Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04264-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04264-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-04264-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández
7 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04264-00
Accionante: NANCY MILENA SÁNCHEZ RUBIANO
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL – FONDO
PARA LA MODERNIZACIÓN, DESCONGESTIÓN Y
BIENESTAR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso administrativo /
devolución de sumas de dinero por concepto de
impuesto de renta declarado improbado
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela formulada por la señora Nancy Milena
Sánchez Rubiano contra el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fondo para la
Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de
Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
La señora Nancy Milena Sánchez Rubiano, actuando en nombre propio,
interpone acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Fondo para la
Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04264-00
Accionante: Nancy Milena Sánchez Rubiano
Justicia, por la presunta vulneración de su derecho fundamental al
debido proceso, con fundamento en los siguientes:
1. HECHOS
El 8 de junio de 2022, la accionante participó en el remate judicial de
un bien inmueble dentro del proceso ejecutivo del Juzgado Tercero Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá con número de
radicado 11001400306520170044800.
Mediante la providencia del 14 de octubre de 2022 el juzgado declaró
improbada la diligencia de remate y ordenó la devolución de los títulos
judiciales que fueron consignados por la accionante, por lo que ofició al
Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura, con el fin de que realice la devolución de la suma de
$12.500.000 por concepto de impuesto de remate.
Bajo el radicado EXTDEAJ23-2413 la entidad accionada inició el trámite
para la devolución del dinero; sin embargo, mediante comunicado del
8 de febrero de 2023 le informó a la accionante que no cumple con los
documentos requeridos establecidos en la Resolución 4179 del 22 de
mayo de 2019 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por lo que le indicó que una vez tenga los documentos faltantes
los radique e iniciará el respectivo trámite de devolución.
Los documentos faltantes son i) la declaración juramentada por parte
del beneficiario (consignante) o su apoderado, en la que manifieste que
no ha realizado otra solicitud sobre dicha devolución, ni ha recibido
pago alguno por este mismo concepto; ii) la copia auténtica de la
providencia judicial que ordena la devolución del dinero; iii) la
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certificación bancaria no mayor a un mes de su fecha de expedición y
iv) la fotocopia del documento de identidad del beneficiario de la
solicitud.
La accionante señala que dichos documentos fueron radicados el 20 de
febrero de 2023 en su totalidad ante la entidad accionada; sin embargo
a la fecha no se ha realizado la devolución de la suma de dinero.
2. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, solicita:
« Solicito se ordene al FONDO PARA LA MODERNIZACION Y DESCONGESTION PARA
LA ADMINISTRACION DE JUSTICIADE CONSEJO DE LA JUDICATURA UNIDAD DE
PRESUPUESTO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL, que dentro
del término no mayor de CINCO (5) días proceda a realizar la entrega de los dineros que
mediante auto de 14 de octubre de 2022 ordeno devolver el Señor Juez Tercero Civil Municipal
de Ejecución de Sentencias dentro del proceso11001400306520170044800 del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria COLOMBIA SA / JONH JIMMY CASTAÑO BECERRA (JUZGADO DE
ORIGEN 65 CIVIL MUNICIPAL)» (sic en toda la cita)
3. INTERVENCIONES
Mediante auto del 14 de agosto de 2023 se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó al Consejo Superior de la Judicatura -
Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la
Administración de Justicia como accionado.
3.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial informó
que bajo el radicado EXTDEAJ23-2413 la accionante ha solicitado la
devolución del dinero; sin embargo, luego de verificar los documentos
aportados se evidenció que la misma no cumplía con la totalidad de los
requisitos dispuestos en la Resolución 4179 del 22 de mayo de 2019,
por lo que en reiteradas ocasiones (8/2/2023, 1/3/2023, 17/4/2023,
9/5/2023, y 15/6/2023) se le ha expresado la falta de la entrega total
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de los documentos requeridos, sin que a la fecha la accionante haya
remitido la información completa.
