha sido objeto de discusión y es que
precisamente en eso consistió la vulneración de mis derechos, lo que se constituye
en el objeto básico de la acción de tutela impetrada, que se notificó el incidente al
buzón de la USPEC, minimizando así mis derechos fundamentales como el derecho
de defensa y al debido proceso los cuales debía proteger el fallador, pues se
encuentra demostrado que no fui debidamente vinculado al trámite incidental de
desacato.
El Consejo de Estado no se detuvo a analizar y realizar la verificación que al haberme
iniciado incidente de desacato, debieron solicitar ante la Oficina Juridica (sic) de la
USPEC, los datos de mi correo personal, o mi correo institucional y por ende se
inobservó este deber; no se percataron de la necesidad de vincular a JAVIER
AUGUSTO SARMIENTO OLARTE.
Por ello, que el fallador insista en una apariencia de debida notificación, al haber
notificado a un buzón de notificaciones judiciales, no hace sino recalcar el error de
apreciación en que incurre la decisión proferida, puesto que no es la entidad, en este
caso la USPEC, la llamada a atender las consecuencias del desacato, bien sea multa
o arresto, sino que las mismas se hacen efectivas es a JAVIER AUGUSTO
SARMIENTO OLARTE, de manera subjetiva […]”.
[…]
“[…] El medio más expedito para mí dentro del trámite incidental era que se
garantizara la notificación personal, y no trasladarme una carga que no tengo el
deber de soportar, cuando la decisión de la tutela fue proferida el 13 de mayo de
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2020, fecha para la cual me desempeñaba como Viceministro de Politica (sic)
Criminal en el Ministerio de Justicia y no había sido encargado como Director de la
USPEC ya que el mismo se surtió fue el 29 de mayo de 2020. Por tanto no podía
conocer de manera directa ni indirecta de la orden del juez constitucional, porque
aún no me encontraba bajo esa figura administrativa de encargo. […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
21. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 2, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20213 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20194, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
22. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
23. Advierte la Sala que, si bien la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por el Ministerio de Justicia y del
Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Positiva
Compañía de Seguros S.A. y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019,
no fue objeto de pronunciamiento por parte del a quo en el trámite de la primera
instancia, esta Sala entrará a realizar el respectivo análisis.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
3 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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24. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
25. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20065, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[6].
(Negrilla fuera de texto).
5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
6 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
26. La Sala advierte que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Positiva Compañía de Seguros S.A. y
el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019 solicitaron su desvinculación
de la solicitud de amparo, al considerar que carecen de legitimación en la causa por
pasiva.
27. Al respecto, es preciso indicar que el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, Positiva Compañía de
Seguros S.A. y el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, fueron
vinculados al proceso de tutela de la referencia como terceros con interés, en la
medida en que obraron como accionados dentro de la acción de tutela dentro de la
cual el actor cuestiona el trámite del incidente de desacato iniciado en su contra.
28. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Ministerio de Justicia y
del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a Positiva
Compañía de Seguros S.A. y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019
les asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala profiera.
29. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto del Ministerio de Justicia y
del Derecho, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, de Positiva
Compañía de Seguros S.A. y del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019.
Problemas jurídicos
30. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04089-01
Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
acción de tutela contra providencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el
Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir el auto de 5 de octubre de 2020, y el
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, al proferir el auto de 18 de
agosto de 2020, en el incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción
de tutela identificado con el número único de radicación 73001-33-33-003-2020-
00084-00, incurrieron en un defecto procedimental absoluto por indebida
notificación, vulnerando el derecho fundamental del actor al debido proceso.
31. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) sobre la procedencia de
la acción de tutela contra decisiones proferidas dentro del trámite incidental de
desacato; iv) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad en el
caso concreto; v) el defecto procedimental absoluto; vi) marco normativo y
jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vii) análisis del caso
concreto; y finalmente viii) las conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
32. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-04089-01
Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
33. Esta Sección8 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
34. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
35. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590
de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”9.
36. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material
o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
37. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,
C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
9Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos
parámetros.
38. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
39. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
Sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones proferidas
dentro del trámite incidental de desacato
40. La Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 627 de 1.°
de octubre de 201512, fijó una excepción a la regla jurisprudencial de la acción de
tutela contra providencias judiciales, para el efecto, fijó una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela, o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.
41. Respecto a la actuación posterior a la sentencia, en dicho caso, de una tutela,
la Corte Constitucional analizó la posibilidad de que mediante tutela se cuestionen
decisiones proferidas dentro del trámite incidental de desacato. Sobre este evento,
señaló:
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional
[…]”13.
42. Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia de unificación SU – 034
de 3 de mayo de 201814, profundizó sobre los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra las providencias proferidas dentro de los trámites
incidentales de desacato. En ese sentido, reiteró que debían cumplirse los
requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, y exigió
que el actor alegara la configuración de, por lo menos, uno de los defectos
especiales.
43. De igual forma, precisó que, a fin de cumplir con el requisito de subsidiariedad,
la tutela sólo podría interponerse contra la decisión que pone fin al trámite una vez
esté debidamente ejecutoriada. Por ende, si se intentara cuestionar otra decisión
diferente a la que finaliza el trámite la acción de tutela no procedería, ya que el
ordenamiento jurídico consagra el grado jurisdiccional de consulta como “[…] la
instancia obligatoria donde la sanción por desacato cobra firmeza […]”.
44. Igualmente, enfatizó que los argumentos planteados en la tutela deben ser
consistentes con lo alegado en el trámite del incidente de desacato. Por ende,
indicó que no se admite invocar nuevos argumentos no expuestos en el trámite
incidental, y que tampoco procede la solicitud de nuevas pruebas no solicitadas en
el curso del desacato.
45. En lo que respecta al estudio de fondo, precisó que el análisis del juez de tutela
está restringido a estudiar si en el curso del desacato la autoridad judicial vulneró
el derecho al debido proceso.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.
Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU – 034 de 3 de mayo de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. Referencia:
Expediente T-6.017.539.
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46. Asimismo, la Corte Constitucional al estudiar la procedencia de la modificación
de la orden contra la providencia que da origen al trámite incidental consideró que
el juez “[…] no puede revisar, cuestionar y/o modificar la decisión de tutela, el
alcance o contenido sustancial de las órdenes impartidas por el juez de la tutela
primigenia –salvo que aquella sea de imposible cumplimiento o ineficaz para
garantizar la efectividad del derecho fundamental amparado–, pues se trata de un
debate que ya fue zanjado, de suerte que en el ejercicio de sus atribuciones ha de
ceñirse al trámite incidental objeto de estudio […]”.
47. En ese orden de ideas, se advierte que la procedencia de la acción de tutela
contra las providencias proferidas en los trámites incidentales de desacato está
sujeta a que: i) se controvierta la decisión que finaliza el trámite, ii) que no se
aleguen nuevos argumentos o pruebas que no hicieron parte del desacato, iii) que
además de comprobarse el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales se sustente la configuración
de un defecto especial, iv) que se busque la protección del debido proceso y que
su trasgresión se haya originado en el curso del desacato y, que iv) la decisión no
puede cuestionar o modificar la decisión, el alcance o contenido sustancial de la
orden impartida en este caso por el juez de la acción de cumplimiento primigenia.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
48. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.
49. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:
49.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración del derecho fundamental del actor
al debido proceso.
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49.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación
del derecho fundamental invocado supra y, además, ii) el actor cumplió con la carga
argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales las autoridades
judiciales accionadas incurrieron en un defecto procedimental absoluto, el cual, a
su juicio, le impidió ejercer su derecho de defensa dentro del respectivo incidente
de desacato.
49.3. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica,
toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal
de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales15, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta próspera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales16.
49.4. Cumplió con el requisito general de inmediatez17.
49.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección del derecho
fundamental invocado18.
15 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá
el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de
2017, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00725-00.
