RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04115-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04115-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04115-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN elevadas por el Congreso de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. SEGUNDO: CONFIMAR la decisión del 4 de septiembre 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de la acción instaurada por el señor Israel Ballesteros Camacho y otro y NEGAR el cargo relativo a la violación al principio de igualdad. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04115-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de noviembre de 2023

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04115-01
Demandantes: ISRAEL BALLESTEROS CAMACHO Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial –– error judicial – falta
de relevancia constitucional- violación al principio de igualdad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el señor Israel Ballesteros
Camacho y otro contra la sentencia del 4 de septiembre 2023 del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, que declaró la improcedencia de la acción.

I.ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 28 de julio de 2023, los señores Israel Ballesteros Camacho
y Jairo Delgado Mora, actuando por medio de apoderado judicial, interpusieron acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , con el fin de
que sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia.

2. La parte accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia del 8 de octubre de 2021, por medio de la cual se confirmó la
providencia del 22 de septiembre de 2010 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que negó las pretensiones de la
demanda. Lo anterior, en el marco del proceso de reparación directa con radicado
25000-23-31-000-2007-00143-01, instaurado contra la Nación, Ministerio de
Relaciones Exteriores, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial [en adelante
Rama Judicial] y Congreso de la República.

3. Con base en lo anterior, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales y
como consecuencia pidió:

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

8.2. ORDENAR la revocatoria de la sentencia proferida por el Consejo de Estado
en fecha ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021).
8.3. ORDENAR el estudio de la sentencia proferida por el Consejo de Estado en
fecha ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021), con el fin de determinar la
indemnización por la negación del Acceso a la Justicia para reclamar los derechos
laborales de los ACCIONANTES.

8.4. ORDENAR la aplicación de los derechos en el sentido que se ordenen las
medidas restaurativas para que los accionantes puedan acceder a la justicia
ordinaria Laboral a realizar la reclamación de sus derechos laborales, es decir
pueda presentar demanda en contra de la Embajada del Líbano.1

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 13 de abril de 2005, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia
rechazó de plano la demanda ordinaria laboral interpuesta por el señor Israel
Ballesteros Camacho y otros en contra de la Embajada de Irán, al considerar que
carecía de jurisdicción en virtud de la inmunidad prevista en la Convención de Viena
de 1961, sobre relaciones diplomáticas.

5. El 16 de marzo de 2007, Israel Ballesteros Camacho y otros 2 formularon demanda
en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Congreso de la República y Rama Judicial, para
que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos a raíz
de la imposibilidad de demandar el pago de sus prestaciones sociales a la Embajada
de la República Islámica de Irán en Colombia. Los demandantes alegan haber sufrido
un daño especial por el hecho del legislador.

6. Así, solicitaron el reconocimiento y pago de perjuicios morales y de «las prestaciones
sociales que les adeuda la Embajada de Irán y que no pudieron reclamarse ante los jueces de
la República».

7. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirmó que en 1985 se
vincularon laboralmente con la Misión Diplomática de la República Islámica de Irán y
el 31 de julio de 2003 le enviaron una carta al embajador para solicitarle el pago de
sus prestaciones sociales. El 22 de agosto de 2003, la embajada terminó los contratos
de trabajo y les pagaron unas sumas de dinero que no correspondían a todas las
prestaciones a las que tenían derecho. Explicaron que, el 13 de abril de 2005, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia rechazó de plano la demanda interpuesta por
los demandantes, con fundamento en la Ley 6 de 1972 que concede inmunidad de
jurisdicción a las misiones diplomáticas acreditadas en el país. Alegaron

1
Transcripción literal con posibles errores ortográficos.
2
Jairo Delgado Mora y Rosalba Mora.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

responsabilidad del Estado por aprobar una ley que no les permitió reclamar sus
acreencias laborales y de seguridad social.

8. El 22 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B negó las pretensiones porque la Convención de Viena de 1961,
incorporada al derecho interno por la Ley 6 de 1972, no estableció la inmunidad de
jurisdicción en materia laboral, como lo afirmaron los demandantes.

