Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04195-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-04195-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04195-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04195-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
19 de octubre de 2023
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDÉS SÁNCHEZ
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diecinueve (19) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEÓFILA VALDÉS SÁNCHEZ
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE CALI, VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Vacaciones individuales del
régimen especial de la rama judicial. Derechos fundamentales al
descanso remunerado, al trabajo en condiciones dignas y a la salud
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Teófila Valdés Sánchez, quien actúa en nombre propio,
contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, en la
que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad y a
la seguridad social, vulnerados, supuestamente, con la decisión de negarle el
disfrute de un periodo de vacaciones causado, con la no expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo por parte de la
autoridad accionada.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante manifestó que actualmente se desempeña como secretaria en
propiedad del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de
Buenaventura, el cual pertenece al régimen individual de vacaciones.
Sostuvo que el titular del despacho, a través de la Resolución N° 062 de 19 julio
de 2023, le concedió el disfrute de las vacaciones por el periodo causado entre el
18 de abril de 2022 y el 17 de abril de 2023, que empezaría a disfrutar a partir del
14 de octubre de 2023, las cuales quedaron supeditadas a la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal que debería emanar de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali para nombrar su reemplazo
durante ese periodo.
Por último, expresó que, en respuesta a la petición elevada en ese sentido por el
juez, la Dirección Ejecutiva de Administración Seccional de Cali, a través del oficio
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
DESAJCLO23-3106 de julio 31 de 2023, negó la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para proveer su reemplazo mientras disfruta de sus
vacaciones, “de conformidad con la Circular PSAC11-44 del año 2011 del Consejo
Superior de la Judicatura”.
2. Fundamentos de la acción
La accionante, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela con el
objeto de que el juez constitucional proteja sus derechos fundamentales a la
igualdad y a la seguridad social, vulnerados supuestamente, con la negativa a
asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo por parte de la
autoridad accionada, lo que le ha impedido disfrutar de un periodo de vacaciones
causado a su favor.
Aseveró que el actuar de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali va en detrimento de sus derechos constitucionales, en la medida
que no se le permitiría gozar del beneficio de vacaciones a las cuales tiene
derecho por ley. Agregó que esa decisión desconoce las sentencias de 12 de
diciembre de 2018 (radicado No. 080001-23-33-000-2018-00756-01) y de 25 de
agosto de 2022 (radicado 11001-03-15-000-2022-03966-00), dictadas por la
Sección Cuarta del Consejo del Estado, en las que se ordenó a la respectiva
directora ejecutiva seccional de administración judicial que adelantara los trámites
administrativos y presupuestales para garantizar el derecho al descanso.
Finalmente, señaló que se han proferido decisiones en idéntico sentido, “de las
que se puede afirmar que existe jurisprudencia sobre tal materia” que no puede
ser desconocida por la entidad accionada “y por ende debe ser aplicada a este
caso en particular, e incluso a cualquier caso análogo, pues, es inadmisible que
tenga que acudir a este medio judicial para obtener una decisión de la cual el ente
demandado ya tiene infinidad de decisiones en contra de ella y por ende sabe, que
no se puede negar a expedir el tan anhelado certificado de disponibilidad
presupuestal”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“1º.- Se ordene a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA, que proceda a emitir el respectivo Certificado
de Disponibilidad Presupuestal con el fin de allegarlo al Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia de Buenaventura (Valle), y poder gozar del periodo de
vacaciones al cual hice alusión en el acápite de hechos.
2º.- Se INQUIERA de una vez por todas a la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DEL VALLE, para que en lo
sucesivo se abstenga de asumir postura similar y de negación de expedición de
disponibilidad presupuestal, pues, es inconcebible que no acate el precedente
judicial y esa conducta conlleva a un desgaste innecesario de la administración de
justicia, ya que por cada certificado que pidan los empleados estamos avocados a
iniciar individualmente una acción de tutela.
