Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04268-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-04268-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-04268-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
12 de octubre de 2023
Demandante: José Rafael Hernández Peñaranda,
defensor del pueblo, regional Cesar
Demandados: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04268-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04268-00
Demandante: JOSÉ RAFAEL HERNÁNDEZ PEÑARANDA, DEFENSOR DEL
PUEBLO, REGIONAL CESAR
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Sanción por desacato de orden
de tutela. Defecto fáctico. Ampara.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver en primera instancia la acción de tutela formulada por el
señor José Rafael Hernández Peñaranda, en su calidad de defensor del pueblo,
regional Cesar, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el
Tribunal Administrativo del Cesar.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito recibido en el despacho el 11 de agosto de 20231, el señor José
Rafael Hernández Peñaranda, actuando en nombre propio, en su calidad de defensor
del pueblo, regional Cesar, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de
que le sea amparado su derecho fundamental al debido proceso.
2. El accionante consideró vulnerada la referida garantía constitucional, con
ocasión del auto proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
el 3 de mayo de 2023, que confirmó la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar el 17 de abril del mismo año, a través de la cual se le sancionó
1 La acción de tutela fue radicada el 9 de agosto de 2023.
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Demandante: José Rafael Hernández Peñaranda,
defensor del pueblo, regional Cesar
Demandados: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B y otro
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en el incidente de desacato con radicado 20001-23-33-000-2023-00009-01,
interpuesto por el señor Antonio Arley Grimaldo Contreras.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERA: TUTELAR el Derecho Fundamental al DEBIDO PROCESO del suscrito
accionante, vulnerado por el Tribunal Administrativo del Cesar y la Subsección B,
Sección Segunda, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con
la expedición de la providencia judicial contenida en el auto del 19 de abril de 2023
proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, y la confirmación de dicho auto,
proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, el día 3 de mayo de 2023, a través del cual se decidió por el
Tribunal “SANCIONAR por desacato del fallo de tutela de fecha 25 de enero de 2023
al DEFENSOR DEL PUEBLO – REGIONAL CESAR doctor JOSÉ RAFAEL
HERNÁNDEZ PEÑARANDA con multa de con multa de tres (3) salarios mínimos
legales mensuales vigentes”; y, en grado de consulta, “Confirmase el auto de 19 de
abril de 2023, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró en
desacato al señor defensor del pueblo de la regional de ese departamento y le impuso
multa equivalente a tres (3) smlmv, de conformidad con lo indicado en la parte motiva
de este proveído.”
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la decisión
sancionatoria contenida en la providencia judicial contenida en el auto del 19 de abril
de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, y, también, DEJAR SIN
EFECTOS la confirmación de dicho auto, proferida por el Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, el día 3 de mayo de
2023.
TERCERA: LEVANTAR la sanción impuesta por desacato al Defensor Regional Cesar
a través del auto del 19 de abril de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo del
Cesar y su confirmación por parte del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, el día 3 de mayo de 2023, consistente
en multa equivalente a tres (3) smlmv.
(…)2.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Antonio Arley Grimaldo Contreras3 instauró acción de tutela, con el fin
de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana e
igualdad, presuntamente vulnerados por los señores fiscal y procuradora general de la
2 La transcripción corresponde al texto original de la demanda y se advierte que contiene errores.
3 Persona privada de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar.
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Nación, el defensor del pueblo, el director de la fiscalía seccional de Valledupar,
procurador y defensor del pueblo de las regionales del Cesar e integrantes de la
«comisión de derechos humanos del Senado de la República», en donde afirma ser
víctima constante de persecuciones y retaliaciones por parte de los guardias y del
director del establecimiento carcelario, en razón a su activismo en procura de obtener
mejores condiciones para los reclusos, así como por su lucha para que les respeten
sus derechos fundamentales, al punto de haber padecido torturas físicas y
psicológicas.
5. Mediante sentencia del 25 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del
Cesar accedió al amparo solicitado, dentro del trámite constitucional con radicado
20001-23-33-000-2023-00009-00, en los siguientes términos:
PRIMERO. - TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
efectivo a la administración de justicia del señor ANTONIO ARLEY GRIMALDO
CONTRERAS, atendiendo a la relación especial de sujeción de un procesado o
condenado que ingresa a un establecimiento de reclusión, así como a los
estándares de la protección de personas privadas de la libertad en el derecho
internacional, y de conformidad con las consideraciones expuestas en esta
providencia.
En consecuencia, ORDÉNASE a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL
CESAR, así como a la PROCURADURÍA REGIONAL DEL CESAR, que en el
término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, realicen una visita al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar (Penitenciaria de Valledupar), y a la dependencia
competente para tramitar las investigaciones disciplinarias al interior del INPEC,
con el objeto de evaluar las condiciones en que se encuentra actualmente el
accionante y las investigaciones disciplinarias que se han adelantado con apoyo en
sus quejas recurrentes, y en el evento en que adviertan la existencia de conductas
que podrían tener connotación disciplinaria, la Procuraduría evalúe la procedencia
de ejercer el control disciplinario preferente, conforme a las precisiones formuladas
en la parte considerativa de esta decisión.
Por su parte, la Defensoría deberá evaluar dentro de ese mismo término si resulta
procedente asignar un defensor que represente al accionante dentro de las
investigaciones penales, disciplinarias internas y de otra naturaleza que se estén
adelantando en contra del señor ANTONIO ARLEY GRIMALDO CONTRERAS.
De los resultados de esa actuación se deberá remitir un informe con destino a esta
actuación, dentro del término de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del
término concedido para la realización de la visita de verificación […].
6. Contra la anterior decisión ninguna de las partes e intervinientes formuló
impugnación.