17 Puesto que: i) el actor adujo la configuración de un defecto procedimental absoluto por indebida notificación
del incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de
radicación 73001-33-33-003-2020-00084-00; ii) el actor sostuvo que, “[…] Al solicitar el certificado de tradición
del inmueble No. Matricula Inmobiliaria […] de mi propiedad ubicado en el municipio de Barichara- Santander,
observo que el dia 26-05-2023, se radicó por parte de la Seccional de Administración Judicial de Ibagué, una
medida cautelar- embargo por jurisdicción coactiva radicado 730011290-2021-00083-00. Esta medida fue
adoptada como resultado de la vulneración al debido proceso por indebida notificación del incidente de tutela
antes referido y que conllevó a que adoptaran medidas restrictivas en mi predio […]”; iii) la fecha del certificado
de tradición al que hace referencia el actor es 24 de julio de 2023.
18 La Sala precisa que, la procedencia de la acción de tutela contra las providencias proferidas en los trámites
incidentales de desacato está sujeta a que se controvierta la decisión que finaliza el trámite, como en efecto
sucede en el caso objeto de estudio, en el que el actor insiste en la configuración de un defecto procedimental
19
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
49.6. El actor identificó los hechos y el derecho cuya vulneración alega; y
49.7. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
El defecto procedimental como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales
50. Frente al defecto procedimental la Corte Constitucional ha establecido que
existen dos clases, a saber: i) defecto procedimental absoluto y ii) exceso ritual
manifiesto. En sentencia SU-159 de 2002 la Alta Corporación consideró que el
defecto procedimental se configura cuando “[…] el juez se desvía por completo del
procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones […]” y
actúa “[…] en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad […]”. Asimismo,
señala que el proceso está viciado cuando “[…] se pretermiten eventos o etapas
señaladas en la ley para asegurar el ejercicio de todas las garantías que se le
reconocen a los sujetos procesales de forma tal que, por ejemplo, (i.) puedan ejercer
el derecho a una defensa técnica, que supone la posibilidad de contar con la
asesoría de un abogado –en los eventos en los que sea necesario -, ejercer el
derecho de contradicción y presentar y solicitar las pruebas que considere
pertinentes para sustentar su posición; (ii.) se les comunique de la iniciación del
proceso y se permita su participación en el mismo y (iii.) se les notifiquen todas las
providencias proferidas por el juez, que de acuerdo con la ley, deben serles
notificadas […]”19.
51. De igual manera, la Alta Corte, en sentencia T-204/15, consideró20:
“[…] El defecto procedimental absoluto ha sido definido por la Corte Constitucional
como el vicio que se configura cuando el juez se aparta completamente del
procedimiento establecido por las normas jurídicas, ocasionando una vulneración
del derecho fundamental al debido proceso. Tal como lo ha reseñado la
jurisprudencia constitucional, la razón de ser de la consagración de esta causal de
procedibilidad contra sentencias judiciales está relacionada con la protección de
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, que sujetan al juez a los procedimientos previamente establecidos, en
virtud del principio de legalidad.
absoluto por indebida notificación del incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de radicación 73001-33-33-003-2020-00084-00.
19Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 20 de abril de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
20
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
De esta manera, en aquellos casos en que un juez resuelve, en forma arbitraria,
desconocer los procedimientos y las formas establecidas para el desarrollo de los
juicios, vulnera no sólo los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, relacionados con los derechos a la defensa y
contradicción que le asiste a las partes en el marco de un proceso judicial o de un
procedimiento activo. En realidad, con esta omisión, el juez natural pone en peligro
la protección y efectividad de los derechos subjetivos de las partes en el referido
trámite, lo cual supone una afectación de carácter sustancial, si se tiene en cuenta
que los procedimientos están concebidos para asegurar la efectividad de dichos
derechos sustanciales […]”.