3°.- En Caso de no acatar el fallo dispuesto por usted señor Juez, se impongan las
sanciones de Ley consagrado en artículo 26 y 52 del decreto 2591 de 1991”.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
4. Pruebas relevantes
Se allegaron copias digitales de i) la Resolución No. 062 de 19 de julio de 19 de
2023, mediante la cual se supeditó el reconocimiento de las vacaciones solicitadas
a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por parte de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, ii) el oficio
dirigido por el Juez Segundo Promiscuo de Familia del Circuito Buenaventura a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali de julio 19 de
2023, en el que solicitó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal,
y iii) el oficio DESAJCLO23-3106 de julio 31 de 2023 proferido por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, en el que se negó la
disponibilidad presupuestal solicitada.
5. Trámite procesal
Por auto de 1° de septiembre de 2023, el despacho de la magistrada
sustanciadora admitió la acción de tutela contra el Consejo Superior de la
Judicatura –Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca. Así mismo, ordenó notificar a la
accionante, a las autoridades accionadas, al Juzgado Segundo Promiscuo de
Familia del Circuito de Buenaventura y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas
Nos. 92734 a 92737 de 4 de septiembre de 2023, con el fin de notificar a las
partes1.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, adujo, esa entidad no
estaba obligada a disponer recursos que permitieran la contratación del reemplazo
de la demandante para la concesión del periodo de vacaciones que solicitó ante
su nominador.
Sostuvo que en el caso existe falta de conformación del litisconsorcio por pasiva,
en tanto las Direcciones Ejecutivas Seccionales se encuentran bajo la dirección y
coordinación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo que, si
bien es cierto que la ejecución presupuestal de esas seccionales es autónoma e
independiente de acuerdo a sus necesidades, “lo cierto es que tanto ellas como
esta entidad tienen prohibido la apropiación de recursos para garantizar la
contratación de los reemplazos de los Empleados Judiciales con régimen de
1
La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas:
tvaldess@cendoj.ramajudicial.gov.co, presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co
deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co; info@cendoj.ramajudicial.gov.co
dirseccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
02fcbuenaventura@cendoj.ramajudicial.gov.co
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
vacaciones individuales conforme lo dispone la Circular PSAC11-44 de noviembre
23 de 2011, así pues que la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali se ajusta a lo reglamentado por el Consejo
Superior de la Judicatura, por ende, no se trata de una afectación a un derecho
personal e individual del accionante, sino de la ejecución y cumplimiento de un
Acto General y Abstracto que reglamenta una situación para la generalidad de los
Empleados Judiciales; al margen de ello, como se manifestó para esta Entidad y
sus Seccionales, está prohibido la apropiación de recursos para los efectos
ordenados por su Despacho, por ello, para que surtiese legalidad el presente
trámite constitucional la PASIVA debió haber sido legalmente integrada, por la
Seccional Cali y por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo
Superior de la Judicatura y el Ministerio de Hacienda Crédito Público, pues son
estas entidades del orden nacional las que establecen la política económica y
presupuestal que deben seguir y cumplir las Entidades Públicas, en este caso las
pertenecientes a la Rama Judicial; y al faltar a la convocatoria de estas Entidades,
claramente el trámite constitucional se encuentra viciado de Nulidad”.
Adicionalmente, pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela,
pues, a su juicio, intrínsecamente se dirige contra un acto administrativo de
carácter general y abstracto, como lo era la circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011.
Alegó que en el caso existe una violación a los principios de planeación,
presupuesto y servicio público esencial, en tanto, declaró, el juez constitucional de
tutela no puede librar orden que conlleve la apropiación y ejecución del
presupuesto de las entidades públicas.
Para terminar, sostuvo que en el caso no se configura un perjuicio irremediable
que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio, “pues lo que se
advierte es que la parte actora radicó el derecho de petición mediante el cual
solicitan el disfrute de vacaciones es de competencia de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Cali; situación que lleva a concluir que no existe un
perjuicio irremediable”.
6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali
La directora ejecutiva seccional de administración judicial de Cali rindió informe en
el que solicitó que se declarara improcedente la acción constitucional incoada,
toda vez que, afirmó, por su parte no se vulnera derecho fundamental alguno “y la
Dirección Seccional solo acata las disposiciones vigentes para el efecto (art.4 y 6
C.P.)-principio de legalidad”.
