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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04246-00

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04246-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Denegar el amparo invocado por los señores Iván Rodríguez Riaño y María de los Ángeles Rodríguez Salamanca, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-04246-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

23 de noviembre de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00
Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04246-00
Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Temas: Tutela contra providencia judicial emitida en un proceso de reparación
directa. Excepciones en las cuales procede el medio de control de
reparación directa cuando el origen del daño lo constituye una
actuación administrativa. Ausencia de los defectos
«desconocimiento de precedente jurisprudencial y fáctico».

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Iván Rodríguez Riaño en
contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia, el señor Iván Rodríguez Riaño, actuando en nombre propio, promovió
demanda en orden a que se tutelen los derechos fundamentales que relacionó así:

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00
Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho…
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución.
Artículo 6. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la
Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión
o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 15. Al buen nombre.
Artículo 29. Al debido proceso.
Artículo 31. A apelar una sentencia.
Artículos 44 y 67. La educación de mis hijos.
Artículo 277 numeral 1. La no protección de la Procuraduría en los momentos vitales e
importantes de los procesos.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se dejen sin efectos las sentencias del
29 de noviembre de 2017, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
y del 25 de mayo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, dentro del proceso de reparación directa con radicación 76001-23-33-
003-2015-00559-00 [01] y, en su lugar, que se ordene a las autoridades accionadas
emitir una decisión en la que se tengan en cuenta las consideraciones jurídicas
expuestas en el proceso de reparación directa como en la acción de tutela.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

i) El 20 de marzo del 2001, el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Palmira
lo declaró responsable por el delito de acto sexual con persona en incapacidad de
resistir, previsto en el artículo 300 del Código Penal, y como consecuencia de lo
anterior, lo condenó a la pena principal de 24 meses de prisión —que no se realizó por
intervención de la Procuraduría Delegada—, y a las accesorias de interdicción de
derechos por igual lapso y suspensión en el ejercicio de la profesión de médico por
espacio de un año.

ii) El 13 de septiembre del 2002, se posesionó en el cargo de profesional universitario
forense, grado 14, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
Unidad Local de Palmira; y el 9 de noviembre del 2004, en el de profesional
universitario forense, grado 13, de la misma Unidad.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-04246-00
Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

iii) Mediante Resolución 000671 del 21 de septiembre del 2007, el Instituto Nacional
de Medicina Legal, Dirección General, declaró insubsistente su nombramiento en el
cargo de profesional universitario forense, grado 13, por el hecho supuesto de haber
incurrido en la inhabilidad prevista en el artículo 150 de la Ley 270 de 1996, debido a
que había sido condenado penalmente; y por Resolución 000886 del 7 de noviembre
del 2007, la entidad confirmó la decisión.

iv) Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto
Nacional de Medicina Legal en orden a que se declarara la nulidad de los actos
administrativos mencionados.

v) Mediante sentencia del 13 de abril del 2011, el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Cali negó las pretensiones de la demanda; y por sentencia del 11 de
noviembre de 2012, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión.

vi) El 17 de diciembre de 2008, la Oficina de Control Disciplinario Interno del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lo declaró disciplinariamente
responsable por la comisión de la falta imputada en el auto de evaluación de la
investigación disciplinaria del 28 de agosto de 2008 y, en consecuencia, le impuso la
sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años; y
a través de la Resolución 001402 del 28 de diciembre de 2009, la Dirección General
de la entidad confirmó el numeral primero de la decisión y modificó el numeral segundo
en el sentido de disminuir la inhabilidad a 10 años.

vii) Promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en orden a que se declarara la
nulidad de las referidas decisiones y, a título de restablecimiento del derecho, que se
condenara a la demandada al pago de 100 SMLMV, por concepto de perjuicios morales
y de 400 SMLMV por daños a la vida de relación.

viii) En sentencia del 31 de enero de 2013, proferida en única instancia, el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró la nulidad de los actos demandados

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por prescripción de la acción disciplinaria y denegó las indemnizaciones solicitadas al
no haber sido probadas. La decisión quedó ejecutoriada el 17 de febrero de 2015,
previa resolución negativa de las solicitudes de aclaración.

ix) Mediante Oficio del 14 de junio de 2014, la Procuraduría General de la Nación le
informó que con ocasión de la decisión del Consejo de Estado se requería que el
Instituto Nacional de Medicina Legal solicitara cancelar la anotación en el registro de
antecedentes disciplinarios e inhabilidades (SIRI).

