Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04255-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04255-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04255-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
1 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04255-01
Demandante: CUPERTINO ALAPE MÉNDEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se acreditó el requisito de relevancia constitucional. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el
debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 10 de octubre de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo.
I. ANTECE DENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 9 de agosto de la presente anualidad 1, el señor Cupertino Alape Méndez
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado
12 Administrativo de Ibagué, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad. Formularon las siguientes
pretensiones:
1. DECLARAR que las sentencias proferidas, en primera instancia, por el
Juzgado Doce Administrativo Mixto del Circuito Ibagué – Tolima, y, en segunda
instancia, por el Tribunal Administrativo del Tolima – Sala integrada por los
magistrados Belisario Beltrán Bastidas, Luis Eduardo Collazos Olaya y Ángel
Ignacio Álvarez Silva, son violatorias del artículo 29 de la Constitución Política
de Colombia, y en consecuencia:
1 Se advierte que, el 20 de noviembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04255-01
Demandante: Cupertino Alape Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y
otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
2.TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso establecido en el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
3.DEJAR SIN EFECTO las sentencias proferidas dentro del proceso de
reparación directa, en primera instancia por el Juzgado Doce Administrativo
Mixto de Ibagué el 4 de noviembre de 2021 y, en segunda instancia, por el
Tribunal Administrativo del Tolima, y ,
4.ORDENAR que se revoque la sentencia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA .- Sala integrada por los Magistrados
Belisario Beltrán Bastidas, Luis Eduardo Collazos Olaya y Ángel Ignacio
Álvarez Silva, el día veintitrés (23) de marzo de 2023, para que en su lugar se
profiera la correspondiente decisión que garantice el debido proceso y se
concedan las pretensiones de la demanda.
1.2. Hechos
De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
El señor Alape Méndez fue capturado el 24 de julio de 2008, en el Municipio de
Rovira, Tolima, por la supuesta comisión de los delitos de secuestro simple y
agravado, hurto calificado y agravado, y porte, fabricación y tráfico de armas de
fuego o municiones. El 25 de julio siguiente, recuperó su libertad, por cuanto la
captura fue declarada ilegal.
El 7 de marzo de 2009, fue nuevamente capturado y, en esa misma fecha, el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de
Rovira le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en
establecimiento carcelario. El aquí accionante estuvo privado de su libertad hasta el
14 de agosto de 2009, por vencimiento de términos.
En sentencia del 27 de noviembre de 2017, el Juzgado Primero Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Ibagué lo absolvió de los cargos por los que fue
acusado.
En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Cupertino Alape
Méndez y su núcleo familiar demandaron a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación, con el fin de que se declararan patrimonialmente
responsables por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación
injusta de la libertad que aquel soportó.
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Demandante: Cupertino Alape Méndez
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El 30 de noviembre de 2023, el Juzgado 12 Administrativo de Ibagué negó las
pretensiones de la demanda. Inconforme con la anterior decisión, la parte
demandante la apeló. En sentencia del 23 de marzo de la presente anualidad, el
Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la sentencia de primera instancia.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte demandante alegó que el Tribunal Administrativo del Tolima no tuvo en
cuenta que la medida de aseguramiento impuesta en su contra fue caprichosa,
arbitraria, con violación de sus derechos fundamentales y a la presunción de
inocencia, pues edificó su decisión en pruebas ilegalmente obtenidas y en
afirmaciones contrarias a la verdad. Manifestó que se indujo en error al juez de
control de garantías para que profiriera orden de captura en su contra y ordenara
las diligencias de registro y allanamiento de su vivienda y le impusiera medida de
aseguramiento privativa de la libertad.
De hecho, sostuvo que todas esas circunstancias fueron advertidas por el Juzgado
Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué en la
sentencia absolutoria, prueba que «pasó desapercibida para los entes judiciales
accionados (…) hecho que fue determinante al momento de adoptarse las
decisiones contrarias a derecho que son objeto de inconformidad».
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 11 de agosto de 2023, el Despacho sustanciador de primera
instancia admitió la solicitud de amparo y ordenó que aquel se notificara a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Tolima y al titular del
Juzgado 12 Administrativo de Ibagué, como parte demandada, y a la Rama Judicial,
a la Fiscalía General de la Nación y a los señores José Cupertino Alape Sánchez,
Carmen Rosa Méndez de Alape, Sixta Tulia Moncaleano, Diana Lucero Alape
Moncaleano, Jeanne Briggith Alape Moncaleano, Mónica del Pilar Alape
Moncaleano, Claudia Jimena Alape Moncaleano y Laura Valentina Teuta Alape,
como terceros con interés.
