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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04124-01

Fecha
27 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04124-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de agosto de 2023 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04124-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

27 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04124-01
Accionante: María Eugenia Daza Saldúa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / SUBSIDIARIEDAD – no agotó el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 24 de agosto de 2023, por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A, mediante la cual se resolvió declarar improcedente la
acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 28 de julio de 2023, la señora María Eugenia Daza Saldúa interpuso demanda
de tutela contra el Juzgado Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja
y el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el fin de que se le protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad.
Y en consecuencia, se dejen sin efectos las sentencias de 25 de junio de 2020 y 25
de enero de 20231, proferidas por dichas autoridades judiciales dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió contra la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-.

2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la nulidad del
Oficio 110-012321 del 27 de octubre de 2017, por medio del cual se le negó la

1 Notificado el 30 de enero de 2023.
2 Radicado: 150013333009-2018-00073-01.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04124-01
Accionante: María Eugenia Daza Saldúa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

existencia de una relación laboral encubierta y el correspondiente pago de
prestaciones laborales, por el periodo comprendido entre el 17 de marzo de 2005 y
el 26 de diciembre de 2014.

3.- El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito de Tunja, quien en fallo de 25 de junio de 2020 accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, al considerar que se hallaban configurados todos
los elementos de una verdadera relación laboral, encubierta bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios. No obstante, con excepción de los aportes de
pensión, declaró prescritas las prestaciones sociales correspondientes a los periodos
contractuales comprendidos entre el 17 de marzo de 2005 y el 26 de diciembre de
2013, en la medida en que transcurrieron más de 3 años entre la finalización del
respectivo periodo contractual y la presentación de la respectiva reclamación.

4.- Inconforme con la anterior decisión, las partes presentaron sendos recursos de
apelación. La entidad demandada discutió el reconocimiento de la relación laboral,
mientras que la demandante cuestionó la declaratoria de prescripción de gran parte
de sus prestaciones sociales. El asunto lo conoció en segunda instancia el Tribunal
Administrativo de Boyacá, quien en sentencia de 25 de enero de 2023 confirmó en
su totalidad la decisión del juez de primera instancia bajo los mismos argumentos.

5.- La parte actora manifestó que las autoridades judiciales incurrieron en los
siguientes defectos:

6.- Defecto material o sustantivo: Sostuvo que el Juzgado aplicó de manera
parcial el principio de primacía de la realidad sobre las formas y el de favorabilidad,
pues de todos los criterios jurisprudenciales existentes al momento de proferirse la
sentencia, dio aplicación al menos favorable para la demandante, relacionado con
las interrupciones de cada uno de los contratos para determinar la prescripción
trienal. Así mismo, alegó que desconoció el precedente judicial de la Corte
Constitucional relacionado con la aplicación al artículo 53 de la Constitución Política.

7.- Indicó que la sentencia también presenta una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión, al indicar que la voluntad de las partes era darle
continuidad al mismo vínculo laboral por más de 9 años sucesivos, y luego señalar
que la relación debe entenderse interrumpida por el simple hecho de que la
suscripción de cada contrato no fue inmediata. Así mismo, adujo que desconoció
sentencias que han definido el alcance de la prescripción en los asuntos de contrato
realidad, y la forma en que deben ser valoradas las interrupciones para que tengan
la virtualidad de resolver la continuidad del vínculo laboral, específicamente las
sentencias proferidas por el Consejo de Estado el 19 de febrero y 11 de noviembre
de 2009, en donde se reconoce la unidad de la relación a pesar de existir un lapso
de hasta 4 meses entre la suscripción de uno y otro contrato de prestación de
servicios.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04124-01
Accionante: María Eugenia Daza Saldúa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

8.- Decisión sin motivación: Adujo que en el caso es ostensible la inexistencia de
una verdadera motivación (material) de la sentencia proferida en segunda instancia
por el Tribunal, pues sus consideraciones no guardan correspondencia real con el
recurso de apelación, al punto que no resuelven sobre los puntos de inconformidad
contenidos en el mismo. Al respecto puntualizó que dicha autoridad se limitó a
transponer los mismos argumentos esbozados en la sentencia de primera instancia,
con el fin de confirmar la decisión concerniente a declarar la prescripción de la mayor
parte de los derechos laborales pretendidos, sin expresar un argumento diferente,
adicional y suficiente para agotar todos y cada uno de los puntos de apelación. En
suma, sostuvo que existió “una transcripción y plagio de los argumentos -errados-
sobre los cuales descansa la decisión del A Quo”.

