Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04129-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04129-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04129-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
6 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04129-01
Accionante: Ruby Argenis Escobar
Se revoca la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. seis (6) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04129-01
Accionante: Ruby Argenis Escobar
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Defecto fáctico y defecto procedimental / Se revoca la decisión de primera
instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, se
concede el amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 30 de
agosto de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por Ruby Argenis
Escobar contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04129-01
Accionante: Ruby Argenis Escobar
Se revoca la sentencia de primera instancia
1.- El 31 de julio de 2023 Ruby Argenis Escobar presentó, en nombre propio, una
acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad, vulnerados, en su concepto, por la sentencia proferida
el 13 de abril de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 25000-
23-42-000-2016-05191-00/01 adelantado por la accionante contra el Instituto
Distrital de Cultura y Turismo. En dicha providencia se confirmó la sentencia del 5
de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
2.- Como pretensiones, la accionante formuló las siguientes (se transcribe):
<< 1. Que se ordene al magistrado CÉSAR PALOMINO CORTÉS, dictar una nueva
providencia dándole congruencia a la ya conocida, ya que, si su tesis para no ordenar
el pago de las sumas resultantes del vínculo laboral del año 2008 al 2016 fue no haber
presentado el recurso de apelación, esta carece de todo sustento, puesto que
naturalmente sí se hizo y fue dentro del término para actuar.
2. Que como consecuencia de lo anterior, se declare a título de restablecimiento del
derecho el vínculo que se logró probar entre mi persona y el IDT a fin de que sean
pagadas todas y cada una de las prestaciones sociales a las que tienen derecho los
empleados de la planta de personal, teniendo como base los honorarios de los
contratos suscritos desde el 04 de septiembre de 2008 al 11 de enero de 2016.
3. Que se ordene el pago de todos los emolumentos, de manera completa, que
desempeñaba un empleado de la planta de personal del IDT desde la declaratoria del
vínculo laboral expuesta con la notificación de la sentencia notificada el pasado 30 de
mayo de 2023.
4. Las que el juez considere propias en principio del iura novit curia>>.
B. Hechos
3.- La accionante se desempeñó como secretaria ejecutiva en el
Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá desde el 4 de septiembre de 2008,
y su vinculación se desarrolló mediante contratos de prestación de servicios.
3.1.- El 11 de julio de 2016 la accionante presentó reclamación administrativa ante
el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá en la cual solicitó:
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Accionante: Ruby Argenis Escobar
Se revoca la sentencia de primera instancia
<<El reconocimiento y pago de las acreencias laborales causadas desde el 4 de
septiembre de 2008 al 11 de enero de 2016, incluyendo primas, vacaciones,
cesantías, intereses sobre las cesantías, aportes a salud, pensión, ARP, caja de
compensación familiar, sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías
y la indexación de las sumas dinerarias (…) también los demás emolumentos
legales y especiales a que tienen derecho los empleados públicos al servicio de esa
entidad>>.
3.2.- Mediante oficio No. 2016EE1210 del 26 de junio de 2016 el Instituto Distrital
de Turismo de Bogotá negó la solicitud presentada por la accionante, toda vez que
los contratos desarrollados por esta se encontraban regulados por el numeral 3° 1
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y no por la normatividad laboral.
3.3.- La accionante presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, con el objeto de que se
declarara la nulidad del anterior acto administrativo y, a título de restablecimiento
del derecho, (i) se reconociera la existencia de su vínculo laboral con dicha
autoridad y (ii) se ordenara la cancelación de todos los emolumentos salariales,
prestaciones, indemnizaciones y seguridad social.
3.4.- Mediante sentencia del 5 de julio de 2019 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Consideró que se configuró una relación de carácter
laboral que se encubrió con los contratos de prestación de servicios suscritos entre
el 4 de septiembre de 2008 y 30 de diciembre de 2014.
3.5.- El tribunal señaló que la accionante suscribió diez contratos de prestación de
servicios sucesivos con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, desde septiembre
de 2008 hasta diciembre de 2014 como recepcionista, y dos como encuestadora
desde enero de 2015 a enero de 2016. Señaló que frente a los primeros se configuró
una relación de carácter laboral encubierta, por lo que anuló el acto administrativo
1 <<ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. (…) 3º Contrato de prestación de servicios. Son
contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término
estrictamente indispensable>>.