2.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué pidió que
se declarara improcedente la solicitud de amparo, puesto que lo pretendido es
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reabrir un debate que ya se surtió ante los jueces naturales, sumado al hecho de
que no se advierte vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.
2.2. La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la tutela no cumple con el requisito
de subsidiariedad, puesto que «a pesar de existir otros mecanismos judiciales
idóneos para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de estos
para controvertir los fallos». A su juicio, el demandante no explicó por qué el recurso
extraordinario de revisión no resultaba idóneo para obtener el amparo de sus
derechos fundamentales.
Adicionalmente, precisó que la parte actora no sustentó las causales específicas de
procedibilidad, pues no identificó el tipo de error en el que supuestamente
incurrieron las autoridades judiciales demandadas, de ahí que el juez constitucional
no pueda realizar un estudio constitucional.
Expuso que no se demostró la existencia de un defecto fáctico, pues las autoridades
judiciales demandadas adoptaron la decisión que culminó el proceso de reparación
directa con fundamento en una valoración de la prueba en estricto cumplimiento de
los requisitos legales.
Finalmente, expuso que no existió vulneración al derecho fundamental al debido
proceso, pues en el proceso ordinario se respetaron las garantías del accionante.
2.3. El Tribunal Administrativo del Tolima se opuso a las pretensiones de la
demanda, puesto que, a su juicio, la parte actora pretende convertir a la tutela como
una tercera instancia del proceso de reparación directa.
Señaló que al proferir la decisión censurada se analizó el caso estudiado y con
fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional negó las pretensiones
de la demanda, dado que la parte demandante no logró demostrar que la medida
de aseguramiento no resultaba procedente, pues quedó probado que existían varios
indicios en su contra que permitían inferir la participación en la comisión de una
conducta punible.
2.4. Las señoras Diana Lucero Alape Moncaleano, Jeanne Briggith Alape
Moncaleano, Mónica del Pilar Alape Moncaleano, Claudia Ximena Alape
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Moncaleano, Laura Valentina Teuta Alape y Sexta Tulia Moncaleano manifestaron
que coadyuvaban la solicitud de amparo presentada por el accionante.
2.5. Los demás vinculados guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados del
auto admisorio de la demanda.
3. Fallo impugnado
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del
10 de octubre de 2023, negó el amparo solicitado, al considerar que la autoridad
judicial demandada realizó una valoración probatoria acorde con la evidencia con la
que contaba y las circunstancias que rodearon la privación de la libertad del
demandante y, por tanto, arribó a la conclusión de que el daño que padeció el
accionante no fue antijurídico.
Señaló que no se incurrió en defecto fáctico por cuanto la decisión estuvo soportada
en el material probatorio aportado al proceso y, de la valoración que del mismo se
realizó, se consideró que la medida de aseguramiento impuesta no fue injusta.
Adicionalmente, advirtió que en efecto lo que existe en el presente proceso es una
inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural, por
cuanto la visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada.
4. Impugnación
Inconforme con la anterior decisión, el accionante la impugnó y reprochó que no se
ha tenido en cuenta que con fundamento en pruebas ilegales, la Fiscalía General
de la Nación sustentó la solicitud de diligencia de allanamiento e incautación de
elementos, que se practicó en su lugar de residencia.
Expuso que los elementos incautados el día que fue capturado en flagrancia, a
pesar de haberse declarado dicho procedimiento como ilegal, fueron sometidos por
parte de investigadores del CTI a interceptaciones telefónicas y análisis de las
conversaciones, con el fin de vincularlo al proceso penal en el que «jamás existió el
más mínimo indicio de responsabilidad».
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Manifestó que las pruebas sobre las que se edificó el proceso penal en su contra
fueron ilegales, de ahí que la medida de aseguramiento en establecimiento
carcelario fue injusta, irracional, innecesaria y violatoria de sus derechos
fundamentales.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 29 de junio de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de amparo. Para tal efecto,
se deberá establecer si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales
de procedencia contra providencias judiciales, especialmente, el de relevancia
constitucional. De cumplirse, deberá realizarse estudio de fondo del asunto, con el
fin de determinar si el Tribunal Administrativo del Tolima vulneró o no los derechos
fundamentales del accionante.