7. El 23 de marzo de 2023 el señor Antonio Arley Grimaldo Contreras, presentó
ante el Tribunal Administrativo del Cesar incidente de desacato, al considerar que no
se han atendido las órdenes de amparo, por cuanto si bien en el centro carcelario en
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el que se encuentra recluido lo visitaron servidores de la Procuraduría General de la
Nación y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), aún persiste la
persecución en su contra.
8. El 24 de marzo de 2023 el tribunal requirió de los señores defensor del pueblo
y procurador regionales del Cesar un informe al respecto, ante lo cual este último allegó
escrito en el que indicó que el 1.º de febrero del año en curso acudió al Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, donde evidenció que contra
el tutelante se adelantó al trámite disciplinario «ID258-2019», en el que fue sancionado
con sesenta días (60) días «de pérdida del derecho de redención de pena»; y que «no
se han hecho aperturas de investigación en contra de la población privada de la libertad
por hechos acaecidos con posterioridad al 12 de agosto de 2022».
9. Con base en la anterior información, el 30 de marzo de 2023 el tribunal de
conocimiento abrió incidente de desacato contra el señor defensor del pueblo de la
regional del Cesar, porque guardó silencio, frente a lo cual la señora secretaria de
dicha corporación advirtió que esa autoridad arrimó oportunamente informe dirigido al
correo electrónico habilitado para tal efecto, pero se alojó en la bandeja de «correos
no deseados», lo que impidió que fuera anexado con antelación al expediente de la
referencia.
10. Mediante auto de 19 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró en desacato al señor defensor del pueblo de la regional de ese departamento
y ordenó:
PRIMERO: SANCIONAR por desacato del fallo de tutela de fecha 25 de enero de 2023
al DEFENSOR DEL PUEBLO – REGIONAL CESAR doctor JOSÉ RAFAEL
HERNÁNDEZ PEÑARANDA con multa de con multa de tres (3) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
11. Lo anterior, al considerar que del informe de la visita del 1.º de febrero se le
negó al accionante la asistencia de un defensor público, con el argumento de que esa
figura no operaba en materia disciplinaria, pese a que era procedente, conforme al
artículo 21 de la Ley 24 de 1992, lo que denotó un actuar omisivo que desatiende el
referido pronunciamiento judicial.
12. En el aludido documento se indicó que contra el señor Grimaldo Contreras no
se adelantaba ningún trámite de tipo disciplinario interno, sin embargo, el señor
Grimaldo insistió en que sí se adelantaba una diligencia de este tipo, la cual no logró
identificar, por lo que requería la asistencia de un defensor público, lo que le fue
negado, con el argumento de que la defensoría pública no opera en materia
disciplinaria.
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13. En auto del 3 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, confirmó el auto en sede de consulta, en donde advirtió que
corresponde al señor José Rafael Hernández Peñaranda, en calidad de defensor del
pueblo - regional Cesar asistir al señor Grimaldo Contreras de conformidad con el
artículo 21 de la Ley 24 de 19924, que dispone: «[l]a Defensoría Pública se prestará
en favor de las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en
imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas a la defensa de sus
derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial y con el fin de
garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad
pública […]».
14. Resaltó además que, por tratarse de una persona privada de la libertad es
sujeto de especial protección5, «debido, entre otras cosas, a la difícil situación del
sistema carcelario y penitenciario del país (que motivó a que la Corte Constitucional,
en sentencias T-153 de 19986 y T-388 de 20137, declarara el estado de cosas
inconstitucional8, el cual no se ha superado), circunstancia que le impone al Estado,
en cumplimiento de su posición de garante9 frente a ellas, la obligación de adoptar
medidas orientadas a salvaguardar sus derechos constitucionales fundamentales».
15. Señaló que, así las cosas, el señor Grimaldo Contreras por estar privado de la
libertad, no goza de las mismas herramientas que tienen quienes están libres, por
tanto, el Estado está en la obligación de adoptar medidas orientadas a que pueda
ejercer sus prerrogativas superiores, como la de tener de una defensa adecuada en
los asuntos «punitivos» seguidos en su contra.
16. Indicó que, en ese orden de ideas, «carece de asidero jurídico el motivo por el
cual se le negó al accionante la designación de un defensor de oficio en el asunto
disciplinario que dice se sigue en su contra (esto es, que la defensoría pública no opera
en actuaciones disciplinarias), pues el artículo 21 de la Ley 24 de 1992 no estipula tal
4 «Por el cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan
otras disposiciones en desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia».
5 Sentencia T-378 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos.
6 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 M. P. María Victoria Calle Correa.
8 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 5 de marzo de 2018, C. P. Carmelo
Perdomo Cuéter, expediente 05001-23-33-000-2017-03172-01: «El Estado de cosas inconstitucional es
una declaración por medio de la cual la Corte Constitucional señala que determinada problemática,
atribuible a ineficaces políticas públicas, desconoce de manera grave y generalizada los derechos
constitucionales fundamentales de personas que se encuentran bajo unas mismas condiciones fácticas,
como los desplazados por la violencia o los recluidos en establecimientos carcelarios y penitenciarios,
lo que impone dictar órdenes estructurales, es decir, que no solo son útiles en el caso concreto sino en
situaciones homólogas, con el propósito de superar las causas de los aprietos, que se logra con la
articulación armónica de diferentes autoridades».
9 En la precitada Resolución 1 de 2008 se estableció, en su principio I, que «[…] tomando en cuenta la
posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará
y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles
con su dignidad».
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prohibición, por tanto, al afirmar ello se trasgredió el principio de la hermenéutica
jurídica según el cual “donde el legislador no distingue, no es dable que el intérprete lo
haga”».
17. Aclaró que si bien en el informe de 1.º de febrero de 2023 se consignó que el
tutelante no identificó procedimiento disciplinario alguno, ello no impedía que se le
asignara un defensor de oficio, dado que una de las acciones a ejecutarse es la de
individualizar los trámites que se adelantan en su contra y planear la defensa
pertinente.
