Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04195-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04195-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04195-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
25 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04195 01
Demandante: Teófila Valdés Sánchez
Demandado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle
del Cauca
Temas: Vulneración de los derechos a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas
y justas y al descanso remunerado, por la no expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para el disfrute de las vacaciones.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala las impugnaciones que formulan la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Cali (Valle del Cauca) y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial contra la sentencia del 19 de octubre de 2023, mediante la cual
el Consejo de Estado, Sección Cuarta, concedió el amparo deprecado.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La señora Teófila Valdés Sánchez promueve acción de tutela contra la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) para que se
protejan sus derechos a la igualdad, a la seguridad social y a gozar de vacaciones.
1.2. Pretensiones
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 04195 01
Demandante: Teófila Valdés Sánchez
La accionante formula las siguientes súplicas:
1º.- Se ordene a la [Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Valle del Cauca] que proceda a emitir el respectivo [c]ertificado de [d]isponibilidad
[p]resupuestal con el fin de allegarlo al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Buenaventura (Valle), y poder gozar del período de vacaciones al cual hice alusión
en el acápite de hechos.
2º.- Se [inquiera] de una vez por todas a la [Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Valle] para que en lo sucesivo se abstenga de asumir
postura similar y de negación de expedición de disponibilidad presupuestal, pues,
es inconcebible que no acate el precedente judicial y esa conducta conlleva a un
desgaste innecesario de la administración de justicia, ya que por cada certificado
que pidan los empelados (sic) estamos a[b]ocados (sic) a iniciar individualmente
una acción de tutela.
3º.- En caso de no acatar el fallo dispuesto por usted señor [j]uez, se impongan las
sanciones de [l]ey consagrado en [el] artículo 26 y 52 del [D]ecreto 2591 de 1991.
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la accionante señala los siguientes:
i) El titular del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura (Valle del
Cauca) a través de la Resolución 62 del 19 de julio de 2023, le concedió el disfrute de
las vacaciones por el período causado del 18 de abril de 2022 al 17 de abril de 2023,
a partir del 14 de octubre de 2023, inclusive; sin embargo, quedaron supeditadas a la
expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal que debía emitir la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali con el fin de proceder
a la designación del respectivo reemplazo.
ii) Su nominador mediante Oficio del 19 de julio de 2023, elevó solicitud a la directora
ejecutiva seccional de administración judicial de Cali (Valle del Cauca) para que
expidiera el aludido documento. Por medio del Oficio DESAJCLO23–3106 del 31 de julio
de 2023, se negó el requerimiento con base en pautas y circulares del Consejo
Superior de la Judicatura.
iii) El despacho donde labora está conformado por el juez, secretario, asistente social,
escribiente y un citador, por lo que no es posible que se le asigne a otro empleado sus
funciones de secretaria, lo que significa que su trabajo quedaría suspendido afectando
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Demandante: Teófila Valdés Sánchez
incluso la prestación del servicio.
iv) La decisión de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle
del Cauca va en contra de fallos dictados en asuntos similares, en los que se ordenó
a la directora ejecutiva seccional de administración judicial la expedición de los
certificados de disponibilidad presupuestal, como en las sentencias del 12 de
diciembre de 2018 y del 26 de febrero de 2020, emitidas dentro de los procesos con
radicaciones 08001 23 33 000 2018 00756 01 y 11001 03 15 000 2020 00143 00,
respectivamente, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
v) De acuerdo con lo expuesto, existe jurisprudencia sobre la materia que no puede
ser desconocida y, por tanto, de aplicación en su caso y a situaciones análogas; por
consiguiente, resulta inadmisible que se deba acudir a la tutela cuando hay infinidad
de fallos en contra de entidad accionada, motivo por el cual no puede negarse a emitir
el certificado de disponibilidad presupuestal.
vi) El actuar de la demandada no solo quebranta sus derechos fundamentales, sino
también el de los demás empleados del juzgado, porque al no existir certificado
financiero no habrá quien desempeñe el cargo de secretario (a) y, por ende, el trabajo
que realiza diariamente tendría que repartirse entre los demás servidores judiciales,
situación que de por sí ya es bastante caótica debido a las múltiples funciones
adicionales que se crearon con ocasión del manejo de plataformas para tramitar los
procesos durante y la postpandemia.
1.4. Fundamentos jurídicos
La accionante alega la vulneración de sus derechos a la vida, a la igualdad, a la
seguridad social y a gozar de vacaciones establecidos en los artículos 11, 13, 48 y 49
de la Constitución Política y 186 del Código Sustantivo del Trabajo.