9. Adujo que, la negativa de acceso a la administración de justicia de los demandantes
no correspondía a un hecho del legislador sino a un error judicial. Sostuvo que, era
deber de los demandantes interponer los recursos de ley contra la decisión que
rechazó su demanda, para que no se configurara la culpa exclusiva de la víctima, en
los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

10. La parte demandante apeló la anterior decisión, ante el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, que por medio de proveído del 8 de octubre de 2021
–notificado por edicto del 17 de junio de 2022–, resolvió, entre otras cosas, confirmar
el fallo de primera instancia.

11. El ad quem dividió el estudio en dos partes, a saber:

-Responsabilidad del Estado por la inmunidad de jurisdicción de agentes
diplomáticos:

12. Esgrimió que la Convención de Viena de 1961 no establece de forma expresa
inmunidad de jurisdicción para asuntos laborales. Esto, toda vez que el artículo 31 de
la Ley 6 de 1972, aprobatoria del tratado, señala que el agente diplomático gozará de
inmunidad solamente respecto de la jurisdicción penal, civil y administrativa del Estado
receptor.

13. Explicó que, por lo anterior, los casos en los que se pretendía la responsabilidad
del Estado por no haber podido acceder a la administración de justicia para la solución
de controversias laborales contra agentes o misiones diplomáticas, no podían
analizarse desde la perspectiva de la responsabilidad por el hecho del legislador. Por
el contrario, estos casos debían abordarse desde la perspectiva de la responsabilidad
del juez, pues la imposibilidad de acceder a la administración de justicia para decidir
estos conflictos no fue dispuesta por la ley, sino que derivó de un criterio jurisprudencial
que adoptó la Corte Suprema de Justicia.

14. Adujo que lo anterior, resultaba suficiente para negar las pretensiones de la
demanda, «por falta de prueba de los elementos de la responsabilidad expuestos por la parte
actora, ya que alegó que el daño provino del hecho de legislador.»

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

-El error jurisdiccional en la Ley 270 de 1996

15. En primer lugar, indicó que el error jurisdiccional como escenario de
responsabilidad está previsto en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración
de justicia, que en el artículo 65 establece que quien haya sido víctima de un error de
esta naturaleza podrá demandar al Estado la reparación de sus perjuicios.

16. Explicó que, en el ámbito del derecho interno, según lo dispuesto en el artículo 66
de la Ley 270 de 1996, tal y como quedó luego del condicionamiento de la Corte
Constitucional, no procede el error judicial de las altas cortes. Sin embargo, el artículo
10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporada por la Ley 16 de
1972, dispone que toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en
caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial y el artículo
63 ordena la reparación de las consecuencias, de una medida o situación que haya
configurado una vulneración de un derecho y al pago de una indemnización justa a la
parte lesionada.

17. Concluyó que el demandante no cumplió con uno de los requisitos para la
procedencia del estudio del error jurisdiccional, pues no interpuso el recurso de
reposición contra el auto que rechazó la demanda, providencia que negó el acceso a
la administración de justicia a los demandantes, y en tal sentido, «no puede estudiarse
de fondo con miras a determinar si incurrió en error judicial, según lo previsto en el artículo 67
de la Ley 270 de 1996. Por ello, la decisión de primera instancia será confirmada.»

18. El 22 de junio de 2022 la parte actora solicitó aclaración y adición de la sentencia.
Requirió que se aclarara: (i) por qué no se aplicó el título de imputación de daño
especial frente al criterio de interpretación de un órgano judicial de cierre; ii) cuál fue
la actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria o violatoria del debido proceso que
ocasionó el supuesto error judicial; iii) por qué se aplicaron criterios contenidos en
decisiones del Consejo de Estado de 2019 a una decisión de la Corte Suprema de
Justicia de 2005; y v) cuál fue el fundamento, naturaleza y características de la
inaplicación de una sentencia de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Además
solicitó la adición de la sentencia para que se incluyeran los requisitos de procedencia
de la inaplicación de una sentencia de constitucionalidad.