Adujo que no es una actitud caprichosa por parte de esa administración la negativa a
expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para reemplazos, y que es
precisamente el cumplimiento del principio de legalidad y seguridad jurídica, “por
consiguiente es obligatorio acatar la Circular existente desde el año 2011, que a la
fecha se encuentra vigente; ello en concordancia con lo previsto en el art. 6 de la
Constitución Política que hace referencia al principio de responsabilidad jurídica de
los particulares y los servidores públicos por incumplir la Constitución y las leyes, y
en dicha norma no se hace referencia de la obligatoriedad al cumplimiento de
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
precedentes, menos, cuando no existe unanimidad respecto al tema por parte de los
jueces constitucionales y tampoco existe sentencia que unifique el criterio que debe
imperar al respecto”.
Afirmó que la improcedencia del amparo pretendido radica en que los empleados y,
en especial, el titular del despacho como Juez y como abogados que son los
empleados, en su mayoría, “pueden demandar la precitada circular y solicitar como
medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo,
circunstancia que a pesar del recuento de los años en que han requerido el CDP, no
han actuado, evidenciando ello un acatamiento tácito a la normativa que hoy se
pretende desconocer mediante esta nueva acción de tutela”.
Luego de hacer referencia a jurisprudencia reciente en la que se ha establecido que
no resulta de la órbita del juez constitucional ordenar que se expida el certificado de
disponibilidad presupuestal para proveer un reemplazo, sostuvo que no puede
perderse de vista ciertos condicionamientos operativos y presupuestales de la
administración pública, en específico, que las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial que no cuentan con recursos propios, y que están
supeditadas al envío que de los mismos realiza la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, quien a su vez realiza las diligencias pertinentes ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que el actuar de la administración se
realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral cuarto de la Circular PSAC11-
44 de 23 de noviembre del 2011, donde se dispuso que no es dable disponer de
presupuesto por reemplazo de vacaciones lo que no faculta al nominador del
despacho para negar el disfrute de vacaciones “a la cual legal y constitucionalmente
tiene derecho, máxime, si sobre dichas circunstancias existen pronunciamientos, por
parte del Consejo de Estado en segunda instancia”.
6.3. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura
El jefe del área jurídica de la entidad rindió informe en el que solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva a su favor, en tanto, declaró,
no es viable endilgarle alguna responsabilidad toda vez que las acciones u
omisiones que atribuye el accionante como vulneradoras de sus derechos recaen
exclusivamente sobre la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cali, entidad que actúa como ordenador del gasto de conformidad con los
numerales 2 y 6 del artículo 103 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, y que tiene a
cargo expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para designar los
reemplazos de los funcionarios y empleados judiciales que pretenden el disfrute
de sus vacaciones.
6.4. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
La presidenta de la Corporación rindió informe en el que solicitó declarar la falta
legitimación en la causa por pasiva a su favor, por cuanto, señaló, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle no es el facultado legalmente para expedir el
certificado de disponibilidad presupuestal para el reemplazo de vacaciones de los
empleados judiciales, en este caso de la señora Teófila Valdés Sánchez, quien
funge como secretaria en propiedad del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia
del Circuito de Buenaventura.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
6.5. Respuesta del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de
Buenaventura
El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se acojan los fallos de
tutela esbozados por la accionante, en especial la sentencia SU-296 de 2023 de la
Corte Constitucional en la que se precisó que la actuación de las accionadas “no
solo impacta en el derecho fundamental al descanso de los actores, sino que
podría tener incidencia en la garantía de otros derechos como la salud física y
mental, así como en la dignidad humana de los funcionarios y empleados
judiciales a quienes se les ha impedido acceder a las vacaciones en igualdad de
condiciones debido a la imposición de barreras administrativas” y, como
consecuencia, se acceda a las pretensiones de la tutela amparando los derechos
constitucionales de la parte actora.
Sostuvo que coadyuva las pretensiones de la acción, en la medida que existe un
sin número de sentencias en materia de tutela emitidas por diferentes cortes
donde han abordado temas similares y amparado tal prerrogativa, por lo que no se
explica cómo la entidad accionada no acoge el precedente judicial, el cual es de
obligatorio acatamiento, y con base en el mismo proceda a expedir el certificado
de disponibilidad presupuestal requerido.
