Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04156-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04156-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04156-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04156-00
Consejero ponente: Conjuez Jesus Marino Ospina Mena
10 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
CONJUEZ PONENTE: JESÚS MARINO OSPINA MENA
Bogotá D.C., noviembre nueve (9) de dos mil veintitrés (2023).
RADICADO: 11001-03-15-000-2023-04156-00
ACTOR: KAREN ELIZABETH JURADOPAREDES
ACCIONADO: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE QUINDÍO
• SALA SEGUNDA CON CONJUECES
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
____________________________________________
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema: Requisitos generales
o de habilitación de la acción de tutela en contra de providencias judiciales.
Decisión: Niega al no configurarse las causales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
Procede la Sala a proferir sentencia dentro de la acción de tutela instaurada a través
de apoderado en contra de la SECCIÓN SEGUNDA del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE QUINDIO, en la cual solicitan el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y
tutela judicial efectiva, trabajo en condiciones dignas y seguridad social.
I. ANTECEDENTES
Asunto previo:
El presente asunto será decidido por la Sala de Conjueces integrada por Jesús
Marino Ospina Mena y Carlos Alberto Atehortúa Ríos, dado que el Conjuez Alier
Eduardo Hernández Enríquez, inicialmente sorteado para integrar la misma,
solicitó que se le declarará estar impedido para conocer el asunto, impedimento que
fue oportunamente tramitado y decidido en el sentido de declararlo fundado; por
lo tanto, el conjuez Hernández Enríquez se separó del conocimiento del asunto.
1. La solicitud de amparo constitucional
El día primero (1) de agosto de 2023, la señora KAREN ELIZABETH JURADO
PAREDES, por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela en contra de la
Sala segunda de decisión con conjueces del Tribunal Administrativo de Quindío, en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
2
procura de la protección del derecho fundamental al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia, que considera vulnerado con ocasión a las
providencia fechada el 18 de mayo de 2023, en la cual el Tribunal Administrativo de
Quindío, revoca parcialmente y modifica la decisión de primera instancia del 21 de
febrero de 2021 del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, en las
cuales se accedió a las súplicas de las demandas reconociendo la prima especial de
servicios del 30% contemplada en la ley 4ª de 1992 y ordenando la reliquidación de
las prestaciones sociales.
2. Hechos
Acorde con la documentación allegada como prueba en el escrito de tutela, se tiene
que:
2.1. La accionante mediante apoderado judicial inició a través del medio de
control de Nulidad y Restablecimiento del derecho acción judicial
encaminadas a que se les reconociera la bonificación de actividad judicial
creada mediante el decreto 3131 del 8 de septiembre de 2005 y modificada por
el decreto 3382 del 23 de septiembre de 2005 y la prima especial de servicios
establecida en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 como factor salarial para todos
los efectos legales y prestacionales.
2.2. De forma individual, en suma, los hechos que dan lugar a este proceso de
tutela se resumen así:
La señora KAREN ELIZABETH JURADO PAREDES se desempeñó como
jueza de la Rama Judicial del Poder Público en los años 2012 a 2014, en forma
discontinua. Durante las vinculaciones en tal calidad percibió una
remuneración mensual la cual era establecida año a año por el Gobierno
Nacional mediante la expedición de los decretos respectivos.
Así mismo, la señora KAREN ELIZABETH JURADO PAREDES se posesionó
en propiedad en calidad de Jueza desde el 3 de julio de 2018, labor que
desempeña hasta la fecha, siendo titular del Juzgado Laboral del Circuito de
Dosquebradas, Risaralda, recibiendo una remuneración mensual la cual ha
sido establecida por el Gobierno Nacional mediante decretos.
En los decretos de escala salarial expedidos en forma anual, el Gobierno
Nacional fijaba una suma de dinero como remuneración mensual para los
jueces, pero lo efectivamente percibido como salario, era tan solo el 70 de lo
allí señalado, pues al otro 30% se le daba la connotación de PRIMA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
3
ESPECIAL, sin carácter salarial, supuestamente en cumplimiento de los
ordenado en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
Por lo anterior, la actora procedió a solicitar el reconocimiento de la prima
especial o el 30% del salario dejado de percibir en el tiempo de servicio como
funcionaria judicial. Empero, la misma fue negada por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial de Armenia.
En razón de lo anterior, la actora procedió a instaurar medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, instando a que se aplicara por
inconstitucional la expresión “ sin carácter salarial” contenida en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, así como de sus decretos reglamentarios, solicitando se
cancelara el 30% DE SALARIO DEJADO DE PERCIBIR DURANTE SU
TIEMPO DE SERVICIO COMO JUEZ y que también se le reliquiden las
prestaciones sociales con dicho porcentaje (prima de productividad, prima de
navidad, prima de servicios , prima de vacaciones, bonificación por servicios
prestados, cesantías y sus intereses) y las vacaciones.
La demanda presentada le correspondió al juzgado Tercero Administrativo
del Circuito de Armenia, radicado bajo el número 63001-3333-003-2015-00199-
00; quién mediante sentencia del 21 de febrero de 2021, accedió a las
pretensiones de la demanda, ordenando como restablecimiento del derecho el
reconocimiento del 100% del salario percibido como juez y por el tiempo de
vinculación.
Es preciso indicar que el asunto salarial pretendido con la demanda fue objeto
de sentencia de unificación por el Consejo de Estado en sentencia del 2 de
septiembre de 2019, donde no solo unificó las reglas de reconocimiento de
la prima, sino que también confirmó la decisión de primer grado indicando
que el reconocimiento era desde el 8 de noviembre de 1994 y hasta que por
razón del cargo el actor tuviese derecho
La sentencia de primera instancia fue recurrida por ambas partes,
correspondiéndole al Tribunal Administrativo del Quindío, radicado No.
