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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04239-00

Fecha
18 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04239-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. 10 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional. 9 Radicación: 11001-03-15-000-2023-04239-00 Accionante: Leda María Yabur López Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-04239-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04239-00
Accionante: Leda María Yabur López
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido
por el juez natural.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por la señora Leda María Yabur
López contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Quinta de Oralidad.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda y sus fundamentos

1.- El 4 de agosto de 2023, la señora Leda María Yabur López presentó acción de
tutela en procura de obtener la salvaguarda de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, seguridad social y vida digna. Considera que tales
prerrogativas fueron vulneradas por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala
Quinta de Oralidad al proferir el fallo de 6 de febrero de 20232, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho3 que promovió contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Policía Nacional, con el propósito de que se declarara la
nulidad de los actos administrativos a través de los cuales dicha entidad le negó el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en su calidad de compañera
permanente de Yimi Rafael Suárez Pérez.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Notificado el 9 de febrero de 2023.
3 Radicado: 05001 33 33 009 2015 01057 01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04239-00

Accionante: Leda María Yabur López

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2.- En primera instancia, el asunto lo conoció el Juzgado Noveno Administrativo Oral
del Circuito de Medellín, que en fallo de 1 de septiembre de 2020 accedió a las
pretensiones. Consideró que la demandante probó haber procreado un hijo con el
causante 1 año antes de su fallecimiento, y conforme a la jurisprudencia aplicable al
caso, esa situación la liberaba de la carga de acreditar vida marital éste.

3.- En sentencia del 6 de febrero de 2023 el Tribunal Administrativo de Antioquia,
revocó la decisión de primera instancia y negó las pretensiones. Estimó que el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, exigía que tanto la cónyuge
como la compañera permanente acreditaran una convivencia con el causante de por
lo menos 2 años continuos con anterioridad a la muerte. Explicó que si bien la norma
exime de probar que dicha vida marital perduró durante tal periodo, a quienes
acrediten la procreación de un hijo durante los 2 años anteriores a la muerte, se
mantiene el deber de probar la convivencia efectiva con el causante al momento de
su deceso. Para el Tribunal la accionante no cumplió este último requisito.

4.- Como fundamento de derecho de las pretensiones de la tutela, la parte actora
advirtió que la autoridad accionada incurrió en los siguientes defectos:

5.- Desconocimiento del precedente judicial: Para fundamentar el mismo se
centró en 2 aspectos:

(i). Aplicación del principio de favorabilidad: sostuvo que en el caso en concreto, el
acto administrativo demandado quebrantó directamente lo previsto en los artículos
46, 47 y 288 de la Ley 100 de 1993. Así mismo citó un extracto del fallo de 8 de junio
de 2008 (sin radicado) proferido por el Consejo de Estado – Sección Segunda,
relacionado con la pensión de sobreviviente y la aplicación de la norma más
favorable.

(ii). Cumplimiento del artículo 47 de la Ley 100 de 1993: indicó que cumplió a
cabalidad con los requisitos de indicados en dicha disposición, por cuanto a través
de testimonios acreditó que hizo vida marital con el causante durante 3 años y 9
meses, y en dicha unión procrearon un hijo durante los 2 años previos a la muerte
de aquel. No obstante, el tribunal accionado consideró que no probó dicha
convivencia y que haber procreado un hijo no la eximía de ello, pese a que la Corte
Constitucional en sentencia SU-461 del 22 de octubre de 2020 sostuvo frente al tema
que dicha situación “(…) suple la prueba de la convivencia si sucedió en el marco de
los dos años de los que trata la norma en comento, pues solo así se convierte en un
hecho sugestivo de la cohabitación entre la pareja y de la relación de la prestación
pensional y el mínimo vital de quien pretende la sustitución”. Así mismo, agregó que
la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de 20 de abril de 2020 (SL1365-2020)
señaló que “sin embargo, también se previó la posibilidad de relevar a la beneficiaria
de acreditar la mencionada temporalidad (dos años) si dentro de la misma hubiese
procreado uno o más hijos, incluido el hijo póstumo” (citó apartes del fallo).

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04239-00

Accionante: Leda María Yabur López

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

6.- Violación directa a la Constitución: Manifestó que este defecto se configuró
al desconocerle la pensión de sobreviviente, pues en términos del Consejo de
Estado, esa prestación ha sido definida como una de las expresiones del derecho a
la seguridad social, fundada en los principios constitucionales de solidaridad,
reciprocidad, y universalidad del servicio público.