Para terminar, refirió que con el actuar indebido de la entidad demandada no solo
se vulneran los derechos de la accionante sino además hace innecesario el
desgaste de la administración de justicia, pues, indicó, tal y como lo acota la
accionante, en cada anualidad se verá precisada a estar formulando tutelas con
miras a que la entidad accionada expida el certificado de disponibilidad
presupuestal, “en otras palabras, coloca a cada servidor judicial que labora en
despachos con vacaciones individuales a instaurar acciones de tutela para poder
gozar de su derecho a vacaciones, cuando se insiste, ya existe un sin número de
fallos de tutela en tal sentido amparando los derechos de los empleados judiciales
que gozan de vacaciones individuales”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la negativa a asignar la disponibilidad
presupuestal para nombrar el reemplazo de la accionante durante el periodo de
disfrute de las vacaciones que causó y solicitó, por parte de las autoridades
accionadas, vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad
social, en tanto no se le permitiría gozar del beneficio de vacaciones a las cuales
tiene derecho por ley, lo que, aduce, va en contravía de decisiones ya proferidas
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
en ese sentido por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en casos
análogos.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20152:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
2
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle
Correa, sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime
Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia,
población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de
particular consideración por parte del juez de tutela"3.
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos4, ya que, si bien la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el sub lite, la accionante considera que la decisión de no acceder al
disfrute de un periodo de vacaciones causado a su favor, con ocasión de la
negativa a asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo
durante dicho periodo por parte de Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad
y a la seguridad social, en tanto, afirma, no se le permitiría gozar del beneficio de
las vacaciones a las que tiene derecho por ley, lo que desconoce decisiones
proferidas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
Esta Sala, al estudiar la procedencia de la acción de tutela en estos casos, ha
señalado5 que cuando hay actos administrativos de por medio, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho es el que resulta idóneo, el cual
contempla la posibilidad de hacer uso de la figura de la suspensión provisional de
los actos para evitar un posible perjuicio que llegue a tener la característica de
irremediable.
Sin embargo, pese a que en el caso existe el oficio mediante el cual la Oficina de
Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Cali negó la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, el cual se
3
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
4
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
5
Véase la reciente sentencia de 8 de junio de 2023, exp. 11001-03-15-000-2023-02340-00, M.P.
Wilson Ramos Girón y la sentencia de 21 de enero de 2021, rad. 11001-03-15-000-2020-05050-00,
M.P. Milton Chaves García.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
podría controvertir en sede ordinaria con la exposición de las causales de nulidad
que considere pertinentes, en el presente caso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no resultaría idóneo y eficaz para solicitar el
reconocimiento del derecho fundamental al descanso remunerado.
No cabe duda de que el descanso es una garantía propia del derecho al trabajo,
por lo que, impedir su disfrute con fundamento en restricciones administrativas
resultaría ser una carga desproporcionada que no debe soportar el funcionario que
cumplió con todas las condiciones para acceder al beneficio prestacional.
Por lo tanto, en el presente caso, de manera excepcional procede la acción de
tutela para amparar los derechos fundamentales invocados por la parte actora, en
tanto es el mecanismo constitucional idóneo y eficaz que permite garantizar la
efectividad del derecho fundamental al descanso remunerado.
4.2. De otra parte, el artículo 146 de la Ley Estatutaria 270 de 19966 dispone que
los servidores judiciales de los Juzgados Promiscuos de Familia pertenecen al
régimen de vacaciones individuales y que tienen derecho a un descanso
remunerado de veintidós días continuos por cada año de servicios.
Al respecto, esta Sala ha indicado que las vacaciones “tienen por objeto que el
empleado recupere las fuerzas físicas e intelectuales luego de un tiempo dedicado
a trabajar y de esa manera preserve su capacidad de trabajo. Las vacaciones,
tienen una naturaleza de derecho adquirido para quien ha cumplido con los
requisitos legales establecidos para que se causen. El empleador o nominador, es
la persona que está llamada a otorgar las vacaciones al trabajador”7.
En este sentido, el disfrute de las vacaciones constituye un derecho fundamental
cuya protección puede ser solicitada mediante el ejercicio de la acción de tutela.