1.5. Actuación procesal
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, admitió la acción de tutela mediante proveído
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Demandante: Teófila Valdés Sánchez
del 1.º de septiembre de 2023, que se ordenó notificar al Consejo Superior de la
Judicatura, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo Seccional
de la Judicatura del Valle del Cauca y a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), como demandados. Así mismo, se
dispuso notificar al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura como
tercero interesado en las resultas de este proceso, para que dentro del término de dos
días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe. Igualmente
se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de
conformidad con lo previsto en el artículo 610 del Código General del proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de
Buenaventura. El juez William Giovanny Arévalo Mogollón no se opone a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, por el contrario, las coadyuva en la
medida en que, existen varias sentencias de tutela emitidas por las diferentes cortes
amparando tal prerrogativa, por ello, es inexplicable que la parte accionada no acoja
el precedente judicial, el cual es de obligatorio acatamiento y, en consecuencia,
proceda a expedir el certificado requerido.
Así mismo, el actuar indebido de la demandada no solo viola los derechos de la parte
actora, sino que además genera un innecesario desgate de la administración de
justicia, pues prácticamente en cada anualidad la accionante se verá obligada a
formular tutelas para que se expida el pluricitado certificado, en otras palabras, pone a
cada servidor que labora en despachos con vacaciones individuales a instaurar
solicitudes de amparo para poder gozar del descanso, cuando se insiste, existe un
sinnúmero de fallos protegiendo las garantías de esos empleados judiciales.
1.6.2. De la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali (Valle
del Cauca). La señora Clara Inés Ramírez Sierra solicita declarar improcedente la
acción constitucional, toda vez que está demostrado que no se vulneró derecho
fundamental alguno a la accionante; además, esa entidad solo acata las disposiciones
vigentes para el efecto, en virtud del principio de legalidad.
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Demandante: Teófila Valdés Sánchez
1.6.3. Del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca. La señora
Victoria Eugenia Velásquez Marín, en su calidad de presidente, pide que con
fundamento en los artículos 6.º y 121 de la Constitución Política, se declare que esa
corporación no ha violado derecho alguno a la parte actora; en consecuencia, se
ordene su desvinculación del presente trámite constitucional.
1.6.4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. El señor Ronald
Jefferson Gómez Díaz, abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia
Legal, alega que la tutela es improcedente, por las siguientes razones:
i) La demanda interpuesta se dirige a atacar intrínsecamente un acto de carácter
general y abstracto, esto es, la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, lo
que solo puede darse a través de la acción ordinaria de nulidad, es decir, la accionante
cuenta con otros mecanismos de defensa idóneos para resolver el problema
presupuestal que impide el nombramiento de las personas que reemplacen a quienes
disfruten de sus vacaciones.
ii) Comoquiera que las direcciones ejecutivas seccionales, se encuentran bajo la
orientación y coordinación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
ejecución presupuestal si bien es cierto es autónoma e independiente de acuerdo a
sus necesidades, lo cierto es que tienen prohibida la apropiación de recursos para
garantizar la contratación de los reemplazos de los empleados judiciales con régimen
de vacaciones individuales, por ello debió integrarse como parte pasiva al Consejo
Superior de la Judicatura y al Ministerio de Hacienda Crédito Público, ente del poder
ejecutivo que establece el presupuesto y efectúa las asignaciones necesarias para el
cumplimiento de los fines, funciones y competencias administrativas del sector público,
entre ellos, el servicio de justicia.
1.6.5. Del Consejo Superior de la Judicatura. La señora Margarita María Becerra
Dawson, magistrada auxiliar de la Presidencia, pide se acceda a la excepción de falta
de legitimación por pasiva; en consecuencia, se desvincule a esa corporación del
presente medio constitucional.
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Demandante: Teófila Valdés Sánchez
1.7. La sentencia que se impugna
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante fallo del 19 de octubre de 2023,
resolvió lo siguiente:
Primero.- AMPÁRENSE los derechos fundamentales al trabajo en condiciones
dignas, al descanso y a la salud de la señora Teófila Valdés Sánchez, quien actúa
en nombre propio. En consecuencia,
Segundo.- ORDÉNASE a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, que de acuerdo
con sus competencias y de manera coordinada, en el término de cinco (5) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia, adelanten las
gestiones administrativas y presupuestales que correspondan para que el Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Buenaventura designe su
reemplazo para que materialice el derecho al disfrute del descanso remunerado.
Una vez estén disponibles los recursos presupuestales para el nombramiento del
reemplazo de la señora Teófila Valdés Sánchez, el Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia del Circuito de Buenaventura, dentro de los cinco (5) días siguientes,
garantizará el disfrute de las vacaciones causadas durante el período en el que se
otorguen.
