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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04094-00

Fecha
6 de octubre de 2023
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04094-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04094-00

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

6 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)

Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04094-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección –UGPP–
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL /
SUBSIDIARIEDAD – Procedencia del recurso extraordinario de revisión /

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y el Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 27 de julio de 2023, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), a través de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Bogotá, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en
conexidad con el principio de “sostenibilidad financiera del sistema pensional”. Adujo
que tales prerrogativas fueron vulneradas por las autoridades judiciales demandadas
al proferir los fallos del 25 de enero de 2023 2 y 13 de noviembre de 2020,

1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2
Providencia notificada el 27 de enero de 2023.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04094-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección -UGPP-
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

respectivamente, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 que
inició el señor José Oswaldo Mosquera Niño contra la UGPP.

2.- La parte actora pretende que, en virtud del amparo, se ordene a las autoridades
judiciales demandadas dejar sin efectos las providencias cuestionadas y, en su lugar,
que el Tribunal profiera una sentencia de reemplazo “ajustada a derecho, esto es,
revocando el fallo del 13 de noviembre de 2020 dictado por el JUZGADO
DIECISEIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTA (…)”4. De no prosperar esa pretensión, solicitó de manera subsidiaria que
se amparen transitoriamente sus derechos fundamentales y “se SUSPENDA de
manera transitoria los fallos del 13 de noviembre de 2020 y del 25 de enero de 2023
emitido dentro del proceso contencioso administrativo No. 11001-33-35-0 16-2017-
0359-00, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría
en virtud de su orden tutelar (…)5”.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- En Resolución RDP 038274 del 18 de diciembre de 2014, la UGPP negó la
solicitud formulada por José Oswaldo Mosquera Niño para el reconocimiento y pago
de su pensión de vejez de conformidad con el régimen pensional especial previsto
en el Decreto 546 de 1971 para los empleados de la Rama Judicial. Para tal efecto,
consideró que el peticionario no acreditó un tiempo laborado de 20 años continuos o
discontinuos al servicio del Estado. La anterior decisión fue confirmada en las
Resoluciones RDP 008255 del 2 de marzo de 2015 y RDP 012973 del 1 de abril de
2015, que resolvieron el recurso de reposición y apelación, respectivamente.

5.- Mediante Resolución RDP 041710 del 2 de noviembre de 2016 se negó
nuevamente el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, ya que el señor
Mosquera Niño no cumplía con los requisitos previstos en los regímenes de las Leyes
71 de 1988, 33 de 1985 y 797 de 2003.

6.- En desacuerdo con lo anterior, el señor Mosquera Niño presentó demanda en
contra de la UGPP con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución RDP
041710 del 2 de noviembre de 2016. A título de restablecimiento del derecho, solicitó
que se reconocieran las pretensiones elevadas ante la entidad demandada.

7.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Juzgado
Dieciséis Administrativo de Bogotá. Ese despacho, mediante sentencia del 13 de
noviembre de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda. Estimó que aunque
el demandante no contaba con más de los 20 años de servicios públicos que exige
el Decreto 546 de 1971, advirtió que el accionante es una persona vulnerable con

3
Identificado con número de radicado 11001-33-35-016-2017-00359-01.
4
Expediente digital, folio 37 del escrito de tutela.
5
Expediente digital, folio 37 del escrito de tutela.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04094-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

ocasión de su edad (70 años) y condiciones de salud, que no percibe ingresos para
su subsistencia. Por lo anterior, el Juzgado aplicó el régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues el demandante cumplía las condiciones
previstas en esa norma, y reconoció la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 049
de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990. Indicó que dicho régimen es aplicable
al asunto, independientemente a qué fondo o caja de previsión social se hubiere
cotizado a pensión, “en aras de la prevalencia del derecho sustancia sobre las
formalidades, el principio de favorabilidad en materia pensional y el principio pro
homine”.

8.- Inconforme con la decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación. Expuso
que la sentencia del Juzgado es incongruente, porque el régimen previsto en el
Decreto 758 de 1990 no fue alegado ni solicitado en la demanda. Por esa razón, la
entidad no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre ese argumento en sede
gubernativa ni judicial.