18. Concluyó que la referida autoridad no solo «[…] incurr[e] en incumplimiento de
la orden impartida en el fallo de tutela […]», sino que además «[…] asumi[ó] una
conducta omisiva, negligente o injustificada […]»10.
1.4. Fundamentos de la solicitud
19. El señor José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo - regional
Cesar alegó que los autos cuestionados vulneraron su derecho fundamental al debido
proceso11, en primer lugar, por cuanto no se aplicó lo establecido en el artículo 27 del
Decreto 2591 de 1991, que dispone:
CUMPLIMIENTO DEL FALLO. Proferido el fallo que conceda la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le
requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario
contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el
superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente
todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por
desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.
Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario en su caso.
En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y
mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o
eliminadas las causas de la amenaza.
20. Manifestó que el Tribunal Administrativo del Cesar en ningún momento del
trámite se dirigió a su superior jerárquico para que requiriera el cumplimiento del fallo,
tal como lo ordena la norma.
10 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, M. P. Darío Quiñones Pinilla, providencia
de 21 de noviembre de 2002, expediente 66001-23-31-000-2001-0573-01 (AC-1363).
11 Artículo 29 de la Constitución Política.
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21. Resaltó que la Corte Constitucional, en la sentencia T-053 de 200512 con
respecto a la exigencia contenida en el mencionado artículo 27 del Decreto 2591 de
1991, dispuso que se deben seguir los siguientes pasos:
a- Si la autoridad obligada no cumple, el juez se dirigirá al superior del responsable y le
requerirá para que lo haga cumplir y para que abra el correspondiente procedimiento
disciplinario contra el directo responsable del incumplimiento.
b- Si pasan cuarenta y ocho horas a partir del requerimiento al superior y la orden de
tutela aún no se cumple, se ordena abrir proceso contra el superior.
c- En el mismo auto que ordene abrir proceso contra el superior, el Juez directamente
adoptará todas las medidas para el cabal cumplimiento de la orden. Y para tal efecto
mantendrá la competencia hasta tanto esté restablecido el derecho.
22. En segundo lugar indicó que las autoridades demandadas omitieron estudiar su
responsabilidad subjetiva frente al presunto incumplimiento de la orden judicial en
consideración a que la entidad incidentada desplegó diversas acciones positivas
orientadas al cumplimiento de la orden de tutela, pero tales gestiones no fueron
valoradas por la autoridad sancionadora, de tal manera que la omisión del estudio
sobre la responsabilidad subjetiva conllevó un desconocimiento del precedente
jurisprudencial sobre la finalidad del incidente de desacato, asimismo, una indebida
valoración probatoria.
23. Al respecto, resaltó que se encuentra prohibida la responsabilidad objetiva en
el proceso disciplinario (incidente de desacato), tal como lo ha establecido la Corte
Constitucional en la SU-034 de 201813 y el Consejo de Estado, así:
Es claro que la responsabilidad atribuible en estos casos es eminentemente subjetiva,
lo que de suyo implica que el funcionario encargado de materializar el amparo
constitucional, para constituirse en desacato, debió injustificadamente haberse
sustraído de ese deber de cumplimiento. En otras palabras …dentro del proceso debe
aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo cual
conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del
incumplimiento. Por supuesto, esta condición obliga al operador jurídico a verificar (i) a
12 En concordancia con la T-763 de 1998, magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero.
13 Y cito las sentencias T-763 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero, T-553 de 2002, M.P.: Alfredo
Beltrán Sierra, T458 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-459 de 2003, M.P.: Jaime Córdoba
Triviño, T-744 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-939 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas
Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-632 de 2006, M.P.: Marco Gerardo Monroy
Cabra, T-1243 de 2008, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto,
T-123 de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-
512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-606 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-
889 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-010 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074
de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
T527 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-1090 de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo, T-185 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-399 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, T-254 de 2014, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, C-
367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-271 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-325
de 2015, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-226 de 2016, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-280
de 2017, M.P.: José Antonio Cepeda Amarís.
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quién estaba dirigida la orden presuntamente desatendida, (ii) cuál era su alcance, (iii)
el término concedido para concretarla, (iv) si el incumplimiento fue total o parcial y,
naturalmente, (v) si existe alguna circunstancia válida que lo justifique. ... Sin embargo,
como lo ha sugerido la propia Corte Constitucional, esta figura tiene como propósito
lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva
protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, de ahí que,
en ese orden de ideas, sea más importante el acatamiento del fallo de tutela que la
sanción en sí misma, a diferencia de lo que ocurre en otras materias, por ejemplo, la
penal… En esos términos, la condigna implicación jurídica del cumplimiento del fallo
de tutela, aun durante el trámite del grado jurisdiccional de consulta, no podría ser otra
que la condonación de la eventual sanción que pudiera derivar de la consumación del
incidente de desacato.14
24. En tercer lugar, señaló que la orden dada a la Defensoría del Pueblo, regional
Cesar no consistía en asignar un defensor directamente, sino en evaluar la
procedencia de tal asignación. Por tal razón, adujo que no se puede afirmar que hubo
un incumplimiento de una orden de tutela, sin tener en cuenta las gestiones
actuaciones adelantadas para dar cumplimiento.
25. En cuarto lugar, consideró que la providencia sancionadora incurre en un
defecto sustantivo, ante la incorrecta interpretación y aplicación del artículo 21 de la
Ley 24 de 1992, ya que esta norma no prevé la designación de un defensor público
para los procesos disciplinarios internos seguidos contra las personas privadas de la
libertad.
26. En quinto lugar, alegó que las autoridades judiciales omitieron la valoración de
las pruebas de cumplimiento de las órdenes dadas a la Defensoría del Pueblo en el
fallo de tutela, de tal manera que, no se tuvo en cuenta ninguna de las diligencias
realizadas, configurándose así la dimensión negativa del defecto fáctico.