4.3. Ahora bien, en el año 2005 la Presidencia del Consejo Superior de la
Judicatura informó a los nominadores de la Rama Judicial el procedimiento para
solicitar el nombramiento de reemplazos por vacaciones del personal titular de los
despachos judiciales. Para tal efecto, profirió las Circulares PSAC-0589 de 18 de
noviembre de 2005, cuyo asunto fue “asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal titular en los despachos judiciales, excepto los juzgados
del sistema penal acusatorio” y 044 de 12 de mayo de 2005, en la que estableció
el procedimiento para la programación de vacaciones individuales de los
servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio.
En esos actos administrativos se establecieron como condiciones alternativas para
6
ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y
Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de
Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la
Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno
del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un
término de veintidós días continuos por cada año de servicio.
7 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-
33-000-2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
la programación de las vacaciones las siguientes:
“Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de
Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es
conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o
redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los
empleados restantes.
Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo
despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho
nombramiento deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado
que cumpla los requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación que
debe ser corroborada e igualmente certificada por el Director Seccional, previa
verificación de las hojas de vida correspondientes”.
Posteriormente, el 23 de noviembre de 2013, el Consejo Superior de la Judicatura
profirió la Circular PSAC11-44, en la que derogó lo establecido en las referidas
circulares “para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de
este derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento que aquí se señala y
que permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en provisionalidad de
los reemplazos, cuando haya lugar a ello”, eliminando así la restricción de la
asignación de recursos para reemplazos solo a los eventos en que se acreditara
alguna de las condiciones contenidas en las circulares precedentes.
En ésta, se indicó que los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones
individuales debían reportar la programación de vacaciones correspondientes al
siguiente año ante el Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional
del respectivo distrito judicial, hasta el mes de marzo de cada año y se estableció
que las designaciones en encargo son procedentes cuando las necesidades del
servicio lo exijan, por ejemplo tratándose de un juez, y “cuando no sea posible
designar en encargo a alguno de los servidores del correspondiente despacho
judicial, la respectiva Dirección Seccional deberá incluir dentro del proyecto de
presupuesto del año siguiente, la asignación de recursos que permita efectuar el
nombramiento en provisionalidad de sus reemplazos”.
Para la Sala, del contenido de la mencionada circular se observa que el propósito
del Consejo Superior de la Judicatura era eliminar los obstáculos en el disfrute de
las vacaciones individuales de los servidores judiciales, por lo que no condicionó la
asignación de presupuesto al cumplimiento de los requisitos que existían en el
pasado, imponiendo únicamente el deber al funcionario de reportar antes del mes
de marzo la programación de vacaciones para el año siguiente.
4.4. En el presente caso, no obstante lo anterior y aun cuando la accionante
cuenta con un periodo de vacaciones causado que, en principio comenzaría a
disfrutar a partir del 18 de octubre de 2023, lo que se condicionó a la disponibilidad
presupuestal para designar el reemplazo, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali respondió que conforme con la Circular PSAC-
1144 de 2013, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, frente a la
expedición de certificados de disponibilidad presupuestal para servidores judiciales
que sean empleados, no se estableció ningún procedimiento.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
Como se anotó, la Circular PSAC11-44 de 2013 tuvo como propósito eliminar los
condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los
funcionarios judiciales, a lo que se agrega que, como ha indicado esta Sala en
oportunidades anteriores8, “la omisión de establecer un procedimiento para
garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados judiciales no puede
servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de estos”.
En este sentido, contrario a lo afirmado por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, en el caso la falta de asignación de recursos para
nombrar su reemplazo desconoce el derecho fundamental al descanso
remunerado de la accionante y el trabajo en condiciones dignas, en tanto en la
práctica, implica el aplazamiento indefinido de sus vacaciones ya causadas, con la
excusa de no entorpecer el funcionamiento normal del Juzgado Segundo
Promiscuo de Familia del Circuito de Buenaventura, situación que, a juicio de la
Sala, no es más que un obstáculo o barrera administrativa de los que se previó
evitar con la expedición de la última circular.
