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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04101-00

Fecha
29 de agosto de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04101-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NIÉGASE el amparo del derecho fundamental de petición invocado por el accionante. SEGUNDO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela frente a los reproches relacionados con la exigencia de requisitos adicionales para acceder al rompimiento de la solidaridad porque no se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04101-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

29 de agosto de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04101-00
Accionante: Rocío María Díaz Daza
Se niega el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04101-00
Accionante: Rocío María Díaz Daza
Accionados: Presidente de la República y otros

Temas: Acción de tutela por acción u omisión de entidad pública / Derecho de petición /
Se niega el amparo del derecho fundamental de petición toda vez que la entidad
accionada resolvió de fondo la solicitud presentada / Se declara la improcedencia de la
acción frente a las demás pretensiones.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela interpuesta por Rocío María Díaz Daza
contra el presidente de la República, la titular de la Dirección Territorial Noroccidente de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, debido a que por medio de la resolución No.
SSPD-20238200345665 del 26 de junio de 2023, expedida por la Dirección Territorial
Noroccidente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se resolvió
confirmar la decisión de negar su solicitud de rompimiento de la solidaridad y, en su
concepto, no se dio respuesta de fondo a lo solicitado.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y en
el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo

1.- El 27 de julio de 2023 Rocío María Díaz Daza interpuso, en nombre propio, acción de
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04101-00
Accionante: Rocío María Díaz Daza
Se niega el amparo

tutela contra el presidente de la República, la titular de la Dirección Territorial Noroccidente
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios, para que se le ampararan sus derechos fundamentales
de petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad, mínimo vital
así como también los principios de legalidad, buena fe y confianza legítima, los cuales
consideró vulnerados con la Resolución No. SSPD-20238200345665 del 26 de junio de
2023, expedida por la Dirección Territorial Noroccidente de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

2.1.- Que esta acción constitucional sea mecanismo para evitar un perjuicio irremediable a
ella y a su familia y se ordene al presidente de la República y a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios ejercer sus funciones y abstenerse de exigir requisitos no
contemplados en la ley para decretar el rompimiento de la solidaridad.

2.2.- Se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que cumpla con
sus funciones y <<conceda el recurso de apelación ordenando el rompimiento de la
solidaridad como lo ordena el artículo 130 de la Ley 142 de 1994>>.

2.3.- Se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios abstenerse de
exigir el certificado de libertad y tradición y el certificado de nomenclatura, pues no son
documentos requeridos por el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015.

2.4.- Se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentar
pruebas de la solicitud presentada al Departamento Administrativo de la Función Pública
que concedió el permiso de exigir a los suscriptores y usuarios documentos adicionales
que no se relacionan en la Ley 1755 de 2015.

2.5.- Se aplique la <<exención de inconstitucionalidad y deje sin efectos la resolución Nro.
SSPD-20238200345665 del 26/06/23, expedida por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, niega decretar el rompimiento de solidaridad, alegando que la
dirección que aparece en el certificado de tradición y libertad y el de nomenclatura no es
la misma que aparece en el recibo energía (...)>>.

2.6.- Se solicite a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios indicar el
fundamento constitucional y legal de la exigencia de presentar certificado de libertad y
tradición y certificado de nomenclatura al momento de presentar derecho de petición de
ruptura de solidaridad.

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Accionante: Rocío María Díaz Daza
Se niega el amparo

2.7.- Que el presidente de la república ordene a la Procuraduría General de la Nación
iniciar investigación contra la señora Rebeca Mercedes Padilla Durán, en calidad de titular
de la Dirección Territorial Noroccidente de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios debido a que <<viene exigiendo como requisito para darle respuesta de
fondo a mi derecho de petición por solidaridad, certificado de libertad y tradición y
certificado de nomenclatura, donde estos requisitos son inventados por superservicios>>.

2.8.- Se ordene a la titular de la Dirección Territorial Noroccidente de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios manifestar por qué no ha dado cumplimiento a la
<<sentencia del tribunal administrativo de Cundinamarca sección primera subsección b
Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) con radicado
11001-33-34-003- 2021-00234-01, que sentó precedente reiterando que si la factura
aparece a nombre de la persona que radicó el derecho de petición, se encuentra
legitimada para accionar este derecho de petición sin exigir requisitos adicionales (...)>>.

B. Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Es la propietaria del predio ubicado en la calle <<4SUR No. 15-54>> de San Juan del
Cesar. Dicho predio estaba arrendado, pero su arrendatario desalojó sin previo aviso y
dejó pendiente el pago de las facturas de energía, agua y gas. Ella y su familia residen en
esta casa ahora y la prestadora del servicio de energía está cobrando esta deuda.

