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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04194-00

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04194-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de la referencia por no cumplir el requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 38 Número único de radicación: 110010315000-2023-04194-00 Actor: EMILIO RAMÍREZ CUERVO SEGUNDO: TENER al doctor CAMILO ANDRÉS LEÓN WILCHES como apoderado especial del actor, de conformidad con el poder obrante en el expediente. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04194-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

21 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-04194-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: EMILIO RAMÍREZ CUERVO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. EL ACTOR PRETENDE CUESTIONAR UNA
DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN
RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO DISCIPLINARIO.

DERECHO FUNDAMENTAL: DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

BOGOTÁ1 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL2.

1
En adelante la COMISIÓN SECCIONAL.
2
En adelante la COMISIÓN NACIONAL.

2

Número único de radicación: 110010315000-2023-04194-00
Actor: EMILIO RAMÍREZ CUERVO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor EMILIO RAMÍREZ CUERVO, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al debido proceso y al principio de congruencia,

los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la COMISIÓN

SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL al haber proferido las

sentencias de 18 de diciembre de 20203 y 12 de abril de 2023,

respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el

número único de radicación 110011102000-2015-04389-02.

I.2.- Hechos

Manifestó que el señor CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA, jefe de

la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Distrital Francisco José

de Caldas4 y la señora SANDRA PATRICIA FELICIANO PARRA

formularon queja disciplinaria en su contra.

3
Providencia dictada en su momento por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá.

4
En adelante la Universidad.

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Actor: EMILIO RAMÍREZ CUERVO

Adujo que, como sustento de la queja, la Universidad aseveró que

este, en calidad de apoderado de la señora AURA ALICIA PARRA

RODRÍGUEZ (q.e.p.d.), presentó solicitud de reconocimiento y

pago de la sustitución pensional como cónyuge sobreviviente del

señor GERMÁN ESPITIA ALBA (q.e.p.d.), a pesar de que la misma

había fallecido el 19 de octubre de 2010, circunstancia que omitió en

la petición.

Destacó que la Universidad mediante Resolución núm. 717 de 27 de

abril de 2015, reconoció el 100% de la mesada pensional en favor de

la señora AURA ALICIA PARRA RODRÍGUEZ (q.e.p.d.), lo cual le

fue notificado sin que pusiera en conocimiento del fallecimiento de

aquella.

Refirió que, por su parte, la señora FELICIANO PARRA reprochó

que el litigante le embargó la casa de su progenitora, la señora AURA

ALICIA PARRA RODRÍGUEZ (q.e.p.d.), como una medida para

que firmara algunos documentos; además, que le afirmó que lo

reconocido por la Universidad serían diecisiete millones de pesos

($17.000.000.oo), monto del cual debía pagarle el 40%, pese a que

lo realmente reconocido fueron ciento setenta y ocho millones

setecientos cincuenta mil quinientos veintidós pesos

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($178.750.522.oo).

Indicó que el proceso disciplinario correspondió a la COMISIÓN

SECCIONAL que, bajó el número único de radicación 2015-04389-

00 y luego de llevarse a cabo todas las etapas procesales, mediante

sentencia de 18 de diciembre de 2020, lo declaró responsable y le

impuso una sanción de suspensión en el ejercicio profesional por el

término de cuatro (4) meses, al hallarlo responsable de incurrir en

falta a la honradez establecida en el artículo 35, numeral 4º, de la

Ley 1123 de 2007, agravada por la utilización en provecho propio,

de acuerdo a lo previsto en el numeral 4º del literal c), del artículo

45 ejusdem.

Relató que inconforme con la anterior decisión interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por la COMISIÓN NACIONAL que,

en providencia de 12 de abril de 2023, confirmó la decisión del a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la COMISIÓN NACIONAL no valoró que la

prescripción para el presente asunto, debía analizarse de forma

particular, comoquiera que la presunta retención de dineros no se dio

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sobre valores que le correspondían a la quejosa, pues esta era

consciente que debía pagar el valor de los honorarios, así como el

valor de la obligación natural heredada por su progenitora, con los

dineros resultantes de las gestiones, a quien se le depositó el valor

restante y que le correspondía luego de las deducciones permitidas

en virtud del acuerdo de pago.