63001-3333-003-2015-00199-02, que mediante sentencia de segunda instancia
del 18 de mayo de 2023, determinó MODIFICAR LA DECISIÓN EN EL
SENTIDO DE QUE LA ORDEN DE RECONOCIMIENTO Y
RELIQUIDACIÓN SERÍA SOLO DESDE EL 7 DE MAYO DE 2012 HASTA
EL 31 DE JULIO DE 2014.
Respecto de la decisión se solicitó aclaración y/o corrección, la cual fue
resuelta a través de auto del 9 de junio de 2023, notificado el 13 del mismo mes
y año. La petición se despachó desfavorablemente, argumentando que la
sentencia de segundo grado no ofrecía frases o motivaciones que debieran ser
aclaradas, que la sentencia se emitió con base en lo pedido y probado en el
proceso, además, que no era procedente reconocer tiempos posteriores o
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
4
futuros, pues no se había allegado prueba dentro de las oportunidades
procesales de periodos posteriores al 2014 dónde la accionante se
desempeñara como Jueza.
Según la actora las anteriores decisiones proferidas por el Tribunal
Administrativo del Quindío sin duda desconocen que la señora KAREN
ELIZABETH JURADO PAREDES se desempeñó como funcionaria judicial
también desde JULIO DE 2018 Y HASTA LA FECHA, es decir que, por los
años 2018 a 2020, antes de que se reconociera la prima en forma adicional, no
se le otorgó el derecho laboral pretendido.
2.3. Finalmente, la actora afirma que:
La emisión de otras decisiones con efectos futuros y la demora en el trámite
del proceso, esto es, desde el 2015 al 2023, impidió que pudiera hacerse
reclamaciones posteriores a los de presentación de la demanda en forma
expresa.
2.4. Mediante sentencia de 21 de febrero de 2021, el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Armenia Quindío resolvió inaplicar por
inconstitucionalidad los decretos que preveían la prima especial de servicios
sin carácter salarial en el 30% del salario básico mensual y declarar la nulidad
total de los actos demandado así:
“PRIMERO: DECLARAR NO probadas las excepciones de
ausencia de causa petendi – inexistencia del derecho reclamado y
cobro de lo no debido; inexistencia de la obligación y la innominada,
formuladas por la Nación – Rama Judicial; Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial –, por las razones ut supra.
SEGUNDO: INAPLICAR PARCIALMENTE Y POR
INCONSTITUCIONAL la expresión “se considerará como prima,
sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico
mensual”, contenida en el artículo 8o del Decreto 874 de 2012, del
artículo 8 del Decreto 1024 de 2013 y del artículo 8 del Decreto 194
de 2014, por cuanto, como se explicó en la parte motiva de la
sentencia, constituye factor salarial únicamente para efectos de
pensión de jubilación, igualmente, INAPLICAR PARCIALMENTE
Y POR INCONSTITUCIONAL el artículo 2 del Decreto 850 de
2012, el artículo 2o del Decreto 1027 de 2013 y el artículo 2 del
Decreto 194 de 2014, en la expresión “no se tendrá en cuenta para
determinar los decretos modificatorios del anterior 3382 de 2005,
Decreto 2435 de 2006 y Decreto 3900 de 2008.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
5
TERCERO: DECLARAR la NULIDAD TOTAL del acto ficto o
presunto originado el día 16 de abril del 2015, tras la solicitud y/o
agotamiento de reclamación administrativa iniciada el día 16 de
enero del mismo año, por medio del cual se entienden negadas las
pretensiones.
CUARTO: DECLARAR que la Nación – Rama Judicial; Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial –, le dejó de cancelar a la
Doctora Karen Elizabeth Jurado Paredes el treinta por ciento (30%)
de la suma determinada como remuneración mensual en los Decretos
que rigieron durante su vínculo laboral como Juez en los años 2012,
2014 y hasta tanto haya subsistido el vínculo laboral al asumir dicho
porcentaje como prima especial cuando realmente correspondía al
salario básico.
QUINTO: ORDENAR a la Nación – Rama Judicial; Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial –, darle carácter salarial a la
prima especial únicamente para efectos de pensión de jubilación y, a
la Bonificación por actividad judicial para efectos de liquidar las
prestaciones sociales, ello, en los salariales ni prestaciones sociales”.
• Inaplicar parcialmente y por inconstitucional la expresión “sin
carácter salarial" contenida en el Decreto 3131 de 2005 por medio
del cual se crea una bonificación por actividad judicial para jueces y
fiscales se itera, debido a que es constitutiva de salario y tiene todas
las características para ser tenidas en cuenta como factor salarial.
SEXTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial; Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – a reconocer, liquidar y pagar
a favor de Karen Elizabeth Jurado Paredes, las siguientes sumas de
dinero:
• El treinta por ciento (30%) de la suma determinada como
remuneración mensual desde el 7 de mayo de 2012 de manera
proporcional al tiempo laborado, hasta tanto subsista o haya
subsistido el vínculo laboral, es decir, la diferencia entre lo que le fue
cancelado por concepto de salario básico mensual y lo establecido
como remuneración mensual en los Decretos que rigieron durante
su vínculo laboral, como se indicó en la parte considerativa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
6
• Los valores resultantes de reliquidar las prestaciones sociales
devengadas por la demandante: con el incremento del salario básico
mensual en un treinta por ciento (30%) sin el carácter salarial de la
prima especial, el que, se itera, únicamente constituye factor salarial
para efectos de pensión de jubilación y el carácter salarial de la
bonificación por actividad judicial con ocasión del cargo
desempeñado: Bonificación por servicios prestados - Prima de
servicios - Vacaciones - Prima de vacaciones - Prima de navidad que
son las que aparecen probadas dentro del proceso (fls.128 a 130),
pagando la diferencia entre las prestaciones ya pagadas y el resultado
de la reliquidación.
• Que la entidad accionada pague los valores correspondientes a las
diferencias existentes entre lo que le fue cancelado por concepto de
prima especial del artículo 14 de la Ley 4a de 1992 establecida en los
decretos reglamentarios y los valores que arroje la reliquidación que
tendrá como base lo establecido como remuneración mensual tomada
como salario básico en los Decretos que rigieron durante su vínculo
laboral.