19. Así, mediante providencia del 19 de octubre de 2022, notificada por estado del 28
de febrero de 2023, la autoridad judicial accionada negó las referidas solicitudes al
considerar que la parte demandante con la aclaración pretendía que se modificara la
sentencia, «propósito que es ajeno a la aclaración y en la sentencia no se evidencian
conceptos o frases que ofrezcan motivos de dudas, contenidos en la parte resolutiva o que
influyan en esta».

20. Indicó que igualmente, con la adición se pretendía controvertir la decisión,
«propósito ajeno a la adición de providencias, pues no es un medio de impugnación de la
sentencia y no se omitieron puntos que debían ser resueltos.»

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

1.3. Fundamentos de la vulneración

21. La parte tutelante alegó que se le vulneró el derecho a la igualdad porque se
reconoció el daño reclamado como «pérdida de oportunidad», mientras que en otro
proceso se hizo a título de «afectación o vulneración relevante de bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados». En efecto, planteó que la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de noviembre de
2021 (radicado 25000-23-26-000-2004-02458-01), concluyó que el daño antijurídico
consistía en impedir el derecho constitucional de acceder a la justicia para reclamar
unas prestaciones de carácter laboral, que debía «ser resarcido bajo la tipología de
perjuicios denominada afectación a bienes constitucional y convencionalmente amparados
(…)».

22. Agregó que «la teoría acogida por el Consejo de Estado en el fallo citado no es novedosa.
En Sentencia del 25 de agosto de 1998 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
con expediente IJ-001, la Sala entró a resolver un recurso de apelación en un proceso de
reparación directa instaurado por (…) las consecuencias deducidas de la aplicación de la
inmunidad jurisdiccional que confiere la ley 6a de 1972.»

23. Afirmó que la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil y Agraria, a
través de auto del 8 de marzo de 1993 (radicación 4284), «permite la entrada de la teoría
de que el Estado responda patrimonialmente por daños causados a habitantes colombianos
por haberles concedido la inmunidad jurisdiccional(…)»

24. Dijo que esa tesis fue acogida en salvamento de voto presentado por el magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio, en el auto del 8 de agosto de 1996, radicado 9151, de la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

25. Concluyó:

el precedente judicial que debe ser aplicado a la presente situación no viola ningún
derecho fundamental, por el contrario, es un precedente con posterioridad a la
sentencia que ha encontrado el equilibrio de las cargas para el afectado, que le
permite acceder a la justicia como una medida restaurativa, que conlleva a que el
ciudadano en efecto considere que la justicia si existe, el caso que hoy se discute
es de las mismas proporciones, es decir, que contiene los mismos hechos.

También nos encontramos que estamos frente a la misma corporación es decir el
Consejo de Estado, y no se está pidiendo un cambio de aplicación de doctrina para
desfavorecer a una parte y favorecer a otra, se pide que la justicia vaya más allá
que además del reconocimiento económico que se puede obtener con ocasión de
esos daños causados por el no acceso a la justicia, se solicita que se adicione una
medida restaurativa que va muy acorde al cumplimento d ellos fines del estado
social de derecho.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

26. De otra parte, sostuvo que al considerarse que no se cumplían los requisitos de
procedencia para el estudio del error judicial porque no se interpuso el recurso de
reposición contra el auto que rechazó la demanda ordinaria laboral -promovida contra
la Embajada de la República Islámica de Irán en Colombia para obtener el pago de las
prestaciones sociales-, la autoridad judicial accionada desconoció la prevalencia del
derecho sustancial sobre las formalidades, lo que conllevó la «negación de la justicia de
negar un derecho fundamental al acceso a la justicia(…)»

27. Añadió que el Consejo de Estado debió efectuar un «estudio minucioso del derecho
sustancial en este caso» y, en ese sentido, tener en cuenta que el recurso de reposición
es facultativo y que no se contaba con otro medio de impugnación para que se revisara
la decisión contra el auto que rechazó la demanda.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

28. Mediante auto del 1 de agosto 2023 se admitió la demanda de tutela y se dispuso
su notificación tanto a la parte accionante como al Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, como autoridad judicial demandada.

29. Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Nación,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Rama Judicial y Congreso de la República.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

30. Sostuvo que «las consideraciones esgrimidas en la providencia del 8 de octubre de 2021
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación son suficientes para
explicar la improcedencia del amparo solicitado».

1.5.2. Congreso de la República

31. Solicitó que su desvinculación de la presente actuación, tras considerar que no
puede atribuírsele la vulneración de los derechos fundamentales de la parte tutelante.
Lo anterior, bajo el argumento de que su competencia se circunscribe a adelantar
procesos legislativos y control político, entre otros, pero no se encuentra facultado para
adelantar procesos judiciales, porque ello compete a la Rama Judicial.

1.5.3. Rama Judicial

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

32. Se opuso al amparo solicitado, porque la autoridad judicial accionada no vulneró
los derechos fundamentales de los tutelantes y que la decisión judicial cuestionada se
dictó «en ejercicio de la autonomía judicial y allí se consignaron en forma razonada cada uno
de los argumentos jurídicos a lugar, por lo que mal puede predicarse arbitrariedad en la
decisión aquí controvertida».

33. Con todo, afirmó que la tutela no puede convertirse en una instancia adicional del
proceso ordinario, toda vez que los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales.

1.5.4. Ministerio de Relaciones Exteriores

34. Explicó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva, debido a que no
tiene participación o injerencia en el trámite y definición de los procesos judiciales.

35. De otra parte, mencionó que la decisión de negar las pretensiones en el proceso
de reparación directa «obedeció a un error en la fundamentación de lo pretendido » y a que
no se agotaron los recursos de ley dentro del proceso ordinario laboral; que «no puede
pretender el accionante que a través de esta acción de tutela, se cree una tercera instancia
para el estudio nuevamente de la demanda, pues en este caso se estaría realizando un uso
desproporcionado de la acción constitucional y vulnerando la autonomía de los jueces de
conocimiento…».

36. Indicó que la parte tutelante pretende obtener una decisión favorable para su caso,
pero «no argumenta jurídica y fácticamente que la decisión tomada por el juez de
conocimiento del proceso contencioso sea caprichosa y/o arbitraria».

1.6. Sentencia de primera instancia

37. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A mediante sentencia del 4
de septiembre 2023 declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al
constatar la ausencia del requisito de relevancia constitucional.

38. Lo anterior, toda vez que la parte actora simplemente se encontraba inconforme
con la decisión que, respecto del error judicial adoptó la judicatura demandada, y que,
en consecuencia, pretendía que el juez constitucional realizara un nuevo y distinto
análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso de reparación directa, es
decir que, en últimas, solo busca acceder a una instancia adicional.

1.7. Impugnación

39. Mediante escrito presentado el 13 de septiembre de 2023 la parte actora impugnó
el fallo de primera instancia y manifestó que su caso sí reviste relevancia
constitucional, ya que con la tutela se pide la preservación de los derechos

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia porque no se
respetó el precedente sentado por las altas cortes.

40. Así, reiteró todos los argumentos expuestos en el escrito inicial y solicitó revocar
el fallo de tutela proferido y en su lugar, sin perjuicio de las facultades oficiosas del juez
de tutela para preservar o restituir la integridad de los derechos fundamentales, de
manera definitiva y como amparo transitorio, se acceda a las pretensiones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

41. El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer la impugnación
interpuesta por el señor Israel Ballesteros Camacho y otro contra la sentencia del 4 de
septiembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
A, que declaró la improcedencia de la acción, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

42. Se tiene que el Congreso de la Republica y el Ministerio de Relaciones Exteriores
solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio,
carecen de legitimación en la causa por pasiva.

43. No obstante, dichas peticiones serán negadas ya que sus vinculaciones se hicieron
debido a que fueron las entidades demandadas e hicieron parte de dicho proceso, y
en tal sentido, su comparecencia al presente trámite tutelar se tornaba necesaria en
aras de que pudieran defender sus intereses y ejercer el derecho de defensa y
contradicción que les asiste.

