RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04117-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04117-00

Fecha
31 de agosto de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04117-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia por falta del requisito general de relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04117-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

31 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR NO
CUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA
HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL DE LA SITUACIÓN FÁCTICA Y
JURÍDICA DEL CASO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL
ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE
ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL
MÍNIMO VITAL.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA1.

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora LUZ STELLA TORO NIETO, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la

administración de justicia, al mínimo vital y al principio de legalidad,

los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL al

haber proferido en segunda instancia la sentencia de 26 de enero de

2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho identificado con el número único de radicación

730013333006-2017-00237-01.

I.2.- Hechos

Indicó que nació el 7 de diciembre de 1951, por lo que el 7 de

diciembre de 2016 cumplió 65 años.

Comentó que, como consecuencia de un nombramiento efectuado

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

por el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA2, el 10 de marzo de 1981

tomó posesión como docente en el MUNICIPIO DEL LÍBANO.

Informó que, a través de la Resolución núm. 7429 de 2 de diciembre

de 2016, el DEPARTAMENTO la desvinculó del servicio por edad de

retiro forzoso; no obstante, de dicha decisión solo se enteró hasta el

26 de enero de 2017 de manera informal, porque mientras dictaba

clase llegó una docente que manifestaba ser su remplazo.

Precisó que no le fue notificado el contenido de la referida resolución,

razón por la cual promovió una primera acción de tutela, a través de

la cual si bien le fue concedido el amparo la omisión se mantuvo.

Agregó que optó por entenderse notificada por conducta concluyente

y el 24 de julio de 2017, promovió un medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de la

actuación, por una parte, porque no le fue notificada en debida forma

y en tal sentido no le era oponible y, por otra, porque desaparecieron

los fundamentos de derecho que la sustentaron comoquiera que la

edad de retiro forzoso fue modificada a 70 años con la entrada en

2
En adelante el DEPARTAMENTO.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

vigencia de la Ley 1821 de 30 de diciembre de 20163.

Agregó que el proceso aludido fue identificado con el número único

de radicación 730013333006-2017-00237-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al JUZGADO SEXTO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ4 que, a través de

sentencia de 13 de mayo de 2022, accedió parcialmente a las

pretensiones de la demanda.

Expuso que, como consecuencia del recurso de apelación que

interpuso el ente territorial demandado, a través de sentencia de 26

de enero de 2023, el TRIBUNAL revocó la decisión recurrida y, en

su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, al estimar que al

caso le era aplicable el Decreto 1950 de 14 de septiembre de 19735,

que preveía la edad de retiro forzoso a los 65 años y, además,

porque la falta de notificación del acto administrativo fue superada

con el cumplimiento de la orden de tutela, sin que tal falencia

tuviese la virtualidad de modificar las normas que sustentaron esa

decisión, en particular, porque la Ley 1821 de 2016 no tenía efectos

3
“Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las personas que
desempeñan funciones públicas”.
4
En adelante el JUZGADO.
5
“Por el cual se reglamentan los Decretos - Leyes 2400 y 3074 de 1968 y otras normas sobre
administración del personal civil”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

retroactivos.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que el TRIBUNAL accionado “[…] incurrió al menos en TRES

de los mencionados vicios o defectos (Defecto material o sustantivo,

desconocimiento del precedente y Violación directa de la

Constitución), que se presentaron con ocasión a la providencia de

fecha 26 de enero de 2023 […]”.

Argumentó que si bien fue retirada del servicio mediante la

Resolución núm. 7429 de 2 de diciembre de 2016, esta no le era

oponible por no haber sido notificada.

Insistió en que la referida decisión solo le fue puesta en conocimiento

el 26 de enero de 2017, fecha en la que sus fundamentos de derecho

ya habían desaparecido, en virtud de la Ley 1821 de 2016 que estaba

vigente desde el 31 de diciembre de esa anualidad.

Adujo que el TRIBUNAL incurrió en el defecto sustantivo, por

cuanto desconoció los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA6, relativos

a la notificación de las decisiones de la administración y su

oponibilidad por la falta de cumplimiento de ese requisito.