[…]
Como fundamento de su decisión expuso las siguientes razones:
i) Aunque en el presente caso la accionante cuenta con un periodo de vacaciones
causado que comenzaría a disfrutar a partir del 18 de octubre de 2023, este fue
condicionado a la disponibilidad presupuestal para designar el reemplazo, lo cual fue
negado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali con
fundamento en la Circular PSAC1144 de 2013 dictada por el Consejo Superior de la
Judicatura.
ii) Ese acto tuvo como propósito eliminar los condicionamientos para el
nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, no
obstante, la omisión de establecer un procedimiento para garantizar los rubros para
cubrir las vacaciones de los empleados judiciales no puede servir de soporte para
desconocer su derecho al descanso.
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Demandante: Teófila Valdés Sánchez
iii) En este sentido, contrario a lo alegado por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cali, en el caso la falta de asignación de recursos para
nombrar el reemplazo desconoce el derecho fundamental al descanso remunerado de
la accionante y al trabajo en condiciones dignas, en tanto en la práctica, implica el
aplazamiento indefinido de sus vacaciones ya causadas, con la excusa de no
entorpecer el funcionamiento normal del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del
Circuito de Buenaventura, situación que, no es más que un obstáculo o barrera
administrativa de los que se previó evitar con la expedición de la última circular.
iv) Se resalta que de conformidad con el artículo 98 de la Ley Estatutaria 270 de 1996,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo
que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama
Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura.
Por su parte, el artículo 99 ibidem prevé que el director ejecutivo de administración
judicial tiene entre sus funciones: (i) administrar los bienes y recursos destinados para
el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o
utilización y (ii) actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las
obligaciones que correspondan.
v) Lo anterior es razón suficiente para descartar el argumento de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial conforme con el cual no debe ser vinculada al
presente trámite, pues dadas sus funciones legales, es necesario su inclusión entre
las autoridades a las que se dirigen las órdenes del amparo
vi) Por su parte, los consejos seccionales deben «ejercer la vigilancia […] para que la
justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las
labores de funcionarios y empleados de esta Rama», lo que sustenta la
responsabilidad que le asiste a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Cali.
vii) Además, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-296 de 2 de agosto de 2023,
amparó el derecho fundamental al descanso individual de empleados y funcionarios
judiciales a los que sus nominadores les negaron la concesión de las vacaciones a las
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que tenían derecho.
viii) En dicha decisión, la Corte Constitucional también ordenó al Consejo Superior de
la Judicatura que, en un plazo que no exceda los seis meses contados a partir de la
notificación de la providencia, y previa consulta y / o participación de los jueces, adopte
la reglamentación necesaria para garantizar la efectividad del derecho a las
vacaciones que se disfrutan en forma individual en la Rama Judicial y, a partir de la
debida planeación, se prevenga la aplicación de razones de orden presupuestal,
logístico o administrativo como obstáculos para su goce.
1.8. Impugnaciones
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca)
y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en sendos escritos impugnan la
providencia anterior.
1.8.1. La directora ejecutiva seccional de administración judicial de Cali (Valle del
Cauca) solicita se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declare
su improcedencia, por lo siguiente:
i) Si bien comparte los argumentos traídos por el a quo respecto al derecho al disfrute
de vacaciones, por cuanto es una garantía de raigambre constitucional; no obstante,
ello, la discusión de fondo se centra en que no puede desconocer las directrices
impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura en la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 2011, y darle una interpretación extensa, particular y ponderada, a un
acto que señala la no procedencia del pago para reemplazo de vacaciones de
empleados, en contravía de lo preceptuado en los artículos 132 y 153 de la Ley 270
de 1996.
ii) La disconformidad con el fallo obedece a que como órgano técnico-administrativo
debe cumplir con las disposiciones establecidas para los casos particulares, en el sub
lite la amplia y reciente jurisprudencia imposibilita la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal no solo porque esos rubros no se hallan contemplados
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Demandante: Teófila Valdés Sánchez
para gastos de vacaciones individuales de los empleados, sino que obedece al
cumplimiento del aludido acto, mediante el que se fijó la «programación de vacaciones
de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales», la que está
vigente.
iii) Corresponde al respectivo nominador resolver la situación sobre el goce y disfrute
de las vacaciones a través de actos administrativos, ya que es el que conoce y aprueba
todas las situaciones administrativas en las que pueda estar incurso el servidor judicial,
según el artículo 131 numeral 8, de la Ley 270 de 1996.