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Accionante: Ruby Argenis Escobar
Se revoca la sentencia de primera instancia
que negó el reconocimiento de derechos laborales y reconoció la existencia de una
relación laboral entre el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá y la accionante,
cuando esta se desempeñó como recepcionista.
3.6.- Sin embargo, afirmó que operó la prescripción extintiva del derecho causado
con antelación al 6 de marzo de 2013 <<fecha de iniciación del contrato No. 14 de
2013, pues ocurrió un lapso de interrupción de 42 días>>, por lo que, al superar los
15 días <<hubo solución de continuidad>>, de manera que solo se concederían
<<los derechos inherentes a la seguridad sociales, esto es, los aportes a seguridad
social que se causaron en dicho lapso de tiempo>>.
3.7.- Por otra parte, frente a los contratos como encuestadora, el tribunal afirmó que
<<no se encontró ningún tipo de equivalencia o similitud con otro cargo establecido
en la planta de personal del Instituto Distrital de Turismo>>.
3.8.- La accionante2, el Instituto Distrital del Turismo de Bogotá 3 y la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico4 (coadyuvante de la parte demandada) apelaron
la anterior decisión.
3.9.- Mediante sentencia de 13 de abril de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B confirmó la decisión de primera instancia. En primer lugar,
señaló que existía mérito para declarar la existencia de una relación laboral entre la
accionante y el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, pues los contratos de
prestación de servicios configuraron un contrato realidad, en tanto (i) se prolongaron
en el tiempo (6 años y 9 meses); (ii) se contrató para labores de carácter
permanente y de las funciones de empleos de planta – nivel asistencial.
2 Se opuso a lo referente a la declaratoria de prescripción e indicó que <<si la última reclamación fue realizada
en el año 2016, al término de la relación laboral deberán contarse tres años hacia atrás, quedando con validez
y prosperidad de reclamo las prestaciones de 2016 a 2013>>. Agregó que la prescripción debía contabilizarse
desde el último contrato suscrito como recepcionista. Adicionalmente, afirmó que se demostró la existencia de
un contrato realidad mientras se desempeñaba como encuestadora y solicitó ordenar el reconocimiento y pago
de los tiempos que el tribunal consideró interrumpidos y que se condenara en costas a la autoridad demandad a.
3 Señaló que el fallador de primera instancia concluyó la existencia de un contrato realidad, sin que se encontrara
plenamente demostrado el elemento de subordinación continuada y sin que se demostrara que el caso se
enmarcó dentro de los criterios establecidos por la Corte Constitucional para la <<función permanente>>.
4 Afirmó que no se encontraba probada la prestación personal del servicio ni la remuneración, en tanto <<en
todo contrato de prestación de servicios se estipula el pago de unos honorarios, los cuales no equivalen al
elemento de remuneración propio de una verdadera relación de trabajo>>.
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Accionante: Ruby Argenis Escobar
Se revoca la sentencia de primera instancia
3.10.- Añadió que la sentencia de primera instancia incurrió en una inconsistencia
en la declaratoria de la prescripción que <<opera en favor de la demandante, pues
en realidad en el sub examine no se configuró el fenómeno de la prescripción>> y
que la situación fáctica se constituyó como una única unidad negocial y la
reclamación se elevó oportunamente; no obstante, afirmó que, <<teniendo en
cuenta que el recurso de apelación fue interpuesto únicamente por la parte pasiva
(demandada – Instituto Nacional de Turismo y coadyuvante – Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico), se abstendría de pronunciarse sobre el tópico>>.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante señala que:
4.1.- En la providencia atacada se incurrió en un defecto fáctico y un defecto
procedimental, toda vez que sí interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia.
4.2.- Si se hubiera analizado el recurso presentado, no se habría declarado la
prescripción de las prestaciones sociales.
4.3.- Solicita congruencia entre la parte motiva y la resolutiva de la decisión, ya que
si se analiza el recurso de apelación, <<la cuerda procesal del despacho, con su
tesis principal de no declarar la prescripción de las prestaciones sociales, sería más
que lógico que en la parte resolutiva se condenara a la entidad demandada y
vencida al pago de todo el vínculo laboral>>.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (tercero con interés) solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, que se negara el
amparo, en tanto no se vulneraron ni amenazaron los derechos fundamentales de
la accionante.