En este punto, es importante resaltar que de conformidad con el artículo 98 de la
Ley Estatutaria 270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es
“el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y
decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. Por su parte, el artículo 99
ibídem prevé que el director ejecutivo de administración judicial tiene entre sus
funciones: (i) administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento
de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización y (ii) actuar
como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan.
Lo anterior es razón suficiente para descartar el argumento de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial conforme con el cual no debe ser vinculada al
presente trámite, pues dadas sus funciones legales, es necesario incluir a dicha
entidad entre las autoridades a las que se dirigen las órdenes del amparo.
Por su parte, los Consejos Seccionales tienen el deber de “ejercer la vigilancia
judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del
normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama”9, lo
que sustenta la responsabilidad que le asiste en el caso concreto a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali.
Como se anticipó, esta Sala, en un caso de connotaciones fácticas similares,
manifestó que “asuntos de índole administrativa no pueden afectar el derecho al
goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores,
aún más si se tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental
derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas. Impedir el derecho al
descanso con base en restricciones administrativas no es una carga que deban
soportar las actoras, puesto que las vacaciones constituyen una garantía
fundamental que tienen todos los empleados, por lo que no puede ser
8
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 28 de junio de 2022, radicación 18001-23-33-
000-2022-00066-01, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello y sentencia de 12 de diciembre de
2018, radicado: 08001-23-33-000-2018- 00756-01. M.P. Milton Chaves García.
9 Ley Estatutaria 270 de 1996.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
transgredida ni en función del servicio ni por cuestiones de índole presupuestal 10”,
por lo que la Sala amparará los derechos fundamentales de la accionante.
Por lo demás, la Sala precisa que la Corte Constitucional, en reciente sentencia
SU-296 de 2 de agosto de 202311, amparó el derecho fundamental al descanso
individual de empleados y funcionarios judiciales a quienes sus nominadores les
negaron la concesión de las vacaciones a las cuales tenían derecho. Del
comunicado de esa decisión se extraen como razones relevantes, las siguientes:
“(…) En tercer lugar, al ocuparse de los casos concretos, la Sala tuvo en cuenta
que la situación administrativa a la cual se enfrentan los diferentes nominadores
como directores de los despachos judiciales es compleja y refleja que su negativa
a conceder las vacaciones a los actores no es necesariamente caprichosa e
injustificada, como lo sostuvieron las diferentes Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial. Para arribar a esta conclusión, tuvo en cuenta que, ante la
negativa de las Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial a realizar
determinadas actuaciones administrativas y financieras, el nominador se encuentra
compelido a elegir entre garantizar el adecuado funcionamiento del despacho a su
cargo y la satisfacción de los derechos laborales de los empleados que lo
conforman.
Esto, porque los despachos judiciales cuyo régimen de vacaciones es individual
tienen una característica en común que se refiere a la urgencia, importancia y
volumen de los asuntos que deben tramitar de forma ininterrumpida, lo cual
implica, además, la necesidad de garantizar la evacuación expedita de los trámites
a su cargo. Además, se trata de despachos que se encuentran altamente
congestionados y, sumado a ello, ven intensificada su carga laboral con ocasión
del periodo vacacional colectivo de los demás despachos de la Rama Judicial,
pues los juzgados cuyo régimen de vacaciones es individual asumen también la
carga laboral en asuntos de tutela cuando los demás despachos se encuentran en
receso por la vacancia judicial.
Aunque la Circular PSAC11-44 del Consejo Superior de la Judicatura no regula el
trámite para la concesión de vacaciones individuales a los empleados judiciales, la
Sala destacó que esto no significa que aquellos no tengan derecho a que se
programen sus vacaciones o a ser eventualmente remplazados durante el periodo
en el cual disfrutan de dicha prestación, pues ni la referida circular reglamenta el
asunto ni lo prohíbe, como parecieran entenderlo la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial en sus respuestas durante los diferentes trámites de
tutela.
Al proseguir su análisis, la Sala destacó que el tiempo durante el cual el empleado
se encuentra de vacaciones debe ser usado exclusivamente para que este
descanse, recupere sus energías y, en general, para su propia realización personal
y familiar a través de la disposición autónoma de su tiempo libre, lo cual se
encuentra estrechamente relacionado con la garantía de la dignidad humana.