SÉPTIMO: DECLARAR probada la excepción de prescripción a
partir del 8 de octubre de 2011, en consecuencia, las sumas causadas
con anterioridad a ésta fecha se encuentran prescritas.
OCTAVO: ORDENAR a la Nación – Rama Judicial; Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial –, reconocer, liquidar y pagar
a la demandante en la reliquidación del salario básico mensual y la
prima especial, a título de restablecimiento del derecho, los
porcentajes de cotización correspondientes al empleador en pensión
y salud que debió trasladar a los Fondos de Pensiones y los
Administradores de los servicios de salud, durante los periodos en
que prestó el servicio como Juez Laboral del Circuito, aclarando que
el pago deberá realizarse a través de las entidades de seguridad social
a las que se encuentra afiliada la actora, y no a ella.
NOVENO: ORDENAR a la Nación – Rama Judicial; Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial –, a que de los valores que se
ordenaron pagar a favor de la demandante, realice los descuentos
correspondientes a los aportes que se debió cotizar al Sistema de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
7
Seguridad Social en salud y pensión a cargo del trabajador; según lo
señalado en esta providencia.
DÉCIMO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial; Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – a indexar las sumas
reconocidas al actor de conformidad con el artículo 187 de la Ley
1437 de 2011 y, con aplicación de la formula señalada en la parte
motiva de la providencia.
DÉCIMO PRIMERO: La Nación – Rama Judicial; Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial –, deberá dar cumplimiento a
este fallo dentro del término previsto en el artículo 192 del CPACA.
De no ser las sumas reconocidas en favor del accionante, devengarán
intereses moratorios a partir de la ejecutoria del fallo y hasta que el
mismo se cumpla.
DÉCIMO SEGUNDO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la
demanda.
DÉCIMO TERCERO: NO CONDENAR EN COSTAS a la parte
vencida, atendiendo lo dicho en lo considerado previamente.
DÉCIMO CUARTO: En firme este fallo, devuélvase a la parte
demandante el excedente, si lo hubiere, de las sumas consignadas
para gastos del proceso, cancélese su radicación, archívese el
expediente, previa anotación en el sistema informático de
administración judicial siglo XXI y para su cumplimiento, expídase
copia con destino a la partes, de esta providencia y de la eventual de
segunda instancia, con las precisiones del artículo 114 del C.G.P. y
con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359
de 1995. Las copias destinadas a las partes, serán entregados a los
apoderados judiciales que han venido actuando.”
2.5. Como consecuencia de ello ordenó condenar a pagar a la demandante a pagar
la suma que resulte como diferencia de la reliquidación de las prestaciones
legales con base en la asignación básica mensual incluido el 30% de la prima
mensual, decisión que fue objeto de recurso de apelación por las partes dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
8
2.6. Mediante providencia de 118 de mayo de 2023 la Sala Segunda de decisión
con conjueces del Tribunal Administrativo de Quindío revoca parcialmente
y modifica la decisión de primera instancia, así:
“PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia
proferida el día 21 de febrero de 2021 por el juez ad hoc del Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Armenia Quindío el cual
quedará así:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de ausencia
de causa
petendi – inexistencia del derecho reclamado y cobro de lo no debido;
inexistencia de la obligación y prescripción formuladas por la Nación
– Rama Judicial.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral SEGUNDO y el numeral
QUINTO de forma parcial en cuanto decretó la inaplicación parcial
y por inconstitucional de la expresión “sin carácter salarial”
contenida en el Decreto 3131 de 2005 y en los decretos modificatorios
del anterior Decreto 3382 de 2005, Decreto 2435 de 2006 y Decreto
3900 de 2008, y dispuso otorgar a la bonificación por actividad
judicial efectos de factor salarial para fines de liquidación de
prestaciones sociales.
TERCERO: MODIFICAR el numeral SEXTO el cual quedará así:
SEXTO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a reconocer,
liquidar y pagar a la señora Karen Elizabeth Jurado Paredes el 100%
de la asignación básica, y no del 70% como ha venido ocurriendo, y
a la reliquidación de las prestaciones sociales – incluidas las cesantías
– con el 100% de la asignación básica, por el tiempo que duró su
vinculación laboral como funcionaria judicial.
El reconocimiento ordenado será efectivo desde el 7 de mayo de 2012
hasta el 31 de julio de 2014.
La prima especial de servicios solo será factor salarial para efectos de
pensión de jubilación.
CUARTO: SUPRIMIR el numeral SEPTIMO.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
9
QUINTO: MODIFICAR el numeral OCTAVO el cual quedará así.
OCTAVO: Como consecuencia del reajuste ordenado a la
remuneración mensual y prestacional, también deberán efectuarse
los ajustes y deducciones para los respectivos pagos a la seguridad
social a cargo del empleador y trabajador durante todo el tiempo de
ejercicio como Jueza de la República que va del 07 de mayo de 2012
hasta el 31 de julio de 2014.
SEXTO: SUPRIMIR el numeral NOVENO.
SEPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
NOVENO: Sin lugar a condenar en costas en esta instancia.
DECIMO: RECONOCER personería adjetiva para representar los
intereses de la entidad accionada a la abogada DIANA MILENA
SUAREZ MARTÍNEZ portadora de la T.P. No 290.759 del C. S. de
la J., en los términos y para los efectos del poder conferido (Anexo
027 plataforma SAMAI).
DECIMO PRIMERO: En firme esta providencia, devuélvase el
expediente al Juzgado de origen, previas las anotaciones pertinentes
en el programa informático “SAMAI”.”
2.7. El apoderado de la actora solicita aclaración a la sentencia de segunda
instancia, el cual es resuelto por auto de 9 de junio de 2023, se decidió:
“R E S U E L V E
PRIMERO: NEGAR la solicitud de aclaración y/o corrección de
sentencia propuesta por el apoderado de la parte actora.”