3.2.- Presentó un derecho de petición ante Air-E S.A.S. E.S. P. solicitando la ruptura de la
solidaridad y la transferencia de la deuda al arrendatario. A dicha solicitud se le asignó el
radicado no. 2021800094190, y posteriormente fue resuelta negando la petición.

3.3.- Interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la decisión
anterior argumentando que <<a pesar que cumplí con los requisitos establecidos por el
artículo 16 de la Ley 1755 del 2015 y por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela
T-636 del 2006 y la T-281 del 2012 que ordena presentar prueba de que el inmueble se
encontraba arrendado, es la única prueba, ya que la factura aparece a mi nombre, y fui yo
quien solicité la instalación del servicio por lo que soy la titular, por lo que no es necesario
presentar más pruebas>> y que por ello la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios violó <<la constitución y la ley y debe ser sancionada por la Procuraduría
General de la Nación por prevaricato por acción extralimitación de funciones>>.

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Accionante: Rocío María Díaz Daza
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3.4.- El 26 de junio de 2023 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
expidió la Resolución No. SSPD-20238200345665 en la que confirmó la decisión proferida
por Air-E S.A.S. E.S.P. Argumentó que para reclamar el rompimiento de la solidaridad
como propietaria, la recurrente debió aportar el certificado de tradición con su dirección
exacta y no lo hizo. En cambio, entre los documentos aportados estaba el contrato de
arrendamiento cuya dirección registrada era diferente a la consignada en el certificado de
tradición.

3.5.- La accionante sostiene que esta acción de tutela es procedente porque pretende
evitar la configuración de un perjuicio grave e irremediable debido a que la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho <<no es eficaz, no es rápida y lo que estamos
discutiendo es la violación del núcleo esencial del derecho de petición (...) ya que la
entidad se dedicó fue a analizar requisito de procedibilidad del derecho de petición y no
resolvió el cumplimiento de un deber legal como era el cumplimiento del artículo 130 de la
Ley 142 de 1994 ni resolvió empresa (sic) en cualquier momento puede suspenderme el
servicio de energía de forma unilateral>>.

3.6.- En el mismo sentido, afirma que al suspenderle el servicio de energía <<no pueden
mis hijos cumplir con sus actividades escolares, deben realizar las tareas fuera de la casa,
donde no hay supervisión por parte de los padres, así mismo expuestos a intoxicaciones o
adquirir enfermedades debido al consumo de alimentos sin su debido manejo de
conservación y refrigeración. Situación que silenciosamente está atentando contra la
salud de toda la familia>>.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La accionante alega que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
vulneró sus derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y mínimo vital, debido a que (i) la Resolución
SSPD-20238200345665 del 26 de junio de 202 no resolvió de fondo la solicitud de
rompimiento de la solidaridad y (ii) la negativa de la solicitud se fundó en la exigencia de
documentos no requeridos por la Ley 1755 de 2015.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El presidente de la República (accionado) solicita ser desvinculado del proceso de la
acción de tutela porque no vulneró los derechos invocados por la accionante. Aduce que
(i) la accionante no radicó ninguna petición en la Presidencia de la República, (ii) no está
legitimado en la causa por pasiva ya que no tiene competencia para tramitar las peticiones

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Accionante: Rocío María Díaz Daza
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de los clientes de las empresas de servicios públicos y (iii) la acción resulta improcedente
porque no cumplió con el requisito de subsidiariedad.

6.- Pone de presente que, a pesar de que la accionante es Rocío María Díaz Daza, el
abogado Melkis Kammerer es quien tiene el correo electrónico proporcionado por la
accionante para recibir notificaciones. El señor Kammerer tiene en curso una investigación
disciplinaria, pues se ha dedicado a dirigir masivamente acciones de tutela contra la
Presidencia de la República y el presidente de la República por los mismos hechos pero
de distintos predios y cobros de servicios públicos pese a que distintos jueces de tutela
han precisado que aquellas no tienen competencia en la materia. Por lo anterior, solicita,
de manera especial, se inste al abogado Melkis Kammerer a reflexionar acerca de las
presuntas faltas disciplinarias en las que está incurriendo.

7.- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (accionada) solicita que se
declare la inexistencia de violación de derechos fundamentales o la improcedencia de la
acción pues el juez constitucional no es el competente para determinar si la motivación del
acto administrativo cuestionado estuvo por fuera de la ley, la regulación y las condiciones
uniformes del contrato. Informa el trámite que se le dio a la solicitud de rompimiento de la
solidaridad presentada por la accionante así como las diferentes decisiones que se
profirieron al respecto. Sostiene que la decisión contenida en la Resolución No.
SSPD-20238200345665 (i) se encuentra sustentada jurídica y fácticamente de acuerdo
con el estudio del caso particular y (ii) fue proferida con base en las pruebas que
formalmente obran en el expediente.