2. Análisis del caso
2.1. Requisitos generales de procedibilidad
2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 14 de febrero de 2023 y notificada el 22 de marzo
siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 22 de septiembre del
año en curso, es decir, seis meses después de la notificación. Este término resulta
razonable.
2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.1.3. Subsidiariedad: la Sala estima que este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes.
2.1.4 De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin
de establecer si se cumple o no en el presente asunto.
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El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.
Contrario a lo considerado por el a quo que se limitó a señalar que «encuentra
superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela», la Sala
considera que la presente tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, puesto que se está utilizando como una tercera instancia al proceso
de reparación directa, por las razones que se pasan a explicar.
En efecto, en este caso, el señor Cupertino Alape Méndez y su núcleo familiar
presentaron demanda de reparación directa, atribuyéndole a la Rama Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación los daños derivados de una supuesta privación injusta
de la libertad. El 30 de noviembre de 2021, el Juzgado 12 Administrativo de Ibagué
negó las pretensiones de la demanda; y en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo del Tolima la confirmó.
En la sentencia de primera instancia, el Juzgado 12 Administrativo de Ibagué
consideró que en el proceso ordinario no existían pruebas que demostraran que la
imposición de la medida de detención preventiva intramural del señor Alape Méndez
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hubiera sido injustificada, pues, a su juicio, concurrían elementos probatorios tales
como las grabaciones, el acta de reconocimiento por parte de la víctima, el relato
hablado de la comisión de los hechos, testimonios de los servidores de policía
judicial, entrevistas, que fueron valorados por el funcionario judicial que impuso la
medida. En estos términos, el a quo del proceso ordinario consideró que el Juez de
Control de Garantías de Ibagué contaba con los elementos probatorios suficientes
para inferir, en su momento procesal inicial, que el señor Cupertino Alape Méndez
era presuntamente coautor del delito por el cual estaba siendo imputado.
Expuso, además, el juzgado de primera instancia que tanto el juez de control de
garantías como el delegado de la Fiscalía General de la Nación actuaron bajo los
parámetros legales, pues la medida se adoptó con fundamento en las exigencias
jurídicas constitucionales y legales.
En la apelación, la parte demandante argumentó que la sentencia de primera
instancia debía ser revocada, por cuanto, en su criterio, al adoptar la medida de
aseguramiento privativa de la libertad se tuvieron en cuenta los elementos
materiales probatorios y la evidencia física y, en ninguna de esas pruebas, se
vinculaba directa o indirectamente al señor Alape Méndez. Además, precisó que las
mismas fueron excluidas dentro del proceso penal, tal como lo consideró el juez que
lo absolvió de los delitos por los cuales fue procesado, en la sentencia del 27 de
noviembre de 2017.
Reprochó también que «se le impuso la medida privativa de la libertad solo a través
de indicios, y no como lo establece el artículo 308 del C.P.P., que se pueda inferir
razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe, situación que no
ocurrió».
De igual modo, cuestionó que el juez de primera no hubiera realizado un análisis de
los elementos de la responsabilidad penal en la sentencia aportada, pues todo el
proceso penal fue carente de prueba, y precisó que solo con la información
entregada por la Fiscalía General de la Nación el juez de garantías tuvo por
cumplido lo dispuesto en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, pero ,
como se pudo evidenciar, el ente acusador «no investigó de manera suficiente -
como es su deber legal- y solo le llevó al Juez de Garantías unos EMP y EF que
coincidían con su tesis de la presunta autoría o participación del imputado».
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Los anteriores argumentos fueron resueltos razonablemente en la sentencia del 23
de marzo de 2023, en la cual el Tribunal accionado consideró que, de acuerdo con
las pruebas recaudadas al momento de imposición de la medida de aseguramiento
en contra del señor Alape Méndez, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Rovira, pudo inferir razonablemente que era
autor o partícipe de la conducta delictiva y por ende ordenar su detención
preventiva. Puntualmente, expuso lo siguiente:
En ese orden de ideas, encuentra la Sala en el material probatorio referenciado
con anterioridad, que la privación de la libertad de CUPERTINO ALAPE
MENDEZ se fundó en la captura que se hiciera, luego de los informes
presentados por la Policía Nacional, por las declaraciones de testigos que
avizoraban la presunta participación del demandante en conductas típicas que
conllevaron a que las medidas tomadas por las autoridades judiciales se
encontraran ajustadas a derecho.