2.8. Las razones para tomar dicha determinación en suma fueron las siguientes:
“Para el caso concreto, y atendiendo lo señalado por el apoderado
judicial, la sala advierte que la sentencia objeto de solicitud no
contiene conceptos o frases que ofrezcan motivo verdadero de
duda que amerite una aclaración, tampoco que se hubiese omitido
la resolución de algún punto planteado en la litis o que la Ley
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
10
establezca de manera perentoria; de igual forma, no contiene
errores de palabras.
Lo pretendido con la denominada solicitud de aclaración es
introducir un elemento probatorio para que la decisión de segunda
instancia sea modificada de forma parcial, lo cual, no es
procedente mediante la utilización de aquellas figuras procesales.
En el proceso contencioso administrativo impera el principio de
preclusión, que, para efectos de decreto e incorporación de pruebas
se traduce en que solo pueden ser pedidas, decretadas y
practicadas en las oportunidades procesales pertinentes, es decir,
clausurada las etapas probatorias y demás etapas del proceso
fenece la posibilidad de allegarlas y/o de discutir la situación que
debió ventilarse en la etapa respectiva, así lo ha reiterado la
jurisprudencia contenciosa administrativa.
En efecto, según el CPACA y la jurisprudencia reiterada, las
pruebas se solicitan, practican y se incorporan al proceso “dentro
de los términos y oportunidades señalados en este código”, las
oportunidades probatorias son: i) la demanda, ii) la contestación,
iii) la reforma de la demanda, iv) a contestación de la reforma de
la demanda, v) la demanda de reconvención, vi) la contestación a
la demanda de reconvención, vii) las excepciones, viii) la
oposición a las excepciones, ix) los incidentes, x) la respuesta al o
los incidentes (circunscrita a la cuestión planteada) y, en segunda
instancia, cuando son solicitadas en la admisión de la apelación,
siguiendo los lineamientos del artículo 247 y 212 del CPACA,
razón por la cual, es improcedente cualquier solicitud o
introducción de elemento probatorio en otro estado procesal,
mucho menos después de dictada una sentencia y mediante una
solicitud de “aclaración de sentencia”, que materialmente se
traduciría en una reforma de la sentencia bajo una nueva
valoración probatoria, lo que iría en contra del debido proceso.
Así entonces, la sentencia proferida en este asunto, se fundamentó
en lo pretendido y lo probado debidamente en las respectivas
etapas proceso, en la certificación de recursos humanos aportada
con la demanda que estableció un corte en la relación laboral de la
actora en la calidad de jueza, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 1876 del CPACA y 2817 del C.G.P., esto es, a las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
11
pruebas oportuna y debidamente introducidas en la litis, motivo
por el cual, al haberse resuelto y analizado el punto mencionado
por la parte actora de forma clara en la providencia y con las
pruebas que obraban en el plenario, no es dable acceder a un re
examen del asunto y con una nueva prueba aportada con la
solicitud de aclaración para que la sentencia sea reformada, lo que
reiteradamente la jurisprudencia ha señalado su improcedencia.”
3. Fundamentos del amparo
El solicitante aseguró que a sus representados les fueron vulnerados; el derecho
fundamental al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia,
toda vez que según expone la violación al Derecho Fundamental al Trabajo en su
modalidad del derecho a la remuneración, la Sala segunda del Tribunal
Administrativo de Quindío, llegó a una conclusión errada, ya que en su entender
limito el tiempo de liquidación al reconocimiento entre 7 de mayo de 2012 al 31 de
julio de 2014. El actor solicita las siguientes peticiones de amparo:
“1. Se amparen los derechos fundamentales de KAREN ELIZABETH
JURADO PAREDES AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA IGUALDAD, que se
consideran vulnerados por el Tribunal Administrativo del Quindío,
conforme lo expuesto precedente.
2. Como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE MODIFICAR LA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA proferida el 18 de mayo
de 2023, por medio del cual dispuso que se debía condenar a la
NACIÓN- RAMA JUDICIAL reconocer, liquidar y pagar a mi
representada, el 100% de la asignación básica, y no del 70% como ha
venido ocurriendo, y a la reliquidación de las prestaciones sociales –
incluidas las cesantías – con el 100% de la asignación básica, por el
tiempo que dure su vinculación laboral como funcionaria judicial.
PERO LIMITÓ SU RECONOCIMIENTO al 7 DE MAYO DE
2012 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2014, ordenando igualmente tener
en cuenta dicho periodo para realizar el reajuste y deducciones de los
respectivos pagos a la seguridad social.
3. Se ordene que el Tribunal Administrativo del Quindío, disponga en
la que los derechos laborales mi representada deben ser reconocidos
DESDE EL 7 DE MAYO DE 2012 Y HASTA QUE OSTENTE LA
CALIDAD DE JUEZA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
12
4. Se adopten las demás medidas que el señor Consejo Ponente estime
pertinentes para la protección de los derechos fundamentales de la
accionante.”
Además, indica que se desconoce el alcance dado, tanto por el Consejo de Estado
como por la Corte Constitucional, a los derechos fundamentales contenidos en los
artículos 1, 25, 53 de la Constitución Política y Convenios Internacionales de la O.I.T.
4. Trámite de la acción de tutela y contestaciones
• El día 1 de agosto de 2023, fue presentado escrito de tutela a través de
apoderado de la actora Karen Elizabeth Jurado
• Mediante escrito de 8 de agosto de 2020 los Magistrados de la sección tercera,
se declaran impedidos para conocer del asunto al considerar que podrían
tener interés directo, pues en su sentir se encuentra inmersa en la causal
consagrada en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal que dispone, pues los accionantes discuten las providencias judiciales
proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por cada uno ellos –todos jueces del departamento
de Antioquia–, en las que se negaron las pretensiones de sus demandas,
orientadas a obtener la reliquidación de sus prestaciones sociales, con la
inclusión de la prima especial contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de
19921. Por todo lo anterior, para no afectar la imparcialidad judicial,
solicita se acepte el impedimento manifestado.