x) Presentó demanda de reparación directa en contra del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, a fin de que se le declarara responsable por los
perjuicios materiales y morales causados como consecuencia de la sanción
disciplinaria que le fue impuesta, estando la acción prescrita, y por la omisión de no
solicitar ante la Procuraduría General de la Nación la cancelación de la anotación

xi) Por sentencia del 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca negó las pretensiones de la demanda; y a través de sentencia del 25 de mayo
de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, confirmó la decisión.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del accionante, las decisiones adoptadas dentro del proceso de reparación
directa incurrieron en los siguientes vicios o defectos:

i) Desconocimiento de precedente

Se argumentó que no se podían reclamar perjuicios a través del medio de control de
reparación directa porque la fuente del daño provenía de actos administrativos
disciplinarios que se reputan ilegales y los cuales no fueron solicitados o probados
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; sin embargo, la
jurisprudencia de la Sección Tercera de Consejo de Estado ha señalado que la acción
de reparación directa es el cauce procesal idóneo en cuanto se persigue la reparación
de perjuicios causados i) por la ejecución de actos administrativos consonantes con el

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ordenamiento jurídico en los que no se controvierta su legalidad y se atente contra el
principio de igualdad frente a las cargas públicas; y/o ii) por la expedición y ejecución
del acto administrativo ilegal que haya sido anulado u objeto de revocatoria directa por
la administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo del acto
administrativo.

Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la prohibición del non bis in ídem
no acarrea la imposibilidad de que unos mismos hechos sean castigados por
autoridades de distinto orden, ni tampoco que sean apreciados desde perspectivas
distintas, pero sí que autoridades de igual orden y mediante procedimientos diversos
sancionen repetidamente igual conducta, como quiera que se produciría una
inadmisible reiteración del ius puniendi del Estado, y de contera, un flagrante atentado
contra la presunción de inocencia.

ii) Fáctico

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal no analizó con suficiente profundidad
las pruebas obrantes en el expediente, ni tuvo en cuenta la especial forma de
valoración cuando el juez se enfrenta a un proceso de reparación directa en el cual los
actores denuncian haber sido víctimas de un acto administrativo ilegal. Además,
tampoco tuvo en cuenta para el estudio de la caducidad las especiales circunstancias
que rodearon el caso, las cuales ameritaban un análisis integral y con el debido
contexto, más allá de la regla que para el caso prevé la norma aplicable.

Y en la sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado tampoco valoró las
pruebas obrantes dentro del expediente para definir el momento desde el cual debían
contabilizarse los perjuicios reclamados, esto es, desde la declaración de la inhabilidad
y el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual, por demás, no se cumplió
y siguió perjudicando su vida económica, laboral y social.

1.2. Actuación procesal

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Demandante: Iván Rodríguez Riaño y otro

1.2.1. El 22 de agosto de 2023, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez
Vargas inadmitió la acción de tutela y, en consecuencia, requirió al señor Iván
Rodríguez Riaño para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la
providencia, allegara memorial aclaratorio en el que indicara, lo siguiente:

i) Si es el único accionante dentro del proceso y que, en caso de que la señorita María
de los Ángeles Rodríguez Salamanca o terceras personas deseen ser accionantes,
anexaran: a) memorial en el que manifestaran su voluntad de actuar dentro de la causa
y señalaran sus nombres completos, números de documentos de identidad, antefirmas
y correos electrónicos de notificación, si actuaban en nombre propio, o b) poderes
especiales con el lleno de los requisitos legales, si actuaban a través de apoderado.
ii) Si pretendía actuar como agente oficioso de todos o alguno de los nuevos accionantes,
adjuntando la documentación que permitiera acreditar las razones por las cuales el o los
agenciados se encontraban impedidos para acudir por sus propios medios ante la
administración de justicia y solicitar la protección de sus derechos fundamentales o para
otorgar un poder con dicha finalidad.
iii) El consecutivo de radicación al cual pertenece el proceso de reparación directa,
dentro del cual le fueron, aparentemente, vulnerados sus derechos fundamentales
reclamados, con el fin de posibilitar su plena identificación y, así mismo, manifestara si
la acción se encontraba encaminada, también, en contra del Tribunal Administrativo de
Valle, para lo cual debería indicar cuál es la providencia a través de la cual se materializó
dicha vulneración (fecha de la providencia y copia simple).
iv) Si ha presentado otra acción de tutela sobre iguales hechos, partes y pretensiones,
manifestándolo bajo la gravedad del juramento.