7.- Finalmente, indicó que el Tribunal Administrativo de Antioquia también
desconoció el principio de igualdad, pues a la actora se le dio un trato diferenciado
respecto de casos similares en los que se accedió a conceder la pensión atendiendo
lo indicado los precedentes referidos.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

8.- Por auto del 14 de agosto de 20234, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada, y se vinculó a la Nación – Ministerio de
Defensa –Policía Nacional, así como a los señores Yulibeth Suárez Ortega y Aldair
Alejandro Suárez Yabur, como terceros interesados. De igual forma, se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.

(i) Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional5

9.- Manifestó que el juez de segunda instancia, en ejercicio de los principios de
razonabilidad y proporcionalidad, determinó que debían negarse las pretensiones,
toda vez que la demandante no acreditó el cumplimiento de los requisitos exigidos
por el régimen especial ni el general para ser acreedora de la pensión de
sobreviviente reclamada. A su juicio, el Tribunal Administrativo de Antioquia realizó
una valoración objetiva, conjunta y armónica del material probatorio que lo llevó a
esa conclusión, frente a la cual no resulta procedente formular una censura
constitucional.

II. CONSIDERACIONES

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

10.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales6. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)

4 Notificada el 16 y 22 de agosto de 2023.
5 Contestación enviada a través de correo electrónico el 13 de abril de 2023, consta de 5 folios.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,

exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04239-00

Accionante: Leda María Yabur López

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

11.- La relevancia constitucional, como requisito general de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, supone la presentación de un conflicto
que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que
el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el
ordenamiento, de tal suerte que en la práctica, no existen temas jurídicos que no
puedan relacionarse con un derecho constitucional7.

12.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos8: (i) Que el actor motive con suficiencia argumentativa dicha
relevancia constitucional, para lo cual no basta con enunciar la vulneración de
derechos fundamentales, sino que se deben expresar las razones de índole
constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de tales derechos, cuya
fuente es la providencia judicial censurada; y (ii) Que la tutela no constituya una
instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia
acusada.

D. Análisis del caso concreto

13.- En su escrito de tutela la parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de
Antioquia incurrió en un desconocimiento del precedente judicial, por cuanto a pesar
de que acreditó el cumplimiento de los requisitos fijados en el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, dicha autoridad le negó el reconocimiento de la pensión de
sobreviviente, bajo la tesis de que supuestamente no acreditó convivencia con el
causante, desatendiendo el criterio jurisprudencial fijado en las sentencias SU-461
de 2020 y SL1365-2020 de 20 de abril de 2020, que la libraban de acreditar dicho
requisito si probaba haber procreado un hijo con el causante durante los 2 años
anteriores a su muerte, como en efecto lo hizo. Adujo igualmente que la negativa de
esa prestación configura una violación directa a la Constitución.

14.- Teniendo claro lo anterior, la Sala considera que el asunto carece de relevancia
constitucional, pues se advierte que la parte actora pretende convertir el amparo
constitucional en una instancia adicional al proceso ordinario, al no estar de acuerdo
con la decisión adoptada por la autoridad judicial.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.

8 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:

11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04239-00

Accionante: Leda María Yabur López

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

15.- Por interesar a la causa, se traerán a colación apartes del fallo cuestionado -6
de febrero de 2023-:

<<(…) Según se indicó en el acápite precedente, el régimen general de pensiones
establecido en la Ley 100 de 1993 aplicable en razón de la fecha de muerte del AG
señor Yimi Rafael Suárez Pérez, en lo relacionado con la pensión de sobrevivientes
establecía que, los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que falleciera,
tenían derecho al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, siempre y cuando
el afiliado hubiere cotizado al sistema por lo menos veintiséis (26) semanas al
momento de la muerte; lo cual de acuerdo al tiempo de servicios de este que ascendía
a 04 años, 04 meses y 17 días, que equivalen a 225 semanas aproximadamente,
implica que estuvo afiliado al Sistema de Seguridad Social de las Fuerzas Militares,
por un tiempo superior al exigido por la Ley 100 de 1993 para dicha época, para que
sus beneficiarios puedan acceder al reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes.