Afirmó que tanto la primera como la segunda instancia lo que

reprochan es que no haya existido una supuesta liquidación del

crédito dentro del proceso y por tanto aducen que la conducta es

permanente, porque no ha procedido a reintegrar supuestamente el

valor del dinero deducido por concepto de la obligación civil

reconocida, lo cual resulta contrario a la realidad, por lo que la

conducta debió considerarse de carácter instantáneo.

Así las cosas, destacó que la acción disciplinaria se encontraba

prescrita para el momento que se dictó sentencia de segunda

instancia, de tal forma que las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en violación directa de la Constitución al omitir analizar

tal aspecto.

Comentó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un

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defecto orgánico, toda vez que entraron a valorar deducciones que

se hicieron en el marco de los acuerdos de pago celebrados en calidad

de persona natural y no de abogado, pasando por alto que la acción

disciplinaria se dirige únicamente contra los profesionales del

derecho, por lo que no les era dable inferir sobre conductas derivadas

del acuerdo civil.

De otra parte, aseguró que también se incurrió en un defecto fáctico,

en la medida en que basaron su decisión en una prueba imposible e

inexistente, pues el proceso ejecutivo singular finalizó por auto de 30

de julio de 2015 y la deducción, conforme los acuerdos de pago, fue

realizada el 15 de octubre de esa anualidad; además, que la apertura

de la investigación se dio por unos hechos diferentes a la conducta

imputada.

Advirtió que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un

defecto material o sustantivo al realizar una valoración errada de los

hechos y el material probatorio obrante en el expediente, pues la

acusación de la quejosa no resulta contundente con el material

probatorio obrante en el expediente, por lo que sus afirmaciones son

temerarias y faltas de verdad.

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Adujo que está demostrado en el expediente que, con ocasión al

cumplimiento de los acuerdos de pago celebrados entre las partes,

procedió a deducir de manera automática los dineros que por derecho

propio y fruto de su trabajo le correspondían, lo que sumaban un

total de setenta y dos millones quinientos doscientos ocho pesos

($72.500.208), equivalente al 40% de lo pactado en el contrato de

prestación de servicios, por lo que el análisis hecho por las

accionadas resultó errado.

De otra parte, afirmó que se desconoció el precedente judicial

dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 2001,

en cuanto al carácter de la prohibición de imprescriptibilidad en el

marco de las sanciones en materia disciplinaria, por lo que la

COMISIÓN NACIONAL debió declarar el fenómeno prescriptivo

alegado.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, Dejar sin
valor y efecto la providencia de fecha 18 de diciembre del año
2020, adoptada por entonces CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE BOGOTÁ — SALA JURISDICCIONAL

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DISCIPLINARI, así como la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL de fecha 12 de abril del año 2023, para
que en el término que estime la Sala en su decisión, y proceda
a realizar la adecuada y cuidadosa valoración del material
probatorio, tomando en consideración los requisitos
sustanciales, procesales y probatorios adecuados para el
desarrollo de la apelación, reconociendo el eximente de
responsabilidad y la prescripción de la conducta […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL señaló que los acuerdos de pago

celebrados con la quejosa, como heredera del pasivo que dejó la

causante y que dieron por terminado el proceso ejecutivo, los

suscribió el actor como persona natural, empero ello no quiere decir

que el juez disciplinario haya excedido su competencia al valorarlos

y hacerlos parte fundante de la decisión adoptada.

Lo anterior, comoquiera que dichos acuerdos constituyeron un

componente lógico de conexión que permitió establecer, en primera

medida, la autorización con la que contaba el abogado para descontar

el dinero recibido por cuenta del reconocimiento pensional, sus

honorarios y el monto de la deuda heredada por la quejosa y, en

segundo lugar, dejó ver que el abogado excusándose en esa

autorización, no solo tomó el dinero para cobrarse sus honorarios y

cubrir el monto de lo adeudado a la progenitora, sino que excedió sin

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justificación tales montos.

Así las cosas, refirió que no era de tal acierto que haya actuado sin

competencia ni que se hubiese incurrido en un defecto orgánico, pues

no actuó al margen de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1123

de 2007.