52. En conclusión a lo anterior, la Sala advierte que el defecto procedimental
absoluto se configura cuando la autoridad judicial de manera grosera y arbitraria se
desvía completamente del procedimiento establecido en la ley, lo que trae como
consecuencia la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
53. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
54. Atendiendo a que, la Corte Constitucional21 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
21 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21
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garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
55. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, porque, a su juicio, al proferir el auto
de 18 de agosto de 2020, en el incidente de desacato adelantado en el proceso de
la acción de tutela identificado con el número único de radicación 73001-33-33-
003-2020-00084-00, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
56. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
57. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
58. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
58.1. Copia digital del expediente del proceso de la acción de tutela identificada
con el número único de radicación 73001-33-33-003-2020-00084-00.
22
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
58.2. Informes rendidos por las partes, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto procedimental absoluto
59. El actor adujo que se configuró un defecto procedimental absoluto, el cual
sustentó en los siguientes términos:
“[…] Vulneración que en el presente caso se hizo efectiva, al realizar la indebida
notificación del auto por medio del cual se inicia la apertura del incidente de desacato;
esto en contravía con los preceptos legales y jurisprudenciales, afectando así mi
derecho al debido proceso, derecho de defensa y contradicción al no brindárseme la
oportunidad personal de presentar las pruebas que demostraban el cumplimiento de
la orden judicial.
Es necesario precisar señor Magistrado, que aunque dentro del trámite de la acción
de tutela, la USPEC, por intermedio de la oficina jurídica presentó sus argumentos
en relación la respuesta a la acción de tutela, de acuerdo con lo previsto en el artículo
16 del decreto 2159 de 1991, que para el caso en particular se hizo al
buzonjudicial@uspec.gov.co.; lo mismo no podía ocurrir dentro del trámite del
incidente de desacato, por cuanto éste corresponde a un juicio de responsabilidad o
proceso jurisdiccional que conlleva a una sanción, por lo que debió ser notificado a
mi correo personal institucional o a mi correo personal. […]”.
[…]
“[…] A partir de este derrotero jurisprudencial, no existe duda alguna que es
indispensable para garantizar el debido proceso y el derecho de defensa y
contradicción del investigado que las providencias dentro del trámite incidental, sean
notificadas al correo personal institucional o privado del incidentado, o su defecto,
notificar en forma presencial, caso contrario, se vulnerarían derechos de orden
fundamental, sumado a que, se configuraría la causal de nulidad contemplada en el
inciso 2 numeral 8 del artículo 133 del CGP […]”.
[…]
“[…] De ahí que, el a quo no cumplió con la exigencia de notificarme en debida forma,
configurándose así una indebida notificación de las providencias emitidas dentro del
trámite incidental, máxime cuando existió un silencio en todo el trámite por mi parte,
y claramente como se ha explicado, dicha actuación lo que se busca es precisamente
determinar la responsabilidad objetiva (verificación material del cumplimiento de la
orden) y subjetiva de la persona natural (representante legal) ante el presunto
incumplimiento de la orden dada como Director de la USPEC. […]”.
[…]
“[…] Esas garantías hacen referencia especial a lo siguiente: i) el trámite inicia con
el auto de apertura del incidente de desacato, el cual debe individualizar a la
persona responsable del cumplimiento de la orden impartida por la autoridad
judicial competente; ii) el trámite sancionatorio es personal y no institucional;
23
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
iii) se debe permitir el ejercicio de los derechos de contradicción y de defensa
de la persona respecto de la cual se inició el incidente y durante todo el trámite
procedimental; iv) las providencias que se profieran en el trámite de desacato
se deben notificar en debida forma, conforme a la ley; v) solamente se podrá
sancionar a la persona respecto de la cual se inició el incidente de desacato.
[…]”.
[…]
“[…] En el presente caso, revisado el trámite dado al incidente de desacato, se
evidencia que existió, desde la apertura del mismo, una indebida notificación, lo que
afectó, mi derecho a la defensa y a la contradicción por cuanto el auto que dio
apertura al incidente de desacato, el, así como la providencia que impuso la sanción
por desacato, fueron notificadas a través del buzón judicial de la entidad. […]”.