Ahora bien, es preciso referirse la Sala a lo señalado en el recurso de apelación por
parte demandada quien alegó que para acceder a la pensión de sobrevivientes que
pretende la accionante en calidad de compañera permanente es necesario acreditar
que convivió con el causante antes de su muerte, sin que influya que estos hubiesen
procreado un hijo. A propósito, sobre el factor de convivencia efectiva entre parejas, la
Corte Constitucional en sentencia C-081 del 17 de febrero de 1999, precisó (…)

De igual forma, ha considerado el órgano de cierre de esta jurisdicción, que dicha
convivencia debe ser efectiva y real, además de permanente y habitual, antes de la
muerte del causante, en forma tal que, el apoyo mutuo, la comunidad de lecho y techo,
el trato comprensivo y, según el caso, la procreación, constituyan evidencia suficiente
de la comunidad de vida entre los miembros de la unión así conformada. Así se ha
expresado (…)

Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, procede la Sala a verificar si en efecto,
la demandante reúne el requisito previsto en la norma relativo a la convivencia
permanente e ininterrumpida en los años anteriores al fallecimiento del causante para
hacerse acreedora de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte del AG
(f) Yimi Rafael Suárez Pérez.

Del material probatorio, se observan las declaraciones testimoniales recaudadas en el
proceso y referenciadas en el acápite anterior, de los señores María Betty González
Urrea y Alejandro Antonio Suárez Pérez, donde únicamente se evidencia que conocían
al agente fallecido y la conformación de su familia, pero no así de una relación afectiva
entre este y la demandante de la que se pudiese referir una convivencia material y real
en condiciones de auxilio y apoyo mutuo, pues sólo uno de los testigos menciona que
la señora Leda María Yabur sostuvo una relación sentimental con el señor Yimi Rafael
Suárez Pérez, y de la cual nació el niño Aldair Alejandro, sin mayores detalles,
situaciones precisas de la mentada relación, círculo familiar y de amistad de la pareja,
entre otras circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitieran concluir la
existencia del vínculo marital.

Adicionalmente, al valorar la restante prueba documental arrimada por el extremo
activo de la contienda, no se constata la existencia de una convivencia durante los
últimos años de vida del señor Yimi Rafael Suárez Pérez con la demandante que
denote una vida en común.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04239-00

Accionante: Leda María Yabur López

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Ahora bien, respecto a la postura del A quo en relación a que al procrear un hijo con
el causante la señora Leda María Yabur López se encontraba exonerada de acreditar
la convivencia permanente con el causante; esta Sala de Decisión se permite advertir
que el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, exige que tanto la
cónyuge como la compañera permanente acrediten una convivencia con el causante
de por lo menos dos (2) años continuos con anterioridad a la muerte, elemento esencial
para acceder a la pensión de sobrevivientes, requisito de la convivencia efectiva al
momento de la muerte que no se suple por la existencia de un hijo en común.

Así las cosas, se mantiene el deber probatorio de acreditar la convivencia efectiva con
el causante al momento de su deceso, la norma contempla la posibilidad de que la
procreación de hijos durante los dos años anteriores a la muerte, incluido el hijo
póstumo, eximan de probar que dicha vida marital perduró durante tal periodo, esto es,
(2) años, como lo ha precisado la Corte Suprema de Justicia en varias oportunidades,
entre estas, en las sentencias SL 4099-2017 Rad.34785 del 22 de marzo de 2017 y
CSJ SL 634-2019. En ese orden de ideas, es claro que ya frente al citado artículo 47
erró el sentenciador de primera instancia, por cuanto el requisito de procrear hijos no
suple la falta de convivencia al momento de la muerte sino el de la convivencia continua
durante los dos años anteriores a la muerte.

Al respecto, la Corte Constitucional, en providencia SU-461 del 22 de octubre de 2020
señaló (…)

En virtud de lo anterior, resulta necesario insistir en que, el referido requisito de
convivencia con las características aludidas, es en últimas, conforme lo establece la
jurisprudencia reseñada previamente, lo que legitima el derecho reclamado, y que la
existencia de un hijo en común no implica que no deba acreditarse el mismo, sino
únicamente si este fue procreado en los años previos al fallecimiento del causante, se
suple la exigencia temporal de los dos (2) años del vínculo marital. En consecuencia,
al no ser comprobadas en el sub lite, debe concluirse que, la señora Leda María Yabur
López no acreditó el cumplimiento de los requisitos necesarios para hacerse acreedora
al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendida, como beneficiaria del
causante, pues si bien el nacimiento del hijo en común con el causante fue el año
previo a su deceso, no existe prueba alguna que logre demostrar que este convivió
efectivamente con el causante sin importar el factor temporal.