9.- La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través del fallo del 10 de mayo de 2023, confirmó parcialmente la
decisión recurrida. Precisó que, aun cuando los argumentos expuestos por el
Juzgado desconocen el principio de congruencia, “al tratarse de derechos que
componen el sistema de seguridad social, aquel principio se ve degradado para
propender por no dejar a los ciudadanos desprotegidos y fuera del abrigo de
la justicia” (Resaltado dentro del texto), habida cuenta de que el señor Mosquera
Niño tenía casi 73 años. De tal modo, reconoció la pensión de vejez bajo el régimen
del Decreto 758 de 1990, pero dispuso que el ingreso base de liquidación se
liquidaría sobre el 75% del promedio de los factores sobre los cuales se hubiere
cotizado a pensión.

10.- La parte actora sostiene que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales invocados, al incurrir en :

(i) defecto sustantivo, pues aplicaron una norma que solo le regía al Seguro Social,
hoy Colpensiones, al reconocer una pensión bajo el régimen del Decreto 758 de
1990, que aprueba el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de
Invalidez, Vejez y Muerte. Además, esa disposición solo cobija a los sujetos previstos
en el artículo 1 del Acuerdo 49 de 1990, es decir: a los trabajadores que presten sus
servicios a patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje, a los
funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales-ISS o a los
pensionados por jubilación cuyas pensiones fueran compartidas con las pensiones
de vejez a cargo del ISS o asumidas totalmente por él. En suma, el régimen previsto
en el Decreto 758 de 1990 solo podía aplicarse: i) si la entidad encargada de
reconocer y pagar la prestación era el ISS, hoy Colpensiones, y ii) si el servidor
tuviere la condición de afiliado al ISS. Las anteriores condiciones, según la UGPP,
no se satisfacen en este asunto.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04094-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Sumado a lo anterior, las autoridades judiciales accionadas dejaron de aplicar los
regímenes aplicables a los empleados de la rama judicial o a los empleados públicos,
es decir, el Decreto 546 de 1971 o la Ley 33 de 1985, respectivamente. Agregó que
los regímenes del Decreto 546 de 1971 y de la Ley 33 de 1985 regulan únicamente
la pensión de jubilación, mientras que el Decreto 758 de 1990 preveía las pensiones
de vejez, invalidez y muerte.

Indicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó de manera equívoca
la sentencia SU-769 de 2014, pues esa decisión trata sobre la posibilidad de
computar tiempos públicos y privados cotizados en fondos de pensiones, pero no
habilita a otros fondos de pensiones distintos de Colpensiones para que apliquen el
régimen del Decreto 758 de 1990, ni faculta al juzgador para que extienda esas
disposiciones a personas beneficiarias de algún otro régimen pensional.

Por las razones expuestas, además del defecto sustantivo, la UGPP afirmó que las
sentencias atacadas incurren en un “abuso flagrante del derecho” y generan un
grave perjuicio al erario, ya que debe asumir el pago de una prestación a la que el
señor Mosquera Niño no tendría derecho.

(ii) defecto procedimental absoluto, porque las autoridades judiciales no integraron
el litisconsorcio necesario que se configura a partir de la aplicación del régimen
previsto en el Decreto 758 de 1990. La parte actora aduce que, al tomar esa decisión,
los despachos accionados debían llamar a Colpensiones. La omisión de ese trámite,
además de vulnerar el derecho al debido proceso e impedir la contradicción de las
partes, genera una causal de nulidad por omisión de citar en debida forma “a
cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado”, según
el numeral 8 del artículo 133 del CGP.

(iii) desconocimiento del precedente. Para sustentar este argumento, citó extractos
de una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia6 y
de una sentencia de revisión de tutela de la Corte Constitucional 7 en los que se
afirmaba que el Acuerdo 049 de 1990 es una disposición propia de los reglamentos
del Instituto de Seguros Sociales.

(iv) violación directa de la Constitución, ya que el reconocimiento pensional ordenado
por las autoridades accionadas configura un desconocimiento al principio de
legalidad que vulnera, en particular, la disposición del artículo 29 constitucional
según la cual “[n]adie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto
que se le imputa”.