De esta manera, la garantía del derecho al descanso no solo implica que se
observe su dimensión temporal sino que responde a aspectos sustanciales como la
calidad del descanso, el bienestar físico y mental del trabajador, así como su
autonomía en la gestión del tiempo libre. Por ello, el derecho fundamental al
descanso se vería afectado si durante este periodo se le siguen asignando al
trabajador tareas o se le mantiene en incertidumbre respecto de la acumulación de
10
Rad. 2020-00143-00 C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11
Información contenida en el Comunicado No. 25 de 2 y 3 de agosto de 2023 de la Corte
Constitucional.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
las mismas al momento de su reincorporación, lo cual tiene la capacidad de
repercutir, sin duda, en su salud física y mental, así como en su bienestar general.
Con fundamento en el análisis desarrollado, la Sala también encontró que la
actuación de las accionadas no solo impacta en el derecho fundamental al
descanso de los actores, sino que podría tener incidencia en la garantía de otros
derechos como la salud física y mental, así como en la dignidad humana de los
funcionarios y empleados judiciales a quienes se les ha impedido acceder a las
vacaciones en igualdad de condiciones debido a la imposición de barreras
administrativas. Además, insistió en que esta situación también puede incidir en el
adecuado funcionamiento de la administración de justicia, porque la vulneración de
los derechos de los actores impacta en la cantidad de trabajo a su cargo, la
eficiencia de sus labores y, según lo informado la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, ha repercutido en el aumento de la litigiosidad en materia
de tutela para obtener la garantía de este derecho, por lo cual es posible señalar
que se trata de una situación estructural”.
En dicha decisión, la Corte Constitucional también ordenó al Consejo Superior de
la Judicatura que, en un plazo que no exceda los seis meses contados a partir de
la notificación de esa providencia, y previa consulta y o participación de los jueces,
adopte la reglamentación necesaria para garantizar la efectividad del derecho a
las vacaciones que se disfrutan en forma individual en la Rama Judicial y, a partir
de la debida planeación, se prevenga la aplicación de razones de orden
presupuestal, logístico o administrativo como barreras para el disfrute de dicho
derecho.
Por último, conviene precisar que esta Sala12 ha sido del criterio de que el plazo
razonable para adelantar las gestiones administrativas y presupuestales en los
casos en que se accede al amparo del derecho fundamental al descanso
remunerado es de 30 días. No obstante, dado que sobre la controversia ya existe
un criterio jurisprudencial unificado, la Sala modificará dicho plazo a cinco (5) días
hábiles, término que se observa suficiente para realizar las gestiones pertinentes
para garantizar la efectividad del derecho a las vacaciones de la accionante.
Por las razones expuestas, la Sala accederá a la protección constitucional
reclamada por la accionante y amparará los derechos fundamentales al trabajo en
condiciones dignas, al descanso y a la salud de la señora Teófila Valdés Sánchez.
En consecuencia, se ordenará a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali que, de
acuerdo con sus competencias y de manera coordinada, en el término de cinco (5)
días contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Buenaventura designe su
reemplazo para que materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado.
Una vez estén disponibles los recursos presupuestales para el nombramiento del
reemplazo de la señora Teófila Valdés Sánchez, el Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia del Circuito de Buenaventura, dentro de los cinco (5) días siguientes,
garantizará el disfrute de las vacaciones causadas durante el periodo en el que se
otorguen.
12
Expedientes 11001-03-15-000-2021-04086-00 y 11001-03-15-000-2021-03365-01.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04195-00
Demandante: TEOFILA VALDES SÁNCHEZ
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, al descanso y a la salud de la señora Teófila Valdés Sánchez, quien actúa
en nombre propio. En consecuencia,
Segundo.- ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, que de acuerdo
con sus competencias y de manera coordinada, en el término de cinco (5) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Buenaventura designe su
reemplazo para que materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado.
Una vez estén disponibles los recursos presupuestales para el nombramiento del
reemplazo de la señora Teófila Valdés Sánchez, el Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia del Circuito de Buenaventura, dentro de los cinco (5) días siguientes,
garantizará el disfrute de las vacaciones causadas durante el periodo en el que se
otorguen.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente en comisión Presidenta (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.