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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04270-00

Fecha
14 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-04270-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA de Armando Londoño Puerta, Neysserlen Londoño Puerta y Lisdey Asned Londoño Puerta para interponer esta acción de tutela. En consecuencia, DECLARAR IMPROCEDENTE este mecanismo constitucional presentado contra el Tribunal Administrativo del Chocó. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-04270-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

14 de septiembre de 2023

Demandantes: Armando Londoño Puerta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04270-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-04270-00
Demandantes: ARMANDO LONDOÑO PUERTA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por falta de
legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991
y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. Los ciudadanos Armando Londoño Puerta, Neysserlen Londoño Puerta y
Lisdey Asned Londoño Puerta, actuando por intermedio de apoderada judicial,
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó. Con la
solicitud de amparo pretenden que se les protejan los derechos fundamentales
al mínimo vital, a la igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración
de justicia.

2. Estimaron que las referidas garantías constitucionales fueron vulneradas
con ocasión de la providencia dictada por la autoridad judicial accionada el 25 de
mayo de 2023, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 27001-33-33-005-2021-00180-01. En la decisión objeto de reproche se
confirmó el fallo de primer grado que fue adverso a las pretensiones del medio
de control.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.

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Demandantes: Armando Londoño Puerta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04270-00

PRIMERA: CONCEDER TUTELA COMO MECANISMO DEFINITIVO, PARA
EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, a favor de mis poderdantes Srs.,
ARMANDO LONDOÑO PUERTA, NEYSSERLEN LONDOÑO PUERTA y LISDEY
ASNED LONDOÑO PUERTA, como hijos -sustitutos procesales y herederos de su
padre, Sr. ARMANDO LONDOÑO LUNA, fallecido el 10 de noviembre del 2022, a
quien le asistían los derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, a la
seguridad social en pensiones y acceso a la administración de justicia, por cuanto,
el Tribunal Administrativo del Chocó, dictó la sentencia No. 77 del 25 de mayo del
2023, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No.
27001-33-33-005-2021-00180-01, que confirmó en todas sus partes, la proferida
por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Quibdó No. 194 del 30 de agosto del
2022, negándole la pensión de sobreviviente reclamada por nuestro padre, en
razón al fallecimiento de la Sra. LUISA MARÍA PUERTAS DE LONDOÑO
(NUESTRA MADRE Y ESPOSA FALLECIDA, EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2007).

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO la providencia, dictada por el Tribunal
Administrativo, por ser una verdadera arbitrariedad judicial y ORDENAR a dicha
autoridad judicial, que dentro del término de diez (10) días siguientes a la
notificación de la sentencia del Consejo de Estado, profiera nueva decisión judicial,
teniendo en cuenta, las consideraciones jurídicas de la Alta Corporación Judicial,
sin incurrir en los defectos de violación directa de la Constitución, desconocimiento
de los precedentes jurisprudenciales, del principio de favorabilidad y adjudicar el
derecho a la pensión de sobreviviente. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:

5. La señora Luisa María Puerta Sánchez falleció el 20 de septiembre de
2007. En vida, contrajo matrimonio con el señor Armando Londoño Luna el 6 de
abril de 1969.

6. El 7 de mayo de 2007, es decir, antes del fallecimiento de la citada
ciudadana, por medio de la Resolución 17736 la extinta Cajanal le negó el
reconocimiento de una pensión de vejez. Lo anterior, porque solo cotizó 896
semanas, y por ello, no cumplía con el requisito de tiempo de servicios requerido.

7. Posteriormente, el señor Armando Londoño Luna solicitó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP) el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes de su fallecida esposa. Sin embargo, su petición le fue negada por
medio de la Resolución 02700 de 1 de julio de 2015. Como argumento principal,
la entidad mencionó que la fallecida no acreditó haber cotizado 50 semanas
anteriores a su deceso. Por ende, no se podía conceder la sustitución pensional.
La anterior decisión fue confirmada mediante la Resolución RDP 038947 de 22
de septiembre del mismo año.

