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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04116-01

Fecha
1 de febrero de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04116-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 14 de septiembre de 2023, proferida por la Sección Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04116-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

1 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1.º) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04116-01
Accionante: CLEARLAKE OVERSEAS INC.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN JUDICIAL – Se revoca el fallo
impugnado – Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir
con el requisito general de procedencia de inmediatez.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la sociedad Clearlake Overseas INC.,
a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 14 de septiembre de 2023,
proferida por la Sección Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad Clearlake Overseas INC. solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 13 de julio
de 2022, proferida por la Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de controversias contractuales con número único de
radicación 08001- 23-31-000-2009-00666-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Manifestó que presentó la demanda núm. 08001- 23-31-000-2009-00666-00/01
de controversias contractuales en contra de las empresas de servicios públicos
Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica - CORELCA y Termobarranquilla -
TEBSA, con el propósito de que fuesen declaradas responsables de los perjuicios

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04116-01
Accionante: Clearlake Overseas INC.

ocasionados por el incumpliendo del contrato de transacción suscrito entre ellos,
toda vez que “no se pagaron los respectivos intereses”.

2.2. Señaló que, mediante sentencia de 3 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo
del Atlántico accedió a las pretensiones de la demanda y condenó a las
demandadas a pagar “[…] la indexación sobre la suma de 435 millones de pesos,
desde el 29 de mayo de 2002 hasta el 11 de diciembre de 2006, más el pago de los
intereses moratorios para el mismo periodo […]”.

2.3. Refirió que la sentencia de primera instancia fue apelada por la parte demandada
y que, mediante sentencia de 13 de julio de 2022, la Sección Tercera -Subsección
“B”- del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y en su lugar
declaró la caducidad de la acción.

2.4. Precisóque el fallo de 13 de julio de 2022 “[…] fue notificado por edicto
electrónico, fijado en la página web del Consejo de Estado el 9 de septiembre de
2022. Del mismo modo, el texto de dicha providencia fue remitido por correo
electrónico a la abogada (…), en ese entonces apoderada especial de CLEARLAKE
OVERSEAS […]”.

2.5. Expuso que la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, al incurrir en un defecto sustantivo y en un defecto fáctico.

2.6. Frente
al defecto sustantivo señaló que se incurrió en dicha causal al aplicar
indebidamente el artículo 136 del Decreto 01 de 2 de enero de 19841 y por haberse
“desconocido por completo lo previsto en el artículo 340 del Código de Procedimiento
Civil”.

2.7. En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que la sentencia objeto de tutela omitió el
análisis de los medios de prueba que permiten comprender: “i) las características del
contrato de transacción celebrado entre CORELCA, TEBSA, CLEARLAKE
OVERSEAS y otros, su coligación con un contrato de fiducia y las condiciones para
que la transacción tuviera plena eficacia; ii) en qué momento se pudo verificar el
incumplimiento del contrato de transacción; y iii) la diligencia que durante muchos años
tuvo CLEARLAKE OVERSEAS en relación con este asunto”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: CONCEDER EL AMPARO EXTRAORDINARIO del derecho
fundamental al debido proceso y del derecho fundamental de acceso a la
Justicia de mi representada, los cuales son actualmente vulnerados por la
sentencia del 13 de julio de 2022, proferida por la SUBSECCIÓN B DE LA
SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso de

1
“Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.

3
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Accionante: Clearlake Overseas INC.

controversias contractuales con radicación 08001-23-31-000-2009-00666-01
(45.867).

SEGUNDA: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la totalidad de la
precitada sentencia.

TERCERA: En su lugar, por economía procesal y como mecanismo de
compensación de los derechos fundamentales lesionados en este
extraordinario caso, CONFIRMAR lo resuelto por el Tribunal a quo dentro del
proceso de origen o, en su defecto, ORDENAR a la Subsección que
corresponda dentro de la Sección Tercera del Consejo de Estado a emitir dentro
de un término no superior a tres (3) meses un nuevo fallo de segunda instancia
que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Lo anterior, sin perjuicio de las
demás medidas que el juez de tutela considere necesarias, pertinentes e
idóneas para salvaguardar los derechos constitucionales que se siguen viendo
afectados. […]”. (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 4 de agosto de 2023, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Sección Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado admitió
la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de terceros con
interés en las resultas del proceso al Tribunal Administrativo del Atlántico y a las
empresas de servicios públicos CORELCA y TEBSA.