• El día 14 de agosto de 2023, se realiza sorteo de conjueces donde se designa
a los doctores Alier Eduardo Hernández Enríquez, Carlos Alberto Atehortúa
Ríos y el suscrito.
• El 29 de agosto de 2023, el conjuez ponente doctor Alier Eduardo Hernández
Enríquez, manifiesta estar impedido, el cual es separado del conocimiento
por auto del 7 de septiembre de 2023.
• Por auto de 23 de septiembre de 2023, la demanda de tutela es admitida
ordenando vincular a la Dirección de Administración Judicial.
• El 28 de septiembre la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Armenia responde la tutela y el Tribunal Administrativo de Quindío guardo
silencio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
13
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Cuestión Previa
En primer lugar, es preciso anotar, que el expediente fue enviado a la actual Sala de
Conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por los impedimentos
manifestados por los consejeros ALBERTO MONTAÑA PLATA, FREDY IBARRA
MARTINEZ y MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ y por el Conjuez ALIER
EDUARDO HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, como previamente se había informado en el
presente fallo, por tener interés indirecto en el resultado del proceso1, por cuanto el
objeto de la tutela recae sobre la inclusión de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como factor salarial, la cual devengan algunos
funcionarios y empleados de esta Corporación, que han reclamado en sede
administrativa y judicial con similares supuestos fácticos y jurídicos.
2. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la petición de amparo constitucional
presentada por la parte accionante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86 de la Constitución Política, Decreto 2591 de 1991 y Decreto 1069 de 2015
modificado por el Decreto 1983 de 2017.
3. Problemas Jurídicos
De conformidad con lo expuesto por el actor en el escrito introductorio del presente
trámite constitucional y de las pruebas obrantes en el respectivo expediente, el
problema jurídico a resolver es el siguiente:
¿Las providencias objeto de tutela revocada parcialmente y modificada
por la Sala segunda de decisión del Tribunal Administrativo de
Quindío, vulneran los derechos fundamentales invocados por el
accionante al desconocer la bonificación por actividad judicial y
prima especial de servicios como factores salariales para efectos de
reliquidación de salarios y prestaciones sociales?
¿Las providencias objeto de tutela revocadas por la Sala segunda de
decisión del Tribunal Administrativo de Quindío desconocen los
precedentes jurisprudenciales?
1 Artículos 141-1 CGP y 56-1 del CPP.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
14
¿Es procedente el amparo solicitado?
Con el fin de solucionar y dar respuesta al problema jurídico, esta Sala de Conjueces
estudiará de la siguiente forma metodológica los problema planteados: primero,
¿las generalidades de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales?; y
segundo la resolución del caso concreto inicialmente en ¿la comprobación del
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción?, y por último la decisión a
tomar que comprenderá la resolución de la tutela, a partir de las respuestas a los
problemas planteados.
4. Naturaleza y procedencia de la acción de tutela.
La acción de tutela, es un mecanismo procesal especifico y directo, cuyo objeto
consiste en la efectiva protección concreta e inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales en una determinada situación jurídica, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad
pública, o de un particular en las situaciones y bajo las condiciones determinadas
específicamente en el Decreto 2591 de 1991. La finalidad última de esta acción
constitucional es lograr que el Estado, a través de un pronunciamiento judicial,
restablezca el derecho fundamental conculcado o impida que la amenaza que sobre
él se cierne se configure.
Esta acción está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, que en su artículo 1° establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.2
Dentro de las características esenciales de esta acción se encuentran la
subsidiariedad y la inmediatez, la primera, refiere a que tan solo resulta procedente
instaurarla en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente,
susceptible de ser alegado ante los Jueces; esto es, cuando el afectado no disponga
de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable; la segunda a que la acción de tutela debe tratarse como mecanismo de
aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad
concreta y actual del derecho objeto de la violación o amenaza.
2
Constitución Política Artículo 86.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
15
5. Procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales.
De la lectura del artículo 86 de la Constitución se desprende que el Constituyente de
1991 no realizó distinción alguna respecto de los ámbitos de la función pública en
los cuales los derechos fundamentales podrían resultar vulnerados, por lo que
resulta procedente contra los actos y las decisiones expedidas en ejercicio de la
función jurisdiccional.
Ha señalado la Corte Constitucional3 que esa regla se deriva del texto de la
Constitución en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos4 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos5, los cuales
establecen que toda persona podrá hacer uso de mecanismos judiciales ágiles y
efectivos que los ampare contra la amenaza o violación de los derechos
fundamentales, aun si esta se causa por quienes actúan en ejercicio de funciones
oficiales.
Ahora bien, el debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales tiene génesis en la Sentencia C-543 de 1992 de la Corte
Constitucional que declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto
2591 de 19916 referidos a la caducidad y competencia especial de la tutela frente a
providencias judiciales, por considerar que contrariaban principios constitucionales
de gran valía como la autonomía judicial, la desconcentración de la administración
de justicia y la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte ha permitido de forma excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales analizar nuevamente la decisión judicial en sede de tutela,
con la finalidad de establecer si el fallo que se adoptó conforme a derecho, o por si
el contrario se ha incurrido en una vía de hecho.
Así, la Corte Constitucional ha construido una línea jurisprudencial sobre el tema, y
3
Ver, sentencias T-792 de 2010, T-511 de 2011 y SU-773 de 2014.
4
Artículo 25. Aprobada mediante la Ley 16 de 1972.
5
Artículo 2. Aprobado mediante la Ley 74 de 1968.
6
Disponía el referido artículo: “Cuando las sentencias y las demás providencias judiciales que pongan término a un
proceso, proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, amenacen
o vulneren un derecho fundamental, será competente para conocer de la acción de tutela el superior jerárquico
correspondiente.
Cuando dichas providencias emanen de Magistrados, conocerá el Magistrado que le siga en turno, cuya actuación podrá
ser impugnada ante la correspondiente sala o sección.