8. Inconforme con lo decidido en sede administrativa, el señor Londoño Luna

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ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los
actos referidos en el párrafo anterior. En su demanda, requirió que se le
inaplicaran los artículos 63, 74, 76, 87 y 161 de la Ley 1437 de 2011.

9. Mediante sentencia de 30 de agosto de 2022, el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó negó las súplicas de la
demanda. Al respecto, consideró que la norma aplicable al caso del accionante
era la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento de la señora
Luisa María Puerta Sánchez. Así, al no acreditar las 50 semanas de cotización
anteriores a la muerte, no se cumplieron los requisitos para poder conceder la
pensión de sobrevivientes.

10. El accionante apeló el fallo de primer grado, y el recurso fue concedido por
auto de 22 de septiembre de 20222. En consecuencia, por sentencia de 25 de
mayo de 2023, el Tribunal Administrativo del Chocó confirmó la decisión de
primera instancia. Para fundamentar la decisión explicó que la señora Puerta
Sánchez no acreditó en vida el mínimo de tiempo exigido en la ley para acceder
a una pensión de vejez, y de conformidad con el artículo 46 de la Ley 100 de
1993, tampoco cumplió con la cotización de las 50 semanas anteriores a su
deceso para poder conceder una pensión de sobreviviente a su esposo.

1.4. Sustento de la vulneración

11. La parte actora, hijos de los señores Armando Londoño Luna y Luisa María
Puerta Sánchez, indicaron que el proceso cuestionado debió definirse de
conformidad con el principio de la condición más beneficiosa, en el sentido de
inaplicar los lineamientos de la Ley 797 de 2003 y darle cabida al reconocimiento,
con base en el Decreto 758 de 1990. Señalaron que era procedente tener en
cuenta que la fallecida acreditó «un nivel elevado de cotizaciones, antes de la
entrada en vigor del sistema general de pensiones».

12. Alegaron que la señora Puerta Sánchez cotizó 896 semanas, «cifra muy
superior al mínimo de trescientas semanas que exigía el Decreto 758 de 1990,
en su artículo 6».

13. Precisaron que la decisión reprochada incurrió en el defecto de violación
directa de la Constitución, pues el tribunal desestimó acceder al reconocimiento
pensional al no aplicar el principio de la condición más beneficiosa. Con ello, se
conculcó el artículo 53 de la Carta Superior.

14. Sostuvieron que se desconocieron las siguientes sentencias:

No. CORPORACIÓN IDENTIFICACIÓN NOMBRES ACCIONANTES
JUDICIAL Y FECHAS
1 Corte Constitucional T-008–2006 Ernestina Trujillo

2 El 15 de noviembre de 2022, el señor Londoño Luna falleció.

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2 Corte Constitucional T-645-2008 María Helena Huertas de
Gómez
3 Corte Constitucional T-584-2011 Luz Helena Herrera Correa
4 Corte Constitucional T-563-2012 María Excelina Villegas López
5 Corte Constitucional T-1074-2012 Idalia Toro Patiño
6 Corte Constitucional T-938-2013 Zenaida Arias de Ocampo
7 Corte Constitucional T-228-2014 Concepción Acosta Cabarcas
8 Corte Constitucional T-401-2015 Esther Santodomingo Gallardo
9 Corte Constitucional T-564-2015 Edilma Martínez Ruiz
10 Corte Constitucional T-713-2015 Yenny del Socorro Angulo
Angulo
11 Corte Constitucional T-072-2016 Yolanda Rodríguez de Naranjo
12 Corte Constitucional T-735-2016 Ana Judith Londoño de Pulgarín
13 Corte Constitucional T-084-2017 Mariela Moreno Beltrán
14 Corte Constitucional T-235-2017 Islena Mejía de Valencia
15 Corte Constitucional T-378-2017 Erika Johana Montoya Quintero
16 Corte Constitucional T-429-2018 María Esneda Herrera de
Victoria
17 Corte Constitucional SU-005-2018 María Bernarda Villa y otros

15. Respecto de la citada jurisprudencia, mencionaron que se desconoció «la
regla que prevé que cuando una persona fallece en vigencia del artículo 46 de la
Ley 100 de 1993, y no cumple con las exigencias previstas en esa normatividad,
para acceder al derecho, le son aplicables las disposiciones contenidas en el
acuerdo 049 de 1990».

