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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04182-01

Fecha
1 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04182-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Luis Gilberto Martínez Murillo en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04182-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

1 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., primero (1) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luis Gilberto Martínez Murillo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho para el reconocimiento de una relación laboral encubierta
/ Ausencia del elemento de la subordinación / Defecto fáctico y
desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Luis Gilberto Martínez Murillo, en
contra de la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2023 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo
de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Luis Gilberto Martínez Murillo promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la vida
digna y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con
ocasión de la sentencia proferida el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-
33-42-056-2021-00035-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Luis Gilberto Martínez Murillo prestó sus servicios como odontólogo en el Hospital
Vista Hermosa del 14 de marzo de 2007 al 30 de noviembre de 2016, a través de la
suscripción de contratos de prestación de servicios, quien considera que con su
ejecución se encubrió una verdadera relación laboral, por lo que, en ejercicio del

1 Ver índice 2 de SAMAI en el expediente 11001031500020230418200. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luís Gilberto Martínez Murillo

medio de control de nulidad y restablecimiento, interpuso demanda en contra de dicha
institución hospitalaria.

ii) El Juzgado Cincuenta y Seis Administrativo de Bogotá, a través sentencia del 13
de septiembre de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda al encontrar
demostrados los elementos de prestación personal del servicio, remuneración y
subordinación. En contra de esta decisión la parte demandada interpuso recurso de
apelación.

iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 9 de febrero de 2023 revocó la decisión del a quo al
considerar que el elemento de la subordinación no fue acreditado.

iv) En relación con esa decisión, la parte actora considera que la corporación judicial
demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico por
indebida valoración de las pruebas que dan cuenta de la subordinación de la actividad
que desarrolló como contratista, y desconocimiento del precedente contenido en la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 20212, porque
no se tuvo en cuenta que el demandante prestó sus servicios a la entidad por más
de diez años como odontólogo, es decir, que su labor no fue temporal, sino que se
prolongó en el tiempo y tuvo continuidad.

Agregó que el tribunal omitió que la jurisprudencia «ha considerado, como indicios de la
subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se
destacan: i) El lugar de trabajo; ii) El horario de labores; iii) La dirección y control efectivo de
las actividades a ejecutar, v) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral», indicios que se presentan en el caso bajo estudio
y por ende, se hace evidente la existencia de la relación laboral entre las partes.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] Primera: Amparar los derechos al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, protección especial, vida en condiciones dignas, reparación integral, igualdad,
respeto al precedente y demás vulnerados a LUIS GILBERTO MARTINEZ MURILLO, por
acciones u omisiones del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D, al momento de proferir la sentencia de 2ª
Instancia el 09 de febrero de 2023 dentro del expediente con el radicado No.
11001334205620210003501, mediante la cual revocó el fallo del Juzgado Cincuenta y
Seis (56) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C del 13 de septiembre de 2022,
dentro de la acción de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
por el citado ciudadano.

Segunda: Dejar sin efectos el fallo segundo grado proferido por TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D, de

2 Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016)

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luís Gilberto Martínez Murillo

2ª Instancia del 09 de febrero de 2023 proferido dentro del expediente con el radicado No.
11001334205620210003501, y, en su lugar ordenarle que procedan a emitir una nueva
sentencia.

Tercera: Que se ordene a favor de LUIS GILBERTO MARTINEZ MURILLO, se tenga en
cuenta el precedente jurisprudencial que trata del contrato realidad, la favorabilidad en la
interpretación de la relación laboral, la posición dominante Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E., la realidad sobre la forma, el trato digno. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D3, solicitó negar el amparo invocado debido a la no vulneración de
derechos fundamentales, pues, del análisis de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación incoado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
E.S.E. se determinó que era ajustado a derecho revocar la decisión favorable del a
quo, por cuanto no se demostró que la labor desempeñada por el contratista lo fue
bajo subordinación.

Señaló que en la providencia objeto de reproche se expusieron con suficiencia los
argumentos que fundamentaron la decisión de la Sala, la cual se fundamentó en el
hecho que no se acreditaron la totalidad de los elementos de la relación laboral, a
saber, la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación.

1.2.2. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.4 pidió que se declare
la improcedencia de este mecanismo constitucional, en tanto la solicitud de tutela no
puede ser utilizada como una tercera instancia y, en este caso, es claro que la
autoridad judicial demandada no vulneró derecho fundamental alguno y tuvo en
cuenta la totalidad del material probatorio obrante en el expediente.