Tratándose de sentencias emanadas de una sala o sección, conocerá la sala o sección que le sigue en orden, cuya actuación
podrá ser impugnada ante la sala plena correspondiente de la misma corporación. (...)”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
16
ha determinado progresivamente los defectos que configuran una vía de hecho7.
Posteriormente, la Corte Constitucional adicionó otros tipos de defectos
constitutivos de vías de hecho, se ha entonces determinado, que todo el
ordenamiento jurídico debe sujetarse a lo dispuesto por la Constitución en razón a
lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política. En efecto, en un Estado Social
de derecho en el orden normativo está referido a que los jueces, en sus providencias,
están obligados a respetar los derechos fundamentales.
Bajo este cometido, se tiene que las sentencias judiciales pueden ser atacadas
mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y que, dado que
con estos nuevos defectos era más adecuado utilizar el concepto de “causales
genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de hecho”.
5.1. Requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales.
En efecto, esta nueva dimensión al abandonar la expresión “vía de hecho” e
introducir “criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”,
distinguió dos ópticas, una el carácter general y otra, el carácter específico. Los
primeros constituyen restricciones de índole procedimental o parámetros
imprescindibles para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en las sentencias C-590 de junio 8 de 2005
y SU-913 de 2009, unificó los requisitos de procedencia y las razones o motivos de
procedibilidad de la tutela contra sentencia, en dicha oportunidad la Corte
Constitucional, haciendo alusión a los requisitos generales y especiales para la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales dijo
sobre estos:
“24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales son los siguientes:
7
Véase, sentencia T231 de 1994, que dice: “Si este comportamiento – abultadamente deformado respecto del postulado
en la norma – se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la
disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o
en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en
la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental), esta sustancial carencia de poder o de
desviación del otorgado por la ley, como reveladores de una manifiesta desconexión entre la voluntad del ordenamiento y
la del funcionario judicial, aparejará su descalificación como acto judicial”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
17
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda
claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le
otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la
acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las
funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se
hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la
acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que
la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-
05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales,
tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay
lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere
sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
18
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión
judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre
la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un
riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual
las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva,
se tornan definitivas”. (Resaltado fuera de texto).
Los segundos -requisitos específicos-, aluden a los yerros judiciales que se advierten
en la decisión judicial y tornan inexorable la intervención del juez de tutela. Esos
fueron denominados “causales especiales de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales”, y se explicaron en los siguientes términos:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
19
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución”.
5.2. Configuración del defecto sustantivo en providencias judiciales.
La Constitución Política establece que las sentencias y demás providencias judiciales
deben sujetarse “al carácter normativo de la Constitución”8, ahora bien, si en
contravía de lo anterior, un operador judicial desconoce la Constitución o la ley,
incurre en un defecto sustantivo, haciendo procedente la acción de tutela para que
se corrija el error judicial.
Es así, como la Corte Constitucional en la Sentencia SU-515 de 2013, sintetizó los
supuestos que pueden configurar este defecto, en estos términos:
i. La decisión tiene como fundamento una norma que no es aplicable, ya que
no es pertinente, ha perdido su vigencia por haber sido derogada, es inexistente,
ha sido declarada inexequible o, pese a que la norma esté vigente, su aplicación
no resulta adecuada en el caso concreto.
ii. La interpretación de la norma al caso concreto no se encuentra dentro de
un margen razonable, o el funcionario hace una aplicación inaceptable de la
disposición.
iii. No se tienen en cuenta sentencias con efectos erga omnes.
iv. La disposición se muestra injustificadamente regresiva o contraria a la
Constitución.
v. La decisión se funda en una interpretación no sistemática del derecho.
vi. Se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de
argumentación.
vii. El juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando
corresponde.
8
Constitución política artículo 4º
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
20
En ese orden y conforme lo anterior, cuando los jueces ignoran las normas aplicables
al asunto sub examine, sus decisiones son susceptibles de ser cuestionadas en sede
de tutela, pues constituyen una violación al debido proceso.
En la sentencia SU-632 de 2017 la Corte Constitucional hizo una importante
recapitulación en relación con este defecto:
“3.4. Por otra parte, la Corte ha establecido que el defecto sustantivo parte
del ‘reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades
judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el
principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso
absoluta’9. En consecuencia este defecto se materializa cuando la decisión que
toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le
reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso
concreto.’10. La jurisprudencia de este Tribunal en diferentes decisiones ha
recogido los supuestos que pueden configurar este defecto, así en las sentencias
SU-168 de 2017 y SU-210 de 2017, se precisaron las hipótesis en que
configura esta causal, a saber:
(i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este
caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada,
o que ha sido declarada inconstitucional11.
(ii) La aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras
que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada12.
(iii) Por aplicación de normas constitucionales pero no aplicables al caso
concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada
al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser
igualmente inaplicada13.
(iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos
jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del
juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia14.
(v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
9
Ver sentencia SU-210 de 2017.
10
Cfr. Sentencia T-156 de 2009. Ver también Sentencias T-008 de 1998 y C-984 de 1999.
11
Cfr. Sentencias T-158 de 1993, T-804 de 1999 y SU-159 2002.
12
Cfr. Sentencias T-790 de 2010, T-510 de 2011.
13
Cfr. Sentencias T-572 de 1994, SU-172 de 2000 y SU-174 de 2007.
14
Cfr. Sentencia T-100 de 1998.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
21
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico15.
(vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el
cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es
abiertamente contrario a la constitución16.
Adicionalmente, esta Corte ha señalado17 que una autoridad judicial puede
incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en al menos dos
hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance
que esta no tiene (contraevidente); o (ii) cuando le confiere a la disposición
infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente
posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad
contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados
desproporcionados”.