3.2. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer si el
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial – Fondo para la Modernización, Descongestión
y Bienestar de la Administración de Justicia transgredió el derecho
fundamental al debido proceso administrativo de la accionante al no
devolver la suma de dinero solicitada por concepto de impuesto de
remate.
2. Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto”.
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Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
3. Del derecho fundamental al debido proceso administrativo
La Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso
administrativo es un derecho fundamental que se traduce en una
garantía para todas las personas de que la administración estará
sometida a los límites que este supone, de tal suerte que comprende
los principios de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad e
incorpora la obligación de las autoridades públicas del ámbito
administrativo, de ceñirse a los principios que rigen la función pública.
Al respecto, ha explicado:
[…]
“4.1.1. El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación jurídica que
tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales así “que ninguna de las
actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se
encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”1. Desde la
perspectiva antes señalada, este derecho no es más que una derivación del principio de
legalidad con arreglo al cual “toda competencia ejercida por las autoridades públicas
1
Corte Constitucional. Sentencia T-917 de 2008. En aquella ocasión le correspondió a la sala de Revisión
determinar si en el caso sub judice la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Tunja, al
abstenerse de levantar las medidas cautelares que recaían sobre bienes y derechos sucesorales del
peticionario “pese a existir proceso contencioso administrativo atacando el mandamiento de pago y la
decisión negativa a las excepciones” había desconocido los derechos constitucionales fundamentales del
actor y se procedía conferir la tutela como mecanismo transitorio para resolver un perjuicio irremediable.
La Corte efectuó un conjunto de consideraciones muy importantes respecto de la importancia de respetar el
debido proceso en las actuaciones administrativas y resolvió conceder el amparo invocado.
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debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que les
corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión”
(artículos 4º y 122 C. N.)2. De este modo, las autoridades sólo podrán actuar en el marco
establecido por el sistema normativo y, en tal sentido, todas las personas que se vean
eventualmente afectadas conocerán de antemano los medios con que cuentan para
controvertir las decisiones adoptadas y estarán informadas respecto del momento en que
deben presentar sus alegaciones y ante cuál autoridad.
Ha subrayado la Corte Constitucional3 que la garantía del debido proceso en asuntos
administrativos supone que el Estado se ajuste a las reglas previstas en el ordenamiento
jurídico y ello no sólo cuando se trata de adelantar trámites a partir de los cuales sea
factible deducir responsabilidades de orden disciplinario o los atinentes al control y
vigilancia. Esta garantía debe hacerse efectiva del mismo modo en los trámites que
las personas inician con el objeto de ejercer sus derechos ante la administración o
con el fin de cumplir con una obligación y abarca el estricto cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias. El propósito consiste, pues, en evitar que la
suerte de las personas quede al albur de una decisión arbitraria o de una ausencia
de decisión por dilación injustificada.”4 (negrillas fuera del texto) […].
4. Caso concreto
En el presente asunto, la accionante alega la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso administrativo, toda vez que el Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial - Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la
Administración de Justicia no ha obtenido una respuesta concreta y de
fondo a la solicitud para que le devuelvan las sumas de dinero que
depositó por concepto de remate que se llevó a cabo a través del
proceso ejecutivo del Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de
2
Ibíd. Consultar asimismo Corte Constitucional. Sentencia T-982 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
3
Corte Constitucional. Sentencia T-1308 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil. En aquella ocasión el
correspondió a la sala de Revisión determinar si el Consejo Superior de la Universidad de Cundinamarca,
al haberse abstenido de proclamar el resultado de las votaciones efectuadas para designar al rector, había
desconocido los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación
ciudadana, a elegir y ser elegido, al trabajo y a ejercer profesión u oficio de la persona que obtuvo las
mayorías requeridas para ser elegida rector de la Universidad accionada. Llegó a la conclusión la Corte que
en el caso bajo análisis se había acreditado de manera plena la mayoría exigida en las normas reglamentarias
de la Universidad “para proceder a la designación del rector de dicho centro educativo, y que, por ello, al
negarse el Consejo Superior a declarar el resultado electoral a favor del accionante vulneró su derecho
fundamental al debido proceso administrativo, en cuanto a la obligación de acatar las formas propias de
cada juicio.