Precisó que con la providencia cuestionada la autoridad judicial

accionada también incurrió en el defecto de violación directa a la

Constitución, comoquiera que ante dos posibles soluciones al caso

debió aplicar el principio de supremacía constitucional.

Agregó que le era aplicable la Ley 1821 de 2016, dado que conforme

con el desprendible de pago allegado al proceso, le fueron cancelados

dos días del mes de enero de 2017.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL
DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACION DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL, Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD, desconoce el principio de la
supremacía constitucional (Art 4 CP) toda vez que EL Honorable
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, sentencia del 26 de
enero de 2023, la cual fue notificada electrónicamente el día 01
de febrero de 2023, conforme el artículo 203 del c.p.a.c.a y el

6
En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

artículo 52 de la ley 2080 de 2021, por lo cual, la notificación se
entiende surtida una vez transcurridos dos 02 días hábiles
siguientes al envío del mensaje de datos, vale decir, hasta el día
03 de febrero de 2023. por lo tanto, los días 06, 07 y 08 de
febrero de 2023 transcurrió el término de ejecutoria.

incurrió en un defecto sustantivo pues se observa que, de
manera errada DA APLICACIÒN A Decreto 1950 de 1973,
desconociendo las pruebas aportadas en la demandad y las
cuales fueron en su debido momento sometidas a el principio de
Contradicción, valoración de las pruebas, documentales, e
interrogatorio de partes, y contrainterrogatorio de testigos. se
deja en claro es que fui retirada de mi cargo el 26 de enero del
2017 cuando la Ley 1821 de 2016 está en plena vigencia y
debidamente ejecutoriada. Se alcanzó a realizar el pago de uno
días del mes de enero del 2017 como se puede corroborar en el
recibo de pago de nómina del mes de enero de 2017, a mi
nombre, LUZ STELLA TORO NIETO, es por ello que YERRA el
Tribunal Administrativo del Tolima, al pretender dar aplicación
del Decreto 1950 de 1973, es Inconstitucional, y significaría
desconocer el principio de la supremacía constitucional (Art 4
CP) violatorio de los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, A LAIGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA, AL MÍNIMO VITAL, Y AL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS sentencia del 26 de
enero de 2023, la cual fue notificada electrónicamente el día 01
de febrero de 2023, conforme el artículo 203 del c.p.a.c.a y el
artículo 52 de la ley 2080 de 2021, por lo cual, la notificación se
entiende surtida una vez transcurridos dos 02 días hábiles
siguientes al envío del mensaje de datos, vale decir, hasta el día
03 de febrero de 2023. por lo tanto, los días 06, 07 y 08 de
febrero de 2023 transcurrió el término de ejecutoria, proferida
por EL Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA.
Dentro del proceso Administrativo Rad_
73001333300620170023701. Por el yerro que se presentó al DA
APLICACIÒN A Decreto 1950 de 1973, desconociendo las
pruebas aportadas en la demandad y las cuales fueron en su
debido momento sometidas a el principio de Contradicción,
valoración de las pruebas, documentales, e interrogatorio de
partes, y contrainterrogatorio de testigos. se deja en claro que
fui retirada de mi cargo, el día 26 de enero del 2017, cuando la
Ley 1821 de 2016 está en plena vigencia y debidamente
ejecutoriada. Se me realizó el pago de uno días del mes de enero
del 2017, como se puede corroborar en el recibo de pago de
nómina del mes de enero de 2017 a nombre de LUZ STELLA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

TORO NIETO, es por ello que YERRA el Tribunal Administrativo
del Tolima, al pretender dar aplicación del Decreto 1950 de
1973, es Inconstitucional, y significaría desconocer el principio
de la supremacía constitucional (Art 4 CP) violatorio de los
derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LAIGUALDAD,
AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, AL MÍNIMO
VITAL, Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

TERCERO: ORDENAR al EL Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, que, en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
promovido, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por
la ley y la jurisprudencia que versa sóbrela presente Litis, y las
pruebas aportadas al proceso […]”. (Sic).