En anterior oportunidad, SU-567 de 2015, la Corte había establecido otros eventos
constitutivos de defecto sustantivo, a saber: “(e) con una insuficiente sustentación o
justificación de la actuación18 que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el
precedente judicial19 sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese
permitido una decisión diferente;20 o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que se solicite
su declaración por alguna de las partes en el proceso.21”
6. De la Bonificación por actividad Judicial y la Prima especial de servicios
Se desprende de la demanda que dieron lugar a los fallos judiciales objeto de la
acción de tutela que llama la atención de esta sala, que las mismas están
encaminadas al reconocimiento de la bonificación de actividad judicial creada
mediante el decreto 3131 del 8 de septiembre de 2005, modificada por el decreto 3382
del 23 de septiembre de 2005, contemplada en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 como
factor salarial para todos los efectos legales y prestacionales, por lo cual se hace
necesario abordar este asunto, a efectos de diferenciar los conceptos de bonificación
por actividad judicial, frente a la noción de prima de servicios:
15
Cfr. Sentencia T-790 de 2010.
16
Cfr. Sentencias T-572 de 1994 y SU-159 de 2002.
17
Cfr. Sentencia T-1095 de 2012.
18
Sentencias T-114 de 2002 y T- 1285 de 2005.
19
Ver sentencias T-292 de 2006, SU-640 de 1998 y T-462 de 2003.
20
Cfr. Sentencia T-1285 de 2005.
21
Ver sentencia T-047 de 2005.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
22
6.1. La Bonificación por actividad Judicial.
El Decreto 3131 de 200522, creó una bonificación de actividad judicial, sin carácter
salarial, que se pagaría semestralmente el 30 de junio y 30 de diciembre de cada año,
como un reconocimiento económico al buen desempeño de los funcionarios que
ejercieran los empleos a que se refiere en su artículo 1º de dicho decreto, como un
reconocimiento económico al buen desempeño.
Posteriormente, el Decreto 3382 de 2005 modificó el referido artículo 1º, en el sentido
de que la bonificación de actividad judicial sería reconocida a quienes ocupen los
empleos allí señalados, cualquiera que fuese la forma de su vinculación. Esta
bonificación, como lo precisa el mismo decreto, no constituye factor salarial ni
prestacional y no se tendrá en cuenta para determinar elementos salariales o
prestaciones sociales.
El artículo 2º de ese decreto establecía que la bonificación de actividad judicial no
constituye factor salarial ni prestacional y no se tendrá en cuenta para determinar
elementos salariales o prestaciones sociales.
El consejo de Estado distinguía que si bien la bonificación de actividad judicial era
un componente de remuneración que tenía todas las características esenciales del
salario, no constituía factor salarial o prestacional, sino que constituía una suma
adicional a la asignación básica.
Ahora bien, el Decreto No. 3900 de 2008, dispuso que a partir del 1 de enero de 2009
sólo constituirá factor para efectos de determinar el ingreso base de cotización del
Sistema General de Pensiones y, de acuerdo con la Ley 797 de 2003, para cotización
al Sistema General de Seguridad Social en Salud; en consecuencia, no se tendrá en
cuenta para determinar elementos salariales ni prestaciones sociales.
6.2. Prima especial de servicios.
Fue creada por el Articulo 14 de la Ley 4ª de 199223, norma que prevé que el Gobierno
Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario
22
Artículo 1°. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 3382 de 2005. A partir del 30 de junio de 2005, créase una
bonificación de actividad judicial, sin carácter salarial, que se pagará semestralmente el 30 de junio y 30 de diciembre de cada
año, como un reconocimiento económico al buen desempeño de los funcionarios que ejerzan en propiedad los siguientes
empleos: (…)
23
ARTÍCULO 14. <Ver Notas de Vigencia> El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60%
del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
23
básico, sin carácter salarial, para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de
Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de
salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1º de
enero de 1993.
Mediante la sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-016-S2-19 del 02 de
septiembre de 2019, la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda con ponencia
de la Doctora CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS después de examinar las
normas constitucionales (artículo 150), legales (Ley 4ª/92 y Ley 332/96) y
reglamentarias (decretos salariales expedidos por el gobierno nacional), así como la
noción de prima, precisó el contenido y alcance de la norma prevista en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992:
«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia,
al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima de la
prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como
un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el
cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General
de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre
el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.
Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar,
excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de
enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama
Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
24
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional».
De lo anterior, se concluye que en cumplimiento del mandato legal contenido en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se debe adicionar la prima especial allí ordenada y
no incluirla dentro del salario para darle esa denominación.
7. Análisis del caso concreto.
La sala concluye que la inconformidad de la actora recae sobre la situación fáctica
que el Tribunal de segunda instancia limita el reconocimiento, en efecto el
apoderado del momento indicó en su solicitud de aclaración:
En el mismo sentido también solicita:
Para soporta su petición de aclaración, aporta a su escrito la certificación de servicios
de la hoy accionante donde se puede ver lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
25
Revisado el expediente la Sala advierte que el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011,
dispone acerca de las oportunidades probatorias que:
“Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse,
practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades
señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica
de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su
respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la
oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento
circunscritas a la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar
su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades
probatorias anteriormente señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término
de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas,
que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan
terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su
anuencia.
2. <Numeral modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo
texto es el siguiente:> Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o
no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que
las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir
requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la
oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para
demostrar o desvirtuar estos hechos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
26
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera
instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los
numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria
del auto que las decreta.
PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren
procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de
diez (10) días hábiles.”
Tenemos que gran parte de la vinculación de la actora fue en provisionalidad y en
una ocasión en descongestión, lo cual conlleva a que el operador judicial no le es
permitido suponer la permanencia en el cargo; obsérvese, como adquiere su
propiedad solo a partir de julio 3 de 2018.
En efecto, encuentra la sala que no le asiste razón al accionante en los reclamos de
tutela, toda vez que, la Sala segunda de decisión del Tribunal Administrativo del
Quindío al negar modificar el fallo de primera instancia le asistió la razón, fue así
que al resolver la petición de aclaración del actor informó:
“Lo pretendido con la denominada solicitud de aclaración es
introducir un elemento probatorio para que la decisión de segunda
instancia sea modificada de forma parcial, lo cual, no es
procedente mediante la utilización de aquellas figuras procesales.