Puso de presente que tampoco se incurrió en el defecto fáctico

alegado, comoquiera que la liquidación echada de menos fue

mencionada con el acuerdo que él suscribió con la quejosa, lo que

hace razonable la conclusión del juez colegiado de instancia, sobre

que el abogado no se ciñó a dicho acuerdo y que se apresuró a

disponer de dineros que, en últimas, le pertenecían a la quejosa, ya

que al no contar con la liquidación, lo esperado es que hiciera saldada

su cuenta, sumado a ello, el mismo admitió no haber hecho cuentas

con su clienta, por lo que no era verídico el vacío probatorio alegado.

Ahora, en cuanto al alegado defecto sustantivo o material, relató que

el actor le dio una connotación distinta a la interpretación que en su

momento tuvo la Sala, tan es así que lo alegado no fue el sustento

de la decisión; además, resaltó que los hechos que generaron el inicio

de la investigación fueron precisamente los que generaron la sanción

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impuesta, por lo que frente a tal inconformidad tampoco existía

vocación de prosperidad.

Por lo anterior, solicitó que se deniegue el amparo solicitado, toda

vez que no está probado ninguno de los yerros atribuidos por el actor

a la decisión cuestionada.

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL sostuvo que la acción de tutela

de la referencia es improcedente, dado que lo único que pretende el

actor es insistir en los mismos argumentos que adujo en el proceso

disciplinario, como si este mecanismo fuera una tercera instancia.

Precisó que no se cumple con el presupuesto general de la relevancia

constitucional, pues la inconformidad del actor recae en una

interpretación alterna que este pretende que se le de al asunto, el

cual se ciñó a las garantías de los derechos fundamentales, de tal

forma que lo que se evidencia es el desacuerdo con la decisión

proferida.

En cuanto a la aludida prescripción de la acción disciplinaria, aseveró

que, conforme con la jurisprudencia pacífica dispuesta para el

asunto, la falta por la que fue sancionado el actor, esto es, la no

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entrega a la brevedad posible de dineros obtenidos producto de la

gestión profesional a quien corresponda, es considerada una falta

permanente, por lo que, solo si se entregan los dineros, se empieza

a contar el término de prescripción, situación que no acaeció en el

asunto.

En lo que refiere al defecto orgánico, advirtió que dicha afirmación

carece de sustento, pues el acuerdo de pago fue allegado justamente

por el profesional investigado con el fin de que se evaluara como

prueba incontrovertible de que las obligaciones dinerarias estaban

zanjadas, por lo que su cliente debía honrar el acuerdo y pagarle.

Sumado a ello, destacó que la investigación se efectuó para

establecer si el abogado en el ejercicio de su profesión, mediante la

representación de la quejosa infringió normas del Estatuto

Disciplinario del Abogado, particularmente la relativa a la no entrega

de dineros a quien correspondía, por lo que no se evaluó la validez

del acuerdo frente a unas prestaciones dinerarias que fue suscrito

por el profesional y tampoco si este fue suscrito en ejercicio de su

profesión o no, pues lo que fue objeto de investigación es si el

abogado contravino sus deberes profesionales e incurrió en la falta

disciplinaria.

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Frente al defecto fáctico, manifestó que la interpretación efectuada

tanto en primera como en segunda instancia es que el abogado cobró

el dinero reconocido a su cliente lo que consideró equivalente a los

intereses corrientes y moratorios generados por la deuda referida en

un monto que, inclusive, superó los valores que calculó por tales

conceptos en su demanda y se reprochó que el disciplinado no se

haya ceñido al acuerdo realizado con la quejosa, se apresuró a

descontar del dinero que le pertenecía a esta, por lo que dispuso de

un dinero sin determinar con exactitud las deducciones que podía

hacer y lo que le correspondía realmente.

Aseguró que, contrario a lo advertido por el actor, no se incurrió en

un desconocimiento del precedente, pues la falta endilgada no podía

tenerse como instantánea sino permanente, hasta tanto se

demostrara la entrega del dinero, momento desde el cual empezaría

a contar el término de prescripción.