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL, luego de efectuar un recuento de las

consideraciones plasmadas en la providencia cuestionada, indicó que

no era cierto que hubiera realizado una indebida interpretación de las

normas que regulan la materia o de las pruebas obrantes en el

expediente, porque la decisión obedeció a la interpretación que ha

dado el Consejo de Estado respecto de la aplicación en el tiempo de

la Ley 1821 de 2016.

Agregó que, en todo caso, la acción de tutela es improcedente para

el estudio del fondo del asunto, comoquiera que no hay una ruptura

abierta y grosera del ordenamiento jurídico, sino que lo que se

advierte es la simple inconformidad de la actora con una decisión que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

no le fue favorable a sus pretensiones.

I.5.2.- El JUZGADO, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, se limitó a enviar copia del

expediente digital del proceso origen de la controversia, sin realizar

pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.

I.5.3.- El DEPARTAMENTO pese a haber sido notificado en debida

forma, guardó silencio.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la

sentencia de 26 de enero de 2023, proferida en segunda instancia

por el TRIBUNAL, mediante la cual revocó la decisión del a quo y,

en su lugar, denegó las pretensiones, dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 730013333006-2017-00237-01.

A través del proceso aludido la actora pretendía desvirtuar la

legalidad del acto administrativo mediante el cual el

DEPARTAMENTO la desvinculó del servicio como docente, por haber

llegado a la edad de retiro forzoso el 7 de diciembre de 2016, día en

el que cumplió 65 años.

A la referida providencia la actora atribuyó la configuración de los

defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y

desconocimiento del precedente judicial, dado que afirmó que el

TRIBUNAL accionado no tuvo en cuenta que el acto administrativo

no le podía ser oponible sino hasta el 26 de enero de 2017, momento

en el que se enteró de la decisión, fecha para la cual la edad de retiro

forzoso había sido modificada a 70 años conforme con la Ley 1821

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

de 2016.

Además, la actora indicó que comoquiera que su caso permitía dos

soluciones distintas, debió darse aplicación directa a la Constitución.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL

vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos

sustantivo, violación directa de la Constitución y

desconocimiento del precedente judicial, al haber proferido en

segunda instancia la sentencia de 26 de enero de 2023 aludida.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].

[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el

importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

en el caso bajo estudio tiene un carácter meramente legal, porque

se deriva del alcance que la actora pretende que se dé a los artículos

66 y 67 del CPACA en relación con la ineficacia de una decisión

administrativa por su indebida notificación y, en particular, para que

se determine la aplicación temporal de la Ley 1821 de 2016.

Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva

constitucional, en la medida en que su solución derivaría de la

interpretación de las normas aludidas, fueron resueltos por el

TRIBUNAL, así:

“[…] Ahora bien, de acuerdo con las pruebas allegadas al
encuadernamiento, procederá este colectivo a dilucidar el
problema jurídico planteado y así determinar si los actos
administrativos objeto de reproche judicial se encuentran

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

ajustados a derecho, o si, por el contrario, están viciados de
nulidad, tal como lo consideró el Juez de instancia.

Indicó el vocero judicial de la parte actora en el libelo
introductorio, que se debía acceder a las pretensiones de la
demanda, en razón a que el acto administrativo que dispuso el
retiro del servicio de la demandante no había sido notificado en
debida forma y el mismo se había ejecutado eludiendo dicha
formalidad, lo que hacía que el mismo se tornara inoponible; así
mismo señaló, que el acto de retiro demandado había perdido
su fuerza ejecutoria desde la entrada en vigencia de la Ley 1821
de 2016, por lo que la accionada no debió ejecutar dicho acto,
ya que para el día 26 de enero de 2016, fecha en que se hizo
efectiva, ya había sido expedida la citada ley que modificó la
edad de retiro forzoso y la amplió a 70 años, siendo estoces
beneficiaria la demandante de la multicitada Ley 1821 de 2016,
y no del del Decreto 1950 de 1973.

Por su parte, el procurador judicial de la entidad accionada
sostuvo que la señora Luz Stella Torio Nieto, no era beneficiaria
de la Ley 1821 de 2016, por que dicha ley fue ley posterior al
acto que la retiró de servicio.