6
Sentencia del 21 de junio de 2011, expediente 37619, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.
7
Sentencia T-938 de 2013, expediente T-4.020.000, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04094-00
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

11.- En cuanto al requisito de subsidiariedad de la presente acción, explicó que, si
bien procede el recurso extraordinario de revisión, este no es un medio pertinente y
eficaz para finalizar el perjuicio irremediable que se genera mensualmente con el
doble pago pensional, ya que no admite medidas provisionales. Esta circunstancia,
para la actora, “permite utilizar la facultad extraordinaria otorgada no solo por el
artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 sino por la sentencia
SU 427 de 2016, esto es, de acudir a la acción de tutela como el medio principal para
proteger el Erario, así exista otro medio de defensa, pues como se ha establecido la
UGPP busca, en este caso, evitar pagar unas sumas de dinero a las que no se tiene
derecho como ya se ha fundamentado en líneas anteriores”8.

12.- En consonancia, manifestó que en este asunto se configura un asunto
irremediable que hace procedente la intervención del juez constitucional, por cuanto
i) se acredita un daño consistente en el deber de pagar una pensión contraria al
ordenamiento; ii) este daño es grave porque amenaza con generar un detrimento en
el patrimonio pensional, ya que la UGPP debe asumir el pago de una mesada de
$2.211.400 para el año 2022 y de un retroactivo que asciende a $260.961.004, y iii)
es de atención urgente, porque el fallo cuestionado está en firme y es de obligatorio
cumplimiento.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

13.- Mediante auto de 3 de agosto de 2023, se dispuso admitir la acción de tutela,
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada, así como vincular a
José Oswaldo Mosquera Niño en calidad de tercero interesado. Se comunicó la
decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
También negó la solicitud de medida previa de suspensión provisional de los fallos
cuestionados.

14.- Además, se requirió al Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá para que
remitiera, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado
número 11001-33-35-016-2017-00359-00/01.

15.- Mediante auto del 25 de agosto siguiente se dispuso vincular a Colpensiones
en calidad de tercero interesado, pues un eventual amparo podría afectar su
situación jurídica.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca9

16.- La autoridad judicial se opuso a la solicitud de tutela, pues la decisión
cuestionada se fundó en las normas aplicables al asunto y al material probatorio

8
Expediente digital, folio 9 del escrito de tutela.
9
Expediente digital, intervención contenida en 2 folios.
5

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

recaudado, así como el criterio de la Sala y los precedentes jurisprudenciales de las
Altas Cortes. Manifestó que la accionante pretende una instancia adicional.

(ii) Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá10

17.- La autoridad judicial aportó copia digital del expediente ordinario e informó
sobre las actuaciones procesales surtidas. Indicó que el trámite solo está pendiente
de auto de obedecimiento y de la eventual liquidación de gastos. Pidió su
desvinculación del trámite porque no vulneró derecho alguno.

(iii) Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones11

18.- En respuesta a su vinculación, Colpensiones manifestó que la tutela es
improcedente porque la parte actora “contaba con el trámite de casación” y pretendía
constituir una tercera instancia del proceso ordinario. Agregó que se debe respetar
la autonomía judicial y la cosa juzgada. Además, al no haber vulneración de derechos
fundamentales, la competencia del juez constitucional se ve limitada.

19.- José Oswaldo Mosquera Niño, tercero con interés, guardó silencio a pesar de
haber sido notificado en debida forma.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestiones previas

20.- Sobre las intervenciones realizadas en el presente trámite resulta necesario
indicar lo siguiente:

21.- En primer lugar, la Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada
por el Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá, pues es claro que los reproches
formulados en el escrito de tutela se dirigen a actuaciones que aquel despacho
conoció, dirigió y decidió en primera instancia.

22.- Sin perjuicio de lo anterior, la Sala advierte que el análisis del caso se realizará
únicamente sobre lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda
vez que dicha instancia judicial puso fin a la litis con la sentencia enjuiciada, proferida
el 25 de enero de 2023.

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

23.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los

10
Expediente digital, intervención contenida en 3 folios.
11
Expediente digital, intervención contenida en 6 folios.
6

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derechos fundamentales, son los siguientes 12: (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

E. Análisis del caso concreto

24.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito
de subsidiariedad, toda vez que la parte actora no agotó los mecanismos que el
ordenamiento tiene previstos para formular los reparos planteados en sede
constitucional.