En el proceso contencioso administrativo impera el principio de
preclusión, que, para efectos de decreto e incorporación de pruebas
se traduce en que solo pueden ser pedidas, decretadas y
practicadas en las oportunidades procesales pertinentes, es decir,
clausurada las etapas probatorias y demás etapas del proceso
fenece la posibilidad de allegarlas y/o de discutir la situación que
debió ventilarse en la etapa respectiva, así lo ha reiterado la
jurisprudencia contenciosa administrativa.
En efecto, según el CPACA y la jurisprudencia reiterada, las
pruebas se solicitan, practican y se incorporan al proceso “dentro
de los términos y oportunidades señalados en este código”, las
oportunidades probatorias son: i) la demanda, ii) la contestación,
iii) la reforma de la demanda, iv) la contestación de la reforma de
la demanda, v) la demanda de reconvención, vi) la contestación a
la demanda de reconvención, vii) las excepciones, viii) la
oposición a las excepciones, ix) los incidentes, x) la respuesta al o
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
27
los incidentes (circunscrita a la cuestión planteada) y, en segunda
instancia, cuando son solicitadas en la admisión de la apelación,
siguiendo los lineamientos del artículo 247 y 212 del CPACA,
razón por la cual, es improcedente cualquier solicitud o
introducción de elemento probatorio en otro estado procesal,
mucho menos después de dictada una sentencia y mediante una
solicitud de “aclaración de sentencia”, que materialmente se
traduciría en una reforma de la sentencia bajo una nueva
valoración probatoria, lo que iría en contra del debido proceso.
Así entonces, la sentencia proferida en este asunto, se fundamentó
en lo pretendido y lo probado debidamente en las respectivas
etapas del proceso, en la certificación de recursos humanos
aportada con la demanda que estableció un corte en la relación
laboral de la actora en la calidad de jueza, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 212 del CPACA y 173 del C.G.P., esto
es, a las pruebas oportuna y debidamente introducidas en la litis,
motivo por el cual, al haberse resuelto y analizado el punto
mencionado por la parte actora de forma clara en la providencia y
con las pruebas que obraban en el plenario, no es dable acceder a
un re examen del asunto y con una nueva prueba aportada con la
solicitud de aclaración para que la sentencia sea reformada, lo que
reiteradamente la jurisprudencia ha señalado su improcedencia.”
No sobra advertir finalmente, que la tutela no está encaminada a convertirse en una
tercera instancia, ni tampoco es una herramienta para debatir pruebas no
introducidas dentro de las oportunidades probatorias previstas en la ley, pues las
mismas son de derecho estricto, la justicia contenciosa es eminentemente rogada, en
suma, estamos en presenciade de una deficiencia probatoria en el juicio de legalidad
adelantado. En ese orden, en Sentencia del 19 de junio de 2008, Expediente No. 2006-
0043 (0867-06) con ponencia de Magistrado Jaime Moreno García, el Consejo de
Estado dijo:
“Los derechos adquiridos de los servidores públicos solamente pueden
invocarse respecto de aquellos derechos laborales que el servidor ha
consolidado durante su relación laboral, no sobre expectativas que
dependan del mantenimiento de una legislación de derecho público, a cuya
intangibilidad no se tiene ningún derecho. La vinculación de un empleado
público se produce por un acto condición que tiene por objeto colocar a una persona
en situación jurídica general, preexistente de carácter objetivo y creación unilateral,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
28
modificable en cualquier momento en que sea necesario al interés público. El
señalamiento de condiciones salariales y prestacionales de los servidores públicos,
hacen parte de esa situación jurídica de carácter general de derecho público y es por
ello eminentemente modificable. La Corte Constitucional en sentencia C-
279/96 afirmó: “En varias ocasiones, la jurisprudencia constitucional del país,
expresada por la Corte Suprema de Justicia antes de 1991, y luego por la Corte
Constitucional, ha manifestado que no existe derecho adquirido a la estabilidad de
un régimen legal. Las normas legales acusadas bien podían entonces disponer
que no se consideraran parte del salario, para efecto de liquidar prestaciones
sociales, ciertas remuneraciones que, a la luz de criterios tradicionales,
deberían haberse tenido como parte de aquel”. Por lo anterior los artículos 1º
parcial y 2º del Decreto 3131 de 2005, al señalar que la bonificación de actividad
judicial no tendría carácter salarial ni prestacional, no desconocieron ningún
derecho adquirido ni disposiciones legales o constitucionales.” (Subrayado
y negrilla fuera de texto)
Bajo estos razonamientos esenciales, la Sala de Conjueces concluye que la tutela
propuesta en esta oportunidad, deberá NEGARSE.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
3.1. NEGAR EL AMPARO SOLICITADO, por las razones expuestas en la parte
motiva del presente fallo, impetrado por KAREN ELIZABETH JURADO
PAREDES por conducto de apoderado contra la Sentencia de 18 de mayo de
2023 de la Sala Segunda de Decisión con conjueces del Tribunal Administrativo
de Quindío, notificada por correo electrónico del 19 de mayo de la corriente
anualidad, dentro del procesos de Nulidad y Restablecimiento del derecho.
Expediente No.: 63001-3333-003-2015-00199-02.
3.2. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591
de 199124.
3.3. En caso de no ser impugnada25 la presente decisión REMÍTASE el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
24
Artículo 30. NOTIFICACION DEL FALLO. El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su
cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido.
25
Artículo 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el
Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento
inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001031500020230415600
Actor: Karen Elizabeth Jurado Paredes
Demandado: Tribunal Administrativo de Quindío
Sentencia Tutela Primera Instancia
29
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JESÚS MARINO OSPINA MENA
Conjuez Ponente
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ALBERTO ATEHORTÚA RÍOS
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer
a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.