De acuerdo a lo expuesto se puede inferir, que el apoderado de
la accionante, sustenta su petitorio, sobre el hecho de que al no
haberse surtido en debida forma la notificación de la Resolución
No 7429 de 02 de diciembre de 2016, que dispuso el retiro del
servicio de la demandante bajo la vigencia del Decreto 1950 de
1973 (que establecía como edad de retiro los 65 años de edad),
la misma era beneficiaria de la Ley 1821 de 2016, que amplió
dicha edad de retiro, considerando así que la ejecución del acto
administrativo realizada bajo la vigencia de esta última ley, la
hacía beneficiaria de la misma, en razón a que para dicha época
ya habían desparecido del ordenamiento jurídico las normas en
que se sustentó el acto de retiro, lo que hacía que dicho acto
perdiera sus efectos jurídicos; por el contrario el vocero judicial
del ente territorial demandado, sostiene que la accionante no es
beneficiaria de Ley 1821 de 2016, por cuanto la misma se
expidió con posterioridad al acto administrativo que ordenó el
retiro de la docente.

[…]

4.2.1. De la notificación de los actos administrativos

[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

Así mismo y en relación con el principio publicidad de los actos
administrativos, este se encuentra debidamente desarrollado en
los artículos 65 y siguientes del C.P.A.C.A., los cuales sobre
sobre el particular disponen:

[…]

Conforme a las disposiciones normativas y jurisprudenciales
anotadas en precedencia, resulta claro que la notificación de los
actos administrativos tiene que ver con su eficacia y no con la
validez o existencia de los mismos, pues mientras el acto no se
haya notificado, no puede hacerse efectivo, toda vez que el
mismo no adquiere el carácter de ejecutorio y por ende no puede
ser oponible.

4.2.2. De la aplicación y los efectos en el tiempo de la Ley
1821 de 2016

Resulta preciso determinar en el sub examine, si la ausencia o
la indebida notificación del acto administrativo mediante el cual
se retiró del servicio a la demandante puede llevar a inaplicar
las disposiciones normativas que lo gobernaron, cuando la
ejecución y notificación del mismo se realizó bajo la vigencia de
una disposición normativa diferente y que derogó la norma sobre
la cual se había sustentado el cuestionado acto.

Para efectos de resolver el anterior interrogante, es menester
adentrarnos en el análisis de la aplicación y efectos en el tiempo
de la Ley 1821 de 2016, que amplió la edad de retiro forzoso de
los servidores públicos y sobre la cual la accionante fundamenta
sus pedimentos.

En tal sentido se advierte que la Sala de Consulta y Servicios
Civil del Consejo de Estado, en concepto 2326 de 08 de febrero
de 2017, sobre la aplicabilidad de la Ley 1821 de 2016,
concluyó:

“…Como se mencionó, el artículo 4° de la Ley 1821 dispone que
"la presente ley rige a partir de su publicación".

Esta simple fórmula genera importantes consecuencias, pues al
acoger el legislador al denominado "efecto general inmediato"
de las leyes, que constituye en esta materia la regla general,
descartó que la Ley 1821 pudiese tener efectos retroactivos o
ultractivos.

En armonía con lo anterior, debe observarse que el Congreso de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

24

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

la República no estableció un régimen de transición en parte
alguna de la Ley 1821 de 2016, como hubiera podido hacerlo, ni
para disponer que las personas que estuvieran cerca de cumplir
la edad de retiro forzoso anterior (65 años) quedaran por fuera.