4
T-909 de 2009 M.P Mauricio González Cuervo.
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Sentencias de Bogotá con número de radicado
11001400306520170044800, el cual declaró improbada la diligencia
por medio del auto del 14 de octubre de 2022.
La accionante presentó el 31 de enero de 2023 reclamación ante la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial bajo el radicado
EXTDEAJ23-2413 para que le hiciera la devolución del 5 % que pagó
por concepto de impuesto, en atención a que dentro del proceso con
radicación número 1001400306520170044800 el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá declaró improbada la
diligencia de remate.
Mediante correo electrónico del 8 de febrero de 20235 la entidad le
informó al accionante que luego de verificar los documentos allegados
con la petición, evidenció que no cumple con la totalidad de requisitos
exigidos en la Resolución 4179 de mayo de 2019, por medio de la cual
la DEAJ establece los requisitos para atender las solicitudes de
devolución de sumas de dinero.
El 20 de febrero de 2023, la accionante reiteró su solicitud de
devolución de sumas de dinero ante el Fondo para la Modernización,
Descongestión y Bienestar de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, sin la documentación completa, situación que se le informó
mediante correo electrónico el 1.º de marzo de 20236.
En ese sentido, le trae a colación los requisitos que estableció la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través de la Resolución
4179 de 2019, y las razones por las cuales su solicitud no los cumple,
así:
5
Visible a índice 8 en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
6
Ibidem.
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«En atención a su solicitud, recibida bajo radicado EXTDEAJ23-2413, y una vez revisado
el contenido conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 4179 de 2019 “por
medio de la cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial establece los requisitos
para el trámite de devolución de suma de dinero”, se evidencia que no cumple con los
siguientes requisitos conforme se detalla a continuación:
• Constancia ejecutoria del auto que imprueba y ordena la devolución suma de impuesto de
remate
• Soporte de la consignación
• Copia Cedula legible
El Grupo de Fondos Especiales le dará el trámite requerido a su solicitud, una vez radique
la totalidad de documentos que exige la resolución 4179 de 2019, al correo electrónico:
fondosespeciales@deaj.ramajudicial.gov.co.
Lo anterior como mecanismo de protección del presupuesto de la Nación – Rama Judicial,
la Transparencia en el trámite y Derecho de turno según el orden de llegada consagrado en
el Artículo 15 de la Ley 962 de 2005, en razón a que en esta dependencia se reciben los
requerimientos de devolución de dineros de las cuentas del Fondo para la Modernización
Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia provenientes de todo el país.»
La accionante vuelve a presentar la solicitud de devolución de sumas
de dinero a la entidad accionada el 5 de mayo y 15 de junio de 2023,
no obstante, en las respuestas brindadas por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial el 9 de mayo7 y 15 de junio de 20238,
respectivamente, le informan que validando la documentación allegada,
la fotocopia de la cédula no es legible, hace falta la declaración
juramentada y de igual forma la certificación bancaria no mayor a un
mes de su fecha de expedición.
Al respecto, en relación con el procedimiento para atender la devolución
de sumas de dinero en cabeza de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Resolución número 4179 del 22 de mayo de
2019, señala:
«ARTÍCULO SEGUNDO. ESTABLECER los requisitos para tramitar las solicitudes de
devolución de sumas de dinero por los conceptos de: impuesto de remate declarado nulo o
improbado, consignaciones en exceso/saldos a favor, multas revocadas y revocatoria de
prescripción de un depósito judicial en el marco del Acuerdo 1115 de 2001, según la
7
Ibidem.
