Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04251-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04251-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04251-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04251-00
Demandante: HÉCTOR OSWALDO PARRA SERNA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – No procede estudio de
fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – La demanda carece de una carga argumentativa suficiente y en
perspectiva constitucional para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada.
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Héctor Oswaldo Parra
Serna contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 9 de agosto de 20231, el señor Héctor Oswaldo Parra Serna ejerció acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, con el fin de que se amparara su derecho fundamental a la
igualdad2, supuestamente vulnerado con la expedición de la sentencia del 10 de
febrero de 2023, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-35-021-2019-00080-01. Formuló las siguientes
pretensiones:
Se revoque totalmente la sentencia del 10 de febrero de 2023, notificada el 14
de febrero de la presente anualidad por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda, dentro del proceso N.°
1 Se advierte que, el 23 de agosto de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 El accionante también consideró desconocidos los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada,
buena fe, confianza legítima y de «racionalidad».
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04251-00
Demandante: Héctor Oswaldo Parra Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
11001333502120190008000, y en sede de esta instancia confirme la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintiuno
Administrativo de Bogotá.
Se ordene al Tribunal Superior de Cundinamarca – Sección Segunda, que, en
el término de ley, proceda a emitir nueva sentencia dentro del proceso
referido, acorde con la Constitución y la Ley, y los precedentes judiciales del
Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia – Sala
Laboral aplicables al caso concreto.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Héctor Oswaldo Parra Serna demandó al Servicio Nacional de Aprendizaje
– SENA, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio 2-2018-014935 del 5
de abril de 2018, y la existencia de un vínculo laboral desde el 9 de abril de 2005 a
2019.
En sentencia del 17 de septiembre de 2021, el Juzgado 21 Administrativo de
Bogotá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Inconforme con la
anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto mediante fallo del 10 de febrero de 2023, notificado el 14 de febrero
siguiente, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, en el que revocó la decisión y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
1.3. Argumentos de la tutela
Para el señor Héctor Oswaldo Parra Serna, la autoridad judicial demandada
incurrió en desconocimiento del precedente, por cuanto «omitió en su totalidad el
existente acerca de la configuración de la existencia y configuración de una
relación laboral, producto de la continuidad y reiteración en una disfrazada
contratación de prestación de servicios profesionales».
Sostuvo que no existió dentro de la motivación del fallo una argumentación o
fundamento probatorio que condujera jurídicamente a la revocatoria del fallo de
primera instancia.
Para sustentar sus argumentos, el accionante citó las siguientes sentencias:
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04251-00
Demandante: Héctor Oswaldo Parra Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
(i) Sentencia T-388 de 2020 de la Corte Constitucional, sobre el límite temporal
definitivo del contrato de prestación de servicios.
(ii) Sentencia 2015-00153 de 2021 del Consejo de Estado, en el que se estudió el
caso de un instructor del Sena que se encontraba en las mismas condiciones de
otros empleados públicos de la planta de personal de esa entidad y, por tanto,
aplicó el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades
(iii) Sentencia 2016-00304 de 2021 del Consejo de Estado, en el que se aplicó el
principio de la realidad sobre las formas de una auxiliar de servicios generales de
una ESE, y también se consideró que no operaba la prescripción trienal.
En este punto, el accionante indicó que «el problema jurídico que nace es la
indebida valoración probatoria por parte del fallador de segunda instancia,
violando con ello el debido proceso del demandante, pues al desconocer la
enorme carga probatoria aportada y pretender solo de un lado tomar elementos
que desconocen la realidad del trabajador, como la conclusión que trabajó dos
horas menos que los empleados de la planta de personal (…) pues indistintamente
de la jornada de cada trabajador existió un vínculo de catorce años».
(iv) Sentencia C-386 de 2000 de la Corte Constitucional, que trata sobre los límites
de los poderes del empleador y la subordinación laboral.
(v) Sentencia C-299 de 1998 de la Corte Constitucional, en la que se refirió a la
subordinación como un elemento esencial del contrato de trabajo.
El accionante manifestó que, después de 14 años de prestación personal del
servicio y desarrollando la misma actividad, se presume la existencia de un
contrato de trabajo, pues no podía delegar el objeto contractual, ceñirse a un
horario de trabajo y el programa a dictar dentro de su actividad académica era el
diseñado por el SENA, sumado al hecho que no podía ausentarse de sus
actividades.