[…]

Dado que la vigencia de la Ley 1821 de 2016 se rige por el
“efecto general inmediato" (no es retroactiva) y que el artículo
2° de la misma no regula el supuesto factico que se describe en
la pregunta, no pueden permanecer en sus cargos, hasta
cumplir los 70 años de edad, las personas que antes de la
entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 (es decir,
hasta el 30 de diciembre de ese año) cumplieron la edad
de retire forzoso a la que estaban sujetos, pero que
continúan, por cualquier motivo, en el ejercicio de
funciones públicas, independientemente de que su
situación laboral o administrativa haya sido declarada (no
constituida) o no mediante un acto administrativo en
firme. (Resalta la Sala)

Conforme al criterio jurisprudencial expuesto, no cabe duda para
este Colectivo, que la Ley 1821 de 2016 no consagró efectos
retroactivos, y por ende, sus efectos jurídicos sólo surgen a
partir de la vigencia de la misma, siendo el hecho determinante
para su aplicabilidad, que a la fecha de entrada en vigencia el
funcionario no hubiese cumplido la edad de retiro forzoso
estipulada en las disposiciones legales anteriores que regulaban
dicho tema.

Adentrándonos en el caso concreto, observa la Sala conforme a
las probanzas traídas al expediente, que mediante Resolución
No 7429 de 20 de diciembre de 2016, la entidad accionada,
desvinculó del servició a la docente Luz Stella Toro Nieto por
cumplimento de la edad de retiro - 65 años -, conforme o lo
estipulado en el artículo 122 del Decreto 1950 de 1973, pues la
demandante cumplió dicha edad el 07 de diciembre de 2016;
acto administrativo este que se hizo efectivo el pasado 26 de
enero de 2017, sin que mediara la correspondiente notificación,
pues esta sólo se surtió en acatamiento de la orden de tutela
proferida por esta Corporación el 20 de abril de 2017.

En efecto, no desconoce esta Corporación la inobservancia de la
notificación del acto enjuiciado, que impedía la ejecución y
oponibilidad del mismo, sin embargo, dicho requisito de
publicidad fue superado en acatamiento a la orden de tutela, y
tal falencia no tenía la virtualidad de modificar las normas que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

25

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

sirvieron de sustento el acto de retiro del servicio de la actora,
pese a que las mismas fueron derogadas con antelación a la
notificación y ejecución del cuestionado acto.

Lo anterior, como quiera que la vigencia de la Ley 1821 de 2016
rige por el efecto general inmediato (no es retroactiva), y por
ende, contrario a lo manifestado por el Juez de instancia, no
pueden permanecer en un cargo, hasta cumplir los 70 años de
edad, las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley
1821 de 2016 (es decir, hasta el 30 de diciembre de ese año)
cumplieron la edad de retiro forzoso conforme a las disposiciones
anteriores, pero que continúan, por cualquier motivo, en el
ejercicio de funciones públicas, con independencia de si su
situación laboral u administrativa hubiese sido declarada o no a
través de un acto administrativo, o si el mismo se hubiese
notificado o no.

En este orden de ideas, le asiste razón al apoderado de la
entidad demandada, en el sentido de la que la señora Luz Stella
toro Nieto no es beneficiaria de la Ley 1821 de 2016, pues su
situación jurídica se consolidó el 07 de diciembre de 2016,
calenda ésta en la que cumplió los 65 años edad, es decir, antes
del 30 de diciembre de 2016, fecha de entrada en vigencia de la
citada ley, y el hecho de que hubiese permanecido en el cargo,
y se hubiese notificado y ejecutado el acto de retiro con
posterioridad a la vigencia de la multicitada Ley 1821 de 2016,
no le otorga prerrogativas de aplicabilidad de dicha norma, pues
el hecho que la legitima para ser beneficiaria de la aludida ley,
es no haber acreditado la edad de retiros forzoso (65 años )
antes del 30 de diciembre de 2016.

De acuerdo a lo anterior y conforme al criterio jurisprudencial
esbozado en precedencia, la situación laboral de la accionante –
retiro forzoso- debe gobernarse por lo contemplado en el artículo
122 del Decreto 1950 de 1973, como acertadamente se
estableció en el acto administrativo objeto de reproche judicial,
pues se itera, la demandante había cumplido 65 años de edad
antes del 30 de diciembre de 2016, fecha de entrada en vigencia
de la Ley 1821 de 2016; lo anterior con independencia de que
hubiese mantenido en el servicio o que se hubiese ejecutado y
notificado el acto de desvinculación con posterioridad a dicha
fecha, pues la misma no podía permanecer voluntariamente en
el cargo hasta cumplir los 70 años de edad, pues no era
destinataria de la precitada regulación legal […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

26

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que el

TRIBUNAL analizó el alcance de las normas que regulan la

notificación de los actos administrativos, las causas y consecuencias

de su ineficacia y el ámbito de aplicación temporal de la Ley 1821 de

2016 con la que fue modificada la edad de retiro forzoso.