16. Por último, precisaron que se les desconoció el derecho a la igualdad, pues
se dejó de aplicar el régimen inmediatamente anterior al del fallecimiento de la
señora Luisa María Puerta Sánchez.

1.5. Trámite de primera instancia

17. Por auto de 11 de agosto de 2023, el ponente de esta decisión admitió la
solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado
al Tribunal Administrativo del Chocó. Asimismo. Además, se vinculó en calidad
de terceros con interés al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Quibdó, a la UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

18. De otro lado, con el fin de garantizar la correcta comunicación de todos
aquellos sujetos que ostentan interés en el proceso se requirió a los accionantes
para que informaran si el señor Armando Londoño Luna (QEPD) tenía más
herederos determinados o indeterminados, junto con las direcciones en las que
podrían ser notificados. Esto, para que posteriormente, de ser el caso, la
Secretaría General del Consejo de Estado los vinculará a este proceso.

1.6. Intervenciones

1.6.1. UGPP

19. Refirió que la señora Puerta Sánchez solicitó el reconocimiento de su

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pensión de vejez, pero le fue negada por medio de la Resolución 17736 de 7 de
mayo de 2007. Posteriormente, en distintas oportunidades el señor Londoño
Luna requirió que se le concediera una pensión de sobrevivientes, pero también
le fue negado su petición, a través de los actos administrativos 62732 de 31 de
diciembre de 2008, 27000 de 1 de julio de 2015, 026771 de 21 de julio de 2016,
013047 de 24 de mayo de 2021.

20. Agregó que el citado ciudadano interpuso el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de que se accediera a la prestación que
solicitó por vía administrativa, pero no le fueron favorables las decisiones
judiciales. Esto, dado que no reunió los requisitos exigidos por la ley.

21. Explicó que lo perseguido por la parte actora es sustituir una decisión
judicial dictada por el juez natural de la causa. No obstante, los fallos del proceso
ordinario ya hicieron tránsito a cosa juzgada. Asimismo, en el curso del proceso
se respetó el principio de la doble instancia.

22. Añadió que no se concretó el defecto sustantivo alegado, pues no se
desconocieron las normas de rango legal o infralegal aplicables al asunto en
cuestión. Tampoco se incurrió en el defecto fáctico invocado, toda vez que se
tuvieron en cuenta las pruebas aportadas al plenario. De conformidad con ello,
solicitó que se declare que el mecanismo constitucional de la referencia es
improcedente, pues no existió la vulneración de los derechos fundamentales
indicados en el escrito tutelar.

23. Aseveró que la acción de tutela no es la vía para solicitar el reconocimiento
de prestaciones económicas y que en el presente asunto no se está ante la
inminencia de un perjuicio irremediable.

24. Concluyó que se pretende hacer de este instrumento judicial una instancia
adicional del proceso ordinario, que no existe violación del debido proceso y, que
por ello, de no considerarse que la tutela es improcedente, se deben negar las
pretensiones.

1.6.2. La apoderada de los tutelantes aportó un memorial en el que informó que
los herederos del señor Armando Londoño Luna son los tutelantes. De igual
forma, informó sus correos electrónicos3.

1.6.3. El Tribunal Administrativo del Chocó, el Juzgado Quinto
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Quibdó y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado fueron notificados en debida forma del auto
admisorio, pero guardaron silencio.

3 De conformidad con la orden del auto admisorio, la Secretaría General del Consejo de Estado

notificó del auto admisorio a los tutelantes, a los buzones electrónicos allegados por la apoderada.
La actuación es visible en el índice 12 del expediente electrónico dispuesto en Samai.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

25. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Problema jurídico

26. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico
a resolver en el caso concreto es el siguiente:

● ¿El Tribunal Administrativo del Chocó vulneró los derechos fundamentales
cuya protección deprecan por esta vía los tutelantes, al proferir la sentencia de
25 de mayo de 2023, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 27001-33-33-005-2021-00180-01?

27. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) estudio de la legitimación en
la causa por activa, de resultar acreditado el presupuesto, (iii) los requisitos
generales de procedibilidad del mecanismo constitucional bajo estudio, y de
superarse, (iv) el caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

28. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

29. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.

2.4. De la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela

30. El inciso 1.º del artículo 86 de la Constitución Política establece que toda
persona puede acudir ante los jueces al ejercicio de la acción de tutela para
solicitar «por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de

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sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública».

31. El Decreto 2591 de 1991, ratifica en el artículo 10 que esta acción
constitucional puede ser presentada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de
representante o apoderado judicial. Incluso, a través de la figura de la agencia
oficiosa, se puede solicitar la protección de derechos fundamentales ante los
jueces de tutela cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de
promover su propia defensa.

32. Los artículos 10 y 46 ídem, establecen que los defensores del pueblo y los
personeros municipales también pueden interponer acción de tutela en nombre
de personas cuyos derechos fundamentales consideren agraviados4.

33. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante
los jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó desde la sentencia
T-416 de 1997 que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia
de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes
respecto del interés sustancial que se discute en el proceso».

34. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, señaló:

La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la
legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre
de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin
embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades5, a partir
de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento
jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de
tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos
de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la
legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela. (Subraya fuera de
texto).

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio
directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales
(caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el
cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de
acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder
general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso6.

35. Más adelante, en sentencia T-176 de 2011, se reiteró la anterior postura
en los siguientes términos:

4 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.

5 Ver, Corte Constitucional, Sentencia T-531 de 2002.

6 Corte Constitucional, Sentencia T-552 de 2006.

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(…) la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del
amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que fácilmente el
fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio
del demandante.

36. Luego, en la Sentencia de Unificación 456 de 2016 el Alto Tribunal
Constitucional manifestó que «El estudio de la legitimación en la causa, es un
deber de los jueces y una valoración de oficio, que constituye un presupuesto
procesal material de la demanda».

2.4.1. Estudio de la legitimación en la causa por activa en el caso concreto

37. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, la vulneración
alegada por los ciudadanos Armando Londoño Puerta Neysserlen Londoño
Puerta y Lisdey Asned Londoño Puerta deviene de la sentencia dictada por la
autoridad judicial accionada el 25 de mayo de 2023. Los derechos fundamentales
cuya protección solicitan son el del mínimo vital, la igualdad, la seguridad social
y el acceso a la administración de justicia.

38. En el proceso dentro del cual se profirió la decisión objeto de reproche se
discutió el reconocimiento pensional de sobrevivientes que eventualmente
beneficiaría al señor Armando Londoño Luna. Sin embargo, no le fueron
favorables las súplicas de la demanda.

39. Se aclara que en sede judicial no se discutió si a la señora Puerta Sánchez
le asistía o no el reconocimiento prestacional que solicitó en vida, pero sí lo
relativo a la pensión de sobrevivientes que pidió el señor Londoño Luna en su
condición de cónyuge sobreviviente de esta última señora.

40. En esta medida los actores no son titulares, en este caso, de los derechos
al mínimo vital o seguridad social. Al tratarse de una solicitud de sustitución
pensional el único que eventualmente tendría derecho a esta prestación en su
difunto padre. Por lo tanto, solo de él se podría predicar la posible vulneración de
los derechos al mínimo vital y seguridad social, pues la pensión de sobrevivientes
solicitada solo podía recaer en beneficio de él.

41. Es importante resaltar que, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 27001-33-33-005-2021-00180-01, el
único demandante fue el señor Londoño Luna, padre los hoy actores de este
mecanismo constitucional. Por ende, los accionante de esta tutela no son titulares
para este caso del derecho al acceso a la administración de justicia. En efecto,
en la controversia judicial sobre la solicitud de sustitución pensional el único que
promovió el proceso fue su difunto padre.