Por lo anteriormente expuesto, solicitó que se declare la

improcedencia de la acción de tutela de la referencia.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Cuestiones previas

Antes de resolver la presente acción de tutela, la Sala se pronunciará

respecto de los siguientes aspectos concernientes a: i) la solicitud de

reforma del escrito de tutela y ii) la solicitud de medida cautelar

presentada por el actor.

i) De la solicitud de reforma del escrito de tutela

Mediante memorial de 16 de agosto de 2023, el apoderado del actor

presentó reforma de la acción de tutela de la referencia, con el fin de

adicionar algunos hechos al escrito primigenio, así como también

nuevas inconformidades.

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Frente al particular, la Sala advierte que no accederá a la solicitud de

reforma del escrito de tutela, en la medida en que ello se presentó

por fuera de la oportunidad legal para el efecto, además, el Decreto

2591 de 1991 no contempla la posibilidad de adicionar o reformar la

solicitud de tutela, pues de admitirse, se desconocería el derecho de

contradicción y defensa que le asiste a la parte accionada, quien no

ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto.

En efecto, el accionante tuvo hasta antes de notificarse del auto

admisorio de la acción de tutela de la referencia a las partes, lo cual

tuvo lugar el 10 de agosto de la presente anualidad, mientras que la

solicitud de reforma de la demanda fue presentada el 16 siguiente,

esto es, incluso, después de que la COMISIÓN NACIONAL rindió

contestación, razón por la cual la Sala no tendrá en cuenta los nuevos

argumentos planteados, pues de lo contrario se vulneraría el derecho

de defensa a las accionadas.

ii) De la solicitud de medida cautelar presentada por el

actor.

Mediante memorial de 16 de agosto de 2023, el apoderado de la

parte actora presentó solicitud de medida cautelar dentro de la acción

de tutela de la referencia, tendiente a que se ordenara la suspensión

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de los efectos de la sentencia de segunda instancia de 12 de abril de

2023, proferida por la COMISIÓN NACIONAL, cuestionada en el

presente trámite constitucional, por considerar tal decisión

vulneradora de los derechos fundamentales invocados.

Frente a este punto, se advierte que comoquiera que en este

momento procesal se profiere el fallo que resuelve la solicitud de

amparo de la referencia, la Sala se relevará de hacer más análisis al

respecto.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona

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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de

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derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos

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fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efectos las

sentencias de 18 de diciembre de 2020 y 12 de abril de 2023,

proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN

NACIONAL, respectivamente, dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 2015-04389-02, por

medio de las cuales fue sancionado con cuatro (4) meses de

suspensión en el ejercicio profesional de abogado.

La controversia tiene origen en la queja formulada por el señor

CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA, jefe de la Oficina Asesora

Jurídica de la Universidad y la señora SANDRA PATRICIA

FELICIANO PARRA en contra del actor, la cual fue conocida por la

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COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL que lo

hallaron responsable de incurrir en la falta a la honradez establecida

en el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, agravada por

la utilización en provecho propio, de acuerdo a lo señalado en el

numeral 4º del artículo 45 ejusdem, con lo cual vulneró el deber

profesional de abogado previsto en el numeral 8º del artículo 28

ibidem, comportamiento calificado a título de dolo.

El actor estima que al proferir las sentencias cuestionadas las

autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico,

orgánico, sustantivo o material, violación directa de la Constitución y

desconocimiento del precedente judicial, pues la acción disciplinaria

se encontraba prescrita; además, se pasó por alto que la presunta

retención de dineros no se dio sobre valores que le correspondían a

la quejosa, pues esta era consciente que debía pagar el valor de los

honorarios, así como el valor de la obligación natural heredada por

su progenitora, con los dineros resultantes de las gestiones, por lo

que se dejó de valorar que a la quejosa se le depositó el valor

restante que le correspondía luego de las deducciones permitidas en

virtud del acuerdo de pago.

Sumado a lo anterior, el actor alega que las autoridades judiciales

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accionadas entraron a valorar deducciones que se hicieron en el

marco de los acuerdos de pago celebrados en calidad de persona

natural y no de abogado, pasando por alto que la acción disciplinaria

se dirige únicamente contra los profesionales del derecho.