25.- La acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio de
defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable. Es decir, los interesados deben hacer uso de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para
remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida
el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia
judicial adicional de protección, pues eso implicaría desconocer abiertamente que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

26.- Según la jurisprudencia constitucional, la improcedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, abarca
tres supuestos: (i) cuando el asunto se encuentra en trámite; (ii) en el evento en que
no se han agotado los mecanismos de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios
y; (iii) cuando se usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear
las herramientas jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico13.

27.- Éste último, por cuanto la acción de tutela no puede constituirse en un
mecanismo para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza
por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
13
Corte Constitucional, sentencia T-396 de 2014, MP. Jorge Iván Palacio Palacio.
7

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

por los interesados. En ese sentido, no puede ser considerada una instancia
adicional en el trámite jurisdiccional, ni un medio de defensa que reemplace otros
mecanismos previstos por el legislador.

28.- Sin perjuicio de lo anterior, también cabe reconocer que, aún en los casos en
que concurran otros medios de defensa, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que existen dos excepciones que justifican la procedibilidad de la acción
de tutela. Tales son: (i) la falta de idoneidad y eficacia del medio de defensa judicial
ordinario; o (ii) en aquellas hipótesis en las que pese a existir un medio de defensa
judicial que cumple con las mencionadas características, éste no impide la ocurrencia
de un perjuicio irremediable14 , caso en el cual la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio15.

29.- En consecuencia, la Sala advierte que la presente acción de tutela deviene
improcedente porque no cumple con el requisito de subsidiariedad. Como se sabe,
dicha consecuencia nace cuando el interesado deja de ejercer o tiene a su
disposición otros mecanismos que el sistema judicial ha previsto para proteger
eficazmente los derechos fundamentales.

30.- En efecto, si la UGPP considera que la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, mediante la
cual se ordenó el reconocimiento de una pensión de vejez con fundamento en el
Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 se profirió con abuso del
derecho y en contravía de lo establecido en la ley y la jurisprudencia de las Altas
Cortes, puede acudir al recurso especial de revisión consagrado en el artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, como lo ha hecho recurrentemente en otros casos y tal como
ella misma lo reconoció en el escrito de tutela16.

31.- La Corte Constitucional señaló que el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó
el artículo 48 de la Constitución Política, dispuso que «la ley establecerá un
procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del
derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las
convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados» (se destaca).

32.- Añadió la Corte que, si bien ese precepto constitucional no ha sido desarrollado
mediante una ley, el ordenamiento jurídico consagra para esos fines el recurso

14
La noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la
amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera
de ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende, ante tales hipótesis, es
necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela. Sobre la condición anotada, a Corte
Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio irremediable; así ha indicado que “es
aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente;
(iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos
es de tal magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela
15
Corte Constitucional, Sentencia T-375 de 2018.
16
Expediente digital, folios 9 y 36 del escrito de tutela.
8

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

especial de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 200317 y, conforme
con el artículo 251 del CPACA, ese mecanismo debe presentarse dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

33.- Razón por lo cual se señaló en dicha decisión que ante la existencia de otro
mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión mencionado anteriormente, en
principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar decisiones
judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso del derecho son
improcedentes a la luz del artículo 86 de la Carta Política18.

34.- En este orden de ideas, la UGPP cuenta con otro medio de defensa al que
puede acudir para solicitar que se revise el fallo cuestionado, para lo cual está en
tiempo. Así, la entidad está facultada para exponer sus argumentos y demostrar por
qué considera que la reliquidación de la pensión ordenada se hizo con abuso del
derecho o con fraude a la ley, como lo expresó en la argumentación que presentó en
el escrito de tutela.

35.- Asimismo, no observa esta Sala la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
amerite la intervención del juez constitucional, pues, en el caso objeto de estudio, no
se tiene que se haya afectado en manera alguna el erario y el sistema pensional con
la orden de reliquidar la pensión del señor José Oswaldo Mosquera Niño, si se tiene
en cuenta que esa orden correspondió a la decisión de los jueces naturales de la
causa, quienes -en aplicación de preceptos constitucionales superiores-
determinaron que el señor Mosquera Niño es un sujeto de especial protección
constitucional. Con fundamento en lo anterior, y refiriéndose a criterios
jurisprudenciales aplicables al asunto, decidieron que procede la aplicación del
régimen previsto en el Decreto 758 de 1990 para garantizarle el acceso a su pensión
de vejez. Retomar esa discusión, de carácter eminentemente jurídico, es una tarea
que no le corresponde al juez de tutela, quien únicamente puede intervenir ante la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales.