iv) Ahora, en lo que se refiere al certificado de disponibilidad presupuestal para
reemplazo de vacaciones, las direcciones seccionales de administración judicial no
cuentan con recursos propios, están supeditadas al envío que hace la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial (Nivel Central), que a su vez adelanta las
diligencias pertinentes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y en el
momento en que son asignados los dineros respectivos, procede de inmediato a
realizar las apropiaciones y pagos que correspondan.
v) La accionante tiene a su alcance la medida cautelar prevista en el artículo 231 de
la Ley 1437 de 2011, para pedir la suspensión provisional de la circular mediante el
medio de control correspondiente, con el fin de que sea el juez natural que examine la
presunta vulneración del referido acto, lo que evidencia la improcedencia de la tutela,
dado que no se acreditó que por lo menos se haya impetrado la acción respectiva.
1.8.2. El abogado de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pide se decrete la improcedencia de la
acción y se ordene la desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial por falta de legitimación en la causa por pasiva, al respecto alega lo siguiente:
i) Según la directriz contenida en la Circular PSAC11-44 de 2011,1 proferida por la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no tiene la potestad de
1 «El personal titular que pertenece al régimen de vacaciones colectivas no debe solicitar asignación de
recursos para atender reemplazos por vacaciones y tanto sus nominadores como los Directores
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expedir el certificado de disponibilidad presupuestal con el fin de asignar el reemplazo
de la accionante durante su periodo vacacional, toda vez que dicho presupuesto
únicamente está previsto para las personas que ostentan la calidad de funcionarios no
de empleados públicos, como es el caso de la señora Valdés Sánchez.
ii) En el presente asunto se está ante una posición caprichosa del nominador del
Juzgado Segundo Promiscuo de Familia del Circuito de Buenaventura que se niega a
conceder las vacaciones a la accionante sin que se le nombre un reemplazo para el
desarrollo de sus funciones, lo que resulta ilógico y desproporcionado, toda vez que
es de su conocimiento que no es posible la destinación de recursos para ese fin,
porque no cumple el requisito de ser funcionario; por consiguiente, la orden
conminatoria debe librarse en su contra para que no condicione el otorgamiento al
descanso a la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal, que por
norma no puede emitirse.
iii) Así mismo, teniendo en cuenta que la Circular PSAC11-44 de 2011, expedida por
el Consejo Superior de la Judicatura en cumplimiento de las facultades otorgadas por
la Ley 270 de 1996, es un acto que está revestido de presunción de legalidad, la
accionante cuenta con el medio de control de nulidad para enervar sus efectos.
iv) La entidad carece de legitimación en la causa por pasiva en el presente trámite
constitucional, toda vez que no tiene la condición de nominador de la parte actora ni
de pagador para conceder o negar las vacaciones solicitadas.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,2 según el cual «las tutelas que sean de
Ejecutivos Seccionales, se abstendrán igualmente de darles trámite por esta vía, excepto cuando la
solicitud corresponda a un funcionario judicial, cuya licencia por enfermedad o por maternidad haya
coincidido total o parcialmente con el periodo vacacional de este régimen, para lo cual se anexará
fotocopia del certificado de incapacidad correspondiente, expedido por la EPS a la cual se encuentre
afiliado».
2 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Demandante: Teófila Valdés Sánchez
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Cuarta de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, como lo decidió la primera instancia, se deben
amparar a la accionante los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas
al descanso y a la salud, cuya vulneración le atribuye a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), al Consejo Superior de la
Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al no emitir el
certificado de disponibilidad presupuestal para el goce de sus vacaciones.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de esta acción,
ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias que se
encaminan igualmente a la defensa de los derechos que no se pueden pasar por alto.
Por ello el artículo 6.º numeral 1 del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de
improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
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Demandante: Teófila Valdés Sánchez
La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo procede cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.3.2. Del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas y su
componente del derecho al descanso
La Corte Constitucional ha considerado que el derecho al descanso debe entenderse
como uno de las garantías fundamentales del trabajador, lo cual se deduce de los
artículos 1.º, 25 y 53 de la Constitución Política, puesto que tiene como fines, entre
otros, permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña,
proteger su salud física y mental, realizar otras tareas que permitan su desarrollo
integral como persona y de esta manera, preservar su capacidad de trabajo que, por
lo general, es su único medio de subsistencia.4
Cabe recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante el
Convenio 52 aprobado mediante la Ley 54 de 1962 estatuyó que «se considerará nulo
todo acuerdo que implique el abandono del derecho a vacaciones anuales pagadas o
la renuncia a las mismas». Además, en el artículo 24 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos se prevé que «[t]oda persona tiene derecho al descanso, al
3 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
4 Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-076 de 2001. En el mismo sentido, las
sentencias T-009 de 1993, C-024 de 1998, C-710 de 1996, y C-019 de 2004.