Adujo que el asunto no cumple con el requisito de relevancia constitucional, ya que
el tribunal demandado de manera acuciosa valoró la totalidad del material probatorio
allegado, y que es la conclusión a la cual se llegó lo que genera la verdadera
discrepancia de la parte actora, aspecto en el cual no puede inmiscuirse el juez de
tutela, porque reabriría el debate que se surtió en sede ordinaria.

1.2.3. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio5.

1.3 Sentencia de primera instancia6

3 Ver índice 9 de SAMAI en el expediente 11001031500020230148200.
4 Ver índice 10 de SAMAI en el expediente 11001031500020230148200.
5 Mediante auto del 4 de agosto de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar a la

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
6 Ver índice 13 de SAMAI en el expediente 11001031500020230148200.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luís Gilberto Martínez Murillo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante sentencia del 4 de
septiembre de 2023 declaró la improcedencia de la solicitud de tutela al considerar
que no se logró superar el requisito de relevancia constitucional.

1.4. El recurso de apelación7

Luis Gilberto Martínez Murillo interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
tutela, además de mencionar que el asunto tiene relevancia constitucional.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20008 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20199, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado10 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.11 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»

7 Ver índice 18 de SAMAI en el expediente 11001031500020230148200.
8 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
9 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
11 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luís Gilberto Martínez Murillo

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,12 adoptó los criterios expuestos
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para establecer la
procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección
de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese
sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional13 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,14 el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales. 15

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, vulneró los derechos fundamentales de Luis Gilberto

12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luís Gilberto Martínez Murillo

Martínez Murillo con ocasión de la sentencia del 9 de febrero de 2023, que revocó la
decisión favorable de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de
reconocimiento de una relación laboral encubierta al no encontrar acreditado el
elemento de la subordinación, con la que incurrió, presuntamente, en defecto fáctico
y desconocimiento del precedente?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela
y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Defecto fáctico

En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que el actor le atribuye a la
sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,16 tiene
una dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite
la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»,17 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».18 La segunda, se
acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».19

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.4.3. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda que
un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que
los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un
imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover la seguridad
jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las
decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas.
Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como

16 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
17 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
18 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
19 Sentencia T-538 de 1994.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luís Gilberto Martínez Murillo

medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto
esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso
de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si
existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los
precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta
mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se
derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.4. Sobre el caso concreto

Luis Gilberto Martínez Murillo acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia
proferida el 9 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, por cuanto revocó la decisión favorable del a quo
que había reconocido la existencia de una relación laboral encubierta, al considerar
que no se acreditó el elemento de la subordinación.

Lo anterior, según se insistió en el escrito de impugnación, al considerar que la
referida decisión judicial incurrió en defecto fáctico en tanto la autoridad judicial
demandada omitió valorar los medios de prueba que dan cuenta de la actividad
subordinada del contratista, y desconocimiento del precedente, en la medida que se
omitieron las directrices impartidas por el Consejo de Estado en la Sentencia de
Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, en la que se
reconoció que «no con el mero contenido de los contratos se podía dar por cierta la

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luís Gilberto Martínez Murillo

independencia del profesional en la salud, pues, “el desempeño de actividades o funciones
propias de una carrera profesional liberal (como en este caso la de abogado) no descarta,
per se, la existencia de una relación laboral, pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la entidad”».

Al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, sea lo
primero advertir que, de la lectura del expediente contentivo del radicado 11001-33-
42-056-2021-00035-01, se evidencia que, contrario a lo afirmado por la parte
demandante, del contenido de la decisión acusada es es posible avizorar una
motivación suficiente y coherente que justifica su sentido.

En este punto, se recuerda que el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 5 de 201620 estableció que, para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta, se deben comprobar tres elementos:

«[…] Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien
diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles,
que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y
objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia
del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma
acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se
acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud
por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio
con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo
para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación
de servicios independiente.

[…]

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura
cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral,
esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a
favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de
las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado "contrató realidad” aplica· cuando· se constata en juicio
la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de
desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P.