8
Ibidem.
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modalidad de Transferencia a cuenta bancaria del beneficiario. Para cuyo trámite, el
beneficiario o su apoderado, deberá adjuntar a la solicitud de devolución:
a) Documento firmado por el beneficiario o su apoderado, en el cual indique el valor total
de la solicitud y el motivo.
b) Declaración juramentada por parte del beneficiario (consignante) o su apoderado, en la
que manifieste que no ha realizado otra solicitud sobre dicha devolución, ni ha recibido
pago alguno por este mismo concepto. De presentarse por conducto de apoderado, debe
anexar el documento que así lo acredite con constancia de presentación personal ante juez
o notario.
c) Si se trata de una persona jurídica, su representante legal o apoderado debe anexar,
certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente con
una antelación no mayor a un mes al momento de su presentación ante la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo.
Cuando la solicitante sea una entidad financiera, deberá adjuntar certificado de existencia y
representación legal emitido por la Superintendencia Financiera.
d) Copia legible de la consignación realizada.
e) Copia auténtica del acto administrativo, providencia judicial o acta de conciliación
mediante la cual se revoca la decisión que impuso la obligación de realizar la consignación
y de la providencia que ordena su devolución, en la que se indique nombre de la persona
natural o jurídica beneficiaria de la devolución y el valor total a devolver, con las
correspondientes constancias de ejecutoria.
f) Certificación de la entidad bancaria en la que indique número de cuenta, tipo de cuenta,
nombre del titular y estado de la cuenta en donde se deben situar los recursos por concepto
de devolución. Requisito que se establece por control de gestión del riesgo, por lo cual el
titular de la cuenta debe corresponder al directo beneficiario de la solicitud, trátese de
persona natural o jurídica.
g) Fotocopia del documento de identidad del beneficiario de la solicitud - titular de la cuenta
bancaria.»
Ahora bien, en el presente asunto esta Sala de Subsección no puede
considerar que la entidad accionada ha transgredido el derecho
fundamental al debido proceso administrativo de la señora Nancy
Milena Sánchez Rubiano, puesto que como se ha evidenciado en las
reiteradas respuestas de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, las solicitudes de devolución interpuestas por la accionante no
pueden avanzar debido a la falta del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Resolución 4179 del 22 de mayo de 2019, y la
ausencia de los documentos necesarios para respaldar la solicitud de
reintegro
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Así pues, se tiene que la entidad accionada ha respondido en cada
oportunidad que la señora Nancy Milena Sánchez Rubiano ha
interpuesto la solicitud de devolución de dinero, pues aunque no los
resuelva de fondo, le informó a la accionante los requisitos que debía
cumplir conforme a la normatividad aplicable para iniciar el trámite
pretendido.
En ese sentido, tal como ha señalado esta corporación en asuntos
similares9, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 17 de la Ley 1755
de 201510, en el caso que una autoridad constate que una solicitud
presentada está incompleta o que el solicitante debe llevar a cabo una
gestión adicional necesaria para llegar a una decisión de fondo, se le
pedirá al solicitante que la complete y a partir del día siguiente en que
el interesado entregue los documentos o informes requeridos, se
reactivará el plazo para resolver la solicitud.
En consecuencia, se negará el amparo solicitado por la señora Nancy
Milena Sánchez Rubiano en tanto, como quedó visto, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial - Fondo para la Modernización,
Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia no ha
impartido el trámite de devolución de dinero por causas imputables a
la accionante.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de marzo de 2021, número de
radicado: 11001-03-15-000-2021-00525-00
10
ARTÍCULO 17. Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando
la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una
gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el
término para resolver la petición.(…)
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por la señora
Nancy Milena Sánchez Rubiano contra la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial - Fondo para la
Modernización, Descongestión y Bienestar de la
Administración de Justicia, por las razones expuestas en
precedencia.
SEGUNDO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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