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disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas».
A su turno, en el ámbito internacional, nuestro país ratificó el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)5 que en el artículo 7.º, literal d),
contempló que los Estados Parte garantizan el «descanso, el disfrute del tiempo libre,
la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas, así como
la remuneración de los días festivos». Por otra parte, el artículo 7.º, literal h), del
Protocolo de San Salvador prevé las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del
trabajo.6
Igualmente, la Corte en Sentencia C-171 de 20207 hace alusión al Convenio 32 que
establece i) la periodicidad del descanso al establecer que el derecho se causa luego
de un año de servicio continuo (artículo 2.º) y ii) la remuneración del tiempo de
vacaciones al señalar que quien las esté disfrutando deberá percibir la remuneración
habitual (artículo 3.º).8
5 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último,
aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el
16 de diciembre de 1966"
6 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.
“por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988”. En el literal h) se previó el descanso, el disfrute
del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales.
7 Referencia: expediente RE-252, revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 488 de 2020,
“[p]ir el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica”, magistrado Ponente: José́ Fernando Reyes Cuartas, sentencia del 10 de junio de 2020.
8 «El descanso necesario y las vacaciones como derechos sociales de los trabajadores 46. El descanso
necesario tiene especial relevancia en el ejercicio del trabajo, y es por esta razón que el Constituyente
de 1991 lo incluyó en el artículo 53 como uno de los principios mínimos fundamentales. Así, el derecho
al descanso tiene como propósito que durante un tiempo determinado el trabajador cese sus actividades
laborales y se recupere del desgaste que genera el trabajo; lo cual no solo redunda en el necesario
equilibro de su calidad de vida, sino que además, le permite concretar y avanzar en su proyecto de vida.
47. Este derecho ha sido materializado a través de la limitación de la jornada de trabajo, el otorgamiento
del descanso semanal y la consagración de un periodo de vacaciones anuales. (…) 48. Se ha entendido
que las vacaciones no tienen como único propósito que el trabajador se recupere del desgaste que le
ocasionan las actividades laborales, sino que tiene por objeto permitirle al individuo espacios en los
cuales realice actividades en desarrollo de sus propias expectativas y las de su familia. Lo anterior, ha
llevado a que se reconozca que el derecho a las vacaciones se perfecciona a través del goce del
descanso remunerado.
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2.3.3. El régimen de vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial
Al respecto es pertinente referir que salvo las excepciones legales, todo empleado
público tiene derecho a disfrutar de un descanso remunerado, por cada año de servicio
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8.º Decretos 3135 de
1968 y 1045 de 1978).9 Ahora bien, respecto de los servidores judiciales, las
vacaciones se encuentran previstas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996.10
Además, para efectos de examinar la controversia a la luz de los derechos
fundamentales involucrados, se aprecia que la citada normativa distingue los
funcionarios de la Rama Judicial de los empleados11 y establece que la provisión de
9 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y
se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales».
Artículo 8: Vacaciones. Los empleados públicos o trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15)
días hábiles de vacaciones, por cada año de servicio, salvo lo que se disponga por los reglamentos
especiales para empleados que desarrollan actividades especialmente insalubres o peligrosos.
Las vacaciones de los funcionarios de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y del ramo docente
se rigen por normas especiales.
Y el artículo 8 del Decreto 1045 de 1978 «Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación
de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales
del sector nacional.» se estableció:
Artículo 8. De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince
(15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o
estipulaciones especiales.
En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se computará
como día hábil para efecto de vacaciones.
10 «Estatutaria de la Administración de Justicia. Artículo 146 Vacaciones. Las vacaciones de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa
de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de
Ejecución de Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio». La Corte Constitucional mediante sentencia C-037
del 5 de febrero de 1996, magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa, revisó la exequibilidad del
Proyecto de Ley 58 de 1994, Senado y 264 de 1995 Cámara, en cumplimiento del artículo 153 de la
Constitución Política y declaró exequible este artículo.
11 «Artículo 125. De los servidores de la Rama Judicial según la naturaleza de sus funciones. Tienen la
calidad de funcionarios los Magistrados de las Corporaciones Judiciales, los Jueces de la República y
los Fiscales. Son empleados las demás personas que ocupen cargos en las Corporaciones y Despachos
Judiciales y en los órganos y entidades administrativas de la Rama Judicial.
La administración de justicia es un servicio público esencial». Artículo condicionalmente exequible bajo
el entendido «de que los magistrados auxiliares que pertenecen a las altas cortes de la rama judicial,
habida cuenta de la naturaleza de las responsabilidades legales que les corresponde desempeñar, se
encuentran facultados para la práctica de las pruebas que les sean comisionadas por el titular del
despacho judicial».