27. Agregó que el tribunal en el trámite incidental sancionatorio indicó que «la
Defensoría del Pueblo a través de un delegado adelantó visita al establecimiento
carcelario de reclusión del accionante el día 1.° de febrero de 2023, en la que se
entrevistó con el señor Grimaldo Contreras y con uno de los dragoneantes adscritos al
área de investigaciones, el cual brindó información sobre las investigaciones
adelantadas y en curso», con lo cual, quedó demostrado que no hubo negligencia
frente al cumplimiento de la orden de tutela, pues se adelantaron las gestiones
pertinentes para dar cumplimiento a la misma, por lo tanto, resulta desproporcionado
e injusto que se sancione a la defensoría.
28. En sexto lugar manifestó que se pasó por alto que la no asignación de abogado
al solicitante no se debió a una omisión del defensor regional Cesar sino, a la
inexistencia de un proceso disciplinario en contra del señor Grimaldo Contreras, tal
14 Consejo de Estado. 14 de julio de 2016. Radicado n.° 11001-03-15-000-2016-00367-01. Magistrada
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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como lo certificó el director del establecimiento, responsable de las investigaciones
disciplinarias al interior del establecimiento carcelario.
29. Advirtió que en el evento de que, tras comprobar el hecho objetivo del
incumplimiento aunado a la responsabilidad subjetiva del obligado, el juez resuelva
imponer las sanciones por desacato de arresto y/o multa previstas en el artículo 52 del
Decreto 2591 de 1991, la decisión debe ser revisada por el superior funcional en grado
jurisdiccional de consulta, el cual, no se trata de un recurso que se presente a petición
de parte, sino de un control que opera automáticamente, con el fin de que la autoridad
de nivel superior establezca la legalidad de la decisión adoptada por el inferior. Y donde
se deberá verificar:
(i) si hubo incumplimiento y si este fue total o parcial, apreciando en ambos casos las
circunstancias del caso concreto –la causa del incumplimiento– con el fin de identificar
el medio adecuado para asegurar que se respete lo decidido.
(ii) si existe incumplimiento, deberá analizar si la sanción impuesta en el incidente de
desacato es la correcta, en esta etapa, se corrobora que no haya una violación de la
Constitución o de la Ley y que la sanción es adecuada, dadas las circunstancias
específicas de cada caso, para alcanzar el fin que justifica la existencia misma de la
acción de tutela, es decir, asegurar el goce efectivo del derecho tutelado por la
sentencia.
30. Así mismo, con la presente demanda de tutela el incidentado aporta una nueva
15
acta de reunión realizada por parte del defensor regional Cesar en el establecimiento
carcelario con el funcionario competente para las investigaciones disciplinarias al
interior del establecimiento, con el propósito de ratificar el cumplimiento de la orden de
tutela.
1.5. Trámite de la acción
31. Mediante auto del 31 de agosto de 2023, la magistrada ponente admitió la
presente acción de tutela y dispuso:
• Notificar la existencia de la presente acción a los magistrados del Tribunal
Administrativo del Cesar y del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, como autoridades judiciales accionadas.
15 Visita oficial por parte del defensor regional Cesar, junto con una funcionaria de coordinación de
Defensoría Pública al establecimiento carcelario el 10 de julio de 2023, para reunirse con el funcionario
encargado de las investigaciones internas del establecimiento (Dragoneante Víctor Ceballos) con el
objetivo único de verificar, una vez más, la existencia o inexistencia de algún proceso disciplinario al
interior del establecimiento en contra del incidentante, corroborando que no existe proceso disciplinario
en contra del señor Antonio Arley Grimaldo Contreras.
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defensor del pueblo, regional Cesar
Demandados: Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04268-00
• Vincular en calidad de terceros con interés, al señor Antonio Arley Grimaldo
Contreras16, a la Fiscalía General de la Nación, al director seccional de fiscalías
de Valledupar, a la Procuraduría General de la Nación, al defensor del pueblo,
la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec.
• Oficiar al Tribunal Administrativo del Cesar para que allegue copia digital íntegra
del expediente con radicado 20-001-23-33-000-2023-00009-00/01.
• Oficiar a la Secretaría General del Consejo de Estado y a la del Tribunal
Administrativo del Cesar para que publique en su página web copia digital de la
demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y de esta providencia.
• Notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.6. Intervenciones
Realizada las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles
en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Defensoría del Pueblo
32. El profesional adscrito a la oficina jurídica de la Defensoría del Pueblo manifestó
que se debe amparar el derecho fundamental al debido proceso del incidentado, en
consideración a que este cumplió con las ordenes impartidas en la sentencia de tutela
del 25 de enero de 2023, que fueron:
i) en el término de 10 días visitar al Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar;
ii) evaluar dentro de ese mismo término si resulta procedente asignar un defensor que
represente al accionante dentro de las investigaciones penales; y
iii) elaborar un informe de las actividades desplegadas.
33. Resaltó que tal como se desprende de las pruebas que fueron aportadas:
• Se designó al defensor «Enrique Eduardo Perpiñán Ibarra», profesional
especializado, vinculado a la Defensoría del Pueblo regional Cesar, para que, en
nombre de la entidad, acudiera hasta las instalaciones del establecimiento
penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Valledupar, donde se
encuentra recluido el accionante para evaluar la situación jurídica del interno.
16 El señor Grimaldo Contreras deberá ser notificado en el Establecimiento Penitenciario de Altay
Mediana Seguridad de Valledupar (Penitenciaria de Valledupar), torre #5, lugar en donde cumple su
pena privativa de libertad.
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• El profesional se entrevistó con el funcionario adscrito a la oficina de
investigaciones internas disciplinarias, quien informó a la Defensoría del Pueblo que
en contra del privado de la libertad Antonio Arley Grimaldo Contreras, actualmente,
no cursa investigación disciplinaría alguna, situación ratificada a través de
certificación expedida por la dirección del establecimiento penitenciario.