2.3. Auto de mejor proveer

44. Mediante providencia del 26 de octubre de 2023 se dispuso la notificación como
terceros con interés al el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, como autoridad de primera instancia y a la señora Rosalba Mora, quien
también fungió como integrante de la parte demandante en el proceso de reparación
directa.

2.3.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B

45. Adujo que, los actores argumentaron que se les vulneró el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia por no cumplir con la formalidad de presentar
el recurso de reposición en contra del auto que rechazó de plano la demanda,

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

consideración que contraría lo dispuesto en el artículo 95, numeral 7º de la
Constitución Política que consagra el deber de todos los ciudadanos de colaborar para
el buen funcionamiento de la administración de justicia, además del deber de todo
abogado de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, dispuesto en el
numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

46. Explicó que la sentencia del 22 de septiembre de 2010 no habría vulnerado
derecho a la igualdad y el derecho al acceso a la justicia consagrados en los artículos
13 y 29, razón por la cual, respetuosamente solicitó denegar el amparo solicitado por
la parte actora.

2.3.2. Apoderado de los actores

47. Arguyó que lamentablemente la señora Rosalba Mora falleció hace unos años,
para lo cual adjuntó el acta de defensión. En tal sentido, la actuación en su nombre la
debían ejercer sus sucesores procesales, quienes son los señores: Luis Fernando
Ballesteros Mora, Uriel Elias Mora, Patricia Ballesteros Mora e Isabel Mora, así como
Israel Ballesteros Camacho, quien fue su cónyuge y actuaba dentro del proceso.

48. Adujo que dichas personas le otorgaron poderes para representarlos en este
trámite tutelar, los cuales adjuntó.

49. Explicó que teniendo en cuenta lo anterior y en virtud de la notificación por conducta
concluyente plasmada en el artículo 301 del Código General del Proceso, sus
poderdantes se encontraban enterados de la existencia y las actuaciones surtidas en
el presente proceso.

2.4. Problema jurídico

50. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Hay lugar a
revocar, modificar o confirmar la sentencia de primera instancia proferida el 4 de
septiembre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A?

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

51. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad y de acceso a la administración de justicia debido a la
sentencia del 8 de octubre de 2021, que confirmó la decisión del a quo, que negó las
pretensiones de la demanda al considerar que no se incurrió en error judicial?

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

52. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii)
generalidades de los defectos alegados; y iv) el análisis del caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

53. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 4 y declaró su procedencia.5

54. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela
contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo
solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

55. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

56. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

57. Cabe destacar que la Corte Constitucional6 desde la sentencia C-590 de 2005
incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra

3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia
20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito
de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.

58. El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de
procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de procedibilidad,
las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal relevancia.

59. Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia
judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una argumentación
diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se dedique a la lesión de
la garantía fundamental invocada.

60. Así, respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica
un quebrantamiento del núcleo esencial del derecho fundamental alegado por la parte
actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las razones
anteriormente anotadas.

61. En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe realizar el
test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda y la carga
argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora. Lo anterior, desde la perspectiva del núcleo esencial de
las garantías fundamentales invocadas y los casos anteriormente ejemplificados.

62. Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, en la que se indicó que para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se
debían analizar dichos requisitos.

63. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que
este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional
de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en
un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

64. En la sentencia SU-215 de 20228, el alto tribunal unificó los criterios que se deben
analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese momento.

65. Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 9 modificó
su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en los
que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se limitan a
desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan razones de
importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante la posible
vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del fondo del asunto.

66. De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, se planteó que el
estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en
concreto se refieren a:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

67. La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto reviste de
relevancia constitucional: De acuerdo con la Corte Constitucional, este presupuesto
implica que el accionante cumpla con una carga explicativa mínima al identificar: (i) los
derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la vulneración; y (iii)

8
A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y
segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de
tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre.
Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial
para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el
mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i)
no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una
discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa
rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de
septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

los motivos por los que considera que la autoridad judicial accionada ha incurrido en
uno de los defectos.

68. Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que
no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una simple
relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera razonable una
restricción desproporcionada de aquella10.