La Sala advierte que el estudio del presente asunto recaerá sobre la

sentencia de segunda instancia de 12 de abril de 2023, dado que fue

a través de esta providencia que la COMISIÓN NACIONAL confirmó

la decisión del a quo y concluyó el proceso disciplinario origen de la

controversia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si la COMISIÓN NACIONAL vulneró el derecho

deprecado e incurrió en los defectos aludidos, al haber proferido la

sentencia de 12 de abril de 2023, dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 2015-04389-02.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

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especial, el requisito general de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

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“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, la Sala advierte que el actor al argumentar el recurso de

apelación que interpuso contra la sentencia proferida en primera

instancia del proceso disciplinario, puso de presenta la prescripción

de la acción, así como las supuestas erradas valoraciones del

material probatorio obrado en el expediente y la interpretación

respecto a la presunta retención de dineros, en los siguientes

términos:

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“[…] Antes de cuestionar si la decisión tomada por el honorable
Magistrado Instructor, es acorde con la realidad o no y si se obró
en estricto derecho, es importante resaltar que la conducta
investigado en el presente fallo se encuentra prescrita al tenor
del artículo 23 de la ley 1123 de 2007, por las razones que a
continuación se describen; es evidente que la misma Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en
capacitación por parte de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla del 7
de julio de 2020 y en exposición del Honorable Magistrado José
Adolfo González Pérez, quien en su alocución manifestó que “La
prescripción de la acción disciplinaria de los abogados en el
régimen prescriptivo al tenor de la Ley 1123 de 2007, este no
contempló una causal de interrupción de la acción disciplinaria y
la prescripción corren desde su inicio, es decir desde la fecha de
la consumación de la conducta cuando esta es instantánea o
desde la última cuando es continuada hasta que se profiera el
fallo de segunda instancia; eso quiere decir que si los cinco años
de prescripción se dan antes de que se falle la segunda instancia
ya sea por consulta o apelación así lo debe declarar el Magistrado
de Segunda Instancia. Adicionalmente hay que aclarar que la
decisión tomada por la primera instancia se encuentra prescrita
antes de la notificación y de quedar en firme la decisión que
atribuya la responsabilidad del abogado al tenor del artículo 103
de la Ley 1123 de 2007, y así se deberá declarar y dar por
terminado de inmediato el proceso disciplinario por prescripción.
Lo anterior tiene fundamento en los artículos 13, 29 y 228 de la
Constitución Política. En el caso subjudice, vemos que la posible
conducta que se le quiere endilgar a mi prohijado se da respecto
al dinero que fuere retirado por este en la tesorería de la
Universidad Francisco José de Caldas el día 6 de octubre del
2015 que a la fecha de la notificación del fallo disciplinario que
fuere el día 5 de abril del 2021, tenemos 5 años 5 meses y 29
días, pero como existió una suspensión de termino por la
pandemia, la cual se deberá declarar así, desde el 16 de marzo
del 2020 al 1 de julio del 2020, termino de suspensión de 3
meses 15 días; quedando un término total de prescripción de 5
años 45 días; termino suficiente que configura la prescripción, y
así debió pronunciarse el honorable Magistrado de Instancia y
no desgastarse en proferir un fallo que al momento de su
notificación ya estaba prescrito. Como quiera que no hay
garantía procesal ni mucho menos sustancial, mi prohijado no
renunciara a dicha prescripción que debiera ser lo correcto si
tuviéramos una justicia proba y eficiente en el análisis del
derecho sustancial que es el que la Constitución proclama para
todos los operadores judiciales; es así, que el Consejo de Estado
mediante sentencia 14399 de fecha enero 28 de 1999,
determino que la función interpretativa y argumentativa de