• Existe memoria de reunión firmada por quienes en ella intervinieron.
• Existe certificación de inexistencia de proceso disciplinario contra el incidentante.
• Informe de cumplimiento a la autoridad correspondiente.
34. Agregó que el incidente de desacato es un mecanismo de creación legal, cuyo
objetivo consiste en lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez, y no la
imposición de una sanción en sí misma, y que no es posible que en un incidente de
desacato se pretenda modificar el contenido sustancial de la orden proferida.
35. Así las cosas, consideró que no se hizo una valoración adecuada de las
pruebas, pues se debió verificar:
(i) si hubo incumplimiento y si este fue total o parcial, apreciando en ambos casos
las circunstancias del caso concreto –la causa del incumplimiento– con el fin de
identificar el medio adecuado para asegurar que se respete lo decidido y;
(ii) si existía incumplimiento, analizar si la sanción impuesta en el incidente de
desacato es la adecuada y correcta, sin que haya una violación de la
Constitución o de la Ley, dadas las circunstancias específicas de cada caso,
para alcanzar el fin que justifica la existencia misma de la acción de tutela, es
decir, asegurar el goce efectivo del derecho tutelado por la sentencia.
36. Indicó que el Sistema Nacional de Defensoría Pública no prevé la designación
de un defensor público en materia disciplinaria seguidos contra las personas privadas
de la libertad.
37. Y que, el desacato constituye una figura de última ratio cuando quiera que se
compruebe que el responsable de hacer cumplir la orden se niega sistemáticamente y
sin justificación atendible a acatar la sentencia.
1.6.2. Tribunal Administrativo del Cesar
38. La magistrada ponente de la providencia del 25 de enero de 2023 solicitó que
se niegue la solicitud de amparo, y señaló que no existió arbitrariedad o contrariedad
con el derecho en la decisión atacada por vía constitucional, como para asumir la
vulneración del derecho fundamental invocado por el actor, que permita hacer
prosperar sus pretensiones.
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39. Consideró evidente que la Defensoría del Pueblo a través de un delegado
adelantó visita al establecimiento carcelario de reclusión del accionante el 1.° de
febrero de 2023, en la que se entrevistó con el accionante y uno de los dragoneantes
adscritos al área de investigaciones, el cual dio información sobre las investigaciones
adelantadas y en curso. Y que en dicho trámite preguntó al actor sobre la necesidad
de ser asistido por un abogado, el cual manifestó que sí frente al proceso disciplinario
que se le adelanta al interior del penal, respecto a lo cual se manifestó la imposibilidad
en el escrito de contestación, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 24 de 1992.
40. Sin embargo, señaló que, en dicha ley la representación pública se puede
brindar por la Defensoría del Pueblo en asuntos judiciales o extrajudiciales con el fin
de garantizar el pleno acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad
pública, sin que se excluya de manera expresa la asistencia legal para investigaciones
disciplinarias al interior de los establecimientos carcelarios.
41. Así las cosas, las razones alegadas por el incidentado no fueron de recibo para
la Sala, máxime cuando el señor Grimaldo, había presentado quejas en contra del
personal de custodia del establecimiento penitenciario, motivo por el cual consideró
indispensable para la salvaguarda de sus derechos, la asistencia de un apoderado en
dicha investigación.
1.6.3. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
42. El magistrado a quien correspondió revisar, en grado jurisdiccional de consulta,
el auto de 19 de abril de 2023, manifestó que se atiene a lo que se demuestre durante
el trámite y que las razones que le sirvieron de fundamento están consignadas en las
motivaciones de la providencia del 3 de mayo de 2023.
1.6.4. Fiscalía General de la Nación
43. El asistente de la Fiscalía 17 Seccional Vida Valledupar aportó el reporte de la
consulta realizada en los sistemas misionales y de información.17
17 La Fiscalía 17 Seccional de la Unidad de Vida de Valledupar, tiene bajo su conocimiento en la
actualidad las noticias criminales identificadas con los números 200016300323202080075, iniciada
contra Personas Indeterminadas por la presunta comisión de delitos Contra la Vida y la Integridad
Personal, y la 200016001075202315290, abierta igualmente contra Personas Indeterminadas por la
presunta comisión del delito de Omisión de Socorro, en las cuales funge en calidad de
Denunciante/Víctima el señor ANTONIO ARLEY GRIMALDO CONTRERAS, persona que se encuentra
actualmente privada de libertad en el Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana
Seguridad de Valledupar y se identifica internamente con el TD 7369, ambas investigaciones se
encuentran actualmente en estado activo y en etapa de indagación.
• Como hecho relevante para la Acción Constitucional que aquí nos ocupa, consideramos que viene al
caso informarle que en la causa con numero de noticia criminal 200016001075202315290, cursa una
actuación preventiva ejercida por la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de
Instrucción Cesar, de la cual fuimos notificados mediante el oficio n.° 20521, del 12 de julio de 2023,
radicado IUS No.E-2023-423497 / IUC-P-2023-3056384 – Asunto Penitenciario, donde se nos requiere
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1.6.5. Senado de la República
44. El secretario general del Senado de la República solicitó su desvinculación, por
no existir vulneración de derecho fundamental alguno; manifestó que el Congreso de
la República no es competente para conocer sobre el particular, de conformidad con
el artículo 6.° de la Ley 5.ª de 1992, que establece las funciones generales del
Congreso de la República. Agregó que la competencia radica en la Rama Judicial.
1.6.6. Antonio Arley Grimaldo Contreras (PPL)
45. El señor Grimaldo Contreras fue notificado personalmente en el centro
carcelario, el 26 y 27 de septiembre de 2023, tal como obra en las constancias
aportadas por el Consultorio Jurídico EPC – Picota, el 28 de septiembre de 2023.