69. A su turno, esta Corporación en diferentes oportunidades ha considerado que
tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la
procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en términos jurídicos
el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el peticionario
está obligado a exponer de manera detallada las razones que sustentan su demanda
de amparo y los motivos que, en su criterio explican la configuración de una causal
especifica de procedencia.

2.7. Estudio de la relevancia constitucional respecto a los yerros propuestos (sin
incluir la violación al principio de igualdad.)

70. En el caso objeto de estudio, los argumentos esgrimidos por los accionantes no
satisfacen el requisito de relevancia constitucional frente a los yerros elevados, pues
estos parten de su inconformidad con la tesis adoptada por la autoridad judicial
accionada y aluden que: i) la Corte Suprema de Justicia ha admitido la tesis de que el
Estado sí debe responder patrimonialmente por daños causados a habitantes
colombianos por haberles concedido la inmunidad jurisdiccional, además que; ii) la
autoridad judicial accionada desconoció la prevalencia del derecho sustancial sobre
las formalidades al considerar que no se cumplieron los requisitos de procedencia para
el estudio del error judicial porque no se interpuso el recurso de reposición contra el
auto que rechazó la demanda ordinaria laboral.

71. En primera instancia constitucional el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, al constatar la
ausencia del requisito de relevancia constitucional, ya que los demandantes
pretendían reabrir el debate surtido por el juez natural del asunto.

72. En la controversia propuesta en el escrito de tutela no se exponen razones
tendientes a demostrar una vulneración de derechos fundamentales por parte de la
autoridad judicial con ocasión de la providencia proferida en segunda instancia.

73. En efecto, las inconformidades presentadas por la parte actora en su escrito de
tutela están dirigidas a demostrar que, a su juicio, al estimar que no se configuró el
error judicial se le denegó el acceso a la administración de justicia, aunado a que la
Corte Suprema de Justicia ha establecido que si es posible responder

10
Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

patrimonialmente por daños causados a habitantes colombianos por haberles
concedido la inmunidad jurisdiccional.

74. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C consideró lo siguiente:

-La autoridad judicial explicó que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha
tenido criterios disímiles en relación con la inmunidad de jurisdicción para agentes y
misiones diplomáticas en materia laboral. Así, hizo un recuento de todas las posiciones
que habían existido desde 1986 hasta la actualidad. No obstante, explicó que la
Convención de Viena de 1961, que aprobó la Ley 6 de 1972, no previó expresamente
la inmunidad de jurisdicción para agentes y misiones diplomáticas, en materia laboral.

-Debido a anterior, la judicatura demandada explicó que los casos en los que se
pretende la responsabilidad del Estado por no haber podido acceder a la
administración de justicia para la solución de controversias laborales contra agentes o
misiones diplomáticas no pueden analizarse desde la perspectiva de la
responsabilidad por el hecho del legislador. Esto, toda vez que la aprobación del
tratado, a través de una ley de la República, no es la causa del daño, pues el tratado
internacional -o la ley que lo aprobó- no previó la inmunidad de jurisdicción laboral.

-Estimó que, por el contrario, estos casos debían abordarse desde la perspectiva de
la responsabilidad del juez, pues la imposibilidad de acceder a la administración de
justicia para decidir estos conflictos no fue dispuesta por la ley, sino que derivó de un
criterio jurisprudencial.

-La autoridad judicial accionada concluyó que el demandante tampoco cumplió con
uno de los requisitos para la procedencia del estudio del error jurisdiccional ya que, el
recurso de reposición es un recurso ordinario, por ello el actor debía interponerlo contra
el auto que rechazó la demanda, providencia que negó el acceso a la administración
de justicia a los demandantes, de conformidad con los artículos 67, 70 de la Ley 270
de 1996, en consonancia con el artículo 63 del Código Procesal del Trabajo.

75. Por tanto, en este caso no se supera el requisito de la relevancia constitucional, ya
que el debate propuesto frente a los yerros alegados obedece al mismo asunto
discutido en el proceso ordinario en relación con que, a juicio de la parte actora, se
tomó una decisión contraria a derecho, es decir, se advierte su simple inconformidad
con respecto a la decisión adoptada por el juez de segunda instancia, que confirmó la
decisión del a quo, al analizar que, de conformidad con la normatividad aplicable al
caso concreto, no se configuró el error jurisdiccional, ya que no interpuso el recurso de
reposición contra el auto que rechazó la demanda.