Asimismo, se probó que se le impuso medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva intramural a CUPERTINO ALAPE MENDEZ, de una parte,
con fundamento en la gravedad que supone la comisión del hecho punible que
se investigaba, en razón a la afectación a la libertad individual, al patrimonio
económico y a la seguridad pública, y de otra, con la intención de evitar la
continuación de la conducta delictiva mientras el ente acusador investiga y
evalúa la conducta punible.
De igual manera se acreditó en el expediente, que mediante sentencia del 27
de noviembre de 2017 el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Ibagué, absolvió de responsabilidad penal al señor Cupertino
Alape Méndez, debido a que el ente acusador no pudo demostrar la materialidad
y responsabilidad del delito imputado, decisión que quedó debidamente
ejecutoriada, sin recursos.
Es importante colegir que si bien es cierto, el actor fue capturado inicialmente
de forma ilegal el 25 de julio de 2008, fue puesto en libertad inmediata por parte
de la Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Garantías de Ibagué –
Tolima, una vez se verificó que no se garantizaron los derechos de los
capturados, ni se reunieron los requisitos de la flagrancia pues fueron detenidos
mucho tiempo después, situación que también fue indicada en la sentencia
proferida el 27 de noviembre de 2017 por el Juzgado Primero Penal del Circuito
con Funciones de Conocimiento de Ibagué, al esclarecer que los actos que
desprendan de esa captura ilegal, no podrán ser valorados para los fines legales
pertinentes, so pena de atentar contra el derecho al debido proceso que le asiste
a los acusados y demás partes intervinientes, sin embargo, se precisó que
tanto el ente acusador como la autoridad judicial aplicaron en debida
forma los presupuestos constitucionales, legales y jurisprudenciales en lo
referente al procedimiento que se debe efectuar cuando una captura es
declarada ilegal, excluyendo los medios de convicción que se deriven de
la declaratoria de ilegalidad de la captura aludida.
No obstante lo anterior y analizado el material probatorio obrante en el
expediente, para la Sala, la solicitud de medida de aseguramiento por parte del
ente acusador en el presente asunto resultó procedente pues existían varios
indicios derivados de las pruebas del proceso, que permitían inferir la
participación del señor CUPERTINO ALAPE MENDEZ en la comisión de
una conducta punible investigada, resultando evidente para esta Colegiatura
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que, tanto la captura como la medida de aseguramiento en contra del
demandante, tuvieron sustento en la prueba testimonial recaudada que lo
implicaban en la comisión del hecho punible por el que resultó
investigado.
Advierte la Sala también que, según el material probatorio arrimado, la Fiscalía
General de la Nación realizó la captura del implicado en cumplimiento de las
normas procesales y que no hay lugar a concluir que la decisión de la
Fiscalía General de la Nación de solicitar la medida de aseguramiento ante
el Juez de Garantías, hubiese sido irracional, desproporcionada o
innecesaria pues, por el contrario, se ajustó a las circunstancias y
elementos probatorios con los que se contaba al momento de presentar al
indiciado ante el Juez Penal Municipal de Control de Garantías.
En ese orden, considera esta Colegiatura que debe confirmarse la sentencia
impugnada, a la luz de los criterios señalados por el Consejo de Estado como
aplicables en la determinación de responsabilidad estatal por privación de la
libertad, como quiera que en el presente caso no se logró desvirtuar que la
medida restrictiva de la libertad que se impuso al demandante hubiere sido
irrazonable en aplicación de las normas que regulaban la adopción de ese tipo
de medidas; por el contrario, tal como lo dedujo el A quo, aun cuando no se
logró desvirtuar la presunción de inocencia del demandante en la comisión de
la conducta punible endilgada, si pudo precisarse que el comportamiento del
actor tuvo injerencia directa en su vinculación al proceso penal en el que tal
medida se decretó, por la posible comisión de una conducta punible, estando
llamado entonces a soportar la restricción de su derecho a la libertad.