6.- El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B (accionado) solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción de tutela. Señaló que la accionante no
apeló la sentencia del 5 de julio de 2019. Sostuvo que en los casos donde hay un
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Accionante: Ruby Argenis Escobar
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apelante único, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que el
principio de non reformatio in pejus implica que el juez de segunda instancia no
puede hacer más gravosa la situación del mismo.
7.- Agregó que los argumentos expuestos por la accionante en la tutela no se
ajustan a las causales establecidas por la Corte Constitucional para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial y que no era posible que la
accionante alegara su propia culpa.
8.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
(tercero con interés) pese a estar debidamente notificado, guardó silencio.
E. Sentencia impugnada
9.- Mediante sentencia del 30 de agosto de 2023 el Consejo de Estado, Sección
Quinta declaró la improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad. Frente al defecto fáctico afirmó que el argumento
relacionado con que la autoridad judicial accionada no valoró la prueba que
evidenciaba la efectiva y oportuna interposición del recurso de reposición dentro del
proceso ordinario debió proponerse mediante solicitud de adición de la sentencia,
prevista en el artículo 287 del Código General del Proceso.
9.1.- Respecto del defecto procedimental, señaló que la accionante cuenta con el
recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011.
Expuso que el cargo por incongruencia da lugar a la nulidad originada en la
sentencia, que es una de las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión, de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
9.2.- De acuerdo con lo anterior, indicó que la acción de tutela resultaba
improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, en tanto no se
evidenció perjuicio irremediable alguno ni que la accionante se encuentre en una
situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
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F. Impugnación
10.- La accionante impugna la anterior decisión. Señala que <<se le están exigiendo
deberes de dirección del proceso, cuando quien lo debe hacer es el juez del caso>>.
Afirma que en el informe rendido en la presente acción de tutela, la autoridad judicial
accionada insistió en que la actora no interpuso el recurso de apelación, pese a que,
en el expediente digital se advierte todo lo contrario.
10.1.- Indica que, en la presente acción de tutela no aportó pruebas nuevas ni buscó
una tercera instancia, sino que solicitó que se evidenciara que interpuso el recurso
de apelación en la oportunidad debida.
10.2.- Señala que los recursos extraordinarios no están establecidos en razón a
<<un juez que no ve que efectivamente se interpuso el recurso de apelación en
tiempo y fue sustentado con las formalidades de ley>>.
II. CONSIDERACIONES
11.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela y amparará el derecho fundamental al debido
proceso de la accionante por encontrar configurado el defecto procedimental
alegado.
11.1.- En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 13 de abril de 2023
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y se otorgará
un plazo de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia para que
profiera una nueva sentencia, en la que se pronuncie sobre el recurso de apelación
interpuesto por la accionante.
11.2.- Cabe aclarar que, si bien la accionante alegó la configuración de los defectos
fáctico y procedimental, lo cierto es que sus argumentos se encuadran dentro del
segundo.
11.3.- Contrario a lo expuesto en la sentencia de tutela de primera instancia, esta
Sala advierte que la accionante no contaba con otro mecanismo judicial idóneo para
la protección de sus derechos fundamentales. La solicitud de adición del fallo, en
los términos del artículo 287 del Código General del Proceso, no resulta procedente,
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Accionante: Ruby Argenis Escobar
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en tanto el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B no omitió
pronunciarse respecto de algunos cargos del recurso 5, sino que, por el contrario,
afirmó que la accionante no había interpuesto recurso de apelación alguno, por lo
que se abstendría de emitir disposición respecto de la prescripción de las
prestaciones sociales.
11.4.- Ahora bien, frente al cargo por incongruencia planteado por la accionante, se
evidencia que este se desprende de la omisión de la autoridad judicial accionada de
analizar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia,
pues en este la accionante se opuso a la declaratoria de prescripción.
G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
providencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
12.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) la accionante indicó de manera
clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es de
evidente relevancia constitucional porque se alega la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad, por la presunta configuración de un
defecto fáctico y procedimental 6; (iii) la solicitud se presentó en un término
prudencial (inmediatez), puesto que la sentencia de segunda instancia se notificó el
30 de mayo de 2023 y la tutela se presentó el 31 de julio de 2023, es decir, dentro
del término de 6 meses precisado tanto por esta Corporación 7 como por la Corte
Constitucional 8; y (iv) no se trata de una decisión proferida en sede de tutela.