46. Las demás entidades vinculadas en calidad de terceras con interés guardaron
silencio pese a haber sido notificadas en debida forma, tal como consta en el
expediente digital de Samai18.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
47. Esta sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor José Rafael Hernández Peñaranda, en su calidad de defensor del pueblo,
regional Cesar, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
2.2. Problemas jurídicos
48. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿la presente solicitud de amparo cumple con los requisitos de procedencia
adjetiva que hagan pertinente el análisis de fondo?
• ¿Se vulneró el derecho fundamental al debido proceso del señor José Rafael
Hernández Peñaranda, defensor del pueblo, regional Cesar con el auto
proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B el 3 de
informar a esa entidad sobre las actuaciones que se surtan en el prenombrado proceso, solicitud que
se ha cumplido por parte de ésta Fiscalía.
18 Actuación n.° 9.
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mayo de 2023, que confirmó la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar el 17 de abril del mismo año, a través del cual se le
sancionó con multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
en el incidente de desacato con radicado n.° 20001-23-33-000-2023-00009-01,
interpuesto por el señor Antonio Arley Grimaldo Contreras?
49. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes asuntos: i)
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) evolución
jurisprudencial del tema referente a la procedencia de la acción de tutela contra los
autos que resuelven el incidente de desacato; iii) estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva, y iv) caso concreto
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
50. El artículo 86 de la Constitución introdujo la acción de tutela como el mecanismo
judicial preferente, informal y sumario que tienen los ciudadanos para obtener la
protección de los derechos fundamentales, cuando resulten amenazados o
vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares,
en los casos de ley. La procedencia de este dispositivo está determinada por la
inexistencia de otro medio idóneo y eficaz de protección o ante la ocurrencia de un
daño irreparable, caso en el cual, este dispositivo desplaza transitoriamente a las
acciones ordinarias a fin de evitar que se produzca un perjuicio irremediable.
51. Desde la década de los noventa, la Corte Constitucional ha admitido la
procedencia excepcional del recurso de amparo contra providencias judiciales, bajo la
idea de que existe la posibilidad de que los jueces de la república pueden incurrir en
graves falencias que tornen, una providencia judicial, incompatible con la Carta
Política19.
52. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20
2012 , unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre
el tema21. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva
de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
19 Corte Constitucional, Sentencias T-240 de 2022, SU-215 de 2022, T-140 de 2022, SU-134 de 2022,
SU-131 de 2022, SU-103 de 2022, SU-474 de 2020, SU-396 de 2017, C-590 de 2005, entre muchas
otras.
20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María
Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
21 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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judiciales22. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
53. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201423, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200524, para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones
judiciales no puede ser ajeno a esas características.
54. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia25 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del
asunto – procedencia adjetiva -.
55. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad adjetiva26,
esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la protección del
derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo
solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
56. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate
de instancia.
57. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
22 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
24 Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
25 Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
26 Tal como se estudiará en el numeral 2.7. de esta providencia.
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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Evolución jurisprudencial del tema referente a la procedencia de la acción
de tutela contra los autos que resuelven el incidente de desacato
58. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción
de tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la
siguiente manera:
Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el curso
de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte ha
establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que por
medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones que
pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces, siendo
procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe tenerse presente que durante
el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la ratio decidendi,
ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como
fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de
tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la
conducta desplegada por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna
del fallo que le sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo
tránsito a cosa juzgada27.
59. Lo anterior, denota claramente que la acción de tutela sí es procedente en
contra de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de desacato, lo
que está prohibido es que el juez constitucional ahonde y se pronuncie sobre la
decisión de tutela que sirvió como base para promover el incidente.
60. Dicha postura resulta lógica, pues, de lo contrario, los asuntos decididos por el
juez natural serían interminables y sometidos a incertidumbre, lo cual va en contravía
de los postulados de seguridad jurídica y cosa juzgada imperantes en un Estado de
Derecho.
61. Igualmente, en la sentencia SU-627 de 2015, el máximo tribunal Constitucional
fijó las reglas de procedencia de la acción de tutela contra providencias dictadas en el
trámite de la acción de tutela, en los siguientes términos:
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores
o posteriores a la sentencia.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República,
la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por
tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente,
que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad
a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría
sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional28. (Subrayas por fuera del texto)
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
62. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra superado por
cuanto, en primer lugar, la parte actora considera que se ha vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso, con ocasión del auto proferido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B el 3 de mayo de 2023, que confirmó la
providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar del 17 de abril del mismo
año, a través de la cual se le sancionó en el incidente de desacato con radicado 20001-
28 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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persona privada de la libertad.
63. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular
del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en
efecto, la parte actora consideró vulnerado su derecho fundamental al debido proceso,
por cuanto las autoridades judiciales accionadas decidieron sancionar al incidentado
(accionante) con multa pese a que este aportó el material probatorio que demuestra
haber cumplido las órdenes impartidas en la sentencia de tutela del 25 de enero de
2023.
64. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, llevaron a la autoridad judicial a
desconocer el alcance y aplicación de sus garantías constitucionales al debido
proceso, omitiendo el deber del juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad,
como de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.
65. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza a
los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica que el
mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que busque
reabrir el debate procesal.
66. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido proceso.
2.5.2. Tutela contra decisión de tutela
67. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno
en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata
de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues se trata del auto
proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B el 3 de mayo de
2023, que confirmó, en sede de consulta, la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar del 17 de abril del mismo año, que sancionó en el incidente
de desacato con ocasión de la sentencia de tutela del 25 de enero de 2023.
68. Es importante resaltar que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional29 ha
mencionado que es posible atacar las providencias dictadas al interior de un incidente
29 Corte Constitucional, Sentencia SU-034 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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de desacato mediante el mecanismo excepcional de protección, siempre y cuando en
el trámite del desacato se haya agotado inclusive hasta el grado jurisdiccional de
consulta, como sucedió en el presente caso.