Se evidencia entonces que, una vez valoradas las pruebas allegadas al proceso de
reparación directa, el Tribunal Administrativo del Valle del Tolima concluyó que la
privación de la libertad del señor Cupertino Alape Méndez estuvo ajustada a
derecho, por cuanto, en ese momento, se contaba con los elementos de juicio
suficientes para colegir razonablemente que aquel podía haber sido autor o partícipe
del punible y que, por tanto, tenía el deber de soportar la imposición medida de
aseguramiento.
Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos
de privación injusta de la libertad, en la sentencia de unificación SU 72 de 20182, la
Corte Constitucional precisó que ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el
artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad
como un evento resarcible, así como tampoco la sentencia C-037 de 1996, que
determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, determinan un régimen
específico de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable a los eventos de
privación injusta de la libertad 3.
2 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes
Cuartas.
3 Ibidem. Acápite 117 y 118.
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En esa oportunidad, la Corte Constitucional reiteró que en materia de reparación
directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las
particularidades de cada caso. Por tanto, definir de manera rigurosa el título de
imputación en estos eventos, como lo pretende la parte actora, contraviene la
interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y, de contera, el régimen general
de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política 4.
De conformidad con la referida providencia de unificación, el juez puede escoger
entre un régimen de responsabilidad subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter
demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y
agrega que las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que
prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 5.
Así las cosas, se tiene que el fundamento sobre el cual el juez natural edificó el
estudio de la privación de la libertad no fue el de la conducta pre procesal del señor
Alape Méndez, pues, se repite, el motivo por el cual negó las pretensiones de la
demanda derivó del análisis de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de la
decisión a través de la cual se impuso la medida de aseguramiento al hoy
demandante, lo cual no merece reproche alguno desde el punto de vista
constitucional.
A partir del anterior análisis, se concluye que la solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque la parte actora pretende revivir la discusión del
proceso ordinario, relacionado con la valoración de las pruebas que obraban en el
expediente.
La Sala advierte que la providencia cuestionada no es arbitraria, ni caprichosa, sino
que estuvo precedida de un análisis integral, razonado y conjunto de las pruebas
que obraban en el expediente. Se reitera que la acción de tutela no puede
convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene
una decisión contraria a sus intereses, para que se revise la decisión como si se
tratara de una instancia adicional. Ello atenta contra las reglas previstas por el
legislador quien dentro de su margen de configuración normativa elige y decide las
instancias ordinarias que debe impartirse a un proceso. Pretender que la acción de
4 Ibidem, Acápites 119 y 120.
5Ver sentencia del 3 de octubre de 2019, radicado 50001-23-31-000-2006-10260-01(54095),
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.
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tutela se convierta en la instancia adicional de todos los procesos judiciales no solo
le resta vigor a este mecanismo de amparo constitucional, sino que termina por
desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural 6.
El argumento del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que
le negó las pretensiones de la demanda es el mismo en el que soportó las
pretensiones de la solicitud de amparo, cual si se trata de una tercera instancia o
instancia adicional a las que se surtieron de conformidad con el procedimiento
previsto por el legislador.
Que la parte actora esté inconforme con el raciocinio utilizado por la autoridad
judicial accionada no es un hecho que concierna al juez constitucional, pues por la
forma en que se presentaron los argumentos queda claro que la demanda se
contrae a un desacuerdo con el razonamiento de la autoridad judicial accionada y
una reiteración de los cargos del recurso de apelación, circunstancia que no justifica
la intervención del juez de tutela, porque lo pretendido, se insiste, es revivir un
debate que ya se clausuró, a fin de obtener a toda costa una alternativa de decisión
en la que se resuelva favorablemente su visión del litigio y, compártase o no la
decisión de los jueces naturales, la Sala no advierte que sus conclusiones se tornen
irracionales, absurdas o caprichosas.
En conclusión, la Sala encuentra que la acción de tutela promovida por el señor
Cupertino Alape Méndez no cumple con el requisito de relevancia constitucional,
razón por la cual se modificará el fallo impugnado y, en su lugar, se declarará
improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Modificar la sentencia del 10 de octubre de 2023, proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual quedará así:
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-04255-01
Demandante: Cupertino Alape Méndez
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y
otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Cupertino Alape Méndez, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General envíese a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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