Carmelo Perdomo Cuéter

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luís Gilberto Martínez Murillo

contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las
relaciones laborales21.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda22 recordó
que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor
público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo,
tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse
durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es
decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro
de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos
por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de
servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia
de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue
vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una
verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado
que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección
y su correspondiente posesión. […]». (Resaltado por la Sala).

Así las cosas, es el elemento «subordinación o dependencia» el que define si se está
frente a una relación laboral encubierta o, a un contrato de prestación de servicios,
no la ejecución de las funciones, requisito que no fue acreditado en el asunto bajo
estudio, según lo explicó el tribunal demandado en su providencia:

«[…] Es decir que de la lectura del objeto contractual y del listado de actividades, no se
puede asegurar que, para el desarrollo de los mismos, se necesitara del acatamiento de
órdenes instrucciones por parte de un superior.

En ese mismo orden de ideas, de las pruebas obrantes en el plenario, no resultan
suficientes a la hora de demostrar el vínculo laboral, por las siguientes razones:

La prueba testimonial no dio la suficiente certeza de la configuración del elemento de
subordinación habida cuenta que, pese a las afirmaciones de la declarante acerca de la
obligación de cumplir un turno-jornada laboral, no se aportó otro medio de convicción que
permita, demostrar el cumplimiento de un horario específico, como tampoco la exigencia
del mismo.

Tampoco es claro para la Sala que tipo de órdenes o instrucciones se impartieron al
demandante, pues, no se describen las circunstancias de modo, tiempo o cantidad de
trabajo que debía realizar el señor Luis Gilberto Martínez Murillo, durante la ejecución de
los contratos; lo cual deslumbra que el demandante, contaba con total independencia o
autonomía en el desarrollo de las labores.

Si bien la testigo Ruth Marina Olivio Valdelamar, manifestó que cuando se realizaban
reuniones con todo el equipo de trabajo, se recibían “órdenes” y que la retroalimentación
e instrucciones eran para todo el equipo de trabajo, para la Sala, ello por sí mismo, no da
lugar a que se declare la existencia del contrato laboral, máxime cuando, en ningún
momento hace referencia a que las órdenes se le hubieran impartido única y
exclusivamente al demandante o de forma específica, ni cuándo o cada cuanto se
realizaban estas reuniones.

21 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en

sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Remando Alvarado Ardila, expediente:
5001-23-31-000-1998-03542-01 (0202-10).
22 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve,

sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (03162014), actora:
Magda Viviana Garrido Pinzón, demandado: Unidad Administrativa Especial de Arauca.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luís Gilberto Martínez Murillo

Tampoco existe prueba de que era obligatorio asistir a dichas reuniones, ni quien las
presidía, ni cuál era la temática a discutir, ni tampoco quienes eran las coordinadoras que
supuestamente les daban órdenes.

En este punto, es de señalar que la mera manifestación de “…que cumplía un horario de
trabajo que era señalado por la demandada” en manera alguna, constituye prueba
suficiente para la formación del convencimiento sobre la verificación de la exigida
subordinación, en tanto que, no existe el caudal probatorio que respalde la afirmación de
la testigo,

[…]

Cabe destacar, que le resulta imposible a la Sala, confrontar la versión rendida por la
testigo con otras pruebas documentales que permitan acreditar, que el demandante
ejecutó su labor bajo la permanente y continúa subordinación por parte del Hospital.

En cuanto a las funciones que expuso la testigo como desarrolladas por el demandante,
consistentes en prestar servicios como odontólogo en las instalaciones de los centros
médicos, advierte la sala que, efectivamente, fue contratado para ello -conforme al objeto
descrito en cada uno de los contratos de prestación de servicios aportados- actividades
que corresponden a labores relacionadas con la administración y el funcionamiento de la
entidad y no son consideradas como misionales.

Como tampoco se probó que las funciones desempeñadas por el actor fueran ejercidas
por alguien de planta, pues, la deponente, la Dra. Olivio Valdelamar, afirmó que de las 6
personas que laboraban en el consultorio, solamente una era de planta, bajo el cargo de
auxiliar y todos los demás por contrato de prestación de servicios.

Asimismo, no se logró corroborar por otro medio, lo narrado por el demandante en el
interrogatorio de parte, frente a la asignación de tareas adicionales a las obligaciones
contractuales, que sus labores fueran supervisadas por el personal de planta o la
imposibilidad de cambiar los turnos de trabajo.