17
«ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL TESORO
PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales que hayan decretado o
decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado
o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de
la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial
o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo
código y podrá solicitarse por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables».
18 La Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación, expuestas, entre otras,

en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P.
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04094-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección -UGPP-
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

36.- Por último, la Sala considera que los argumentos de la UGPP, relacionados con
la afectación del patrimonio público, la violación del principio de sostenibilidad fiscal
y el supuesto abuso del derecho, son justamente los que le permiten ejercer el
recurso especial de revisión como mecanismo idóneo y eficaz para la protección de
sus derechos, máxime si se tiene en cuenta que este tiene como propósito reducir el
déficit fiscal para mantener la viabilidad del sistema pensional.

37.- Sin perjuicio de la anterior consideración, la Sala estima necesario precisar que
el supuesto desconocimiento del precedente tiene una seria falencia argumentativa.
Ello es así porque la UGPP cita extractos de dos sentencias, en el sentido de afirmar
que el Acuerdo 049 de 1990 “es propia de los reglamentos del Instituto de Seguros
Sociales”, pero sin explicar por qué son aplicables al asunto o en qué medida eran
vinculantes a la decisión de los jueces de instancia.

38.- La anterior situación sería idóneo para declarar insuficiente ese argumento,
pues no se advierte que el criterio jurisprudencial invocado por la parte actora fuera
aplicable al asunto, y menos aún exigible. Sin embargo, se advierte algo aún más
grave: la primera sentencia citada, proferida el 21 de junio de 2011 por la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, fue dejada sin efectos por la
sentencia T-938 de 2011, proferida por la Corte Constitucional. En este sentido, de
la citada sentencia se advierte que el extracto referido corresponde a una síntesis de
la decisión censurada y no a la ratio decidendi de la providencia. La Sala estima, de
hecho, que la postura expuesta por la Corte Constitucional en esa ocasión es
manifiestamente contraria a la que expuso la UGPP en su escrito de tutela:

«En este contexto, se puede concluir que, en el presente caso, resulta aplicable la
lectura que la jurisprudencia constitucional ha realizado respecto de los requisitos para
adquirir la pensión de sobreviviente. Esto, por cuanto la acumulación de las
cotizaciones realizadas por el señor Luis Alfonso Ocampo Bedoya en el ISS, y
posteriormente en Cajanal, constituye una cotización única de 878.14 semanas, y esta
cotización fue realizada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993. En este sentido, bajo una lectura que permita la efectiva protección del derecho
a la seguridad social de la accionante, no resulta de recibo el argumento de que la
prestación de sobreviviente no puede ser reclamada a Cajanal por cuando los
derechos contemplados en el Decreto 758 de 1990 solo son exigibles al ISS, toda vez
que, como se indicó anteriormente, la exigibilidad del derecho es una sola, sin importar
las entidades responsables o que el último empleador no haya sido el ISS.

Aunado a lo anterior, también debe tenerse en cuenta que esta Corte ha permitido la
aplicación del Decreto 758 de 1990 para aquellas personas que, cumpliendo los
requisitos a la entrada en vigencia de la Ley 100, les resulta más favorable. Esto,
además, en el escenario en que se hubiera cotizado previamente a entidades
diferentes al ISS, la jurisprudencia ha señalado que se tienen que acumular, como una
sola cotización, los aportes realizados con anterioridad. En estos términos, no resulta
acorde con el derecho a la igualdad que a las personas que cumplen estos supuestos,
no se les pueda aplicar la normatividad más favorable por el hecho de que sus
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04094-00
Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección -UGPP-
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Segunda – Subsección C y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

cotizaciones se hicieron en distinto orden, es decir, primero al ISS y luego a otra
entidad — como en el presente caso a Cajanal—» (Se resalta).

39.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de subsidiariedad y no se acredita un perjuicio irremediable que
haga procedente el amparo. Además, se advierte que los argumentos esgrimidos
por la parte actora replantean la discusión eminentemente jurídica zanjada en el
proceso ordinario, sin dar cuenta de la relevancia constitucional del asunto, e
incurriendo en un grave error argumentativo al plantear el defecto por
desconocimiento del precedente. En consecuencia, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela impetrada por la UGPP.

40.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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VF
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