9.- Desconocimiento del precedente judicial: Indicó que el Tribunal
Administrativo de Boyacá incurrió en ese defecto, comoquiera que para la fecha de
expedición de la sentencia de segunda instancia, estaba vigente la sentencia de
unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 20211, relacionada con la
aplicación de la prescripción como modo de extinción de las obligaciones laborales
originadas a partir de las interrupciones advertidas en un contrato realidad, la cual
debía ser considerada como un verdadero precedente vinculante, en la que se
estableció “un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la finalización de un contrato
y la ejecución del siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual,
en los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales
circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del plenario”.

10.- En esa medida adujo que el fallo no cumple con el principio de transparencia ni
suficiencia, toda vez que no reconoce la existencia de la mencionada sentencia de
unificación, ni expone las razones por las cuales no acoge las reglas de unificación
contenidas en aquel fallo.

11.- Violación directa a la Constitución: Adujo que con la motivación contenida
en cada una de las decisiones atacadas se vulneró directamente la Constitución
Política al decidir sobre la prescripción de los derechos laborales reconocidos tal
como lo hicieron, cuando en el caso concreto debían ser interpretadas y aplicadas
las normas legales y jurisprudenciales de acuerdo con los principios constitucionales
de la primacía de la realidad sobre las formalidades y el de favorabilidad que buscan
defender los derechos de la trabajadora demandante. De igual manera, los
accionados vulneraron los artículos 1, 2, 4, 5,6, 13, 29, 31 y 53 de la Constitución
como quiera que la parte demandante debía obtener una decisión de fondo.

B. Sentencia de primera instancia

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04124-01
Accionante: María Eugenia Daza Saldúa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

12.- Mediante sentencia del 24 de agosto de 20233, el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección A declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar
que el asunto no cumplía con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que,
como se alega el desconocimiento de la sentencia de unificación 025 del 9 de
septiembre de 2021 proferida por el Consejo de Estado, por parte del Tribunal
Administrativo de Boyacá, la accionante contaba con el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, de conformidad con el artículo 258 de la Ley 1437 de
2011.

C. La impugnación

13.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación en la
cual sostuvo que el juez constitucional de primera instancia presumió que los
defectos alegados se centran de forma exclusiva en el desconocimiento de una
sentencia de unificación, y conforme a ello hizo el estudio sobre el cumplimiento del
requisito de subsidiariedad, concluyendo que el mismo no se acreditó, de cara el
recurso extraordinario de unificación. Para el accionante, el a quo pasó por alto que
el reproche principal de su tutela fue la falta de motivación en que incurrió el Tribunal
al “plagiar” los argumentos del Juzgado, siendo el defecto por desconocimiento del
precedente “residual”.

14.- Indica, que su tutela no podía ser estudiada de una manera diferente, pues la
lógica indica que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. En ese sentido,
no se puede cuestionar que la sentencia no tenga motivación, y a la vez indicar que
sí cuenta con ella, pero la misma es contraria al precedente judicial obligatorio.

15.- La actora presenta un cuadro comparativo de lo dicho por el a quo y el ad quem
del proceso ordinario, con el fin de demostrar que el Tribunal reprodujo literalmente
las razones de su inferior jerárquico, y por tanto, aunque existe una motivación formal
no existe un análisis material que fundamente su decisión.

16.- Así, advirtiendo que se configuraba la falta de motivación, de forma
independiente al desconocimiento del precedente, cuestionó que en la sentencia de
primer grado se omitiera verificar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad
frente a tal defecto

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

17.- La Sala es competente para conocer de la impugnación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

3 Notificada el 1 de septiembre de 2023.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04124-01
Accionante: María Eugenia Daza Saldúa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

E. Análisis del caso concreto

18.- De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo se torna improcedente
por no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad, ante la existencia de otros
mecanismos judiciales idóneos y eficaces para obtener la protección de los derechos
invocados, los cuales se dejaron de promover por la parte actora.

19.- La acción de tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio de
defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración
de un perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para
remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se impida
el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia
judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

20.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 864 de la Constitución Política y el
numeral 1 del artículo 65 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como causal
de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa
para la protección de los derechos invocados.