[…]

Bajo ese entendido, el principio de coordinación, ínsito en los contratos de prestación de
servicios, consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el contratista con las
directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por
lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple
su contrato con independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias
impuestas por su contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y
vigilancia al pacto suscrito. Por consiguiente, en el presente caso estamos en presencia
de una coordinación de actividades, contrario a configurar el elemento de subordinación,
por lo pretende el demandante.

En ese orden de ideas, la insuficiente actividad probatoria que demuestre si el
demandante debió cumplir órdenes e instrucciones por parte de sus superiores, si le
efectuaron llamados de atención o se le impusieron memorandos, entre otros, imposibilitó
la verificación del elemento de la subordinación; por lo que, se establece que la entidad
demandada, no incurrió en ninguna irregularidad al contratarlo bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios.

La Subsección reitera que, quien pretende demostrar la existencia de una relación laboral,
tiene la carga de demostrar fehacientemente la configuración de sus tres elementos,
situación que no se observa en el caso sub examine, en tanto que la sola afirmación del
cumplimiento de un horario y la coordinación para ello entre las partes contractuales, a
juicio de la Sala, no son suficientes para llegar al grado de certeza sobre la existencia del
contrato realidad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luís Gilberto Martínez Murillo

En consecuencia, como no se acreditó, fehacientemente, a través de las pruebas
allegadas y practicadas en el proceso, que los contratos de prestación de servicios
mutaron en una relación laboral, sino que se desarrollaron en el ámbito de un contrato de
prestación de servicios el cual se ejecutó con autonomía, con las destrezas y habilidades
del señor Luis Gilberto Martínez Murillo, se concluye, que no existen elementos de juicio
capaz de soportar la nulidad del acto que se demanda. […]».

De conformidad con lo descrito y de acuerdo con los antecedentes del caso, se
encuentra, que las actuaciones de la autoridad judicial demandada, lejos de
configurar una vía de hecho por defecto fáctico fueron realizadas conforme a las
normas reguladoras de su función judicial, debido a que se apoyó en el material
probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que consideró más
ajustada al caso concreto, frente a lo cual se debe advertir que el juez natural del
asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones, en
consecuencia, las diferencias en el estudio de las pruebas aportadas no constituyen
una indebida valoración probatoria, como se alega en el presente caso.

Por otra parte, si bien el actor menciona diferentes decisiones de la jurisdicción
contenciosa-administrativa en las que se decidieron favorablemente las pretensiones
de reconocimiento de una relación laboral encubierta, no se explica de qué manera
las pretende hacer valer como fundamento a su solicitud de amparo; no obstante, sin
perjuicio de ello, lo cierto es, que al revisar las consideraciones allí expuestas, se
evidencia que las situaciones fácticas estudiadas son disímiles de cara a la situación
particular de Luís Gilberto Martínez Murillo, de acuerdo con el sustento probatorio
aportado, pese a que la pretensión fuere similar. Dicho ello, mal puede entender el
demandante que todos los casos en que se ventilen controversias parecidas deban
ser decididos de manera idéntica, pues todo dependerá de la carga argumentativa y
probatoria propia de cada caso.

Por su parte, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente contenido en la
Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, en la
que se hizo mención a indicios que pudieran dieran cuenta de la subordinación, tales
como: i) el lugar de trabajo; ii) el horario de labores; iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, v) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando
se reúnan los elementos configurativos de la relación laboral, se advierte que estos
fueron analizados al momento de definir el caso en concreto, no como una regla
decisional unificada, la cual se centró en el término de interrupción de los contratos
estatales de prestación de servicios y la solución de continuidad, más no en la
subordinación como elemento necesario para comprobar la existencia de una
relación laboral encubierta, razón por la cual no es posible concluir que se configurara
la referida vía de hecho.

En esas condiciones, y dado que lo que existe es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04182-01
Demandante: Luís Gilberto Martínez Murillo

impone negar la solicitud de amparo constitucional pues, se reitera, este mecanismo
no puede convertirse en una tercera instancia.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del
juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de
derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala revocará la decisión del a
quo para, en su lugar, negar el amparo de los derechos fundamentales de Luís
Gilberto Martínez Murillo, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2023 por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, negar el amparo de los
derechos fundamentales de Luis Gilberto Martínez Murillo en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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