(Resaltado del texto original)
60. Al respecto, la Sala considera necesario remitirse a la copia digital del
incidente de desacato adelantado en el proceso de la acción de tutela identificado
con el número único de radicación 73001-33-33-003-2020-00084-00, con el fin de
determinar sí en efecto hubo una indebida notificación de las respectivas
providencias y la incidencia de dicha presunta irregularidad en el ejercicio del
derecho de defensa del actor.
61. Lo primero que la Sala advierte, de conformidad con los argumentos
expuestos en el escrito de tutela, es que el actor indicó que “[…] Al solicitar el
certificado de tradición del inmueble No. Matrícula Inmobiliaria […] de mi propiedad
ubicado en el municipio de Barichara- Santander, observo que el dia (sic) 26-05-
2023, se radicó por parte de la Seccional de Administración Judicial de Ibagué, una
medida cautelar- embargo por jurisdicción coactiva radicado 730011290-2021-
00083-00. Esta medida fue adoptada como resultado de la vulneración al debido
proceso por indebida notificación del incidente de tutela antes referido y que
conllevó a que adoptaran medidas restrictivas en mi predio […]”.
62. Del expediente digital, la Sala observa que el Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Ibagué, profirió el auto de 23 de julio de 2020, mediante el cual
resolvió “[…] Requiérase al Director General de la USPEC (E), señor JAVIER
AUGUSTO SARMIENTO OLARTE […]”, providencia que se notificó a las
siguientes direcciones electrónicas22:
22 Cfr. índice núm. 14 de SAMAI. Documento denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_A17300133330032020(.pdf) NroActua 14”. Archivo
aportado en forma digital.
24
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
63. Por otra parte, la Sala observa que el auto de apertura del incidente de
desacato proferido el 30 de julio de 2020, resolvió “[…] Abrir el incidente de desacato
formulado por Edgar Eduardo Acero Acosta contra el Director General de la
USPEC(E), señor JAVIER AUGUSTO SARMIENTO y del señor MAURICIO IREGUI
TARQUINO, quien ostenta la calidad de Gerente Consorcio Fondo de Atención en
Salud PPL2019. […]”, providencia que se notificó a las siguientes direcciones
electrónicas23:
23 Cfr. índice núm. 14 de SAMAI. Documento denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_A17300133330032020(.pdf) NroActua 14”. Archivo
aportado en forma digital.
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
64. La Sala observa que, posteriormente, el Juzgado demandado, mediante auto
de 18 de agosto de 2020, resolvió “[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADO el
desacato al fallo de tutela del 13 de mayo de 2020, emitido por este Despacho, por
parte del señor JAVIER AUGUSTO SARMIENTO, Director General de la USPEC,
de conformidad con lo considerado en precedencia. […] SANCIONAR al señor
JAVIER AUGUSTO SARMIENTO, con multa equivalente a CINCO (5) salarios
mínimos legales mensuales vigentes; los cuales deberán consignarse a órdenes de
la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA en la cuenta DTN-
MULTAS Y CAUCIONES efectivas del Banco Agrario de Colombia S.A., No. […],
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
[…]”, providencia que se notificó a las siguientes direcciones electrónicas24:
24 Cfr. índice núm. 14 de SAMAI. Documento denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_A17300133330032020(.pdf) NroActua 14”. Archivo
aportado en forma digital.
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
65. Del expediente digital, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del
Tolima, mediante auto de 5 de octubre de 2020, en grado jurisdiccional de consulta,
resolvió “[…] MODIFÍQUESE la decisión proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Ibagué el 18 de agosto del año que avanza, en el sentido de
reducir la sanción pecuniaria señor JAVIER AUGUSTO SARMIENTO, Director
General de la USPEC a multa equivalente a un (1) salario mínimo mensual vigente
a favor del Tesoro Nacional – Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, en la cuenta de DTN-MULTAS Y CAUCIONES efectivas
del banco Agrario de Colombia S.A No. […], cuyo valor deberá depositar de su
propio peculio dentro de los tres días siguientes a la fecha de la ejecutoria de esta
providencia. En lo demás se CONFIRMA la decisión materia de consulta. […]”,
providencia que se notificó a las siguientes direcciones electrónicas25:
25 Cfr. índice núm. 14 de SAMAI. Documento denominado
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_A17300133330032020(.pdf) NroActua 14”. Archivo
aportado en forma digital.