42. Adicionalmente, al interior de dicho proceso no hubo ningún

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reconocimiento de los tutelantes en calidad de partes, terceros o sucesores del
señor Londoño Luna como lo aludieron en sus pretensiones.

43. Según el inciso primero del artículo 68 del CGP7, «fallecido un litigante o
declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con
tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador». Tal disposición
ha sido analizada por la Corte Constitucional en sede de tutela y por el Consejo
de Estado en el curso de procesos ordinarios. En esos eventos, los altos
tribunales han aclarado que, dentro de las clases de sucesiones procesales está
la que deviene de la muerte de uno de los sujetos procesales. Caso en el cual,
«el reconocimiento de los cónyuges, albacea con tenencia de bienes o herederos
en el proceso depende de su comparecencia con la prueba respectiva de tal
calidad»8.

44. De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta que, ni siquiera hubo
una solicitud de los tutelantes dirigida a que se les reconociera en el proceso
ordinario como sucesores del señor Londoño Luna, para la Sala carecen de
legitimación en la causa por activa para cuestionar la sentencia de 25 de mayo
de 2023, toda vez que el interés para controvertir por vía de la tutela providencias
judiciales, recae en quienes fueron parte del proceso.

45. Así las cosas, el titular de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la
igualdad, a la seguridad social y de acceso a la administración de justicia y la
presunta transgresión de los mismos con ocasión de la sentencia de 25 de mayo
de 2023, la tendría el señor Londoño Luna, pues fue él quien promovió la
demanda cuya sentencia se persigue cuestionar por esta vía. Se aclara que, de
la revisión de las piezas contentivas del expediente se echa de menos la solicitud
o comparecencia de los actores para ser reconocidos como sucesores
procesales de su padre y adquirir los derechos que de allí se le originaron como
demandante.

46. Así las cosas, para la Sala es evidente que los actores no tienen el derecho
de percibir pensión de sobrevivientes de su madre, pues no lo solicitaron. En el
hipotético caso que dicha pensión se hubiese reconocido a su padre (cosa que
no ocurrió), tampoco tendrían derecho a una segunda sustitución, pues no existe
la posibilidad en el ordenamiento jurídico colombiano de solicitar sustitución de
una pensión de sobrevivientes.

47. Por otra parte, el hecho de que su progenitor haya solicitado
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes y posteriormente haya
fallecido, no vuelve automáticamente a los actores en sucesores procesal. Lo
anterior porque los derechos alegados como vulnerados se discutieron dentro de

7 Aplicable a los procesos contencioso administrativos en virtud del artículo 306 del CPACA.

8 Ver en la sentencia T-374 de 2014 de la Corte Constitucional y en el auto de 14 de enero de

2020, proferido por la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del expediente 25000-23-
26-000-2007-00635-01.

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la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que el padre ejerció y en
el que nunca se solicitó el reconocimiento de la sucesión procesal.

48. Como se indicó en precedencia, cualquier persona puede impetrar una
acción constitucional de tutela para reclamar la protección de sus derechos
fundamentales. Sin embargo, quien reclama el amparo debe tener la titularidad
de las garantías que invoca. En ese sentido, al no haber sido partes,
intervinientes, o terceros dentro del medio de control cuya sentencia se cuestiona
por esta vía, no tienen legitimación para discutir si allí se vulneraron derechos.
Esto, dado que, se itera, no actuaron en ninguna calidad en tal proceso.

49. Por lo anterior, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por
activa de los ciudadanos Armando Londoño Puerta, Neysserlen Londoño Puerta
y Lisdey Asned Londoño Puerta para promover esta acción constitucional, y la
consecuente improcedencia de este mecanismo, dado que no se logró acreditar
este presupuesto de procedibilidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA de Armando Londoño Puerta, Neysserlen Londoño Puerta y Lisdey
Asned Londoño Puerta para interponer esta acción de tutela. En consecuencia,
DECLARAR IMPROCEDENTE este mecanismo constitucional presentado
contra el Tribunal Administrativo del Chocó.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Aclara voto

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Armando Londoño Puerta y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2023-04270-00

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

11
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