5. Mediante auto de 21 de noviembre de 2023, el Despacho sustanciador puso en
conocimiento de las partes la ocurrencia de la causal de nulidad prevista en el
artículo 133, numeral 82, del Código General del Proceso.

V. INTERVENCIONES

6. Realizadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los sujetos
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

6.1. La Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado, a través del
magistrado ponente de la sentencia objeto de tutela, manifestó que la presente
acción constitucional era abiertamente improcedente por no cumplir con los
requisitos generales de inmediatez y relevancia constitucional.

6.2. Respecto al requisito de inmediatez, indicó que éste no se cumple porque “la
sentencia proferida por esta Corporación que desató la segunda instancia quedó
ejecutoriada el 19 de septiembre de 2022, motivo por el cual no resulta razonable ni
proporcional la interposición de una acción de tutela contra providencia judicial luego
de que transcurrieran un poco más de diez (10) meses, cuando en sentencia de

2
“[…] ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el
emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que
deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04116-01
Accionante: Clearlake Overseas INC.

unificación de la Sala Plena del Consejo de Estado se acogió un plazo de seis (6)
meses para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente”.

6.3. Respecto al requisito de relevancia constitucional, indicó que la presunta
irregularidad advertida por la parte actora no cumple con esta exigencia
jurisprudencial, debido a que lo que realmente pretende el actor es crear “una
tercera instancia frente a una sentencia que hizo un correcto análisis fáctico,
probatorio y jurídico”, toda vez que “fue sustentada en derecho y con base en los
medios de prueba valorados de manera conjunta y racional”.

6.4. La sociedad Termobarranquilla S.A. E.S.P., a través de apoderado judicial,
rindió informe donde manifestó que la acción constitucional es improcedente porque
no cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia
judicial, específicamente, el de relevancia constitucional y el de inmediatez.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 14 de septiembre de 2023, la Sección Segunda -
Subsección “B”- del Consejo de Estado negó el amparo deprecado, al considerar,
que no se evidencia que la autoridad judicial accionada “haya incurrido en defectos
fáctico ni sustantivo en su labor de la búsqueda de la verdad, ni que haya pasado
por alto la normatividad aplicable a los contratos de transacción”.

8. Como fundamento de lo anterior, indicó que la parte accionada “no solamente
analizó la aplicación del artículo 136 del CCA, en cuanto a la caducidad de la acción
respecto a las controversias contractuales, sino que, además, de acuerdo a las
pruebas aportadas al expediente, señaló la naturaleza del contrato objeto de litis,
donde resaltó que era de ejecución instantánea y cuya exigibilidad fue inmediata,
por lo que concluyó que el término de caducidad empezaba a contar a partir de
cuándo debió cumplirse el contrato”, es decir, desde el 30 de mayo de 2002,
feneciendo así la oportunidad procesal de dos (2) años para interponer la acción el
31 de mayo de 2004, por lo que, efectivamente, se probó que el aquí accionante
interpuso la acción de controversias contractuales el 2 de mayo de 2007 cuando ya
había precluido la oportunidad.

9. Por lo anterior, concluyó que lo que realmente “existe es una inconformidad con
el resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía
tutela”, por cuanto, “aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

10. La
sociedad Clearlake Overseas INC, por conducto de apoderado judicial,
impugnó el fallo de primera instancia, al considerar que “contiene una motivación

5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04116-01
Accionante: Clearlake Overseas INC.

genérica que no abordó la totalidad de los argumentos planteados”. De ahí, que
como fundamento de la impugnación reiteró los argumentos expuestos en el escrito
de tutela.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20196.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si existió una vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora,
con ocasión de la providencia de 13 de julio de 2022 proferida por la Sección
Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado, dentro del medio de control
de controversias contractuales con número de radicado 08001-23-31-000-
2009-00666-01.

13. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, resulta pertinente pronunciarse
de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04116-01
Accionante: Clearlake Overseas INC.