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
66. De conformidad con lo expuesto supra, en primera medida la Sala advierte
que, sobre la naturaleza del incidente de desacato, la Corte Constitucional ha
considerado que se trata de un mecanismo por medio del cual se busca persuadir
al responsable del cumplimiento de la sentencia de tutela a acatar la orden allí
impartida.
67. Al respecto, la Corte Constitucional consideró que el incidente de desacato
se erige como el ejercicio del poder disciplinario del juez de tutela, en la medida en
que, de encontrar comprobada la negligencia de la persona responsable del
cumplimiento de la sentencia, corresponde la imposición de una sanción, de ahí la
responsabilidad sea subjetiva. Esto expuso la Corte26:
“[…] Incidente de desacato y responsabilidad subjetiva
Dice el artículo 52 del decreto 2591 de 1991 que ‘La persona que incumpliere una
orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato
sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos
mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia
jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar’. Es, por
lo tanto, una sanción y por lo mismo susceptible al debido proceso […]”.
[…]
“[…] Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la
responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es
decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento
26 Corte Constitucional, sentencia T-763 de 7 de diciembre de 1998, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del
incumplimiento […].” (Resaltado por la Sala)
68. La Sala advierte que, de conformidad con las capturas de pantalla expuestas
supra, i) las comunicaciones del trámite incidental de desacato se enviaron al correo
electrónico de notificaciones judiciales de la autoridad demandada; y ii) las
comunicaciones no se remitieron al correo personal institucional del actor, quien en
su calidad de Director General de la USPEC fue a la persona contra quien se impuso
sanción en el incidente de desacato.
69. Al respecto, la Sala advierte que, esta Corporación27 ha considerado lo
siguiente:
“[…] dentro de los proceso de tutela que adelantan los jueces de la República, es
perfectamente válida la notificación por correo electrónico que se haga a través de
los correos generales de las entidades (mail de notificaciones judiciales) o, como en
el presente, al indicado en el certificado de existencia y representación legal de la
personas jurídicas que expiden las Cámaras de Comercio, pero lo mismo no se
puede predicar dentro del trámite del incidente de desacato, pues frente a este
punto, de forma reiterada esta Sección de Consejo de Estado ha explicado28 que
para que la notificación por correo electrónico tenga validez dentro de dicha
actuación, aquélla se debe hacer al correo electrónico personal institucional,
privado o de forma presencial del servidor público o particular a quien se le
adelanta tal juicio de responsabilidad objeto, esto es, la verificación material del
cumplimiento del mandato dado por el juez, y subjetivo, frente al presunto
incumplimiento de una orden constitucional, lo que se asimila al caso de marras, al
correo personal empresarial.
En vista de lo anterior, la Sala negará el amparo respecto a la pretensión de declarar
la nulidad de todo lo actuado en la acción de tutela No. 2016-00297, pues como se
dejó plasmado, la notificación al correo general válida en esta etapa; pero no ocurre
lo mismo, dentro del trámite del incidente de desacato […]”.