76. Así, es posible colegir que la línea argumentativa en sede constitucional apunta a
convertir la acción de tutela en una tercera instancia, máxime cuando los fundamentos
que ahora enmarca en las referidas inconformidades ya fueron resueltos por el ad
quem, argumentos que prima facie no se advierten irrazonable; lo que evidencia que
14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

lo pretendido por el tutelante es convertir este mecanismo constitucional en una tercera
instancia.

77. Se concluye entonces que el simple alegato de una vulneración de acceso a la
administración de justicia, como en el caso en cuestión, no conlleva a que el asunto
puesto en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia
constitucional, pues para ello se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio
hermenéutico y argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno
al alcance, contenido o goce de un derecho fundamental. Esto, pues la competencia
de este juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no
a problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.

78. Se reitera que, lo anterior deja en evidencia que la parte actora pretende utilizar
esta acción de tutela como una instancia adicional donde pueda volver a debatir lo
expuesto en el proceso de reparación directa.

2.8. Estudio de los requisitos de procedibilidad frente a la violación al principio
de igualdad:

2.8.1. Relevancia constitucional

79. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito11 se encuentra superado
frente a este yerro por cuanto, la parte actora adujo que se le vulneró su principio a la
igualdad, ya que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en otro caso
de similares supuestos facticos y jurídicos al suyo, en sentencia del 22 de noviembre
de 2021 (radicado 25000-23-26-000-2004-02458-01), sí accedió a las pretensiones de
la demanda al considerar que el daño no se debía abordar como una pérdida de
oportunidad sino a título de «afectación o vulneración relevante de bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados»

80. Así, se reitera que este asunto tiene relevancia constitucional ya que en palabras
de la Corte Constitucional la igualdad está consagrada en el artículo 13 de la
Constitución Política de 1991, simultáneamente como un valor, un principio y un
derecho fundamental. Como principio y como valor, implica que debe estar presente
en la formulación del derecho, lo que impone al legislador la obligación de no
establecer diferenciaciones arbitrarias. Como derecho fundamental, se traduce en la

11
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

posibilidad que tienen las personas de exigir un mismo trato frente a la ley, de manera
que ésta se aplique en todos los casos que caen bajo sus supuestos de hecho.12

81. En consecuencia, esta Sección no percibe este mecanismo de amparo como un
medio dirigido a reabrir el debate jurídico frente a la calificación efectuada por la
autoridad judicial accionada de los hechos y las pretensiones que dieron lugar al
ejercicio del medio de control contencioso por parte del demandante.

82. Bajo esta línea argumentativa, la Sala reitera que el asunto sí reviste de relevancia
constitucional, pues se advierte que los reparos contra la providencia bajo
cuestionamiento pretenden poner de presente las irregularidades en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada que además comprometen una
serie de garantías de orden superior. Esto, más allá del debate legal surtido en las
instancias del caso, por lo que es la evidente tensión entre los derechos fundamentales
invocados y la decisión judicial que controvierte.

2.8.2. Inmediatez

83. También se acredita el cumplimiento del requisito de la inmediatez. Lo anterior, por
cuanto la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que se
acusa como vulneradora fue proferida el 8 de octubre 2021, pero frente a esta se elevó
solicitud de aclaración/adición de la sentencia.

84. Por lo que, de conformidad con el artículo 30213 del CGP dicha decisión solo cobró
ejecutoria «una vez resuelta la solicitud», lo cual ocurrió mediante providencia del 19 de
octubre de 2022, notificada por estado del 28 de febrero de 2023.

85. Así, sin que sea necesario establecer su fecha de de ejecutoria, se advierte que la
acción de tutela se radicó dentro del término razonable de 6 meses señalado por la
jurisprudencia14 (28 de julio de 2023).

2.8.3. Tutela contra tutela

86. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al interior del proceso
de reparación directa identificada con radicado 25000-23-31-000-2007-00143-01.