21.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela, el
interesado debió haber agotado los recursos que tenía a su disposición para lograr
el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
Salvo que se acredite que ese otro mecanismo judicial no es idóneo y eficaz, o que
no sea suficiente para impedir la configuración de un perjuicio irremediable.

22.- Según la jurisprudencia constitucional, la improcedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, puede
configurarse, por ejemplo, en tres supuestos: (i) cuando el asunto se encuentra en
trámite, (ii) en el evento en que no se han agotado los mecanismos de defensa
judiciales ordinarios y extraordinarios y, (iii) cuando se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear las herramientas jurídicas previstas en
el ordenamiento jurídico6.

4 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un

procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
5 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”
6 Corte Constitucional, Sentencia T-396 de 2014.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
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23.- En el caso objeto de estudio, el accionante le atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales al Tribunal Administrativo de Boyacá7, con ocasión de la
expedición del fallo de 25 de enero de 2023.

24.- De conformidad con lo expuesto, como se anticipó, se advierte que la solicitud
de amparo es improcedente, toda vez que carece del requisito de subsidiariedad, en
la medida en que, tal como lo sostuvo el juez constitucional de primera instancia, el
accionante no agotó el mecanismo judicial idóneo y eficaz que el ordenamiento
jurídico le otorgaba para proteger sus derechos, esto es, el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia que se encuentra regulado por los artículos 256 a 268
de la Ley 1437 de 2011 y procede “cuando la sentencia impugnada contraríe o se
oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”. Lo anterior, teniendo
en cuenta que la censura contra la providencia del Tribunal se concreta en el
desconocimiento de la sentencia de unificación 025 del 9 de septiembre de 2021,
que fija el término de 30 días hábiles, entre la finalización de un contrato y el inicio
de otro, como un parámetro razonable al momento de determinar si operó o no una
interrupción de la relación laboral que se declara.

25.- Asimismo, se observa que la parte accionante tampoco acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable que habilite al juez constitucional a
intervenir como mecanismo transitorio en asuntos que no son de su competencia,
pues, no hizo manifestación alguna al respecto y tampoco esbozó ninguna
justificación para no haber interpuesto en las oportunidades procesales respectivas
el recurso procedente antes descrito.

26.- Ahora, en la impugnación la parte actora sostiene que el argumento “principal”
de su escrito de tutela era la falta de motivación del fallo cuestionado y el defecto por
desconocimiento del precedente judicial era “residual”. Indicando que su solicitud de
amparo no podía ser estudiada de una manera diferente, pues la lógica indica que
las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo; y en ese sentido, no se puede
cuestionar que la sentencia no tenga motivación, y a la vez indicar que sí cuenta con
ella, pero la misma es contraria al precedente judicial obligatorio.

27.- Esta Sala de Subsección debe aclarar que aquello no se acompasa con la
realidad, pues al realizar una lectura íntegra y armónica de todos los argumentos
esbozados en este trámite tutelar, se concluye lo siguiente:

(i). La parte accionante nunca situó unos argumentos como principales y otros
como subsidiarios. En ese sentido, no es de recibo que pretenda afincar su
impugnación sobre la base de que planteó una suerte de “acumulación de
defectos”, en el entendido de que el defecto por falta de motivación es el

7 Se analizarán los defectos alegados solo frente al fallo de segunda instancia, toda vez que fue el que resolvió

de manera definitiva la litis del asunto.
6

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Accionante: María Eugenia Daza Saldúa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

principal, y el desconocimiento del precedente se formuló como subsidiario, o
en sus palabras “residual”.

(ii). Todas sus explicaciones están relacionadas con el desconocimiento de la
sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021, pues el fin último que
busca es la aplicación de la misma para obtener una decisión favorable a sus
intereses frente a la prescripción de sus prestaciones sociales.