Indicó que no es posible comparar la labor de formación académica contratada
que hace parte del giro misional de la entidad a una actividad ajena, como un
contrato de obra, pues claramente el segundo tiene autonomía técnica y
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Demandante: Héctor Oswaldo Parra Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
administrativa, y lo que importa es el resultado en los términos definidos por el
contratista, entonces no se pueden equiparar dichas figuras contractuales.
Expuso que «el fallador de segundo grado introduce en su fallo juicios de valor
como que el demandante trabajaba dos horas menos que sus pares de planta», y
presentó los siguientes cuestionamientos:
• ¿Un funcionario de planta que asiste a su lugar de trabajo y no hace nada en el
día, es susceptible de declarársele la inexistencia de dicho vínculo?
• ¿Cómo se puede contabilizar el tiempo empleado por el demandante minuto a
minuto en su día a día para con ello decidir privarle de un derecho?
• ¿Cómo se puede llegar a la conclusión que el trabajador salió a una hora
inadecuada o por el contrario trabajó más del tiempo pactado?
(vi) Sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021, SUJ-025-CE-S2-2021
del Consejo de Estado, que fijó tres reglas de unificación jurisprudencial sobre los
contratos de prestación de servicios. El accionante citó las consideraciones
contenidas en los párrafos 92 al 108 de aquel fallo.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 11 de agosto de 2023, se admitió la solicitud de amparo y
ordenó que aquel se notificara a la autoridad judicial demandada y, en calidad de
tercero con interés, al director general del Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA). Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
2.2. La Sección Segunda, Subsección E, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó que se declarara la improcedencia por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional, pues lo pretendido por la parte actora es
rebatir la providencia de segunda instancia convirtiendo a la tutela en una tercera
instancia.
Manifestó que lo que se advierte es que la parte demandante no está de acuerdo
con los fundamentos de la decisión. Además, señaló que en la sentencia
cuestionada se plasmaron las normas constitucionales y legales que regulan el
contrato de prestación de servicios profesionales, y la aplicación del principio de
realidad sobre las formalidades junto con los antecedentes jurisprudenciales que
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Demandante: Héctor Oswaldo Parra Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
rigen la materia.
Adicionalmente, expuso que no se cumple con el requisito de subsidiariedad
porque no agotó el recurso extraordinario de revisión establecido en el artículo 250
del CPACA, causal 5.
Por último, manifestó que el análisis de la sentencia cuestionada se soportó en el
conjunto de los elementos de prueba que obraban en el expediente, en la que se
pudo evidenciar que el demandante no adelantó la actividad probatoria
correspondiente con el fin de demostrar que laboraba el mismo número de horas
que los instructores de planta, pues en diversos contratos no se pactó
expresamente la carga horaria que debía cumplir y, además, porque tenía la
posibilidad de celebrar simultaneidad de contratos «de lo que se infiere que gozó
de autonomía para desarrollar los objetos contractuales».
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Corresponde a la Sala examinar si está acreditado o no el cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que se reúna esta
exigencia, así como todos los demás requisitos generales, se analizará si la
autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente, al proferir
la sentencia del 10 de febrero de 2023, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el actor.
2. Análisis de la Sala
2.1. Cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra
la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera
instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente3 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
3
Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021,
SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
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Demandante: Héctor Oswaldo Parra Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos
ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole
patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este
instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se
adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de
cada especialidad.
La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el
simple señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino
porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha
desbordado el alcance de un derecho fundamental.
La Sala considera que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional,
toda vez que la parte demandante no cumple con el requisito de una mínima carga
argumentativa suficiente y coherente, como pasa a explicarse.
En el escrito de tutela, si bien se identificó el defecto específico en que habría
incurrido la providencia cuestionada, pues la parte demandante señaló que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
desconoció el precedente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, lo
cierto es que no contiene una explicación jurídica concreta del vicio que se le
endilga al Tribunal demandado y que darían lugar a su configuración.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se debe observar, entre otras, la
siguiente regla4: El demandante debe identificar el precedente judicial que se
habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se
desconoció5.
En efecto, el señor Héctor Oswaldo Parra Serna, a lo largo de la solicitud de
amparo, se limitó a citar las consideraciones de varias sentencias proferidas por el
4 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
5 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del
hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se
estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso,
para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de
las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a
situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada
en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía
analógica».