1.2.2. El 23 de agosto de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Iván Rodríguez Riaño, y el 28 de agosto siguiente, el accionante
atendió los requerimientos.

1.2.3. El 7 de septiembre de 2023, se inadmitió nuevamente la acción de tutela y, en
consecuencia, se requirió a las señoras Saturia Salamanca Méndez y María de los
Ángeles Rodríguez Salamanca para que, dentro de los tres días siguientes a la
notificación de la providencia, allegaran memorial aclaratorio en el que indicaran, de
manera expresa, si buscaban actuar como accionantes.

1.2.4. El 11 de septiembre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado
notificó del proveído al señor Iván Rodríguez Riaño y a las señoras Saturia Salamanca
Méndez y María de los Ángeles Rodríguez Salamanca; y el 13 de septiembre siguiente
allegaron memorial aclaratorio.

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1.2.5. El 2 de octubre de 2023, se inadmitió por tercera vez la acción de tutela y, en
consecuencia, se requirió a las señoras Saturia Salamanca Méndez y María de los
Ángeles Rodríguez Salamanca para que allegaran memoriales de subsanación, que
contuvieran, al menos su antefirma, en los que expresaran, lo siguiente:

i) Si su intención era la de actuar como accionantes dentro del proceso (no dentro de un
proceso de reparación directa que ya cursó, como lo señalan en los memoriales
anteriormente allegados al expediente).
ii) Las razones por las cuales consideraban que deben ser vinculadas a la acción, dado
que —como se observa de la copia del fallo de primera instancia, últimamente, adjuntada
al expediente— no fueron demandantes dentro del medio de control de reparación
directa con radicado 76001-23-33-003-2015-00559-00 [01] que cursó ante las
autoridades judiciales demandadas, y mencionaran los derechos fundamentales
vulnerados con dicha decisión.
iii) Si no buscaban actuar como accionantes en el proceso, señalaran de manera clara
si persiguen actuar en calidades diferentes (coadyuvantes, terceros con interés, etc).

1.2.6. El 5 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído al señor Iván Rodríguez Riaño y a las señoras Saturia Salamanca Méndez
y María de los Ángeles Rodríguez Salamanca; y el 10 de octubre siguiente las
mencionadas allegaron memorial aclaratorio, en el que manifestaron actuar en calidad
de vinculada y accionante, respectivamente.

1.2.7. El 24 de octubre de 2023, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas admitió
la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, y al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, como demandados, y al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, como tercero con interés en las resultas del proceso; requirió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para que enviara copia digital del expediente de
reparación directa con radicación 76001-23-33-003-2015-00559-00 [01]; y ordenó
remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados y al tercero interesado para
que, dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de la providencia,
procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo
informe.

1.2.8. El 26 de octubre de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó
del proveído a los señores Iván Rodríguez Riaño, Saturia Salamanca Méndez y María

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de los Ángeles Rodríguez Salamanca, al Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses; y al día siguiente, el Tribunal remitió el enlace
de consulta del expediente requerido.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. El 30 de octubre de
2023, el consejero de Estado Fredy Ibarra Martínez solicitó desestimar las súplicas de
la demanda, en atención a los siguientes argumentos:

i) El actor cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para controvertir
la sentencia proferida el 25 de mayo de 2023, como lo es el recurso extraordinario de
revisión, el cual resulta adecuado para propugnar la protección del derecho
fundamental al debido proceso por la supuesta falta de valoración probatoria dentro
del reseñado proceso de reparación directa. Además, es evidente que el accionante
pretende revivir una discusión jurídica y probatoria que en su momento definió la
Sección Segunda del Consejo de Estado con efectos de cosa juzgada, controversia
que, sin duda, rebasa el ámbito de la presente acción constitucional porque este
mecanismo no es ni constituye una tercera instancia del proceso.

ii) No se incurrió en defecto fáctico. En el fallo cuestionado se realizó una valoración
exhaustiva del material probatorio allegado al proceso, a partir de lo cual se concluyó,
precisamente, que el medio de control de reparación directa no era el adecuado para
analizar de nuevo la legalidad de los actos administrativos sancionatorios y de
perseguir las indemnizaciones que no se acreditaron en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

iii) Tampoco se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado. Pese a que la
parte demandante enuncia de manera vaga y general algunos casos en donde
supuestamente se indemnizó a personas que fueron sancionadas cuando la acción
disciplinaria se encontraba prescrita, no especificó concretamente cuáles fueron los
fallos de la Sección Tercera que desconoció el fallo cuestionado; sin embargo, se

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resalta, que para decidir la controversia, la Sala de decisión trajo a colación las
excepciones jurisprudenciales mencionadas para la procedencia del medio de control
de reparación directa cuando la fuente del daño la constituyen actos administrativos
que se estiman contrarios al ordenamiento jurídico, a partir de lo cual verificó que estas
no concurrían en el caso.