H. La autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental, pues
omitió el análisis del recurso de apelación interpuesto por la accionante
13.- Del estudio del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho allegado
al presente proceso de tutela la Sala evidencia que, efectivamente, el 31 de julio de
2019 la apoderada judicial de la accionante interpuso recurso de apelación contra
la sentencia proferida el 5 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, notificada el 17 de julio de 2019.
5 Al respecto, esta Sala se ha pronunciado en el mismo sentido (sentencia de 11 de julio de 2023, radicado No.
11001-03-15-000-2023-01808-00).
6 De conformidad con la posición mayoritaria de la Sala, tampoco se trata de una reiteración de argumentos que
hubiesen sido resueltos dentro del proceso ordinario.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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En dicho recurso obra constancia de recibido por parte del referido tribunal, pues
fue radicado de manera física.
13.1.- Igualmente, se advierte que el mismo día, el Instituto Distrital de Turismo de
Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico interpusieron recurso de
apelación contra la providencia de primera instancia, los cuales sí fueron resueltos
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
13.2.- Mediante providencia de 12 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F indicó que los apoderados de la
parte demandante, demandada y coadyuvante interpusieron recursos de apelación,
los cuales resultaban procedentes, por lo que concedió los recursos y fijó fecha para
realizar audiencia de conciliación, de conformidad con lo establecido por el artículo
192 del CPACA. Dicha audiencia se celebró el 11 de octubre de 2019 y asistieron
la apoderada judicial de la demandante, la apoderada del Instituto Distrital de
Turismo de Bogotá y el apoderado de la Secretaría de Desarrollo Económico de
Bogotá.
13.3.- Previa celebración de la mencionada audiencia, el tribunal remitió el
expediente a la Sección Segunda del Consejo de Estado para lo de su competencia.
Mediante providencia de 22 de noviembre de 2019, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, admitió los recursos de apelación presentados por la parte
demandante, demandada y coadyuvante. Al respecto, señaló:
<<Mediante escritos de 31 de julio de 2019, los apoderados de las partes
demandante, demandada y su coadyuvante interpusieron recursos de apelación
contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Por ser procedentes, se admiten los recursos de apelación conforme
a lo establecido en el numeral 3 del artículo 248 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo>>.
13.4.- No obstante lo anterior, en la sentencia atacada la autoridad judicial
accionada afirmó, erradamente, que el recurso de apelación fue interpuesto
únicamente por la parte pasiva, esto es, el Instituto Nacional de Turismo de Bogotá
y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (coadyuvante).
13.5.- El defecto procedimental que se advierte fue determinante para la decisión
cuestionada, puesto que la autoridad judicial accionada consideró que, pese a
advertir que la sentencia de primera instancia incurrió en inconsistencias en la
declaratoria de la prescripción de prestaciones sociales y que, en realidad no se
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configuró el fenómeno de la prescripción, no se pronunciaría al respecto por que la
parte demandante no apeló ese punto. En otras palabras, se reconoce
expresamente que, de haberse interpuesto el recurso de apelación que se echa de
menos, y que se insiste, sí fue interpuesto, la decisión a adoptar habría sido otra.
Además, se evidencia que en el informe rendido por la autoridad judicial accionada
esta reiteró que la accionante no había interpuesto recurso de apelación contra la
providencia de primera instancia.
13.6.- De conformidad con lo anterior, se evidencia que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de la accionante, pues se desconoció un recurso que fue debidamente interpues to
y sustentado. En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada para
que resuelva el recurso de apelación interpuesto por la actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 30 de agosto
de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró la improcedencia
de la solicitud de amparo presentada por Ruby Argenis Escobar. En su lugar,
AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso de la accionante.
SEGUNDO: En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 13 de abril
de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B en el
proceso de reparación directa con radicado No. 25000-23-42-000-2016-05191-01.
TERCERO: ORDÉNASE al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
que resuelva de fondo el recurso de apelación interpuesto por la accionante, y que
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia profiera
una nueva sentencia cuya modificación se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva
aquí expuesta.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
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Accionante: Ruby Argenis Escobar
Se revoca la sentencia de primera instancia
QUINTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto
11
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