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cualquier operador jurídico, debe observar unas mínimas reglas
de coherencia que justifique o fundamenten de una manera
razonable y objetiva las decisiones jurisdiccionales dentro del
ordenamiento jurídico vigente; si esto no fuere así, el Estado
responderá patrimonialmente por los perjuicios causados con
ocasión del error; de igual forma la Corte Constitucional en
sentencia T-970 de 1999 determina, que el fallador al proferir
sus providencias, las funde sin realizar un completo y exhaustivo
análisis de las pruebas, o sin la debida valoración del material
probatorio allegado al proceso o lo que es peor, ignorando
totalmente su existencia, viola el debido proceso e incurre en vía
de hecho, toda vez que la motivación de las providencias deben
limitarse al examen critico de las pruebas y a los razonamientos
legales de equidad, los cuales deben ajustarse a los supuestos
fácticos y a la realidad misma de los hechos de tal manera que
no desconozca las pruebas o el derecho material; pero si vemos
objetivamente los motivos y congruencia de los fallos proferidos
por el Honorable Magistrado Dr. Suarez Niño vemos que no hay
coherencia en sus decisiones, ya que en uno de sus apartes del
primer fallo determinó “(…) ahora, en lo que atañe a la presunta
retención de dineros por parte del abogado respecto de las
cuantías que debía entregar a la señora patricia Feliciano de lo
por el recibido de parte de la Universidad Distrital, debe
plantearse esto. De las pruebas allegadas se logró advertir que,
en efecto, el abogado investigado con ocasión del poder
otorgado por la quejosa y debidamente autenticado ante notaria,
recibió a nombre de aquella el cheque N° 060327 por la suma
de $178’750.522 pesos, dineros de los cuales descontó un total
de $161’096.208, para entregar finalmente a su mandante la
suma de 17’654.314 pesos. Ahora, si bien lo anterior puede
parecer irregular, lo cierto es que el dinero descontado por el
profesional del derecho se encuentra sustentado con las
obligaciones adquiridas tanto por la madre de la quejosa como
por ella misma, en efecto, se advierte que los dineros del
profesional, que los dineros que el abogado tomó de lo cancelado
por la universidad distrital tiene un soporte, primero, en el pago
de sus honorarios que correspondían al equivalente al 40%, esto
es $71’500.208 pesos, porcentaje que fue libremente pactado
por las partes en el contrato de prestación de servicios, y
segundo, en la cancelación por parte de la quejosa de la
obligación que la señora Aura tenía con el abogado y que estaba
representada en una letra de cambio, suma que por acuerdo
entre las partes, ascendió a $89’596.000 pesos, que acarreaba
la deuda y los intereses causados. Quiere decir lo anterior, que
el abogado entregó lo que le correspondía a su cliente después
de los respectivos descuentos, esto es, lo correspondiente a la
retribución por los servicios efectivamente prestados como lo fue

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el trámite del proceso de declaración de unión marital de hecho,
la sucesión de la señora aura Alicia parra que se protocolizo en
la escritura N° 561 del 20 de agosto del año 2014, y la solicitud
ante la universidad del reconocimiento a favor de la quejosa de
la sustitución pensional, y además de ello, la cancelación de la
obligación que se encontraba contenido en un título valor y que
fue reconocido por la quejosa, sin que sea dable entrar a
cuestionar su legitimidad, pues ello era tema del proceso
ejecutivo y dentro del cual debían hacerse por la señora
Feliciano, alegar, pues los reparos que consideraba irregulares,
que como se vio, no se hicieron puesto que voluntariamente
llego a un acuerdo con el abogado, y cancelo la obligación
situación que esta instancia no puede desconocer. Así entonces,
está probado que el abogado, no retuvo a su cliente ninguna
suma de dinero que le correspondiera, en virtud del desarrollo
mandato confiado, puesto que se hizo entrega de lo debido
después de realizar las correspondientes deducciones o
descuentos de los que era consiente la quejosa, quien
directamente suscribió no solo el contrato de prestación de
servicios, sino también el acuerdo de pago. En consecuencia, no
incurrió en conducta irregular alguna, por lo que habrá de
declararse que no existe mérito para continuar con la actuación
en su contra. (…)” ; no se entiende el por qué el honorable
Magistrado en su segundo análisis probatorio de fallo
sancionatorio sin que obre prueba sobreviniente determine “ En
la sesión del 5 de octubre de 2020, al abordar la calificación
jurídica de la actuación frente a los encargos profesionales
hechos al abogado EMILIO RAMÍREZ CUERVO, se determinó que
en el asunto relativo a la unión marital de hecho se verificó la
inexistencia de la falta y, en cuanto al trámite del proceso
ejecutivo hipotecario, se estableció que la acción disciplinaria se
encontraba prescrita; Contrario a lo anterior, en lo atinente al
trámite de la acción reivindicatoria. y la querella policiva, (el
resaltado es mio) se formularon cargos en contra del profesional
del derecho por la presunta perpetración de la falta a la honradez
del abogado de que trata el artículo 35, numeral 4, de la Ley
1123 de 2007, imputada en la modalidad dolosa, con la que pudo
haber transgredido el deber consagrado en el numeral 8 del
artículo 28 ibídem […]”