1.3.2. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El 30 de
septiembre de 2023, por intermedio de apoderada judicial, la entidad consideró que no
era procedente acceder a lo solicitado, en atención a lo siguiente:

i) Lo pretendido por el accionante a través del mecanismo de amparo es revivir el
proceso de reparación directa, proceder que además de improcedente se torna
desconocedor del principio de lealtad procesal, pues lo que hace es congestionar la
recta administración de justicia.

ii) Con todo, se advierte que «el trámite de la sanción disciplinaria, su registro y
posterior cancelación», quedó debidamente elucidado en la sentencia objeto de
censura, en la cual, inclusive, se hizo énfasis en el hecho de que el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses llevó a cabo la gestión de cancelación del
registro, mucho tiempo antes de ser notificada la decisión de aclaración de la sentencia
de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019, que dispone que «[l]as tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», en concordancia
con lo previsto en el numeral 7 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de

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tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas para su conocimiento en primera instancia a la misma Corporación, y se
resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de
conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4.», esta Sala es
competente para conocer de la presente acción de tutela.

2.2. Cuestión previa

La Sala no realizará consideraciones con respecto de la sentencia del 29 de noviembre
de 2017, emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, toda vez que la
decisión se revisó por el superior jerárquico funcional al resolver el recurso de
apelación. En tal sentido, el estudio del sub judice solo se dirigirá a lo resuelto por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 25 de mayo de 2023,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del proceso
de reparación directa con radicación 76001-23-33-003-2015-00559-01. En caso
afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la providencia se
vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2.4. Sobre la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional1 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590
de 2005,2 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales

1 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003,
T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales de procedibilidad las siguientes: i) que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se
hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez,
contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una
irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere
alegado tal violación en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi)
que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un
examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra
providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedencia, aquellas
que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que
para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.5. Hechos probados

Del expediente de reparación directa con radicación 76001-23-33-003-2015-00559-00
[01], la Sala establece lo siguiente:

i) El 22 de mayo de 2015, el señor Iván Rodríguez Riaño, actuando en nombre propio
y en representación de su hija María de los Ángeles Rodríguez Salamanca, por

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intermedio de apoderado, promovió de demanda de reparación directa en contra del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en orden a que se le
declarara extracontractual y administrativamente responsable por los daños y
perjuicios causados: a) con la expedición de los actos administrativos mediante los
cuales se le impuso la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad de 10 años
para el ejercicio de cargos públicos, posteriormente declarados nulos en proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, al encontrarse que la acción disciplinaria se
encontraba prescrita, y b) al no solicitar a la Procuraduría General de la Nación la
cancelación de la anotación de la sanción disciplinaria en el Registro de Antecedentes
Disciplinarios; y como consecuencia de lo anterior, que se condenara a la autoridad
demandada al pago de $335.000.000, por concepto de lucro cesante, en favor del
señor Iván Rodríguez Riaño, y de $61.600.000, por concepto de perjuicios morales, en
favor de cada uno de demandantes.

ii) El 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las
pretensiones de la demanda.

iii) El 25 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
confirmó la sentencia de primera instancia.

2.6. Análisis de la Sala. Caso concreto

2.6.1. Verificación del cumplimiento de las causales de procedibilidad

La Sala encuentra satisfechos los requisitos de procedibilidad de la presente acción
de tutela, puesto que:

i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, 3 previstos en

3 El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de

2012, C.P. María Elizabeth García, expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ),unificó su
jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de

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los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, pues según los alegatos del
apoderado de la parte actora, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis probatorio y
jurisprudencial, eventos que de encontrarse acreditados conducirían a considerar
lesivos los intereses de la parte actora.

ii) Se «cumple con el requisito de subsidiariedad», dado que la decisión cuestionada
hace referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión
planteada dentro de un proceso de reparación directa y, de los hechos narrados, no
se evidencia que el caso se adecúe a alguna de las causales de revisión y de
unificación de jurisprudencia previstas en los artículos 250 y 258 del CPACA.

iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», pues la sentencia objeto de censura
data del 25 de mayo de 2023, y la presente acción de tutela fue remitida al correo
electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado el 9 de agosto de 2023,
esto es, en el término de los seis meses señalados por esta Corporación como
prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.4

iv) En el asunto «no se cuestiona una irregularidad procesal» sino el hecho de
realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis probatorio y jurisprudencial.

v) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos» frente a los cuales se alega vulneración, pues la parte actora narró de
manera clara los hechos sujetos a examen, los derechos que estima vulnerados y
adecuó sus alegatos a la configuración de los defectos fáctico y desconocimiento de
precedente jurisprudencial.

providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso
a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello
los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
4El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 5 de agosto de

2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), como
garantía del principio de la seguridad jurídica, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.

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vi) En el sub judice no se cuestiona «una sentencia de tutela», sino la proferida dentro
de un proceso de reparación directa.

De esta forma, se impone en el caso abordar el estudio de los argumentos expuestos
por los accionantes, con fundamento en los cuales se solicita el amparo de sus
derechos fundamentales.

2.6.2. Análisis de procedibilidad del amparo invocado

Se controvierte en el caso la existencia de los defectos: i) «de desconocimiento de
precedente jurisprudencial» al no tenerse en cuenta la jurisprudencia de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la que se ha declarado la responsabilidad
patrimonial y extracontractual del Estado por la imposición de sanciones cuando la
acción disciplinaria ha prescrito; y ii) «fáctico en su dimensión negativa», por omisión
en la valoración de las pruebas obrantes en el expediente con fundamento en las
cuales se acreditaron los perjuicios reclamados.

Pues bien, en la providencia objeto de censura, la Subsección accionada delimitó
como problema jurídico a dilucidar, el siguiente: «La Sala debe verificar si el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es responsable patrimonial y
extracontractualmente por haber destituido e inhabilitado al actor, pese a que la acción
disciplinaria se encontraba prescrita, y por no haber cancelado dicha sanción en el
registro de antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación, una
vez quedó en firme el fallo judicial que la anuló».

Así, en el análisis de la primera reclamación, explicó que de acuerdo con los artículos
138 y 140 del CPACA, el medio de control de reparación directa está concebido para
demandar la reparación del daño derivado de un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de
trabajos públicos o por cualquiera otra causa, siempre que esta última no consista en
un acto administrativo porque, cuando este constituye la fuente de un daño, por regla
general, la ley prevé como medio de control generalmente pertinente el de nulidad y
restablecimiento del derecho.

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De igual forma, refirió que cuando la fuente del daño es un acto administrativo y el
medio de control ejercido es el de reparación directa era necesario examinar si el caso
se ajustaba a alguna de las cuatro excepciones que jurisprudencialmente se han
identificado. Sobre el particular, trajo de presente el siguiente aparte jurisprudencial:

A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este momento se han
identificado en la jurisprudencia y que permiten afirmar que la acción de reparación
directa es el cauce procesal idóneo cuando el origen del daño lo constituya una actuación
administrativa: (i) reparación de perjuicios causados por la ejecución de actos
administrativos consonantes con el ordenamiento jurídico en los que no se controvierta
su legalidad y se atente contra el principio de igualdad frente a las cargas públicas; (ii)
reparación de perjuicios causados por la expedición y ejecución del acto administrativo
ilegal que haya sido anulado o haya sido objeto de revocatoria directa por la propia
administración, sin incidencia de la conducta del sujeto pasivo del acto administrativo;
(iii) reparación como consecuencia de la configuración de un daño derivado de una
manifestación de la administración contra la cual no procede la acción de legalidad
pertinente, como ocurre con los actos preparatorios o de trámite; (iv) reparación de los
perjuicios causados por la anulación o revocatoria directa de un acto administrativo que
hubiere beneficiado al actor, cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido
causada por la inobservancia de las reglas propias del procedimiento administrativo o de
las normas que rigen el ejercicio de la actividad administrativa.

Con relación a la primera de las excepciones, se debe distinguir si las pretensiones
cuestionan o no el acto administrativo; de suerte que, si no se discute la legalidad de
aquél sino los efectos que produce y que ponen al afectado en una situación de
desequilibrio frente a las cargas públicas, la reparación directa se torna viable para
encausar las pretensiones así formuladas, bajo el título de imputación de daño especial
por provenir de una actividad lícita y legítima del Estado. A contrario, si lo que en el fondo
se produce es un ataque contra el acto administrativo, así se invoque una acción
diferente, la que procede es la de nulidad y restablecimiento.