A partir de lo anterior, el TRIBUNAL determinó que la falta de

notificación del acto administrativo que había dispuesto el retiro de

la actora sí fue notificado en el año 2017 y, aunque esta diligencia

no se hubiese efectuado con anterioridad, tal situación no tenía la

virtualidad de modificar las normas que sustentaron la decisión,

comoquiera que la Ley 1821 de 2016 no podía aplicarse de forma

retroactiva para las personas que ya hubiesen cumplido 65 años al

momento en que comenzó su vigencia.

Respecto de la aplicación de la referida ley, con base en un concepto

emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación,

el TRIBUNAL precisó que era determinante que, a la fecha de

entrada en vigencia de esa norma, el funcionario no hubiese cumplido

la edad de retiro forzoso estipulada en las disposiciones legales

anteriores que regulaban dicho tema.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

27

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

La autoridad judicial accionada determinó que comoquiera que el

acto administrativo allí enjuiciado había tenido como presupuesto el

hecho de que la actora cumplió 65 años el 7 de diciembre de 2016,

fecha para la cual no estaba aún vigente la Ley 1821 de esa

anualidad, sino el Decreto 1950 de 1973, era esta norma la aplicable

en cuanto a la edad de retiro forzoso.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la acción de tutela de la

referencia es improcedente por falta del requisito general de

relevancia constitucional, porque a través de esta la actora lo que

pretende es cuestionar a partir de argumentos de legalidad una

decisión judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o

instancia adicional al proceso ordinario, sin que en todo caso, se

vislumbre que la autoridad accionada pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial.

Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de

tutela haga un nuevo examen de la situación fáctica y jurídica del

caso, con la finalidad de que se corrija el análisis que hizo la autoridad

judicial accionada y se acoja la interpretación que propone.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

28

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 29 de agosto de 201817, en la que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201718, se indicó:

17
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

29

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Cabe anotar que la presunta configuración del defecto de

desconocimiento del precedente jurisprudencial tampoco cumple con

la carga argumentativa que fundamente dicha afirmación, porque la

actora se limitó a afirmar la existencia de esa irregularidad, sin

siquiera identificar la providencia presuntamente inobservada.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala19 ha indicado:

“[…]Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento

de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

30

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas y
sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias
que se aducen desatendidas; ii) las situaciones fácticas
coligadas, y iii) los problemas jurídicos planteados en ambos
casos eran análogos o similares; argumentación que en el caso
de autos no se cumple. […]”.

Por el contrario, la Sala precisa que el análisis que efectúo el

TRIBUNAL tiene pleno respaldo en la posición que sobre el tema

tiene la SECCIÓN SEGUNDA20 de esta Corporación que ha señalado

que: “[…] la Ley 1821 de 2016 no es aplicable a aquellas personas

que, a pesar de haber cumplido la edad de retiro forzoso (65 años)

antes del 30 de diciembre del mismo año en que la ley entró en vigor,

continuaron en el ejercicio de funciones públicas […]” y que por el

contrario, conforme con el inciso 2 del artículo 2.2.11.1.7. del

Decreto 648 del 19 de abril de 201721, “[…] las personas que

antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016

tuvieren 65 años o más y continúan vinculadas al servicio

público, deberán ser retiradas del mismo […]”. (Destacado

fuera de texto).

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “A”,
sentencia de 4 de mayo de 2023, CP Gabriel Valbuena Hernández, número único de radicación 11001
03 25 000 2017 00471 00.
21
“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la
Función Pública”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

31

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carecer del requisito general de relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

32

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia por falta del requisito general de

relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte

motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 31 de agosto de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

33

Número único de radicación: 110010315000-2023-04117-00
Actora: LUZ STELLA TORO NIETO

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.