8.- La señora Rebeca Mercedes Padilla Durán (accionada), en calidad de titular de la
Dirección Territorial Noroccidente de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, y la empresa Air-E S.A.S. E.S.P. (tercera con interés) guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

9.- La Sala (i) negará el amparo frente al reproche según el cual la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios no respondió de fondo la petición presentada por la
accionante y (ii) declarará la improcedencia de las demás pretensiones relacionadas en el
escrito de tutela.

10.- Antes de realizar el análisis concreto, la Sala advierte que, según la accionante, la
acción de tutela es procedente como mecanismo para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable a ella y a su familia; sin embargo, en el presente caso no se

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evidencia una situación que permita establecer que se configura alguno de los requisitos
para su procedencia señalados por la jurisprudencia constitucional.

E. El recurso de apelación fue concedido y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios dio respuesta de fondo a la petición presentada por la
accionante el 13 de mayo de 2021

11.- De acuerdo con los documentos que obran en el expediente, la Sala evidencia que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sí dio respuesta de forma clara y de
fondo a la solicitud presentada por la señora Díaz Daza el 13 de mayo de 2021.

11.1.- En efecto, mediante escrito fechado del 13 de mayo de 2021, la accionante
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la decisión
202190258218 proferida por la empresa Air-E S.A.S. E.S.P. mediante la cual negó la
solicitud de rompimiento de solidaridad. El 21 de mayo siguiente la empresa decidió no
reponer su decisión y concedió el recurso de apelación.

11.2.- Mediante Resolución No. SSPD-20238200345665 del 26 de junio de 2023, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió el recurso de apelación
interpuesto por la señora Díaz Daza. Explicó que en este caso no procedía el rompimiento
de la solidaridad en favor de la peticionaria en el periodo comprendido entre el 01/01/2011
y el 05/05/21, pues no se cumplían los requisitos para su procedibilidad ya que, al analizar
la documentación allegada, <<no queda demostrado que quien reclama sea el propietario
del inmueble, toda vez que no aporta el certificado de tradición con la dirección exacta del
inmueble>> y, en consecuencia, la solicitante <<NO cumplió con la carga de la prueba
exigida para reclamar el rompimiento de solidaridad, por lo que NO es procedente acceder
a sus peticiones>>. Dicha respuesta fue notificada a la accionante por medio de correo
certificado enviado el 10 de julio del 2023 a través de la empresa 472 Servicios Postales
Nacionales S.A.

F. No se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad frente al reproche
relacionado con la exigencia de <<requisitos adicionales y prohibidos por la
Constitución Política y la ley para acceder al rompimiento de la solidaridad>>

12.- La accionante manifestó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
exigió requisitos adicionales a los relacionados en la Ley 1755 de 2015 con el fin de
acceder a la solicitud de rompimiento de la solidaridad.

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13.- Se advierte que la decisión de negar el rompimiento de la solidaridad fue confirmada
mediante resolución del 26 de junio de 2023 proferida por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. Así, si la actora se encontraba en desacuerdo con dicha
decisión, podía acudir a las vías jurisdiccionales ordinarias dispuestas en la Ley 1437 de
2011. Tales medios de control resultaban idóneos para cuestionar el contenido de la
resolución mediante la cual se confirmó la decisión que negó el rompimiento de la
solidaridad. En este supuesto, la actora podía solicitar, inclusive, una medida cautelar de
urgencia.

14.- Por otra parte, frente a la pretensión relacionada con las actuaciones que la actora
pretende del presidente de la República, la Sala precisa que estas son improcedentes
toda vez que aquellas no son de su competencia.

15.- Finalmente, en relación con la solicitud especial elevada por la Presidencia de la
República de “instar” al abogado Melkis Kammerer para que en lo sucesivo no interponga
acciones de tutela por los mismos hechos, la Sala encuentra que en este caso la acción
se interpuso en nombre propio, por lo que no es posible acceder a dicha solicitud. En todo
caso, la acción de tutela resulta improcedente para adoptar decisiones distintas a la
protección de los derechos fundamentales.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NIÉGASE el amparo del derecho fundamental de petición invocado por el
accionante.

SEGUNDO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela frente a los reproches
relacionados con la exigencia de requisitos adicionales para acceder al rompimiento de la
solidaridad porque no se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado este fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

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QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

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