Para resolver las inconformidades expuestas por el actor en el

recurso de apelación, la COMISIÓN NACIONAL consideró lo

siguiente:

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“[…] En este orden de ideas, revisado el acervo probatorio recaudado
por la primera instancia, se analizarán por orden de postulación los
argumentos de la alzada.

Prescripción de la acción disciplinaria: al respecto, es necesario
precisarle al recurrente que, de manera pacífica esta Corporación ha
determinado, que de acuerdo con la naturaleza de la falta
disciplinaria establecida en el numeral 4° del artículo 35 de la Ley
1123 de 2007, relativa a no entregar a quien corresponda y a la
menor brevedad posible dinero, bienes o documentos en virtud de
la gestión profesional, esta se considera permanente. Sin embargo,
esta condición de permanente se prolongará durante el lapso en el
cual el abogado tenga dineros, bienes o documentos, recibidos en
virtud de la gestión encomendada y hasta cuando efectúe su
entrega.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el asunto de marras no se
probó que el abogado haya devuelto los dineros retenidos, el conteo
del término prescriptivo no puede iniciarse, por cuanto a la fecha no
ha cesado la falta endilgada […]

Por lo anterior, no prospera el argumento del apelante, toda vez que,
la falta endilgada es de carácter permanente y a la fecha no ha
iniciado el término de contento de la prescripción de la misma al no
acreditarse la entrega de los dineros obtenidos en virtud de su
gestión profesional.

Ahora bien, respecto al argumento de que el abogado actuó
conforme al acuerdo efectuado con la quejosa, lo cual le permitió
deducir de las sumas obtenidas en virtud de su gestión el dinero
correspondiente, no solo a sus honorarios sino a la deuda que heredó
la quejosa en virtud en la letra de cambio, debe preciar esta
Corporación que, no es motivo de discusión la legalidad del acuerdo
celebrado entre la quejosa y el abogado investigado respecto del
pago de las sumas de dinero ejecutadas, puesto que, esto obedeció
a la mera liberalidad de las partes y el ánimo de estas de acordar
las condiciones para la terminación del proceso ejecutivo, lo que es
motivo de investigación y por lo cual fue sancionado el abogado
Ramírez Cuervo es que este dedujo de los dineros recibidos sumas
que no resultaron ser de una liquidación del crédito sino que,
obedecieron más a la arbitrariedad del profesional del derecho.

Por lo tanto, la probidad que le permitió acordar condiciones del
acuerdo de pago es irrelevante en este caso, pues, lo que resulta del
resorte de esta Corporación es que, en virtud de la gestión
encomendada haya recibido dineros, de los cuales haya deducido
sumas que no se ajustaron a los acuerdos, puesto, que, las

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deducciones efectuadas por el abogado obedecieron a su mera
liberalidad, pues, ni siquiera obró una liquidación del crédito en el
proceso ejecutivo que convalidada la suma de dinero por él retenida,
por lo tanto, su argumento no prospera.