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Demandante: Héctor Oswaldo Parra Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, sin indicar las razones concretas por
las cuales la autoridad judicial accionada debió atender los criterios allí expuestos,
lo que da cuenta de que los reparos expuestos por el demandante son
absolutamente restringidos y, por ende, carecen de una argumentación suficiente
y congruente sobre cómo en el caso específico la tesis del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca pugna con la establecida por las altas cortes.
El demandante no se preocupó por aterrizar en el caso concreto cada uno de los
precedentes que consideraba desconocidos, ni tampoco precisó cuál o cuáles
eran las reglas de derecho que estimaba debían ser aplicadas para la resolución
de su conflicto, y muchos menos demostró por qué resultaban aplicables esas
sentencias que señaló como desconocidas. No se advierte que hubiera explicado
que las sentencias se referían a situaciones similares y que la ratio decidendi
debía de ser aplicada en el proceso ordinario.
A lo sumo, lo que se observa es la inconformidad con la conclusión a la que llegó
el Tribunal demandado, según el cual el señor Parra Serna no logró demostrar que
se encontraba en igualdad de condiciones que los demás empleados públicos del
SENA, por cuanto en diferentes contratos debía cumplir con 40 horas de servicio,
mientras que a quienes tenían un vínculo legal y reglamentario con a la entidad les
correspondía prestar sus servicios por 42.5 horas, mientras que, en criterio del
demandante, el hecho de haber celebrado contratos de prestación de servicios
con el SENA por 14 años permite automáticamente inferir la existencia de un
contrato de trabajo.
No obstante, a partir del análisis de la referida argumentación no resulta posible
llegar a la forzosa conclusión de que se cumplió con la carga argumentativa
mínima requerida para la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, pues, se insiste, el único defecto alegado fue el desconocimiento del
precedente, y, como se expuso, el demandante no cumplió con los requisitos
establecidos jurisprudencialmente para su procedencia.
En el escrito de tutela el demandante realizó una serie de cuestionamientos frente
a los que denominó «juicios de valor» del Tribunal demandado, de ahí que
pareciera que están dirigidos a cuestionar el análisis fáctico, jurídico y probatorio
que se realizó en la providencia censurada. En esas condiciones, al señor Parra
Serna le correspondía probar las situaciones que puso de presente en el presente
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Demandante: Héctor Oswaldo Parra Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
proceso, a través de los elementos de prueba arrimados al proceso ordinario.
Ciertamente, el escenario ideal para debatir esa serie de cuestionamientos es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que debió
demostrar los supuestos de hecho allí presentados.
En todo caso, aun cuando la Sala entendiera que el actor también invocó un
defecto fáctico, lo cierto es que los reparos expuestos no permiten arribar a la
conclusión de que se cumple con el requisito de la carga argumentativa mínima,
por cuanto el demandante no identificó cuál fue el material probatorio que
indebidamente valoró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni tampoco
precisó la eventual incidencia de valoración en la decisión que puso fin al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho.
Lo determinante es que la parte explicara o permitiera inferir desde un ejercicio de
intelección jurídica el yerro cometido por el Tribunal, pero, en este caso, se
presenta un descontento carente de razones constitucionales.
Conviene recordar que esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela
el actor no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las
causales específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente,
que sea producto de un discernimiento y, por supuesto, que se aterrice al caso
concreto. Como se sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que
ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo
y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales6.
Se insiste, para la prosperidad del amparo es necesario que los señalamientos
que se hagan se sustenten constitucional, razonable y coherentemente, a fin de
que el juez cuente con los parámetros suficientes para decidir si una providencia
judicial vulnera o no derechos fundamentales. Y, como en este caso ello se echa
de menos, la conclusión no puede ser diferente a la del incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional.
A juicio de la Sala, la ausencia de motivos de carácter iusfundamental para
cuestionar la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección E, también denota que la acción de tutela se está ejerciendo
6 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-
00380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04251-00
Demandante: Héctor Oswaldo Parra Serna
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección E
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
con el claro y único propósito de convertir este mecanismo de protección de los
derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Con base en lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de tutela de la
referencia por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Héctor Oswaldo Parra Serna, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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