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

15. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»11 que encaje en dichos
parámetros.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04116-01
Accionante: Clearlake Overseas INC.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

21. La sociedad Clearlake Overseas INC. solicitó, a través de apoderado judicial, el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 13 de julio
de 2022, proferida por la Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de controversias contractuales con número único de
radicación 08001- 23-31-000-2009-00666-00/01.

22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de inmediatez.

VIII.4.1. Del incumplimiento del requisito general de inmediatez en el caso sub
examine

23. La acción de tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin
embargo, la Corte Constitucional ha dicho que el requisito de inmediatez exige que:
“[…] la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración12. De lo contrario, esto es, de permitir que
la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas
las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”13.

24. Al respecto, la jurisprudencia constitucional14, ha señalado lo siguiente:

[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el
requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y
exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece
precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de
derechos fundamentales con los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si
la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica

12
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
13
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
14
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 739 del 13 de septiembre de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04116-01
Accionante: Clearlake Overseas INC.

generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de
inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar
la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la citada
sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos” […]15. (Cursiva original del texto y negrilla fuera del texto)

25. Igualmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, precisó que, tratándose
de acciones contra providencias judiciales, el plazo considerado como razonable
era el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la decisión judicial
objeto de tutela. Ello con sustento en el siguiente raciocinio:

[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]16. (Negrilla
fuera del texto)

26. La jurisprudencia constitucional17 ha establecido excepciones a la aplicación del
presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular18, así:

[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de
los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal

15
Ibidem.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Sentencia T-584 de 2011.
18
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04116-01
Accionante: Clearlake Overseas INC.

entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto
de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]19.

27. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la presente
acción de tutela satisface el requisito general de procedencia relativo a la
inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia de 13
de julio de 2022 proferida por la Sección Tercera -Subsección “B”- del Consejo de
Estado.

28. Con fundamento en lo anterior, en el caso sub judice se tiene que (i) la providencia
de fecha 13 de julio de 2022 se notificó por edicto el 9 de septiembre de 202220, y
que (ii) la presente acción de tutela se recibió, vía electrónica, el 28 de julio de
202321, lo que significa que el mecanismo de amparo se promovió cuando había
transcurrido aproximadamente diez (10) meses y diecinueve (19) días desde que se
tuvo conocimiento de la decisión judicial; plazo que no resulta razonable.

29. Ahora bien, la Sala considera importante poner de presente que, si bien la parte
accionante sostuvo en su escrito de tutela que cumplió con el requisito de
inmediatez, toda vez que interpuso la acción de tutela tres (3) meses después de la
fecha en que pudo acceder a la totalidad del expediente, esto es, el 27 de abril de
2023, lo cierto es que para la Sala esa no es razón suficiente para desconocer el
término de seis (6) meses para interponer la acción de tutela, toda vez que la
sentencia de 13 de julio de 2022, objeto de tutela, fue debidamente notificada el 9
de septiembre de 202222.

30. Así las cosas, esta Sala de decisión considera que en el presente trámite procesal
no se advierte alguna circunstancia justificativa de la tardanza en la interposición de
la presente acción constitucional.

31. Por todo, al no encontrarse satisfecho en el presente asunto el requisito general
de procedencia de inmediatez, la Sala revocará el fallo impugnado que negó el
amparo de la referencia, y en su lugar declarará improcedente el mecanismo de
amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

19
Sentencia T-246 de 2015.
20
Tal como se advierte de la información contenida en los índices 72 y 73 del aplicativo SAMAI del proceso objeto de tutela
con radicado 08001-23-31-000-2009-00666-01.
21
Como se advierte de la información contenida en el índice 2 del aplicativo SAMAI del proceso de tutela con radicado 11001-
03-15-000-2023-04116-00.
22
Tal como se advierte de la información contenida en los índices 72 y 73 del aplicativo SAMAI del proceso objeto de tutela
con radicado 08001-23-31-000-2009-00666-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04116-01
Accionante: Clearlake Overseas INC.

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 14 de septiembre de 2023, proferida por la
Sección Segunda -Subsección “B”- del Consejo de Estado. En su lugar,
DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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