[…]
“[…] A partir de los anteriores derroteros normativos y jurisprudenciales, y al
revisarse el trámite que tanto el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Pereira (incidente de desacato) y el Tribunal Administrativo de Risaralda
(consulta de la sanción), este juez constitucional evidencia que no se garantizó el
debido proceso y el derecho de defensa y contradicción de la señora
STEFANNYA ZORRILLO AGREDO, representante legal de RZ
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 26 de abril de 2018,
número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03330-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
28 Cita del texto original: “Sobre el tema se pueden consultar las siguientes providencias, de esta Sala de
Decisión: Abril 12 de 2018. Consulta de Desacato No. 76001-23-33-000-2016-01609-01; actor: Álvaro Felipe
Aristizábal Bravo; C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Marzo 15 de 2018. Tutela No. 11001-03-15-000-
2018-00465-00; accionante: Fernando Pineda Solarte; C. P. Alberto Yepes Barreiro. Enero 25 de 2018. Tutela
No. 11001-03-15-000-2017-03281-00; actor: Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional (Alberto José
Mejía Ferrero); C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Mayo 25 de 2017. Tutela No. 11001-03-15-000-
2017-01037-00; demandante: Mauro Rodrigo Plata Cerón; C. P. Alberto Yepes Barreiro”.
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
CONSTRUCCIONES SAS, toda vez que nunca fue notificada de la apertura del
incidente de desacato No. 2016-00297 y de la determinación allí adoptada (sanción
de arresto de 2 días y multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes),
como en la consulta resuelta (confirmación); al correo personal empresarial o
privado, de ésta, pues siempre se realizó al general de la persona jurídica […]”.
[…]
“[…] Así pues, para la Sala tanto el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda afectaron los derechos
fundamentales al debido proceso y el derecho defensa y contradicción de la señora
ZORRILLO AGREDO, dentro del trámite del incidente de desacato No. 2016-00297-
01, por no haberla notificado a su correo empresarial personal, privado o de
forma presencial, pues en dicha actuación busca comprobar la responsabilidad
objetiva (en la verificación material del cumplimiento de la orden) y subjetiva
de la persona natural (representante legal) ante el presunto incumplimiento de
la orden dada RZ CONSTRUCCIONES SAS (persona jurídica) y, de esta manera,
se garantiza al ciudadano enjuiciado el debido proceso y el ejercicio de su derecho
de defensa y contracción, pilares del Estado Social de Derecho […]”. (Resaltado del
texto original)
70. De conformidad con lo expuesto supra, la Sala, como lo ha considerado en
casos similares29, advierte que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima incurrieron en el defecto
procedimental absoluto que indicó el actor, en la medida en que las comunicaciones
del trámite incidental de desacato no se remitieron al correo personal institucional
del actor, quien en su calidad de Director General de la USPEC fue a la persona
contra quien se impuso sanción en el incidente de desacato, por lo que no pudo
ejercer su derecho de defensa; situación que tiene incidencia en el proceso coactivo
cuestionado por el tutelante, el cual se tramitó con fundamento en lo resuelto dentro
del incidente de desacato.
71. En ese orden de ideas, la Sala i) revocará la sentencia de tutela de 17 de
octubre de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por medio de la cual negó la solicitud de amparo para, en su lugar,
conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso del actor, por
encontrarse configurado el defecto procedimental absoluto que alegó y, en
consecuencia;
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de agosto de
2023, número único de radicación 110010315000202303702-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
ii) declarará la nulidad de todo lo actuado desde la apertura del incidente de
desacato dentro del proceso identificado con el número único de radicación 73001-
33-33-003-2020-00084-00, para que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
de Ibagué rehaga el trámite notificando en debida forma al tutelante, por lo
expuesto en esta providencia.
Conclusiones de la Sala
72. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala revocará la sentencia de tutela de 17 de octubre
de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por medio de la cual negó la solicitud de amparo para, en su lugar, conceder
el amparo del derecho fundamental al debido proceso del actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario – INPEC, Positiva Compañía de Seguros S.A. y el
Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2019, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de tutela de 17 de octubre de 2023 proferida
por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para, en su
lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del actor, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DEJAR sin efectos el auto de 5 de octubre de 2020, proferido por el
Tribunal Administrativo del Tolima, y el auto de 18 de agosto de 2020, proferido por
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Ibagué, en el incidente de
desacato dentro del proceso identificado con el número único de radicación 73001-
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Actor: Javier Augusto Sarmiento Olarte
33-33-003-2020-00084-00, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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