2.5.3. Inmediatez
69. En sentencia de unificación 034 de 2018, el máximo tribunal constitucional adujo
que el «(…) presupuesto de inmediatez no debe valorarse en abstracto sino según las
particularidades de cada caso, con el fin de identificar que el reclamo constitucional
haya sido interpuesto dentro de un tiempo razonable desde la ocurrencia del hecho
vulnerador, puesto que, si bien en este ámbito no existe un término de caducidad, la
urgencia de la protección es uno de los rasgos distintivos de la acción de tutela».
70. En aquel caso, la Corte Constitucional señaló que habían transcurrido entre
siete y ocho meses entre las primeras providencias denunciadas por la accionante y
la solicitud de amparo, pero advirtió que las actuaciones posteriores, es decir, las
solicitudes de inaplicación de las sanciones conllevaron a que la autoridad judicial
accionada profiriera decisiones más recientes y definitivas sobre el particular.
71. En tal sentido, la Sala estimó que el mecanismo de tutela se instauró dentro de
un término aceptable, toda vez que entre las últimas decisiones objeto de reproche y
la presentación de la acción no transcurrió un término desproporcionado, atendiendo
a las singulares circunstancias en que estaba envuelta la controversia.
72. En el presente caso, se observa que las providencias que sancionaron al
accionante datan del 3 de mayo y del 17 de abril de 2023, lo cual indica que se supera
el requisito de la inmediatez, considerando que la presentación de la acción de tutela
fue el 9 de agosto de 2023.
73. Lo anterior permite concluir que no transcurrieron más de los 6 meses, tiempo
que esta Sala ha considerado razonable para uso de este mecanismo excepcional30,
con ocasión de los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 200531.
2.5.4. Subsidiariedad
74. Este requisito se encuentra superado, pues el auto proferido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, fue la última decisión que se profirió en el
grado jurisdiccional de consulta, razón por la cual se encuentra que todos los
mecanismos ordinarios que tenía el actor a su disposición fueron agotados.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
31 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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75. Así mismo los extraordinarios, pues ni las decisiones de tutela ni los autos
proferidos al interior de un trámite incidental de tutela son susceptibles de ser
recurridas por medio del recurso extraordinario de revisión ni el de unificación de
jurisprudencia.
76. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados, motivo
por el cual se realizará el estudio de los defectos específicos.
2.5.5. Generalidades del defecto fáctico
77. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201532 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente
decisión:
78. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo
probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las
partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar
sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso, los
cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin
desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así
las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto
de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que
éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
Omisión de decreto que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba
y práctica de señalados.
pruebas
indispensables para De esta manera, se requiere:
fallar el asunto
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
32Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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Desconocimiento concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna
del acervo y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que:
identificar la
veracidad de los a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
hechos alegados por juez.
las partes b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.
requiere entonces que:
Valoración irracional
o arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
pruebas aportadas de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su
Dictar sentencia con producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora
fundamento en la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido
pruebas obtenidas en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser
con violación del ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
debido proceso
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento
de la decisión.
79. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto,
sino también, su incidencia en la decisión judicial.
80. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico,
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como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los
derivados de los artículos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º y 6.º de la Constitución Política.
81. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida
en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como
suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.
2.5.6. Generalidades del defecto sustantivo
82. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando «(…) la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o
deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica».
83. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente,
inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
84. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia
de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
2.5.7. Generalidades del desconocimiento del precedente
85. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte
para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número
plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea considerada como
precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de
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constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la Corte Constitucional,
como por el Consejo de Estado.
86. Sin embargo, resulta necesario advertir que «(…) debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso,
sin una actividad creadora del juez33».
2.6. Caso concreto
87. El señor José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo regional Cesar
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B y el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que le sea amparado su derecho
fundamental al debido proceso; con ocasión de los autos proferidos el 3 de mayo y el
17 de abril de 2023 (respectivamente), a través de los cuales se le sancionó en el
incidente de desacato por el incumpliendo de las órdenes plasmadas en el fallo de
tutela dictado el 25 de enero de 2023, a pesar de haber, a su juicio, demostrado el
acatamiento de lo señalado por el juez constitucional.
88. Por lo tanto, una vez superados los requisitos generales de procedencia, se
analizará la argumentación del accionante, quien sostuvo que la autoridad judicial
accionada incurrió en defecto fáctico porque no tuvo en cuenta las pruebas allegadas
a la instancia correspondiente para demostrar el cumplimiento del fallo. Por tanto,
procede la Sala a hacer un cuadro comparativo con las ordenes impartidas en la
sentencia de tutela del 25 de enero de 2023 y las diligencias adelantadas por parte del
incidentado, así:
Sentencia del 25 de enero de 2023 Actuaciones adelantadas por el defensor
Tribunal Administrativo del Cesar del pueblo – regional Cesar
1. «(…) que en el término de diez (10) días 1. Memoria de la reunión realizada el 1.° de
contados a partir de la notificación de la febrero de 2023 entre el señor Enrique
presente providencia, realicen una visita al Eduardo Perpiñán Ortega, en representación
Establecimiento Penitenciario de Alta y de la Defensoría del Pueblo Regional Cesar
Mediana Seguridad de Valledupar y el dragoneante Víctor Camilo Ceballos, en
(Penitenciaria de Valledupar), y a la la que se indica que no existe ningún
dependencia competente para tramitar las proceso disciplinario contra el señor
investigaciones disciplinarias al interior del Grimaldo. (Ver imagen 1)
INPEC, con el objeto de evaluar las Certificación del 20 de marzo de 2023,
condiciones en que se encuentra expedida por el director del Establecimiento
actualmente el accionante y las Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y
investigaciones disciplinarias que se han Carcelario de Valledupar, en el cual se
adelantado con apoyo en sus quejas constata la inexistencia de proceso
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, Sentencia 19.02.15, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
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recurrentes, y en el evento en que adviertan disciplinario contra el incidentante. (Ver
la existencia de conductas que podrían tener imagen 2)
connotación disciplinaria (…)
2. (…) evaluar dentro de ese mismo término 2. Memoria de la reunión realizada el 1.° de
si resulta procedente asignar un defensor febrero de 2023 entre el señor Enrique
que represente al accionante dentro de las Eduardo Perpiñán Ortega, en representación
investigaciones penales, disciplinarias de la Defensoría del Pueblo Regional Cesar
internas y de otra naturaleza que se estén y el señor Antonio Arley Grimaldo Contreras.
adelantando en contra del señor ANTONIO (Ver imagen 3)
ARLEY GRIMALDO CONTRERAS.