En virtud de lo anterior, la Sala revocará la decisión de primera instancia, y en su lugar
se negarán las súplicas de la demanda, dado que no existe la menor duda en cuanto
a que la parte demandante no logró probar los vicios de nulidad que predicó respecto
de la actuación administrativa demandada, especialmente no haber acreditado una
convivencia efectiva con el causante antes de su fallecimiento sin importar el período
de tiempo de dicha unión al haber procreado un hijo con este; y por ello,
necesariamente tendrá que soportar la decisión adversa (…)>>

16.- En consonancia con lo anterior, la Sala advierte que la autoridad accionada hizo
un análisis completo, adecuado y coherente del caso, sin desconocer ninguna de las
pruebas allegadas al plenario, y empleando la jurisprudencia actual relacionada con
el tema de sustitución pensional cuando es aplicable el artículo 47 (versión original)
de la Ley 100 de 1993. Pues con base en ello, sostuvo que la señora Leda María no
probó haber convivido con el señor Yimi Rafael Suárez Pérez durante ningún periodo
de tiempo, requisito que era indispensable para hacerse beneficiaria de la prestación
pretendida.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04239-00

Accionante: Leda María Yabur López

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

17.- Para la Sala esa consideración resulta razonable, si se tiene en cuenta que en
el caso se estableció que a pesar de que el causante prestó sus servicios a la Policía
Nacional, resultaba más favorable aplicar el régimen general dispuesto en la Ley 100
de 1993, y por la fecha de su deceso la disposición aplicable era la versión original
del artículo 47 de ese compendio normativo, según la cual una de las beneficiarias
de la pensión en cuestión es la cónyuge o compañera permanente, en forma vitalicia,
para lo cual “(…) deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante
por lo menos desde el momento en que este cumplió con los requisitos para tener
derecho a una pensión de vejez o invalidez (frase declarada inexequible) y hasta su
muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con
anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el
pensionado fallecido”.

18.- En ese entendido, el reconocimiento de la prestación reclamada está
supeditado a que se cumplan 2 presupuestos: (i) convivir con el causante al momento
de su muerte y, (ii) que esa convivencia no sea menor a dos años continuos
anteriores a la muerte, salvo que hubieran procreado uno o más hijos durante ese
mismo lapso.

19.- La accionante considera que su situación encuadra en esta última hipótesis, y
el hecho de haber procreado un hijo en el periodo indicado, hace que no le sea
exigible acreditar ningún tipo de convivencia.

20.- Por su parte, el tribunal accionado estimó lo contrario y entiende que el hecho
de haber procreado un hijo dentro de los dos años anteriores al fallecimiento del
causante, solo relevaba a la actora del segundo de los requisitos, es decir, la eximia
de probar la convivencia continua durante esos dos años anteriores a la muerte, pero
no del primero, relacionado con demostrar que tuvo una convivencia efectiva con el
causante al momento de su muerte. Así, en el caso estudiado, el Tribunal
Administrativo de Antioquia consideró que ni los testimonios ni las demás pruebas
allegadas al plenario fueron suficientes para comprobar tal situación, por lo que solo
restaba revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.

21.- Para esta Sala de Subsección esa interpretación resulta razonable y antes que
desconocer la sentencia SU-461 de 2020 y los precedentes de la Corte Suprema de
Justicia (entre los que está la citada sentencia SL1365-2020 de 20 de abril de 2020),
se corresponde con las mismas, toda vez que estas hacen alusión principalmente al
segundo de los requisitos para acceder a la sustitución pensional, el cual en el caso
concreto no está discusión, pues el hecho de haber procreado un hijo con el
pensionado un año antes de su muerte y lo que ello acarreaba no estaba en duda y,
por ende, no fue la razón por la cual se le negó su derecho pensional. La discusión
se centra en el primero de los requisitos el cual la actora no logró probar en el
plenario, por lo que las sentencias aludidas no aportan argumentos en su favor.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04239-00

Accionante: Leda María Yabur López

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

22.- Aunado a lo anterior se encuentra que en varias providencias la Sala Laboral
de la Corte Suprema de Justicia ha hecho la distinción de estos 2 requisitos que se
destacan, y ha precisado que la procreación de hijos no suple el requisito de la
convivencia efectiva en el momento de la muerte, sino que únicamente excusa el
término mínimo de 2 años continuos con anterioridad a ese suceso, si se da dentro
del mismo lapso y no en cualquier tiempo, lo que libera de la prueba de cohabitación
entre cónyugues dentro de ese tiempo anterior al deceso del causante9.