[…]

Por lo tanto, la decisión adoptada por el entonces Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá — Sala Jurisdiccional Disciplinaria
obedeció a un análisis razonado y ponderado de las pruebas
obrantes en el plenario, lo cual permitió con grado de certeza emitir
un fallo con responsabilidad disciplinaria frente al hoy investigado,
sin que, sea dable señalar que este fue contradictorio, pese a que
en una primera oportunidad se adoptó una decisión diferente, puesto
que, en virtud del ejercicio de investigación que le asistió a la
primera instancia en esta ocasión, pudo evidenciar la
responsabilidad del doctor Emilio Ramírez Cuervo. Y, por otra parte,
se trata de una nueva decisión que, conforme al artículo 97 de la
Ley 1123 de 2007, acreditó la existencia de la falta y la
responsabilidad que recayó en cabeza del abogado Emilio Ramírez
Cuervo, por cuanto este, en virtud del mandato otorgado recibió la
suma $178.750.522, sin embargo, efectuó una serie de
deducciones, entregándole al cliente $17.654.314, sin que se
justificara concretamente los valores no entregados por efecto del
acuerdo de pago en el proceso ejecutivo y sin que existiera una
liquidación del crédito que así lo facultara.

Por lo anterior, esta Corporación deberá confirmar de forma integral
la sentencia objeto de apelación en los términos antes consignados
y explicados, al no prosperar ninguno de los planteamientos
expuestos en el recurso de apelación […]”.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la acción de

tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito

general de la relevancia constitucional, porque a través de esta

el actor lo que pretende es cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al

proceso disciplinario, sin que en todo caso se vislumbre que la

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autoridad accionada pudo haber actuado de forma abiertamente

arbitraria o desbordando los límites del principio de la autonomía

judicial.

En efecto, la divergencia planteada por el actor subyace del hecho de

que, en su sentir, de una parte, se debió declarar la prescripción de

la acción disciplinaria, y, de otra, que se omitió valorar que la

presunta retención de dineros no se dio sobre valores que le

correspondían a la quejosa; además, que las autoridades judiciales

accionadas valoraron deducciones que se hicieron en el marco de los

acuerdos de pago celebrados en calidad de persona natural y no de

abogado, pasando por alto que la acción disciplinaria se dirige

únicamente contra los profesionales del derecho.

Lo anterior significa que lo pretendido por el actor es que el juez de

tutela haga un nuevo examen integral del proceso disciplinario, con

la finalidad de que se corrija el análisis que hizo la autoridad judicial

accionada y se acoja la interpretación que propone, como si el

mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los

previstos en el trámite ordinario.

Es así como la Sala advierte que la COMISIÓN NACIONAL al

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desatar el recurso de apelación, se ocupó respecto de la prescripción

de la acción alegada, lo cual estuvo debidamente fundamentada;

sumado a lo anterior, también puso de relieve que el reparo respecto

del cual, los dineros presuntamente retenidos no le pertenecían a la

quejosa sino al abogado no tenía vocación de prosperidad, pues ello

no era motivo de discusión, sino el hecho de haber retenido

arbitrariamente dineros sin una debida liquidación, lo que llevo a ser

sancionado.

Finalmente, en cuanto a la inconformidad relativa a que se entró a

valorar deducciones que se hicieron en el marco de los acuerdos de

pago celebrados en calidad de persona natural y no de abogado, es

del caso advertir que ello se dio por voluntad del actor, comoquiera

que fue este quien puso de presente los acuerdos de pago para

justificar la deducción de las sumas obtenidas, por lo que no puede

ahora alegar que ello no podía ser valorado dentro de la acción

disciplinaria, máxime cuando tales acuerdos de pago no sustentaron

la decisión objeto de debate, dado que, como se expuso en líneas

anteriores, las condiciones de pago resultaban irrelevantes, toda vez

que lo que resultó de resorte fue haber realizado deducciones que

obedecieron a la mera liberalidad del abogado.

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Esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado improcedentes

acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no resulta ser de

verdadera relevancia constitucional, debido a que se centra en

reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue el caso de

la providencia de 29 de agosto de 201815, en la que se sostuvo:

“[…] [E]n torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso […]”
(Destacado de la Sala).

15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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Igualmente, en providencia de 9 de febrero de 201716, se indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción

de tutela por carecer del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de

la referencia por no cumplir el requisito general de la relevancia

constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

sentencia.

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SEGUNDO: TENER al doctor CAMILO ANDRÉS LEÓN WILCHES

como apoderado especial del actor, de conformidad con el poder

obrante en el expediente.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de septiembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial

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SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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