3. De los resultados de esa actuación se 3. Oficio n.° 20230060120346661 de la
deberá remitir un informe con destino a esta Defensoría del Pueblo del 7 de febrero de
actuación, dentro del término de los cinco (5) 2023, mediante el cual se presenta al
días siguientes al vencimiento del término Tribunal Administrativo del Cesar el primer
concedido para la realización de la visita de informe de cumplimiento del fallo de tutela.
verificación (…)» (Ver imagen 4)
Imagen 1
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Imagen 2
Imagen 3
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Imagen 4
89. Así las cosas de conformidad con las ordenes impartidas en la sentencia de
tutela del 25 de enero de 2023 y el material probatorio aportado por el accionante, se
observa que el 1.° de febrero del mismo año (7 días después) adelantó las actuaciones
pertinentes para acatar el fallo del Tribunal Administrativo del Cesar. También se
evidencia que la inexistencia de algún proceso disciplinario contra el señor Antonio
Arley Grimaldo Contreras fue corroborada por el accionante, mediante la memoria de
la reunión realizada el 10 de julio de 2023 entre él, la señora Karen Laritza Guerra
Marulanda (Profesional Administrativo y de Gestión de la Defensoría del Pueblo
Regional Cesar) y el dragoneante Víctor Camilo Ceballos.
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90. Así las cosas, por substracción de materia, no era posible para el accionante
«asignar un defensor que represente al señor Antonio Arley Grimaldo Contreras
dentro de las investigaciones penales, disciplinarias internas y de otra naturaleza»,
razón por la cual esta Sala considera que se presentó un defecto fáctico en
consideración a que obrando los elementos de convicción en el expediente, decisivos
para probar el cumplimiento de las órdenes dadas por el tribunal, no fueron tenidos
en cuenta por el fallador del incidente de desacato ni por quien resolvió en sede de
consulta.
91. Pues bien, realizado el anterior recuento, para esta sala de decisión es claro
que no se advierte configurado el primer factor que se analiza en el marco de un
incidente de desacato, esto es, el objetivo. Lo anterior, con fundamento en que el
incidentado demostró el cumplimiento de las instrucciones impartidas en la sentencia
del 25 de enero de 2023.
92. Respecto al defecto sustantivo alegado por el accionante, ante la incorrecta
interpretación y aplicación del artículo 21 de la Ley 24 de 1992, por cuanto esta norma
no prevé la designación de un defensor público para los procesos disciplinarios
internos seguidos contra las personas privadas de la libertad. Esta Sala se abstendrá
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de pronunciarse, en consideración a que la acción constitucional sí es procedente en
contra de las decisiones que se profieran en el trámite de un incidente de desacato,
pero está prohibido que el juez constitucional ahonde y se pronuncie sobre la decisión
de tutela que sirvió como base para promover el incidente de desacato34.
93. En cuanto al precedente jurisprudencial, es importante destacar que, tal como
lo ha señalado la Corte Constitucional, el propósito principal del incidente de desacato
es:
[…] lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada35;
de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí
misma36, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel
encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención
cuyo objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la
reivindicación de los derechos quebrantados37.38 (Énfasis del texto original)
94. De otra parte, el incidente objeto de decisión debe ser resuelto bajo los
parámetros jurisprudenciales anotados, dada su naturaleza sancionatoria, siendo
obligatorio considerar el aspecto subjetivo, pues nuestro ordenamiento -entre sus
principios rectores- proscribe la «responsabilidad objetiva», exigiendo que sea el
resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa o culposamente por el agente, de
tal manera que no solo se debe determinar si los funcionarios contra quienes se inició
el trámite incumplieron la orden de tutela39, sino además verificar la «responsabilidad
subjetiva»40.
95. Concluye la sala que en el sub judice no está configurado el elemento objetivo
de responsabilidad a efectos de sancionar por desacato al incidentado, puesto que se
acreditó el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela del 25 de enero de
2023. Adicionalmente es pertinente precisar que, comoquiera que no se encontró
configurado el elemento objetivo, no hay lugar a analizar el subjetivo. Todo esto no
obsta, para que el señor José Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo,
regional Cesar, continúe haciendo seguimiento a la situación del señor Grimaldo
Contreras dentro del establecimiento carcelario.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
35 Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González
Cuervo.
36 Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés
Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto
Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio
González Cuervo.
37 Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia
C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz.
38 Corte Constitucional; sentencia SU 034 de 2018; Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
39 Fase objetiva.
40 Fase subjetiva.
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2.8. Conclusión
96. De conformidad con lo expuesto, esta Sala de Decisión accederá al amparo del
derecho fundamental al debido proceso del accionante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor José
Rafael Hernández Peñaranda, defensor del pueblo regional Cesar.
SEGUNDO: DEJAR sin efectos el auto proferido, dentro del grado jurisdiccional de
consulta, el 3 de mayo de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
TERCERO: ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B que
profiera nueva providencia en la cual tenga en cuenta la parte considerativa de esta
sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
29
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(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
30
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