De esta forma, concluyó que en el caso no se presentaba ninguna de las excepciones
traídas por la jurisprudencia para predicar que el medio de control de reparación directa
incoado fuera procedente para solicitar la reparación de los perjuicios reclamados. Ello,
por cuanto el origen del daño dimanaba de los actos administrativos disciplinarios de
contenido sancionatorio —mediante los cuales se destituyó e inhabilitó al
demandante— que se reputaban ilegales, por igual razón que generó su anulación en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, porque la acción
disciplinaria se encontraba prescrita.

Refirió que comoquiera que la controversia fue debatida previamente en la jurisdicción
a través de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se

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anularon las decisiones sancionatorias y se denegaron los perjuicios morales y de
daño a la vida de relación al no haber sido acreditados, era del caso confirmar lo
resuelto por el fallador de primera instancia, en tanto la fuente del daño no devenía de
un hecho u omisión de la demandada sino de actos administrativos sancionatorios que
el demandante reputaba como ilegales, con el fin de obtener la indemnización de
perjuicios que le fue negada en nulidad y restablecimiento del derecho.

Y, con respecto del daño proveniente de la omisión de no adelantar los trámites de
cancelación de la sanción disciplinaria en el registro de antecedentes disciplinarios
ante la Procuraduría General de la Nación —luego de la firmeza de la decisión judicial
que la anuló—, que no se advertía configurada la antijuridicidad del daño, toda vez que
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses demostró haber solicitado
la eliminación de dicha sanción antes de que quedara ejecutoriado el fallo de nulidad
y restablecimiento del derecho, razón por la cual tampoco se estructuró la omisión
alegada ni se produjo el daño reclamado.

De acuerdo con lo anterior, la Sala puede establecer que en el asunto no se configuran
los defectos «desconocimiento de precedente y fáctico» endilgados, según se pasa a
explicar:

De un lado, es dable apreciar que la Subsección accionada sí trajo a colación la
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en torno a las excepciones
en las cuales procede el medio de control de reparación directa cuando el origen del
daño lo constituye una actuación administrativa, a efectos de analizar su aplicación en
el caso, sin embargo, evidenció que ninguna de ellas concurrían, puesto que el
demandante reprochaba nuevamente en reparación directa la validez de los actos
administrativos sancionatorios a efectos de obtener la indemnización de perjuicios que
le fue denegada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

De otro lado, tampoco se advierte configurada la existencia de un defecto fáctico,
puesto que la Subsección no procedió a analizar los perjuicios reclamados, no porque
lo haya omitido, sino porque determinó que en el asunto no era procedente su análisis,
al ya haber sido un litigio zanjado en el proceso de nulidad y restablecimiento del

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derecho en el cual no se encontraron acreditados, de manera que no era la vía de
reparación directa ahora la instancia para una nueva controversia y/o para solicitar los
perjuicios materiales que no fueron reclamados en su oportunidad.

De manera particular, refirió: «los perjuicios que ahora se reclaman con ocasión de los
actos administrativos disciplinarios que destituyeron e inhabilitaron al demandante
debido a que la acción disciplinaria se encontraba prescrita, debieron solicitarse dentro
del citado proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, el presente medio
de control no es el adecuado o procedente para dicho propósito debido a que el
sustento del daño consiste en la ilegalidad de los actos administrativos,5 más aún
cuando esta Subsección ha sostenido que no existe limitación del tipo de perjuicios
que se pueden solicitar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho».6

Así las cosas, la Sala no encuentra que la Subsección accionada haya incurrido en los
defectos endilgados que habiliten el amparo deprecado y, en consecuencia, no
advierte vulneración de los derechos fundamentales invocados por los accionantes.

3. Conclusión

Con los anteriores argumentos la Sala concluye que en el caso no se configura la
existencia de los defectos desconocimiento de precedente y fáctico y, en tal sentido,
denegará el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. 5 de

febrero de 2021, radicación 25000-23-26-000-2011-01499-01 (48.950), CP Marta Nubia Velásquez.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, proceso no. 25000-23-26-000-2011-01589 01

(50195), CP. Alberto Montaña Plata.

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F A L L A:

Primero. Denegar el amparo invocado por los señores Iván Rodríguez Riaño y María
de los Ángeles Rodríguez Salamanca, de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

Segundo. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

YASM

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