12
Corte Constitucional. Sentencia T-629 de 2010
13
ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una
vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. // No obstante, cuando se pida
aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la
solicitud. (…).
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

2.8.4. Subsidiariedad

87. En consideración a dicho requisito, por tratarse de una providencia que resolvió en
segunda instancia el proceso de reparación directa, es evidente el agotamiento de los
recursos ordinarios. Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y
unificación de jurisprudencia, comoquiera que la inconformidad señalada por la parte
actora no se adecúa a las causales establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley
1437 de 2011.

88. Así pues, superado el cumplimiento de los requisitos adjetivos respecto del cargo
de violación al principio de igualdad, esta Sala entrará a estudiar el caso concreto.

2.8.5 Caso concreto

89. La parte actora explicó que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
en un caso de similares supuestos facticos y jurídicos (sentencia del 22 de noviembre
de 2021) accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que el daño no se
debía abordar como una pérdida de oportunidad sino a título de «afectación o
vulneración relevante de bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados».

90. Los tutelantes hicieron un breve recuento de los hechos fácticos del referido
proceso y explicaron que se trató de un empleador que alegó haber prestado sus
servicios a la Embajada de Indonesia, desde marzo de 1990 hasta el 5 de octubre del
2001. Igualmente, indicaron que el mencionado ciudadano presentó demanda laboral
ante la Corte Suprema de Justicia, la cual fue rechazada al considerar que no tenía
jurisdicción en asuntos originados en litigios laborales de los cuerpos diplomáticos
acreditados en Colombia.

91. Los tutelantes concluyeron que, en dicho caso, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A declaró patrimonialmente responsable a la Nación, Rama
Judicial por los perjuicios ocasionados al señor Mario Alfonso Cárdenas Rodríguez por
la afectación al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. En
consecuencia, se dispuso que el demandante tenía 3 meses contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia, para acudir ante el juez competente, a fin de reclamar los
derechos laborales presumiblemente desconocidos por su entonces empleador.

92. No obstante, el argumento consistente en que se le vulneró el principio a la
igualdad no tiene vocación de prosperidad, por cuanto el fallo invocado fue dictado por
una subsección diferente a la que falló la sentencia controvertida.

93. En tal sentido, la conclusión adoptada por la Subsección A no puede ser impuesta
a la Subsección C, pues los magistrados quienes resolvieron el proceso objeto del sub
examine, gozan de autonomía funcional e independencia, de tal manera que no le
resultan vinculantes ni obligatorias.

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

94. Frente al punto, la Corte Constitucional ha indicado que la autonomía e
independencia judicial comporta tres atributos básicos en nuestro ordenamiento
superior: i) la posibilidad del juez de aplicar el derecho libre de interferencias
tanto internas como externas; ii) la materialización del principio de separación de
poderes, el derecho al debido proceso y de acceso, a la administración de justicia; y,
finalmente, iii) constituye un principio estructural de la Carta Política de 199115.

2.9. Conclusión

95. Por las razones expuestas, se confirmará la improcedencia de acción de tutela
porque no se supera el requisito de la relevancia constitucional respecto de los cargos
invocados en la demanda que se refieren a la presunta trasgresión del derecho de
acceso a la administración de justicia, toda vez que la parte actora pretende que el
juez constitucional realice nuevamente el estudio zanjado en el proceso ordinario,
contrario a proponer la vulneración de ese derecho fundamental sobre el cual invocó
su protección. De otra parte, se negará el cargo relativo a la violación del derecho a la
igualdad, pues la providencia que se alegó como desatendida fue proferida por una
subsección diferente a la que hoy es accionada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR LAS SOLICITUDES DE DESVINCULACIÓN elevadas por el
Congreso de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEGUNDO: CONFIMAR la decisión del 4 de septiembre 2023 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de la acción
instaurada por el señor Israel Ballesteros Camacho y otro y NEGAR el cargo relativo
a la violación al principio de igualdad.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

15
Sentencia T-450/18 de la Corte Constitucional.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Israel Ballesteros Camacho y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04115-01

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.