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cargos se efectúa a través de nombramientos en propiedad, en provisionalidad y en
encargo.12
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente se puede establecer
lo siguiente:
2.4.1. El 14 de julio de 2023, la señora Teófila Valdés Sánchez solicitó al juez William
Giovanny Arévalo Mogollón la concesión de vacaciones correspondientes al período
comprendido entre el 18 de abril de 2022 al 28 de abril de 2023.13
2.4.2 El 19 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Buenaventura mediante Resolución 62 le otorgó a la accionante, en su calidad de
secretaria en propiedad, vacaciones individuales por el término de veinticinco días
contados a partir del 14 de octubre de 2023, inclusive, correspondiente al período
causado entre el 18 de abril de 2022 y el 17 de abril de 2023, pero supeditó el disfrute
12 Artículo 132. Formas de provisión de cargos de la Rama Judicial. La provisión de cargos en la
Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas
del proceso de selección si el cargo es de Carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo
siguiente.
2. En provisionalidad. El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva, hasta
tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto, que no podrá exceder de seis
meses, o en caso de vacancia temporal, cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea
superior a un mes.
Cuando el cargo sea de Carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la
Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de
la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el
desempeño del cargo.
En caso de vacancia temporal en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte
Constitucional o el Consejo Superior de la Judicatura o los Tribunales, la designación se hará
directamente por la respectiva Corporación.
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo
hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe
en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según
sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.
Parágrafo. Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la
Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional, designará un encargado mientras se provee la
vacante por el competente, a quien dará aviso inmediato. La citada norma fue declarada exequible por
la Corte Constitucional.
13 Índice 2, del expediente electrónico.
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a la expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal con el fin de
proceder a la designación del respectivo reemplazo.14
2.4.3. El 19 de julio de 2023, el señor William Giovanni Arévalo Mogollón, juez
segundo promiscuo de familia de Buenaventura le solicitó a la directora ejecutiva
seccional de administración judicial de Cali (Valle del Cauca) la expedición del
certificado financiero para el reemplazo y pago de las vacaciones a la señora Valdés
Sánchez.15
2.4.4. El 31 de julio de 2023, a través del Oficio DESAJCLO23-3106, la directora
ejecutiva seccional de administración judicial de Cali (Valle del Cauca) negó la emisión
del certificado de disponibilidad presupuestal solicitado por el nominador de la
accionante.16
2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
Las entidades impugnantes solicitan que se revoque la sentencia del 19 de octubre de
2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que concedió el amparo
deprecado por la señora Teófila Valdés Sánchez, porque alegan que no existe
disposición legal que los conmine a expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal para el nombramiento del reemplazo por el período de vacaciones de la
señora Teófila Valdés Sánchez que se desempeña como secretaria del Juzgado
Segundo Promiscuo de Familia de Buenaventura.
Así mismo, aducen en relación con la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011,
que no les está permitido expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para
designar el reemplazo de la accionante, ya que no es un requisito necesario para la
concesión de su período de vacaciones, toda vez que su goce está bajo la
discrecionalidad del nominador según las necesidades del servicio, que para el caso
corresponde al juez segundo promiscuo de familia de Buenaventura (Valle del Cauca).
14 Índice 2, del expediente electrónico.
15 Índice 2, del expediente electrónico.
16 Índice 2, del expediente electrónico.
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Corresponde en primer término a la Sala determinar si responde al ámbito funcional
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca), aquí accionados,
ejercer alguna actuación en torno a la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal necesario para autorizar el remplazo de la accionante durante el disfrute
de sus vacaciones individuales en su condición de empleada judicial.
De igual forma, se advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en su
escrito de contestación refiere que, en el caso, se debió vincular al trámite de tutela
tanto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público como al Consejo Superior de la
Judicatura, el primero, por ser el encargado de asignar los recursos a las entidades
estatales y, el segundo, para que reglamente de forma más concreta y determinante
el asunto y así poder disponer de los recursos necesarios para nombrar el remplazo
por vacaciones individuales de los empleados judiciales.
Pues bien, se precisa que el análisis de la competencia que se examina en este acápite
se efectúa en aras de trazar el marco de competencia de los órganos demandados,
sin que comprenda adoptar determinaciones sobre el fondo del asunto, vale decir, la
violación de los derechos fundamentales invocados por la no expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal para que se efectúe el nombramiento del reemplazo de
la parte actora durante su período de vacaciones.