23.- En este sentido, se concluye que la providencia objetada se fundamentó en una
interpretación razonable del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que encuentra apoyo
en la jurisprudencia vigente, y en ese sentido no puede ser calificada como arbitraria
o alejada del precedente judicial.

24.- Así mismo, se resalta, que esta no es la instancia para hacer un estudio de lo
probado a través de los testimonios allegados al proceso ordinario en relación con la
convivencia efectiva entre el causante y la accionante, pues fue el Tribunal
Administrativo de Antioquia el que tuvo a su cargo valorar los alegatos de derecho y
hecho puestos a su consideración y las pruebas allegadas por las partes procesales,
dándoles a estas últimas el valor que, en ejercicio del principio de libre valoración
judicial consideró oportuno, sin que ahora quepa prolongar el debate sobre los
mismos, pues la acción de tutela es mecanismo principal, no complementario al del
medio control ordinario, y no tiene por fin revisar las bases del debate judicial o la
interpretación probatoria realizada, para definir el asunto como instancia final.

25.- Así las cosas, la Sala observa que, contrario a lo manifestado por el accionante,
la autoridad judicial accionada en el fallo de 6 de febrero de 2023, objeto de tutela,
sí tuvo en cuenta el acervo probatorio arrimado al asunto, así como la normatividad
y jurisprudencia vigente sobre la materia; no obstante, de los mismos concluyó que
la actora no logró demostrar que convivió efectivamente con el causante sin importar
el factor temporal. Por ende, no se advierte la vulneración de los derechos
fundamentales a la seguridad social e igualdad alegados por la parte actora, de
conformidad con lo antes explicado.

26.- Por último, en cuanto al argumento relacionado con la aplicación del principio
de favorabilidad, la Sala observa que carece de carga argumentativa, en la medida
en que la actora únicamente citó los artículos 46, 47 y 288 de la Ley 100 de 1993,
así como el fallo de 8 de junio de 2008 proferido por el Consejo de Estado – Sección
Segunda, sin construir una argumentación tendiente a explicar la configuración del
defecto aludido en su escrito.

9 Se puede verificar en sentencias como la del 22 de marzo de 2017 SL4099-2017, 30 de junio de 2020 SL2476-

2020, 3 de mayo de 2017 SL6286-2017, 30 de agosto de 2017 SL13280-2017, 31 de enero de 2018 SL5279-
2018, 19 de septiembre de 2018 SL4095-2018, 13 de febrero de 2019 SL634-2019, 26 de junio de 2019 SL2314-
2019, 29 de enero de 2020 SL170-2020, 8 de febrero de 2002 radicación 16600, 27 de octubre de 2010 radicación
35362, entre muchas otras.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04239-00

Accionante: Leda María Yabur López

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

27.- En ese contexto, se advierte que, no basta con que el accionante enuncie los
derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que, a su sentir, incurrió la
autoridad accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener
una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y
motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los
derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que
ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y,
se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.

28.- Por último, sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que las circunstancias
fácticas que dieron paso a la decisión sometida a estudio, y de los fundamentos
jurídicos que expuso el Tribunal Administrativo de Antioquia, no se deduce que dicha
autoridad hubiere incurrido en defecto alguno; por el contrario, la decisión
cuestionada encuentra claro sustento en el principio de libre valoración judicial y,
antes de configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado
de una interpretación razonable de la demanda, el recurso de apelación y el material
probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales y
jurisprudenciales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso. Por lo que se
advierte que la actora pretende a través de esta acción una instancia adicional del
proceso, con el fin de obtener una decisión favorable a sus intereses.

29.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal 10.

30.- Por todo lo anterior habrá de declararse improcedente el amparo impetrado por
la señora Leda María Yabur López.

31.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

10 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-04239-00

Accionante: Leda María Yabur López

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

11 VF

10

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