(iii). El análisis que plantea la parte accionante en su impugnación, antes que
aportar en su defensa, deja en evidencia una falencia lógica en su petición de
amparo que resta coherencia a su argumentación, pues endilga a la sentencia
del Tribunal unos yerros que resultan incompatibles, según su propia
explicación de que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Eso se
hace evidente, si se tiene en cuenta que a pesar de sostener que el yerro
principal es la falta de motivación, lo cierto es que al momento de explicar en
su escrito de tutela los otros defectos, reconoce que la decisión sí contaba con
una motivación, que expresamente censura, con expresiones como las
siguientes: (a) “las autoridades judiciales accionadas interpretaron y aplicaron
restrictivamente las disposiciones legales y constitucionales que regulan la
existencia de un vínculo laboral en la realidad”, (b) “las decisiones atacadas
contienen una motivación manifiestamente irrazonable, precisamente, por no
haber aplicado adecuadamente las normas constitucionales, legales y
jurisprudenciales que regulan la materia” y (c) “las ‘motivaciones’ ofrecidas en
las sentencias de primera y segunda instancia constituyen una verdadera vía
de hecho al desconocer el precedente judicial establecido tanto por la Corte
Constitucional como por el Consejo de Estado”.

28.- Así, es claro que en el escrito inicial de tutela se admite que la sentencia de
segunda instancia sí tuvo una motivación, pero que la misma fue “manifiestamente
irrazonable”, independientemente de que ello sea consecuencia de que se replicaran
los argumentos de la primera instancia, situación que, aunque pueda ser
reprochable, no implica perse la inexistencia de argumentos.

29.- En ese sentido, para la Sala la argumentación expuesta en la impugnación no
pasa de ser un mero recurso retórico, orientado a desdibujar el sentido real del
escrito de tutela inicial, utilizado por la accionante para desprenderse de los
argumentos con que defendió el desconocimiento del precedente, y con ello poder
superar el análisis de procedencia, de cara a la subsidiariedad.

30.- Igualmente, si en gracia de discusión se aceptara esta flexibilidad
argumentativa para sustentar la supuesta configuración del defecto por falta de
motivación, que a juicio de la accionante no fue tenido en cuenta por el A quo, y
resultaba ser el argumento “principal” de su tutela; la Sala debe concluir que en los
términos en que se presentó, tampoco supera el requisito de subsidiariedad; por
7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04124-01
Accionante: María Eugenia Daza Saldúa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

cuanto el mismo se estructura sobre los siguientes reproches a la decisión del
Tribunal: (i) “sus consideraciones NO guardan correspondencia real y nada resuelve
sobre los puntos de inconformidad contenidos en el escrito de apelación” y (ii) “es
imprescindible que el Juez o Tribunal que actúe en segundo grado estudie cada uno
de los puntos objeto de apelación y a partir de allí forme un criterio propio”.

31.- Lo anterior, da a entender que la parte actora además de censurar una
supuesta actitud pasiva del Tribunal, por limitarse a replicar los argumentos del juez
de primera instancia, reprocha que en la providencia cuestionada no se resolvieron
todos los puntos que expuso en su recurso de apelación, y que lo resuelto no guarda
una correspondencia real con el debate que planteado en segunda instancia, por lo
que, en ese contexto, estas dos falencias, en caso de estar configuradas, generan el
escenario para que se acudiera a la solicitud de adición frente al primer yerro, o al
recurso extraordinario de revisión, por falta de congruencia, respecto del segundo.

32.- Por todo lo anterior, ante la negligencia de la ahora accionante de presentar los
recursos previstos en el ordenamiento jurídico para controvertir la decisión que
considera vulneradora de sus derechos fundamentales, teniendo la oportunidad para
hacerlo, la presente acción se torna improcedente, comoquiera que la tutela no
puede sustituir ni revivir etapas procesales previamente vencidas y no se puede
utilizar como mecanismo para subsanar yerros cometidos dentro del proceso
ordinario.

33.- De este modo, se advierte que la señora María Eugenia Daza Saldúa pretender
utilizar este mecanismo constitucional como un reemplazo de las vías judiciales
ordinarias y extraordinarias, en una clara invasión de la órbita de competencia del
juez natural, cuando por su misma impericia se profirieron decisiones contrarias a
sus intereses. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que:

<<(…) nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad
de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los
recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa
dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le
otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios
constitucionales (artículos 29 y 31 de la Carta Política), el interesado se abstuvo
de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la
institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por
cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente
aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción (…)>>8. (resaltado fuera del
texto original)

34.- Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la decisión de primera instancia.

35.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
8 Corte Constitucional, sentencias C-543 de 1992, T-469 de 2000, T-018 de 2017, entre otras.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04124-01
Accionante: María Eugenia Daza Saldúa
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de agosto de 2023 por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

9 VF

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