Sobre el particular, la Sala observa que el Congreso de la República expidió la Ley
2276 del 29 de noviembre de 202217 que en el artículo 1.º, sección presupuestal 2701
de 2022, apropió para la Rama Judicial la suma18 para atender los gastos de
funcionamiento, de servicio de la deuda pública y de inversión.
Y conforme al Decreto 111 de 1996,19 artículo 110, modificado por la Ley 1957 de
17 Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2023.
18 6.504.184.084.813.
19 Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman
el Estatuto Orgánico del Presupuesto.
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2019,20 artículo 124,21 corresponde al Consejo Superior de la Judicatura ordenar el
gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo cual
se constituye en la autonomía presupuestal.
Así, al cotejar las disposiciones precedentes con la Ley 270 de 1996, 22 se infieren las
siguientes conclusiones:
i) El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Sala Administrativa elabora el
proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno
Nacional el cual se incorpora en el proyecto que proponga la Fiscalía General de la
Nación.23
ii) El Consejo Superior de la Judicatura en la sección presupuestal correspondiente
tiene la capacidad de ordenar el gasto en desarrollo de sus apropiaciones, lo cual
constituye la autonomía presupuestal.24
iii) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en virtud de la autonomía presupuestal
de la Rama Judicial no tiene injerencia en la ordenación del gasto, puesto que las
20 Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, dictada por el
Congreso de la República dictada por el Congreso de la República en en virtud del Procedimiento
Legislativo Especial para la Paz.
21 El texto del artículo 124 de la Ley 1957 de 2019 se transcribe de la página web:
http:www.secretariasenado.gov.co: «Artículo 124. <Esta modificación a (sic) sido introducida en el
artículo 110 del Decreto 111 de 1996 que compiló la Ley 38 de 1989> El artículo 91 de la Ley 38 de
1989, modificado por el artículo 51 de la Ley 179 de 1994 quedará de la siguiente manera:
Artículo 91. Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la
capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar
el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la
autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en
cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo, o quien haga
sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.
En la sección correspondiente a la rama legislativa estas capacidades se ejercerán en la forma arriba
indicada y de manera independiente por el Senado y la Cámara de Representantes; en la sección
correspondiente a la Rama Judicial serán ejercidas por el Consejo Superior de la Judicatura; igualmente
en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz serán ejercidas por la Secretaría Ejecutiva de la misma
(…) ( negrilla no original)
22 Estatutaria de la Administración de Justicia.
23 Artículo 85. Funciones administrativas. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura:
1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional,
el cual deberá incorporar el proyecto que proponga la Fiscalía General de la Nación. (…)
24 Ibidem pie de página 9.
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apropiaciones de la Rama Judicial las establece la Ley de Apropiaciones de la vigencia
correspondiente.25
iv) La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ejecuta las actividades
administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura26 y, en ese orden de ideas,
corresponde al director ejecutivo de administración judicial administrar los bienes y
recursos destinados para el funcionamiento de los órganos que la integran y responder
por su correcta aplicación o utilización.27
v) El director ejecutivo seccional de la Rama Judicial ejerce en el ámbito de su
jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del director ejecutivo
Nacional de Administración Judicial la función de actuar como ordenador del gasto
para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.28
En este escenario, se concluye que la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar el remplazo por vacaciones individuales de empleados
judiciales corresponde a las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, según
la apropiación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Así las cosas, la Sala mantendrá como parte demandada a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del Cauca) y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, y no vinculará al trámite al Consejo Superior de
la Judicatura ni al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
25 Ibídem
26 Artículo 98. De La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. La Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tienen a su cargo la ejecución de las
actividades administrativas de la Rama Judicial con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. (…) De la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, dependerán las Unidades de Planeación, Recursos Humanos, Presupuesto, Informática y las
demás que cree el Consejo conforme a las necesidades del servicio.(…)
27 Artículo 103. Del director ejecutivo de Administración Judicial. Son funciones del director
ejecutivo de Administración Judicial: (…)
2. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización.(…)
28 Artículo 99. Director Seccional de la Rama Judicial. Corresponde al director seccional de la Rama
Judicial, ejercer en el ámbito de su jurisdicción y conforme a las órdenes, directrices y orientaciones del
Director Ejecutivo Nacional de la Administración Judicial, las siguientes funciones:
2. Administrar los bienes y recursos destinaos para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder
por su correcta aplicación o utilización (…).
6. Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan (…).
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La Sala en segundo término y antes de resolver sobre las inconformidades planteadas
por las demandadas y, luego de efectuar la revisión del expediente, observa que a la
accionante en calidad de secretaria del referido despacho judicial, por medio de la
Resolución 62 del 19 de julio de 2023, se le otorgó el período de vacaciones
comprendido del 18 de abril de 2022 al 17 de abril de 2023, pero se supeditó el disfrute
a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, la cual fue negada
mediante el Oficio DESAJCLO23-3106 del 31 de julio de 2023, por la directora ejecutiva
seccional de administración judicial de Cali (Valle del Cauca), con fundamento en la
directriz fijada en la Circular PSAC 11-44 del 23 de noviembre de 2011, emitida por el
Consejo Superior de la Judicatura.
Así las cosas, de conformidad con las pruebas y del análisis normativo efectuado, la
Sala estima que la privación del derecho al descanso impuesta a la accionante, dista
del aplicado a los funcionarios judiciales cobijados por el régimen de vacaciones
individuales, respecto de los cuales se desarrolló un procedimiento para su
otorgamiento, lo que no dignifica el derecho al trabajo y configura un sacrificio que no
tiene respaldo en el ordenamiento jurídico, toda vez que las implicaciones
presupuestales no constituyen un factor desconocido para los ordenadores del gasto,
ya que no es una simple casualidad que los empleados decidan solicitar su derecho al
goce de las vacaciones, cuando no se conceden por razones del servicio.
En síntesis, la falta de reglamentación en el disfrute de las vacaciones de los
empleados de la Rama Judicial en el régimen individual, aunque sería una herramienta
necesaria para el conocimiento del trámite previo y para instrumentalizar el
nombramiento que le corresponde efectuar al titular del despacho, no es óbice para la
materialización del derecho a su goce y para la expedición del certificado de
disponibilidad en orden a designar el reemplazo, en razón a que prevalecen las normas
de rango superior que salvaguardan el derecho al descanso.
Conforme a lo expuesto, la Sala considera que con la protección impartida por la
primera instancia a través de esta vía, no se está inmiscuyendo de manera injustificada
en el ámbito de competencia de las autoridades que tienen a su cargo el manejo del
presupuesto, dado que resulta razonable que el Estado garantice de forma eficaz el
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derecho al trabajo en condiciones dignas y justas con la concesión al descanso, el que
para el caso se ve entorpecido por una limitante de índole presupuestal, la que debió
preverse por tratarse de un derecho adquirido del empleado judicial que una vez
cumpla con la prestación del servicio durante un año tiene derecho al disfrute de sus
vacaciones por el lapso de veintidós días.
Así, puesta en la balanza la necesidad de continuidad en la prestación del servicio con
el derecho al disfrute de las vacaciones del empleado y la vinculación de su reemplazo,
es preciso sopesar el costo-beneficio para la administración de justicia de redistribuir
las tareas en los demás empleados o en el funcionario titular del despacho; por cuanto
abstenerse de nombrar al reemplazante y aumentar el cúmulo de trabajo en los demás
empleados del despacho representa un mayor esfuerzo que acarrea el desgaste físico
y mental y propicia el riesgo de una menor producción que afecta el derecho a la
administración de justicia en el cual está involucrado, incrementa la congestión de los
despachos judiciales y de paso atenta conta la pronta y cumplida justicia.
Por otra parte, se aprecia que como la decisión del nominador dependía de la
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal por la Dirección Seccional, no
resulta necesario someter a examen de violación de los derechos fundamentales la
respuesta negativa al disfrute que emitió, porque el obstáculo para otorgar la pausa en
el ejercicio de las actividades que el ordenamiento jurídico establece en favor de la
accionante, estuvo representado en la falta del referido documento, omisión en la cual
incurrió la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del
Cauca) que privan del núcleo esencial del derecho fundamental al descanso a los
servidores judiciales del régimen de vacaciones individuales.
Así las cosas, como quedó anotado en líneas precedentes la Sala reitera que la
protección otorgada no constituye una intromisión injustificada en el ámbito de
competencia de las autoridades que tienen a su cargo el manejo del presupuesto y la
designación del reemplazo, en cuanto no solo resulta conveniente sino imperioso que
el Estado garantice de forma eficaz el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas
mediante el otorgamiento del derecho al descanso de manera oportuna, el cual en el
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presente caso, resulta coartado por una restricción de naturaleza presupuestal y por
condicionamientos de tipo administrativo.
3. Conclusión
La Sala concluye que se debe confirmar la providencia dictada por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado que concedió el amparo de los derechos deprecados por la
señora Teófila Valdés Sánchez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 19 de octubre de 2023, que dictó el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, mediante la cual concedió el amparo solicitado por la señora
Teófila Valdés Sánchez, de acuerdo con la parte considerativa que antecede.
Segundo. Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
Sigue leyendo
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